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LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA
Argelia dejándolos a su suerte en el desierto sin agua ni comida, como ya se había hecho anteriormente. Cabe destacar, por otra parte, la presión ejercida por la policía en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), realizando redadas de madrugada para proceder a expulsiones colectivas hacía países como Eritrea, Sudan o Somalia16, donde las violaciones sistemáticas de los derechos humanos tendrían que disuadir de la posibilidad de expulsar personas hacía estos países. Polizones. En el 2009 CEAR intervino en 5 casos. Desde la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado se realizaron las gestiones pertinentes para intentar que dos polizones kurdos solicitaran asilo en el puerto de Barcelona, aunque se les negó la posibilidad de bajar del barco y solicitar asilo y finalmente lo pudieron solicitar en Italia. Continúa siendo preocupante el oscurantismo de los puertos y las dificultades para atender a polizones, tanto en Barcelona como en Valencia. Desde CEAR-Euskadi se presentó un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de Pontevedra por haber denegado el derecho a asistencia letrada y de atención a dos presuntos menores de edad procedentes de Ghana que viajaban en el buque el Virana que salió de este país haciendo escala en Vigo. En los otros casos se realizó asesoramiento a otras ONG y/o abogados particulares, como en el caso del buque Stadt Dusseldorf en el que viajaban polizones y fue puesto en conocimiento del Consejo Portugués para Refugiados a su llegada a Leixoes. La situación en los aeropuertos, en Canarias, Ceuta y Melilla, así como las dificultades de los polizones para acceder al procedimiento de asilo explican, junto con otros factores, el notable descenso del número de solicitantes de asilo en 2009.
2.3 LAS SOLICITUDES DE ASILO EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO Los CIE son espacios destinados a la gestión y ejecución de las expulsiones y se caracterizan por su opacidad ante la opinión pública. El Ministerio del Interior no ofrece información regular sobre las personas que se encuentran recluidas allí o sobre las razones de su internamiento. No es de extrañar la reticencia de las autoridades españolas a permitir el acceso al interior de estos centros a las ONGs, que sólo ha podido llevarse a cabo en contadas ocasiones17, a pesar de que el artículo 6.2 de la Orden Ministerial de 22 de febrero de 1999 obliga al Ministerio de Interior a facilitar la colaboración de organizaciones dedicadas a la ayuda a los extranjeros. En 2008, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) inició, con financiación del Fondo Europeo para los Refugiados (FER) de la Comisión Europea, el estudio DEVAS18 para analizar la situación de los CIE en 23 países de la UE y estudiar el impacto de las condiciones de reclusión en la salud física y mental de las personas retenidas y sus perfiles de vulnerabilidad. En España dicho informe fue encargado a CEAR, cuya visita 51