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Loreto Hoecker Pizarro
está compuesta de manera absolutamente mayoritaria por jóvenes de sectores vulnerables, enfrentados a situaciones carenciales extremas, con escasas redes sociales, baja inclusión y experiencia de familias disfuncionales, así como un tejido relacional más bien fundamentado en la experiencia de calle y en las drogas; jóvenes tempranamente fuera de los circuitos institucionales integradores por ser desertores escolares y/o haber abandonado tempranamente su hogar; un joven proveniente de determinados sectores de la ciudad tradicionalmente señalados como peligrosos; jóvenes estigmatizados por su apariencia y ubicación territorial, es decir, jóvenes excluidos socialmente. También se les describe a ellos y/o sus familias o entorno más inmediato, como consumidores problemáticos de alcohol y drogas, así como algunos de ellos involucrados en circuitos de tráfico ilícito. En ocasiones también se trata de niños o adolescentes bien integrados que de manera circunstancial se han involucrado en un delito. Asimismo, los jóvenes infractores provenientes de estratos sociales altos no ingresan al sistema sino ocasionalmente y en razón de situaciones muy graves en que las víctimas tienen capacidad de presión y/o que han causado conmoción social. La caracterización de los usuarios del sistema, desde el punto de vista de la Defensoría Penal Pública –que se hace en relación al tipo de defensa a la que optan los jóvenes imputados–, viene a reforzar la anterior descripción de las características de esta población. La gran mayoría de los jóvenes infractores ocupan el sistema de defensoría pública, condición claramente determinada por el sector social del cual provienen, es decir, de extracción socioeconómica desfavorecida. En número significativamente menor aparece un sector de jóvenes usuarios de defensorías privadas. En este sentido, el ejercicio pragmático de la defensoría penal pública muestra fehacientemente que no resulta transversal en lo que a la estructura social se refiere, estabilizándose una vocación –casi natural– al trabajo con los pobres, los cuales, como se ha sostenido, resultan los visitantes más frecuentes y además en mayor número del sistema. Es posible determinar entonces, que la defensoría para jóvenes en su dimensión pública, al igual que la fiscalía y los tribunales, encuentran el soporte de su despliegue y orgánica principalmente en aquellos jóvenes que son los más frecuentes y mayoritarios sujetos de la ley: jóvenes pobres, desfavorecidos socialmente y de sectores urbanos asociados “naturalmente” al delito.
Segmentación de la población penal juvenil resultante de su integración social diferenciada Planteado de otra forma, dentro de la descripción del grupo de jóvenes que ingresan al sistema, también de manera transversal se reconoce un grupo –para algunos minoritario, para otros, absolutamente mayoritario– que vuelve de manera reiterativa (a veces se les imputan 30 o 40 delitos) y muchas veces han cometido delitos graves (robos con violencia, robos con intimidación, homicidios, delitos sexuales, riñas con resultado de lesiones graves), característicamente los más vulnerables (o vulnerados), que preocupa a todos los actores. Se trata de jóvenes cuyos derechos básicos han sido fuertemente vulnerados, han sido dejados a su suerte y se encuentran excluidos de las instituciones y redes cuya función es la integración social. Son niños y adolescentes que no tienen