Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno N°5

Autoridades Ministro de Modernización Lic. Andrés Horacio IBARRA .........................................................................................................................................................................

Secretario de Empleo Público Ing. Pablo Martín LEGORBURU .........................................................................................................................................................................

Subsecretaria de Planificación de Empleo Público Lic. Cecilia María KLAPPENBACH .........................................................................................................................................................................

Director Nacional de Formación en Políticas Públicas Lic. Gonzalo Martín STRAFACE .........................................................................................................................................................................

Coordinador de la Escuela Superior de Gobierno Lic. Maximiliano CAMPOS RÍOS .........................................................................................................................................................................

Coordinador de Formación Lic. Mario KATZENELL

Equipo de trabajo Director: Gonzalo Straface ......................................................................................................................................................................... Secretario de redacción: Maximiliano Campos Ríos ......................................................................................................................................................................... Coordinador académico: Silvio Castro ......................................................................................................................................................................... Equipo editorial: Karina Nieto, Leila Tirpak, Isidoro Sorkin ......................................................................................................................................................................... Asesor editorial: Pablo Bulcourf ......................................................................................................................................................................... Asesoramiento legal: Florencia González Berbery ......................................................................................................................................................................... Corrección: Nadia Gabriela Caratti ......................................................................................................................................................................... Diseño y diagramación: Lucía Fernández Carrascal El editor no se responsabiliza por los conceptos, opiniones o afirmaciones vertidas en los artículos de los colaboradores de la publicación, que son a título personal y de exclusiva responsabilidad de los respectivos autores. Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno es una publicación de la Escuela Superior de Gobierno y de la Dirección Nacional de Formación en Políticas Públicas, dependiente de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización de la Nación. Es de carácter mensual y de distribución gratuita, tiene por objetivo la divulgación de la producción científica y académica del área de trabajo de la Escuela Superior de Gobierno. El contenido de esta publicación o las opiniones de los autores aquí incluidos no reflejan necesariamente el posicionamiento de la Escuela Superior de Gobierno, de las demás áreas de la que dependen, ni del Ministerio de Modernización de Nación de la República Argentina. Dirección: Av. Roque Sáenz Peña 511 (Oficina 706) — Barrio: San Nicolás — Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires — Código Postal: C1035AAA — Teléfono: 4343-9001 — int. 706. Correo electrónico: escueladegobierno@modernización.gob.ar / formación@modernización.gob.ar ISSN: 2469-2417

ÍNDICE 05. EDITORIAL

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06. ENTREVISTA A Lucio Castro

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09. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Entre el mérito y la flexibilidad: el desafío de la Alta Dirección Pública Por Diego Pando

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15. ESTUDIOS Y ARTÍCULOS

La formación en administración y políticas públicas: perspectivas y desafíos Por Pablo Bulcourf Cadenas de valor en la Argentina: notas para una política comercial inteligente Por Nahuel Oddone

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29. RESEÑAS

El valor estratégico de la gestión pública. Trece textos para comprenderla Autor: Mariana Chudnovsky (comp.) - Carlos Acuña (coord. de la serie) Por Silvio Castro El directivo público hoy. Contexto, roles y desafíos Autor: Roy Roger Ferret - Nelson Guzmán Betancourt Por Karina Nieto

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31. PROGRAMAS Y PROYECTOS II Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto Primer Taller de Gestión por Resultados

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33. AGENDA

Agenda de eventos

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34. COLABORACIONES Página de colaboración 4

Editorial

Las instituciones en el proceso de capacitación para modernizar el Estado Comenzamos este quinto número de Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno con el agrado de presentarles diferentes aportes vinculados a la capacitación de la Alta Dirección Pública y al rol de las instituciones en este proceso. La capacitación de la Alta Dirección Pública es tanto una obligación como un desafío para todo Estado democrático. Repensar lo actuado en la materia y diseñar una nueva estructura de capacitación de acuerdo a los nuevos requerimientos es, sin duda, uno de los principales retos. En este contexto, el rol de las instituciones cobra gran relevancia, dado que la Alta Dirección Pública debe ser el agente de cambio. Las instituciones, por su parte, son el actor central en el desarrollo de nuevas capacidades que respondan a un plan innovador acorde a los desafíos de la gestión pública actual. Asimismo, emprender el proceso de modernización del Estado obliga a debatir en torno a su especificidad, así como también a repensar las instituciones públicas. Será a partir de esto que podremos tener un claro sentido de la capacitación necesaria. En este número, con el propósito de intentar aclarar y repensar las instituciones estatales, abordamos el desarrollo del servicio público profesional a partir de las perspectivas y los desafíos de la formación de los agentes, en especial de la Alta Dirección Pública. A su vez, proponemos reflexionar acerca de la articulación productiva de la Argentina y de su inserción internacional de forma sostenible. Creemos importante abrir estos debates a otras áreas y sumar nuevas miradas, tanto en relación con la Alta Dirección Pública como con la función del Estado en los procesos productivos del país. Desde la Escuela Superior de Gobierno, entendemos importante comprender de forma práctica muchas de las discusiones teóricas que tienen lugar en esta publicación, y ese es nuestro aporte al debate público. Escuela Superior de Gobierno 5

Entrevista Entrevista a Lucio Castro, secretario de Transformación Productiva del Ministerio de Producción de la Nación Lucio Castro nos cuenta los principales objetivos de la Secretaría de Transformación Productiva, el vínculo entre desarrollo productivo y desarrollo institucional, el rol de la innovación y las potencialidades del país a futuro en términos productivos —¿Cuáles son los desafíos y los objetivos de la Secretaría de Transformación Productiva? —La Secretaría de la Transformación Productiva trabaja sobre tres ejes centrales: lograr la generación de más y mejores empleos de forma genuina y sustentable; alcanzar una mayor competitividad, diversificación y complejidad de la matriz productiva; conseguir un desarrollo regional equilibrado y favorecer la integración internacional de las empresas argentinas. Nuestro gran desafío es impulsar la transformación de los sectores productivos tradicionales, y promover el surgimiento de nuevos segmentos dinámicos de las cadenas de valor en función de las capacidades productivas existentes y las oportunidades globales. En otras palabras: diseñar la estrategia para desplegar toda la fuerza transformadora y generadora de empleo de calidad de las empresas argentinas; lograr que nuestra industria crezca, se capitalice, produzca más y mejor. 6

Desde el inicio de la gestión, estamos trabajando fuertemente en el Plan Productivo, una estrategia de crecimiento a largo plazo que plantea las condiciones para transformar la Argentina en una economía desarrollada y competitiva, con pleno empleo, donde millones de argentinos estén integrados a la clase media, y se cumpla el objetivo de Pobreza Cero. —¿Cuál es la relación entre desarrollo productivo y desarrollo institucional? —La mejora de la institucionalidad es clave para cumplir los objetivos que perseguimos con el Plan Productivo Nacional. Hay una relación directa entre la transparencia de las instituciones y la reinserción inteligente de la Argentina en el mundo para la creación de empleo de calidad: necesitamos que nuestras instituciones pasen a ser jugadores globales. Esto implica desafíos de desarrollo productivo en términos de innovación, calidad, tecnología, y también de las capacidades institucionales. Entendemos la importancia de crear las condiciones para que, en la

“Hay una relación directa entre la transparencia de las instituciones y la reinserción inteligente de la Argentina en el mundo para la creación de empleo de calidad...”

Entrevista

Argentina, las cosas funcionen bien y exista previsibilidad. Por eso, unos días atrás presentamos el Programa de Desarrollo Institucional Productivo, que apunta a modernizar y a fortalecer la institucionalidad de las entidades productivas de nuestro país a partir de herramientas de asistencia financiera y capacitación. Está orientado a organizaciones que representan a los sectores productivos, y una de sus metas es facilitar el trabajo articulado y multisectorial en conjunto con el Estado, justamente, para que desarrollo productivo y desarrollo institucional vayan de la mano. —¿Qué rol ocupa la innovación en este doble proceso? La innovación es el camino para alcanzar los estándares internacionales que le permitirán a nuestra industria ser competitiva en el escenario global. Eso, a su vez, es lo que genera

las condiciones para la creación de empleo de calidad. Por eso, promover la innovación es uno de los ejes de la transformación productiva. Estamos brindándoles a las empresas ya los emprendedores un fuertísimo apoyo y todas las herramientas necesarias para que puedan hacerles frente a los desafíos y a las oportunidades globales. Necesitamos que los sectores productivos achiquen la brecha tecnológica e innoven para mejorar la calidad de todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el verdadero empleo: en las inversiones, en la mejora de la competitividad, en el fomento a las exportaciones de productos y servicios argentinos para el mundo. —¿Cómo está la Argentina a nivel productivo? ¿Cuáles son las potencialidades a futuro? Recibimos una herencia muy compleja. La Argentina venía 7

Entrevista

de 4 años de estanflación y de 10 de inflación, un alto déficit fiscal con altísima carga tributaria, restricciones al comercio exterior, cepo cambiario, default con los mercados financieros, falta de estadísticas confiables, subsidios indiscriminados a los servicios públicos, y la lista sigue…. Parte de estos desafíos los enfrentamos en el primer semestre de la gestión. Lo que viene ahora es, a través del Plan Productivo que pusimos en marcha, acelerar el crecimiento para lograr la creación de empleos genuinos y de calidad. Hoy, la Argentina tiene grandes oportunidades. El mundo nos sigue sonriendo con términos de intercambio favorables, y tenemos el costo de financiamiento más bajo de la historia. Hay enormes potencialidades en el agro, energías renovables, servicios basados en el conocimiento y en el sector industrial. —¿Qué rol ocupan el Estado y la burocracia estatal en los procesos de transformación productiva? El proceso de transformación productiva requiere un Esta8

do fuertísimo y muy presente, que aporte herramientas, recursos y genere espacios de diálogo con los sectores productivos para favorecer la articulación y el consenso.

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Entre el mérito y la flexibilidad: el desafío de la Alta Dirección Pública Por Diego Pando Director de la Lic. en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), y profesor de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés.

El fortalecimiento de la capacidad de gobernar requiere avanzar hacia una administración pública más orientada a la satisfacción de las crecientes demandas de la ciudadanía. Para ir en esta dirección, el desarrollo de un servicio público profesional es una condición esencial, dado que son los funcionarios los que elaboran las políticas públicas a través de la producción de bienes y la entrega de servicios a la ciudadanía. Ahora bien, no se puede fortalecer la profesionalización de la burocracia de la noche a la mañana y menos como si fuera un todo homogéneo. Así, y enfatizando que la acción de gobierno no puede consistir en respuestas aleatorias a desafíos coyunturales, es necesario identificar prioridades y asignar recursos en un contexto de altas exigencias para avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados.

Resulta clave la gradualidad en la formulación y la implementación de las reformas, focalizando en unos problemas primero y en otros después. Esto se debe no solo porque los problemas son demasiado complejos y poco estructurados para abordarlos de manera conjunta, sino porque existen limitaciones políticas y técnicas para enfrentarlos. La gradualidad implica diseñar una hoja de ruta donde las diferentes piezas se despliegan en el mediano y largo plazo, aunque se tenga claridad y acuerdo solo sobre las iniciales. La pregunta entonces es: ¿por dónde empezar?

“… es necesario identificar prioridades y asignar recursos en un contexto de altas exigencias para avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados”

Los procesos de reforma del servicio civil en Chile y el Perú durante la última década —y más recientemente en Ecuador—, con sus desafíos pendientes, muestran un camino que vale la pena tener en cuenta: profesionalizar a la Alta Dirección Pública (en 9

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adelante, ADP). Sin pretender copiar de manera acrítica, desconociendo el contexto institucional en el cual se enmarcan, el sistema de ADP vigente en Chile desde 2003 y el Cuerpo de Gerentes Públicos existente desde 2008 en Perú constituyen dos experiencias para ser consideradas por las mejoras percibidas a partir de sus impulsos reformadores. Por ser un espacio particularmente sensible en donde confluyen el mundo de la política y el de la expertise técnica, la profesionalización del segmento superior de la burocracia debe ser abordada como una parte diferenciada (Cortázar Velarde et al., 2014). Necesita un marco normativo propio y un modelo meritocrático más flexible que el que corresponde al resto de los niveles para avanzar en 1) la definición de cargos y perfiles sobre la base de modelos por competencias; 2) la gestión del ingreso, la movilidad 10

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y la desvinculación de los directivos; 3) el diseño y la evaluación del rendimiento; 4) la retribución competitiva con el sector privado; 5) la formación y la definición de itinerarios de carrera. Hacerlo de manera coordinada es tan importante como avanzar en cada uno de estos elementos. El primer motivo que justifica la focalización es la importancia que tiene el segmento directivo para el buen desempeño institucional. Se trata de un segmento que atraviesa todo el sector público y que no puede estar sujeto a la incertidumbre y a la discrecionalidad con baja responsabilidad, propias de la dinámica patrimonialista más característica del siglo xix que del siglo xxi. La alta dirección es un estamento transversal que se despliega por todo el sector público, en el que existe conocimiento especializado, inversión en aprendizaje y memoria institucional. Como señalan Cortázar Velarde et al.

“La alta dirección es un estamento transversal que se despliega por todo el sector público, en el que existe conocimiento especializado, inversión en aprendizaje y memoria institucional”

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“… focalizar en la ADP disminuye los riesgos de una confrontación con poderosos actores con capacidad de veto en este juego, como pueden ser

(2016), a partir del análisis de las experiencias de Chile y el Perú, la llegada de los directivos públicos seleccionados trajo mejoras en el establecimiento de mecanismos de coordinación efectiva entre áreas, la formalización de procedimientos de trabajo, la renovación de estructuras organizativas y un uso más eficiente de los recursos disponibles. El segundo motivo tiene que

reforma y a la buena voluntad de los actores involucrados puede no ser suficiente, también es importante articular la reforma con otras prioridades de la agenda gubernamental (Cortázar Velarde et al., 2014). Así, mientras en Chile la reforma de la ADP estuvo articulada con el objetivo político de fortalecer la ética pública, en el Perú, se vinculó con la necesidad de mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto público.

va de cambio suele ser prolija, y esta no es la excepción, dado que implica la renuncia de los políticos a su capacidad de seleccionar discrecionalmente a los directivos públicos. Sin embargo, focalizar en la Alta Dirección Pública disminuye los riesgos de una confrontación con poderosos actores con capacidad de veto en este juego, como pueden ser los sindicatos de empleados públicos. Dado que apelar a las bondades de la

importante en función de la viabilidad económica—, focalizar en la ADP permite una estimación razonable de los costos financieros de la reforma, los cuales debieran ser relativamente menores en comparación con el costo total de la planta de empleados públicos. De esta forma, y dado que la participación de las instituciones responsables del presupuesto es fundamental, disminuye la posibilidad de que se activen vetos

los sindicatos de ver con la viabilidad política empleados públicos” del proceso. Ninguna iniciati- Finalmente —pero no menos

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fiscales que suelen estar entre las principales trabas de cualquier proceso de reforma. Ahora bien, ¿qué sabemos de la ADP en la Argentina? Como señala Acuña (2008), el problema que enfrenta la institucionalidad estatal en nuestro país es que existe un serio déficit de información no solamente en el momento de evaluar resultados, sino ya al momento de diseñar políticas. No obstante, existe un amplio consenso entre especialistas —con sus matices— en relación con el excesivo predominio del criterio de lealtad política cuando se seleccionan directivos públicos por la vía de la transitoriedad y la excepción. Si bien esto no es ajeno a lo que ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos y se inscribe en una trayectoria institucional iniciada por el gobierno de la Alianza a finales de los noventa (Zuvanic, 2016; Iacoviello et al., 2013; Pomares et al., 2015), en la última década, se ha incrementado de manera tal que se 12

transformó en un mecanismo regular de ingreso a los puestos directivos (Iacoviello y Llano, 2016). La gran mayoría de los cargos con función ejecutiva no están concursados e ingresan por decretos de excepción renovables cada 180 días (Iacoviello y Chudnovsky, 2015). Como sostiene Coutinho (2016), las reglas que regulan el sistema de carrera para los niveles directivos están siendo vulneradas de manera sistemática. Los desafíos que se les presentan a los directivos públicos vinculados a planificación estratégica, horizontes de largo plazo, gestión de conflictos y coordinación de proyectos, entre otros, se insertan en este contexto (Cf. Iacoviello et al., 2010). Un requisito previo fundamental para avanzar en esta agenda de reforma y sostener el

“… el problema que enfrenta la institucionalidad estatal en nuestro país es que existe un serio déficit de información no solamente en el momento de evaluar resultados, sino ya al momento de diseñar políticas”

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esfuerzo intertemporalmente es el fortalecimiento del organismo rector del servicio civil —una especie de director de orquesta—. Está orientado a la definición de una secuencia o plan temporal de acciones viables política y técnicamente con objetivos factibles e indicadores pertinentes en articulación con las áreas de recursos humanos de los organismos públicos con enfoques estratégicos situacionales. La responsabilidad central del organismo rector es constituirse en el nódulo de un sistema de coordinación que asegure coherencia y complementariedad de las acciones orientadas a la definición de cargos y perfiles, la gestión del empleo de los directivos, el diseño y la evaluación del rendimiento, la retribución, la formación y la definición de itinerarios de carrera. Por último, para el proceso de reforma, es fundamental priorizar la mejora efectiva del segmento directivo y no solo el perfeccionamiento del marco normativo. Existe abundante evidencia empírica reciente acerca de que es más sencillo

introducir cambios a través de la normativa que asegurar su implementación (Cortázar Velarde et al., 2014). Si bien la puesta en práctica de un proceso de estas características no tiene las luces de la formulación, se trata de la etapa más importante, dado que es ahí donde las cosas realmente suceden —o debieran suceder—. Resulta imposible imaginar un servicio civil profesional si su parte superior y más influyente en su funcionamiento y sus resultados se mantiene sometida a la excesiva discrecionalidad política. Este camino no está libre de obstáculos, en el sentido que implica afrontar tensiones, negociaciones, desafíos e incertidumbres. Pero, sin dudas, es un camino que vale la pena ser transitado. El reconocimiento de esta conflictividad inherente a este proceso sirve para llamar la atención de los riesgos asociados a promover esfuerzos guiados pura y exclusivamente por la apelación a la buena voluntad.

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Referencias bibliográficas Acuña, C. (2008). “La política de la modernización estatal: notas comparando la experiencia europea con la latinoamericana (con foco en Argentina)”. En Revista del CLAD Reforma y Democracia, 40, Caracas. Cortázar Velarde, J. C., M. Lafuente y C. Schuster (2014). “Estrategias para avanzar en la modernización del servicio civil en América Latina”. En Cortázar Velarde, J. C., M. Lafuente y M. Sanginés (eds.). Al servicio del ciudadano: una década de reformas del servicio civil en América Latina (2004-13). Washington: BID. Cortázar Velarde, J. C., J. Fuenzalida y M. Lafuente, (2016). Sistemas de mérito para la selección de directivos públicos ¿Mejor desempeño del Estado? Un estudio exploratorio, nota técnica IDB-TN-1054. Washington: BID. — M. Lafuente, F. Longo y C. Schuster (2014). “La agenda a futuro: estrategias y tareas clave para mejorar el servicio civil en América Latina”, en J. C. Cortázar Velarde, M. Lafuente y M. Sanginés (eds.): Al servicio del ciudadano: una década de reformas del servicio civil en América Latina (2004-13). Washington: BID. Coutinho, M. E. (2016). “Directivos públicos – funcionarios políticos. Una relación débilmente institucionalizada”. GPS del Estado: cambio, continuidades y desafíos [en línea]. Disponible en <http://www.gpsdelestado.org/web/DocumentoAnalisis> [Consulta: 7 de agosto de 2016]. Iacoviello, M. y M. Llano, (2016): “Política y Burocracia. Apuntes de una relación (históricamente) difícil”. En GPS del Estado: cambio, continuidades y desafíos [en línea]. Disponible en <http://www.gpsdelestado.org/web/DocumentoAnalisis> [Consulta: 7 de agosto de 2016]. — y Chudnovsky, M. (2015). La importancia del Servicio Civil para el desarrollo de Capacidades Estatales: un análisis de trayectorias de reforma en América Latina, CAF – Working papers N.o 2015/02. — D. Pando, y M. Llano (2013). “Modalidades de empleo, modelos de gestión y tipos burocráticos: la diversidad como regla en la función pública argentina”. Ponencia presentada en el XVIII Congreso Internacional sobre Reforma del Estado y de la Administración Pública, organizado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Montevideo, octubre-noviembre. — D. Pando, N. Mendelson y S. Essayag (2010). “Desafíos y competencias para la Alta Dirección Pública en Argentina”. En Revista Venezolana de Gestión Pública, número 0. Venezuela: Universidad de los Andes. Pomares, J., M. Leiras, M. Page, S. Zárate, J. Mignone y M. B. Abdala (2015). ¿Quiénes gestionan? Los condicionamientos políticos del acceso a la alta dirección pública nacional. Documento de Políticas Públicas/Análisis N.o147. Buenos Aires: CIPPEC. Zuvanic, L. (2016). “La función directiva en Argentina”. En GPS del Estado: cambio, continuidades y desafíos [en línea]. Disponible en <http://www.gpsdelestado.org/ web/DocumentoAnalisis> [Consulta: 7 de agosto de 2016].

Estudios y artículos La formación en administración y políticas públicas: perspectivas y desafíos

por Pablo Bulcourf Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Correo electrónico: pablo_bulcourf@yahoo.com.ar

Resumen Este trabajo intenta analizar algunos aspectos centrales de la formación en el área de Estado, administración y políticas públicas, tanto en el ámbito científico-académico como en la propia esfera estatal. Asimismo, establece algunas de las tensiones en la relación entre Estado y sociedad, y los criterios de conformación del empleo público. Por último, señala algunos aspectos a futuro para establecer una adecuada articulación entre estas esferas. Abstract This paper attempts to analyze some central aspects of training in the area of state administration and public policy in the academia and in state sphere as well. The article tries to establish some of the tensions in the relationship between State and society, and the criteria shaping of public employment. Lastly points out some aspects in the future to establish proper coordination between these areas

Estudios y artículos

Introducción La formación en el ámbito del campo de estudios sobre el Estado, la administración y las políticas públicas se ha desarrollado de manera sostenida, aunque desigual, en América Latina durante los últimos treinta años. El incremento de los espacios de formación de posgrado, los proyectos de investigación específicos reconocidos sobre la temática y la realización de programas de gobierno tendientes a la capacitación de los funcionarios públicos demuestran, claramente, un crecimiento en términos cuantitativos (Oszlak, 1997; Cardozo y Bulcourf, 2016; Bulcourf et al., 2013). Podemos sostener a grandes rasgos que la formación, la investigación y el desarrollo de capacidades específicas en estos temas se han realizado por dos grandes vías: 1) la conformación de la comunidad científico-académica universitaria y 2) la formación de las burocracias públicas, principalmente, en el ámbito de la Alta Gerencia Pública y los centros vinculados a esta. Si bien existieron vasos comunicantes entre ambos ámbitos que generaron espacios de interacción, muchas veces los criterios disímiles han impedido una retroalimentación 16

positiva. Intentaremos iniciar un conjunto de reflexiones orientadas a la construcción de espacios de trabajo que permitan una adecuada articulación entre los campos señalados.

El Estado en tensión: empleo público y puja redistributiva En los países de América Latina y, principalmente, en aquellos de mayor tamaño, las burocracias públicas se han incrementado de manera sostenida, y el Estado se convirtió en un agente central en la formación del empleo. La necesidad, los tipos y la distribución del empleo público han sido ampliamente discutidos, dados los elevados costos económicos y el modelo de relación entre Estado y sociedad que se genera. Desde hace más de sesenta años, hemos asistido a la oscilación entre modelos tecnoburocráticos y populistas que han generado flujos y reflujos en la cantidad y la orientación del espacio laboral, y les han señalado roles muy diferentes al Estado y a su intervención en la sociedad, que articula la distribución secundaria de la renta (Isuani, 1991).

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En la última década, los llamados neopopulismos se han caracterizado por un marcado incremento de las burocracias públicas, lo que transformó el Estado en el principal creador de trabajo. Esto genera un debate tanto académico como político en torno a la necesidad, la oportunidad y los sistemas de incorporación al aparato estatal. Lo cierto es que el espacio público se ha convertido en un punto nodal de la tensión redistributiva de las sociedades al ser una válvula de escape a la incapacidad del mercado para incorporar nuevos sectores al mundo del trabajo. La sucesión de gobiernos genera nuevas y diversas capas de empleados públicos que obedecen a lógicas partidistas propias que tratan de generar incentivos positivos para promover la pertenencia, generar apoyos y sostener la militancia. Generalmente, esta arena de disputas entra en conflicto con la lógica de construcción de cuerpos burocráticos autónomos que tienen una carrera administrativa con criterios claros de incorporación, capacitación, permanencia y promoción. Esto precariza el propio empleo público e impide la adopción, la imple-

mentación y la evaluación de las políticas públicas en forma eficaz y eficiente (Iacoviello et al., 2003; Iacoviello y Chudnosvsky, 2015). Un enorme debate se cierne sobre esta problemática. El Estado aparece como el principal garante de la inclusión de sectores —sobre todo, de las clases medias— a la actividad económica rentada en sociedades que, debido al tipo de su producción exportadora, al tamaño de su mercado interno y a la tecnologización de la producción, no poseen un mercado laboral inclusivo. La relación entre Estado y mercado, por un lado, y la necesidad de construir cuerpos burocráticos estables y eficientes, por el otro, implican procesos de reformas estructurales con costos diversos que hacen de la modernización del espacio público un requerimiento central que debe incorporar esquemas de acuerdos políticos profundos y coordinados.

“En los países de América Latina (…), las burocracias públicas se han incrementado de manera sostenida, y el Estado se convirtió en un agente central en la formación del empleo”

Formación en administración y políticas públicas: hacia una lógica de confluencia La dinámica de las relaciones sociales han adquirido 17

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una enorme complejidad que requieren conocimientos especializados y estrategias de acción para lograr la adopción y la implementación de políticas públicas que den solución a problemas, por un lado, estructurales y, por el otro, novedosos y específicos. La necesidad de contar con estudios previos rigurosos y sistemas de evaluación dinámicos hacen que el conocimiento experto sea central en el proceso de políticas (Del Tronco, 2016; Roth Deubel, 2016). Un horizonte de políticas públicas basadas en consensos amplios, junto con una planificación acordada, es una herramienta fundamental para los gobiernos que deben dar cuenta de demandas cada vez mayores por parte de la ciudadanía y disponen de escasos recursos para darles solución. Esto nos obliga a construir un campo de trabajo entre el ámbito estatal y el científicoacadémico. Universidades y centros de investigación son los proveedores óptimos de los conocimientos necesarios para poder adoptar las decisiones políticas. En este sentido, se requiere trabajo en equipo, ya que es necesario tener objetivos claros a la hora de realizar investigacio18

nes sobre problemas específicos, como así también poder interpretar los resultados de estas investigaciones. Los gobiernos deben adoptar un fundamento sistemático de organización del aparato estatal con su correspondiente basamento legal. La carrera administrativa debe ser clara, principalmente, en su estructura, sistema de ingreso, formación y capacitación constantes y específicas y, sobre todo, criterios de promoción y ascenso (Dieguez y Gasparín, 2016). La precarización del empleo público atenta directamente contra la calidad de las políticas públicas. El logro de un sistema transparente y respetado de estructura de las burocracias públicas requiere la construcción de consensos entre las fuerzas políticas, los sindicatos y demás organizaciones de la sociedad civil interesadas en estos problemas. Una compleja cartografía de colores y texturas expresan nuestras sociedades en este entrado siglo xxi; la lógica política debe poder procesarlas. El ámbito de la formación y la capacitación en administración y políticas públicas no es ajeno a estos proble-

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mas. Aquí también se requiere la coordinación de ambos sectores. La universidad es la principal proveedora de los futuros integrantes de las áreas de la Alta Gerencia Pública. Esto hace que la formación de grado y posgrado realice profundas reformas incorporando nuevas formas de articular el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los denominados estudios de caso y de la realización de pasantías correctamente monitoreadas. La formación de los investigadores científicos en los problemas en cuestión debe coordinarse con los objetivos generales y específicos del tipo de conocimiento experto que se requiere para la toma de decisiones (Oszlak, 2014). La reflexividad y la crítica deben ser centrales para la formación en estos campos, donde muchas veces se han traspolado modelos de los países centrales sin una debida adecuación a los problemas y a la realidad de la Región (Fontaine, 2015). En cuanto al Estado, sus ámbitos de formación y capacitación también deben expresar con claridad el modelo de servicio civil que se adopta, el cual debe brindar un sistema de cursos, talleres

y seminarios que permitan modernizar los criterios de formación. Esto también implica relevamiento, estudio y análisis de los conocimientos y las capacidades estatales específicas que se requieren para cada área y puesto de trabajo. La selección de los docentes y profesores debe exigir, además de los saberes específicos, una adecuada experiencia en el conocimiento y, a veces, práctica y ejercicio en la propia esfera estatal.

“La universidad es la principal proveedora de los futuros integrantes de las áreas de la Alta Gerencia Pública”

Un aspecto central también es la dimensión ético-normativa; los problemas endémicos de corrupción están fuertemente vinculados a esta deficiencia estructural. Esto no solo es una cuestión de saberes, sino de un compromiso político donde los organismos de control y los propios agentes sociales son fundamentales para la construcción de un Estado abierto e inclusivo. Evidentemente, la reforma del Estado no puede ser pensada sin su articulación con otros espacios sociales que son fundamentales para la difícil tarea de construir el proceso de toma de decisiones de una sociedad compleja y diversa.

Estudios y artículos

Referencias bibliográficas Bulcourf, P.; G. Dufour y N. Cardozo (2013). “Administración y políticas públicas en la Argentina: una revisión histórica”. En Perspectiva sobre el Estado, las políticas públicas y la gestión, 1, (1). Cardozo, N. y P. Bulcourf (2016). “El desarrollo institucional de la Administración y Políticas Públicas en Argentina. Un estudio de la enseñanza desde el proceso democratizador hasta nuestros días. En Estudios políticos, 49. Del Tronco, J. (2016). “La evaluación como instrumento de política pública”. Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno, 4. Diéguez, G. y J. Gasparín (2016). “El rompecabezas del empleo público en Argentina: ¿Quiénes hacen funcionar la maquinaria del Estado?”. En Documentos de políticas públicas, 162. Área de Estado y Gobierno, Programa de Gestión Pública. Buenos Aires: CIPPEC. Fontaine, G. (2015). El análisis de políticas públicas. Conceptos, teorías y métodos. Madrid: Anthropos FLACSO-Sede Ecuador. Iacoviello, M. y M. Chudnovsky (2015). La importancia del servicio civil en el desarrollo de capacidades estatales en América Latina. Corporación Andina de Fomento. — M. Tommasi y L. Zuvanic (2003). “Politización, estrategia y cultura burocrática: áreas de abordaje para la reforma del servicio civil en Argentina”. Ponencia presentada en el VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Panamá, del 28 al 31 de octubre. Isuani, E. (1991). “Bismarck o Keynes ¿quién es el culpable?: notas sobre la crisis de acumulación”. En Isuani, E., R. Lo Vuolo y E. Tenti. El Estado de Bienestar: crisis de un paradigma. Buenos Aires: CIEPP/Miño Dávila. Oszlak, O. (2014). “Políticas públicas y capacidades estatales”. Forjando, 5, (III). — (1997). “La administración pública como área de investigación: la experiencia de Argentina”. Ponencia presentada en el II Congreso del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública. Isla de Margarita, octubre. Roth Deubel, A. (2016). “Del juego de troncos a la gobernanza colaborativa: una muy breve historia de la administración pública”. En Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno, 1.

Estudios y artículos

por Nahuel Oddone Doctor en Estudios Internacionales.

Cadenas de valor en la Argentina: notas para una política comercial inteligente* Resumen El artículo propone reflexionar sobre la articulación productiva (encadenamientos) de la Argentina a partir de las necesidades de los sectores nacionales y el fortalecimiento de las cadenas de valor en un contexto de innovación tecnológica y cambios en los mercados. Lograr una mejor inserción internacional del país no podrá conseguirse sin una transformación productiva competitiva y la consolidación de las cadenas regionales. Abstract This article reflects on the productive articulation (linkages) of Argentina from the needs of national sectors and the strengthening of different value chains in a context of technological innovation and markets’ changes. Achieve a better international insertion of the country cannot be accomplished without a competitive productive transformation and the consolidation of regional chains.

Una versión anterior de este artículo fue publicada en la Revista PUENTES. Análisis y noticias sobre comercio internacional y desarrollo sustentable, 17, (2). Ginebra: Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible, 2016.

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La relevancia de las cadenas de valor Afianzar la participación argentina en las cadenas globales de valor y reconstruir las cadenas nacionales son dos metas clave que no pueden desligarse de la nueva política comercial; sobre todo, cuando los precios de las materias primas han caído; Brasil, el principal socio comercial de la Argentina en el MERCOSUR, se encuentra en crisis, y la demanda china ha disminuido para toda la Región. El desafío es cómo construir ventajas comparativas dinámicas y reposicionar al país en un contexto en el que, por un lado, disminuya la heterogeneidad estructural de la economía nacional, es decir, la coexistencia de sectores y empresas altamente productivos con otros de baja productividad; y, por el otro, consolidar la cohesión social Según datos de UNCTAD (2013), cerca de un 80 % de las exportaciones mundiales de bienes y servicios —medidas en valor bruto— corresponde al comercio en cadenas de valor asociado a la participación de empresas multinacionales y resultado de la fragmentación geográfica de la producción iniciada en los ochenta. En el período 1995-2008, se 22

observó una disminución del valor agregado doméstico en, aproximadamente, el 85 % de los productos exportados mundiales, lo que respalda la importancia de las cadenas globales de valor (CEPAL, 2015). Dicho de otro modo, cada vez se necesita importar más bienes intermedios para poder exportar otros bienes intermedios o finales. Del mismo modo, progresivamente, tienen más peso los factores productivos del capital y el trabajo de alta calificación en la generación de dicho valor agregado por sobre el trabajo no calificado. Para considerar la relevancia de las cadenas de valor, vale la pena repasar algunas características como 1) su estrecha relación con la inversión extranjera directa (en adelante, IED), sobre todo, para aquellas de carácter global; 2) el intenso intercambio de bienes intermedios; 3) el aumento del contenido importado de las exportaciones, casi un 30 % del valor bruto de las exportaciones mundiales de bienes y servicios se correspondió con el contenido importado en 2010; 4) el papel fundamental que cumplen los servicios, muchos de los cuales se incorporan como insumos a los bie-

“… cada vez se necesita importar más bienes intermedios para poder exportar otros bienes intermedios o finales”

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nes finales comercializados; y 5) la mayor agregación del valor radicada en las actividades intensivas en conocimiento como diseño e investigación. A su vez, de estas características, se deriva una serie de preguntas fundamentales para la Argentina: ¿Cómo convertirse nuevamente en un país que atraiga IED sin costos de equidad y cohesión social? ¿Cómo realizar las modificaciones legislativas necesarias que permitan el fortalecimiento de las cadenas de valor existentes si se comprende que el contenido importado es un factor clave de competitividad de las exportaciones? ¿Cómo desarrollar un sólido entramado de servicios profesionales y de soporte que permita el escalamiento en las cadenas de valor? ¿Cómo fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo así como su distribución en el territorio nacional para evitar el surgimiento de nuevas asimetrías a fin de mejorar la generación, la apropiación y la distribución del contenido local en el valor agregado total de un producto exportado?

La Argentina de cara a una nueva etapa Un factor de competitividad fundamental de la política comercial actual tiene relación con la capacidad de las empresas locales para complementar su producción con insumos de alta calidad provenientes de otros países. De hecho, el auge de las cadenas globales de valor ha fortalecido algunos argumentos económicos contra la protección de las importaciones. La capacidad para exportar con éxito hacia los mercados internacionales de mayor demanda depende crecientemente de la capacidad para importar insumos que disminuyan los costos de producción. La participación en cadenas de valor permite el acceso a nuevas tecnologías, habilidades empresariales y redes de innovación que tienden a incrementar la productividad y deberían mejorar la calidad del empleo y de los salarios. Esto es fundamental para la Argentina, dada la pérdida de competitividad de sus salarios por la inflación y la situación macroeconómica. Además, las cadenas contribuyen a la internacionalización del empresariado nacional, especialmente de las 23

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pequeñas y medianas empresas (en adelante, PyME), ya sea por medio de exportaciones directas o indirectas. En este contexto, la adquisición de conocimientos especializados suele ser un punto de atracción fundamental para los encadenamientos locales junto con el paquete de servicios ofrecido para atraer IED. Entre 1995 y 2008, la importancia del trabajo calificado en el valor agregado mundial aumentó para el 92 % de las actividades productivas, mientras que la participación del trabajo no calificado decayó en la mayoría de ellas. La relevancia que ha tenido China como socio comercial para la Argentina, especialmente marcada a partir de la importación de materias primas, se vio afectada por el reposicionamiento de la potencia asiática hacia el consumo interno. Este escenario plantea un fuerte desafío en materia de IED y exportaciones, que podría ser difícil de suplir en el contexto sudamericano. Al respecto, cabe preguntarse si es posible lograr una diversificación productiva y exportadora con base en el mercado regional y cómo lograr que 24

el comercio intrarregional de Sudamérica —a 25 años del Mercosur y a más de 35 de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)— se incremente aún más, ya que, en comparación con el comercio intrarregional europeo y asiático, los datos para América del Sur siguen siendo relativamente bajos. A modo de ejemplo el comercio intraMERCOSUR constituye el 15% según datos de 2012, el de la Unión Europea 62%, en el Tratado de América del Norte el 49% y en Asia cerca del 50%. En este sentido, vale la pena revisar la creación de reglas de origen regionales, dado que un objetivo compartido por los gobiernos es promover la creación y el desarrollo de encadenamientos productivos plurinacionales que permitan avanzar gradualmente hacia una plena acumulación de origen regional (CEPAL, 2014). Este proceso podría ir de la mano con la implementación de nuevas medidas de facilitación del comercio que beneficien tanto a las grandes empresas como a las PyME exportadoras y estimulen de manera decidida la internacionalización de aquellas que aún no lo han hecho. En América Latina, sigue siendo relativamente bajo el porcentaje de

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PyME exportadoras en comparación con otras regiones del mundo, por lo que es urgente generar nuevas condiciones de competitividad para su internacionalización. Es oportuno recordar que las PyME latinoamericanas presentan, en promedio, salarios más elevados y productividades más reducidas que las de las economías asiáticas. Por consiguiente, en términos de competitividad, el desafío principal de la Argentina radica en cómo aumentar la productividad sin afectar los salarios en tanto se frena la tendencia inflacionaria que ha presentado la economía en los últimos años.

La definición de una política comercial La complejidad de la agenda comercial a la que se enfrenta actualmente el país hace necesario una aproximación sistémica sobre la base del fortalecimiento de los factores productivos existentes, el diálogo público-privado y los avances en materia de investigación y desarrollo. La política comercial de la Argentina necesita una cuidadosa planificación y organización

que identifique sectores estratégicos y articulaciones centradas en la manufactura de media y alta tecnología, la manufactura intensiva en diseño e innovación y los servicios intensivos en conocimiento, los que deberían estar distribuidos a lo largo de todo el tejido nacional a partir de la creación de capacidades subnacionales y alianzas público-privadas. Sin lugar a dudas, la agroindustria seguirá siendo un sector importante, así como los sectores de autopartes y metalmecánico, y la explotación minera, siempre discutida en el país. En materia de servicios intensivos y de creatividad, la industria cultural de la Argentina y el diseño de software y de aplicaciones móviles, con importante desarrollo a escala subnacional en el interior del país, continuarán en el centro de atención.

“… las tendencias demuestran que el mayor valor agregado proviene del capital y del trabajo con base en la especialización de alta calificación”

No deben desconocerse los factores de competitividad ligados a los recursos naturales, empero las tendencias demuestran que el mayor valor agregado proviene del capital y el trabajo con base en la especialización de alta calificación. La participación del trabajo de baja calificación en el valor agregado, sobre todo 25

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en materias primas, decrece en los países de ingresos medios y altos. El diseño de una nueva política productivo-comercial requiere acuerdos políticos entre el Gobierno federal y las provincias que permitan atraer IED y estimular la inversión privada nacional en sectores estratégicos que, en el largo plazo, diversifiquen la matriz productiva. Probablemente, estas inversiones no se realicen sin una relativa estabilidad macroeconómica, una disciplina fiscal y la creación de un conjunto de talentos arraigados territorialmente que permitan incrementar la inversión productiva. Asimismo, un escenario de estabilidad interna puede constituir la base para el diseño y la articulación de cadenas de valor transfronterizas y regionales que favorezcan el aumento del comercio intrarregional, la operación de normas de origen regionales y el crecimiento de las exportaciones globales, lo que reavivaría el interés del ciudadano por la integración regional. Un paso fundamental en este sentido es el fin de las restricciones a los intercambios recíprocos en el MERCOSUR. 26

Como ha sucedido en otros temas del Bloque, no llamaría la atención una creciente bilateralización de las relaciones a nivel intrarregional, donde los países deciden avanzar en una transformación productiva a partir de la generación de nuevas cadenas de valor. Más allá del hecho de que Brasil representa el destino para el 37,8 % de las exportaciones argentinas, su situación coyuntural podría provocar una mayor integración comercial de la Argentina con Paraguay, Uruguay y Chile. En este contexto, deberá evaluarse el avance de las negociaciones MERCOSUR-Unión Europea, así como el tipo de diálogo y vínculo con los países de la Alianza del Pacífico, es decir, la ya famosa convergencia en la diversidad. Casi de manera ontológica, deberá reflexionarse sobre cómo se posicionarán la Argentina y el MERCOSUR frente a la conformación de mega-bloques, como el Acuerdo

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de Asociación Transpacífico (por sus siglas en inglés, TPP,) y el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (por sus siglas en inglés, TTIP), que merecen un análisis profundo, ya que, probablemente, constituyan una nueva tendencia que podría cambiar la lógica del comercio mundial. Situación que emergerá claramente después de las próximas elecciones en los Estados Unidos. En cuanto a los vínculos internacionales, todo aparenta indicar que la Argentina desarrollará una política de inserción que no tenga condicionamientos ideológicos. Sin poner en peligro este objetivo, es oportuno no repetir dos errores del pasado: 1) no perder los escenarios regionales por la proyección global; no se trata de escenarios mutuamente excluyentes, ya que la proyección global es desde la propia región; y 2) tener en cuenta los mecanismos a través de los cuales un actor internacional corrige la imagen de imprevisibilidad. Las señales de alto contenido simbólico suelen agotarse rápidamente en el tiempo, y la administración actual y las venideras deben ser conscientes de ello.

Crear condiciones para fortalecer las cadenas de valor A la luz de lo anterior, no puede detenerse la inversión en infraestructura y en conectividad física y digital de la Región. En la pasada década, América del Sur avanzó en materia de infraestructura gracias a la Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) –enlazada en la actualidad con la estructura del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (COSIPLAN). No obstante, la insuficiencia de los montos que América Latina y el Caribe destinan a su infraestructura económica queda en evidencia al proyectar las necesidades de los próximos años. De acuerdo con las estimaciones de la CEPAL, la Región debería invertir anualmente en torno al 5,2 % de su Producto Interno Bruto (en adelante, PIB) entre 2006 y 2020 para satisfacer los requerimientos derivados de su crecimiento económico proyectado. Si el objetivo es cerrar la brecha hacia 2020 en el acervo de infraestructura per cápita existente en 2005 entre la región y un grupo de

“… debería reflexionarse sobre cómo se posicionarán la Argentina y el Mercosur frente a la conformación de megabloques, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico… y el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión…, ya que, probablemente, constituyan una nueva tendencia que podría cambiar la lógica del comercio mundial”

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economías de alto crecimiento del Asia Oriental, la inversión anual requerida se eleva a un 7,9 % del PIB en el mismo período, esto es, cuatro veces el gasto medio registrado en el período 2007-2008. Además, para mantener una política comercial exitosa, la Argentina debe capturar una parte importante del valor agregado creado en las cadenas productivas que permita reflejarlo en su contribución al PIB. La captura del valor es un elemento fundamental que debe tenerse en cuenta al momento de analizar los beneficios de las inversiones privadas realizadas, sobre todo, si se consideran las repatriaciones de capitales de algunas empresas multinacionales. Desafortunadamente, la difusión de las tecnologías, la creación y el arraigo de capacidades, así como el escalamiento social no son automáticos en las economías nacionales. Sin embargo, son fundamentales en el crecimiento económico y la cohesión socio-territorial

de un país. Para capturar los beneficios del valor agregado, la Argentina necesita seguir invirtiendo en innovación, investigación y desarrollo tanto desde el sector público como privado. El actual gobierno se encuentra ante el desafío presupuestario de sostener y potenciar las inversiones públicas dentro del sistema nacional de innovación. Consolidar la transformación productiva y tecnológica en la Argentina contemporánea es la base de la nueva política comercial y de atracción de inversiones.

Referencias bibliográficas CEPAL (2015). Espacios de diálogo y cooperación productiva: el rol de las pymes. Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL y Fundación EU-LAC. — (2014). Integración regional: hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas. Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL. UNCTAD (2013). Global Value Chains and Development. Investment and Value Added Trade in the Global Economy [en línea]. Disponible en <http://unctad.org/en/ publicationslibrary/diae2013d1_en.pdf> [Consulta: 17 de agosto de 2016].

Reseñas

El directivo público hoy. Contexto, roles y desafíos Roy Roger Ferret - Nelson Guzmán Betancourt Serie de Publicaciones, SERVICIO CIVIL, N.o 3, abril de 2015. Gobierno de Chile. 80 páginas.

Karina Nieto Los directivos públicos ejercen su función en un determinado escenario, por lo tanto, deben interactuar con diversos actores y grupos de interés. En este sentido, los autores del citado libro, describen las principales características del contexto actual de las políticas públicas en Chile. Entienden que las particularidades del entorno social, político e institucional son condicionantes del tipo de rol que llevan a cabo los altos directivos públicos. El desarrollo del presente trabajo ofrece un análisis de las funciones que el directivo público debe cumplir amalgamando el conjunto de valores deseables del agente de alta dirección de cara a los desafíos vigentes. Dentro de las habilidades anheladas para un perfil directivo en el marco del ámbito estatal, se destacan la capacidad de resolución de conflictos y la posibilidad de identificar relaciones institucionales y contextuales, en tanto cuestiones favorables a la consecución de objetivos políticos.

A su vez, para el adecuado desarrollo de la gestión pública, se necesitan determinados marcos autorizantes que habiliten la implementación programática de iniciativas. Asimismo, para crear valor público, no será suficiente un desempeño eficiente del rol directivo, sino que se requiere la legitimización de la gestión por parte de los ciudadanos y de la opinión pública. Al directivo le corresponde, entonces, no solo dirigir su área, sino también promover un entorno que contribuya a la ejecución de las políticas públicas definidas. Para este ámbito de acción, adquieren relevancia cualidades, como el liderazgo, la negociación y la comunicación.

Reseñas

El valor estratégico de la gestión pública. Trece textos para comprenderla Mariana Chudnovsky (comp.) - Carlos Acuña (coord. de la serie) Corporación Andina de Formación (CAF) - Banco de Desarrollo de América Latina. 688 páginas. ISBN: 978-980-7644-87-7 Silvio Castro Desde su comienzo en el año 1972, la misión del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) ha sido promover el análisis y el intercambio de prácticas y saberes en torno a la reforma y la modernización del Estado. Con el objeto de difundir herramientas eficaces que contribuyan al avance de los gobiernos iberoamericanos, esta publicación compila veinte ponencias presentadas en algunas ediciones de los congresos que se organizan en forma anual. Los ensayos brindan ciertas pautas para pensar el fortalecimiento de las capacidades estatales tanto desde una perspectiva académica como desde la experiencia institucional de los diversos gobiernos. En ese sentido, la selección versa, principalmente, sobre temas de administración y política pública, formación y capacitación de funcionarios, innovación y transparencia en instituciones públicas, partici-

pación ciudadana y desarrollo de liderazgos en materia de gestión estatal. Estos artículos no solo abordan la agenda de la profesionalización en los países de la región, sino que, además, representan una línea evolutiva de las cuestiones debatidas en este ámbito.

Programas y proyectos II Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto

La Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Modernización presentaron el II Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. A partir de este nuevo Plan, el Estado argentino asume compromisos de transparencia de gestión ante la Alianza para el Gobierno Abierto para el período 2015-2017.

Con la presentación de este segundo Plan, se cumple el compromiso asumido con la Alianza de Gobierno Abierto de continuar trabajando para avanzar en una estrategia nacional de Gobierno Abierto que permita mayor transparencia en los procesos públicos.

En el lanzamiento, se presentaron los 15 compromisos que habían sido creados en conjunto entre los participantes del ciclo de trabajo denominado Mesas Temáticas de Gobierno Abierto, impulsado por la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto, del Ministerio de Modernización. Los compromisos comprenden diferentes áreas y acciones, como la federalización de las prácticas de Gobierno Abierto, el fortalecimiento del portal de Datos Públicos, la publicación de pedidos de información pública y una plataforma para la participación ciudadana de la Justicia. De esta forma, se amplía el rango de acción, incluyendo a otros poderes del Estado.

Programas y proyectos Primer Taller de Gestión por Resultados

La Dirección de Formación en Políticas Públicas, dependiente de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público, realizó el Primer Taller de Gestión por Resultados para la Alta Dirección Pública. El taller, desarrollado por la Escuela Superior de Gobierno, constó de dos etapas. El primer día, estuvo destinado a directores, coordinadores y autoridades de distintos ministerios y organismos descentralizados del Estado nacional. La segunda jornada constó de un taller de trabajo para funcionarios provinciales. En ambos casos, el dictado estuvo a cargo de Roberto García López, secretario ejecutivo de la Comunidad de Profesionales y Expertos de América Latina y el Caribe en Gestión para Resultados en el Desarrollo (CoPLACGpRD). Estas jornadas apuntan a abordar avances y desafíos en términos de planificación y presupuesto a partir de la Gestión por Resultados (GpR). El desarrollo de este tipo de actividades permite cumplir con dos de los objetivos estratégicos de la Escuela Superior de Gobierno: 32

fomentar el debate y el intercambio de ideas sobre las principales cuestiones de la formación y la gestión pública junto con académicos, funcionarios y expertos en la materia, y difundir las mejores prácticas y experiencias referentes a la gestión, capacitación y formación de la Alta Dirección Pública.

Agenda

EVENTOS 2016 I Foro Abierto de Ciencias América Latina y el Caribe 6 al 9 de septiembre de 2016 CILAC - Montevideo, Uruguay SEP http://forocilac.org/ ............................................................................................................................ 6 al 9

12 al 15

SEP

Congreso Nacional e Internacional sobre la Democracia 12 al 15 de septiembre de 2016 Universidad Nacional de Rosario - Rosario, Argentina http://www.fcpolit.unr.edu.ar/congreso/

........................................................................................................................... Congreso IIAS – IASIA 20 al 23 de septiembre de 2016 20 al 23 International Institute of Administrative Sciences (IIAS) – International Association SEP of Schools and Institutes of Administration (IASIA) http://iias-iasia-congress2016.org/ ............................................................................................................................ 8 al 11

NOV

XXI Congreso Internacional sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública 8 al 11 de noviembre de 2016 CLAD - Santiago, Chile http://www.clad.org/congresos/xxi-congreso

............................................................................................................................ 16 al 18

NOV

X Cumbre Mundial de Comunicación Política 16 al 18 de noviembre de 2016 Cumbre de Comunicación Política - Quito, Ecuador http://www.cumbre2016.com/g/

Colaboraciones Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno Los trabajos con pedido de publicación deben ser remitidos a la revista Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno mediante comunicación electrónica a escueladegobierno@modernizacion.gob.ar, con copia a formacion@modernizacion.gob.ar. En todos los casos, deben ser trabajos originales o inéditos, que no hayan sido enviados para su publicación a otras revistas. Se podrán presentar artículos y reseñas en idioma castellano y portugués. Todas las contribuciones recibidas serán evaluadas preliminarmente por la dirección y la secretaría de redacción de la Revista, y aprobadas acorde a su pertinencia temática y requisitos formales. El proceso de selección durará, como mínimo, entre uno y seis meses; y, una vez finalizado, el comité de la revista se pondrá en contacto con el autor o los autores para comunicar la decisión de publicación. Los editores no están obligados a mantener ningún tipo de comunicación con aquellos que hayan enviado sus trabajos, salvo que estos sean efectivamente publicados. En caso de sugerencias y correcciones, los autores deberán dar cuenta de estos. El envío de un artículo a la revista Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno implica la cesión de los derechos de autor para que este pueda ser editado, reproducido o difundido públicamente con fines exclusivamente científicos, académicos o culturales. Para la presentación de los trabajos, se deberán observar los siguientes criterios: 1. Deben ser enviados a ambas direcciones electrónicas. 2. Los artículos no deben exceder los 13 000 caracteres (con espacios incluidos), y las reseñas bibliográficas, los 500. Esto incluye resúmenes y referencias bibliográficas. 3. Todos los trabajos deben presentarse en programa Word, con letra Times New Roman, número 12, a espacio sencillo. Se utilizará hoja tipo A4 con margen superior de 3 cm; inferior, 2,5 cm; izquierdo, 2,5 cm y derecho, 2.5 cm. 4. Los artículos deberán estar acompañados con una foto de cara de cada uno de los autores con definición mínima de 300 DPI en JPG. Asimismo, las reseñas bibliográficas deberán ser enviadas con una foto de la tapa del libro con la misma definición. 5. El título deberá estar alineado a la izquierda en negrita y con letra Times New Roman, número 14. Los nombres y apellidos del autor o de los autores se expresarán de igual forma, pero en letra itálica (en caso de ser dos, la “y” entre estos estará en cursiva, y, si son más de dos, habrá comas entre ellos hasta el último, donde se ubicará la “y”). 6. Toda aclaración con respecto al trabajo, así como la pertenencia institucional del autor o de los autores y su dirección electrónica, deben consignarse mediante asterisco (y doble asterisco si fuese necesario) desde el título o el nombre del autor al pie de la primera página. 7. Las citas aclaratorias deberán ir al final del texto y no podrán superar el número de cuatro. 8. Las referencias bibliográficas deberán seguir preferentemente el formato americano: apellido del autor, año y número de página luego de dos puntos para los casos de citas textuales. Por ejemplo: Varios países latinoamericanos son casos de democracia delegativa (O’Donnell, 1997). “El presidente es considerado la encarnación de la nación y el principal definidor y guardián de sus intereses” (O’Donnell, 1997: 293). 9. En el apartado bibliográfico, las referencias deben observar el siguiente orden, separado por comas: apellido

Colaboraciones del autor, letra inicial del nombre del autor, año (entre paréntesis), título de la obra (entre comillas si es un artículo; en itálica si se trata de un libro o título de una publicación), volumen, tomo, etc., lugar de edición y editorial. Por ejemplo:

Para libros y capítulos de libros: Bourdieu, P. (2008). Homo academicus. Buenos Aires: Siglo XXI. O’Donnell, G. (1997). “¿Democracia delegativa?”. En O’Donnell, G. Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós. Gutiérrez Márquez, E. (2013). “La ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM”. En Reveles, F. (coord.). La Ciencia Política en México hoy: ¿Qué sabemos? México: UNAM y Plaza y Valdés. En caso de titularidad por parte de organizaciones, se pondrán los nombres en mayúsculas. ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Para revistas: Altman, D. (2005). “La institucionalización de la ciencia política en Chile y América Latina: una mirada desde el sur”. Revista de Ciencia Política, 25, (1). En este caso, el “25” corresponde a número de la revista, y el “(1)”, al volumen. .............................................................................................................................................................................................................................................................

Para participaciones en eventos científicos: Rocha, C. (2012). “La ciencia política en Uruguay (1989-2009). Un estudio de los temas, teorías y metodologías predominantes en la investigación y la enseñanza en el Instituto de Ciencia Política”. Ponencia presentada en el IV Congreso Uruguayo de Ciencia Política. Noviembre, Montevideo. ............................................................................................................................................................................................................................................................. 10. La bibliografía obtenida en espacios virtuales deberá consignarse con su sitio correspondiente junto con la fecha de consulta: XXXXXXXXXX. Disponible en <www.xxxx.xxxx.xx>. [Consulta: 25 de julio de 2016]. 11. Todos los artículos deberán estar acompañados por un resumen en castellano y otro en inglés, de hasta 100 palabras cada uno. En caso de tratarse de un artículo en portugués, se agregará un resumen en castellano. 12. Los cuadros, diagramas e infogramas realizados en otros programas deberán ser enviados en archivos aparte. Se deberá señalar específicamente el lugar en el cuerpo del texto donde deberán colocarse. En la medida de lo posible, se deben utilizar programas generalizados y compatibles con Word. Cada elemento deberá contar con su propio archivo. Incluyendo los cuadros, el artículo no podrá superar las 4 páginas en el formato antes mencionado. Los editores no están obligados a mantener ningún tipo de comunicación con aquellos que hayan enviado sus trabajos, salvo que estos sean efectivamente publicados.