mentaria y, dentro de él, la población infantil, madres y adultos mayores. Para cambiar la situación actual, de manera sustantiva, es necesario que las políticas públicas se alineen bajo ese propósito. Para abatir la carencia alimentaria, al tiempo que se impulsen acciones de empleo e ingreso para los grupos de menores ingresos, y que se atienda a la población en condiciones de vulnerabilidad social y desamparo, se fortalecerán las políticas de abasto que amplíen la oferta de productos básicos y medicinas en puntos de venta en las zonas urbanas pobres, fuera de la oferta comercial de alcance popular, que permita, con esquemas de participación comunitaria, apoyar la economía familiar. Una verdadera política universal de asistencia y protección social
Para permitir que personas pobres en condición de vulnerabilidad social se integren plenamente al bienestar, se revisarán las acciones y responsabilidades de atención a grupos vulnerables, a fin de que se consideren como parte de una estrategia amplia de desarrollo social, no solamente desde la óptica de la salud. El 7% de los hogares tiene a alguna persona con discapacidad. Este grupo social se ha visto relegado históricamente de la atención del Estado. Además de la rehabilitación, se requiere una política de empleo para ellos a través de incentivos fiscales. Se debe incrementar la infraestructura urbana que permita su libre acceso e incorporación a la convivencia social. Debe fortalecerse una cultura de respeto y no discriminación, con una amplia participación social. La transición demográfica incrementa la población de adultos mayores, por lo que las políticas públicas deben reforzar el cuidado de su salud, ingreso, acceso a una ocupa | p ro g r a m a pa ra m e'xico
ción y posibilidades para la socialización y esparcimiento. Es necesario arraigar una cultura del envejecimiento y promover una actitud social de respeto y solidaridad hacia la población en edad plena, cuya experiencia en distintos campos de actividad es valiosa para las nuevas generaciones. Fortalecer las instituciones y los instrumentos de la política social
Para asegurar la exigibilidad jurídica de derechos, el ejercicio descentralizado del gasto, el desempeño federalista de los delegados en las entidades, la evaluación autónoma de los programas, la transparencia del gasto, la organización social y la participación ciudadana, se hará una profunda transformación de la Secretaría de Desarrollo Social. En ese rediseño buscaremos garantizar que cumpla con su misión de coordinación de la política de desarrollo social, de combate a la pobreza, ordenamiento del territorio y desarrollo humano, con respeto pleno a la soberanía de los estados, a la autonomía y atribuciones de los municipios, en la más elevada consideración a la participación ciudadana y la organización social. Se impulsará la consolidación de la autonomía del CONEVAL, a fin de asegurar la independencia de la evaluación de los programas sociales. Se promoverá el fortalecimiento institucional de los municipios a fin de que sean ellos quienes realicen las acciones de infraestructura social básica, dejando atrás la competencia y duplicidad de funciones con la federación. Hay que compactar y coordinar los esfuerzos dispersos, garantizar el derecho ciudadano a la información y la certidumbre institucional sobre los programas y montos a aplicar en cada entidad.