Página 2 Miércoles 27 de junio de 2012
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
Puerto Norte: suspenden a 260 operarios de contratista Trabajaban para la firma Caputo SA, que realizaba obras para Ingeconser Ciudad Rivera
Reforma tributaria I El proyecto de reforma tributaria lleva ya su tiempo en la Legislatura provincial. Esta semana es clave en cuanto a las negociaciones de oficialismo y oposición en el Senado en busca de darle media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo, que tendrá cambios, antes del receso invernal. En ese contexto salieron a meter presión los intendentes de Rosario y Santa Fe, Mónica Fein y José Corral, quienes expusieron las dificultades por las que atraviesan los gobiernos municipales e insistieron en la necesidad del reajuste fiscal. “Nosotros pagamos el aguinaldo, cosa que nos alegra mucho, y por supuesto estamos en una situación compleja como todas las provincias y todos los municipios”, indicó Fein. Corral pidió “aprobar prontamente la reforma tributaria que es muy necesaria y, además, es justa. En el municipio también estamos rascando la olla”, graficó.
Buzzi y una declaración al estilo Lilita
La empresa Caputo SA, contratista de Ciudad Rivera, en Puerto Norte, suspendió este martes por la mañana a 260 trabajadores que se desempeñan en la obra en la que se construyen siete edificios sobre la costa del Paraná. La firma que fue contratada por el comitente Ingeconser para llevar adelante la obra –por un valor de 5.492.000 pesos– alega problemas de pago entre las empresas, según señaló a Cruz del Sur, Sixto Irrazábal, delegado de la Uocra. El sindicalista dijo que en el Ministerio de Trabajo la desarrolladora Ingeconser comunicó que se va a hacer cargo de la quincena adeudada a los operarios. Sixto Irrazábal sostuvo que “en el día de hoy Caputo decidió suspender a todos los compañeros que trabajan acá, son 260 en esta obra. Dicen que la desarrolladora Ingeconser no les pagó los últimos cuatro meses y no tienen forma de abonar la quincena que viene por eso los suspendieron”. Eso justificó la protesta frente a la construcción, en avenida de la Costa. “Es un problema entre la empresa constructora y el comitente; tenemos una promesa del gerente general de Ingeconser que dijo que se van a hacer cargo de la gente y de los días que no trabajen. El problema es entre Ingeconser y Caputo y si no lo resuelven estarían tomando otra empresa y tomarían de vuelta al personal. Es la promesa que tenemos a esta hora y que vamos a firmar en el Ministerio de Trabajo para que tenga validez legal”, advirtió Irrazábal en el programa “El primero de la mañana”. “Se habla de mucho dinero, no lo sabemos pero no nos interesa el problema entre ellos. Sólo nos interesan los puestos de trabajo,;falta mucho trabajo en el lugar pero Ingeconser dio la promesa de que la obra va a continuar. Si se arregla con Caputo estarían trabajando mañana y si ingresa otra empresa serían unos 15 días hasta que se
organice. Pero van a cobrar todo lo que dice el convenio según prometió Ingeconser”, insistió el gremialista. Antecedente en Puerto Norte No es la primera vez que estalla un conflicto en Puerto Norte porque una contratista no paga. En enero pasado la firma IGM desapareció del mapa y dejó sin trabajo en Rosario a más de 350 operarios de obras importantes de la ciudad como Forum Puerto Norte, Maui y Torreón del Río. La empresa no sólo se esfumó de Rosario, sino también de Timbúes, donde trabajaba para la planta de Dreyfus, y del barrio porteño de Caballito, donde participaba de la construcción de una torre en Mendes de Andes 655. Esta joven empresa de Olavarría, provincia de Buenos Aires, también trabajaba para otras firmas como Loma Negra, Dycasa y Pescarmona, entre otros. En Rosario la firma comandada por Guillermo Milia desembarcó hace más de tres años, con precios muy buenos para el mercado, según señaló un empresario del ramo. Muchas constructoras locales se vieron seducidas, a pesar de que detrás de IGM no había demasiados antecedentes. Milia había trabajado como contratista de obra pública en la provincia de Buenos Aires al estar vinculada con el peronismo local. La constructora que nació en Olavarría a principios de 2000 cambió sugestivamente de nombre el 30 de noviembre de 2005, cuando pasó de llamarse IGM a Ingeniero Guillermo Milia SA, una formalidad que muchas veces las empresas utilizan para cambiar de cara. Los problemas financieros de la empresa se vieron reflejados en el listado de cheques rechazados del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Desde el 11 de noviembre al 16 de enero pasado le rebotaron a Ingeniero Guillermo Milia SA 63 cheques por un monto de 3.041.019 pesos.
A Eduardo Buzzi se le fue la mano. Y eso que era el acto central por el centenario del Grito de Alcorta. A su turno, dijo que “el campo está peor que hace cien años” y que los productores desaparecen porque las multinacionales compran sus campos, en una crítica a la política agropecuaria nacional que, a su entender, favorece a las grandes empresas agropecuarias. Luego del acto, el intendente de Alcorta, Vicente Martelli (PJ), tomó distancia. “Antes se trabajaba de sol a sol, a mano. Ahora tenemos GPS, herramientas de última generación, somos dueños de la tierra”, resumió. Admitió que la dificultad de retener a los jóvenes en el campo existe y que habría que tener una política para eso.
Teleconferencia suspendida A sólo una hora del horario previsto, desde el gobierno nacional suspendieron la teleconferencia que debió concretarse a las 11 de este martes entre la Casa Rosada y el Palacio de los Leones para que la presidenta Cristina Fernández y la intendenta Mónica Fein oficializaran la adjudicación del contrato de obra para construir la planta de tratamientos de residuos Bella Vista, que permitirá clasificar 250 toneladas de basura por día. Las actividades oficiales de ayer fueron suspendidas a causa del siniestro vial con al menos 11 muertos y 60 heridos en una ruta de la Patagonia.
Reforma tributaria II Tal como lo venía adelantando Cruz del Sur en ediciones anteriores, el Senado abrió la puerta para que el proyecto de reforma tributaria provincial incluya la eliminación de exenciones de las que goza el sector industrial. Radicales y socialistas con Miguel Lifschitz como negociador acordaron modificar el proyecto del Ejecutivo, incluyendo una alícuota de 0,5 por ciento de Ingresos Brutos a las industrias que facturaron más de 50 millones de pesos durante 2011. Además, esa imposición se destinaría a un fondo especial para obras públicas. Encaminados los acuerdos entre socialistas y radicales, el punto que todavía faltaba cerrar, sobre todo con la oposición, era el del revalúo de las propiedades, tanto urbanas como rurales. El Ejecutivo propuso un proceso de cinco años, progresivo, muy light, pero ni radicales ni justicialistas estaban de acuerdo. Sólo admiten el aumento del Inmobiliario Rural.
Marchan los cheques de pago diferido para reactivar obras públicas El gobierno provincial decidió echar mano a una de las herramientas financieras que habilita la ley 13261, que también autorizó la emisión de Letras del Tesoro. Se trata, en este caso, del empleo de cheques de pago diferido, con los que se cancelará parte de la deuda que mantiene el gobierno con las contratistas de obra pública. La emisión será, en principio, por 105 millones de pesos. Si bien los empresarios ya conocían y habían hablado del gobierno sobre esta alternativa, ahora que llegó el momento las constructoras buscan que además de los cheques de pago diferido el gobierno entregue algo de efectivo. En esos detalles están las negociaciones por estas horas. El objetivo del gobierno es volver a poner en movimiento la maquinaria de la obra pública que arrastra graves demoras desde principio de año, cuando la provincia empezó a sentir fuerte el desfinanciamiento de
caja. Por el lado de las empresas constructoras, Adrián Dip, presidente de la Cámara de la Construcción de la ciudad de Santa Fe, expresó: “Nosotros tenemos la propuesta del gobierno para cancelar los pagos adeudados pero no la aceptamos tal cual está. Nosotros como institución la rechazamos. Ahora, esto no significa que debido a la necesidad de las empresas algunas decidan aceptar la propuesta”. Agregó que “la propuesta del gobierno consiste en entregar cheques con pagos diferidos que se terminan de cobrar en noviembre. En esta forma de pago no se tienen en cuenta las redeterminaciones de costos, ni los intereses. No existe contrato que pueda resistir estos intereses que se pierden”. Desde Rosario, Ricardo Griot, titular de la Cámara en Rosario, fue menos tajante y si bien explicó que se buscaban mejorar algunas cuestiones del plan de pagos propuesto por la provincia, reconoció que servirá para salir dle paso, aunque es probable que no alcance para reactivar la obra pública en su totalidad.