fuera poco se le ha anunciado al país por parte del Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry una nueva reforma tributaria para el mes de abril. Esta cascada impositiva se viene después que durante los dos cuatrienios anteriores se erosionó la base impositiva a causa de la proliferación de beneficios tributarios al gran capital, a tal punto que después de haber logrado que los ingresos tributarios pasaran de representar el 16% del PIB en 2007 al 13.1% en el 2009 y cerró el 2010 en el 12.4%. Se repetirá la historia, de tener que aumentar los tributos al resto de colombianos para de esta manera tapar el hueco fiscal que se abre con el tratamiento siempre generoso que se le brinda al gran capital? Afana más el velón que el dueño de la olla la empresa explotadora del recurso. Así lo reconoce una de ellas; según la empresa surafricana Anglo Gold Ashanti que explota la mina La Colosa en el Tolima, “esto no es cierto. El Plan de Manejo Ambiental que desarrollan las compañías para compensar y mitigar los impactos ambientales se financia con recursos de las empresas”. Es que, además de la responsabilidad social corporativa que les concierne, así lo
prescribe el Artículo 80 de la Carta. Las regalías, los impuestos y/o compensaciones, entonces, son más bien, como lo consagra la Constitución Política, “una contraprestación ecónomica” por el valor intrínseco del mineral que se extrae, el costo de oportunidad inmanente y las externalidades económicas y sociales negativas que traen aparejadas tales desarrollos. Lo paradójico de esta historia es que mientras se le promete a las multinacionales de la minería esta rebaja de impuestos, estando en la cresta de la ola alcista de los precios internacionales de los minerales, no hace nada se tramitó una reforma tributaria (Ley 1430 de 2010) y al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ambiental que se decretó recientemente con motivo de la tragedia invernal se expidió el Decreto 4825 de 2010 para arbitrar mayores recursos. Se aspira por parte del Gobierno recaudar de esta manera entre 5 y 6 billones de pesos. Además, con la entrada en vigencia del impuesto al patrimonio establecido en el gobierno anterior se espera recaudar $10 billones adicionales. Y, como si lo anterior
Revista Ambiental
No faltan quienes salen en defensa de las prerrogativas dispensadas en el pasado a las grandes empresas, aduciendo que “las señales recientes han generado inquietud y llevado a la paralización de decisiones de inversión, algo que puede salir muy costoso en el mediano plazo” y fingen abrigar temores de que se crea “que en Colombia el Ejecutivo quiere exprimir a la gallina de los huevos de oro”. No hay tal que las grandes inversiones extranjeras en el sector minero obedezcan a la tan cacareada “confianza inversionista”, como la entendió el anterior gobierno; sencillamente la gran demanda por los productos mineros y sus altos precios han alentado a la inversión y a los inversionistas a apostarle a esta actividad. Una prueba fehaciente del aserto anterior nos la suministra la reciente encuesta aplicada entre compañías mineras 2010 – 2011 (Survey of Mining Companies) divulgada por el prestigioso Instituto Fraser, de la cual concluye que “ninguna compañía minera dejaría de invertir en Colombia por razones tributarias”. Llama poderosamente la atención que “el 12% de los inversionistas internacionales considera que el régimen tributario colombiano alienta la inversión; el 56% dice que no desestimula la misma, 27% dice que es medianamente disuasorio frente a la inversión; y ninguno cree que los impuestos ahuyenten a los capitales”. Como quien dice, afana más el velón que el dueño de la olla! Da grima la debilidad institucional Huelga decir que, según el Director de Analdex Javier Díaz, se presenta una gran evasión en el pago de regalías en la explotación del oro, que puede llegar a los US $16 millones anuales, “la cuarta parte de lo que debió recaudar”, producto en gran medida de la ilegalidad y la falta de control. Y qué decir del caso Drumond, que se vió obligada por un fallo del Consejo de Estado a pagar más de US $33 millones al Estado por concepto de regalías, las cuales le habían sido birladas por dicha empresa. Posteriormente tuvo que cancelar US $48 millones de resarcimiento por liquidación inapropiada de regalías. Y por qué pasan cosas como estas? Pasa
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