Capítulo 2 | Suportes al desarrollo
L
a actividad de los medios de comunicación de masas siempre ha estado relacionada con el desarrollo tecnológico. Los papiros egipcios, la prensa de Gutenberg, la radio, la televisión e Internet son algunos de los ejemplos que servirían para demostrar que las mejorías técnicas no resultan en absoluto neutras ni imparciales, sino que producen impactos directos – sociales, culturales, políticos y económicos – en el contexto de una sociedad determinada. Como veremos a lo largo de este capítulo, la infraestructura que les sirve de soporte a los medios y los contenidos que producen y que se transmiten a través de ellos constituyen dos elementos que se superponen – aunque sean distintos – sobre el debate relativo a las políticas públicas de comunicación. Haciendo una analogía con los instrumentos de la informática, podríamos afirmar que la infraestructura representa el hardware – o sea, el equipo o soporte físico – que se necesita para que se exhiban o ejecuten los contenidos (software). En este caso, más que implicar tan solo cuestiones de tipo técnico, como las frecuencias del espectro electromagnético y las nuevas tecnologías, la discusión sobre el hardware de la comunicación implica también aspectos políticos y económicos, tales como la existencia o no de concentración de la propiedad y los modelos de constitución del capital de las empresas de los medios de comunicación. En un contexto como este, se hace necesario destacar que, lejos de pretender constituir categorías en forma de compartimentos estancos a la hora de analizar el complejo panorama de las políticas de comunicación, lo que se propone la presente publicación es indicar las principales especificidades de los mecanismos reguladores de la infraestructura (centro de este capítulo) y de los contenidos (tema abordado en el Capítulo 3), además de estudiar las interfaces existentes entre los mismos. Sin embargo, antes de entrar directamente en el asunto que trataremos en este capítulo, ha de recordarse que no es de ahora el hecho de que el Estado decida establecer regulaciones sobre la actividad privada y que tampoco se limita al campo de las comunicaciones. Ciertos elementos, como por ejemplo la estandarización de pesos y medidas, los impuestos o las leyes laborales, componen los marcos regulatorios diseñados por los Estados Nacionales durante los últimos siglos y rigen directamente actividades de lo más diverso, entre aquellas que lleva a cabo el sector privado. Tampoco se pueden ver como novedades otras empresas reguladoras más específicas; la primera agencia reguladora de la que se tiene noticia es la Interstate Commerce Commission, en los Estados Unidos, fundada en 1887. Décadas más tarde, en los años 1930, durante el régimen del New Deal, bajo el mando del presidente Franklin D. Roosevelt, se crearon innumerables agencias reguladoras de sectores específicos, entre las que se encuentra la Federal Communications Commission (FCC), responsable de la regulación de las comunicaciones. Como se verá, la construcción de un ambiente regulador para los innumerables tipos de actividades económicas ha venido siendo una constante en la relación entre el Estado y las empresas, sobre todo con aquellas que presentan unas características determinadas, relacionadas directamente con las denominadas fallas del mercado (se trata de los monopolios u oligopolios y están dotadas de un diferencial de poder, etc.), como quedará claro más adelante.
La complejidad está en la agenda
En el campo de las Ciencias Políticas, una conocida teoría afirma que la sociedad es soberana – o, según la terminología de los teóricos, la “principal” – y el Estado es su agente. Ello significa que, en las democracias representativas, la sociedad se convierte en el soberano último de todo aquello que el Estado 62