aplicación de las Alcabalas, impuesto que ya se pagaba en México y que consistía en el dos por ciento de lo que se vendía en los mercados. Estaban exceptuados del pago de esa alcabala los indígenas, los religiosos y los curas. Esa contribución estaba destinada a equipar una armada que vigile los mares de las Indias y proteja el comercio constantemente amagado por corsarios y filibusteros. El 23 de Julio de 1592 se recibió en Quito tanto la Cédula Real como la Carta del Virrey de Lima que mandaba se cobren las alcabalas. Al día siguiente se reunió el Cabildo para deliberar sobre el asunto y resolvió por unanimidad no aceptar el nuevo impuesto y pedir tanto a la Audiencia como al Virrey la suspensión de tal cobro, alegando que la provincia estaba atrasada y pobre, luego de haber contribuido con gruesas sumas a la defensa de Guayaquil, atacada dos veces por los corsarios, y de haber enviado a S.M. recientemente la enorme suma de 141.000 pesos como donativo gracioso. La Audiencia dispuso que la alcabala se cobre, tanto más que Cuenca y Guayaquil habían aceptado ya el pago; y, llegado el día de la vigencia de la ley, la Audiencia publicó por bando el cobro de la alcabala. La ira contenida del pueblo comenzó a estallar. Clérigos y frailes se pusieron del lado de la Audiencia y el Procurador de la Ciudad, don Alfonso Moreno Bellido, a la cabeza de los ediles y del pueblo enardecido, llega a la casa de la Audiencia. El conflicto entre la Audiencia y Cabildo está declarado. El odio del pueblo se hizo patente. Las corridas autoridades disfrazadas corren a refugiarse en los conventos. El Cabildo de Quito, con mucha decencia, para que no se menoscabe la autoridad, procura contener al pueblo.
Fernando Dobronski Ojeda
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