lados como el venezolano, signados por una creciente escasez, el precio de las piezas debe estar en permanente aumento. La expectativa de tan altas ganancias hace que el endurecimiento de las penas sea inútil. La presión para suplir al mercado con piezas y repuestos de origen ilegal ha puesto en peligro incluso aquellos vehículos que anteriormente eran despreciados por los delincuentes. Las unidades con más de 25 años así como las de origen chino (comercializadas a través del programa Venezuela Productiva) también son apetecidas en la actualidad. Esto implica que la noción de riesgo se difunda entre todos los estratos sociales. Especialmente en aquellos con los menores ingresos, donde la adquisición de una motocicleta representa un importante esfuerzo. Quizá esta sea la razón por la que ocurren tantos homicidios asociados al robo de estos vehículos. Negar esta situación impide que se genere un debate informado para la búsqueda de soluciones. Nuevamente, salen perdiendo las personas que menos recursos tienen para reforzar los mecanismos de protección de sus vehículos y destinar espacios para su resguardo. El crecimiento sostenido en la frecuencia de los robos y hurtos de vehículos en Venezuela sugiere la existencia de numerosas redes destinadas a la captación, despiece y comercialización de partes. Como ocurre en otras actividades de delito organizado, estas redes se nutren de “proveedores externos”, es decir, delincuentes que buscan una ganancia rápida suministrando motos, autos y camiones a estructuras permanentes, que poseen alianzas establecidas con líneas de comercialización ilegal. Los allanamientos y cierres a los desguazaderos de vehículos, llamados popularmente chiveras, restaron fachadas legales a estas organizaciones, pero no tuvieron mayor impacto en la estadística general de casos conocidos de robos y hurtos de vehículos. La data sobre el robo y hurto de vehículos debe ser divulgada sin restricciones, con la mayor prontitud posible. Este es un importante mecanismo para llevar el pulso a estos delitos y adoptar las contramedidas necesarias. No hay ninguna disposición constitucional ni legal que lo impida. Sólo un temor a que la data sea utilizada para
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