Gure inguruan A nuestro alrededor

La infancia: víctima colateral de la crisis

La actual situación de necesidad y exclusión social a la que se tienen que enfrentar cientos de familias se traduce en consecuencias aún más graves para los menores. Ésta es una de las conclusiones del informe sobre pobreza infantil elaborado por la Fundación FOESSA, que desarrolla el impacto del programa de atención a la infancia en situación de pobreza y exclusión social que impulsa la Obra Social La Caixa. Entre otros datos, este informe ha detectado que el 88% de los hogares de los niños en situación de pobreza, que han participado en el programa de apoyo a la infancia, hace frente todos los meses al pago de una hipoteca o del alquiler. Los bajos salarios y el paro elevan, en la mayoría de los casos, ese gasto a un porcentaje superior al 30% de los ingresos. A partir de este porcentaje, las administraciones públicas y los organismos oficiales alertan de que la economía doméstica entra en riesgo. El 67% de los hogares tenía todos sus activos en paro en el momento del estudio. El 50% de las familias son monoparentales y el 30% son familias numerosas.

La Obra Social de La Caixa trabaja por mejorar esta situación junto con 11 entidades sociales que impulsan la inclusión social de familias con menores y desde el año 2007 ha apoyado la intervención con 2.775 niños pertenecientes a 1735 familias de Bilbao, y área metropolitana, una cifra que va en un aumento alarmante. La Fundación apoya, la intervención que se realiza desde las entidades, en materia de refuerzo educativo, apoyo psicológico, educación no formal y tiempo libre y en determinados casos facilitando el acceso a bienes básicos.

“Un reglamento tardío con más sombras que luces”

El pasado 30 de junio, con motivo de la entrada en vigor del Reglamento de Extranjería, se celebró una concentración convocada por Harresiak Apurtuz frente a la Subdelegación de Gobierno, en Gran Vía 50. Escogimos ese lugar por lo que representa para las personas inmigrantes, ya que inician los expedientes que les permiten residir y trabajar en esa administración. En el comunicado que se leyó, recordamos que la Ley de Extranjería profundiza en la visión puramente economicista de las migraciones, que prima la realidad de mercado por encima de los derechos de las personas, y que el nuevo reglamento es una herramienta al servicio del recorte de derechos, que no hace sino acentuar la discriminación y las desigualdades sociales. Asimismo, criticamos algunos aspectos preocupantes del recién estrenado reglamento:

1. Que se recoja la posibilidad de que, en un futuro, sólo se puedan presentar contratos de trabajo en actividades de difícil cobertura para solicitar autorización de residencia y trabajo por arraigo social 2. Que las autorizaciones de residencia y trabajo de cinco años para las mujeres víctimas de violencia de género, no se extiendan a aquellas mujeres que ya tenían permiso antes de ser víctimas. 3. O que se hayan endurecido los requisitos para renovar las autorizaciones por reagrupación familiar, entre otros.

Atzerritarren Legea haratago doa migrazioen ikuspegi ekonomizista hutsean, hau da, lehentasuna ematen dio merkatuaren errealitateari, pertsonen eskubideak alde batera utzita; zentzu horretan, araudi berria eskubideak murrizteko tresna bat da, eta diskriminazioa eta desberdintasun sozialak areagotu besterik ez du egiten.