Preocupación en el sector por restricciones en contratación pública a Pymes de ingeniería

En comisión conjunta de la CCI se presentó un análisis sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en relación a seis artículos de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023.

El pasado 31 de mayo, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) llevó a cabo la comisión conjunta de afiliados constructores y consultores con el objetivo de debatir temas relevantes para el sector. Durante el encuentro, la CCI presentó un análisis acerca del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, en relación a los artículos 80, 100, 101, 279, 353 y 368 de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023. El artículo 80 establece un requisito desproporcionado en cuanto a la contratación de mano de obra local. Este artículo estipula que los proyectos de inversión regional deben contratar al menos el 50% de mano de obra local, sin tener en cuenta que, en los proyectos de obras civiles, dicha mano de obra debe contar con habilidades especializadas o calificadas.

En cuanto al artículo 100, el gremio considera que permite la celebración directa de contratos de infraestructura, como las vías terciarias, hasta por la mínima cuantía (modalidad de selección con un tope del 10% de la menor cuantía para contratar), con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que formen

Juan Martín Caicedo Ferrer Presidente Ejecutivo

parte de la economía popular y comunitaria. Esto puede excluir a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de ingeniería en las regiones, lo que a su vez genera un posible riesgo de atomizar los proyectos para aplicar sistemáticamente lo establecido en este artículo.

Además, preocupa al gremio lo establecido en el artículo 101 acerca de las asociaciones de Iniciativa Público Popular. Este restringe la participación plural de interesados en proyectos de infraestructura por montos inferiores a los 6.000 SMMLV, limitando el mercado convocado a los grupos poblacionales mencionados en el artículo. De esta manera, se excluye a las Pymes de ingeniería. Además, debido a que la asociación público popular debe aportar el 50% del valor del proyecto, se abre la puerta a actividades ilícitas como el lavado de activos.

Según datos de la CCI, más del 95% de los contratos en las regiones (gobernaciones y municipios) tienen un valor inferior a los 6.000 SMMLV (6.960 millones). Por lo tanto, las Pymes de ingeniería quedarían prácticamente excluidas de la contratación pública.

Hortal