DIPLOMACIA
la pobreza, el desempleo y la marginación social. La Cumbre Mundial de Desarrollo Social fue la respuesta a esa inquietud y en ella comenzamos a abordar la necesidad de fomentar un modelo económico que pudiera generar mayor igualdad, cohesión social y respeto por la dignidad humana y el medio ambiente. Se trataba de colocar al ser humano en el centro del desarrollo, pero no entendido como un esfuerzo de lograr solo más eficiencia económica, sino también eficiencia social y derechos ciudadanos. El Plan de Acción resultante de la Cumbre es un fiel reflejo de esas intenciones. En él alertamos que la pobreza, la falta de empleo productivo y la desintegración social, eran una ofensa para la humanidad, motivo por el cual los ciudadanos ya estaban planteando demandas que el Estado y el mercado debían ser capaces de responder. Por eso enfatizamos que el desarrollo social requería de políticas públicas que corrigieran las fallas de los mercados, complementen los mecanismos comerciales, mantengan la estabilidad social y crearan un entorno económico que favoreciera un crecimiento sostenible que promoviera la equidad, la justicia social, la tolerancia, la responsabilidad y la participación. En definitiva, llamamos a los gobiernos a establecer políticas públicas creíbles para los ciudadanos, ya que éstas solo serían confiables a ojos de la gente si se consideraban prioritarias sus necesidades. La pregunta que hoy nos debemos hacer es si hemos plasmado ese diagnóstico y plan de acción en las políticas económicas y sociales de nuestros países. Como lo señalé anteriormente, desde que recuperamos la democracia, hace 25 años, Chile ha sido capaz de disminuir la pobreza de un 38,6 a un 7,8 por ciento, mientras que la indigencia cayó de un 13 a un 2,5 por ciento. Lo hicimos impulsando el crecimiento económico, manteniendo un riguroso manejo
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de las cuentas fiscales y muy principalmente, con un significativo aumento de la inversión pública en los sectores más desposeídos a través de programas sociales correctamente diseñados y debidamente focalizados. Hoy seguimos en esa lucha, porque la tarea está lejos de estar cumplida. Por eso, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet está impulsando una serie de iniciativas, como la reforma tributaria, la reforma educacional y diversos programas centrados en la infancia y en el acceso de la mujer al mercado laboral, con el objetivo de reducir las enormes brechas de desigualdades existentes en la sociedad chilena. En el caso de América Latina, en tanto, si bien es la región del mundo que más ha reducido la pobreza y la desigualdad, estos siguen siendo un fenómeno estructural que caracteriza a la sociedad latinoamericana, al punto que es la zona más inequitativa del mundo: 18% más que África subsahariana, 36% más que el Asia del Este y del Pacífico, y 65% más que las economías de los países de altos ingresos. En la actualidad el 28 por ciento de los latinoamericanos viven en la pobreza, un porcentaje idéntico al período anterior al de la crisis financiera mundial del año 2008, lo que demuestra que la batalla contra este flagelo está estancada. Se trata de 167 millones de personas, de los cuales 71 millones viven en la indigencia, con dos dólares diarios, es decir, al límite de la subsistencia. Además, diez de los quince países más desiguales del mundo pertenecen a América Latina. De hecho, los ingresos del 10 por ciento más rico suponen 27 veces los ingresos del 10 por ciento más pobre, una relación que es de 15 veces en el caso de Estados Unidos o de nueve veces en la media de los países de la OCDE, a la que Chile pertenece. Todo ello, pese a que la región acaba de vivir una auténtica época dorada gracias a la fuerte subida del precio de las materias primas, impulsada en buena medida por la demanda