Ahora bien, el sistema anglosajón sufrió un cambio trascendental en el 2011. Si bien la S106 aún sigue vigente, se estipuló que la misma sería negociable con los desarrolladores y que se impondría, a la par, un nuevo método de captura de la plusvalía llamado Community Infrastructure Levy (CIL). El CIL se acompañaría con los nuevos planes urbanos que debían ser organizados por las autoridades locales en conjunto con las comunidades de forma participativa. Sucedió que se implementó el CIL sin que muchas autoridades locales tuvieran aún elaborado un plan, lo cual todavía sigue siendo una realidad. Ocurre entonces que la S106 ahora se negocia junto con el CIL, porque al no haber plan a largo plazo, no se sabe muy bien cuáles son las necesidades. Entonces, un desarrollador puede alegar que un parque verde ya da suficientes beneficios a la comunidad, o las autoridades locales arreglar una suma que se dedica a infraestructura y no piden contribuciones a la vivienda de bajo costo. Esta política ha tenido un impacto directo en la inequidad social, ya que no hay modo de que las generaciones jóvenes puedan acceder a una vivienda en Londres. Lo peor del caso es que incluso los alquileres han aumentado de forma desproporcionada y no hay forma de que las autoridades locales tengan la capacidad de alojar a los más pobres.
Se suma a esto el hecho de que, desde los años ’90 Londres ha pasado a ser una de las tres ciudades globales más importantes del mundo. A medida que las multinacionales se comenzaban a establecer aquí, atrayendo consigo una ola de trabajadores con alto nivel educativo y adquisitivo, se empezó a generar una suba de precios de la tierra.
armar la ciudad
12