general y una pensión complementaria para aquellos que trabajaron antes de su retiro financiada con sus propias contribuciones (con subsidios cuando los trabajadores tienen bajos ingresos). Colombia Mayor saldría del ámbito de los programas focalizados contra la pobreza para ser, junto con el acceso a la salud, un derecho ciudadano igual para todos. Las pensiones de los que trabajan tendrían como mínimo la pensión ciudadana, a la que se sumaría un monto que variaría en función de las trayectorias laborales de cada uno. El resultado sería un sistema de pensiones de retiro más justo e incluyente, con mecanismos concretos para combinar la solidaridad social con la retribución al esfuerzo individual. Finalmente, las propuestas anteriores corregirían un elemento profundamente regresivo del sistema actual. En efecto, si bien los trabajadores por cuenta propia con ingresos inferiores a un salario mínimo no están obligados a contribuir, en caso de que voluntariamente deseen hacerlo, sus contribuciones se basan sobre un salario mínimo implicando que estas como proporción de sus ingresos son mayores que las del resto de los trabajadores.
5. Protecciones adicionales cuando los trabajadores se ocupan en empresas Hoy en día, cuando los trabajadores se ocupan en las empresas están cubiertos por un seguro contra accidentes de trabajo y por tres instrumentos para protegerlos contra los riesgos de separación: la legislación sobre estabilidad laboral; el Mecanismo de Protección al Cesante; y las cesantías que, en su diseño original, canalizan recursos a los trabajadores para ser usados solo cuando por cualquier motivo se separan de la empresa. Sin duda, las empresas deben ser responsables de la seguridad de sus trabajadores y financiar un seguro de accidentes en el trabajo a su favor, como es la situación vigente. Sin embargo, el análisis de la Misión indica que la combinación de políticas para protegerlos cuando se separan de la empresa no tiene la cobertura y eficacia requerida, y genera costos económicos innecesarios. Las disposiciones sobre estabilidad en el empleo se legislaron en 1965 en un contexto donde las empresas colombianas estaban mucho menos expuestas a la competencia internacional. Y donde la única forma de acceder a la protección social era ocuparse en una empresa; la separación dejaba al trabajador sin ingresos y sin beneficios sociales. Desde entonces, las condiciones enfrentadas por las empresas han cambiado drásticamente. En 1990 se legislaron las cesantías, en 2013 el Mecanismo de Protección al Cesante; al mismo tiempo se han creado varios programas paralelos de protección social. Todo ello sin cambios en las disposiciones sobre estabilidad en el empleo. Sin embargo, a pesar de la multiplicidad de regulaciones y programas, o más bien como resultado de ello, la situación actual es claramente insatisfactoria: la mayoría de los trabajadores no está bien protegida y las empresas enfrentan obstáculos para su desarrollo. Los problemas de la actual combinación de instrumentos son múltiples y explican su poca eficacia, particularmente en el contexto de los datos sobre el tamaño de las empresas presentados en la tabla 2. La legislación sobre estabilidad laboral en principio beneficia a los trabajadores, pero no reconoce que las empresas en ocasiones necesitan ajustar su planta de trabajo en respuesta a nuevas tecnologías, a cambios en sus planes de negocio para responder a la competencia, o a eventos fuera de su control. En consecuencia, las empresas se asocian con sus trabajadores bajo la figura de contratistas independientes, evaden la ley, o la eluden mediante la subcontratación o tercerización y cambios en la estructura temporal de los contratos. El resultado es que solo una 15
