El Régimen de Transición, aprobado por el Pleno el 23 de julio, era indispensable para lograr un proceso sistematizado de paso entre el antiguo y el nuevo régimen.
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UN SUEÑO COLECTIVO
Se dijo que entre lo que aprobó el Pleno de la Asamblea Constituyente y lo que hizo la Comisión de Redacción, hubo diferencias; que hubo varias versiones de la Constitución. (Roldós presentó una denuncia) ¿Qué cambios se hicieron? Esa Comisión de Redacción adquirió, por efecto del reglamento de la Asamblea, capacidades enormes, pero no podía cambiar los textos cuando se trataba de temas de fondo, sin autorización expresa del Pleno de la Asamblea. En el Pleno, en algunos casos se les dio la razón, en otros se les negó. Pero en todo lo que era superposición de artículos, repeticiones innecesarias, estilo y concordancia la Comisión tenía, como toda Comisión de Redacción, plena libertad. El día 19 de julio se publicó un texto de la Constitución, procesado por la Comisión de Redacción, en la página web. Entre ese día y el 25, el Pleno hizo un cambio en relación al quichua y la Comisión tenía, simplemente, que ponerlo en la versión final. No es que la versión del día 19 fue la última y se acabó. Si el Pleno, que era el máximo organismo, ordenó que se haga un cambio, había que hacerlo. Por lo demás, ellos -los miembros de la Comisión de Redacción- fueron leyendo los textos igual que todos nosotros, y nos hicieron llegar un glosario y una versión final, que contenía cambios formales hechos sobre los 444 artículos, cambios que ya habían sido presentados el 19 de julio. Eso es lo que efectivamente pasó. Lo más importante es que el texto que votamos la noche del 24 de julio, es el texto que está publicado y que luego fue aprobado en el referéndum, no hay otro. Todas esas infamias de los socialcristianos, de los de la RED (Roldós), no pasaron de tales. Basta con saber que la Fiscalía archivó ese proceso y todos sus derivados. Ahora los despistados, están queriendo reeditar en estos días lo mismo, cuando es una cosa juzgada, que no tiene sentido. Por primera vez en la historia del Ecuador, pudimos presentar al país lo que no ha hecho ninguna de las Constituyentes anteriores: todos los textos completos, de las actas de las 97 sesiones. Todos los audios, no editados, de las intervenciones (miles de horas están grabadas ahí) y todos los videos; para que queden como testimonio de lo que pasó. Así es que pueden abrir los archivos una y mil veces, que no van a encontrar ningún cambio, ninguna manipulación, como perversamente, se insinúa. Otro elemento de conflicto fue el Régimen de Transición… Ese es otro tema interesadamente mal entendido. Es fácil de colegir, de entender, que entre lo viejo
y lo nuevo hay un período de transición, una distancia, una diferencia ¿Cómo pasamos al nuevo poder constituido? Otro gran principio defendido en la Asamblea Constituyente del 2008 en Montecristi, fue evitar caer en lo que el pueblo ecuatoriano había calificado como “abuso de los poderes legislativos”, es decir, escoger todo lo que nos pudieramos imaginar para hacer los cambios. Para ilustrar cómo funcionaba este abuso: ¿Teníamos que cambiar la justicia? Los constituyentes escogían a los jueces, ¿Teníamos que cambiar el sistema electoral?: Los constituyentes escogían a los controladores del sistema electoral. Nosotros lo que dijimos fue: “Sí, vamos a ser rectores del cambio, pero no vamos, con abuso de los plenos poderes, a hacer las nominaciones”. Entonces, era indispensable crear un Régimen de Transición.
lares y alternos. Para darle equidad a la conformación de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, en vez de ser sesenta y cinco, que era la mitad de ciento treinta, terminamos siendo setenta y seis asambleístas; porque tuvimos que darles representación a los que, proporcionalmente, no la hubieran tenido. Había en Montecristi, fuerzas políticas que tenían un asambleísta y que, en la Comisión, no iban a estar representados. Preferimos reducir la representación de Movimiento País y de Sociedad Patriótica, para dar cabida a otros grupos, que tenían uno, dos, o tres asambleístas. Realmente ellos fueron los aventajados proporcionalmente, numéricamente.
Ahí, bastan los argumentos de la oposición para darnos la razón ¿Qué decían los asambleístas de derecha, que se autocalificaban de “oposición”? Que a los diputados del Congreso anterior había que “mandarles a la casa”. Y nosotros decíamos “No lo vamos a hacer”, porque el pueblo nos dio poderes ilimitados, pero no superiores a los suyos. Si el pueblo los había elegido diputados, nosotros estamos obligados a respetar eso. Y respetamos todos los casos, insisto, el del Presidente de la República, alcaldes, prefectos, concejales, concejeros y el de los diputados, porque tenían el mismo origen democrático. Modificamos sus mandatos, pero no los elegimos, ni los cambiamos. Cuando aquellos proponían “mandar a la casa” a los diputados, no decían qué debía pasar en el intervalo, hasta que se posesionaran los nuevos asambleístas. Los más irresponsables plantearon que no hubiera Función Legislativa. ¡Ahí sí estaban mostrándose en toda su esencia antidemocrática, sin tener claridad en lo que significa una Constituyente, o un poder constituido!
En el Congreso se trabajaba dos días a la semana. Tradicionalmente, en toda la historia legislativa anterior (excepto en el último Congreso “de los cinco meses” por la presión social para impedirlo) cada sesión adicional se pagaba. Había una “fabriquita” de ingresos adicionales controlada por los propios legisladores (“No hagamos sesiones ordinarias, o terminemos las ordinarias y, con eso, fabricamos extraordinarias y nos pagan más”). Eso se eliminó.
¿Cómo se conformó la Comisión Legislativa y de Fiscalización? En la propuesta del Régimen de Transición, decía que si ganaba el Sí, la Asamblea Constituyente volvería a reunirse con dos funciones últimas: designar al Consejo Nacional Electoral (como última designación, para nunca más volver a hacerlas, puesto que a partir de allí siempre sería a través de concursos de oposición y méritos) y la segunda, que era conformar una Comisión Legislativa de la Asamblea Constituyente. Ahí actuamos, otra vez, democráticamente. Todos los ciento treinta asambleístas fueron parte de la Comisión Legislativa, divididos en dos grupos: titu-
A la Comisión Legislativa y de Fiscalización se le reclama haber aprobado demasiadas leyes, sin mayor debate.
Nosotros en la Asamblea Constituyente, y luego en la Comisión Legislativa y de Fiscalización eramos funcionarios del Estado, servidores públicos, con un sueldo, pagando impuesto a la renta, aportando al IESS, sin ningún privilegio (aquí no gana un centavo de dólar más el Presidente de la Asamblea que cualquiera de los legisladores), totalmente iguales. Tenemos que trabajar un mínimo de cuarenta horas, como todos los funcionarios del Estado; y como todos los empleados públicos y privados en el Ecuador. Pero hay algo que funciona diferente del estilo de trabajo de los otros servidores públicos. Le hemos probado al país que podemos trabajar horas extras, días extras, semanas extras, sin cobrar, porque nos damos por satisfechos cuando podemos ser útiles al pueblo que nos eligió. Hemos aplicado aquello de que “quienes no hacen más por lo que les pagan, jamás podrán pedir más por lo que hacen”. Nosotros no hemos pedido más por lo que hacemos, pero es público y notorio que trabajamos sin horario ni calendario, en las comisiones. Y que eso es una semilla que caerá en terreno fértil. Estoy seguro que, en la Asamblea Nacional, no volveremos a sufrir de pereza legislativa. Hemos
aprobado treinta y dos leyes en los meses que ha funcionado la Comisión Legislativa, lo cual muestra la posibilidad de desarrollar legislación, de generar debates. De nuevo, nos dicen que ha habido falta de debate, pero tampoco, nunca, han podido coger defectos en las leyes aprobadas. ¿Para qué reclaman más debate, si son incapaces de posicionar temas en dicho debate? Con los plenos poderes, los mandatos, las leyes, aprobadas por la Comisión Legislativa y de Fiscalización; fuera de los elementos que tienen que ver con garantías y derechos, ¿qué tipo de imagen y figura institucional se está construyendo en el Ecuador hoy? Creo que está potenciado, al máximo posible, el poder de la ciudadanía. Me parece que la ciudadanía todavía no asimila adecuadamente sus nuevas capacidades para incidir en la planificación, en el control de la gestión, en las decisiones, inclusive para ejercer el poder directamente (ya no solo para asignar responsabilidades, sino para quitar responsabilidades). Ahora está completamente claro que, con todos los procedimientos de ciudadanización de la política, es muy probable que empiecen a ocurrir revocatorias de mandato a quienes no cumplen. Veremos, en los próximos meses, campañas para quitarles el mandato a aquellas personas que traicionaron a los mandantes.
“Estoy seguro que, en la Asamblea Nacional, no volveremos a sufrir la pereza legislativa. Hemos aprobado 32 leyes en los meses que ha funcionado la Comisión Legislativa, lo cual muestra la posibilidad de desarrollar legislación, de generar debate.”
Pero, fuera de eso, que en las pequeñas parroquias se creen consejos de planificación, que en los cantones ocurra lo mismo; que en las provincias y a nivel nacional, incluso, el Estado no se haga solo en la academia, o en la planificación institucional, sino que amplíe el gran debate ciudadano, es lo que nos va a hacer actores más responsables. Estamos frente a una sociedad en la que los ciudadanos no vamos a ser “mirones”, sino que vamos a ser actores, finalmente. Nunca más volveremos a ver un funcionario público que haya entrado por la ventana. Tiene que entrar por la puerta ancha de la meritocracia, de un puesto bien ganado en un concurso de oposición y méritos, supervisado con veeduría ciudadana, hasta en las más altas funciones del Estado. No deja de ser importante que hayamos cortado “el dedo”. Ya no hay “dedómetro”, ya no es al “ojímetro” como se va a designar a esos funcionarios. Ese es el camino de la Constitución, el camino de las leyes, el camino de la nueva institucionalidad. Esos son cambios reales y profundos.
UN SUEÑO COLECTIVO
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