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INFORME 2010 DE CEAR
permitiera a partir del 20 de septiembre la entrada de una fuerza multinacional de paz y retirara su ejército. La resolución 1264 del Consejo de Seguridad de la ONU del 15 de septiembre de 1999, que autorizó la intervención armada, señala que “los individuos que cometieron las violaciones sistemáticas y flagrantes de los derechos humanos serán individualmente responsables” y su artículo 1 exige que sean entregados a la justicia. Por otro lado, Mary Robinson, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, defendió en aquellos días la creación de un Tribunal Internacional para juzgar a los culpables, una posición que Portugal compartía21. El 19 de octubre el Parlamento indonesio aceptó los resultados de la consulta y cedió la administración del territorio a una nueva Misión de Naciones Unidas (la Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor Oriental, UNTAET), cuya función iba a ser velar por la seguridad y supervisar la transición del territorio a la independencia. La mayoría de los desplazados internos estuvieron en escondrijos en las montañas o en zonas controladas por la resistencia entre el 4 de septiembre y el despliegue completo de la fuerza internacional (INTERFET) a mediados de octubre. Las tropas de la INTERFET ayudaron a las organizaciones humanitarias a llevar ayuda de emergencia a las personas que permanecieron en Dili y, a medida que controlaban una extensión mayor de territorio, los suministros de ayuda de emergencia se distribuyeron en otros núcleos de población importantes. A finales de octubre, la mayoría de los desplazados internos ya habían podido regresar a sus hogares. En cuanto a las personas refugiadas, la mayor parte de las que huyeron a Timor Occidental acabaron en campamentos construidos apresuradamente cerca de la capital, Kupang, o de la ciudad fronteriza de Atambua, donde estaban a merced de los grupos paramilitares opuestos a la independencia, que restringieron el acceso de los organismos internacionales a los campamentos. Las condiciones de estos asentamientos eran deficientes, puesto que escaseaban los alimentos, el agua, los servicios sanitarios y la asistencia médica. El monzón de noviembre de aquel año agravó aún más las terribles condiciones de vida y causó un aumento de las dolencias y las muertes originadas por enfermedades transmitidas a través del agua. Los refugiados que decidieron regresar con la ayuda de ACNUR tuvieron que hacer frente a la amenaza de los grupos paramilitares, que los consideraban partidarios de la independencia y despojaron a muchos de ellos de sus pertenencias personales. En aquel primer tiempo se cometieron numerosas violaciones y asesinatos. Al principio, el personal de ACNUR tuvo que entrar en los campamentos con la protección de escoltas militares y policiales plenamente armados para sacar de ellos a quienes habían manifestado su deseo de repatriarse. Finalmente, el acceso 38