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América Latina en la Historia Económica Latin America in Economic History

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

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América Latina en la Historia Económica Latin America in Economic History Año 22, núm. 1, enero-abril, 2015

Directora editorial: Guillermina del Valle Pavón

Consejo asesor

Argentina: Jorge Gelman, Universidad de Buenos Aires.

Brasil: Angelo Alves Carrara, Universidade Federal de Juiz de Fora.

Colombia: Salomón Kalmanovitz, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Estados Unidos: Herbert Klein, Columbia University; Eric Van Young, University of California, San Diego.

México: Carlos Sempat Assadourian, El Colegio de México; Marcello Carmagnani, El Colegio de México; Mario Italo Cerutti Pignat, Universidad Autónoma de Nuevo León; Virginia A. García Acosta, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; Inés Herrera Canales, Instituto Nacional de Antropología e Historia; José A. Ibarra Romero, Universidad Nacional Autónoma de México; Leonor María Ludlow, Universidad Nacional Autónoma de México; Carlos Marichal Salinas, El Colegio de México.

Uruguay: Luis Eduardo Bértola Flores, Universidad de la República; Raúl Jacob Dannheisser, Universidad de la República.

Comité editorial

Argentina: Arrigo Amadori, Universidad Tres de Febrero; Guillermo Banzato, Universidad Nacional de La Plata; Marcelo Norberto Rougier Violláz, Universidad de Buenos Aires; Fernando Jumar, Universidad Nacional de La Plata.

Brasil: Carlos Gabriel Guimarães, Universidade Federal Fluminense.

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Colombia: Edwin López Rivera, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Cuba: Oscar Zanetti Lecuona, Academia de la Historia de Cuba.

España: Manuel Bustos Rodríguez, Universidad de Cádiz; José Miguel Martínez Carrión, Universidad de Murcia.

Estados Unidos: Thomas Passananti, San Diego State University; Moramay López Alonso, Rice University.

Francia: Michel Bertrand, Université de Toulouse.

Inglaterra: María Alejandra Irigoin, The London School of Economics and Political Science.

México: Gustavo del Ángel Mobarak, Centro de Investigación y Docencia Económicas; Antonio A. García de León Griego, Universidad Nacional Autónoma de México; Sandra Kuntz Ficker, El Colegio de México; Paolo Riguzzi De Mori, El Colegio Mexiquense; Mario Trujillo Bolio, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; Cecilia Zuleta Miranda, El Colegio de México.

Perú: Carlos Contreras Carranza, Pontificia Universidad Católica de Perú.

Uruguay: María Camou, Universidad de la República.

Consejo interno

Secretaria técnica: Asistente editorial:

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Johanna Von Grafenstein Gareis; Luis Antonio Jáuregui Frías; Alfredo Pureco Ornelas; Enriqueta Quiroz; Ernest Sánchez Santiró.

Adriana Barajas Gómez.

Alberto Ramírez León.

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América Latina en la Historia Económica, año 22, núm. 1, enero-abril, 2015, es una publicación cuatrimestral editada por el © Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, a través de la Coordinación 2-Historia II: Estudios Políticos, Económicos, Sociales y Culturales de la Dirección de Investigación. Calle Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac, Delegación Benito Juárez, 03730, México, D. F., tel. 5598-3777, www.mora.edu.mx. Editora responsable: Dra. María Isabel Guillermina del Valle Pavón. Registrada en el Instituto Nacional del Derecho de Autor con el número de reserva de derechos al uso exclusivo núm. 042014-0725114110700-102. ISSN 1405-2253. Licitudes de título y contenido otorgadas por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación mediante certificados núms.

8684 y 6128, respectivamente. Tipografía y formación: ldg Fabián Díaz Guzmán. Cuidado de la edición: Subdirección de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Madrid 82, Del Carmen, Delegación Coyoacán, 04100, México, D. F., tel. 5554-8946, ext. 3103, alhe@mora.edu.mx. Impresa en los talleres de IEPSA, San Lorenzo Tezonco 244, Paraje San Juan, Delegación Iztapalapa, 09830, México, D. F, este número se terminó de imprimir el día 31 de diciembre de 2014 con un tiraje de 300 ejemplares.

América Latina en la Historia Económica difunde ensayos resultado de investigaciones originales sobre la historia material de América Latina con el propósito de estimular el debate historiográfico, los estudios interdisciplinarios y el análisis comparativo, y está incluida en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt, en el Scielo Citation Index (Thomson Reuters) y en la base de datos bibliográfica Scopus (Elsevier) e indizada en la colección Scielo-México, en el Sistema de Información Científica Redalyc; en e-Revistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España; en Historical Abstracts. Incluida también en el Hispanic American Periodicals Index (hapi), Base de datos bibliográfica de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades (Clase) y Sistema Regional de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex). Publicación editada y distribuida por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. El costo de la suscripción anual es de 200.00 pesos, nacional, y 100.00 dólares, internacional, más gastos de envío, mediante depósito en Banorte, sucursal Universidad 0002, cuenta núm. 0541602134, a nombre del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, desde el extranjero I. D. de speua, clabe 072180005416021348.

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Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

Impreso en México / Printed in Mexico

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América Latina en la Historia Económica Latin America in Economic History Año 22, núm. 1, enero-abril, 2015

Tabla de contenidos Artículos Felipe Castro Gutiérrez “El impacto local de una producción global. La Real Casa de Moneda de México y sus proveedores, 1732-1821” “The Local Impact of a Global Production. The Royal Mint of Mexico and its Suppliers, 1732-1821”

7-34

James Gerber and Thomas Passananti “The Economic Consequences of Financial Regimes: A New Look at the Banking Policies of Mexico and Brazil, 1890-1910” “Consecuencias económicas de los regímenes financieros: una nueva perspectiva de las políticas bancarias de México y Brasil, 1890-1910”

35-58

Luis Iván Inostroza Córdova “Economía agroindustrial de Concepción y expansión triguera fronteriza: campesinos y mapuches en Biobío-Malleco, Chile, 1820-1850” “Agroindustrial Economy of Concepcion and Wheat Frontier Expansion: Peasants and Mapuches in Biobio-Malleco, Chile, 1820-1850”

59-84

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Clara Inés Carreño Tarazona “Puertos locales y bienes de consumo: importación de mer­ cancías finas en Santander, Colombia, 1870-1900” “Local Ports and Consumer Goods: Import of Fine Goods in Santander, Colombia, 1870-1900”

85-114

Julio César Rodríguez Treviño “La red del corsario francés Juan Chevallier y sus presas angloamericanas en el Caribe durante las guerras navales (1796-1808)” “The Network of the French Privateer Juan Chevallier and his Anglo-American Preys in the Caribean Sea during the Naval Wars (1796-1808)”

115-149

Ivan Colangelo Salomão y Pedro Cézar Dutra Fonseca “Heterodoxia e industrialização em contexto agrário-exportador: o pensamento econômico de Rui Barbosa” “Heterodoxy and Industrialization in an Agrarian-Exporting Context: Rui Barbosa’s Economic Thought”

150-178

Juan José Cuervo Calle “Da casa moderna à habitação como mercadoria. Colômbia, 1942-1991” “House Modern Housing as a Commodity. Colombia, 1942-1991”

179-212

Reseñas Carlos Gabriel Guimarães A presença inglesa nas finanças e no comércio no Brasil Imperial: os casos da Sociedade Bancária Mauá, MacGregor & Cia. (18541866) e da firma inglesa Samuel Phillips & Cia. (1808-1840), por Rita de Cássia da Silva Almico

213-218

Carlos Tello Macías Ahora recuerdo. Cuarenta años de historia política y económica de 218-224 México, por Elsa M. Gracida Óscar Zanetti Lecuona Esplendor y decadencia del azúcar en las Antillas hispanas, por An225-227 tonio Santamaría García

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EL IMPACTO LOCAL DE UNA PRODUCCIÓN GLOBAL. LA REAL CASA DE MONEDA DE MéXICO Y SUS PROVEEDORES, 1732-1821 THE LOCAL IMPACT OF A GLOBAL PRODUCTION. THE ROYAL MINT OF MEXICO AND ITS SUPPLIERS, 1732-1821 Felipe Castro Gutiérrez Universidad Nacional Autónoma de México, ciudad de México, México, fcastro@unam.mx

Resumen. Este artículo aborda el efecto de “derrama” de la Real Casa de Moneda en la capital de Nueva España, en razón de la construcción de instalaciones, adquisición de maquinaria y compra de insumos tales como combustible, animales de tiro y minerales no preciosos como el cobre. El autor sostiene que el establecimiento de la administración gubernamental directa, a partir de 1732, implicó la introducción de principios racionales en la contratación y supervisión de proveedores. Finalmente, propone que el estudio del impacto local del gasto público es un tema que podría abrir perspectivas de interés en la historia de la economía de sociedades premodernas.

Palabras clave: historia de México; Casa de Moneda; virreinato; efecto de derrama.

Abstract. This article discusses the spillover effects of the expenditure of the Royal Mint in the capital of New Spain, due to the construction of facilities, acquisition of machinery and purchase of inputs such as fuel, draft animals and non-precious minerals, as copper.

The author argues that the establishment of direct government administration, in 1732, involved the introduction of modern principles of hiring and supervising contractors.

Finally, the study proposes that the local impact of public spending is an issue that may present interesting possibilities for the history of economics in pre-modern societies.

Key words: Mexican history; Royal Mint; viceroyalty; spillover effect.

Fecha de recepción: 6 de septiembre de 2013. Fecha de aceptación: 4 de junio de 2014.

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Introducción

L

a Real Casa de Moneda de México acuñó la cuantiosa producción minera del virreinato novohispano, respaldó las siempre exhaustas finanzas reales y generó el vasto caudal monetario que fluyó por los canales mercantiles del naciente capitalismo. En el siglo xviii desplazó a la ceca potosina, en el virreinato peruano, como la mayor productora mundial de moneda, y el peso de a ocho mexicano llegó a ser el circulante más y mejor aceptado en las transacciones internacionales (Romano, 1998; Valdéz, 1987).

Los historiadores han prestado bastante atención a esta Real Casa (como también acostumbraban llamarla sus autoridades). Se han ocupado de sus aspectos institucionales (orígenes, ordenanzas y régimen de gobierno) (Céspedes, 1996; González 1997; Soria 1994a), de su producción (Céspedes, 1996; Herrera, 1994), y de la peculiar relación entre el establecimiento y los poderosos “banqueros” o comerciantes de plata (Hoberman, 1991; Pérez, 2003; Rosenmüller, 2008; Valle, 2011). Existe, sin embargo, otra posible perspectiva: el funcionamiento adecuado de esta manufactura necesitaba de la construcción de edificios, instalación de maquinaria, adquisición de herramientas y compra de insumos menores (combustible, animales de tiro o minerales no preciosos, como el cobre), mediante procesos similares a los de la otra gran manufactura real, la del tabaco (Deans, 1992). Esto nos lleva a las consecuencias locales del gasto público, tal como se expresaba en el pago a los proveedores. Debe distinguirse esta derrama (esto es, las externalidades generadas por una actividad microeconómica que afectan a terceros no involucrados directamente en ella) del efecto “de arrastre” como el de la minería de metales preciosos, que ha sido objeto de mucho interés por sus implicaciones macroeconómicas en el comercio y la agricultura. Es un tema que fue primeramente planteado por Elhúyar (1979) y en tiempos actuales estudiado por Sempat Assadourian (1998, pp.

18-32) e Ibarra (2010).

Obviamente, este efecto microeconómico resultaba particularmente notable en la ciudad de México y sus alrededores, aunque no se limitara a ella. Es un tema de historia económica, pero que tiene asimismo que ver con aspectos sociales, cambios políticos (notablemente, las primeras manifestaciones de las reformas borbónicas), tecnológicos (derivados de la introducción de maquinaria moderna) y administrativos (la creación de normas explícitas en el abasto de una gran industria). Hirschman (1973, pp. 104-110) construyó un influyente modelo de lo que denominó eslabonamientos, con particular mención de las industrias “satélite”, que podría describir el caso. Por otro lado, su aplicación requeriría de adecuaciones en el contexto de una economía de antiguo régimen y de empresas que

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eran monopolios gubernamentales, que además tenían facultades judiciales sobre la operación de los contratos.

Como podrá apreciarse, no considero aquí el más notable y visible insumo de la producción de la Real Casa, esto es, los metales preciosos.

En sus inicios, el establecimiento no adquiría esta principal materia prima: se limitaba a recibir el oro y la plata de los introductores y devolvérselos convertidos en moneda, con el correspondiente descuento por gastos de operación. Posteriormente, bajo la administración real, la ceca compraba el mineral de inmediato, y por consiguiente la moneda acuñada pertenecía a la Real Hacienda (Fonseca y Urrutia, 1978, vol. 1, pp. 187, 206). Los considerables recursos necesarios para estas operaciones no provenían del gasto corriente de la Real Casa, sino de un fondo revolvente, inicialmente de 1 200 000 pesos, aumentado posteriormente a 2 000 000 y en 1778 (a raíz de la incorporación del Apartado del Oro) a 2 600 000.

Hay varias razones para excluir estos costos de adquisición del metal precioso: empequeñecería el de todos los demás insumos, de manera que haría casi imposible comprender los efectos que son asunto de nuestro interés; el rango social y los recursos económicos de los vendedores (grandes mineros o comerciantes) eran muy distintos a los de los demás proveedores, y desde luego los introductores no tenían contrato alguno, sino que se presentaban a vender su mineral cuando mejor les convenía. No dependían, en este sentido, del establecimiento, aunque requerían de sus servicios.

Etapas La Real Casa de Moneda de México fue fundada por una real cédula de 1535 y ha permanecido en operación, con diferentes denominaciones, hasta el presente. Es una muy notable continuidad institucional, con escasos paralelos en el mundo.

Su historia novohispana tiene dos periodos bien marcados. Inicialmente la ceca estuvo en manos de personas que habían adquirido los oficios (de tesorero, ensayador, tallador, guarda mayor, alcalde y merino), primero por merced real y luego mediante remate público, de manera vitalicia, enajenable y hereditaria. No eran propiamente hablando funcionarios, sino un conjunto de beneficiarios asociados en un proceso productivo, del que recibían porcentajes por cada peso acuñado. Lo mismo incluso ocurría con los obreros, que por esta razón no pueden tenerse como asalariados, aunque obviamente sus dividendos eran muy menores (Castro, 2008, pp.

59-63). La intervención de la Real Hacienda se limitaba a obtener ingresos por el remate y sucesión de los oficios, la recaudación del impuesto del señoreaje y cada tanto realizar alguna “visita” o inspección, encargada a los

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virreyes o algún otro jerarca de alto rango, principalmente para asegurarse de que no hubiera fraudes en la ley y peso de la moneda (Gómez, 1979).

Entre 1728 y 1732 la corona procedió, como una de las primeras (y poco atendidas) innovaciones de la nueva dinastía borbónica, a reorganizar la ceca mexicana. En ese último año tomó el control directo de la administración, embargó todos los oficios y nombró funcionarios que obedecían normas muy precisas y detalladas. El gobierno reconoció que los oficios habían sido obtenidos por remate público y eran propiedad de sus poseedores, por lo cual se procedió a pagarles 3% anual, mientras se redimía el capital invertido. Las sumas devengadas por este concepto fueron cercanas a los 30 000 pesos anuales, y continuaron entregándose hasta su final redención, en 1777 (Fonseca y Urrutia, 1978, vol. 1, pp. 144-145; Soria, 1994a, p. 108).

Otros cambios importantes fueron la creación de varios talleres o “salas” que permitieron la división y especialización de los procesos productivos (ensaye, fundición, prensado, acuñación); la introducción de nuevos procesos tecnológicos (sobre todo, grandes molinos mecánicos para aplanar las barras de metal y prensas “de volante” para acuñación) y la consiguiente ampliación del antiguo edificio, anexo al palacio virreinal.

Durante este periodo, se cerró el control gubernamental sobre el ciclo productivo cuando se decretó en 1778 el embargo del Apartado del Oro, destinado a la separación de este metal y la plata, que en muchos reales de minas aparecían asociados. Hasta entonces esta lucrativa operación había estado en manos de los grandes comerciantes de la familia Fagoaga (Soria, 1994b). Es algo que coincide con la mejor época de la ceca, cuando la amonedación ascendió a sumas de vértigo (véase gráfica 1).

Los montos: el braceaje ¿Exactamente de cuántos fondos disponía la Real Casa de Moneda para su gasto en infraestructura, herramientas, insumos, servicios y trabajo? Era un concepto que en la época ya se tomaba en cuenta y estaba previsto por las ordenanzas. En España se pagaban 65 reales (o 2 210 maravedíes) por cada marco de plata de ley de moneda (de once dineros y cuatro granos) entregado por el introductor. En el momento de la acuñación, se agregaba un real por el braceaje o costo de la labor, y otro por derecho de señoreaje.

De esto resultaba una talla (o valor final del conjunto de monedas acuñados) de 67 reales.1 1 En lo referente a la “ley” o fineza, la plata pura constaba de doce dineros, de los cuales cada uno tenía 24 granos; en el sistema actual la ley mencionada sería de 930.51 milésimos. En

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Fuente: elaboración propia con base en Céspedes (1996, pp. 251-254).

Gráfica 1. ACUÑACIÓN DE PLATA, 1732-1821

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Las ordenanzas mexicanas originales mandaron pagar los mismos 65 reales al introductor, pero, ya que los gastos en las Indias eran “excesivos”, se permitió que los oficiales se llevaran tres reales de derechos “hasta que más informados proveamos en ello lo que convenga”. El fundamento es de interés, porque se dijo que de otra manera los oficiales “no podrían ni buenamente querrían labrar la dicha plata, por no tener congrua sustentación” (Encinas, 1945-1946, vol. 3, fs. 224-231). Céspedes (1996, pp.

80-81) atribuye al virrey Mendoza el mérito de lograr que los oficiales se contentaran con dos reales de braceaje. Esta situación dio lugar a que en 1567, cuando se ordenó el inicio del cobro del derecho de señoreaje, se dispusiera que habría dos reales por concepto de braceaje y uno por el nuevo impuesto, lo cual habría llevado la talla a 68 reales. Así consta en la Recopilación de leyes de los reynos de las Indias (1973, Ley 7, título 23, libro iv).

Sin embargo, los tesoreros acostumbraban solicitar, como cláusula de sus contratos, que no se recaudara el señoreaje.2 Así, los gastos de producción estimados fueron de 2/67, o sea, 2.98%. Lamentablemente no hay cifras que nos permitan saber la cuantía de la acuñación en este periodo y, por derivación, el monto de los pagos que aquí nos interesan.

El señoreaje comenzó a cobrarse en 1616 (Elhúyar, 1979, pp. 2-3; Tepaske, 1976). Como de algún lado tenía que salir este real adicional, y es improbable que se descontara a los mineros (con quienes los oficiales de la Real Casa tenían lucrativos vínculos de interés), lo más seguro es que la talla pasara a ser entonces de 68 reales por marco (Orozco y Berra, 2004, p. 420). La relación del cobro del braceaje en relación con el valor nominal de la acuñación pasó a ser, por lo tanto, de 2.94 por ciento.

En 1698, el señoreaje comenzó a recaudarse de manera directa en las cajas de cada real de minas, lo cual debería haber llevado a que la talla regresara a 67 iniciales. Sin embargo, cuando José Diego de Medina Saravia entró a ejercer el oficio de tesorero, en 1713, encontró que la talla seguía en 68 reales, sin que nadie pudiera darle razón clara del origen y razón de esta situación. El real adicional se entregaba a quienes introducían la plata, una actividad que había llegado a estar prácticamente monopolizada por tres poderosos e influyentes “banqueros”: Francisco de Valdivielso y Mier, Isidro Rodríguez de Lamadriz y Francisco de Fagoaga. El tesorero acordó con los demás oficiales representar esta situación al virrey en la primera ocasión posible, lo cual ocurrió cuando el marqués de Casafuerte visitó la institución en junio de 1723. En las ordenanzas revisadas ese año e imprecuanto al peso, la unidad era el marco de plata (0.23 kg), que se subdividía en ocho onzas, o bien en 4 608 granos. Desde el punto de vista monetario, el peso de plata se dividía en ocho reales, cada uno compuesto (para efectos contables) por 34 maravedíes.

2 Por ejemplo, en la confirmación de oficio del tesorero Juan Lorenzo Vera. Audiencia de México (vol. 183, núm. 64). Archivo General de Indias.

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sas el año siguiente, se declaró que la talla sería de 68 reales, por lo cual desde entonces tenemos constancia cierta. El caso provocó que en 1729, cuando el oidor José de Veytia realizó una visita a la Casa de Moneda, iniciara una causa criminal contra todos los oficiales, con prisión y embargo de bienes, así como en contra de los “banqueros” de plata, acusados todos de fraude a la Real Hacienda.3 La suma por concepto de braceaje fue entonces de 4.41% del total nominal acuñado (véase cuadro 1).

Existían también otros ingresos menores, como algunos pagos al ensayador, así como por la segunda afinación: cuando la plata introducida por los mineros no era de “ley de moneda”, el establecimiento cobraba por su labor de “ajuste” unos ocho maravedíes por marco de plata. Asimismo, en 1679 comenzó la acuñación de moneda de oro, por la cual se recaudaban dos pesos por marco en derechos de braceaje. Flores (2008, p. 41) ha calculado que la acuñación de este metal era 3.8% de la correspondiente a la plata.

Se trata de sumas en conjunto considerables, aunque evidentemente no todos los ingresos se dedicaban a costos de operación. Buena parte se empleaba en la retribución de los oficiales, o sea en consumo cotidiano, gasto suntuario (esto es, en beneficio indirecto de plateros, sastres, pintores, albañiles), o bien en fundaciones y construcciones piadosas, lo cual en la época podía haberse estimado como una inversión tan necesaria como “productiva”. El caso más notable fue el de la cesión que hizo de su oficio el ensayador Melchor de Cuéllar a favor del convento carmelita del Santo Desierto de los Leones, cuyas utilidades se emplearon en lo sucesivo en sostener este edificio y comunidad de religiosos (León, 1922).

A raíz de las reformas instauradas progresivamente para establecer la administración real directa de la Casa de Moneda, hubo dos medidas relevantes para nuestros intereses. Por un lado, se rebajó la ley de la plata que se recibía de los introductores a once dineros, mientras que su pago se redujo a 64 reales y dos maravedíes (Elhúyar, 1979, pp. 14, 15). Por otro, debido a que se establecieron mayores exigencias en la calidad, en 1729 se introdujo para cubrir los eventuales costos adicionales un “real de aumento”, elevando la talla (ahora sí formalmente) a 68 reales (o 2 312 maravedíes). La recaudación de derechos en cada marco pasó a ser ahora de dos reales y 32 maravedíes por braceaje (o 100 maravedíes, 4.33%), más un real de señoreaje (Zamora y Coronado, 1844-1849, vol. 1, pp. 29-30) (véase gráfica 2).

Estos derechos aportaron casi 90% de los ingresos. Otros rubros menores provinieron del llamado feble y de la acuñación de oro. Las mone 3

Casa de Moneda (vol. 391, exp. 1, fs. 1-160). Archivo General de la Nación, México.

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CUADRO 1. DERECHOS DE BRACEAJE, 1723-1728 (en pesos) Año

Acuñación total

Braceaje

1723 1724 1725 1726 1727 1728

2 442 351 7 012 371 6 620 563 8 866 369 3 175 063 9 092 830

107 708 309 245 291 967 391 007 140 020 400 085

Fuente: elaboración propia con base en Céspedes (1996, pp. 251-254).

das acuñadas solían presentar cierta variación en su peso, tanto en feble como en fuerte, cuya tolerancia siempre estuvo regulada por las ordenanzas.

Cuando la ceca pasó a la administración real, se ordenó que la desviación nunca “tocara en fuerte” y la diferencia pasó a ser un pequeño ramo más de los ingresos de la institución (Fonseca y Urrutia, 1978, vol. 1, pp. 239-240).

Asimismo, con la expropiación del Apartado del Oro, por real cédula de 21 de julio de 1778, los correspondientes cobros de cinco reales y medio por cada marco de plata refinado pasaron a la Real Hacienda (Soria, 1994b).

Con el tiempo, las utilidades fueron cada vez mayores, puesto que una vez superadas las inevitables dificultades iniciales, la productividad fue incrementándose constantemente. Los sobrantes de estos vastos recursos iban para el gasto de la administración virreinal (en forma destacada, para los situados destinados a sostener las plazas militares en el Caribe) y para su envío a España “para las urgencias del real erario”. En la práctica, las remisiones foráneas igualaron e incluso excedieron las utilidades, lo cual fue muy notable con la crisis fiscal de fines del siglo xviii. Esto era posible porque se recurría (aunque estaba en principio prohibido) al fondo revolvente destinado a comprar plata y oro en efectivo, aunque fuese con el riesgo de afectar las operaciones (Soria, 1994a, pp. 159-168, 192-195; Marchena, 1979; Marichal, 1999). El caso más extremo ocurrió en 1809, cuando para pagar 3 000 000 de pesos al gobierno inglés, que debieron ser entregados súbitamente a un barco en Veracruz, no solamente se acudió a los fondos de la Real Casa de Moneda, sino que se determinó pagar temporalmente a los introductores tan sólo un tercio del valor de sus metales.4 El balance de la nueva administración de la Real Casa de Moneda en lo referente a sus contribuciones a la economía local fue ambiguo. El 4

Casa de Moneda (vol. 78, exp. 8, fs 66-101). Archivo General de la Nación, México.

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Fuente: elaboración propia con base en Céspedes (1996, pp. 251-254).

Gráfica 2. INGRESOS POR BRACEAJE, 1729-1821

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incremento notable de las operaciones redundó en obras materiales, adquisiciones de herramientas, equipo e insumos que beneficiaron a distintos productores y comerciantes. Por otro lado, fue en este periodo que la ceca se convirtió realmente en una institución colonial en el sentido económico del término, y mayores porcentajes relativos de los ingresos fueron canalizados hacia otras gobernaciones indianas y a la metrópoli, lo que no había ocurrido antes.

La distribución Los pagos a los proveedores implicaban sumas de cierta consideración, lo que nos lleva a analizar más de cerca la forma en que estos ingresos eran distribuidos entre distintos actores económicos y sectores productivos.

En la etapa primitiva de la ceca no existía propiamente un departamento administrativo (la elemental contabilidad la realizaba el escribano) ni un presupuesto gubernamental para sostener los gastos. El tesorero y los demás oficiales recibían un porcentaje de las monedas acuñadas, así como raciones y otros derechos menores que eran “de costumbre”, según una añeja y complicada tradición medieval (Castro, 2012, pp. 59-63). Con estos recursos, el tesorero adquiría insumos, pagaba el mantenimiento de las herramientas y de las instalaciones en general. El ensayador, por su parte, cubría los gastos de adquisición y cuidado de su equipo. El tallador tenía a su cargo las herramientas de su arte, la compra de acero, el pago de un maestro herrero y de sus ayudantes. El escribano compraba la papelería, plumas, tinta, cuadernos de contabilidad y otros artículos de su oficina, además de pagar el salario de un amanuense. Todo esto lo hacían según su buen criterio, sin necesidad de dar razón ni cuenta.

A partir de la “nueva planta”, la distribución de responsabilidades siguió una racionalidad jerárquica, con procesos consecutivos y redundantes de supervisión para asegurar el buen uso y evitar todo desvío del erario real. Había un cuadro administrativo con estatutos, competencias y jerarquías. Los funcionarios eran retribuidos con un salario (y no con porcentajes de la producción), formaban parte de un escalafón en el que ascendían por méritos y antigüedad, estaban sujetos a una disciplina y vigilancia, y podían ser sustituidos o ubicados en otro puesto cuando conviniera. Corresponde bien, en este sentido, a la “administración burocrática”, definida por Max Weber (1984), aunque en la práctica hubiera algunas clientelas políticas (por ejemplo en el nombramiento de superintendentes, que en general fueron letrados sin particulares conocimientos técnicos o administrativos) o inevitables favoritismos y parentescos entre los oficiales (Castro, 2012). La única y notable excepción fue la fielatura, donde se “imprimía”

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o acuñaba la moneda, que corrió por un contrato (no por venta del oficio) hasta 1762.5 El resto de las actividades, con sus beneficios o quebrantos, corrieron por cuenta de la Real Hacienda.

Las ordenanzas preveían que el director o superintendente estuviera a cargo de la compra de metales preciosos (que se guardaban en un cofre, en una sala cerrada con llave) y otros gastos relevantes, con el auxilio del contador. Podía autorizar pagos extraordinarios que no excedieran de 200 pesos, pero si la cantidad era mayor, debía obtener la autorización del virrey, quien la otorgaba después de pedir la opinión del fiscal de Real Hacienda. Era el caso sobre todo de obras muy costosas, donde se pedía el dictamen de peritos y el parecer de los jefes de cada taller, así como del contador, para que finalmente el tesorero emitiera una orden de pago o libranza. De todo quedaba constancia en los libros de contabilidad, que pasaban por un cotejo e inspección a fin de año. Los oficiales tenían que pagar de su bolsillo cualquier cantidad no justificada debidamente (Fonseca y Urrutia, 1978, vol. 1, pp. 249-250).

Las adquisiciones de insumos menores estaban a cargo del guardamateriales. Era un funcionario de segundo nivel, pero muy importante para los proveedores porque era con quien trataban de manera cotidiana.

Debía ser, según las ordenanzas, “persona desinteresada, de puridad de conciencia y de conocido honrado proceder, con inteligencia en las cosas que se necesitan para el servicio de la casa en las fundiciones, afinaciones y beneficios de tierras y escobillas”. Se ocupaba de las compras necesarias para esos talleres, registrando todos los gastos escrupulosamente en un libro foliado. Administraba, para ese fin, dos bodegas y una carbonera, sin más vigilancia que la general de la ceca (que, por otro lado, era bastante estricta). Los gastos extraordinarios, o que excedieran de 50 pesos, debían ser aprobados previamente por el superintendente o (en la práctica) por el contador (Fonseca y Urrutia, 1978, vol. 1, pp. 273-274).

Aunque no aparecía formalmente en las ordenanzas, el guardamateriales era quien vigilaba la regularidad y calidad de los insumos, y de ocurrir problemas reiterados daba cuenta al superintendente quien, en su caso, podía iniciar procedimientos legales en contra del proveedor. Todos los registros contables pasaban finalmente al virrey, quien los remitía al Tribunal de Cuentas para su dictamen y aprobación. En principio, era un procedimiento a prueba de errores y de posibles actos de corrupción. Las ordenanzas aplicables fueron las de Medina del Campo (desde 1497), previstas obviamente para las cecas españolas (Recopilación, 1982, libro v, título 21) y las dadas para México por el virrey Antonio de Mendoza (Encinas, 5 Casa de Moneda (vol. 663, exp. 169, 2 f) y (vol. 492, exp. 679, 8 f). Archivo General de la Nación, México.

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1945-1946, vol. 3, p. 225). Para el periodo de administración gubernamental, el marco normativo incluyó las Ordenanzas de Cazalla, elaboradas en 1730,6 y las “Ordenanzas para el gobierno de la labor de monedas, que se fabricasen en la Real Casa de Moneda de México y demás de las Indias”, de 1750 (Fonseca y Urrutia, 1978, vol. 1, pp. 221-283).

Más que contentarse con las riesgosas intermitencias de la libre oferta de estos insumos, la ceca prefería realizar contratos formales con distintos proveedores (que, dado el volumen de adquisiciones, pasaban a ser económicamente dependientes del establecimiento). Para la adjudicación, se procedía a un concurso público, el dictamen de peritos y la preferencia por la propuesta que asegurara el buen precio, la calidad y la confiabilidad del abastecimiento.

La Real Casa de Moneda era una empresa privilegiada por la corona. El superintendente era titular de un juzgado privativo, con jurisdicción exclusiva sobre todos los asuntos monetarios. Este aspecto se manifestaba muy bien en los contratos, donde la institución siempre se aseguraba el máximo de beneficios y el mínimo de obligaciones. De hecho, el incumplimiento del contratista podía derivar en un juicio, embargo de bienes e incluso en su prisión en la estrecha e insalubre cárcel situada junto a la entrada, donde montaba guardia un piquete de soldados. Aun así, era buen y deseable negocio proveer a la ceca, tanto por el carácter masivo de sus adquisiciones como porque, contrariamente a lo que ocurría en el ámbito empresarial novohispano, era un cliente que pagaba de inmediato, sin dilaciones, excusas ni pretextos. Y, además, por tener como destino una manufactura real, todos los materiales necesarios para la acuñación (no solamente la plata o el oro) estaban exentos de alcabalas, lo cual ahorraba trámites y malos ratos en las garitas aduanales ubicadas en las entradas de la ciudad.7 Una revisión detallada de la adquisición de cada insumo (incluyendo resmas de papel, tinta, aceite de nabo para las lámparas, ornamentos para la capilla, etcétera) sería excesivamente prolija, puesto que en muchos casos se trataba de operaciones menores, de unos pocos pesos. Aquí me concentraré en varios rubros de particular importancia: infraestructura, maquinaria, combustible, fuerza motriz, así como en algunos materiales de mayor relevancia, como el cobre.

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Casa de Moneda (vol. 270, exp. 3, fs. 256-346). Archivo General de la Nación, México.

El superintendente de aduanas intentó cobrar el impuesto en todo insumo que no tuviese relación directa con la acuñación. El superintendente de la ceca, Pedro Núñez de Villavicencio, replicó que todos eran por igual necesarios, y debían estar exentos. Así lo aceptó el virrey Bucareli. Casa de Moneda (vol. 107, exp. 6, fs. 130-139). Archivo General de la Nación, México.

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Obras de infraestructura No tenemos descripciones del primer edificio construido a partir de 1570 bajo la dirección del maestro Miguel Martínez. En 1693 tenía dos patios: en el principal se hallaban ocho fundiciones u “hornazas”, la sala de acuñación, la de balanza, fundición de desperdicio o “cizalla”, y una carbonera.

En el segundo se encontraban las oficinas del tesorero y del ensayador, el taller de la primera fundición (donde se realizaban afinaciones de las platas que no tenían la ley adecuada) y el tesorillo o almacén donde se guardaba el metal precioso.8 A partir del inicio de la administración real se llevaron a cabo en distintos momentos obras de diversa cuantía, de las que aquí mencionaré las más importantes.

Las transformaciones institucionales, la introducción de maquinaria y la separación de procesos industriales obligaron a una reestructuración de los espacios, que devino en la construcción de un nuevo edificio. La obra estuvo primeramente a cargo del ingeniero Nicolás Peinado y Valenzuela, director de la “nueva fábrica” de la moneda. Su intervención fue mal vista por los arquitectos novohispanos, que se veían privados de jugosos contratos y desplazados por alguien que no era de su oficio. Cuando el superintendente José Fernández de Veytia Linage pidió la opinión de varios peritos, la respuesta fue muy crítica tanto sobre la estructura como respecto de la simetría y belleza de la obra realizada. Se presentaron varios proyectos alternativos de correcciones y se escogió el de José Eduardo de Herrera para la fachada, y para los interiores al ingeniero militar Luis Diez Navarro (Flores, 2007, pp. 50-57). En 1734, el virrey arzobispo Vizarrón y Eguiarreta finalmente realizó la inauguración formal, con cierta pompa y ceremonia. Se había previsto que el costo fuese de 206 000 pesos, pero en total se gastaron 449 000 pesos, una situación que se repetiría en adelante (Fonseca y Urrutia, 1978, vol. 1, pp. 135-136; Soria, 1994a, pp. 26-27).

A la larga, se vieron defectos y también el crecimiento de la producción fue tal que los talleres disponibles fueron notoriamente insuficientes.

Por ejemplo, la fundición del oro no tenía un lugar propio, y el reciclado de las tierras y escobillas (los desechos diversos de la producción, donde algo de metal podía recuperarse) acumulaba un rezago de varios años.

Asimismo, la llegada en 1778 de Gerónimo Antonio Gil, con la misión de modernizar el grabado de los cuños y crear una escuela de artistas de ese ramo, demandó mayores espacios. De todo resultó, como informaba el superintendente Núñez de Villavicencio, “incomodidad, tardanza y estrechez”.9 8

Casa de Moneda (vol. 333, exp. 3, f. 63). Archivo General de la Nación, México.

Casa de Moneda (vol. 360, exp. 8, fs. 74-78). Archivo General de la Nación, México.

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Así, en 1779 el ingeniero militar Miguel Constanzó recibió la comisión de construir, en terrenos del palacio virreinal, varios talleres para las oficinas de la talla (donde se preparaban los cuños y troqueles empleados en la acuñación), la academia de grabado, viviendas de su director, salas para el gabinete o museo de arte, y bodegas para leña, carbón, paja y otros materiales combustibles que no debían estar cerca de las “oficinas de fuego” por el riesgo de incendios. Constanzó fue uno de los ingenieros-arquitectos “modernos”, promotores del nuevo estilo neoclásico y el favorito de sucesivos virreyes y prelados. Había ya participado en estos años en la ade­ cuación del Hospital de San Andrés, y después se ocupó de varios edificios religiosos, como el atrio del convento de la Encarnación (Moncada, 1994).

Constanzó estimó el presupuesto en 47 934 pesos, y la obra se terminó en 1783, aunque con un considerable incremento en los costos.10 El fundidor mayor, Pablo de Sequeiros, para no ser menos, expresó que sus oficinas eran estrechas y que las nuevas construcciones habían quitado parte del espacio de sus dos fundiciones, la de San Joseph y la de Nuestra Señora de Guadalupe. Con este fin pidió una ampliación, misma que fue aprobada con un costo de 25 412 pesos.11 Casi al mismo tiempo, en 1778, se incorporó el Apartado del Oro, para lo cual fue necesario comprar el edificio a los anteriores dueños (Francisco y Juan Bautista Fagoaga) en 43 021 pesos.12 Años después se requirieron adecuaciones mayores, porque por la mala ventilación en los hornos había fallecido un trabajador por intoxicación. Las obras estuvieron a cargo del arquitecto Antonio Velázquez, con un costo de 24 140 pesos.13 En 1808 se determinó asimismo poner nuevos hornos de destilación y hornillas de apartar metales, estimados por el arquitecto Manuel Tolsá con un valor de 71 150 pesos.14 Y en 1811 se construyó, también por Tolsá, una nueva oficina de beneficio de tierras, valuada en 38 830 pesos.15 Tolsá es el más conocido arquitecto neoclásico, fue autor de numerosas obras que contribuyeron a darle a México el nombre de Ciudad de los Palacios. Entre ellas se hallan dos vinculadas con el tema de este artículo: el Palacio de Minería y el del marqués del Apartado (Uribe, 1990).

10 Casa de Moneda (vol. 355, exp. 4, fs. 59-115) y (vol. 308, exp. 7, fs. 22-27). Archivo General de la Nación, México.

11 Casa de Moneda (vol. 220, exp. único, fs. 2-5). Archivo General de la Nación, México.

12 Mayorazgos (vol. 8, exp. 6, fs. 29-30). Archivo General de la Nación, México.

13 Casa de Moneda (vol. 302, exp. 17, fs. 382-395). Archivo General de la Nación, México.

Velázquez fue primer director de arquitectura de la Real Academia de San Carlos. Su principal obra fue una capilla en Santa Teresa la Antigua, y mayormente se ocupó de adecuaciones y ampliaciones en distintos recintos religiosos. Véase González (1991).

14 Casa de Moneda (vol. 121, exp. 8, fs. 94-107). Archivo General de la Nación, México.

15 Casa de Moneda (vol. 465, exp. 5, fs. 17- 39). Archivo General de la Nación, México.

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Los costos iban a materiales de construcción (sobre todo piedra tezon­ tle, procedente de las canteras de San Francisco Tlaltenco, al sur del Valle de México), primas y honorarios de los arquitectos, de sus sobrestantes o capataces, jornales de maestros albañiles, peones permanentes y even­ tuales, bodegueros, veladores y pagadores (o sea, administradores).

Las sumas mencionadas deben tomarse como indicativas, y en la práctica siempre rebasaban los montos previstos. En efecto, lo usual era que se pidiera a un maestro de obras o arquitecto conocido un “tanteo o cálculo prudencial” de los costos. Una vez presentado este presupuesto, pasaba a ser dictaminado por el contador y el superintendente, y finalmente se remitía al virrey, quien habitualmente lo aprobaba. El arquitecto responsable de la obra presentaba posteriormente sucesivas memorias semanales y relaciones juradas de los gastos, que después de revisadas por el contador eran remitidas al tesorero para que se entregara una libranza u orden de pago.

En principio todo estaba bien previsto, pero era posible aumentar los costos presentando diferentes circunstancias que surgían durante el desarrollo de la construcción, o alargando el tiempo de los trabajos. Fue notoriamente lo ocurrido en varias obras emprendidas por Constanzó entre 1779 y 1783, que por situaciones incidentales y peticiones consecutivas de ampliación del proyecto inicial derivaron en un enorme exceso de 127 319 pesos. El caso podría haber dado lugar a procesos judiciales contra los responsables, pero el Tribunal de Cuentas demoró su dictamen nada menos que catorce años; para cuando el resultado llegó a la metrópoli los responsables del quebranto habían ya fallecido. Era tal la ineficiencia contable que no habría sido posible sin complicidades o, al menos, simpatías. Las complicaciones jurídicas debieron parecerle tan grandes al virrey Ruiz de Apodaca que en 1820 optó por recordar a todos los implicados el obligatorio cumplimiento de las ordenanzas, aceptar el gasto realizado y evitar lo que llamó “depredación al erario”, además de convocar obligatoriamente a concurso público cuando hubiera alguna obra de consideración, de modo que el contratista (y no la Real Hacienda) corriera con todos los gastos que pudieran sobrevenir.16 Maquinaria y herramientas Las máquinas y herramientas eran recursos de la mayor importancia, que se hicieron aún más necesarios y urgentes en razón de que la acuñación se hizo tecnológicamente más compleja a partir de 1732. La deficiente ca 16

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lidad en la fabricación o mantenimiento de cualquier equipo podía afectar a todo el proceso productivo, puesto que la producción estaba divida en fases necesariamente consecutivas. En estos aspectos también puede apreciarse (al igual que en el caso del proyecto arquitectónico de Peinado Valenzuela) cierto localismo tecnológico, y el interés por defender lo que en términos modernos sería “la materia de trabajo”. Esto pudo apreciarse muy bien cuando se mandó traer de España, a gran costo, un molino desarmado (con un modelito a escala, para que los indianos supieran qué hacer con las piezas), prensas de volante, máquinas de corte y herrajes varios para la construcción de diversas máquinas. Los peritos consultados lo tomaron a mal, dijeron que las piezas eran de mala calidad y no podrían utilizarse sin grandes ajustes, y que todo podía fabricarse localmente, de mejor calidad y a menor costo (Pérez, 1992, p. 347).

La cuestión de “comprar localmente” o traer las máquinas desde España volvió a aparecer a raíz de una consulta del virrey segundo conde de Revillagigedo al superintendente, en febrero de 1791, en el sentido de que podrían obtenerse ahorros trayendo piezas desde la metrópoli, al ser allá los materiales y los jornales menos caros. Gil, que para entonces aunaba las funciones de encargado del grabado, director de la Academia de Artes y fiel administrador, opinó el 11 de marzo siguiente que no convenía, porque además de los costos y dificultades del transporte, podría haber problemas de ajuste en las medidas y diseños, y bastaría la variación de un ápice para que las piezas fuesen inútiles. A lo sumo, pensaba que convendría traer acero y hierro de las afamadas fundiciones vizcaínas, porque en la ceca se gastaban anualmente hasta 100 quintales de lo uno y 143 de lo otro, así como algunas piezas muy voluminosas de los volantes, que podrían acabar de tornearse en la misma Real Casa de Moneda. Gil mencionaba un dato muy interesante: que sólo en el mantenimiento y sustitución de las partes y herramientas de hierro y acero se gastaban anualmente 16 325 pesos, sin contar las piezas menudas que se fabricaban o reparaban en la propia ceca.17 En efecto, había en el establecimiento para estos fines (y otros menesteres cotidianos) talleres de herrería y carpintería muy capaces y bien organizados. Otro asunto era el mantenimiento o fabricaciones que por su entidad requerían montar un taller y contar con numerosos operarios.

Lo adecuado habría sido contratar a un maestro artesano examinado, de los que había muchos en la ciudad, con talleres celosamente supervisados por sus respectivos gremios. Así se procedió en 1747, por ejemplo, para la construcción de cien hileras, que eran bancos de madera provistos de un engranaje, con tenazas que sujetaban la barra metálica, previamente 17 Casa de Moneda (vol. 147, exp. 9, fs. 71-93). Archivo General de la Nación, México. Un quintal equivalía aproximadamente a 46 kg.

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recalentada para que tuviera cierta ductilidad. El operario impulsaba el engranaje mediante grandes manijas para hacer pasar el metal por orificios y lograr así que tuviera el grosor deseado para la amonedación. Para construir estas hileras (así como cuatro docenas de crisoles, utilizados en los hornos de fundición) se contrató a un maestro herrero, quien a su vez se valió de 16 maestros artesanos y jornaleros, entre carpinteros, herreros y limadores.18 No obstante, el superintendente, y sobre todo el contador, que siempre estaban procurando realizar economías, recurrían frecuentemente a un procedimiento sui géneris: acordaban con alguno de los peritos de la propia ceca que se ocuparían de ser “pagadores” de la obra, o sea responsables de contratar operarios y de llevar a cabo el encargo. Así se hizo, por ejemplo, con la necesaria renovación de los seis molinos (grandes estructuras de complicados engranajes, que ocupaban dos pisos) que en 1778, después de más de 40 años de servicio, necesitaban de urgente reparación. La obra fue presupuestada inicialmente en 8 000 pesos, pero en vez de contratarla fuera del establecimiento el superintendente nombró como director y pagador al guardavista (una especie de capataz) Joaquín de Luzuriaga, con una gratificación de un peso adicional diario sobre su jornal habitual. Luzuriaga trabajó durante más de un año en esta obra, con carpinteros y herreros que recibían seis reales diarios (lo cual indica que eran artesanos de cierta calificación) pagados, como era costumbre, según memoria y relación jurada y de la que hacía entrega semanalmente.

El presupuesto final se redujo de esta manera a 5 813 pesos, un ahorro de algún interés para las finanzas reales.19 Combustible La Real Casa de Moneda tenía numerosos hornos que requerían abasto suficiente y continuo de combustible. No era todo de la misma condición, porque el tipo dependía de la viveza del fuego requerido, o de la conveniencia de tener una fuente de calor duradera y graduable (véase cuadro 2).

Las autoridades siempre procuraron asegurar un aprovisionamiento de carbón continuo, de buena calidad, en suficiente cantidad y, si era posible, a buen precio. La oferta descendía inevitablemente en época de lluvias –cuando era difícil producirlo– o cuando los indios, que eran los principales proveedores, estaban ocupados en siembras y cosechas. Por esta razón, con cierta frecuencia se mencionaba la posibilidad de esta 18 19

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Casa de Moneda (vol. 27, exp. 3, fs. 158-165). Archivo General de la Nación, México.

Casa de Moneda (vol. 388, exp. 2, fs. 7-79). Archivo General de la Nación, México.

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CUADRO 2. VARIEDADES DEL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA CASA DE MONEDA Proceso industrial Ensaye Primera fundición Herrería Fundición Hornillas de recocimiento Blanquimiento

Combustible Leña de cedro Leña de cedro Leña de oyamel, carbón de ocote Carbón de oyamel Carbón de ocote Carbón de ocote

Nota: El ensaye consistía en la comprobación de la ley de los metales mediante su fundición en una hornilla y posterior pesaje en una balanza de precisión. El recocimiento implicaba recalentar las barras de metal para mantener su ductilidad e impedir que se agrietaran al someterlas a distintos procesos físicos. En el blanquimiento, las monedas ya acuñadas se ponían a hervir en una solución ácida para eliminar manchas y asegurar su brillo característico.

Fuentes: elaborado con base en la compilación de información fragmentaria y dispersa de los contratos contenidos en los archivos mencionados en notas a pie de página 20 a 40. Los contratos a continuación expuestos, véanse referencias a pie de página.

blecer una bodega para tener algunas reservas. Finalmente así se hizo: en 1802 se construyó un almacén fuera del establecimiento para evitar posibles incendios, en el barrio indígena de Santa Cruz (entre la iglesia de la Santísima y San Lázaro).20 El carbón en sus diferentes variedades fue proporcionado inicialmente por Atlapulco, un pueblo otomí ubicado en la entonces muy boscosa Sierra de las Cruces, al poniente de la ciudad. Según sus tradiciones locales, realizaban el abastecimiento a la Real Casa de Moneda desde su fundación, en 1535. Su labor fue reconocida por los virreyes, que les dieron mercedes sobre tierras boscosas y los exentaron de acudir al servicio destinado a las minas. De hecho, en esta relación no mediaba ningún contrato, sino simplemente la mutua conveniencia y la costumbre “inmemorial” (Castro, 2008, pp. 669-720).

A partir del inicio de la administración gubernamental, los nuevos funcionarios comenzaron a exigir contratos formales entre la Real Casa de Moneda y los oficiales de república del pueblo, que para el caso actuaban como representantes de una especie de empresa comunitaria. Las ventas, sin embargo, eran individuales, y cada carga se registraba y pagaba separadamente. El guardavista de cada oficina daba a cada introductor una bole 20

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Casa de Moneda (vol. 518, exp. 636). Archivo General de la Nación, México.

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ta, indicando la cantidad recibida, y el guardamateriales contaba y pagaba el conjunto cada sábado. Aunque era frecuente hablar de los “miserables indios carboneros”, el trato movía cantidades respetables. En 1795 el contador de la ceca calculó que el establecimiento consumía 22 600 cargas anuales de carbón.21 Una carga (compuesta de cuatro costales) se pagaba entre seis y ocho reales, aunque en el contexto de la escasez provocada por la revolución de independencia llegó hasta diez o doce reales.22 Por estas razones, el abasto atrajo a otros pueblos de indios, como Chimalpa (un sujeto o dependencia de Tacuba), que tuvo esta “conveniencia” en 1776, aunque se desinteresaron algunos años después;23 y el de Tilapa, un sujeto de Atlapulco que se separó de su cabecera y en 1788 obtuvo su propio contrato.24 Aún más, el negocio tentó a grandes propietarios españoles, como el condado de Miravalles (una familia de latifundistas, por entonces casi en quiebra) que desde 1786 estuvo pagando con carbón un adeudo que tenía con la Real Hacienda.25 Otros propietarios hispanos también tuvieron contratos de abasto, como José Fernández de Alfaro, dueño de hacienda en Azcapotzalco, entre 1773 y 1794; y Manuel Caro del Castillo, hacendado de la jurisdicción de Tacuba, entre 1765 y 1780.26 En los contratos, los pueblos de indios se comprometían a abastecer el carbón a un precio fijo y ponían como aval del cumplimiento sus bienes de comunidad. Renunciaban además a sus privilegios legales como menores, prometían cumplir con el contrato lisa y llanamente, y en caso de controversia se sometían a las determinaciones del superintendente.27 La Real Casa de Moneda, como puede verse, no corría ningún riesgo.

Por otro lado, los oficiales de la ceca procuraban tratar bien a los indios carboneros, por ejemplo otorgando préstamos a sus cabildos, aunque hacerlo con fondos de la Real Hacienda era visto con desaprobación. La vía indirecta era efectuarlos por vía de “adelanto”, a pagar con carbón.28 En esto, las autoridades actuaban ante los indígenas, como era común entre los funcionarios virreinales, con una especie de paternalismo autoritario.

Respecto a la leña, durante casi 70 años los proveedores fueron tres generaciones consecutivas de la familia Reyes, indios principales y caciques de Chalco, que aprovechaban los montes de la región. Se trataba de la 21

Casa de Moneda (vol. 147, exp. 30, fs. 198-215). Archivo General de la Nación, México.

Casa de Moneda (vol. 107, exp. 4, fs. 22-39) y (vol. 74, exp. 5, fs. 42-74). Archivo General de la Nación, México.

23 Casa de Moneda (vol. 107. exp. 14, fs. 318-325). Archivo General de la Nación, México.

24 Casa de Moneda (vol. 134, exp. 25, fs. 343-346). Archivo General de la Nación, México.

25 Casa de Moneda (vol. 147, exp. 8, fs. 65-70). Archivo General de la Nación, México.

26 Casa de Moneda (vol. 355, exp. 6, fs. 140-145). Archivo General de la Nación, México.

27 Casa de Moneda (vol. 74, exp. 5, fs. 71-73). Archivo General de la Nación, México.

28 Por ejemplo Casa de Moneda (vol. 134, exp. 11, fs. 150-230). Archivo General de la Nación, México.

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leña “grande”, porque la “chica” se compraba cómodamente en la misma ciudad, en el puente llamado precisamente “de la leña”, junto a la acequia real, a quienes la traían en canoas para venderla al primer interesado.

En 1737 Lucas de los Reyes tuvo dificultades para entregar las cantidades necesarias, debido a que había estado enfermo y posteriormente preso en la cárcel por “incontinencia” (es decir, amancebamiento o adulterio). El superintendente mandó aprehenderlo y embargarle sus bienes por incumplimiento. Aunque después fue liberado y se le permitió continuar con el trato, ya no se le tuvo confianza. A pesar de sus ruegos y recordatorio de los largos servicios de su familia, ya no pudo mantener la exclusividad. El superintendente decidió celebrar un contrato con Ignacio de Aristizábal, dueño de hacienda en Chalco, para que entregara la leña de cedro.29 En fechas posteriores, realizó contratos con diversos proveedores, todos españoles, como Francisco Hernando y Llaguno y sus sucesores, vecinos de Naucalpan; y con Francisco Sastre y Pascual, vecino de México (quien también proveyó carbón, ocasionalmente).30 El Apartado de Oro contrataba de manera separada el abasto de su leña, y acostumbró realizarlo con Vicente de Arroyave, un propietario de Chalco y luego con sus herederos. Los Arroyave consiguieron notables facilidades, como un contrato a doce años, el derecho a poner las armas reales en su casa y una insignia de la Real Hacienda en las grandes canoas que recorrían los canales para llevar la leña hasta la puerta misma del Apartado. El negocio motivaba ambiciones, y en particular los Arroyave se quejaron de que los “regatones” o revendedores forzaban a los indios conductores a venderles la leña (que ellos cotizaban a menor precio del común en el mercado), y cuando se negaban les tiraban la carga o les quitaban las bestias de carga.31 La leña se pagaba a un peso la carga de 400 “palos”, que era lo que llevaba una mula, aunque ocasionalmente llegó a pagarse hasta tres pesos.

Los contratos fueron por cinco años, y los “leñeros” debían entregar los palos de acuerdo con una muestra que les daba el guardamateriales. El proveedor podía solicitar ayuda a la Real Casa de Moneda en caso de que necesitara gente para el corte y traslado, que podía obtenerse mediante el sistema de “repartimiento” o trabajo forzoso (pero retribuido) de los pueblos indios. También podía pedir anticipos del pago, con las fianzas correspondientes. Como ocurría con todos los contratos, el firmante se sometía a

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Casa de Moneda (vol. 195, exp. 2, fs. 16-74). Archivo General de la Nación, México.

Casa de Moneda (caja 718, exp. 139, 5 fs.) Archivo General de la Nación, México.

Casa de Moneda (vol. 79, exp. 3, fs. 24-42). Archivo General de la Nación, México.

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las determinaciones del superintendente en caso de que se ofreciera algún litigio, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera convenirle.32 Fuerza motriz En la Casa de Moneda de Segovia –que fue hasta el siglo xviii la más avanzada tecnológicamente del imperio español– se utilizaba la fuerza hidráulica para mover molinos y prensas. En México esto no era posible, porque aunque la tecnología era bien conocida, la ceca se ubicó anexa al palacio virreinal, lejos de toda corriente de agua. En los primeros años esto no fue ningún problema, porque la acuñación era artesanal, a martillo. No obstante, fue necesario utilizar mulas como fuerza motriz cuando en 1732 se introdujeron los grandes molinos y prensas mecánicas para aplanar las barras de metal. Por esta razón había en la ceca un “patio de mulas”, con su correspondiente capataz, muleros, arreadores, establos y el correlativo gasto en forraje. Cuando Alejandro de Humboldt visitó la ceca en 1803, encontró que había diez molinos, movidos por 60 “caballerías”; es de suponer que se rotaban para evitar su agotamiento, porque la labor era muy pesada (Humboldt, 1966, pp. 457-458). De hecho, periódicamente la ceca compraba otros animales, porque los existentes estaban ya inútiles para la labor. Los proveedores eran comerciantes que mantenían las mulas en propiedades vecinas, como la hacienda de Portales, donde podían verse pastar en espera de compradores interesados. En una ciudad que era el mayor centro mercantil del virreinato, había siempre compradores entre los mercaderes, arrieros y el público en general; era un trato muy activo.

En la Real Casa de Moneda era el fiel administrador (como director de la fundición) quien presentaba la necesidad de la compra y habitualmente proponía un vendedor, recomendando el buen estado de las bestias y un razonable costo. El contador, acompañado del fiel, acudía a ver los animales y procuraba negociar un buen precio con el dueño. No lo conseguían fácilmente, porque en este caso el volumen de adquisiciones era limitado, y la demanda urbana era muy grande. Así se hizo por ejemplo en 1814 cuando el fiel administrador José Antonio Camblor gestionó la compra de 50 mulas a 40 pesos cada una –un precio que se mantiene en varias transacciones similares, sin rebajas.33 Para cerrar el ciclo comercial, los ani-

32 Casa de Moneda (vol. 718, 3a. serie, exps. 141, 142 y 143). Archivo General de la Nación, México.

33 Casa de Moneda (vol. 169, exp. 26, fs. 353-358). Archivo General de la Nación, México.

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males “inservibles” o enfermos se remataban al mejor postor, porque en la Real Casa nada se desperdiciaba y siempre aparecía algún comprador.34 Evidentemente, las mulas requerían de alimento. La paja podía adquirirse libremente en la llamada Plazuela de la Paja, situada frente al Hospital de Jesús (hoy plaza Primo de Verdad). Las autoridades, sin embargo, preferían la seguridad de un contrato, como el realizado con Agustín Sánchez de la Concha, quien tuvo este acuerdo durante casi 20 años, al precio de un real cada arroba, que era el habitual.35 La cebada, que también se daba a estos animales, se compraba asimismo en el mercado urbano, pero a veces variaba su precio de acuerdo con las estaciones del año y esto inquietaba a los administradores. Por eso optaban por realizar contratos como el efectuado en 1810 con el capitán José Manuel Aréchega, hacendado de Apan, por 1 000 cargas, de las que entregaría 50 cada semana, a cuatro pesos dos reales cada una. A diferencia de otros insumos, en este contrato no se establecía la duración del acuerdo, sino la cantidad objeto de la transacción.36 El cobre Las monedas acuñadas no eran de oro o de plata puros, se les agregaba siempre una “liga” de cobre para darle mayor resistencia al desgaste y además obtener la ley mandada por las ordenanzas. A partir de 1729, las monedas de plata tuvieron ley de once dineros y por lo tanto 8.33% de cobre. Aunque este porcentaje no parezca grande, multiplicado por toda la producción de la ceca representaba una cantidad de cierta consideración. También, en pequeñas cantidades, el “magistral” (sulfato de cobre) era empleado para refinar los recortes y limaduras de plata que quedaban revueltas con carbón y otros desperdicios, de manera que pudieran reintegrarse al proceso de acuñación.

Como bien ha explicado Elinore M. Barrett (1978), el cobre se extraía mayormente del cerro de Inguarán, en Michoacán. De ahí era enviado al pueblo de Santa Clara, donde se hacía una primera refinación, fundición y vaciado en planchas que eran enviadas a lomo de mula a la capital. La corona siempre estuvo muy atenta a este trato, porque además de ser indispensable para la acuñación, el cobre era uno de los componentes del bronce, una aleación que se utilizaba entre muchas otras cosas para la fabricación de cañones. Por este motivo, en 1613 el gobierno se apropió 34 35 36

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Casa de Moneda (vol. 141, exp. 16, fs. 163-175). Archivo General de la Nación, México.

Casa de Moneda (vol. 388, exp. 2, fs. 7-79). Archivo General de la Nación, México.

Casa de Moneda (vol. 2, exp. 49, fs. 339-340). Archivo General de la Nación, México.

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de la mina que hasta entonces había sido explotada por los indios y la entregó en condiciones monopólicas a un asentista, que adicionalmente recibía el cargo de teniente de alcalde mayor de Santa Clara. El precio acordado para la entrega en la ciudad de México fue de 16 pesos por quintal entre 1718 y 1780, año en que subió a 18 pesos (Barrett, 1978, pp.

28-29, 61). El aprovisionamiento fue irregular, y en 1792 se determinó concluir el “asiento”, dejando a cualquier persona que libremente extrajera y refinara el cobre. Sin embargo, la Real Hacienda sería la única compradora, distribuyendo el metal a las instituciones y personas interesadas.

En otros términos, un monopolio de la producción fue sustituido por uno de la adquisición (Barret, 1978, pp. 40-42). Como comenta José Enrique Covarrubias (2000, pp. 26-30), el precio fijo ahogaba la producción y fomentaba el contrabando, aunque se hicieron algunos ajustes para hacer que la producción fuese más rentable, de modo que hacia finales del siglo se cotizó en 22 pesos el quintal. Hacia 1799, la ceca requería aproximadamente de 2 000 quintales anuales. Al precio vigente en ese año equivaldría aproximadamente a unos 44 000 pesos (Barret, 1978, pp. 47-61). En 1809 el virrey Pedro de Garibay, en el contexto de la gran demanda existente en España de este mineral “estratégico” en razón de la guerra contra los franceses, decidió establecer la entera libertad del trato como mejor medio para asegurar el abasto.37 El problema para la Real Casa fue siempre la calidad. Un poco por torpeza y otro por malicia, los asentistas, y luego los mineros particulares, entregaban las planchas de cobre mezcladas con ceniza, carbón, e incluso piedras. Además, el cobre de Inguarán venía asociado con azufre y arsénico, lo cual era inconveniente porque podía afectar la calidad de la plata.

Por esta razón, era necesaria una segunda refinación. En un tiempo hubo en la ceca un maestro ensayador de cobre; pero al aumentar las labores y con ellas la necesidad del mineral, los administradores concluyeron que en el establecimiento no había espacio suficiente para instalar oficinas de fundición a gran escala. Así, optaron por contratar la labor con terceros, mediante remate y una convocatoria que se fijaba en rotulones o avisos en lugares públicos. El contratista fue Manuel Antonio del Castillo, un comerciante de la ciudad desde 1771 hasta su muerte en 1796.38 Entre 1797 y 1807 el “afinador de cobres”, como se le llamaba, fue Salvador de Vega, alguien que era “del oficio”, porque era maestro latonero y fundidor. Vega acordó que entregaría el cobre refinado en varilla, a seis pesos dos reales por quintal, y a real y medio la libra de retalla o recortes.39 Los rendimien 37 38 39

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Casa de Moneda (vol. 166, exp. 20, fs. 343-347). Archivo General de la Nación, México.

Casa de Moneda (vol. 193, exp. 5, fs. 308-361). Archivo General de la Nación, México.

Casa de Moneda (vol. 661, exp. 100, fs. 1-6). Archivo General de la Nación, México.

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tos del contrato eran atractivos: en 1807, año en que se procesaron 1 266 quintales, el concesionario obtuvo 7 662 pesos de ingresos, aunque desde luego debía descontar los gastos de combustible y mano de obra.40 Precisamente en 1807, cuando concluyó el contrato con Vega, el fiel administrador José Antonio Camblor propuso que no se renovara. En su opinión, los contratistas siempre buscaban rebajar los costos, lo cual redundaba en pobre calidad, gastos adicionales y pérdida de tiempo. En particular, el cobre mal refinado causaba que no se “ligara” bien con el oro y la plata, lo cual provocaba que las barras se “agriaran” y endurecieran.

Al pasar por las prensas, se agrietaban o quebraban, y había que volverlas a fundir, con las demoras y gastos consiguientes. Proponía que se realizara la afinación de cuenta de la misma Real Casa. Sugirió para ello un terreno propiedad del Ayuntamiento, en el barrio de Santa Cruz (no muy lejos, pasando la iglesia de la Santísima), donde había espacio suficiente para poner hornos y demás talleres necesarios. Pensaba, además, que los gastos podrían así fácilmente reducirse a la mitad.

Después de algunos experimentos, así lo aprobó en marzo de 1809 el superintendente marqués de San Román. El arquitecto Velázquez calculó los costos (incluyendo la compra del local), en 16 978 pesos, pero después los incrementó a 30 567, alegando diversas circunstancias. La modificación provocó la molestia del virrey Garibay, que para entonces estaba muy presionado para enviar todos los recursos posibles a la península.

El alto funcionario mandó suspender los trabajos además de amonestar formalmente a Velázquez, porque ya había hecho lo mismo en otras construcciones públicas. Tuvo que volver a intervenir el superintendente, insistiendo en la necesidad de las obras y argumentando que los costos se recuperarían en breve. Un nuevo virrey, el arzobispo Lizana y Beaumont, dio finalmente su aprobación. A fines de 1810 la obra estaba casi terminada, aunque algunos detalles no se concluyeron hasta 1812, con los consabidos costos adicionales.41 A fin de cuentas, la decisión tomada se mostró muy pertinente, porque a partir de 1814 se determinó comenzar a acuñar moneda de cobre para suplir la escasez de circulante provocada por la guerra de Independencia, y por ende se requirieron mayores cantidades de este metal (Soria, 1994a, pp. 229-231).

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Casa de Moneda (vol. 356, exp. 8, fs. 210). Archivo General de la Nación, México.

Casa de Moneda (vol. 356, exp. 8, fs. 286-312). Archivo General de la Nación, México.

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Conclusiones El impacto de las operaciones de la Real Casa de Moneda en la economía era considerable en la ciudad y el Valle de México. No era resultado, desde luego, de una política gubernamental deliberada (el concepto de “inversión gubernamental” aún no aparecía), sino el resultado indirecto de las operaciones de acuñación.

El establecimiento prefería realizar contratos a largo plazo para asegurar un abasto continuo, de buena calidad y precio conveniente, cuyas condiciones y pagos eran objeto de supervisión y cuidadosa contabilidad.

En este sentido, muestra la introducción de principios racionales en el abastecimiento y administración de una gran industria. En un entorno productivo en el que predominaban los criterios improvisados o la costumbre, la ceca destacaba por una preocupación por la eficiencia y el ahorro en los gastos. También resalta que las autoridades fueron flexibles para asegurar sus requerimientos: podían concesionar el abasto de insumos o servicios, producirlos en el mismo establecimiento o dar comisión a uno de sus propios peritos. Su criterio era enteramente pragmático, no tenían preferencias de principio, podían hacer experimentos y evaluar los méritos y desventajas de los diferentes procedimientos. Por otro lado, la racionalidad administrativa tenía sus límites: en algunos casos los contratistas pudieron encontrar maneras indirectas de aumentar los costos, sobre todo cuando se trataba de obras de infraestructura, y encontraron para ello ciertas tolerancias.

Una revisión de los proveedores hace evidente que era un trato en el que no participaban los grandes comerciantes de México, ni tampoco (con alguna excepción incidental) los mayores hacendados. No era un circuito de inversiones que tuviera efectos macroeconómicos notables; su relevancia era, sobre todo, local. Los contratistas fueron arquitectos o “maestros” de arquitectura, con sus respectivas cuadrillas; medianos propietarios, cuyos bienes consistían en terrenos boscosos ricos en madera; maestros artesanos, que ofrecían su experiencia y la habilidad de sus oficiales para refinar el cobre; y pueblos de indios que contaban con los recursos forestales necesarios para el abasto del carbón.

Estos contratos no eran exactamente entre agentes económicos que actuaran en igualdad de condiciones, siguiendo las reglas de la oferta y la demanda. En este sentido, difícilmente serían aplicables los modelos propios para comprender el funcionamiento de las empresas modernas. La ceca utilizaba a su favor el hecho de ser una manufactura real, y en caso de disputas, el superintendente era juez y parte. Incluso cuidaba que los pueblos de indios renunciaran a sus privilegios de menores, y pusieran como garantía sus bienes de comunidad, a pesar de que en teoría estaban muy protegidos

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por las leyes. Los contratistas privados podían alegar su antigüedad y buenos servicios, procurando que la relación fuese personal y recíproca, pero el establecimiento seguía principios de eficiencia y rentabilidad. No dudaba en cancelar un contrato o buscar otros proveedores cuando le conviniera.

También podía imponer condiciones, porque el volumen de sus adquisiciones era tal que reducía al proveedor a una condición de dependencia. Aun así, eran concesiones muy ambicionadas por la continuidad y puntualidad del pago, y suscitaban frecuentes rivalidades y ambiciones locales.

Como habrá podido apreciarse, el estudio de una real manufactura permite una mejor consideración de los cambios económicos e institucionales en distintos momentos de la historia novohispana. También hace posible una mejor perspectiva de sus efectos sobre un conjunto de personas, empresas y corporaciones que dependían del establecimiento. Es un tema que bien vale atender, y que podría abrir perspectivas de interés sobre los efectos indirectos del gasto público en economías y sociedades premodernas.

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THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF FINANCIAL REGIMES: A NEW LOOK AT THE BANKING POLICIES OF MEXICO AND BRAZIL, 1890-1910 CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LOS REGÍMENES FINANCIEROS: UNA NUEVA PERSPECTIVA DE LAS POLÍTICAS BANCARIAS DE MÉXICO Y BRASIL, 1890-1910 James Gerber and Thomas Passananti San Diego State University, San Diego, Estados Unidos de América jgerber@mail.sdsu.edu; tpassananti@gmail.com

Abstract. This paper compares the consequences of different financial policies adopted in Mexico and Brazil in the decades before World War I. In the 1890s, the national governments of Mexico and Brazil pursued strikingly different policies toward banking regulation. In Brazil, after the fall of the monarchy, authorities briefly experimented with financial liberalization. In Mexico, in the same era, public officials created a banking system with more constraints and regulations. We compare the costs and benefits to the financial systems and the macroeconomic effects of these different banking regimes, thereby revisiting two classic concerns of financial historians, the costs of financial fragility versus the benefits of financial liberalization. We look at the outcomes for financial sectors and consider the differences in broad measures of overall economic performance under stress.

Key words: financial regulation; financial crises; encilhamento; financial liberalization; financial repression.

Resumen. Este trabajo compara las consecuencias de las diversas políticas financieras adoptadas en México y en Brasil en las últimas décadas antes de la primera guerra mundial. En la década de 1890, los gobiernos nacionales de México y Brasil persiguieron sorprendentemente diferentes políticas de regulación bancaria. En Brasil, después de la caída de la monarquía, las autoridades experimentaron brevemente con la liberalización financiera. En México, en la misma época, los funcionarios de la administración pública habían creado un sistema bancario con más restricciones y regulaciones. Comparamos los costos y beneficios de los sistemas financieros y los efectos macroeconómicos de estos regímenes bancarios diferentes; así, se revisan dos problemas clásicos de la historia financiera, los costos de la fragilidad financiera frente a los beneficios de la liberalización financiera. Observamos los resultados de los sectores financieros y consideramos las diferencias en las medidas generales de los resultados económicos globales bajo estrés.

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James Gerber and Thomas Passananti

Palabras clave: regulación financiera; crisis financieras; encilhamento; liberalización financiera; represión financiera.

Received: October 31st, 2013. Accepted: June 6th, 2014.

Introduction

T

he economic histories of Brazil and Mexico during the two decades between 1890 and 1910 provide a natural experiment for understanding the economic consequences of alternative financial policies. In the case of Brazil, economic historians have long suggested that the government’s banking and financial policies provided an important stimulus to the growth of the textile industry (Fishlow, 1972; Haber, 1998; Stein, 1957). More recently, historians have compared Brazil’s experiences with that of Mexico and concluded that Mexico’s more restrictive financial policies distorted its nascent textile industry. Comparative microeconomic studies are a good start towards an understanding of the effects of national financial policies. Nevertheless, alongside the case studies of specific industries, it is important to consider the overall economic impacts of differing financial policies since it is impossible to infer the macroeconomic consequences of policy based on the study of one or two industries. Our contribution widens the focus to examine the relation between differing financial policies in Mexico and Brazil and their respective macroeconomic performances. Our study leverages the recent creation of macroeconomic statistical series in order to make a preliminary assessment of comparative macroeconomic performance.

This study of comparative financial policies and their relation to macroeconomic performance is motivated by longstanding questions and problems in financial and banking history that are concerned with how national financial and banking policies affect the gross domestic product (gdp). Moreover, alongside the problems of generating economic growth, economic historians have long been interested in measuring financial fragility, including both the costs of fragility, as well as policies that tend to promote or discourage it (Bordo et al., 2001; Eichengreen, 1999; Gorton, 2012; Kindleberger, 1978; Minsky, 1975; Obstfeld and Taylor, 2004; Reinhart and Rogoff, 2009). The Minsky model of financial instability (1975) was turned into a historical narrative by Kindleberger (1978) and has served as a useful framework for a number of quantitative economic historians interested in deriving robust empirical hypotheses about the growth effects of financial regulations. Do the positive growth effects of a freer financial system outweigh a potential increase in the probability of a financial

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crisis? Are there ways to limit financial fragility that nevertheless permit a country to obtain the advantages of a well functioning financial system?

Achieving the delicate balance between too much and too little control over the financial system has been a difficult challenge for policy makers at least since the first wave of financial globalization in the nineteenth century; economic history has been a constant source of information about the successes and failures of different policies. Our study uses both the relatively new macroeconomic data of Maddison (Bolt and Van Zanden, 2013; Maddison, 2010b) and others in order to examine the much older concerns about financial stability, financial development, and economic growth. Virtually none of the existing economic history literature on Brazil and Mexico discuss the high costs of fragility or how financial policies may minimize the likelihood of a crisis while still encouraging economic growth at the macroeconomic level.

In 1890, Brazil and Mexico shared similar levels of income, infrastructure development, and positions in the world economy. According to the Maddison dataset (Bolt and Van Zanden, 2013), Brazil’s 1890 per capita income was somewhat less than Mexico’s ($794 versus $976 in 1990 Geary Khamis international dollars).1 Nevertheless, Brazil developed its railroad 1 It is easy to forget that gdp was not routinely measured by national statistics agencies until after World War II; hence there are no archival sources for gdp. The first manual for estimating gdp was produced by Richard Stone in 1952, and was published by the Organisation for European Economic Co-peration, oeec (Maddison, 2010a). Nearly all estimates for the years before then are the work of academic economists. Brazil is no exception. The Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística (ibge) breaks Brazilian gdp statistics into two periods, with 1947 the dividing line. gdp data prior to 1947 are not comparable to data after. The earlier years rely on independent researchers and research teams to estimate values based on census and other data. Data from 1947 and after are estimates from official government statistical offices. ibge (1990) provides three estimates for years before 1947. Haddad’s estimates (1974) cover 1900 to 1947 and are the most relevant, although the ibge only reports his estimates for 1900 to 1939. All of the igbe’s reported values for the years before 1947 are indexes from which growth rates can be inferred, but not levels. Estimates of gdp per capita for years before 1900 are not given by ibge, but the estimates of Goldsmith (1986) are widely used. For example, Araújo, Carpena, and Cunha (2008) combine data from Goldsmith (1986), Haddad (1974), and ibge, to create a series of gdp estimates for 1850-2000. This is the only long-series estimate for Brazil, other than that of the Maddison Project which is built on the same dataset as Araújo, Carpena, and Cunha, but adjusted for purchasing power parity (ppp). Goldsmith remains a widely cited data source for the years relevant to this paper (for example, see Accominotti, Flandreau, and Rezzik, 2011).

The Maddison Database is an improvement over others in that it estimates comparable cross-country purchasing power parity gdp. It is the most widely cited source of comparative historical gdp data. The updates to the original Maddison Database are provided by Bolt and van Zanden (2013) and their team of researchers at the Groningen Growth and Development Center.

These are an update of the original Maddison Database (Maddison, 2010b), and reflect the work of the Maddison Project which was initiated to continue the work of Angus Maddison after his death.

The Maddison Database also provides a set of annual purchasing power parity estimates of gdp per person for Mexico for 1900 and after. For the years prior to 1900, the estimates are at 5-year intervals (1895, 1890, etc.). Maddison’s dataset is drawn from estimates provided by Ins-

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infrastructure ahead of Mexico, as coffee and rubber exports began to take off, and it started a profound social and political transformation with the ending of slavery in 1888 and the establishment of a republican form of government in 1889. During the last decades of the nineteenth century, Mexico rapidly transformed its economy with industrial developments under the dictator Porfirio Diaz and his positivist advisers, the so-called cientificos. Both economies depended on commodity exports as a source of foreign exchange, including coffee and rubber in Brazil and silver, gold and copper in Mexico, and both relied mainly on foreign sources of financing for their industrial development (Thorp, 1998). Although through most of the nineteenth century Brazil and Mexico had had different financial trajectories, by 1890 both countries possessed fledgling banking systems and both had access to international capital markets.2 After 1890, the economies of Mexico and Brazil diverged radically for two decades. And so did their financial policies. Mexico’s industrial development outpaced Brazil’s over the 1890s and 1900s, and the income per capita in Brazil fell from 81% of Mexico’s in 1890 to 51% in 1900 and 45% in 1910 (Bolt and van Zanden, 2013). In spite of its lagging performance and the fact that it did not recover its 1890 level of per capita income until 1911, the financial policies pursued by Brazil have been compared favorably to Mexico (Haber, 1997a, 1997b) and its regulatory and institutional reforms in the first years of the Republic have been cited as a key element of industrial success (Fishlow, 1972; Haber, 2000; Hanley, 2005; Stein, 1957).

Stein (1957) and Fishlow (1972), writing during the era of import substitution industrialization, viewed the regulatory and financial policies of the last years of the empire and the first years of the republic as a precursor to the types of industrial support familiar to them. In contrast, Haber (2000) and Hanley (2005), writing during a period of enthusiasm for financial liberalization, viewed these policies in a positive light, as the precursor of the Washington Consensus and free market liberalism. Nevertheless, in a tituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) and are adjusted for purchasing power parity. inegi’s most recent estimates are continuous on an annual bases from 1895 and after and were produced after the Maddison Database was updated. They are not adjusted for ppp. We have adjusted the inegi data for the years 1896-1899 using Maddison’s implicit price adjustment factor, to produce a consistent, purchasing power parity set of estimates of gdp per capita for Mexico for 1890 and 1895-1910. Unfortunately, we are not aware of any estimates for the years 1891-1894.

Not all economic historians agree that that the recreation of gdp data is valid. For example Riguzzi (2009, p. 350) argues that the number for Mexico are wildly inaccurate. While we recognize that the numbers are estimates, at best, and there are likely to be significant errors, until we have a better dataset, we will use the one that is most widely cited by economic historians.

2 Prior to the 1890s, Brazil enjoyed a long era of political and financial stability which affected respective attitudes and capacities toward financial reforms. Brazil had a fledgling banking system and strong ties to foreign capital (through the London Rothschilds), while Mexico had virtually no banks until the 1880s, and its foreign debt was in default from the 1820s to 1880s.

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pioneering work that explored Brazil’s banking history from 1889 to 1930, Gail Triner introduced a note of caution with respect to interpretations of the Encilhamento. She observed that although some scholars had pointed to the positive effects of the Encilhamento on industrial development, the issue and problem remained “underexplored” (Triner, 2000, p. 69).

In this paper, we argue that the reforms that deregulated the banking sector in Brazil resulted in a severe and prolonged financial crisis with deep macroeconomic costs. We show that the sequence of events in Brazil associated with its brief episode of financial liberalization culminated in a sovereign default in 1898 and a final banking crisis that began in 1900 and continued until 1905. In short, Brazil’s brief episode of financial liberalization resulted in a lost decade and a half. We suggest that what has been described as three separate crises in Brazil, were all parts of one longer, evolving crisis.3 By contrast, Mexico’s economy labored under financial restrictions imposed in part by foreign creditors and in part by the institutional weaknesses of the Mexican state, both of which constrained the national government’s ability to expand its banking sector. Industrial activities grew rapidly in spite of the limits on finance –or perhaps in part because of those limits and because foreign creditors provided the government the resources and financial stability that drove economic growth– and per capita incomes grew nearly 74% in real ppp terms from 1890 to 1910.

Given these similarities in starting points, with the exception of financial liberalization and the fact that Brazil’s financial liberalization has been spotlighted as a positive development for industrial development and a more favorable environment for growth than occurred in Mexico, comparison of the two economies and their financial policies in the 1890s and 1900s is a worthwhile exercise for shedding light on the macroeconomic consequences of different financial regimes. In what follows we argue that Mexico’s superior macroeconomic performance from 1890 to 1910 was partly the result of selective restrictions in the financial sector, and that Brazil’s inferior performance resulted from liberalization policies that went too fast and too far. We do not assert that financial restrictions are always superior, but wish to emphasize that the macroeconomic data do not sup 3

Bordo and Eichengreen (1999) classify Brazil’s financial problems between 1889 and 1901 as three separate crises: A “twin crisis” (currency crisis and a banking crisis) from 1889 to 1991; another twin crisis (currency and debt) from 1897 to 1998; and a banking crisis from 1900 to 1901.

We will argue that the three crises were not separate and that they conform to the typical pattern documented in Reinhart and Rogoff’s landmark study of historical financial crises (Reinhart and Rogoff, 2009, pp. 260-273). Whether it is one long crisis or three separate ones, it was punctuated by periods of greater distress that grew out of each other. Between the periods of intense crisis, there were periods of relative calm with little or no positive economic growth.

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port the generally accepted view that financial liberalization was a grand success in Brazil, nor that its absence held back Mexican industrial development. Brazil in the 1890s is an example of rapid financial liberalization leading to severe and persistent macroeconomic problems and nearly two decades of stagnant income growth. Mexican leaders, on the other hand, recognized their inability to provide oversight, as well as the costs of financial speculation, and responded by limiting the growth of the financial sector. This recognition of their institutional weaknesses caused additional indirect restrictions of the financial sector as well as the direct ones, since it forced the Mexican government to accede to their foreign creditor’s demands for banking restrictions in return for public finance. Consequently, stability in Mexican finance was partly the result of foresight by leaders who understood the difficulties of regulating far-flung banks across a large territory with difficult geographical barriers, and was partly the unwitting and fortuitous outcome that resulted from the limits and restrictions imposed on the country by its foreign creditors.4 Theories and practice of banking regulation Following the theoretical work of Hellman, Murdock, and Stiglitz (1997) we distinguish between financial repression and financial restrictions.

While the two can be similar with respect to the rules and limits they impose, they have a fundamental difference with respect to the rents that are created under those rules and limits. Financially repressive regimes use a variety of limits on the banking and financial system to extract rents from the private sector that are captured by the government. By contrast, financially restrictive regimes create rents which remain in the private sector and create incentives for avoiding unnecessary risks. A smaller number of banks increases the profitability of each one, reduces competition, and creates a reason to limit unnecessary risk. There is a fine line between financial repression which limits or prevents financial deepening, and financial restriction which can promote it. For example, a state that imposes interest ceilings, limits the scope of financial institutions, and forces banks to hold high levels of reserves that are invested in government securities, can gain significant resources but at the cost of increased financial sector 4 Leaders in Mexico, including the Minister of Finance Limantour, clearly understood Adam Smith’s view of banking regulation: “Such regulations may, no doubt, be considered as in some respect a violation of natural liberty. But those exertions of the natural liberty of a few individuals, which might endanger the security of the whole society, are, and ought to be, restrained by the laws of all governments; of the most free, as well as or the most despotical” (Smith, 1776 [1937], p.

308).

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fragility and less financial intermediation. In this case, banks earn rents that are extracted by the state. On the other hand, deposit interest ceilings and limits on financial activity, particularly entrance of new firms, generate economic rents that accrue to the banks and to their borrowers. This can promote financial deepening as banks have an interest in expanding the deposit base and in avoiding bad loans that harm their profits and the value of their franchise (Hellman, Murdock and Stiglitz, 1997). Mexico’s 1897 banking law had precisely this goal.

The differences between a moderate amount of financial restriction as a component of financial regulation and outright financial repression is useful to consider because it helps explain Mexico’s banking legislation of the 1890s and 1900s. Limited franchises for banks, in particular, created economic rents but those rents accrued mostly to the banks themselves and to some extent to their borrowers. This may have promoted financial deepening even in the face of limits on the banking system.

We now turn to the case studies of Mexico and Brazil, which illustrate the contrasting consequences of regimes that pursue moderate financial restrictions and those that embark on rapid financial liberalization.

Financial restriction in Mexico From Mexico’s independence in 1821 down to 1876, postcolonial conflict provoked civil wars, secession crises, and foreign invasions, wreaking havoc on the economy and retarding the formation of economic policies.

Apropos of our interests here, no laws were created to establish and govern Mexican financial institutions or practices. Lending was done ad hoc by private creditors, typically merchants who extended loans largely along kin, client, and ethnic lines. Outside of this private web, a few banks focused on highly specialized business, namely foreign exchange or small loans to the poor. Mexico’s public finances also suffered. In the 1820s, amidst the London bubble of lending to newly independent Latin American governments, Mexico contracted loans on the London market, but this debt quickly fell into default, closing access to foreign lending throughout the era. Alongside occasional forced loans, the wealthiest of the merchantcreditor class (the so-called agiotistas) provided irregular public finance.

The modern era of Mexican banking began in the dictatorship of Porfirio Diaz (1876-1911), or more precisely during the interregnum of General Manuel Gonzalez who served a four-year presidential term from 1880 to 1884. In the early 1880s, during the Gonzalez presidency, several banks were founded before national legislation was passed to govern financial institutions. The largest of these banks, Banco Nacional Mexicano

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(henceforth Banamex), established by foreign investors, sought monopoly privileges in return for providing the government public finance.5 The government initially resisted this demand, but in 1884 during a severe financial crisis, the government, in return for an emergency loan supported legislation (incorporated into the Mexican Commercial Code of 1884) that granted Banamex broad monopoly privileges. Over the next few years, bankers, politicians, and policymakers fought overtly and covertly over the implementation of these financial restrictions. Significantly, no bank was forced to close, despite pressure on the government from Banamex’s principal foreign shareholders.

However the government’s freedom to pursue more independent financial policies increased significantly when in April 1888 it contracted a foreign loan with the Bleichroeder Bank of Berlin.6 The access to the foreign bond market immediately relaxed the grip that Banamex had on the government’s finances, and the government jumped to overhaul the banking system. Until the Mexican government contracted its foreign loan through Bleichroeder, it was entirely dependent upon Banamex for financial credit. This dependency constrained its ability to pass more liberal banking legislation because Banamex (specifically its foreign shareholders) demanded monopoly privileges in return for credit advances. Within weeks of signing the foreign loan contract, the government sent several initiatives related to reforms to the banking system to Congress. The most significant initiative was a bill that Diaz’s Finance Minister Manuel Dublan introduced (and which met no opposition) that provided for a two-year window in which the executive was free to establish as many new banks as it saw fit.7 In the next years, independent, provincial banks were founded throughout the republic: two banks in 1889, and in 1890-1891 three more banks in Durango, Zacatecas, and Nuevo Leon. Many more banks were granted charters and concessions by the government, but given the relative lack of financial surplus in Mexico, the reluctance of small savers to place funds in banks, and short-term economic obstacles, most of these banks never opened and the potential for financial deepening in the Mexican economy was not realized. These factors all combined to produce a 5 The origins of Banamex, and its main rival, were first studied by Leonor Ludlow (1986 and 1990). Carlos Marichal has written extensively on the relationship of Banamex and the Porfirian government, emphasizing more their collaboration than conflict (Marichal, 1994). For a revisionist interpretation of the Porfirian government’s strategy and activities with respect to banks and foreign debt, see Passananti (2007).

6 For a detailed account of México’s 1888 foreign loan with the Bleichroeder bank, see Passananti (2006).

7 “Se faculta igualmente al Ejecutivo para contratar el establecimiento de instituciones de crédito que sean convenientes para fomentar el comercio, la agricultura y la minería. Esta facultad durará dos años.” Cámara de Diputados (May, 24, 1888, Diario de los Debates, p. 802).

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curious era of “free banking,” in which the loosening of regulations was met with only a tepid response from financial entrepreneurs. Policy uncertainty may have also been a factor, since it was widely known that a government commission was debating general bank legislation modeled after the U.S. system. However in 1892 the legislation was aborted. Why the government scotched its plans at overhauling the banking system are not precisely known, but it is likely that the gathering recession temporarily increased Banamex’s capacity to block reforms aimed at reducing further the bank’s legal privileges and concessions.

In 1892-1893 financial shocks pushed the Treasury to the brink of default. Default was only staved off thanks to a series of emergency bridge loans from Mexico’s creditors (Banamex and its foreign partners) who lent the government the funds necessary to continue to service its past debt to them. Although evidence is scant, it seems clear that these bridge loans carried a rider that forced Mexico to declare a de facto moratorium on new banks. In May 1893 in the midst of the crisis, Limantour decreed that no bank could open without approval from the treasury minister and in accordance with the Code of Commerce –and none did until the late 1890s (McCaleb, 1920, 105-106). Correspondence between Banamex and its foreign board and other foreign lenders reveals that Mexico’s finance minister had asked Mexico’s creditors for a two trimester delay in servicing the foreign debt (1893. Archivo Histórico, Banamex, Dirección Reservado, núm. 1). This occurred after initial steps had strengthened rival banks and established several new ones. Now, the system and the government’s plans were frozen. The abortive reforms of 1888-1889 had an impact, nonetheless. In 1890 the circulation of bank-notes was dominated by Banamex with 67%; Banco de Londres had 27%, and the state banks only 6%. By 1895 Banamex’s portion dropped to 56%, while Banco de Londres and the state banks had enlarged their shares to 31% and 13%, respectively.

Also in 1895 policymakers began to contemplate an overhaul of Mexico’s banking laws and institutions. The timing of the financial reforms and initiatives is attributable to the growing financial power of the Mexican state. In February 1896 as the Mexican finance minister began private negotiations with Banamex to abrogate its de jure monopoly concession, the Treasury carried a cash balance of some 2 937 940.84 pesos (February 4, 1896. Archivo Histórico, Banamex, Cartas al Comité de París). For the first time in its history, the Porfirian state was negotiating from unquestioned financial strength. The Mexican economy and state had emerged from the depression of the early 1890s stronger. The reasons are familiar to historians. In 1894 the Mexican economy resumed growth, responding to surging demand for primary products from the industrial economies of the North Atlantic. Mexico’s newly laid railroads helped meet this demand

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by carrying the products of mines and ranches and haciendas efficiently to frontiers causing custom receipts to swell.8 In addition, a brief cyclical recovery in silver bullion prices was an added boon to the Mexican Treasury since it collected taxes in silver pesos, but paid its external debt in gold-denominated currency.

Targeting the commercial banking sector and public finance, the government’s new banking legislation had three main goals. First, the law sought to dynamize the economy by implementing provisions designed to accelerate financial deepening through every state in the republic. Second, the bank law sought to shield the fledging system and the economy more generally, from the risks posed by a rapid liberalization of the financial sector. Protecting the nascent system from speculation, and instilling confidence in these impersonal institutions, were critically important goals of Mexican policymakers. Third, the reform sought to increase the state’s freedom of action by establishing domestic alternatives for public finance.

In November 1896, Finance Minister Limantour introduced the law to the Mexican Congress, explaining that, “there arose the necessity of entering without delay on the preparation of laws and regulations intended to serve as a complement and corollary to the suppression of the tolls on interstate traffic by facilitating the expansion of commerce, agriculture, and all branches of industry by a well-planned and far-sighted development of the institutions of credit” (Limantour, 1897, Appendix A, pp. 110-111).

In short, the Mexican government hoped to aid and stimulate the economy through new credit legislation.

The 1897 law was not as liberal as the scotched plan of the early 1890s.9 Still, its principle restrictive feature, granting only the first bank in each state tax-free status, was designed, to accelerate the founding of credit institutions. Other restrictive provisions were flexibly enforced, for example permitting state banks to operate in more than one state to allow for past development.10 The key provision granted tax-free status to the first bank established in any state, and penalized later banks with an additional 2% tax. This statute has been interpreted as evidence of the law’s restrictive nature. Its author did cite the fear that given the early stage of banking in Mexico, a more liberal law might create too many credit institutions and admitted “the new law will no doubt give birth, at least in the early years of 8 Coatsworth (1981) has suggested that the real economic benefits of the railroads were concentrated in the era after the mid-1890s.

9 In addition to other works cited throughout, the 1897 law has been studied in Charles Conant (1910); for an institutional history of the 1897 banking legislation, see Ludlow and Salmerón (1997).

10 Because Banco de Nuevo Leon had operated in four states, its new concession permitted it to continue to do so. Also the Banco Oriental de México was allowed to operate in different states.

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its operation, to a sort of banking oligarchy” (Limantour, 1897, p. 117). In this sense, the law was janus-faced. It sought to induce the rapid expansion of competitive banking into all states (the new state banks and Banamex and Banco de Londres’ branches), and to regulate and restrict the growth as a guard against speculative over expansion. As an early historian commented: “Clearly it was Limantour’s purpose to make the prize worth the seizing on the instant –in short, so great the inducement that the organization of banks in the several states would be pressed at the earliest possible moment” (McCaleb, 1920, p. 107).

More recently historians have been reluctant to recognize the subsidy nature of this provision, instead stressing the ways in which this provision restricted growth. Contemporaries feared that charters would be taken out willy-nilly, as they had after 1889, simply as a speculative flier rather than as a first step to opening up a bank. Overcoming this obstacle was a goal of the law.

The effects of the reform on Mexico’s credit system were large.11 If we look at the banks of emission and their percentage of bills in circulation, we find that in 1895 Banamex had 56%; Banco de Londres, 31%, and the state banks, 13%. Five years later, or three years after the bank reform, we find a much different environment. Banamex’s share had dropped to 36%, that of Banco de Londres had fallen to 29%, and the state banks share had risen to 35%. In terms of market share, Banamex had lost more than onethird of its share, Banco de Londres some 7%, but state banks had experienced almost a 200% increase.

In absolute terms, note circulation had expanded dramatically. On June 30, 1897, just three months after the reform was enacted, total notes issued stood at almost 42 340 491 pesos, of which Banamex had almost 24 000 000, and the remaining banks just over 18 000 000. A year later total outstanding currency had grown almost 25%, but almost none of the gain (only 235 000 pesos) was attributed to Banamex. This trend continued over the next years. For example in June 1901 total notes had grown to 63 000 000, but Banamex’s notes had actually decreased to 23 300 000 pesos (Boletín de Estadística Fiscal, 1901, núm. 225, pp. 101-102). If we look just four years later in 1905, we find Banamex market share had dropped to 28%, Banco de Londres had fallen to 21%, and the state banks had surpassed 51%. Indeed in the wake of the monetary reform when a new burst of foreign capital invested in new and old banking houses, Great

11 For several essays that detail how regional banking thrived in the aftermath of the 1897 legislation, see the relevant chapters in the excellent collection, Cerutti and Marichal (2003).

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Britain’s minister in Mexico reported of talk that the country “is being over-banked” (Max Muller to E. Carey).12 It would be misleading to attribute this growth in banking assets entirely to government policies. The expanding economy swelled bank ledgers, notes in circulation, and loans. Instead of the reforms played a crucial role.

Moreover, it seems reasonable to conclude that the 1897 bank law (and related initiatives) sparked a more competitive era of banking, namely causing interest rates to fall, the larger banks to lose market share, and the government to have a wider range of public finance options. It is also noteworthy that the expansion of the credit market was not a temporary boom followed by a bust, the pattern that afflicted the contemporaneous Brazilian experience, known as the Encilhamento.13 In fact when an international recession hit Mexico in 1907, the banking system was shaken, but the system fared quite well, with serious problems confined to only one state, Yucatán. In the aftermath of the crisis, the Finance Ministry intervened, making several financial reforms, including founding an agricultural bank focused on providing longer term credits, authorizing the merger of several of the weakest provincial banks, and allowing institutional adjustments so that banks of emission could be transformed into investment banks (Gómez, 2011). In other words, the external financial shock of 1907 severely tested Mexico’s banking system, but given the regulations in place in the financial system and given a few specific reforms, it was able to continue to perform reasonably well down to the Mexican Revolution.

Financial liberalization in Brazil Mexico’s nineteenth century political history contrasts sharply with that of postcolonial Brazil, where relatively stable and conservative monarchical rule prevailed and economic growth was fueled by commodity exports (especially coffee after mid-century), as increased international demand was met by opening new lands in the south and redeploying slavery there.

However, despite, or perhaps because of this conservative rule and commodity-driven growth, the development of financial institutions proceeded slowly in Brazil as well. Overall, Gail Triner’s summary of nineteenth century Brazilian financial history until 1890 was largely true for Mexico as well (Triner, 2000). Triner observed of Brazil: “Throughout the nineteenth century, borrowers obtained domestic credit through personal connec 12

August 3, 1906. Public Records Office, Foreign Office, 368, Mexico.

For a recent examination of the collapse of a liberalized banking system in 1890s Brazil, see Triner and Wandschneider, 2005.

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tions. Investments requiring finance in amounts larger than entrepreneurs could raise within their personal networks were opportunities foregone” (Triner, 2000, p. 24).

Unlike Mexico, though, Brazil witnessed short-lived attempts to create a government bank (several iterations of a Banco do Brazil), and a longer-lived but notable domestic private bank failure. And, whereas in Mexico, only one British-based bank opened an office in the 1860s, in Brazil during the 1860s, several British-owned banks opened in order to support British commercial interests. A final difference was that throughout the nineteenth century, Brazil enjoyed access to international capital through the London Rothschilds, whereas Mexico, whose 1820s London debt remained in default until the mid-1880s, was not able to borrow on international capital markets.

Notwithstanding roughly parallel developments of banking throughout much of the nineteenth century, in 1889 the government of Brazil embarked on a credit policy experiment that sharply distinguished it from Mexico. As Brazil’s monarchy gave way to the First Republic, Brazil adopted an ambitious scheme of financial liberalization, known as the Encilhamento. At the heart of the Encilhamento were a series of bills passed by the last finance minister of the monarchy and the first of the republic.

Their combined impact was to dramatically liberalize the financial and stock markets, leading to the rapid increase in banks and capital available to firms. As a result, the number of banks in Brazil more than quintupled over the course of three years, from thirteen in 1888 to 68 in 1891. This was due in part to lower reserve requirements and to efforts to stimulate the growth of regional issuing banks (Triner, 2000, p. 69). Liberalization and promotion of capital accumulation included interest-free loans from the government and fewer restrictions on bank lending. These policy changes and their impact on the economy were further encouraged by the shift from private ownership to limited liability corporations under the institutional reforms of 1890. Triner describes a period of “ rapid corporate formation and unbridled share trading” (2000, pp. 44-45). Bordo and Eichengreen (1999) cite Subercaseaux that in 1890 Brazil experienced a shortage of names for new companies. The bubble was in full development.

The expansion of banking and the number of banks authorized to issue notes, together with the other policy changes designed to liberalize the financial system had several negative consequences. First, it led to a nearly 300% expansion of central bank note circulation between 1889 and 1898, from 197 000 000 milreis to 778 000 000 (Flandreau and Zumer, 2004).

Not surprisingly, inflation took off. From 1889 to 1898, prices rose 118%, with most of the increase coming in 1891, 1892, and 1893, and again in 1897, the year before the government’s debt crisis was solved by loan from

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their London banker, the Rothschilds. Nor was inflation the only problem. The increase in the money supply also undermined confidence in the milreis and led to a decade-long collapse of the currency. Figure 1 shows the yearly percentage change in the value of the milreis against the British pound from 1889 to 1906. Between 1889, when it appreciated by 7%, and 1898, when the Rothschild’s loan to the government finally halted the currency slide, the milreis fell from 27.195 British pence to 7.202, a cumulative decline in value of 73.5% (ibge, 1990, Table 11.10).

Even as inflation began to take off and the currency began to lose value both at home and abroad, other factors fed the initial boom. The supply of cheap credit from government loans, the encouragement of stock trading, and the formation of corporations, all created new opportunities for banks and entrepreneurs. Given the lack of controls on finance, however, it is not surprising that these new opportunities led to a deterioration in bank balance sheets, fed by risky lending, bank speculation in real estate and currency markets, and the financing and trading of newly issued stock for industrial companies. The accumulation of non-performing debt led to the insolvency of many banks and the crash of the Encilhamento. By the end of 1892, only fourteen banks of the 68 banks in operation in 1891 were still publicly traded. Spillovers from finance into the real economy were ubiquitous, which is to be expected given the centrality of finance and the fact that the collapse in the financial system was systemic and not limited to one or two institutions. For example, imports of machinery declined dramatically after peaking in 1891. As Figure 2 shows, machinery imports, measured in constant value British pounds, tracked down through the entire decade of the 1890s until they finally bottomed out in 1901, by which time they were at less than a third of their previous peak during the Encilhamento (ibge, 1990, Table 7.6).

Brazil’s stagnant economy after 1891 made it impossible for banks to recover. In addition, high rates of inflation and the falling value of its currency increased the real value of government debt. The sequence of negative growth and stagnant banking after 1892 continued to develop.

Between 1889 and 1897, the year before Brazil’s default, public debt rose from 693 000 000 milreis to 2 192 000 000 (Flandreau and Zumer, 2004).

By late 1897, the debt was unsustainable and the Brazilian government was forced into taking a loan from its London bankers in order to postpone debt repayment until 1901. In addition to restructuring the debt burden, the loan imposed limits on new money issuance and new lending. In other words, austerity was imposed by an outside rescuer. The policies of austerity imposed by foreign lenders restricted credit and reinforced economic stagnation. Hanley (2005) argues that these policies were deeply flawed since they favored foreign creditors over the domestic economy, but as

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Source: ibge, 1990, Table 11.10

FIGURE 1. AVERAGE ANNUAL CHANGE IN THE VALUE OF THE MILREIS

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Source: ibge, 1990, Table 7.6.

FIGURE 2. BRAZILIAN IMPORTS OF INDUSTRIAL MACHINERY

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usual under these conditions, nineteenth century lenders and borrowers were less motivated by the interests of workers and households than they were by the interests of creditors and finance. Had the Brazilian government refused the funding loan, it would have been cut off from global financial markets, its coffee and rubber producers would have suffered, and the economy might have seen even steeper declines.

After the sovereign rescue, the decade-long decline in economic activity that began in 1891 continued to erode bank balance sheets. A third intensification of the crisis began with the failure of the largest bank, the Banco da República, in 1900 and led into another wave of bank failures that continued the economic stagnation. By 1905, only ten banks survived.

In that year Brazilian policymakers adopted more restrictive financial policies, including a currency board to manage the money supply, the creation of the Banco do Brasil, and a return to the gold standard. Brazil’s banking system was rebuilt along the more conservative lines of contemporary Mexico and by 1906, the long period of instability was over.

The treatment of the Encilhamento by historians How have economic historians interpreted the consequences of the spectacular boom and bust of Brazil’s banking sector? Most previous research had focused almost exclusively on just one industry, cotton textile manufactures. The cotton textile industry expanded dramatically as a result of new infusions of capital made possible by the sudden availability of investment funds from the banking sector. Historians had long credited the Encilhamento for laying the basis of Brazil’s textile industry. More than fifty years ago Stanley Stein offered a strong defense of the Encilhamento: The political, social, and economic turmoil that characterized the downfall of the Imperial regime and the onset of the First Republic in the three years 1889-1892 has obscured the significance of Brazil’s short-lived boom and, in particular, the contributions of the state to industrial growth. Most Brazilians aware of the boom associate with it solely its stock-jobbing aspects and the fraudulent activities of speculators. Such an appraisal of the boom and its sequel, the campaign for state assistance to credit-short industrialists, is superficial. Despite heavy speculation, textile mills survived, new ones were founded, and the cotton manufacture embarked upon a promising future. By liberalizing the chartering of joint-stock finance, by widening the banks’ range of economic activity, and by increased note issue, the republican government accelerated the process of capital formation. In effect, the paper money inflation supplied the textile industry with liquid capital which otherwise would probably have taken a longer period of time to accumu-

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James Gerber and Thomas Passananti late. It was the ability of industrialists to perceive the value of concerted effort in pressuring the republican government that brought financial assistance in 1892; the same spirit of association enabled the cotton industry in the nineties to obtain the protection judged necessary to assure its future development (Stein, 1957, p. 96).

Subsequent revisionists have built on Stein’s argument that the expansion of the textile industry proved long lasting. In a 1972 essay written to honor Raul Prebisch, and to champion what he suggested was an important precursor to import-substitution policies, Albert Fishlow (1972) deepened this revisionist interpretation of the Encilhamento, lauding it for contributing significantly to Brazil’s industrialization through the easy credit it offered to textile industrialists. The revisionist thesis regarding the positive consequences of the Encilhamento has been followed by many economic historians in the subsequent two generations.

In the early 1990s Maria Barbara Levy observed that the revisionist evidentiary base was thin: all revisionist theses as to the Encilhamento’s role in industrialization are based on the performance of cotton textile manufacturers. Credit expansion favored their growth. It must be made clear, however, that most of these companies existed publicly previous to the stock market boom. They were available to profit from current conditions to become publicly held share companies. Many of these “new” companies had been operating for some time as family concerns (Levy, 1992, p.

362).

In other words, Levy qualified the positive re-evaluation of the Encilhamento in two ways. Not only was the positive review narrowly based on the performance of one industry, but also because the credit boom did not create many of the companies in that industry, it simply allowed them to become public. The first critique really opens the larger, more relevant question about the macroeconomic effects of the Encilhamento, since generalizations based on the credit liberalization effects in one industry may or may not be suggestive, or they may be of spurious value and perhaps serve as a qualifier, or outlier.

While Levy’s work and her note of caution were available, economic historians since the 1990s (Haber, 1997a, 1997b, 2000; Hanley, 2005) continued to draw broad-based conclusions about the salutary effects of the financial reforms of the Brazil’s early republic, especially focused on comparing the success of Brazil’s financial reforms to failure in Mexico, rooted in its more restrictive financial system. Many of the arguments were concentrated on the textile industry or a particular region, showing that it grew dramatically in the era after 1890. Haber argued, for example that

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“Mexico did not, however, undertake the kinds of financial market regulatory reforms that Brazil did, and where legal reforms did mirror those of Brazil, it did not enforce the new laws. The result was that the Mexican textile industry grew slowly” (Haber, 1998, p. 297).

Again, what is noteworthy in this and other analysis is the absence of any effort to measure the cost of the financial collapse of the Encilhamento, the subsequent banking failures that resulted, and the decline in overall economic activity.

Macroeconomic consequences Economic historians that have written favorably of the Encilhamento as the beginning of Brazilian industrial development have not sought to temper their conclusions by assessing the costs of the ensuing volatility. In part, that may be explained by the fact that they did not have the ability to draw on the scholarship of financial crises, which has grown dramatically in recent years. Thus, it may be helpful to examine the effects of the Encilhamento and its ensuing collapse on the broader Brazilian economy.

Below we note in general terms how the Brazilian economy performed in the years after the collapse of financial liberalization. Again, Levy has observed that “All indicators point to a substantial decline in real per capita product during the 1890s [. . .]. Contador and Haddad estimate 35 percent, whereas Goldsmith arrived 11 percent” (Levy, 1992, p. 360).

Financial liberalization led to an accumulation of stocks, foreign currencies, and industrial loans on bank balance sheets. As the value of the stocks and industrial loans became questionable, and as banks plunged into crisis, the supply of loans dried up and the demand for business equipment and other intermediate inputs was depressed. Businesses throughout the economy were trying to eliminate debt and offset nonperforming assets. Both gross economic performance and banking sector indicators in Brazil showed a significant and prolonged reduction in economic activity after the onset of the crisis.

Table 1 shows estimates of the annual average rates of growth of per capita gdp, measured at purchasing power parity over five-year intervals.

The data are from the Maddison dataset (Bolt and van Zanden, 2013).

Mexico outperforms Brazil in every 5-year period except the last one, by which time Brazil had adopted a restrictive banking system that was similar to Mexico’s. In addition, Mexico felt some contagion from the US-based Panic of 1907, Brazil to a lesser degree. Brazil’s per capita income growth is negative in nine of the ten years from 1890 to 1900. In 1890 it had per capita income equal to 78.5% of Mexico’s, but by 1900 the ratio had fallen

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to 49.7%. In total, Brazil had negative per capita growth in eleven of the fifteen years between 1890 and 1905.

Conclusion The debate between opponents and proponents of financial liberalization will continue, and many matters remain unsettled. It is within this context that the experiences of Mexico and Brazil in the 1890s provide economic historians with a natural experiment for testing the costs and benefits of financial liberalization. Brazil liberalized and saw a booming financial sector, followed by a collapse which became generalized throughout the economy and was associated with a decline in per person income that did not recover its 1890 value until 1911. Some industries, cotton for example, were able to take advantage of the financial boom and added capacity to an already significant sector, but the subsequent macroeconomic decline erased gains of the boom, and left the country poorer in 1900 than it had been in 1890. Finance is a powerful force, both for economic good and bad. Brazil unleashed its banks and entrepreneurs but it lacked the capacity to ensure prudential regulatory oversight. In their case as with so many others, the economic gains that accrued from efficiencies in the allocation of capital resulting from financial liberalization were easily destroyed by a macroeconomic collapse caused by a financial crisis.

Economic historians should not be surprised by the relatively superior performance of Mexico in the 1890s, even though its financial system was riddled with inefficiencies and controls that created monopoly profits for some and shut others out of capital markets completely. First, financial management in Mexico achieved stability and avoided the extreme costs of a macroeconomic collapse. Questions related to how restrictive Porfirian financial policies were in practice (as opposed to in law) and why Porfirian policymakers placed restrictions on the banking system are disputed among scholars. Given Mexico’s long nineteenth century history of financial insolvency and virtual absence of banks, we have argued that policy makers set financial stability as the highest priority in order to attract both foreign and domestic capital into productive investments. Nevertheless, policymakers exercised a surprising degree of flexibility in applying legal restrictions, thereby permitting in practice a more competitive system than recent scholarship has acknowledged. Other historians have asserted that these restrictions were rigidly enforced and the exclusive result of the tight integration of financial and political elites in Porfirian Mexico, whereby the latter obtained public finance from the former and in return restricted financial markets. Ultimately, however, for the purpose

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TABLE 1. COMPOUND AVERAGE ANNUAL GROWTH RATES OF GDP PER CAPITA Country 1890-1895 1895-1900 1900-1905 1905-1910 Brazil -0.25 -2.83 1.14 1.37 Mexico 2.28 3.82 3.59 0.77 Source: Author’s calculations; Bolt and van Zanden (2013).

of assessing macroeconomic consequences, the question of why Porfirian policymakers restricted the market (fear of volatility or implicit collusion) is beside the point. The results were the same with respect to financial stability and an absence of volatility. Second, financial restrictions were consistent with economic growth and even abnormally high rates of growth, both in theory and in practice. Even scholars who have pointed to the inefficiency costs of Porfirian regulations and restrictions have acknowledged that the Mexican economy grew rapidly during the Porfiriato. What they have not acknowledged is how the restrictions and regulations shielded the banking system and the economy from the potentially high costs of financial fragility and volatility. Although it is beyond the methods available to economic historians to assign a precise macroeconomic value to financial stability and the avoidance of financial crises, it is easy to underestimate their value. Given one’s taste or tolerance for counter-factual history, one might speculate as to the costs and consequences to the Mexican economy had Porfirian policymakers experimented with an episode of financial liberalization akin to Brazil’s Encilhamento. Rather than pursuing such speculation, in this essay we have asserted that the positive value of avoiding financial and banking crises is at least imperfectly glimpsed by comparing Porfirian Mexico with its Brazilian counterpart, which grappled with the high costs of financial fragility for almost fifteen years after its immodest embrace of financial liberalization.

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Economía agroindustrial de Concepción y expansión triguera fronteriza: campesinos y mapuches en Biobío-Malleco, Chile, 1820-1850 Agroindustrial Economy of Concepcion and Wheat Frontier Expansion: Peasants and Mapuches in BiobIo-Malleco, Chile, 1820-1850 Luis Iván Inostroza Córdova Universidad de la Frontera, Temuco, Chile luis.inostroza@ufrontera.cl

Resumen. Estudio de la formación del espacio de colonización agrícola capitalista en la frontera del río Biobío-Malleco de la Araucanía, y su articulación al enclave molinero industrial de la ciudad de Concepción mediante el transporte naviero fluvial, para dar salida a la producción triguera generada por hacendados, campesinos y mapuches, en el periodo 1820-1850.

Palabras clave: agroindustria; capitalismo agrario; Araucanía; mapuches; campesinos.

Abstract. Study of the formation of the space of agricultural capitalist settling in the border of the river Biobio-Malleco of the Araucania, and his joint to the ready to be ground industrial enclave of Concepción’s city by means of the shipping fluvial transport, to give gone out for the wheat production generated by landowners, peasants and Mapuche, in the period 1820-1850.

Key words: agroindustry; agrarian capitalism; Araucania; Mapuche; peasants.

Fecha de recepción: 25 de enero de 2014. Fecha de aceptación: 4 de junio de 2014

Introducción

E

l estudio de la expansión triguera capitalista, que abarca del sur de Chile hacia las tierras indígenas de la frontera del río Biobío, se ha enfocado principalmente en el periodo tardío de la ocupación de la Araucanía (Almonacid, 2009; Bauer, 1994; Bengoa, 1988, 1990; Flores, 2006; Foerster, 2008, pp. 7-35; Pinto, 2003; Robles, 2003). En tanto, las investigaciones de historia económica abordan el periodo inicial de la independencia (1810-1850) a partir de una continuidad en la estructura de la propiedad de la tierra, dominada por terratenientes vinculados al comercio exterior y en la rearticulación del comercio fronterizo con la Araucanía Am. Lat. Hist. Econ., año 22, núm. 1, enero-abril, 2015, pp. 59-84

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y Pampas (Carmagnani, 2001, pp. 287-298; Cavieres, 2003; Pinto, 2003, p.

47). Asimismo, se ha avanzado en el tema de la transición de una economía colonial, perteneciente al antiguo régimen, a una economía capitalista vinculada al mercado internacional después de la independencia, como un contexto general presente durante la expansión del cultivo triguero de Concepción sobre las tierras indígenas de la Araucanía (Ortega, 2005; Robles, 2003). Por otro lado, las investigaciones de historia regional han profundizado el estudio de las redes mercantiles articuladas por importantes hacendados y comerciantes asociados a las actividades de molinería, adquisición de propiedades en la frontera y el comercio con los mercados emergentes de la zona minera de Coquimbo y Copiapó. También revelaron el surgimiento de una mayor demanda de granos para los molinos industriales de la región en el periodo de 1830 a 1840 (Mazzei, 1992, pp.

217-239; 1998a, pp. 179-215; 1998b, pp. 133-186; 2004).

En este contexto historiográfico, este artículo propone emplear un enfoque multidisciplinario al conjugar perspectivas de historia económica regional, de historia fronteriza e historia del capitalismo agrario con el fin de avanzar en el estudio de factores, económicos y productivos, que moldearon la economía agroindustrial regional de Concepción, así como la expansión agrícola capitalista en la frontera del río Biobío-Malleco en la etapa de formación inicial del Estado nacional (véase mapa 1).

En primer lugar, se analiza la participación institucional de los primeros gobiernos republicanos a través de políticas económicas de expansión agrícola y de ocupación de territorios fronterizos (Cavieres, 2006, pp. 26 y 27; Pérez, 2012; Silva, 2006, pp. 224-227), las cuales se vinculan a la promulgación de una ley de adelanto de la frontera el 27 de octubre de 1823, titulada Ley de Celebración de un Parlamento General con los Araucanos y Extensión de la Línea de Frontera Sur (en adelante Ley de Colonización de 1823), y la fundación de fuertes al sur del río Biobío, entre 1834 y 1836.

Ambos aspectos brindaron seguridad administrativa a las inversiones empresariales en las zonas de colonización, a través de un esquema similar a la expansión mercantil ganadera y agrícola en la frontera bonaerense, durante la transición desde la economía del antiguo régimen colonial a la economía capitalista industrial del siglo xix (Bandieri, 2005; Banzato y Lanteri, 2007, pp. 435-458; Barcos, 2013, pp. 98-125; Garavaglia y Gelman, 2003, pp. 107-114; Míguez, Gelman y Djenderedjian, 2009, pp. 171-192). Esta fase de colonización temprana se interpreta como una colonización espontánea con débil presencia del Estado y desvinculada de los procesos mercantiles del circuito productor-exportador triguero (Leiva, 1984).

En segundo lugar, se enfatiza el desarrollo de una economía agroindustrial a escala regional, basado en el establecimiento molinero, explotación de yacimientos de carbón de piedra e instalación de una refinería de cobre

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MAPA 1. FRONTERA DE CHILE Y LA ARAUCANÍA, EXPANSIÓN TRIGUERA Y TRANSPORTE FLUVIAL, 1820-1850

Fuente: elaboración propia.

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(Mazzei, 1992; Ortega, 2005, pp. 204-206) y talleres metalmecánicos, los cuales estaban destinados a la fabricación de herramientas, maquinarias y equipos para los procesos productivos mineros y agrícolas de la provincia de Concepción. Estas actividades transformaron la economía primaria del periodo colonial hacia una economía basada en la exportación de bienes manufacturados agrícolas, mineros, ganaderos y forestales.

En tercer lugar, se observa la presencia de innovaciones industriales en el sistema de transporte desde las áreas productivas a los centros de consumo. En este sentido, se destaca el aporte de la navegación y el cabotaje fluvial a través del río Biobío para brindar un servicio expedito y barato de comunicación comercial con el polo industrial de Concepción, lo que significó la articulación de las economías locales a los circuitos mercantiles del capitalismo, factor que impulsó las inversiones y los emprendimientos de hacendados, campesinos e indígenas en la frontera.

En el ámbito local, las políticas institucionales también incidieron en la conformación de una nueva estructura productiva, favoreciendo la expansión de haciendas dominadas por terratenientes y la progresiva participación de un segmento importante de campesinos migrantes, que ocuparon terrenos en la zona fronteriza para transformarse en productores independientes (Bauer, 1994, pp. 186-187, 191-196; Bengoa, 1988, pp.

114-118; Míguez, Gelman y Djenderedjian, 2009; Salazar, 2000, pp. 8081). Del mismo modo, los agricultores mapuches, asentados desde tiempos anteriores en los valles de la Araucanía, fueron integrados al circuito de acopio agrícola por medio de la venta de sus productos, y la unión de sus terrenos a la superficie triguera mediante arriendos y medierías de repartos de cosechas con chilenos (Inostroza, 2011).

Así, el sector productivo regional se adaptó a la demanda de cereales surgida del enclave agroindustrial y amplió la superficie de cultivos hacia las tierras mapuches al Sur del río Biobío; además, contaron con la iniciativa y los emprendimientos laborales de los nuevos agentes productivos que emergieron en el contexto de la expansión capitalista agrícola hacia la Araucanía, en el periodo de 1820-1850.

Política económica agraria y política fronteriza, 1817-1836 En la política económica de los primeros gobiernos republicanos, los hacendados y comerciantes de la provincia de Concepción influyeron mucho en sus conspicuos representantes, en particular en los directores supremos Bernardo O’Higgins (1817-1823) y Ramón Freire (1823-1826), y en los presidentes José Joaquín Prieto (1831-1840) y Manuel Bulnes (1841-1850).

Desde esta posición en el gobierno nacional, establecieron políticas que

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dieron continuidad a los procesos económicos vigentes durante el periodo monárquico, promoviendo la eficiencia de los mercados regionales a través de la apertura al comercio internacional, a una mayor oferta de transporte naviero y a nuevas inversiones empresariales-industriales (Cavieres, 2006, pp. 26 y 27; Ortega, 2005, pp. 62-65; Pérez, 2012, pp. 129-151; Robles, 2003, pp. 45-80; Silva, 2006, pp. 224-227).

En la frontera del río Biobío, estas políticas se traducirían en la reorganización de las instituciones del gobierno compartido con los caciques mapuches, la articulación de las antiguas redes mercantiles entre la provincia de Concepción y los territorios indígenas (Pinto, 2003, pp. 44 y 78), y en el fomento de la ocupación productiva triguera de las tierras indígenas.

De este modo, se ejecutó la aplicación de políticas públicas con el fomento de las migraciones privadas, como ocurría en la zona fronteriza pampeana (Banzato y Lanteri, 2007; D’Agostini, 2007; Barcos, 2013).

En el gobierno de Bernardo O’Higgins hubo escasos avances en materia de colonización debido al clima de inestabilidad generado por las guerras de independencia (León, 2011, pp. 53-54, y Mazzei, 2004). Al finalizar el conflicto y con la asunción de Ramón Freire a la primera magistratura en 1823, el fomento de la agricultura nacional se puso en primer plano, como estrategia para solucionar urgentes problemas sociales derivados de la guerra de independencia y la desmovilización de los contingentes que integraron los ejércitos patriotas y monarquistas. Especialmente se pretendía abordar temas como “la despoblación del país, su escasa industria, el paso lento de la civilización, la falta de aplicación al trabajo en algunos puntos, y la inmoralidad contraída en otros por el largo ejercicio de la guerra y el pillaje”.1 Desde esta perspectiva, Ramón Freire presentó el proyecto de ley para adelantar la línea de frontera al río Imperial, en el cual se especifica la repartición de terrenos.

Los terrenos que yacen entre los ríos Biobío e Imperial se repartirán a discreción del gobierno en individuos que puedan dedicarse a su cultura [cultivo], prefiriendo a los indios que quieran reducirse a la vida social, y reservando lugares a propósito para el establecimiento de colonias extranjeras. Para llevar adelante esta empresa y asegurar la amistad de los araucanos, procederá el gobierno a celebrar un parlamento y consiguiente tratado (Freire, 26 de agosto de 1823).2

1 Freire, R. (11 de julio de 1823). Oficio de Ramón Freire. Sesiones de los cuerpos legislativos de la República de Chile 1811-1845 (37 vols., t. vii, pp. 273-274). Santiago: Imprenta Cervantes.

2 Freire, R. (26 de agosto de 1823). Proyecto de ley para adelantar línea de frontera al río Imperial. Sesiones de los cuerpos legislativos de la República de Chile 1811-1845 (37 vols., t. viii, p. 74).

Santiago: Imprenta Cervantes.

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Así, el mandatario delineaba el proyecto de integración agraria de la población campesina de Chile central, los agricultores mapuches de la Araucanía y las colonias europeas que se pensaba traer al país, para impulsar la producción agraria y el comercio exterior.

El 19 de septiembre de 1823 la Comisión de Gobierno emitió un acuerdo aprobando la iniciativa del ejecutivo.3 Después, el Congreso Nacional promulgó la Ley de Celebración de un Parlamento General con los Araucanos y Extensión de la Línea de Frontera Sur, cuyo objetivo era el repoblamiento de las ciudades de Angol, Imperial y Villarrica; en sus epígrafes estipulaba: Artículo primero. Autorízase al gobierno para la celebración de un parlamento general con los araucanos. Art. 2º Apruébase presupuesto de los 20 000 pesos pedidos por el ejecutivo para celebración del parlamento y redención de las familias que existen prisioneras entre los indios, incluyéndose en aquellos la cantidad con que concurriere el gobierno de Buenos Aires según la invitación hecha. Art. 3º repuéblense las ciudades de Angol, Imperial y Villarrica, sin perjuicio de asegurar, si fuere menester, la línea fronteriza al sur, como pareciere más conveniente, dando cuenta a la legislación para su sanción4 (Congreso Nacional, 27 de octubre de 1823).

Esta ley ordenaba repoblar ciudades españolas de Angol, Imperial y Villarrica abandonadas hacia 1600, proponiendo avanzar la línea fronteriza unos 300 km al sur del río Biobío (véase mapa 1). La promulgación de la Ley de Colonización de 1823 permitió la celebración de un tratado de paz en 1825 con el cacique Francisco Mariluán, de la comarca fronteriza subandina de Malleco, limítrofe con el partido de La Laja de la ciudad de Los Ángeles (León, 2011, pp. 116-120; Téllez et al., 2011). En esta reunión se acordó dar continuidad a las actividades de los comerciantes criollos y la repoblación de los fuertes y villas de Nacimiento, Santa Bárbara, Santa Fe y Los Ángeles, verificada a fines de 1826.5 En 1834, durante el gobierno de José Joaquín Prieto, se inició el primer avance de fuertes hacia el interior de la Araucanía, con el objetivo de reforzar una posición militar para que los indígenas “no pudiesen im 3 Congreso Nacional (19 de septiembre de 1823). Acuerdo Comisión de gobierno. Sesiones de los cuerpos legislativos de la República de Chile 1811-1845 (37 vols., t. viii, p. 213). Santiago: Imprenta Cervantes.

4 Congreso Nacional (27 de octubre de 1823). Ley de celebración de un parlamento general con los araucanos y extensión de la línea de frontera sur. Sesiones de los cuerpos legislativos de la República de Chile 1811-1845 (37 vols., t. viii, p. 336). Santiago: Imprenta Cervantes.

5 Congreso Nacional (17 de julio de 1826). Proyecto de ley enviado al ejecutivo. Sesiones de los cuerpos legislativos de la República de Chile 1811-1845 (37 vols., t. xii, p. 158). Santiago: Imprenta Cervantes.

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pedirnos en adelante el goce pacífico de los terrenos que ocupásemos” (Bustamante, 1858, t. i, p. 322). Con este objetivo, se fundaron a mediados de 1834 dos fortificaciones aproximadamente a 80 km al sur de la línea del río Biobío, en las comarcas de Purén y Collico (Bustamante, 1858, t. i, pp.

352 y 358-359). No obstante, la resistencia indígena obligó el repliegue de las guarniciones el 5 de enero de 1835 (El Araucano, 30 de enero de 1835, núm. 229, pp. 3-4). Por su parte, el general Manuel Bulnes ordenó en 1836 la construcción del fuerte de Negrete en las márgenes del río Bureu para fortalecer la posición del avance al sur del río Biobío, de esta manera se establecía una guarnición de apoyo administrativo a la colonización de hacendados y campesinos en la zona; más adelante, este fuerte se convirtió en el símbolo de la expansión estatal sobre los territorios indígenas fronterizos.

Por otro lado, la política fronteriza también estaba condicionada por sucesos internacionales que afectaban la seguridad del nuevo Estado. En particular las exportaciones trigueras y harineras a Perú fueron gravadas con nuevos impuestos a comienzos de la década de 1830; mientras, la creación de la Confederación Perú-Boliviana, por el general boliviano Andrés de Santa Cruz, amenazaba la supremacía del puerto de Valparaíso en el comercio internacional del Pacífico sur. El conflicto económico originaría la invasión de Perú por el ejército chileno a través de dos expediciones, una en 1836 y la otra en 1837. La primera expedición no tuvo resultados concretos, y la segunda, comandada por el general Bulnes, derrocó al mandatario de la confederación y con ello se restablecieron los privilegios trigueros del comercio nacional (Basadre, 2002, pp. 25-42; Ortega, 2005, pp. 58-59), además de consolidarse la proyección de la expansión triguera en la zona fronteriza.

Campesinos nacionales en la frontera del Biobío La Ley de Colonización de 1823 constituyó un soporte institucional de notable significación jurídica, brindando seguridad administrativa a las inversiones de los grandes hacendados y comerciantes que adquirieron algunas propiedades en las décadas de 1830 y 1840 (Cerda, 1996, p. 117; Mazzei, 1998a, pp. 148-150). La compraventa, el arriendo, la donación, y la hipoteca de terrenos indígenas se incrementaron a partir de la década de 1850, con un auge en las décadas de 1860 y 1870 (Foerster, 2008, p. 12).

No obstante, la influencia principal de dicha ley era evidente en el flujo de inmigrantes campesinos de Chile central, que encontraron terrenos en los vastos espacios de la frontera, donde se asentaron para organizar unidades de producción trigueras articuladas al circuito mercantil capitalista (Bauer,

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1994, pp. 186-187 y 191-196; Bengoa, 1988, pp. 114-118; Banzato y Lanteri, 2007, pp. 435-458, y Míguez, Gelman y Djenderedjian, 2009, pp. 171-192; Salazar, 2000, pp. 108-111).

El acceso relativamente fácil a la ocupación de tierras agrícolas en la frontera mediante la posesión de terrenos baldíos y el arriendo a indígenas, favoreció la formación de enclaves agrícolas campesinos. El estadunidense Rehuel Smith, durante su visita a la Araucanía en 1852, describe un típico asentamiento campesino en el valle del río Bureu, que permite reconocer algunas características de este segmento productor fronterizo: Algunas seis u ocho millas más allá del Biobío, llegamos a Budeo [Bureu], reunión de media docena de ranchos ocupados por chilenos, quienes como Sánchez arrendaban y cultivaban tierras pertenecientes a los indios. Mi guía poseía una casa en San Carlos, donde generalmente residía; pero en ese momento la familia se encontraba en Budeo, donde lo ayudaban en la cosecha de trigo. […] Una legua más allá llegamos a Malven, cerca del cual viven esparcidos un gran número de cristianos (Smith, 1914, pp. 70 y 95).

Se reconoce la figura de Pantaleón Sánchez como un capitán de amigos, es decir, un funcionario del gobierno fronterizo de la intendencia de Concepción para los asuntos indígenas. Su residencia habitual estaba en la villa de San Carlos, cerca de Los Ángeles. También poseía una residencia y terrenos de siembras en la zona ultrabiobío que trabajaba con el aporte del trabajo familiar, arrendados a los indígenas.

En la zona fronteriza se repetían los enclaves campesinos chilenos, según informaba el prefecto de Misiones, apuntando que el asentamiento de Malven: se hallaba a seis leguas al sur de Negrete y doce de Nacimiento, es centro de tres parcialidades bastante numerosas, teniendo al sur a menos de una legua el distrito del cacique Carina con unas cuarenta poblaciones de indios; al norte a igual distancia el del cacique Huaiquivilo con trescientas poblaciones de infieles y más de cincuenta indios de Santa Fe (así llamados por haber dejado sus estancias y el vasto potrero de este nombre), al levante al otro lado del río Bureu tiene el partido del cacique Llupai con unas veinticinco poblaciones de infieles y más de ochenta indios santafinos; hay también en estas parcialidades varias casas de españoles, de las cuales como cincuenta se encuentran en el mismo punto de Malven.6

6 Fray Diego de Chuffa (15 de septiembre 1852). Memoria sobre las misiones de la provincia de Concepción (Archivo Ministerio del Interior, vol. 278). Archivo Nacional, Santiago, Chile.

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En otros documentos misionales se informaba del número de colonos en este lugar: “Malven, este punto es de la mayor importancia. Las colinas de Malven y los contornos de la arruinada Colhue estaban habitadas por seiscientos sesenta y seis españoles, dispuestos a abandonar sus ranchos, tan luego como se fuera el misionero.”7 El número de 600 españoles, nombre dado a los chilenos en la frontera, ilustra la magnitud de la inmigración campesina y de las unidades de producción articuladas al comercio provincial. Sobre el avance de la colonización triguera en la zona del río Bureu, en 1856 se indicaba: Hay en estos territorios bodegas de depósitos y hermosas fincas que premian los esfuerzos de sus dueños con abundantes cosechas. El espacio comprendido entre el Bureu y el Biobío, merced a las fáciles comunicaciones para la exportación y a la fecundidad increíble de su suelo, se halla convertido en una colonia de labradores, cuyas producciones no tardarán con competir con las del resto de la provincia (Ruiz, 1856, p. 260).8

Junto a las fincas de los grandes comerciantes, Ruiz Aldea enfatiza la presencia de una colonia de labradores. Aludiendo de este modo a los emprendimientos agrícolas del segmento campesino. El informe citado relevaba la alta producción local indicando que en Bureu: La agricultura se desarrolla admirablemente en el territorio de que doy cuenta. Por regulación prudente se puede calcular en cinco mil fanegas de trigo las sementeras que se cultivan en el presente año. El producido que se espera en razón de ser preparados en terrenos vírgenes y de superior calidad, no bajará de cien mil fanegas; esto es reduciendo el cálculo a una escala muy inferior de lo que ordinariamente sucede (Ruiz, 1856, p. 260).

Respecto a la inmigración ascendente de campesinos en la frontera, el intendente de Concepción indicaba en 1846 que al abrigo del fuerte de Negrete “se ha ido reuniendo una población de cuarenta a cincuenta casas de paja, que se ha erigido en subdelegación y que recibe sus auxilios espirituales del curato de Nacimiento”.9 En 1853 se indicaba un crecimiento ascendente de esta localidad con 103 casas y 1 000 habitantes (El Correo 7 Fray Antonio Gavillucci (8 de mayo de 1855). Informe de la viceprefectura de Misiones, Chillán (Archivo Ministerio del Interior, vol. 278). Archivo Nacional, Santiago, Chile.

8 Cursivas del autor. Este trabajo fue impreso más tarde como Pedro Ruiz Aldea, La provincia de Arauco, Imprenta el Meteoro, Los Ángeles, 1863, sin una nota editorial explicativa de su reedición, y con la impresión tipográfica de 1863.

9 Memoria del Intendente de Concepción, 1846 (Archivo Ministerio del Interior, vol. 196).

Archivo Nacional, Santiago, Chile.

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del Sur, enero de 1853, núm. 133, p. 2). Ese mismo año se indicaba que la población rural del distrito era de 4 199 habitantes para Nacimiento y de 2 451 habitantes en Negrete.10 La creación de la subdelegación de Negrete conformaba otro apoyo institucional a las actividades de colonización, además de ejercer un control más directo sobre las actividades de los chilenos en el territorio fronterizo, cuyo número aumentaba constantemente como señal de la importancia demográfica de este nuevo segmento de productores agrícolas en la frontera de la Araucanía. Fenómeno concomitante a la expansión fronteriza del capitalismo agrario en las fronteras surandinas de Chile y Argentina.

En cuanto al funcionamiento de las unidades productivas campesinas, debemos puntualizar el empleo de sistemas laborales asociativos y cooperativos entre las familias agricultoras, conocidos en la frontera y Chile central como mingacos, donde el gasto en dinero era casi nulo, pues se pagaba el trabajo con comidas, chicha y vino; así, el trabajo agrícola se desenvolvía en un ambiente festivo de cooperación en cada una de las posesiones agrícolas de las familias participantes (Bauer, 1994, p. 173).

Con estos terrenos extensos y tal fuerza laboral asociativa, los campesinos contribuían con su iniciativa y trabajo a mejorar sus condiciones de vida, además de incrementar los acopios trigueros demandados por la economía regional. Del mismo modo, la población campesina constituía un voluminoso sustrato laboral para el funcionamiento de las haciendas y conformaba un factor productivo abundante y barato en el ámbito local.

Productores mapuches Las poblaciones indígenas de la frontera de Angol y Malleco también se integraron al circuito mercantil de cereal por medio del cultivo de trigo y su comercialización en las villas fronterizas de Santa Juana, Nacimiento, Negrete y Santa Bárbara.

Ignacio Domeyko, en un informe sobre las actividades económicas de chilenos y mapuches –que denomina araucanos, según la tradición etnográfica oficial– elaborado durante su viaje a la Araucanía en 1845, describe las unidades de producción agroganaderas indígenas: El araucano es agricultor por su carácter, por la naturaleza física de su país, por su genio y sus costumbres. […] El pacífico araucano tiene su casa bien hecha, 10 Carta del intendente de la provincia de Arauco al director de la Oficina de Estadística (1 de septiembre de 1854) (Archivo Intendencia de Arauco, vol. 6). Archivo Nacional, Santiago, Chile.

Véase Leiva, 1984, p. 206.

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grande, espaciosa de veinte y más varas de largo y de ocho a diez de ancho, bien abrigada contra los vientos y las lluvias, alta, construida con buena madera, coligüe y paja, con una sola entrada y un agujero puesto en lo alto del techo para la salida del humo. Inmediato a su casa tiene huertas y sementeras de trigo, cebada, maíz, garbanzos, papas, linaza, repollos; todo bien cultivado y cercado y como las habitaciones se hallan por lo común en la vecindad de algún río o estero, en sus contornos se divisan las lindas campiñas y floridas praderías, en que el indio tiene sus caballos y su ganado gordo, hermoso, aunque no tan numeroso como el de los hacendados chilenos (Domeyko, 1846, pp. 51-52).

La descripción de Domeyko delinea la producción agroganadera indígena, organizada junto al núcleo residencial doméstico con campos de cultivo y campiñas de pastoreo ganadero. En cuanto a la tecnología agrícola indígena, Claudio Gay (1998) observó en 1863 la importancia del uso de yuntas de bueyes y arados, al señalar que “los hombres aran la tierra y siembran el trigo, las mujeres cuidan el cultivo, luego son los hombres los que lo cosechan y las mujeres lo limpian” (p. 60). En otro punto, Gay agrega: “el arado de los indios es muy simple, es como el de los chilenos del sur, compuesto de la punta unida al timón por medio de la espiga. Esta punta tendrá una vara de largo. La mansera o brazo que se sostiene con la mano tiene también como máximo una vara y según lo estime el labrador” (pp. 104-105).

Otra tecnología vinculada al desarrollo agrícola mapuche fue el trillar con yeguas, en correspondencia a la mayor extensión de siembras indígenas. Rehuel Smith en 1852 apuntaba que en Chochol, cerca del río Cautín, encontró “una treintena de personas, hombres, mujeres y niños ocupados en trillar el trigo. El método empleado era el de trillar con yeguas a la usanza chilena. Media docena de jinetes estaban en la era, empapados en sudor, cubiertos de tierra y gritando a toda fuerza de pulmones” (p. 207).

Con las tecnologías occidentales del antiguo régimen, las familias mapuches desarrollaron prácticas agrícolas significativas en sus modos de vida y como actividad proveedora de excedentes comercializables en el mercado indígena y capitalista (Inostroza, 2011), situación que favoreció las relaciones mercantiles entre los agricultores indígenas y las redes del comercio capitalista.

Antonio Varas, comisionado por el Congreso Nacional para emitir un informe sobre las transacciones mercantiles de criollos y mapuche en la frontera de la provincia de Concepción, caracterizó aspectos del control de estas actividades apuntando: “En el día estas prescripciones no son observadas, y el indígena sale a los pueblos vecinos de la frontera, hace su comercio sin la menor traba, consultando sus intereses en sus transacciones hasta con impertinencia” (Varas, 1849, p. 17). Respecto al intercambio

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mercantil Varas observó: “El comercio les ha hecho dedicarse algo más a la crianza de animales y siembra de granos; ha excitado su actividad. Ya trabaja algo más de lo que las necesidades de un indio exigen; ya desea proporcionarse las comodidades que el español goza, ya gusta de vestirse de los mismos tejidos, y se empeña en adquirir con qué comprarlos” (Varas, 1849, p. 17). En esta perspectiva, subrayó las compras anticipadas de siembras preponderantes en la incorporación de la producción indígena a las redes de acopio cerealero de Concepción: “La buena fe del indígena en estos casos es generalmente reconocida, y sin más garantía que su palabra se hacen compras anticipadas de cosechas y de animales” (Varas, 1849, p.

23).

La producción familiar y las explotaciones privadas se complementaban con otros emprendimientos asociativos, llevados a cabo con campesinos chilenos para realizar siembras y repartir cosechas. En esta línea, el viajero Rehuel Smith (1914) consignaba: “Nos acompañó parte del viaje, un chileno que trabajaba por cuenta de un vecino indio, recibiendo en recompensa de su labor en cultivar terrenos, cierto porcentaje de los productos” (p. 152).

La articulación mercantil de la economía indígena comprendía la inserción de propietarios mapuches en la dinámica empresarial del capitalismo agrícola al seguir diversas fórmulas. Al respecto, el periodista de Los Ángeles, Pedro Ruiz Aldea, escribió: El estado de la agricultura prospera muy rápidamente. Pasado el Biobío, se sorprende uno al ver los campos cubiertos de tupidos bosques de espigas, rebaños de animales, de poblaciones cristianas. Convencido de la utilidad que reportan, el indio no pone impedimento para estos trabajos, permite que se conduzcan ganados por su territorio, i he oído a un cacique decir querer asociarse a un comerciante de Los Ángeles para fabricar un molino en las corrientes del Bureu (Ruiz, 1856, p. 260).

Más adelante, el mismo autor subraya la articulación de la economía mapuche al auge comercial capitalista: “Comparado el estado naciente de la agricultura con el que teníamos atrás, notamos que en estos últimos tiempos ha recibido un impulso superior. Indios y españoles no piensan más que en las siembras,11 plantación de viñas y crianzas de ganados, que son los tres ramos que constituyen el comercio principal de la frontera (Ruiz, 1856, p. 260).

Respecto al volumen de productos extraídos desde Nacimiento y previsiblemente producidos por indígenas, se apuntaba en 1856 las siguientes 11

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Cursivas del autor.

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cifras: “25 000 fanegas de trigo. 15 000 animales vacunos. 5 000 quintales de lana. Los artículos de consumo son. Prendas de plata. Camisas. Chaquiras. Añil. Pañuelos. Casacas etc.” (Ruiz, 1856, p. 257). Además, el comercio indígena involucraba otras villas donde se canalizaba el intercambio: “En el departamento de Santa Juana, se avaluaba su comercio con los indios en 50 000 pesos. Igual o menores sumas deben representar los pueblos de Arauco, Santa Bárbara, Antuco, Los Ángeles” (Ruiz, 1856, p. 257).

De acuerdo con estos datos el comercio fronterizo mapuche pudo alcanzar un valor global de 200 000 pesos anuales hacia 1850. Una estimación del valor de las transacciones fronterizas en 1860 sugiere un aumento progresivo del intercambio que se elevó en esta fecha a 300 000 pesos (Morales, 1860, p. 412; Pinto, 2003, p. 163), mientras en la frontera bonaerense, el valor del tráfico fronterizo se estimaba en 500 000 para 1862 (Vezub, 2005).

Las cifras apuntadas permiten dimensionar un importante volumen de productos agrícolas comercializados por los indígenas, fenómeno vinculado a una reorientación del comercio de textiles y ganado del siglo xviii, hacia el cultivo triguero durante el siglo xix que reemplaza los tejidos para complementarse estrechamente con el tráfico ganadero (Pinto, 2000). En este escenario es relevante subrayar el desempeño de los mercaderes mapuches que transportaban los bienes producidos en el territorio indígena hacia los centros de acopio occidentales, lo cual muestra una adaptación dinámica a las nuevas condiciones del mercado capitalista que se instalaba en los bordes del dominio indígena.

El tráfico fronterizo también tiene otras repercusiones en el ámbito de la economía indígena, principalmente a través de la acumulación de riqueza suntuaria mediante la recepción de monedas de plata chilena como pago de bienes agropecuarios.

Respecto al volumen de plata que circulaba desde los mercaderes chilenos hacia los productores indígenas, una referencia consignada por Smith ilustra esta cuestión: “Si suponemos que trafican con los indios, dos a tres mil personas y estimamos que cada uno de ellos dispone anualmente de veinte o treinta pesos en monedas de plata, se puede ver fácilmente la considerable dificultad que causa la sustracción de esta cantidad de circulación de una zona no muy poblada ni rica” (Smith, 1914, p. 96 ).

En cuanto a la magnitud de la población indígena de la Araucanía, desde el río Biobío al río Toltén, no contamos con datos de la década de 1850; sin embargo, un recuento de 1870 entrega una matrícula de 18 096 “hombres de lanza”, que representaron un volumen global de 90 480 habitantes mapuche. En la zona fronteriza del Arauco los hombres de armas se computaban en 1 000, para representar 5 000 habitantes. En la zona de Biobío y Malleco sumaban 6 914 con una población total de 34 570 per-

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sonas (“Informe sobre el territorio de Arauco”, 1998, pp. 128-133). Estas cifras ayudan a visualizar el impacto de la población indígena en la conformación del mercado fronterizo.

La circulación de monedas de plata hacia el territorio indígena pudo ascender a un monto de 60 000 a 210 000 pesos anuales; cifra que grafica la magnitud de la acumulación metálica por medio del comercio fronterizo y la integración al mercado capitalista de los agricultores mapuche. En este sentido, el viajero Smith contrastó el modo de vida rústico del cacique Mañil de Collico con los magníficos arreos ecuestres del jefe indígena: “Sin embargo me fijé que colgada de la ramada había una brida, con freno, cabezada y riendas, cubiertas de adornos de plata maciza, y aunque Mañín se consideraba pobre, doscientos pesos fuertes no habrían pagado todo el metal que vi en los aperos que usaba para montar a caballo” (Smith, 1914, p. 161). En otro lugar, Smith señalaba: “Además de los frenos, estribos, jaquimones y aperos de plata, los indios usan zarcillo, prendedores y otros adornos del mismo metal, que es el único que ellos emplean para fines ornamentales” (Smith, 1914, pp. 93 y 95).

Es evidente que se percibe un flujo de doble entrada en el comercio fronterizo indígena de mediados del siglo xix. Tanto la venta de la producción triguera al mercado agrícola de Concepción, como la acumulación de piezas de plata provenientes del comercio chileno, dan cuenta de la articulación dinámica de la economía agraria indígena a los circuitos mercantiles de la economía capitalista mediante una estrategia de larga duración en la historia regional del sur de Chile.

Tráfico Fluvial de Nacimiento a Concepción Uno de los elementos más destacados en la expansión triguera fronteriza fue la instauración de un sistema de transporte fluvial, de donde se enviaba la producción de Los Ángeles, Malleco, Bureu y Malven hacia los centros molineros de la ciudad de Concepción, como alternativa al tráfico terrestre de mulas y carretas por tortuosos caminos.

En 1843, un artículo periodístico informaba del tráfico de cabotaje fluvial desde Nacimiento hasta Concepción. Respecto de la villa de Nacimiento se indicaba que tenía una posición comercial ventajosa: “teniendo al margen el río Biobío donde trafican en el día treinta lanchas que conducen a Concepción todos los productos de la frontera” (El Telégrafo de Concepción, Chile, 11 de marzo de 1843, p. 2).

La navegación se extendía hacia los afluentes tributarios del Biobío, en particular a través del río Malleco: “cuyo curso se dirige de sur a norte siendo navegable en lanchas hasta más de 14 leguas al interior de las po-

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sesiones indígenas” (Charme, 1858, p. 233). La ruta fluvial del río Malleco conectaba una zona de 77 km situada en los renombrados llanos trigueros de Angol, que se extendían desde el pie de las serranías de Nahuelbuta hacia las tierras precordilleranas del río Bureu.

En los años siguientes aumentó progresivamente el número de lanchas dedicadas al tráfico mercantil. En 1854, el intendente de Concepción indicaba que en la jurisdicción marítima de la provincia existían “150 a 200 lanchas planas, que sin salir del Biobío, Vergara y Laja hacen sólo el comercio interior, sin jamás tocar los puertos por donde se exportan los frutos que conducen y que depositan a las inmediaciones de esta ciudad, para trasladarlos en otra clase de vehículos” (Sotomayor, 1854, p. 194).

La Sociedad Nacional de Agricultura publicó en 1856 un estudio sobre la vida económica en la zona de Los Ángeles y Malleco, destacando la función mercantil de Nacimiento y del cabotaje fluvial: Nacimiento. Está en el ángulo que forma la confluencia Vergara (Malleco) con el Biobío, en los 37º17’30’’. Esta circunstancia le da a Nacimiento la vista más pintoresca de Chile; sólo Santa Bárbara que se halla al pie de una hermosa colina podría disputársela; pero Nacimiento le lleva la ventaja por estar cerca del sitio en que vienen a atracar las lanchas de Concepción. A esto se debe la importancia agrícola y comercial que en él se desarrolla en el día. Lo he llamado el Valparaíso de la frontera, porque es el depósito de todos los productos indígenas y el que atrae mayor número de inmigrantes por el interés del negocio (Ruiz, 1856, pp. 250-251).12

El apelativo de “Valparaíso de la frontera” revela la importancia del puerto fluvial de Nacimiento para el desarrollo mercantil del espacio de colonización. Sobre todo porque el cabotaje facilitaba el comercio de importación y exportación, y entregaba un medio de transporte expedito y de bajo costo. De acuerdo con las tarifas del cabotaje recopiladas por Claudio Gay en 1863, el costo era el siguiente: “El transporte de Los Ángeles al Biobío un real la fanega para bodegaje un real, flete de lancha hasta Concepción dos reales y de allí a Talcahuano un real en todo cinco reales” (Gay, 1998, p. 52).

Este cálculo que tiene como base la ciudad de Los Ángeles, puede extrapolarse a las remesas salidas de Angol, Malven y Bureu para ilustrar la influencia del tráfico de lanchas en la expansión de la producción triguera capitalista hacia el territorio indígena, ofreciendo un medio de transporte expedito y de bajo costo para los emprendimientos productivos de campesinos y agricultores mapuches.

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Cursivas del autor.

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Demanda molinera y exportación agrícola e industrial El dinamismo observado en la frontera del Biobío por la expansión triguera se conectaba con la nueva demanda de insumos de la industria molinera, instalada en la región en las décadas de 1830 y 1840 (véase cuadro 1).

El despegue de la molinería fue facilitado por el acceso a una abundante producción triguera regional aportada por campesinos e indígenas de la provincia y la zona fronteriza. Situación que permitía a los molineros obtener cada fanega13 de trigo puesta en las bodegas de Tomé a un costo de doce reales (Mazzei, 1998a, p. 198).

Respecto al valor de la fanega de trigo en el mercado local, su bajo precio se relacionaba con los pequeños gastos que efectivamente se realizaban en las haciendas y asentamientos campesinos, al emplearse el sistema de trabajo cooperativo del mingaco. No obstante, en el ámbito de la organización de las haciendas donde predominaba el trabajo de jornaleros asalariados, los antecedentes reunidos por Claudio Gay permitieron identificar la permanencia de costos muy reducidos de las operaciones productivas agrícolas. En sus notas de viaje en la frontera de Los Ángeles, el científico francés apuntaba en 1863: Para romper una cuadra de tierra donde los bueyes cuestan dos pesos y doce reales para cruzar, con buenos bueyes un peón lo hace en cuatro días. Un peón bota cinco a seis fanegas al día y un buen peón tapa de cuatro a cinco almudes al día y siendo malo sólo tres.

La tarea de 35 varas de largo y 25 de ancho se paga a tres reales. Se hace ordinariamente una tarea al día y un muy buen segador una tarea y media; con frecuencia trabajan de noche.

Una cuadrilla de seis hombres hace doce carretadas al día, cada carretada de tres a cuatro fanegas.

Una era de mil fanegas se trilla en seis o siete días con 100 yeguas y de 30 a 40 peones. Se paga para este trabajo 100 pesos. Ordinariamente se paga de tres pesos y medio a cuatro pesos para aventar y limpiar 100 fanegas. Para llevar el trigo de la era al granero que es a distancia de 30 cuadras importa cada fanega dos centavos con la comida.

Sin meter en cuenta tierra y los bueyes cada fanega le ha salido de seis a ocho reales la fanega (Gay, 1998, pp. 51-53).

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Fanega: medida de peso del periodo colonial equivalente a 82 kilos.

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CUADRO 1. MOLINOS EN CONCEPCIÓN, CHILE, 1830-1848 Empresarios molineros

Lugar

Fecha instalación

Fundador Olof Ligilvach Molino de Puchacay Sociedad con Enrique Burdon Adquirido por Ignacio Palma

1830 1835 1839

Fundador Tomás Waldford Sociedad Enrique Rogers y Samuel Haviland

1836 1845

Molino Lirquén Molino Santo Domingo

Sociedad Olof Ligilvach, Guillermo Molino Tomé Gibson y Pablo Délano H. Sociedad Délano Gibson y Cía.

Sociedad Guillermo Gibson Délano y Tomás Kingston Sanders

Molino Tomé

1837 1839 1843

Sociedad Guillermo Gibson Délano Molino Bellavista y Tomás Kingston Sanders de Coelemu

1843

Antonio Meye

1844

Molino en Penco

Sociedad Juan Gillmoere Molino Landa y Santiago Evans en Lirquén

1846

Sociedad Francisco Urrejola Molino en Tomé y Ramón Cruz “California”

1848 1851

Fuentes: elaboración propia con base en Cerda (1996, pp. 108-119) y Mazzei (1992, p. 222, y 1998a, p. 192).

Tomando la referencia del gasto de ocho reales por fanega y el valor de cinco reales de conducción fluvial a Talcahuano, el hacendado realizaba una inversión de doce reales, en un periodo que el valor de la fanega era de tres pesos, es decir, 24 reales. De esta manera, el bajo costo de los factores productivos conformó una variable significativa en la rentabilidad de la producción de hacendados, campesinos e indígenas en la frontera.

No obstante, debemos advertir que los datos de salarios deben considerase como referencias en un esquema general de contabilidad de la renta agrí-

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cola, porque en la práctica tanto hacendados como campesinos incurrían en gastos muy moderados, ya que contaban con mano de obra propia o contratada mediante fórmulas asociativas de reparto de cosechas, regalías y primicias (Bauer, 1994, pp. 173-174). En este sentido, los cálculos del gasto en las haciendas deben considerarse en relación con un momento puntual de la expansión productiva agrícola, y aunque no contamos por el momento con series de precios y salarios de este periodo, sí es posible advertir que estos altos niveles de ganancia se mantuvieron en las décadas siguientes, vinculados al auge de la exportación harinera hacia California, Australia, Argentina e Inglaterra y a la intensificación de la ocupación de Araucanía en el periodo de 1852 a 1883.

Los molinos industriales influyeron en la transformación de la economía regional, después de la independencia, sobre las exportaciones de trigo y de harinas por el puerto de Talcahuano en 1846 (véase cuadro 2).

Estas cifras representan un testimonio claro de la transformación agroindustrial en Concepción y su economía provincial, orientada en este periodo a las exportaciones de harinas. Cabe aclarar que las cifras presentadas corresponden a una etapa previa al auge de la exportación al mercado de California, que se inició en 1849, y sobre todo en 1850.

Respecto a la última fase del periodo colonial, el descenso de las exportaciones a Perú pasó de 69 000 fanegas por 90 000 pesos, en 1808, a 12 565 fanegas por 45 000 pesos en 1846 (Carmagnani, 2001, p. 141). En contraste, desde una perspectiva comparativa las exportaciones trigueras de Chile en 1846 alcanzaron un volumen de 86 356 fanegas por 256 000 pesos; por lo tanto, el grano de Concepción representaba sólo 14% del comercio chileno, mientras las exportaciones correspondía en su mayor parte a los embarques salidos desde los puertos de Talcahuano y Tomé (Bauer, 1994, p. 89).

Asimismo, en 1846 el grano fue reemplazado por remesas de harinas elaboradas en la región con 99 020 fanegas por un valor de 638 318 pesos; estas cifras ilustran el impacto progresivo de la consolidación de la economía agroindustrial en la región de Concepción después de la independencia. Desde esta perspectiva agroindustrial debemos señalar el crecimiento ascendente de los molinos hacia 1852 (véase cuadro 3).

La cifra total de 842 000 quintales, equivalente a 421 000 fanegas, de capacidad anual de elaboración de harina, muestra el nivel de la demanda molinera para la agricultura regional. La producción de granos en la provincia alcanzaba las 220 000 y 267 000 fanegas de trigo anuales (Anónimo, 1857a, p. 169), por lo cual previsiblemente el resto de los insumos provenía de las tierras fronterizas de Malleco y Bureu. Por otro lado, para ilustrar el consumo de los establecimientos industriales, apuntaremos que el molino California, en un inventario de 1851, registraba 10 000 fanegas

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CUADRO 2. EXPORTACIONES DE TRIGO Y HARINA TALCAHUANO, CHILE, 1846 Producto

Fanegas

Valor en pesos

Harina Trigo

99 020 12 565

638 318 45 317

Fuente: elaboración propia con base en Estadística comercial de la república de Chile. Correspondiente al año 1846 (1848, pp. 19, 35, 52, 68, 83 y 85). Valparaíso: Imprenta Europea.

CUADRO 3. MOLINOS PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, CHILE, 1852

Departamento

Molino de vapor

Molino común

Fuerza quintales diarios

Harina flor quintales anuales

Concepción 1 – 80 18 000 Coelemu 14 – 5 000 800 000 Puchacay 4 – 800 24 000 Rere – 25 – – Lautaro 2 7 600 – Total 21 32 6 480 842 000 Fuente: elaboración propia con base en Anónimo (1857a, p. 178).

de trigo como reserva en bodega para su elaboración (Mazzei, 1998a, pp.

194-195).

El intendente de Concepción enfatizaba la escasez relativa de granos que comenzaba a incidir en los costos de compra debido al aumento de los molinos, razón por la que se inició un segundo ciclo de instalación molinera en la zona interior de la provincia para asegurar la provisión de insumos y rentabilizar las inversiones empresariales; al respecto, la autoridad escribió en 1854: De los 53 molinos, nueve de primera clase se encuentran establecidos en los puertos y los demás se separan para el interior, buscando el depósito del trigo, que escasea ya para tantos establecimientos, porque fuera de los enumerados hay de primera clase dos en Chillán y otros dos en Los Ángeles, que retienen mucha parte de las abundantes cosechas, que se obtienen en esos Departamentos. Esa competencia obra también favorablemente, en el precio y en la vida que toman todos

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Luis Iván Inostroza Córdova los campos capaces de producir y que poco ha estaban abandonados (Anónimo, 1857a, p. 179).

De esta forma, se comprueba el efecto multiplicador de la industria molinera sobre la actividad triguera regional por medio de una demanda superlativa que incentivó las iniciativas empresariales agrícolas de hacendados y transportistas fluviales, así como los emprendimientos productivos campesinos y la articulación de los productores mapuches al circuito de acopios cerealeros de los molinos instalados en la región.

Exportaciones agroindustriales de Concepción, 1846 En términos de volumen físico y valor del comercio exterior en el puerto de Talcahuano en 1846, la producción molinera de harina representó cerca de 50% de las exportaciones. También es significativo el rubro de vino y aguardiente asociado a una importante actividad vitivinícola regional. Las remesas agrícolas conformaban el principal rubro del cabotaje con la zona minera de los puertos de Coquimbo, Huasco y Copiapó, donde se enviaban alimentos por un costo de 197 640 pesos, constituyéndose uno de los principales focos del comercio agrícola regional de Concepción (Mazzei, 1998b, pp. 154-155; Pinto y Ortega, 1991) (véase cuadro 4).

En segundo lugar aparecen las exportaciones ganaderas con suelas de cueros de vacunos para la industria del calzado, carne salada para consumo mediato, chaños, tejidos de lana de oveja y cabríos elaborados en la ciudad de Chillán y en la Araucanía. Destacan en estos embarques, por su alto valor, las remesas de lana dirigidas principalmente a Estados Unidos.

La exportación de madera constituía un rubro antiguo en la economía regional con 170 000 piezas y un valor de 51 793 pesos; representaba el mayor volumen físico de las exportaciones.

El sector económico de mayor importancia fue el minero, ya que estuvo asociado a la transformación industrial de la economía regional después de la independencia. El valor de la exportación de carbón en 1846 por 39 884 pesos refleja una significativa renta, aunque subvalorada respecto al combustible utilizado en las faenas fabriles regionales; en tanto, entre 1844 y 1850 se exportaron 25 000 toneladas de carbón mineral (Ortega, 2005, p. 204). Las actividades extractivas en los célebres yacimientos de Coronel y Lota, en 1854, reunían 900 individuos distribuidos en 38 minas y piques (Anónimo, 1857a, p. 174); de esta manera se representaba una importante concentración laboral y un relevante foco de consumo de alimentos para la agroindustria regional.

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CUADRO 4. EXPORTACIONES, PUERTO DE TALCAHUANO, 1846 Producto Harina Trigo Papas Vino Aguardiente Lana Suelas Carne salada Cueros Chaños Madera Cobre en barra Carbón de piedra

Volumen

Precio en pesos

99 020 fanegas 12 565 fanegas 1 112 fanegas 9 727 arrobas 1 572 arrobas 13 480 quintales 12 387 unidades 2 356 quintales 6 504 unidades 1 229 unidades 170 309 piezas 4 201 quintales 103 000 quintales

638 318 45 317 3 060 26 691 9 964 94 232 29 512 13 365 8 664 1 923 51 793 57 353 39 884

Fuente: elaboración propia con base en Estadística comercial de la república de Chile. Correspondiente al año 1846 (1848, pp. 19, 35, 52, 68, 83 y 85). Valparaíso: Imprenta Europea.

El enclave industrial minero y portuario de Concepción se completó con la instalación, en 1846, por parte del empresario Joaquín Edwards, de la refinería de cobre en Lirquén (Ortega, 2005, pp. 187-205 y 206; Venegas, 2008), que en ese año registró una exportación de cobre refinado de 4 201 quintales por 57 353 pesos, ocupando así el tercer lugar del valor de los embarques portuarios.

La actividad de la fundición se extendió a otras áreas metalmecánicas de fabricación de instrumental como alambiques y lagares para la vitivinicultura, y equipamientos que sirvieron para las actividades mineras, los astilleros, el crecimiento urbano de la ciudad de Concepción, y, sobre todo, la expansión agrícola regional.

En un informe de la provincia de Ñuble, que se había desmembrado del territorio provincial de Concepción en 1849, se indicaba que sólo se utilizaban artefactos de elaboración local: “conociéndose apenas los arados y rastras de marca Ramírez”, agregando que instrumentos modernos similares a los importados “se fabricaban en la fundición establecida en Concepción por la firma comercial Perron y Ca.” (Anónimo, 1857b).

Respecto a esta empresa metalmecánica, se apuntaba que “había fabricado cuatro máquinas para trillar tirada por bueyes, con harneador incluido y capacidad de doce fanegas por hora, vendidas por $700 cada

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una” (Miquel, 1856, p. 401). En un ensayo sobre las minas de carbón de Coronel se indicaba adicionalmente que en estos fundidores mecánicos “estaban construyéndose maquinas a vapor adecuadas al uso de estos minerales” (Anónimo, 1857c). La fabricación de herramientas y maquinarias muestra el desarrollo agroindustrial alcanzado por la economía regional y el impacto de estas innovaciones en la expansión triguera fronteriza.

Conclusiones El apoyo institucional del Estado, mediante el dictado de la Ley de Colonización de 1823, y la fundación de nuevos fuertes fronterizos entre 1834 y 1836, se conjugó con el establecimiento de molinos industriales en Concepción para impulsar la expansión de la superficie cultivada triguera hacia los territorios mapuches situados al sur del río Biobío. Así se inauguró un proceso de colonización con la presencia de hacendados y, sobre todo, de un importante segmento de campesinos, instalados en la frontera como productores independientes conectados al circuito de acopios trigueros articulado por la demanda agroindustrial de los molinos de Concepción.

Además, la expansión capitalista también integró la producción agrícola de las comunidades mapuches como un nuevo rubro del intercambio fronterizo indígena de ganados mayores y lana de ovejas. Se articularon las tierras productivas de las comunidades a la superficie de cultivo triguero agroindustrial mediante arriendos y medierías de repartos de cosechas, de campesinos y hacendados con los agricultores mapuches. Mecanismos que se utilizaban en el ámbito del tráfico ganadero y que se trasladan al tema del cultivo de la tierra mediante asociaciones mercantiles con los propietarios indígenas.

La proliferación de estos intercambios generó un activo e importante comercio indígena en las villas fronterizas de Santa Juana, Nacimiento, Santa Bárbara y Los Ángeles, y una articulación temprana de los indígenas al mercado capitalista agroindustrial. Además, esta complementariedad económica contribuyó al surgimiento de una estructura de productores formada por hacendados, campesinos y mapuches, que caracterizaron el espacio rural de la Araucanía de los siglos xix y xx Por otra parte, el servicio de cabotaje a través del río Biobío aportó un medio de transporte barato y expedito que facilitó la salida de la producción agrícola fronteriza de Angol, Malvén y Bureu, mediante su embarque hacia Concepción en el puerto fluvial de la villa de Nacimiento.

La organización de este sistema de transporte de carga se vinculaba con un proceso mayor de intensa industrialización en la provincia de Concepción. En efecto, junto a la instalación de molinos, se desarrollaron sig-

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nificativas inversiones de capitales en faenas mineras carboníferas en la costa de Arauco, construcción de refinerías de cobre en Lirquén, equipamientos portuario en Talcahuano y Tomé con astilleros para la fabricación y reparación de embarcaciones y navíos, y establecimientos balleneros, entre otros.

Estas actividades imprimieron un dinamismo a la demanda de insumos trigueros de los molinos y su producción harinera destinada al creciente mercado de alimentos reasentado por el aumento del consumo a escala provincial, en las faenas mineras de Copiapó y Coquimbo, y en los mercados de Perú, Argentina, Europa y Estados Unidos. Destinos principales de la exportación agroindustrial de Concepción en la década de 1840.

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PUERTOS LOCALES Y BIENES DE CONSUMO: IMPORTACIÓN DE MERCANCIAS FINAS EN SANTANDER, COLOMBIA, 1870-1900 LOCAL PORTS AND CONSUMER GOODS: IMPORT OF FINE GOODS IN SANTANDER, COLOMBIA, 1870-1900 Clara Inés Carreño Tarazona Universidade Estadual Paulista, Assis, Brasil, clarainesct@gmail.com

Resumen. Este artículo analiza la importación de bienes de consumo, el medio social y los puertos locales, así como elementos que formaron parte del circuito mercantil en Santander, Colombia, entre 1870 y 1900. En primer lugar se examina el movimiento comercial realizado entre los principales puertos extranjeros y los puertos locales colombianos. En segundo lugar se estudian las diversas formas de asociación, adoptadas por los principales importadores para incursionar en el comercio exterior. Finalmente, se indican los bienes y mercancías de lujo, introducidas por dichos importadores, y su incorporación en los diferentes grupos sociales. Las fuentes empleadas son los protocolos notariales, los registros de aduanas y de consulados, los fondos judiciales, las gacetas departamentales y los diarios oficiales.

Palabras clave: puertos; importación; casas comerciales; circuito mercantil.

Abstract: This article analyzes the import of consumer goods, social environment and the local ports, as elements that formed part of the merchant circuit in Santander, Colombia, between 1870 and 1900. First, examines the commercial movement between major foreign ports and the local Colombian ports. In second place are studied various forms of association adopted by the leading importers to venture into foreign trade. Finally, listed goods and luxury goods, introduced by these importers, and their incorporation into the various social groups are indicated. Employed sources are notarial protocols, consulates and customs records, judicial funds, the departmental Gazettes and official newspapers.

Key words: ports; import; merchant houses; merchant circuit.

Fecha de recepción: 4 de septiembre de 2013. Fecha de aceptación: 18 de marzo de 2014.

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Introducción

E

l 21 de agosto de 1874 el juzgado nacional de Cúcuta, durante un juicio por contrabando a la renta de aduana, se pronunció en contra de Mariano Delgado como introductor sin licencia de “unos retazos de tela extranjera”, quien huyó al verse fiscalizado, abandonando dicha mercancía ante los guardas.1 En la misma década se anunciaba la llegada del periódico La Elegancia, que incluía figurines a la moda y estaba ilustrado con novelas.2 Se recomendaba la crema dentífrica solidificada y el perfume distinguido que no se parecía a aquellos de fabricación ordinaria.3 Además, el secretario de Hacienda y Fomento mencionaba el crecimiento en el sector de importación en la Aduana de Barranquilla, con un rendimiento que llegaba a más de medio millón de pesos.4 La anterior descripción refiere a la introducción clandestina y la importación legal de mercancías finas de origen extranjero, también manifiesta el entorno cotidiano que avanzaba conjuntamente con el movimiento mercantil registrado por los puertos más importantes de Colombia durante la segunda mitad del siglo xix. Los puertos de Tumaco, Riohacha, Sabanilla (Barranquilla), Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y Cúcuta, fueron destino de embarcaciones procedentes de los puertos de Liverpool, Grimsby, Manchester y Southampton en Inglaterra; El Havre, Saint Nazaire y Marsella en Francia; Bremen y Hamburgo en Alemania; Nueva York en Estados Unidos; Málaga, Cádiz y Barcelona en España. Con puertos de tránsito como la Guaira, Curazao, Kingston, La Habana, Maracaibo, Callao, Veracruz, Puerto Cabello, Panamá y Colón.

La importancia del puerto de Sabanilla fue tal que desempeñó un papel determinante. A comienzos del siglo xix, Sabanilla fue el puerto marítimo utilizado por los comerciantes de Barranquilla, puesto que este era un pequeño puerto fluvial prácticamente sin acceso al mar por los bancos de arena de Bocas de Ceniza que dificultaban la navegación; de hecho, durante este periodo, se vio opacado por el tráfico de los puertos de Cartagena y Santa Marta. En 1877 su apertura le permitió convertirse en el principal puerto colombiano y la ciudad en un centro industrial y comercial dinámico, con una población de empresarios e inversionistas alemanes, 1

Diario Colombia.

2 Diario Colombia.

3 Diario Colombia.

4 Diario Colombia.

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Oficial (1874, núm. 3268, p. 2118). Archivo Histórico Regional, Bucaramanga, Oficial (1870, núm. 1819, p. 156). Archivo Histórico Regional, Bucaramanga, Oficial (1870, núm. 1877, p. 390). Archivo Histórico Regional, Bucaramanga, Oficial (1877, núm. 3988, p. 4980). Archivo Histórico Regional, Bucaramanga,

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franceses, ingleses, sirios y libaneses. Esta transformación fue posible a partir de la apertura del puerto en la bahía de Sabanilla y de la línea del ferrocarril de Bolívar, que facilitó la comunicación con Barranquilla. El puerto de Sabanilla fue habilitado para cumplir las funciones de puerto marítimo y fluvial, además de facilitar las operaciones para controlar el comercio e impedir la introducción de mercancías ilegales (Correa, 2012, pp. 241-242; Laurent, 2008, pp. 413-417).

Así, llegaban mercancías importadas de una sociedad irrumpida por las modas externas y los artículos de lujo después de un largo viaje desde Europa y Estados Unidos para arribar a pequeños puertos en Santander,5 construcciones internadas en las montañas y en las confluencias de los ríos. Dos polos comerciales contribuyeron en la introducción de dichas mercancías hacia la región de Santander: al noreste, la aduana de Cúcuta servía de entrada al vecino país de Venezuela y su puerto de Maracaibo, y al norte, el puerto de Barranquilla constituyó una importante ruta de acceso al interior del país, dadas las ventajas de navegación que ofrecía el río Magdalena.

Las operaciones comerciales de importación quedaron registradas en diversos documentos pertenecientes a los consulados de Colombia en el exterior, en instrumentos notariales, en gacetas, diarios oficiales, periódicos y demandas judiciales. En este artículo se utilizará parte de esos documentos oficiales y civiles, con el objetivo de analizar el circuito mercantil conformado entre la importación de bienes de consumo, el entorno social y los puertos locales ubicados en Santander (Colombia) entre 1870 y 1900.

Estos 30 años estuvieron marcados por el incremento de las operaciones mercantiles con el extranjero y por el surgimiento de nuevas casas comerciales. Actividades condicionadas principalmente a los ritmos del transporte fluvial y terrestre, y a los constantes cambios de rutas en la búsqueda de mejores condiciones en la superficie de los terrenos (Gutiérrez, 2012, p. 199).

A pesar de las diversas interpretaciones sobre los obstáculos políticos y sociales causados por las guerras civiles, el aislamiento de las regiones, la falta de adecuación de los puertos fluviales, la debilidad del comercio interregional o los elevados costos del transporte (Gutiérrez, 2012), se produjeron transformaciones notorias en el comercio de importación, evidenciadas principalmente a partir del aumento en la introducción de bienes de consumo. Para ampliar este argumento, primero se examinará la ubi 5

Los incipientes puertos fluviales y los medios de transporte (mulas u hombres) fueron condición necesaria para el movimiento económico interno del país, una realidad que poco se conoce teniendo en cuenta las numerosas investigaciones relacionadas exclusivamente con los intercambios externos.

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cación, organización y funcionamiento de los puertos locales. En segundo lugar se estudiarán las casas comerciales y los principales importadores.

Finalmente, se indicará el tipo de objetos y mercancías de lujo introducidos por dichos importadores, los cuales se incorporaron a los diferentes grupos sociales.

De puertos extranjeros a puertos fluviales locales A mediados del siglo xix el tráfico marítimo entre Colombia y los puertos extranjeros experimentó un importante crecimiento respecto a la importación de mercancías. Entre 1881 y 1883 las importaciones pasaron de 3 000 000 de pesos a más de 11 000 000 de pesos, aproximadamente (Ocampo, 1984, p. 143). Durante este periodo los ciclos de las importaciones dependían de las coyunturas de los mercados de exportación. La bonanza de las exportaciones de productos primarios como la quina y el café permitió la expansión de las importaciones. Sin embargo, con la desaparición de la quina y la caída de los precios del café durante la guerra de los Mil Días, disminuyó el intercambio con el extranjero y parte del flujo de las importaciones (Ocampo, 1984, p. 144).

En la década de 1870 se presentó un crecimiento acelerado de las importaciones reales debido, entre otras cosas, a la caída en los precios mundiales y el escaso dinamismo del comercio de exportación. El crecimiento de estas importaciones repercutió en el desarrollo de la industria textil y el avance de los transportes en Colombia. En el primer caso, la ampliación del consumo de textiles introdujo nuevos escenarios de mercado que impulsaron el avance de una industria moderna en Colombia.

Desde el punto de vista del desarrollo de los transportes modernos, algunos autores (Gutiérrez, 2012; Ramírez y Pachón, 2006; Safford, 2010) han asociado más la aparición de la navegación a vapor por el río Magdalena con el comercio de importación que con el de exportación, debido al crecimiento de las importaciones reales. Lo anterior, unido al abaratamiento de la manufactura de metal, las inversiones estatales y el surgimiento del café, explican el desarrollo de los ferrocarriles durante el cambio de siglo (Ocampo, 1984, pp. 149-153).

Estas transformaciones, debidas al intercambio con los países europeos, fueron posibles con el ingreso de los vapores transatlánticos y el aumento de nuevas rutas comerciales con Europa (Ocampo, 1984, p. 161).

Los vínculos comerciales colombianos, efectuados directa y regularmente con Europa y Estados Unidos, este último en asuntos de reexportación con Francia (Ocampo, 1984), estuvieron asociados con las principales líneas de vapores postales marítimas, como la West India & Pacific Steam

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Ship Co. Ltd., la Compañía General Transatlántica (Compagnie Générale Transatlantique), la línea postal marítima conocida como la Mala Real Inglesa (Royal Mail Steam Ship Packet Co.), la Hamburguesa Americana (Hamburg Amerikan Line), la Harrison Line Co. y la Compañía Transa­ tlántica Española.

La frecuencia de los intercambios y los enlaces con los puertos de escala en el Caribe aumentó de forma considerable a finales del siglo xix.

Así, antes de ingresar en las costas colombianas, los vapores transatlánticos provenientes de los puertos europeos hacían transbordo de mercancías en las diversas islas caribeñas. En el caso de los puertos de Liverpool y Southampton, en Inglaterra, las escalas frecuentes eran en los puertos de San Vicente, Barbada, Trinidad, Granada, St. Thomas, Puerto Príncipe, Kingston, Antigua, Saint Kitts, Jacmel, Colón, La Guaira, Puerto Cabello, Curazao, para finalmente llegar a los puertos de Santa Marta y Cartagena.

Los puertos franceses de Saint Nazaire, Marsella y El Havre se conectaban con los puertos de Pointe á Pitre, Basse Terre, St. Pierre, Fort de France, Carúpano, Curazao, La Guaira y Puerto Cabello. La Compañía West India & Pacific Steam Ship Co. Ltd. y la Compañía Atlas (Atlas Steam Ship Co.) procedente de Nueva York, ingresaban en primer lugar a los puertos de escala localizados en Greytown (Nicaragua), Puerto Limón (Costa Rica), antes de arribar a los puertos de Cartagena, Santa Marta y Riohacha. Por su parte, los vapores españoles Correos del Marqués de Campo se enlazaban en Santiago de Cuba y La Habana con puertos de escala en Nuevitas, Gibara, Baracoa, Kingston y Santa Marta.6 Las conexiones entre las mencionadas líneas permitían que principalmente el ingreso de los vapores al puerto de Sabanilla variara entre una y siete veces durante el mes (véase mapa 1).7 Del promedio de buques que ingresaron al puerto de Barranquilla entre 1891 y 1892, según el Ministerio de Hacienda, 150 de ellos presentaron cargamentos que no correspondían totalmente con los sobordos enviados por los respectivos cónsules y los manifiestos remitidos por el administrador de la aduana. Lo mismo sucedió durante 1888 y 1889, época en la que un promedio aproximado de 300 buques que ingresaron al puerto presentaron las mismas inconsistencias.8 Una de las razones para que la aduana de Barranquilla presentara estas irregularidades se debió, en primer lugar, a la preponderancia que había alcanzado en relación con los puertos ma 6 Diario Oficial (1882, núm. 5352, pp. 10461-10462). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

7 Diario Oficial (1882, núm. 5352, pp. 10461-10462). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

8 Diario Oficial (1882, núm. 8975, pp. 1440-1443). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

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rítimos de Santa Marta y Cartagena; en segundo lugar, a la gran demanda de mercancías extranjeras, la aplicación de la legislación arancelaria, la corrupción de los empleados aduaneros, la inestabilidad política y la falta de instrumentos y espacios para controlar los ingresos. Por tanto, no es difícil afirmar que las compañías extranjeras también estuvieran involucradas en la introducción de mercancías ilícitas.

El envío de mercancías a puertos de pequeña escala aumentó de forma notable a finales del siglo xix. Las mercancías procedentes de Hamburgo, Nueva York, Málaga y Génova se depositaban en consignación en el puerto de Maracaibo, como primer destino, para luego ser enviadas por el río Zulia hasta Encontrados, de allí a los puertos de Los Cachos, Villamizar y por el río Táchira en la frontera, hasta Cúcuta (Laurent, 2008, pp. 379380 y 406).9 Aun cuando la aduana representó un volumen de comercio exterior intermedio en comparación con las otras, esta llegó a registrar también una cantidad considerable de introducciones ilícitas. Contrabando de mercancías extranjeras procedentes de vías terrestres y fluviales, específicamente del río Táchira y de Maracaibo.

Entre septiembre y octubre de 1870 se enviaron a la aduana de Cúcuta 2 617 bultos procedentes de Maracaibo con valor de 20 770 pesos.10 En 1883 se enviaron al mismo destino 1 125 bultos de vino seco con valor de 4 482 pesos; 55 bultos de aceite de Kerosene con valor de 215.30 pesos; diez bultos de vino amargo con valor de 100 pesos; 49 bultos de brandy por 40 pesos; 49 bultos de vino vermouth por 352 pesos, y 350 bultos de harina de trigo por 20 025 pesos.11 Con destino al puerto de Villamizar, en noviembre de 1877, 5 629 bultos con valor de 189 362.83 pesos.12 Entre agosto y noviembre de 1889, del mismo puerto salieron para Cúcuta, 11 977 bultos procedentes de Nueva York; 2 349 de Curazao; 887 de Birmingham; 1 353 de Liverpool; 3 681 de Manchester; 1 625 de París; 241 de El Havre; 2 169 de Burdeos, 73 de Marsella; 4 260 de Málaga; 735 de Génova; 12 550 de Hamburgo; 726 de Venezuela, y 67 de La Habana (véase mapa 2).13 9

Sección República (Aduanas, manifiestos de importación, 1895-1918, fs. 1-3, carpeta 1, caja 3). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia.

10 Diario Oficial (1870, núm. 2098, p. 1278). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia; Diario Oficial (1870, núm. 2101, p. 1288). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia; Diario Oficial (1871, núm. 2130, p. 15). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

11 Diario Oficial (1884, núm. 6164, p. 13715). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

12 Diario Oficial (1878, núm. 4165, p. 5697). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

13 Diario Oficial (1890, núms. 8125-8126, p. 685 y 688). Archivo Histórico Regional. Bogotá, Colombia.

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Fuente: Elaboraci贸n propia con base en Diario Oficial (1871-1895). Archivo Hist贸rico Regional. Bucaramanga, Colombia.

Mapa 1. Rutas comerciales entre Europa y Am茅rica, 1870-1900

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Mapa 2. Puertos marítimos y fluviales de acceso a Santander, Colombia, 1870-1900

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Además de ser el punto de afluencia para la introducción de mercancías al interior de Santander, el puerto de Los Cachos concentró los intereses de varios empresarios y políticos de la región. En 1865 se organizó una compañía con el objetivo de construir un camino entre Cúcuta y dicho puerto. Durante 1876 sobre la vía se construyó el llamado Ferrocarril de Cúcuta, producto de la asociación de comerciantes y agricultores tanto venezolanos como colombianos (Pabón, 2011, pp. 19, 67, 89, 102), convirtiéndose aquella vía en la más apropiada para continuar el comercio entre los dos países. Vía Maracaibo se llegaba a Guayabo, de allí al puerto de Villamizar por medio de lanchas o bongos, para continuar hasta Cúcuta en ferrocarril.14 Los comerciantes manifestaban la conveniencia de esta vía en relación con la utilizada desde Barranquilla, la cual llegaba hasta Bodega Central y el puerto de Botijas (más adelante Puerto Santos), sobre el río Lebrija, para terminar en mulas hasta Bucaramanga.

Sin embargo, otros comerciantes se quejaban por los perjuicios ocasionados al construir el ferrocarril por la vía hacia Venezuela, debido a que se monopolizaría el comercio con dicho país y con el puerto de Maracaibo, señalando los constantes cierres de la frontera por el gobierno venezolano.

Insistían también en las mejores condiciones que ofrecía la circulación entre el río Magdalena y el puerto de Barranquilla, señalando además, el decreto que en 1869 el Estado había firmado y que manifestaba la apertura de un camino de herradura que comunicaba a los valles del Cúcuta con el río Lebrija y el río Magdalena, como una vía propia y nacional que comunicara con el puerto de Barranquilla. A pesar de ser un proyecto ambicioso, la vía planeada evitaría articular esta empresa con la del ferrocarril del Táchira y los problemas del comercio con la frontera venezolana. Se desviaría al puerto de Barranquilla y vincularía plazas comerciales como Ocaña, Girón y Bucaramanga;15 a su vez, se prolongaría el ferrocarril de Cúcuta hasta Tamalameque, región del río Magdalena caracterizada por la riqueza agrícola.16 La navegación a vapor por el río Magdalena comenzó con vapores traídos de Inglaterra en la segunda década del siglo xix. El río favoreció la integración de los puertos atlánticos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla con el espacio andino, llegando en primer lugar a algunos emplazamientos como Mompox y Magangué, arriesgándose algunas veces hasta 14 Sección República (Aduanas, administración-informes; 1873-1914, fs. 106-109, carpeta 1, caja 2). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia.

15 Diario Oficial (1870, núm. 1942, p. 649). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia, y Diario Oficial (1871, núm. 2144, p. 69). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

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los puertos de Caracolí, cerca de Honda, para llevar mercancías hasta Bogotá. Después de 1850 llegaban a otros puertos tales como Calamar, Zambrano, Barrancabermeja, Bodega Central, Puerto Nacional, Nare y Puerto Berrío, aumentando así la capacidad de transporte para finales de 1870.

La navegación se veía afectada por la escasez de desembarcaderos, los trechos de poca profundidad o aquellos invadidos por trozos de maderas y vegetación superficial (Gutiérrez, 2012, pp. 157-161). El funcionamiento de los puertos fluviales dependía de la articulación con los sistemas de caminos que los conectaban con las regiones y centros de producción distantes geográficamente.

En Santander, tanto el gobierno, representado por la Junta de Fomento, como los miembros del comercio de la ciudad de Bucaramanga se interesaron por la movilidad y el mejoramiento de los almacenes y bodegas, con el fin de consolidar los puertos como centros adecuados para la recepción de las mercancías provenientes del exterior. Dichos puertos, localizados en pequeños caseríos, poseían varios almacenes para el acopio de la sal, los productos agrícolas de exportación y para las mercancías importadas. Algunos se distinguían por ser tambos de paja o palma, algunos construidos todavía de madera y otros cimentados de hierro y zinc, con estantillos de palos con amarros de alambre, sin desagües y expuestos a las goteras durante los fuertes inviernos.17 Con el crecimiento progresivo de la actividad comercial, los puertos fueron bastante concurridos, el auge era tal que muchas veces se recurría al arrendamiento de casas particulares para guardar las mercancías.18 En algunos casos, la gran afluencia de mercancías sin dueño conocido que autorizara la salida de las cargas, ocasionaba la acumulación excesiva en las bodegas y en los puertos, siendo en tiempos de cosecha la época con mayor incremento (Avellaneda, 1999, pp. 64-66). Circunstancias que ocasionaban el alza de los fletes por la escasez de mulas y la lenta movilización, provocando retrasos que frecuentemente llegaban a más de dos meses.

El camino de Lebrija era uno de los trayectos comerciales en Santander, punto de conexión entre Bucaramanga, Girón y Rionegro con el río Lebrija, el río Magdalena y, más adelante, el puerto de Barranquilla. Dicho camino padeció la mayor parte del tiempo de las pendientes y mesetas adyacentes que lo convirtieron en una serie de vericuetos incorporados a 17 Bodegas en su mayoría construidas de paredes de tierra y con techos de hierro galvanizado contra incendios. Gaceta de Santander (fondo Publicaciones Oficiales, 1898, núm. 3272), y Gaceta de Santander (fondo Publicaciones Oficiales, 1897, núm. 3175, pp. 517-518). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia. Semanario El Posta (fondo Revistas, 1895, núm. 46, p. 525). Archivo Histórico Regional, Bucaramanga, Colombia.

18 Gaceta de Santander (fondo Publicaciones Oficiales, 1880, núm. 1377, p. 66). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

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los innumerables ríos y quebradas. Dos compañías comerciales monopolizaron dicha ruta: en el puerto de Barranquilla los comisionistas A. Pérez y Cía. se encargaban de gestionar los detalles de la descarga de manos de los representantes de las compañías extranjeras (Ocampo, 1984, pp.

175-177), de las condiciones y el estado de las mercancías para proceder a embarcarlas de nuevo y despacharlas por vapor por el río Magdalena con destino a Bodega Central. Allí eran recibidas por los comisionistas E. López & Navarro para ser transportadas a la Estación Santander y al puerto de Botijas19 por medio de lanchas de vapor y pequeñas embarcaciones.20 Otras compañías de navegación de menor participación fueron Pacheco & Cía. y M. Q. Jannaccone & Ramón B. Salcedo.21 En cuanto al movimiento comercial por el río Sogamoso se encontró una exigua información en 1891 sobre la liquidación de la compañía denominada Concha y Liévano. Dicha empresa de embarcaciones, particularmente de canoas sobre el río Sogamoso, realizaba trayectos diarios desde El Pedral o Bodega de Sogamoso hasta Puerto Marta o Colorado y viceversa.22 El transporte de mercancías de las ciudades de Girón y Bucaramanga a los puertos sobre los ríos Sogamoso, Lebrija o Magdalena, demandaba pago de peajes, de bodegaje, y de comisiones durante el recibo y el despacho. La cuantía aumentaba con el cobro del pontazgo, teniendo en cuenta la gran cantidad de puentes localizados entre el puerto de Botijas y Bucaramanga. Dos ejemplos explican la poca inversión en su mantenimiento, tal como se observó con los puentes sobre el río Rionegro y el río Suratá, que durante el invierno se deterioraban de manera considerable.23 Para finales del siglo xix, las bodegas aún eran escasas en los puertos y en las riberas de los caminos. Una legua más delante y en la ribera opuesta, el puerto de Botijas fue reemplazado por Puerto Santos. Sin embargo, este amenazaba ruina por el desplome, consecuencia de la mala construcción 19 Fondo Wilches (caja 2, documentos sueltos). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

20 Notaría Primera de Bucaramanga (1898, t. 4, caja 215, núm. 737, fs. 2070r-2072v, núm.

747, fs. 2086r-2088v; núm. 753, fs. 2102v-2103r; núm. 756, fs. 2107r-2120v, 1898, t. 5, caja 216, núm. 757, fs. 2121r-2122v, núm. 960, fs. 2902r-2903v; Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia. También véase Sector Civil Ejecutivo (Fondo Judicial de Bucaramanga, 1883, caja 106, fs. 31-32). Bucaramanga, Colombia.

21 Diario Oficial (1887, núm. 7057, p. 592). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

22 Civil Ejecutivo (Fondo Judicial de Bucaramanga, 1891, caja 110, fs. 6, 9,). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

23 Fondo Wilches (1886, Relación del pago de los derechos de peaje y pontazgo, caja 2, documentos sueltos). Archivo Histórico Regional, Bucaramanga, Colombia; Gaceta de Santander (fondo Publicaciones Oficiales, 1875, núm. 992, p. 184). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia, y Informe (1870, pp. 9-11), Archivo Histórico Regional. Concepción, Colombia.

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del terraplén artificial sobre el que fue armado. Para 1895, en los puertos de Marta y Puerto Santos hacía falta un armazón para que los arrieros cargaran o descargaran los bultos cuando llovía, además de una ramada en mejores condiciones, grande y capaz para pesar los cargamentos.24 Las bodegas para depositar las mercancías en la aduana de Cúcuta presentaron varias dificultades por la estrechez del espacio. La falta de bodegas era el pretexto para que los comerciantes evadieran el pago por la introducción de artículos, situación que se facilitaba al depositar en almacenes particulares donde no pagaban los derechos exigidos por la aduana.

Las quejas eran constantes teniendo en cuenta el deterioro de la infraestructura, los inconvenientes con las polillas y el comején que destruía las puertas de madera, provocando inseguridad en los objetos guardados en ellas. Lo mismo sucedía con el puerto de Los Cachos, cuya construcción de la aduana era un espacio reducido, carente de un piso firme, con apariencia de rancho y en mal estado (Laurent, 2008, pp. 430- 432).

Los pequeños puertos, como el de Los Cachos, no se vieron estructuralmente afectados por la cantidad de bultos que ingresaron desde mercados externos. En el informe enviado por el Consulado de Colombia en Maracaibo, se evidencia el movimiento mercantil en 1869, fecha en la cual ingresaron 26 buques de diversas nacionalidades al puerto de Maracaibo.25 En noviembre de ese mismo año y hasta mayo de 1870 fueron despachadas para el puerto de Los Cachos, en promedio, entre doce y 17 embarcaciones o bongos mensualmente, con un cargamento de 3 650 bultos de mercancías extranjeras. Este ejemplo sugiere que los hábitos, las costumbres y las necesidades viciadas por las prácticas sociales muy tradicionales aún se mantenían, fluctuando entre lo moderno y lo antiguo, mediadas por ambientes desordenados, ilegales y rudimentarios.

Las casas importadoras y los comerciantes Un elemento importante en el circuito comercial de importación en Santander fue la conformación de casas comerciales vinculadas a las familias más influyentes de la ciudad de Bucaramanga, emparentadas entre sí a través de matrimonios concertados. Durante la década de 1860, los comerciantes de Bucaramanga se limitaban a comprar productos importados a comerciantes de Cúcuta, Barranquilla, Magangué y Bogotá, que en su 24

Semanario El Posta (fondo Revistas, 1895, núm. 53, pp. 553-554). Archivo Histórico Regional, Bucaramanga, Colombia.

25 Diario Oficial (1870, núm. 1792, p. 42; núm. 2004, p. 897). Archivo Histórico Regional.

Bucaramanga, Colombia.

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mayoría contaban con los recursos y relaciones necesarios para adquirir mercancías europeas en plazas como Manchester, Glasgow, Edimburgo, Birmingham, Sheffield y Londres (Duque, 2005, p. 162).

Entre 1850 y 1860 se hicieron en Bucaramanga las primeras introducciones de artículos extranjeros. Dichas mercancías consistían básicamente en telas, con las cuales surtían a almacenes minoristas de la misma ciudad, de Girón y Piedecuesta (Duque, 2005, p. 157). Durante esta década se comenzó a formar un gremio de comerciantes locales y extranjeros, especialmente alemanes y algunos italianos, quienes monopolizaron el comercio importador-exportador. Procedentes de países europeos, en donde tenían amplios nexos comerciales e industriales, los extranjeros introdujeron capitales y ampliaron su área de influencia para el desarrollo de la actividad mercantil. Para finales del siglo xix, los comerciantes de Bucaramanga comenzaron a comprar, vender y relacionarse directamente con casas comerciales inglesas, alemanas y estadunidenses.26 Santander concentró una parte importante de comerciantes que terminaron coincidiendo en las prácticas monopólicas e incorporando funciones políticas en el movimiento comercial. Las estrategias utilizadas dependían de los matrimonios concertados, las asociaciones financieras y los favores políticos. Los pioneros en el comercio bumangués fueron Juan Crisóstomo Parra, David Puyana, David Figueroa, Luis Francisco Ogliastri, Joaquín París, Pedro María Peralta, Cristóbal y Enrique García, Pablo Antonio Valenzuela, Encarnación Azuero, Santafé Cadena, Geo von Lengerke, Adolfo Harker y Modesto Ortiz (Duque, 2005, p. 155). Entre 1860 y 1910 aumentó el número de casas comerciales en Bucaramanga, algunas de ellas producto de fusiones entre los primeros comerciantes con aquellos recién establecidos como Koppel & Schloss, Victor Paillié, Réyes González & Hnos., Ignacio Cadena, Lorent, Keller & Cía., Paul Polko, Minlos Breuer & Cía., Trinidad Parra de Orozco, Benito Ordóñez, Manuel Cortissoz, y C. P. Clausen.27 La estrategia de estos comerciantes consistía en asociarse para realizar importaciones con el fin de fusionar capitales y evitar el costo en el pago de los impuestos de aduanas.28 A su vez, se apoyaban bajo la figura de la fianza para respaldar los derechos de importación, principalmente por el ingreso de mercancías extranjeras en la aduana de San José de Cúcuta.

26 Sección Ejecutivo (fondo Judicial de Bucaramanga, caja 107, fs. 3v-4r, 1886). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia, y Semanario El Posta (fondo Revistas, 1895, núms. 46 y 53). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

27 Fondo Wilches (caja 2, documentos sueltos). Archivo Histórico Regional, Bucaramanga, Colombia.

28 Sección Civil Ejecutivo (fondo Judicial de Bucaramanga, caja 105, f. 1, 1877). Archivo Histórico Regional, Bucaramanga, Colombia.

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Una de las primeras sociedades se denominó Puyana & Ogliastri, formada por Luis Francisco Ogliastri y David Puyana, cuyas operaciones iniciales consistían en la exportación de café hacia las casas extranjeras C. G. Meier & Cía. de Londres, Punderford & Jenney de Nueva York y Santamaría & Cía. de Liverpool (Duque, 2005, p. 162).

Koppel & Schloss, propiedad de S. F. Koppel y Carlos Schloss, se convirtió en una de las casas comerciales más reconocidas de Bucaramanga y Bogotá. Se hicieron cargo de la casa que tenían Leopoldo y Daniel Schloss en Bogotá, cuando estos viajaron a Inglaterra para fundar la casa comercial Schloss Brothers de Londres, intermediaria entre Inglaterra y Alemania para despacharles mercancías hacia la aduana de Barranquilla.

Más adelante se asociaron con Adolfo Harker formando la casa Koppel & Schloss & Cía. (Duque, 2005, p. 163).29 Los alemanes siempre mantuvieron vínculos cercanos con familias reconocidas de Bucaramanga. Geo von Lengerke, junto a su sobrino Paul G. Lorent, fundó la compañía Lengerke & Lorent. A la muerte de Lengerke en 1882, Lorent fundó junto con Carlos Keller y Gustavo Wolkmann la casa Lorent, Keller & Cía. para introducir por la Aduana de Barranquilla mercancías provenientes de Inglaterra.30 Al separarse de Keller, conformó en 1893 la sociedad Lorent & Volkman dedicada también al comercio de importación (Guerrero y Avellaneda, 2002, pp. 14-19).

Otros alemanes destacados fueron Hermann Hederich, quien junto con Christian Goelkel fundaron en 1873 la compañía Hederich & Goelkel.

La familia Valenzuela se unió a la familia alemana Minlos Breuer a través de Carlina y Amelia Valenzuela, esposas de Emilio Minlos Motovio y Felipe Hakspiel, respectivamente. Minlos Breuer & Cía. fue una de las casas más reconocidas de Maracaibo, con sucursal en Bucaramanga durante la década de 1880. La compañía fue creada el 31 de agosto de 1883 por Enrique Eduardo Breuer, Augusto Adolph Emel Minlos, Jens Nicolassen Möller, Federico Guillermo Birtuir, J. Sue Lalleman, Jorge Hesselman, Christian Federich Witzke y Federico Minlos (Duque, 2005, pp. 165-166; Espínola, 2006, pp. 3-5).

Hacia 1888, la firma ingresó algunas mercancías de importación, entre las que se encontraban 97 bultos de mercancías secas, camisas hechas de algodón sin nada de lino, pieles curtidas no manufacturadas, calzado hecho, sombreros y pavitas de paja, artículos de ferretería, quincallería, goma arábiga (Espínola, 2006, pp. 3-5, 10). La compañía se disolvió el 30 29

Diario Oficial (1892, núm. 8883, pp. 1015-1016). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia y Diario Oficial (1896, núm. 9026, p. 1680). Bucaramanga, Colombia.

30 Diario Oficial (1892, núm. 8883, pp. 1015-1016). Archivo Histórico Regional, Bucaramanga, Colombia.

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de diciembre de 1895 para constituir otras dos casas comerciales: Minlos, Witzke & Co. y Breuer, Möller & Co. Su sede principal estaba en Hamburgo, con sucursales en Maracaibo y San Cristóbal, Venezuela, y San José de Cúcuta, Bucaramanga y Barranquilla, Colombia (Espínola, 2006).

Breuer, Möller & Cía. se destacó por mantener negocios en el puerto de Barranquilla y en la frontera venezolana. Desde Nueva York, pasando por Maracaibo y el río Táchira, enviaban mercaderías a lomo de mula con destino a la Aduana de Cúcuta.31 21 fardos, incluyendo telas de algodón de diversas clases, colores, texturas y ordinarias, listados, zarazas, madapolán, muselinas, merinos, hilo de algodón,32 procedentes de Liverpool con destino a la Aduana de Barranquilla, fueron remitidos por Daniel Maccabe para su casa comercial. También, Neuss, Hesslein & Co. remitieron desde Nueva York quince fardos de telas de lonas y zarazas de colores.33 Durante 1892, 1893 y 1896 fueron despachados a través de la aduana de Barranquilla para la compañía 56 bultos procedentes de Inglaterra.34 En 1913, L. G. Berndes & Cía. remitieron procedente de La Habana una caja de tabacos en cigarro.35 En Bucaramanga también prosperaron algunas compañías constituidas por familias locales, entre ellas Cadena & Hnos., García & Hnos., Vargas Hnos., Mantilla Hnos., y Ogliastri Hnos., fundada por Roque, Julio y Jorge, hijos de Luis Francisco Ogliastri (Duque, 2005, p. 161). En 1882, otra compañía reconocida en Táchira y Bucaramanga se denominó Foción Soto y Cía., su fundador era un destacado importador de mercancías por la Aduana de Cúcuta y presidente de la “Compañía del camino al puerto de San Buenaventura (puerto de Villamizar)”.36 Entre 1892 y 1896 se observó una mayor participación de los comerciantes de Santander y un aumento del número de introducciones por el puerto de Barranquilla; entre estos destacó la sociedad Lorent & Volk 31

Sección República (Aduanas, manifiestos de importación, 1898-1914, f. 23, carpeta 2, caja 5). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia.

32 Sección República (Aduanas, manifiestos de importación, 1907-1917, ff. 18, 124, carpeta 1, caja 5). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia.

33 Sección República (Aduanas, manifiestos de importación, 1907-1917, f. 109, carpeta 1, caja 5). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia.

34 Diario Oficial (1892, núm. 8883, pp. 1015-1016). Archivo Histórico Regional, Bucaramanga, Colombia; Diario Oficial (1893, núm. 9101, p. 325). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia; Diario Oficial (1896, núm. 9026, p. 1680). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia, y Diario Oficial (1895, núm. 9737, pp. 417-419). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

35 Sección República (Aduanas, manifiestos de importación, 1907-1917, f. 126, carpeta 1, caja 5). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia.

36 Sección República (Archivo Histórico Regional, 1847-1924, fs. 46-49, caja 6). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia. Véase también Diario Oficial (1886, núm. 6778, p. 883).

Archivo Histórico Regional, Bucaramanga, Colombia.

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mann, Koppel Schloss & Cía. y Julio & Enrique Silva, la cual fue sucesora de la compañía Estanislao Silva e Hijos creada en 1891 (Guerrero y Avellaneda, 2002, pp. 14-19). También, la sociedad Reyes González & Hnos., fundada el 21 de septiembre de 1882 por los hermanos y socios Eleuterio, Florentino y Reyes González. Un año antes de fundar la sociedad, los hermanos González se unieron con el comerciante de Cúcuta Guillermo Forero Barreto para crear González & Forero, cuyo propósito fue “especular en toda clase de negocios relacionados con la introducción y comercialización de drogas al por mayor y detal” (Duque, 2005, pp. 166, 168). Otra sociedad comercial local se denominó Trinidad Parra de Orozco & Cía. formada por el cartagenero Nicolás Genaro Orozco y su esposa Trinidad Parra Quintero, hija y heredera del comerciante santandereano Juan Crisóstomo Parra (Duque, 2005).

De igual manera, se manifiesta el fortalecimiento de los vínculos comerciales entre dichos importadores y las casas extranjeras. Muestra de ello fue la conexión entre la sociedad F. Chagneau & Co. y Benito Ordóñez e hijo, de Bucaramanga, donde el primero le remitió vinos de diversos tipos procedentes de Burdeos.37 También, el caso de C. P. Clausen, fundador de la cervecería Clausen en Bucaramanga, quien mantenía negocios comerciales con Alemania y Liverpool a través de la casa W. Duff & Co.38 Otro caso fue el de Julius Rudert, quien envió diferentes tipos de mercaderías desde Hamburgo para Manuel Cortissoz de Bucaramanga, este último, judío nacido en Curazao, era socio de la casa barranquillera A. Wolff & Cía. En 1885 fundó la Compañía Minera de Bolívar y Santander y en 1877 la sociedad comanditaria M. Cortissoz & Co., con diversas sedes, entre ellas la de Lima –desde donde le enviaban a consignación en los vapores procedentes de Nueva York, variedad de mercaderías extranjeras para circular al interior de Santander, lugar escogido para establecer gran parte de sus negocios comerciales (Duque, 2005, pp. 167, 171; Ramírez, 2009).39 En cuanto al comercio minoritario, este contribuyó al aumento de mercancías baratas que terminaban en casas de las diversas clases sociales y en los almacenes de comerciantes con menos capitales, como se observa en la siguiente declaración: “yo tenía á [sic] principios de este año en mi casa propia de habitación del barrio de Quebrada del oro, en esta ciudad, 37

Sección República (Archivo Histórico Regional, 1807-1917, f. 3, carpeta 1, caja 5). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia. Véase también Diario Oficial (1895, núm. 9773, pp. 473476). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

38 Sección República (Archivo Histórico Regional, 1907-1917, f. 63, carpeta 1, caja 5). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia. Véase también Diario Oficial (1892, núm. 8883, pp.

1015-1016). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

39 Sección República (Archivo Histórico Regional, 1907-1917, fs. 54, 97 carpeta 1, caja 5).

Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia.

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una tienda de pulpería con efectos del país, mercancías extranjeras y algunos muebles del uso de la misma tienda”.40 El auge de comerciantes que compraban y vendían a gran escala y aquellos que compraban y vendían al menudeo, movilizándose entre las ciudades,41 favoreció el creciente ingreso de mercancías sueltas que no registraban pago de peajes ni ingreso a los puertos. Al estar fuera de las estadísticas oficiales, esta acción de introducir mercancías ilegalmente y sin el aumento de impuestos, permitió el crecimiento de ventas informales de mercancías baratas. Este tipo de transacciones manifiestan no sólo la frecuencia de los negocios, sino los itinerarios y las prácticas comunes de los comerciantes, quienes muchas veces terminaban en estado de insolvencia por el deficiente manejo de los negocios y por el incumplimiento de los créditos.42 Según Braudel (1993), se trata de un conjunto de movimientos económicos que supone el funcionamiento de toda sociedad […] incluyendo tanto elementos como instrumentos de la circulación: los caminos, los puertos, el medio de transporte, las mercancías transportadas, las tiendas, los mercados, las ferias, los intercambios mercantiles, la moneda en movimiento, el crédito, los diversos procesos del comercio y, naturalmente, los hombres, sus actos, sus desplazamientos (p. 240).

Los decomisos de productos importados durante el siglo xix, tales como textiles, manufacturas, cigarrillos, licores, jabones, lozas, zapatos, pomadas, sombreros, papel, perfumes y relojes de plata ingleses, fueron los que más se distinguieron de entre los bienes que se pretendía introducir de contrabando, por el alto valor que tenían que pagar dichos productos para ser importados (Laurent, 2008, pp. 85, 302). Consecuencia de ello, fue la venta de “mercancías, batan, chucherías” y otros objetos de comercios que se vendían junto a mulas, muletos, caballos, ganados, en las ferias.

Mercaderías atractivas en comparación con los bienes locales.43

40

[Contrato de compraventa y posterior demanda de unos efectos de tienda]. Sección Civil Ejecutivo (fondo Judicial de Bucaramanga, caja 116, fs. 1r-6r, 1895). Archivo Histórico Regional.

Bucaramanga, Colombia.

41 Como el caso de Ricardo Uribe, quien no tenía domicilio fijo “pues como su profesión es comprar en el distrito de Lebrija para vender en esta ciudad y comprar aquí [Bucaramanga] otros artículos para venderlos allí, un poco reside en Lebrija y otro poco en Bucaramanga”. Sección Civil (fondo Judicial de Bucaramanga, caja 97, f. 8, 1885). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

42 Sección Civil Tercerías (fondo Judicial de Bucaramanga, caja 3, f. 1). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

43 Feria anual de Labateca en 1875, Informe (1875, pp. 70-71). Archivo Histórico Regional, Bucaramanga, Colombia.

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Desde el puerto hasta el lugar de destino, las mercancías eran vendidas en los largos trayectos que comunicaban a las aduanas con las regiones del interior. La introducción ilegal permitía que las diversas clases tuvieran acceso a dichos objetos, puesto que este comercio fue una práctica social que no distinguía nivel ni agrupaciones comerciales. Por tanto, el ingreso de productos extranjeros no sólo mudó las leyes y normas oficiales, sino que también transformó los modos y tradiciones a una dinámica socioeconómica que con el tiempo fue transformándose.

En relación con los perfiles de los contrabandista, Laurent (2008) proporcionó para el periodo de 1821 a 1850 información sobre los extranjeros sospechosos de la práctica de contrabando, destacándose entre ellos: ingleses, franceses, holandeses, españoles, estadunidenses y canadienses, con profesiones que iban desde agentes comerciales hasta capitanes de barco, residentes en Cartagena y conocedores de las leyes nacionales. En el caso de los contrabandistas nacionales, la autora encontró que dichos personajes no figuraban como residentes de la Costa Caribe, indicando la presencia de labradores, tejedores y jornaleros de San Gil (Santander), un comerciante y un arriero también en Santander, algunos vecinos y residentes en Mompox, y un dueño de tienda en Gachancipá, Bogotá y Rionegro, es decir, pequeños y medianos comerciantes, labradores y arrieros o conductores. Comerciantes que se enriquecieron no sólo por sus negocios legales sino también por los ilegales.

Por su parte, el comercio interregional dependía de una producción local sometida a los altos costos del transporte y las pocas vías de acceso al río Magdalena. En las regiones del interior se percibía de forma superficial el cambio hacia la modernidad en términos de administración política y económica, sobre las cuales las instituciones poco se habían transformado y en donde la infraestructura necesaria para la circulación comercial estaba sujeta a la inversión irregular en vías de comunicación como carreteras y líneas férreas. Así, la inclusión a nuevos mercados extranjeros resultaba de mayor utilidad para el gobierno, ya que estimulaba el consumo masivo de los productos extranjeros en las diversas clases sociales con el fin de amortizar deudas, garantizadas con el producto de las rentas de peajes de mercancías y de aguardientes (García, 1982, p. 372).

Para el caso de Santander, los peajes más importantes se encontraban en la vía que conducía de Maracaibo a Cúcuta, y de allí se dirigía hacia Bucaramanga, núcleo de confluencia de varias vías de comunicación. Los caminos hacia el río Magdalena por lo general eran los más importantes, ya que ofrecían, para la mayor parte de la población, la comunicación más corta con la costa y con el exterior (Carreño, 2007). La región presentaba una marcada influencia monopólica por parte de un grupo de comerciantes que operaba los principales negocios comerciales bajo su interés parti-

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cular, manipulando una esfera de desarrollo concentrada exclusivamente en dicha ciudad. Estas circunstancias motivaron que en 1876 se impulsaran dos proyectos para vincular comercialmente a Cúcuta y Socorro, capital del estado de Santander.44 La composición de los caminos impulsada por el gobierno pretendía aumentar el tránsito comercial de las zonas intermedias entre Cúcuta y Bogotá. Se trazó una vía que conectara con Pamplona, Bucaramanga, Socorro y Monte del Moro con el propósito de proveer también con los artícu­ los básicos de consumo a los principales centros de mercados del estado de Boyacá.45 Por medio de la Aduana de Cúcuta, el Socorro se abastecería de mercancías extranjeras, como las telas blancas de algodón vendidas a precios muy inferiores en comparación con los precios de los mercados de Bogotá, debido a que las mercancías y artículos europeos que se vendían en los pueblos circunvecinos a Vélez y el Socorro eran proveídos del mercado bogotano a elevados costos (Laverde, 1889, p. 29). El proyecto, además, buscaba un acercamiento comercial entre la región de García Rovira y Cúcuta, teniendo en cuenta la importancia de la Aduana localizada en esta última ciudad (Laurent, 2008) (véase esquema 1).

La sociedad y los bienes de consumo En los informes de los presidentes a la asamblea legislativa del Estado de Santander se observa que el objetivo principal de sus proyectos fue promover mudanzas en la instrucción pública, fomentar la agricultura, la construcción de los ferrocarriles, la reconstrucción de caminos y ciudades, y facilitar contratos para impulsar la navegación a vapor. Los cambios incluían también la transformación de las costumbres, de los hábitos de alimentación y vestimenta de la población. La combinación de estos intereses emergía precisamente en un periodo de crecimiento de las importaciones. El consumo de mercancías extranjeras se articulaba con las prácticas cotidianas de las clases bajas, las cuales se mantuvieron intactas hasta mediados del siglo xx (López, 2010, p. 95) en un espacio que aún no reconocía la diferencia entre lo rural y lo urbano (Laverde, 1889, p. 74).

Paradójicamente, como objeto de dicha transformación, fue concebida Bucaramanga, una ciudad bajo un incipiente proceso de urbanización. Sin 44 Gaceta de Santander (fondo Publicaciones Oficiales, Decreto núm. 40, dirigido por el jefe departamental de García Rovira, 1876, núm. 1033, p. 93). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

45 El Norte (fondo Periódicos, 1862, núm. 1, p. 3). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia. Véase además Informe (1871, p. 8). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia; Diario Oficial (1870, núm. 1790, p. 34). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

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Esquema 1. Circuito mercantil en Santander, Colombia, 1870 y 1885

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un proyecto concreto de acueducto y alcantarillado, con un rudimentario servicio de alumbrado público, con rústicas calles invadidas de caballos y mulas como tradicional servicio de transporte, y atestada en su famosa calle del comercio de numerosos almacenes de extranjeros dedicados a exportación de productos de la tierra y a la importación de mercancías finas (Rueda y Álvarez, 2012, p. 47). A su paso por Bucaramanga en 1886, Laverde Amaya se refirió a esta como una de las ciudades más comerciales del departamento de Santander, atiborrada de gente, con un gran grupo de comerciantes alemanes, pero escasa de agua y con construcciones poco notables (Laverde, 1889, pp. 58-59).

Los cambios ocurridos durante la segunda mitad del siglo xix en la cultura material muestran que los efectos en los patrones de consumo al interior, en el contexto de las ciudades, no dependían de la clase social, teniendo en cuenta que en los negocios se estimaba poseer mercancías nacionales y extranjeras de igual manera. Así, el ritmo de la ciudad daba paso, por ejemplo, a la convivencia de lienzos finos con alpargatas de fique, donde colores y tejidos se mezclaban de formas variadas. Así, las costumbres en la alimentación y en el vestuario de uso cotidiano, como “la ruana, las alpargatas y el sombrero, que compartían escenario con el consumo de la chicha” (López, 2010, p. 13), fueron elementos muy importantes de los hábitos decimonónicos que con el tiempo se integraron al uso de las telas blandas de algodón y a la cerveza.

De acuerdo con Arjun Appadurai y Georg Simmel, esta perspectiva corresponde al concepto sobre la circulación de las mercancías en la vida social, en la que mercancías y personas poseen una vida social donde “el valor económico, [sic] nunca es una propiedad inherente de los objetos, sino un juicio acerca de ellos emitidos por los sujetos […] por eso, el consumo es eminentemente social, correlativo, activo, en lugar de privado, atomizado y pasivo” (Appadurai, 1991, pp. 17, 48). En consecuencia, las dinámicas sociales y culturales del flujo de mercancías como los bienes de lujo eran considerados no tanto en oposición a las necesidades, sino como bienes cuyo uso esencial era “retórico y social”, con signos incorporados (pp. 51-56).

Una clara señal de que los tiempos estaban cambiando se advirtió en los anuncios publicitarios que informaban sobre las novedades de los productos modernos (Henderson, 2006, p. 23), donde se fomentaron nuevos patrones de consumo y crearon necesidades, mismas que se observan en la alta demanda y la orientación de los gustos sobre dichas mercancías.

Un pequeño esbozo, según Arnold Bauer (1999), del moderno capitalismo consumista de la década de 1860.

Un ejemplo de la transformación en el uso de las nuevas mercancías finas ocurre en 1887, en un anuncio publicitario de la Compañía Trinidad

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Parra de Orozco en el periódico El Impulso. En el anuncio se recomendaba a los consumidores la calidad del surtido de las mercancías inglesas, francesas y estadunidenses, tales como cortes de algodón, adornos para sala, driles, encajes, parches porosos allcocks, vestidos, ropa interior, flores artificiales, agua florida legítima de Murray & Lanman, máquinas de coser, vinos tinto, blanco, vermouth, oporto y málaga imperial. No obstante, en dicho almacén, las mencionadas piezas coexistían con elementos típicos como las ruanas de paño y de merino, las gamuzas y las pieles de marrano.46 Con el cambio al siglo xx, la publicidad enfatizaba no sólo la calidad, la novedad y el surtido de los productos, sino además promovía los “precios baratísimos”.47 Los periódicos extranjeros trajeron consigo otro tipo de publicidad de diversos productos: moda, novelas, bordados, patrones para cortes de vestidos, piezas de música, figurines48 o catálogos en inglés y español con las nuevas tendencias en herramientas y coches.49 Con frecuencia se promovía el uso de productos extranjeros con el fin de incentivar el gusto por la moda e influir en la elección y compra de mercancías. Así, se introdujo la necesidad de usar artículos que reemplazaran aquellos baratos y de mala calidad producidos localmente. La publicidad indicaba el uso de cremas para mantener los dientes blancos, los perfumes para dar frescura a la boca, o el empleo de jabón y el perfume denominado “talismán de la belleza”, que daba un sello aristocrático.50 Mercancías rústicas o nacionales y mercancías extranjeras se exhibían conjuntamente en gran parte de las tiendas, donde se compraba no sólo por el origen sino también por el bajo costo que representaban algunos productos fabricados localmente. En el inventario de bienes presentado por Vicente Restrepo como fiador de Agustín Cadena, para respaldar el préstamo de 400 pesos de ley procedentes del valor de unos efectos de tienda que les vendió Joaquín Acuña, se manifiesta sin preferencia alguna el tipo de objetos de uso diario destinados para dicho pago. Observándose que en los almacenes se vendían artículos muy a la usanza, como taburetes y 46

El Impulso (fondo Periódicos, 1887, núm. 28, s. p.). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

47 La novedad era el calzado americano, las muñecas, las alfombras de peluche, las cachuchas de seda, los porta-monedas y los relojes despertadores. Voz Liberal (fondo Periódicos, 1911, núm. 48, s. p.). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

48 Diario Oficial (1870, núm. 1819, p. 156). Archivo Histórico Regional, Bucaramanga, Colombia.

49 (Correspondencia enviada por Henderson & Co. a los señores Paroline & Acevedo, de Bucaramanga, 1893. Sección República, Aduanas, Correspondencia. 1825-1914, f. 66, carpeta 2, caja 3). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia.

50 Diario Oficial (1870, núm. 1877, p. 390). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

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mesas de madera usados, peroles de hierro esmaltados, bateas de madera, piedras de moler, platos esmaltados, bandejas de lata, ollas de barro y lazos. Bienes que imprimían su sello local en comparación con las lámparas, los vasos y las copas de vidrio, los pocillos esmaltados, o las bandejas y platos de China.51 En los niveles de mejores ingresos el uso excesivo de los objetos extranjeros sobresalía con mayor intensidad, destacándose las vajillas de plata, porcelana, vestidos franceses, libros de autores franceses, ingleses, italianos y españoles, así como el lujo en los artículos de tocador: colonias, jabones y aceites, cuartos con cortinas al estilo francés y adornados con flores artificiales. Era evidente el lujo y la apariencia demandados por las clases más notables de la ciudad para lograr demostrar al invitado extranjero su reputación, posición social y conocimiento de la etiqueta al mejor estilo inglés o español.

La moda europea destacaba en estas ciudades: “salones amueblados y decorados con lámparas, mesas, espejos, sillas, sofás, ventanas con vidrios, alfombras europeas, sillones y pianos” (Gosselman, 1981, p. 234). Muebles y ornamentos que sólo era posible llevarlos hasta aquellos lugares en la espalda de los peones o a lomo de mula. Se trataba de una comunicación dividida por cordilleras, es decir, mediante un dificultoso trayecto se separaba un ambiente austero y diferente. Se vestían como ingleses, elegantes, en casas decoradas al mejor estilo europeo, iluminadas con grandes lámparas o candelabros traídos de Inglaterra y con alfombras cuyo fin no sólo era decorar, sino además disimular la desigualdad de los pisos.

Por su parte, los grandes volúmenes de telas, ropa y artículos de lujo importados incidieron en la modificación de la moda popular, concediendo importancia tanto a las tiendas como a los almacenes de extranjeros.

Sin olvidar que la fuerte y provocativa oferta comprometía el bolsillo de numerosos clientes que se endeudaron por encima de sus capacidades.

Los individuos tomaban a crédito ropa y calzado para reproducir el lujo (Martínez, 1995, pp. 119-120), práctica que terminaba en demandas que llegaban hasta últimas instancias judiciales, como el caso de Francisco Velásquez, quien en 1877 presentó en una hoja útil la cuenta corriente de lo que le adeudaba la señora Amalia Hernández procedente de mercancías extranjeras, cuya cantidad llegaba a 246.5 pesos, en su mayoría telas para elaborar vestidos.52

51

Sección Civil Ejecutivo (fondo Judicial de Bucaramanga, caja 116, fs. 1r-23r, 1894). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

52 Sección Civil Ejecutivo (fondo Judicial de Bucaramanga, caja 105, fs. 1, 1877). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

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Según lo afirma Bauer (1999), a finales del siglo xix el consumo a escala mundial aumentó y la introducción de artículos provenientes de los países industrializados se insertó en los modos y en los valores locales (p. 411). Colombia no estuvo ajena a este comercio, donde las mercancías se convirtieron en objetos de fácil acceso a los diversos grupos sociales, observándose por ejemplo en la introducción de materias primas como broches, botones, cintas de seda, piezas de encaje, hilos y telas de zaraza.

En el caso de Santander, los objetos manufacturados que ingresaban clandestinamente y decomisados en la aduana de San José de Cúcuta reflejan la trayectoria y la importancia que dichos objetos representaban al interior de la sociedad. Se hizo visible la preferencia por los vestidos de algodón, los relojes de mesa y de pared, la joyería de oro y plata, los zapatos, los jabones y el mobiliario para uso doméstico, como una forma de adoptar las modas urbanas, ya bastante interiorizadas en otros países; también se popularizó el uso de manteles, cuchillos, camisas y pañuelos de algodón, medias y sombreros (Laurent, 2008). A su vez, cambios importantes influyeron en la base material de la ropa, marcando una transición generalizada que pasó de la vestimenta rural al modelo urbano, emulando el modo de vestir de la clase alta y buscando distanciarse de sus costumbres originarias (Bauer, 1999, p. 489).

Convirtiéndose más en elementos de exhibición que de consumo (p.

440), los objetos manufacturados fuera del país obtuvieron una especie de valor moral, donde prevalecía no sólo la concepción entre lo moderno y lo antiguo, sino la búsqueda de identidad y familiaridad con el objeto, el cual terminaba pasando por todas las generaciones que integraban dichas familias. Por ejemplo, dentro de las mercancías heredadas a los hijos del fallecido Santafé Cadena, un reconocido comerciante de Bucaramanga, se destacan 16 alfombras, un fotomóvil, botellas de agua florida, planchas de vapor, piezas de seda, piezas de género Angola y Binuark, carretas de seda, lana, lienzo Massachusetts, satín, dril de lino, botones, botines y gorras.53 En relación con el contenido de las importaciones, los textiles de algodón y las materias primas se situaron en primer lugar, seguidos de los alimentos y bebidas, y las manufacturas de metal. En segundo lugar se situaron los objetos de lujo, los productos químicos, las manufacturas de cuero, las armas, municiones, combustibles, vidrio, materiales de construcción, madera, muebles y papel. Por último, las herramientas o instrumentos para la confección de ropa, como las máquinas de coser de pedal. Por su parte, 95% de las importaciones colombianas correspondía a bienes de

53 Notaría Segunda de Bucaramanga (t. 4, 1892, f. 340r). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

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consumo (Ocampo, 1984), siendo predominante Gran Bretaña con 50% de las importaciones de textiles y metales (Laurent, 2008).

En la lista de nuevas importaciones se incluían diversos artículos como ferretería, herramientas, máquinas de vapor, maquinaria y artículos alimenticios de lujo (latas de pescado, cerveza, vino francés o español). Cada uno de estos artículos tenía su propia historia, encerrando un extenso material de estudio que indicaría el trayecto que siguieron muchos productos que inicialmente fueron curiosidades exóticas y llegaron a ser objetos indispensables, símbolos de posición social y política (Bauer, 1999).

Provenientes de Francia llegaban tejidos de seda, lana y algodón, porcelanas, instrumentos de música y jabonería. Los bienes de consumo que ingresaron desde España exteriorizaron una marcada relación con los productos alimenticios como el aceite de oliva, ajos y cebollas, conservas alimenticias, sardinas, pescados, alpiste, anís, cominos, pastas para sopa, frutas secas, uvas y castañas.54 De Estados Unidos, galletas, harinas, productos químicos, medicinas, joyería y cobre manufacturado.55 Los productos pertenecientes al comercio minorista fueron comunes a los habitantes de zonas aledañas a Pamplona y Cúcuta, quienes acudían los días de mercado a dichas plazas para vender los productos de la tierra y proveerse de artículos extranjeros. En el caso de Pamplona, esta ciudad comenzó a cambiar sus viejos hábitos en la forma de vestir, pasando a usar ropas de colores y en la construcción de casas modernas con la invasión de las costumbres cucuteñas (Laverde, 1889).

A su vez, el creciente comercio con el territorio del Táchira estimuló a los “industriales en materias de tejido”56 del sur del Estado Soberano de Santander, del norte de Cundinamarca y Boyacá para conocer el prestigio que habían alcanzado las manufacturas en los mercados de Venezuela,57 especialmente en Táriba. Su feria anual efectuaba transacciones por cerca de medio millón de pesos, mediante operaciones comerciales donde el “batán socorrano”58 era el más estimado. La conducción semanal de valijas partía de Socorro para San Antonio de Táchira, pasando por Soatá, 54

Diario Oficial (núms. 7613, 7614, 1888, pp. 1403-1404). Archivo Histórico Regional. Bogotá, Colombia, y Diario Oficial (núms. 7763-7764, 1889, p. 448). Archivo Histórico Regional. Bogotá, Colombia.

55 Diario Oficial (núm. 2480, 1872, pp. 217-218); Diario Oficial (núm. 3268, 1874, p. 2118); Diario Oficial (núm. 7007, 1887, p. 391); Diario Oficial (núm. 9014, 1892, p. 1622), todos estos archivos en Archivo Histórico Regional. Bogotá, Colombia.

56 Cancino (1883). La Integridad (fondo Periódicos, núm. 23, s. p.). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

57 Sección República (fondo Gobernaciones Socorro, rollo núm. 442, f. 287). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

58 La Integridad (fondo Periódicos, núm. 23, 1883, s. p.). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

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Málaga, Concepción, Pamplona, San José y Rosario de Cúcuta, llegando a conducir hasta seis arrobas de peso.

Cada 15 de agosto llegaban a la tradicional feria mantas ordinarias, finas, mantas pinta-pinta finas y ordinarias, mantas de enjalmas socorranas y de Curití, pinta garnica y fina, hamacas, colchas comunes y manteles, toallas o paños de mano, alpargatas superiores finas para hombre y mujer, gamuzas, badanas,59 baquetas,60 correajes de toda clase, sombreros raspones o embarillados, sombreros superiores imitación suaza61 y suazas de copa redonda, chamauetas62 de hilo, chamauetas de lana y cigarros.63 A su vez, dentro de los artículos procedentes del interior del país que llegaban a dicha feria se encontraban los paños burdos o cortes de lana para calzón con calidad en su manufactura, “por su abrigo y duración incuestionable” y cuyas fábricas se localizaban en Lenguazaque, Ubaté y algunos pueblos de Boyacá, poco conocidos en el territorio del Táchira.64 Los puertos también se convirtieron en lugares destinados a la compraventa de mercaderías. En 1870, en el puerto de Los Cachos, se vendían productos a menor precio que en las plazas ya que ingresaban ilícitamente.

Por lo general estas mercaderías eran bajadas de embarcaciones menores en las playas distantes de los puertos, donde los habitantes los sacaban por los caminos de la montaña hasta ponerlos lejos de la vigilancia de los resguardos (Laurent, 2008, p. 380). La cantidad y variedad de mercancías extranjeras introducidas por contrabando hacían referencia en su mayoría a artículos finos.65 En las mercancías ingresadas fraudulentamente y rematadas por la Aduana de Cúcuta, se encontraron pañuelos de seda, botines para mujer de género y cuero charolado, pendientes o zarcillos de vidrio, peines, espejos, relojes, cruces de cobre y muñecas de madera, hasta herramientas de todo tipo, maquinaria y hierro.66 59

Piel curtida y fina de carnero u oveja. Real Academia de la Lengua (rae).

Vara delgada de hierro o madera, con un casquillo de cuerno o metal, que servía para atacar las armas de fuego y hoy para desembarazar su ánima, o varilla seca de membrillo u otro árbol, que usan los picadores para el manejo de los caballos. rae.

61 Jipijapa o palma de iraca. rae.

62 Ruanas.

63 Los cigarros locales, de diferentes especies como: corriente, flor fina, panetelas (de perilla), panetelas (americanos recortados), cañones, recortados, y cocheteros también se comercializaron particularmente en plazas como Cúcuta, Pamplona y Maracaibo. Véase Carta de Clemente Blanco a Solón Wilches, Pamplona, 1888. Fondo Wilches (caja núm. 10, s. f.). Carta de José Ferrare [sic] a Solón Wilches, Málaga, 1889. Fondo Wilches (caja núm. 10, s. f.). Carta de Clemente Blanco a Solón Wilches. Pamplona, 1889. Fondo Wilches (caja núm. 10, s. f.).

64 La Integridad (fondo Periódicos, 1883, núm. 23, s. p.). Archivo Histórico Regional, Bucaramanga, Colombia.

65 Diario Oficial (1874, núm. 3056, p. 1271). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

66 Diario Oficial (1873, núm. 2969, p. 922). Archivo Histórico Regional. Bucaramanga, Colombia.

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A mediados del siglo xix y después del terremoto de Cúcuta en 1875, la población fue tomando semejanzas y costumbres del vecino país Venezuela y de Europa. En 1851 el colombiano Manuel Ancízar observó durante su viaje a las provincias del norte de la Nueva Granada el alto consumo de ropa extranjera entre jornaleros, proletarios, indios y ricos, quienes tenían un consumo anual de 3 154 000 pesos (Ancízar, 1853).

Sobre la interpretación de los bienes materiales se puede mencionar a Arnold Bauer, quien señala que durante la primera mitad del siglo xix las líneas divisorias entre las clases sociales rápidamente se traslaparon para difuminarse, surgiendo así poblaciones mestizas. Tanto los estratos superiores como los inferiores buscaron, mediante lo que consumían y la manera como lo hacían, la forma de orientarse en un laberinto de significado cultural; en esa medida, destaca la ropa y sus diferente usos diarios, en lo público y lo privado (Bauer, 1999). Por tanto, desde la colonia, el surgimiento de las importaciones europeas de bajo precio, muy reconocidas teniendo en cuenta los cambios en la moda, eran de extrema importancia para la población en general. Las personas utilizaban imitaciones, las mujeres intentaban vestirse como españolas, y a los mestizos, indios, mulatos y negros les gustaba la ostentación (Bauer, 1999, pp. 455-456). Expresiones que se afianzaron aún más a finales del siglo con el creciente comercio de importación.

En estos términos, los pobladores de San José de Cúcuta imitaban costumbres propias de las clases altas como el vestido y las habitaciones [...] al presente es rara la mujer del pueblo que no tiene a su hija calzada con brecas, como allá dicen, con camisones y saco largo (paletó) de zaraza. El ancho pañuelo de color vistoso, cruzado sobre el pecho, no falta a ninguna persona cuyo criterio conceptúa preciso y atinado, me decía que este vestido las ha levantado [...] con lo que quería decir, que para el pueblo suelen traer la moda y el lujo relativo consecuencias morales significativas (Urdaneta, 1986, pp. 256-257).

La costumbre de comercializar y fabricar artículos de consumo diario desapareció o simplemente se redujo por el ingreso de mercaderías extranjeras (Laverde, 1889, p. 30).

Conclusión Durante la segunda mitad del siglo xix y comienzos del xx se observó un incremento en la importación y consumo de mercancías finas. Sin importar la calidad, la capacidad, el manejo administrativo, los riesgos por

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el contrabando y la infraestructura de los puertos regionales y locales, la formación de nuevas casas comerciales, tanto de extranjeros como de nacionales, promovió cambios en el consumo de los pobladores al introducir mercancías novedosas, foráneas y quizá lucrativas.

El circuito comercial de importación en Santander se caracterizó por combinar dos elementos importantes. En primer lugar, la conformación de casas comerciales donde se destaca, por un lado, la incursión de comerciantes y familias extranjeras, principalmente alemanas; por otro, la conformación de sociedades familiares principalmente oriundas de la región, que al final terminaron incorporando a su grupo a los comerciantes extranjeros bajo el respaldo de los matrimonios concertados. Las estrategias utilizadas dependían no sólo de los casamientos, también influyeron las asociaciones financieras, la fusión de capitales y los favores políticos.

Estas conexiones llevaron a que en Santander se concentrara una parte importante de comerciantes que terminaron coincidiendo en las prácticas monopólicas y en la incorporación de funciones políticas en el movimiento comercial. En segundo lugar, el crecimiento de las importaciones de artículos extranjeros, vinculado con dicha red comercial y con las compañías establecidas en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, España y Francia, dependió a su vez de los medios internos de comunicación tanto fluvial como terrestre para conectarlos. Aun cuando el envío de mercancías desde el puerto de Barraquilla (por el río Magdalena) hacia los puertos de pequeña escala en Santander aumentó notablemente a finales del siglo xix; el puerto de Maracaibo fue el principal circuito comercial utilizado para abastecer las casas comerciales de Bucaramanga y Cúcuta, las ferias anuales de Santander y las plazas comerciales del suroeste venezolano, en la frontera con Colombia.

Es evidente que la orientación sobre las mercancías extranjeras no sólo fue incentivada por las instituciones en la búsqueda de mejorarías en las condiciones materiales, cambios en los hábitos, costumbres o antiguos modos de vida con el fin de incursionar en el capitalismo. También el flujo de mercancías finas invadió los espacios de pequeñas y grandes ciudades, irrumpió en los reconocidos almacenes de personajes notables, y al mismo tiempo las pulperías, las tiendas y locales de personajes desconocidos y de la población en general. Dichas mercancías provocaron conflictos, deudas, pero también asociaciones, gremios y hasta asesinatos. Desconocer el uso de estos bienes significaría también negar el contrabando, la compraventa al menudeo y la incorporación de lo foráneo en la vida material de la sociedad, así como la travesía entre grandes y pequeños puertos, ríos, caminos de herradura y geografías adversas.

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LA RED DEL CORSARIO FRANCÉS JUAN CHEVALLIER Y SUS PRESAS ANGLOAMERICANAS EN EL CARIBE DURANTE LAS GUERRAS NAVALES (1796-1808) THE NETWORK OF THE FRENCH PRIVATEER JUAN CHEVALLIER AND HIS ANGLO-AMERICAN PREYS IN THE CARIBEAN SEA DURING THE NAVAL WARS (1796-1808) Julio César Rodríguez Treviño Universidad Veracruzana, Xalapa, México orfeoeuridice@hotmail.com

Resumen. Con el apoyo de las metodologías cualitativas y los programas computacio­ nales del Análisis de Redes Sociales, desde la perspectiva de la histórica económica, las metas del presente artículo son dos. El primero es analizar los nexos de apoyo y antagónicos en el Caribe de un corsario francés, con patente de corso española, quien al apresar dos buques neutrales, rescató notas de carga auténticas y falsas, situación que nos permite estudiar un medio de protección mercantil utilizado por los comerciantes durante los viajes ultramarinos: los dobles registros simulados. El segundo objetivo es investigar los conflictos y pactos militares y comerciales de fines del siglo xviii entre España, su virreinato septentrional, Francia, Inglaterra y el emergente Estados Unidos de Norteamérica, a través del juicio de comiso librado por el galo.

Palabras clave: corsario; red; comercio neutral; registro simulado.

Abstract. With the support of qualitative methodologies and computer programs of the Analysis Social Networks, from the perspective of economic history, the aims of this article are twofold. Analyze the links supporting and antagonistic in the Caribbean of a French privateer, with Spanish letter of marque which two neutral vessels to capture notes and genuine false charge, allows us to study a means of protection used by commercial traders during the overseas travel: simulated double registration. The second objective is through the forfeiture judgment delivered by the French, investigate the conflicts and military and commercial agreements of ends of the 18th century between Spain, his North viceroyalty, France, England and the emergent United States of North America.

Key words: privateer; network; neutral trade; simulated record.

Fecha de recepción: 9 de enero de 2014. Fecha de aceptación: 11 de junio de 2014.

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Introducción*

A

mediados de 1796, España y la Francia revolucionaria se aliaron contra su enemigo común: Inglaterra; esa unión fue el inicio del capítulo conocido como “las guerras navales” (1796-1808). Para la Real Armada de su majestad católica, el conflicto representó derrotas y bloqueos portuarios que afectaron negativamente la Carrera de Indias; ante ello, por grave necesidad, el gobierno español utilizó diversas concesiones para reactivar y dar seguridad a su comercio. Desde un enfoque económico-social, en este artículo se estudian tres de esas autorizaciones: la primera, las aperturas del comercio marítimo español a buques mercantes neutrales; la segunda, los permisos de carga conocidos como dobles registros de simulación otorgados por las autoridades españolas a los capitanes de barcos imparciales, y la tercera, las licencias de corso1 dadas a los aliados franceses en el Caribe hispano. Por medio de estas tres permisiones se da respuesta a la interrogante de cómo surgieron tales medidas y cuáles fueron las consecuencias del conflicto en el sistema de intercambio ultramarino. También, por medio de un estudio de caso, y con el apoyo metodológico del análisis de redes sociales, se busca dilucidar cuáles fueron las tensiones y apoyos entre los involucrados en la política naval-mercantil española de ese periodo.

Historiográficamente se han realizado múltiples trabajos sobre las tres autorizaciones. Entre los más relevantes, en materia de comercio neutral en la América española y los conflictos navales en los que se implicó España, se encuentran los de Carlos Marichal (2000) y Matilde Souto (2001), quienes indagan sobre las primera y segunda guerras navales y las importaciones y exportaciones legales e ilícitas realizadas en el puerto de Veracruz por barcos neutrales, por medio de las transacciones mercantiles de las casas comerciales estadunidenses y londinenses. Otro estudio es el de Guadalupe Jiménez (2000), en el que realizó un balance mercantil del comercio clandestino en los puertos del Caribe novohispano ejercido por neutrales.

Humberto Tandrón (1976) estudió el tipo de barcos y las mercaderías que arribaron o zarparon de Veracruz y Campeche, y las consecuencias negativas del uso y paulatino aumento de neutrales en el mercado externo

* Este artículo fue realizado gracias al apoyo de la estancia posdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, y del Proyecto de Investigación Básica sep-Conacyt 179035 del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

1 Las licencias o patentes de corso eran documentos solicitados por particulares y expedidos por las autoridades de gobierno; con ellas se facultaba a su poseedor, previo pago de una fianza, a salir a la mar con un buque y tripulación armada en nombre de la nación que se la concedió, a fin de vigilar las aguas y rutas comerciales de buques enemigos. A su vez, la patente daba a los particulares la legitimidad a sus acciones bélicas, con su posesión y en caso de ser aprendido por el enemigo era tratado como prisionero de guerra y no como pirata.

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novohispano. En el contexto del doble registro de simulación, trabajos como los de Cristina Mazzeo (2003), Carlos Marichal (2000) y John Fisher (1990) hacen mención del uso del doble registro bajo el nombre de licencia; destacan su uso como una forma para que navíos con pabellón neutral eviten el decomiso de mercancía española, estadunidense o británica por posibles enemigos, y subrayan la delgada línea entre este sistema y el contrabando.

Sin embargo, el término doble registro de simulación no es usado, y no profundizan en tan inédito tema.

Respecto al corso, la obra clásica de José Luis de Azcárraga (1950) describe la historia del corso europeo en el medievo y el Caribe colonial hasta 1775. Un trabajo similar se encuentra en el apartado del libro de Manuel Lucena (1992), que describe la aparición y desarrollo del uso del corso en la América española; la investigación de Victoria Stapells (1992) abarca la vida de los corsarios en Santo Domingo desde 1718 hasta la década de 1770, así como las indagaciones de Óscar Cruz (1997 y 2013) quien desde el enfoque de la jurisprudencia abarca toda la historia del corso en la época colonial.

El análisis de redes sociales (ars) es una herramienta metodológica que no sólo es utilizada por la sociología o la antropología, pues hoy en día la historia ha tomado líneas de investigación basadas en el estudio de los vínculos sociales, sobre todo a partir de la última década del siglo xx, cuando los historiadores empezaron a abandonar el paradigma estructuralista que estableció las estructuras como condicionantes de las prácticas sociales; en su lugar se comenzó a revalorizar a los individuos como actores sociales dinámicos y forjadores de sucesos históricos. Ello gracias a la aplicación de la interdisciplinariedad de la historia, que renovó un diálogo con la antropología, la economía, la sociología y antiguos tópicos que son retomados como las nociones de red social y cultura, dándole así un nuevo giro a la imagen de los actores insertos pasivamente en los procesos históricos.

Esta revitalización se puede apreciar en un creciente grupo de historiadores que analizan los vínculos sociales de los actores, entre ellos Zacarías Moutoukias (1989, 1997, 1998), Miguel Rosal (1989), Michel Bertrand, (1999a, 1999b, 1999c), Matilde Souto (2001), Katherine Faust (2002), Linton Freeman (2002), Douglas R. White, Michael Schnegg, Lilyan A. Brudner y Hugo G. Nutini (2002), Narda Alcántara y Silvia Casasola (2002), Bernd Hausberger (2003), Clara Elena Suárez (2004), Macarena Perusset (2007), Antonio Ibarra y Guillermina del Valle (2007), Ernest Sánchez (2007), entre otros más.

Así, con la pluralidad de enfoques que hoy en día se reflejan en investigaciones aplicadas en la economía, la política, la religión, la sociedad, entre otras, el historiador ha retomado instrumentos analíticos como el uso

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de la teoría de redes sociales para el estudio de asuntos variados, ello para formular nuevos problemas sobre antiguas incógnitas (Bertrand, 1999b, pp. 35-51). Por ende, el historiador puede utilizar la red social como una forma visual de aproximarse e identificar las estructuras sociales que emergen de las diversas formas de relación existente en una determinada fase del tiempo y del espacio (Ibarra y Valle, 2007, pp. 717-723).

A fin de contribuir al campo historiográfico y profundizar en los planteamientos anteriormente descritos, hemos implementado la metodología del análisis de redes sociales, herramienta basada en un conjunto de instrumentos cualitativos aplicados a los actores o nodos (individuos, instituciones, corporaciones, medios de transporte, puntos geográficos) con las organizaciones sociales que resultan de las relaciones entre los integrantes de la red social.2 Este sistema de investigación consiste en una serie de preguntas estratificadas aplicadas a las fuentes históricas, parte del actor principal (ego), y en orden de cercanía, a los miembros del grupo. Algunas de estas interrogantes son: quiénes son los actores, informantes y vínculos clave; cuáles son los actores cercanos, intermedios y lejanos; qué fines persiguen; cuál fue su formación social, económica, política, cultural, comercial; cómo llegaron al punto histórico que se analiza; qué clase de vínculos tienen los miembros de la red; con quiénes y cómo se relacionaron para un fin específico; qué medios de información y recursos materiales tenían para llegar a sus metas; quiénes son los actores o grupos rivales o en pugna.

Para crear la imagen de la red a estudiar, las respuestas son interpretadas por el grado y tipo de relación entre los implicados, en una matriz relacional del sistema computacional Ucinet 6.499 donde 0 (cero) representa un vínculo nulo, y 1 (uno) significa una relación de determinada clase. Concluido el proceso de captura, se aplicó un programa vinculado al de Ucinet: NetDraw 2.136, el cual permite la visualización de las redes establecidas entre los actuantes (grafo).3 La historia es considerada en relación con los marcos de las ciencias humanas y experimentales, el reto está en reducir la brecha de estos ámbitos del saber para unir humanismo, ciencia y tecnología. Como parte 2 Por red social se entiende como un mapa de todos los lazos relevantes entre los actores o nodos estudiados, el análisis de las redes pueden ser “egocéntricas” o “completas”, en ellas se trata de identificar la red que envuelve a una o más personas en los diferentes contextos sociales en los que interactúan. Por lo tanto, se utiliza el concepto para denotar conjuntos complejos de relaciones entre miembros de los sistemas sociales en todas las dimensiones, desde el ámbito interpersonal hasta el internacional. Es decir, las redes no están determinadas por normas económicas y formas culturales que regularían su funcionamiento. No se mitifican sino que más bien se construyen a partir de la observación empírica de los vínculos familiares, de paisanaje, de negocios y de clientela que forman precisos actores o cuerpos sociales.

3 La descarga de los programas computacionales Ucinet y NetDraw se realiza desde http:// www.analytictech.com

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de esta búsqueda, en nuestro artículo se utilizaron estas herramientas interpretativas y computacionales como los medios para conectar el mundo de los actores implicados en 1799, durante el juicio de comiso librado por el corsario francés Juan Chevallier, quien al ser aliado de los españoles obtuvo del intendente de Yucatán Arturo O’Nelly una patente de corso.

Zarpando desde el puerto de Campeche requisó dos barcos neutrales de pabellón estadunidense que poseían registros de carga simulados. Con ello se perciben los efectos negativos del conflicto bélico en el dominio de España en el mar, las tensiones y alianzas comerciales entre españoles, franceses y estadunidenses en el Caribe durante las guerras navales, además de establecer los vínculos sociales y mercantiles entre grupos privados de vigilancia naval y comerciantes de diversas nacionalidad en el Caribe novohispano.

Alianza entre España y Francia en las guerras navales: sus consecuencias en Nueva España El 16 de agosto de 1796, en San Ildefonso, se firmó el Tratado de Alianza Ofensiva y Defensiva entre su Majestad Católica y la República Francesa;4 con ello, España se alió con su otrora enemiga, significando la unión de recursos materiales y económicos, principalmente las fuerzas militares terrestres y navales que ambas potencias poseían.5 En su artículo xi se lee: Si fuesen o llegasen a ser insuficientes dichos socorros las dos potencias contratantes pondrán en movimiento las mayores fuerzas que les fuera posible, así como de mar como de tierra, contra el enemigo de la potencia atacada, la cual usará de dichas fuerzas, bien combinándolas, bien haciéndolas obrar separadamente, pero todo conforme a un plan concertado entre ambos.6

Con esta unión la armada hispano-francesa superaba a los británicos con respecto al número de bajeles de guerra (véase gráfica 1); ello dio el incentivo final para que Carlos IV abandonara su política de no agresión frente a Inglaterra, aunque le convenía la paz. La decisión de romper la 4 Tratado de Alianza Ofensiva y Defensiva entre su Majestad Católica y la República Francesa (San Ildefonso, España, 16 de agosto de 1796). (Reales Cédulas, vol. 166, exp. 99). Archivo General de la Nación, México.

5 Tratado de Alianza Ofensiva y Defensiva entre su Majestad Católica y la República Francesa (San Ildefonso, España, 16 de agosto de 1796). (Reales Cédulas, vol. 166, exp. 99, fs. 132142v). Archivo General de la Nación, México.

6 Tratado de Alianza Ofensiva y Defensiva entre su Majestad Católica y la República Francesa (San Ildefonso, España, 16 de agosto de 1796). (Reales Cédulas, vol. 166, exp. 99, f. 135v).

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GRÁFICA 1. BARCOS MILITARES DE ESPAÑA, FRANCIA E INGLATERRA EN 1796

Fuente: elaboración propia con base en Bajeles bélicos de la marina de España. Francia e Inglaterra (1796-1808). Museo Naval de Madrid. Fuerza Naval Española. España. Instituto Virtual Cervantes. Recuperado de http://cvc.cervantes.es/actucult/museo_naval/sala4/navios/

alianza de dos años con el rey Jorge IV obedecía principalmente a razones económicas, pues los ingleses practicaban el contrabando y requisaban barcos con pabellón español en territorios americanos, entorpeciendo el comercio entre España y las Indias Occidentales. Así, el 7 de octubre de 1796 España declaró la guerra a Inglaterra,7 acontecimiento conocido como primera guerra naval (1796-1802); después tuvo un cese de hostilidades –Paz de Amiens, 1802-1804–, y su continuidad en la segunda guerra naval, 1804-1808 (Fisher, 1993, p. 45; Hernández, 1992, p. 267).

Pero el número no era garantía de victoria, pues a pesar de encontrarse en inferioridad numérica, la superioridad técnica, la disciplina y el entrenamiento de los miembros de la marina real británica demostraron su valía, condiciones que la convertían en un arma de guerra casi imbatible contra las fuerzas navales franco-españolas, situación que se apreció a unos meses del inicio del conflicto con las derrotas subsecuentes de la flota aliada. Por citar las más relevantes: la del 14 de febrero de 1797, en el cabo de San Vicente; las batallas del Nilo, el 1 y 2 de agosto de 1798; la del 7 de julio de 1801, en Algeciras, y el punto culminante el 21 de octubre de 1805, día en que 27 navíos ingleses se enfrentaron contra 34 bajeles franco-españoles en el cabo de Trafalgar, saliendo victoriosos los primeros 7 Tratado de Alianza Ofensiva y Defensiva entre su Majestad Católica y la República Francesa (San Ildefonso, España, 16 de agosto de 1796). (Reales Cédulas, vol. 166, exp. 99, f. 135v).

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y asentando su superioridad en los mares para todo el siglo xix (Castillo, 1992, pp. 193-197; Hernández, 1992, p. 316).

Durante las guerras navales, el Caribe –que abarca las cuencas del Golfo o Seno Mexicano, el arco de islas conocidas como Antillas Mayores y Menores, hasta las costas continentales de los que hoy es Venezuela (Grafenstein, 1997, p. 14)– fue escenario de una lucha de España y Francia contra Inglaterra por mantener el control político y económico. Casi desde el principio de las hostilidades los territorios españoles fueron acosados por la marina inglesa; en febrero de 1797, una escuadra inglesa, conducida por sir Ralph Abercromby, logró la rendición de las fuerzas españolas de la isla de Trinidad; en abril de ese mismo año, Abercromby intentó fallidamente conquistar Puerto Rico (Zapatero, 1964, pp. 61 y 146-150). A pesar de haber fracasado, la flota británica representó un gran contingente que puso en alerta las rutas y bases comerciales americanas; además, el factor riesgo supuso un descenso en las salidas de barcos mercantes españoles, pues la posibilidad de caer en manos enemigas era alta. Ejemplo de ello es la carta del virrey de Nueva España, marqués de Branciforte, del 3 de julio de 1797 informando al ministro Pedro Varela que “tan pronto se declaró la guerra a Inglaterra han llegado a las costas del Seno Mexicano barcos enemigos […] apresando todo barco que sale de Veracruz […] muchos más tenían miedo de salir del puerto”.8 Por ende, se dio una crisis en el comercio, pero lo más representativo fue con la derrota de la armada española en el cabo San Vicente, en abril de 1797, pues el almirante británico, Horacio Nelson, estableció un cerco en el puerto gaditano, lo cual paralizó los intercambios (Fisher, 1993, pp. 45-46; Lucena, 1990, p. 599) (véase cuadro 1).

La consecuencia del bloqueo representó una baja sustantiva en las transacciones mercantiles veracruzanas: sus importaciones cayeron 92% y las exportaciones a España descendieron 97%. Para Nueva España esto acarreó problemas económicos, como la escasez y la especulación de productos europeos. Ante esta situación las quejas fueron casi inmediatas, como la presentada en agosto de 1797 por el virrey marqués de Branciforte: “y recayendo la que queda en pocas manos pudientes y abarcadoras que excitadas por la codicia de exorbitantes ganancias dan la ley a los precios con graves e irreparables perjuicios al público consumidor” (Fisher, 1993, p. 46).

Otros puertos americanos se hallaron en situaciones similares. En La Guaira, el número de buques que salió para España descendió de 40 (en 1796) a 28 (en 1797) –la mayoría zarpó antes de la llegada de la noticia del 8 [Marqués de Branciforte a Pedro Varela] (3 de julio de 1797). Ministerio de Cultura (Legislación Histórica Español, Indiferente General, vol. 2466, leg. 1034). Archivo General de Indias, España. Recuperado de http://www.mcu.es/archivos/lhe/

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CUADRO 1. COMERCIO DEL PUERTO DE VERACRUZ, 1796-1799 Año

Importaciones (en pesos)

Exportaciones (en pesos)

1796 1797 1798 1799

6 549 825 520 472 1 799 000 2 230 400

7 304 342 238 649 5 510 400 6 311 500

Fuente: elaboración propia con base en de Fisher (1993, p. 46); Ortiz (1978, p. 264), y Souto (2001, pp. 145-149).

bloqueo británico–, y entraron sólo siete desde la península; en Buenos Aires estaban atrapados 33 buques, pues ya no querían organizar convoyes a pesar de tener a su disposición dos fragatas y una corbeta de guerra, lo anterior porque algunos barcos enemigos habían sido vistos en la boca del río. Representación de este desfavorable panorama es la advertencia en julio de 1797 que da el virrey del Río de la Plata, Antonio Olaguer Feliú y Heredia López y Domec, a los capitanes de los buques del puerto de Montevideo: “de la imposibilidad de entrar en el puerto de Cádiz u otro de la península con seguridad mediante hallarse el primero bloqueado por una escuadra inglesa y los demás infestados de corsarios de la misma nación” (Fisher, 1993, p. 46).

De entre las medidas que el gobierno español tomó para reactivar el comercio transatlántico fue la concesión de flete en buques neutrales y, para dar seguridad a las rutas, la autorización a corsarios españoles y de sus aliados franceses a patrullar los mares. Si bien se logró cumplir con lo esperado, se dieron efectos negativos en el escenario económico y político del imperio.

Por grave necesidad: el uso de buques neutrales y registros simulados en el Caribe español En materia de comercio, grave necesidad era una frase de justificación para la época (sea como explicación de ser perseguido por algún enemigo o por el mal tiempo) a fin de que se le autorizara al buque atracar en puerto no autorizado, o bien, un alegato de individuos atrapados en actos de

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contrabando.9 Pero la corona española también llegó a verse obligada a realizar actos por grave necesidad, si bien no lo decía abiertamente como sus vasallos, sí lo manifestaba en sus políticas tomadas.

En las guerras navales, al verse afectado el comercio ultramarino por grave necesidad, el gobierno español estableció medidas extraordinarias entre las que estuvieron dos que sustentan este artículo. Uno, la concesión de flete a barcos neutrales y, dos, la concesión a esos navíos de dobles registros simulados; el primero fue un medio para reactivar las transacciones y el segundo una forma de protegerlas del enemigo inglés durante las travesías marítimas. Analicemos las consecuencias de ambas medidas en el comercio, la política y la diplomacia de España.

Debido al riesgo en alta mar, los agentes comerciales de Nueva España arrendaron crecientemente el uso de barcos sueltos neutrales,10 como lo demostró el virrey Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte, quien a un mes del bloqueo gaditano informó al rey en carta del 24 de mayo de 1797 que “los que hacen comercio en aguas del Seno [Mexicano] por grave necesidad han preferido el uso de barcos angloamericanos […] quienes por hallarse en calidad de neutrales de la presente guerra llegan a puertos en que nuestros bajeles son acosados por el enemigo”.11 El uso de buques neutrales en forma irregular obligó a la corona española a oficializar la práctica (Fisher, 1993, p. 102). Así, por Real Cédula del 18 de noviembre de 1797, se autorizó que barcos de naciones imparciales ejercieran el comercio con el imperio, a condición de que zarparan desde puertos hispanos, con cargas autorizadas y descargaran en fondeadero español. Mas tal medida fue ampliada a poder zarpar de puerto neutral pero con tornaviaje hacia España (Souto, 2001, pp. 180-181). Así, buques neutrales llevaron a territorios novohispanos manufacturas predominantemente textiles ingleses, franceses y alemanes, así como vinos y herrajes, exportando desde Veracruz plata, grana cochinilla, azúcar, algodón, entre otros (Ortiz, 1978, pp. 163-167).

A raíz de la apertura comenzaron a arribar a la América española bajeles daneses, suecos y hanseáticos. No obstante, fueron los estadunidenses 9 A lo largo del ramo Marina del Archivo General de la Nación, México, el lector podrá encontrar el uso de la “grave necesidad” en expedientes sobre temas de arribadas forzosas, el contrabando, el no pago de impuestos, el realizar tratos con los enemigos de la corona española, entre otros.

10 Hacemos mención del término barcos sueltos neutrales porque esta clase de navíos no seguían derroteros específicos, pero sí tenían atracaderos de salida y arribo establecidos, lo cual era una situación similar a la de los barcos de registro españoles, la única diferencia es el pabellón bajo el que navegaban.

11 [Carta del el virrey Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte] (24 de mayo de 1797).

(Correspondencia de Diversas Autoridades, vol. 56, exp. 2, fs. 26v-28). Archivo General de la Nación, México.

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los que obtuvieron los mayores beneficios (Grafenstein, 1997, pp. 215-216).

Ello porque además de la cercanía territorial, ellos tenían un tratado comercial previo conocido como Pinckney o de Amistad, Límites y Navegación (o también Tratado de San Lorenzo), firmado el 27 de octubre de 1795 por Thomas Pinckney, ministro de dicha nación y el duque de Alcudia, Manuel de Godoy y Álvarez de Faria, secretario del Despacho Universal de Carlos IV. Este tratado daba fin a una larga contienda iniciada con la independencia de Estados Unidos, asegurando para los ciudadanos de esa nación libre comercio a territorios hispanoamericanos, y que representaron un ávido mercado durante las guerras imperiales que acaecieron entre 1797 y 1808 (Brinkley, 2004, pp. 175-177).

Carlos Marichal (2000) destaca que entre 1797 y 1799, de los “56 barcos neutrales que arribaron a Veracruz, 44 eran estadunidenses, pasando las exportaciones de estos últimos a Hispanoamérica de 1 000 000 de dólares en 1796 a un promedio anual de 10 000 000 de dólares entre 1799 y 1801” (p. 168). Mientras que los buques sueltos con pabellón español fueron menos requeridos, por ejemplo, en agosto de 1798, de los 23 barcos mercantes que atracaron en el puerto de Campeche, sólo cinco fueron españoles, el resto eran de pabellón neutral, de los cuales catorce eran estadunidenses.12 Esto da una idea de la creciente importancia de los buques estadunidenses para las exportaciones novohispanas del Seno Mexicano, quienes aseguraban una rápida y segura venta en algún otro puerto americano sin arriesgarse a llevarlo por las peligrosas rutas trasatlánticas.

La preferencia de los españoles por los barcos estadunidenses se dio no sólo para subsanar la falta de buques mercantes, sino por ser imparciales no existía “riesgo” aparente, ya que las naciones neutrales, al mantenerse en teoría al margen de los conflictos entre España e Inglaterra, las incursiones enemigas no se aplicaban, evitándose la pérdida de la embarcación o mercancías, haciendo más seguro el tránsito en alta mar (Marichal, 2000, p. 168). Esta predilección perjudicó el sistema español, por lo que los consulados de Cádiz y Barcelona presionaron para cancelar la concesión a los neutrales, logrando derogarla por real orden del 20 de abril de 1799, publicándose en Nueva España el 2 de septiembre de 1799.13 El 18 de julio de 1800 y el 11 de agosto de 1801 se continuaron dando órdenes para erradicar el comercio con neutrales, lo que demuestra que se trataba de una ley que se acató pero no se cumplió (Marichal, 2000, pp. 171-173; Villalobos, 1965, pp. 83-84). La desobediencia radicó en que los barcos neutrales 12

Registros de carga (Agosto de 1798). (Marina, vol. 107, exp. 4, fs. 168-189v). Archivo General de la Nación, México.

13 Registros de carga (2 de septiembre de 1799). (Bandos, vol. 20, exp. 40, f. 131). Archivo General de la Nación, México.

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podían llevar la mercancía con menor riesgo, además de que los navíos españoles no tenían la capacidad para hacer frente a las necesidades del imperio, tal como nos lo hace constar un funcionario español que increpaba la derogación: “¿Cómo hubiera podido subsistir la isla de Cuba si en el año de [17]98 se hubieran quedado en La Habana 134 000 caxas de azúcar que extrajeron los neutrales. O en palabras de un anónimo ‘la ley de la necesidad es superior a todas las leyes’.”14 Con la Paz de Amiens, firmada el 26 de marzo de 1802, se puso fin a la primera guerra naval; al no existir riesgo de ser apresados, se canceló el comercio neutral. Esto fue aprovechado por los agentes comerciales del imperio; por ejemplo en Barcelona y Cádiz se dio salida a los productos acumulados a bordo de buques españoles (Fisher, 1993, pp. 76-77). El 20 de abril de ese mismo año llegaron al puerto de Veracruz los primeros avisos del cese de hostilidades y casi de inmediato comenzaron a suspender los permisos hacia barcos neutrales; por ejemplo, en carta del 12 de mayo de 1802, las autoridades novohispanas se dan por enteradas sobre la cancelación de flete con neutrales. Lo que representó el descenso de las transacciones de las casas comerciales estadunidenses con las posesiones españolas del Caribe.15 Con la publicación de la real orden del 24 de diciembre de 1804, España y Francia declararon de nueva cuenta la guerra a Gran Bretaña, iniciando la segunda guerra naval (1804-1808). Para los circuitos comerciales marítimos del imperio español las consecuencias fueron similares al primer conflicto: bloqueos a los puertos y riesgos de apresamiento de los buques. Por ende, en Real Cédula del 9 de agosto de 1805 se autorizó el uso de neutrales, permitiendo que casas comerciales como las de Áms­ terdam, Hamburgo, Filadelfia, Nueva York, Boston y Baltimore tuvieran intercambios con los dominios del rey católico, en mayor medida con los puertos de Caracas, La Habana, Montevideo y Veracruz. La concesión permitió a todo bajel neutral comerciar desde puerto imparcial o español y dirigirlo hacia otro atracadero similar, ello con la condición de que las autoridades españoles acreditaran la carga y los buques se dirigieran sólo a los puertos que los registros tenían señalados, pero estas cláusulas cambiaron a fines de 1805 (Marichal, 2000, p. 170, y Souto, 2001, pp. 190-192).

El 21 de octubre de 1805, en el cabo de Trafalgar, España, se llevó a cabo una de la más importantes batallas navales del siglo xix, en la cual España y Francia perdieron 23 buques de guerra y otorgó a la victoriosa 14 [Carta de Mendinueta a Miguel Cayetano Soler] (19 de febrero de 1799). Ministerio de Cultura (Legislación Histórica Española, Indiferente General, leg. 2467). Archivo General de Indias, España. Recuperado de http://www.mcu.es/archivos/lhe/ 15 Aviso de cancelar permisos a neutrales (abril-mayo, de 1802). (Correspondencia de Diversas Autoridades, vol. 60, exp. 77, fs. 201-202, 204). Archivo General de la Nación, México.

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armada británica el control del Atlántico por todo el resto de la centuria (Fisher, 1993, p. 64). Ante la derrota, las rutas ultramarinas quedaron más sensibles a los ataques británicos, por lo que el 16 de junio de 1806 se autorizó a cualquier buque que saliera de España hacer escala y descargar donde le pareciera conveniente y dar por concluido su registro donde más les acomodase. Para el 10 de agosto se permitió reexportar cualquier mercancía a otros puertos sin importar la nacionalidad.16 Estas medidas representaron la pérdida del control de la corona pues ya no tenía manera de regular los intercambios marítimos. En el puerto de Veracruz, en 1806, 1807 y 1808, del total de sus importaciones, el comercio neutral representó 48.84, 60.53 y 48.2%, respectivamente, de los cuales poco más de 70% correspondía a navíos estadunidenses (Ortiz, 1978, p. 233).

Con el fin de la segunda guerra naval, el 30 de noviembre de 1808, se intentó erradicar el uso de barcos neutrales, lo cual no se logró, pues la desobediencia en las colonias se extendió hasta las altas autoridades. Por ejemplo, las reales órdenes del 17 y 21 de marzo de 1809, promulgadas por la Junta Central, prohibían la entrada de buques extranjeros y neutrales en puertos americanos, así como continuar con el cobro arancelario sobre los cargamentos que arribaran a puerto. La reacción del capitán general de Cuba, como la de sus homólogos de Veracruz, Caracas y Buenos Aires, fue su respuesta conjunta del 9 de mayo donde habían decidido “admitir buques y frutos extranjeros internamente […] y se sacaría géneros cubanos a puertos extranjeros sin el pago de derechos”.17 El capitán general de Yucatán permitió desde 1808 a “los comisionados de las islas inglesas de Barbados que establecieran sus negociaciones mercantiles”, ello para evitar “un estado de desesperación”.18 España como eje de control político sobre el comercio de Nueva España había dejado de existir. El hecho que la Real Armada española fuera derrotada en Trafalgar dificultó el tráfico comercial, así como el control de las colonias, con lo que, sumado la preferencia de bajeles neutrales, se facilitó la autonomía americana iniciada en 1810 (Rodríguez, 2007, pp. 16-18).

Como puede observarse, comerciantes y gobierno intentaron a toda costa mantener abiertas las líneas mercantiles interoceánicas, ya sea a 16 Autorización (16 de junio de 1806). (Reales Cédulas Originales, vol. 196, exp. 156, f. 195).

Archivo General de la Nación, México.

17 [Causa formada a los autores de la Real Orden de 17 de mayo de 1810 sobre comercio activo en las Américas por los extranjeros] Ministerio de Cultura (Legislación Histórica Española, Indiferente General, legajos 2463-2465). Archivo General de Indias, España. Recuperado de http://www.mcu.es/archivos/lhe/ 18 [Causa formada a los autores de la Real Orden de 17 de mayo de 1810 sobre comercio activo en las Américas por los extranjeros] Ministerio de Cultura (Legislación Histórica Española, Indiferente General, legajos 2463-2465). Archivo General de Indias, España. Recuperado de http://www.mcu.es/archivos/lhe/

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través de barcos sueltos españoles o neutrales, pero existía otra manera de intentar burlar al enemigo inglés y este era el uso del doble registro de simulación.

En teoría, durante un conflicto bélico las naciones en guerra no podían requisar embarcaciones con pabellón neutral, salvo en los casos de comprobarse de que el bien incautado pertenecía a uno de los enemigos, o que lo transportado estaba fuera de registro, o lo que es igual, contrabando. Por citar un caso: el 12 de enero de 1799, el bergantín guardacostas novohispano El Volador revisó la escotilla mayor de la goleta neutral angloamericana Cenit, la cual zarpó de Veracruz hacia Cádiz con permiso de frutos y efectos, hallando “varios sacos, piezas sueltas, un baúl y otras cosas” no registradas, siendo incautadas y conducidas a puerto.19 Por ello, durante las guerras navales ante los peligros de incautación por embarcaciones inglesas, los comerciantes españoles y las compañías mercantiles estadunidenses para eludir el peligro utilizaron el doble registro de simulación. En Nueva España esta clase de documento basó su efectividad en dos situaciones: primero, el transporte de mercancías españolas en barcos con pabellón neutral y, segundo, la concesión del gobierno de su majestad católica a poder trasladar desde un atracadero español sus productos hacía un puerto de nacionalidad no beligerante.

Bajo el amparo de su neutralidad, las compañías estadunidenses solicitaban a las autoridades de puerto español un registro simulado, consistente en un registro “simulado” de carga falsa escrito en idioma inglés con datos para aparentar que los productos eran propiedad de estadunidenses y que la embarcación tenía como destino un puerto de Estado Unidos de América, y otro registro (el auténtico) escrito en castellano donde se aseveraba que los géneros eran de españoles y serían llevados hacía un atracadero del imperio español. Esto a fin de engañar a los británicos, pues en caso de ser abordados por ellos, se presentaría el documento falso, y si la revisión la hacía uno de pabellón francés o español, se mostraba el verdadero, y de esta manera asegurar que los productos llegaran a su destino.

Para los registros simulados de la metrópoli hacia América (véase cuadro 2), Robert Fisher (1993, p. 62) ubicó en el Archivo General de Indias, un “registro de navegación extranjero y otras precauciones y escala en puertos neutrales de América para simular la propiedad y evitar en lo posible los riesgos que en esta guerra por sus circunstancias tiene la navegación con neutrales”, del 23 de abril de 1798.20 19 Juicio de Comiso (12 de enero de 1799). (Marina, vol. 139, exp. 1, fs. 1-10v.; exp. 2, fs. 1128; exp. 3, fs. 29-87). Archivo General de la Nación, México.

20 [Carta de Mendinueta a Miguel Cayetano Soler] (19 de febrero de 1799). Ministerio de Cultura (Legislación Histórica Española, Indiferente General, leg. 2467). Archivo General de Indias, España. Recuperado de http://www.mcu.es/archivos/lhe/

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Filadelfia Baltimore Filadelfia Nueva York Filadelfia Baltimore Nueva Orleans Baltimore Filadelfia Baltimore Baltimore Baltimore Baltimore Baltimore Baltimore Baltimore Jamaica Jamaica Kingston Jamaica Baltimore Jamaica

Santander Santander s. d.

Santander Santander Santander s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d.

Cádiz s. d.

2 de junio de 1799 2 de junio de 1799 11 de enero de 1799 4 de septiembre de 1799 12 de junio de 1799 12 de junio de 1799 10 de junio de 1806 16 de marzo de 1807 23 de enero de 1808 27 de enero de 1807 27 de noviembre de 1807 2 de abril de 1807 4 de agosto de 1807 11 de agosto de 1807 14 de septiembre de 1807 28 de septiembre de 1807 24 de marzo de 1807 13 de abril de 1807 16 de mayo de 1807 25 de mayo de 1807 Marzo de 1807 23 de marzo de 1808

Destino Simulado Verdadero Fecha

Vol. 92, exp. 6, fs. 364-470.

Vol. 92, exp. 6, fs. 364-470.

Vol. 139, exp. 1, fs. 1-9v.

Vol. 140, exp. 2, fs. 32-66.

Vol. 146, exp. Único, fs. 1-556v.

Vol. 146, exp. Único, fs. 1-556v.

Vol. 230, exp. 2, fs. 150-221.

Vol. 233, exp. 6, fs. 155-210v.

Vol. 233, exp. 11, fs. 348-353.

Vol. 234, exp. 1, fs. 1-53.

Vol. 234, exp. 5, fs. 193-234.

Vol. 234, exp. 6, fs. 235-271.

Vol. 234, exp. 9, fs. 351-394.

Vol. 234, exp. 11, fs. 402-434.

Vol. 234, exp. 13, fs. 441-472.

Vol. 234, exp. 15, fs. 478-512.

Vol. 236, exp. 1, fs. 1-18.

Vol. 236, exp. 2, fs. 19-33v.

Vol. 236, exp. 9, fs. 79-89v.

Vol. 236, exp. 10, fs. 90-103.

Vol. 236, exp. 14, fs. 160-199.

Vol. 236, exp. 20, fs. 259-268.

Clasificación en el ramo Marina del Archivo General de la Nación, México

Nota: elaboración propia con base en fuentes referidas en la columna de clasificación en el ramo Marina del Archivo General de la Nación, México.

Franklin Nancy Zenit Hazard Franklin Nancy Colector Fly Richmond Fox David Hawk Nimble Fly Mary Derne Ordinario de Jamaica Extraordinario de Jamaica Alcance de Jamaica Ordinario de Jamaica San José El Volador

Barco

CUADRO 2. BARCOS ANGLOAMERICANOS QUE ZARPARON DE VERACRUZ Y UTILIZARON EL DOBLE REGISTRO DE SIMULACIÓN, 1799-1808

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El doble registro tiene su ocaso con la emancipación de Nueva España, ya que al convertirse en una nación independiente los conflictos entre España e Inglaterra ya no repercutían directamente en sus transacciones comerciales. El uso de buques neutrales complementados con los dobles registros de simulación fueron medios concedidos por el gobierno español para que el comercio ultramarino continuara a toda costa, pero también poseía medios defensivos para vigilar las rutas y las costas de posibles ataques enemigos, entre ellos el uso de corsarios.

Unión del corso español y francés durante el conflicto naval El corso marítimo nace en la Edad Media como actividad naval efectuada por los particulares en tiempos de guerra, y España lo utilizó de forma defensiva para salvaguardar las costas de su imperio. Si una persona quería ejercer el corso, debía obtener una patente la cual consistía en una autorización real para que un particular tuviera la facultad de poder decomisar las propiedades enemigas y el contrabando, sirviéndole como certificado oficial de represalia, de garantía de buen comportamiento, y en caso de ser apresado ser tratado como prisionero de guerra, en caso de no contar con la patente, toda actividad corsaria era ilegítima y por ende considerada pirata (Azcárraga, 1950, pp. 28-29; Cruz, 2013, p. xi; Lucena, 1992, pp.

246-247).

Durante los siglos xvi y xvii sólo el rey español podía otorgar patentes, pero desde 1714 por Real Cédula del 30 de marzo, pudieron ser expedidas también por los virreyes, presidentes, gobernadores, capitanes generales y posteriormente intendentes.21 A menudo, este documento incluía una introducción de la ordenanza vigente, seguida por la información sobre pruebas de solvencia del solicitante, el nombre de la nave que quería utilizar, el número de tripulación, y el compromiso de comportarse conforme a las reglas de mar, absteniéndose de no requisar naves españolas, aliadas o neutrales, salvo en los casos de irregularidades (Stapells, 1992, p. 13).

Además, era legal que un corsario obtuviera múltiples patentes de diversas demarcaciones políticas, aunque no era común dado el costo por licencia.

Sin embargo, la posesión de varias patentes permitía ampliar el radio de acción; por ejemplo, Benito Socorrras quien entre junio y julio de 1720 solicitó y obtuvo patentes de los gobernadores de Cartagena de Indias,

21 Real Cédula. (30 de marzo de 1714). (Reales Cédulas Originales, vol. 36, exp. 107, fs. 307307v). Archivo General de la Nación, México.

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Santiago de Cuba, Baracoa y de Santo Domingo22 (véase también Stapells, 1992, p. 14).

Para obtener una patente se requería el abono de una fianza, esta servía como depósito de cobranza en caso de incurrir en faltas como acciones de piratería, perjuicio a embarcaciones aliadas y neutrales o falsedad de testimonios, entre otros.23 En caso de que el dueño o capitán de la embarcación no contara con la cantidad requerida, se asociaba con un armador, por lo regular un pudiente comerciante quien, con la esperanza de obtener del decomiso una ganancia, aportaba el capital para cubrir la fianza, el avituallamiento de pertrechos de guerra y de comestibles adquiridos en los reales almacenes, así como el reclutamiento inicial de la tripulación del navío (Lucena, 1992, pp. 247-255).

Según la ordenanza de corso vigente, casi siempre en los artículos segundo y tercero se estipulaba que con la patente, el comandante militar de Marina de la provincia facilitaría hombres y pertrechos en caso de necesitarse, pero también el capitán o armador contrataban a hombres. Una vez habilitado, el buque tenía permiso para patrullar, con la legitimidad de poder atacar y requisar barcos enemigos, y en bajeles de su nación, aliados o neutrales, examinar que estuvieran en orden los pasaportes, los registros de carga y certificados de impuestos de salida portuaria, no llevar contrabando; en caso de encontrar alguna irregularidad, el barco, la carga y los tripulantes eran declarados como presa y conducidos a puerto para abrir un proceso judicial que legitimara las incautaciones (Cruz, 1997, p.

454; Stapells, 1992, p. 23).

Ya en puerto, las embarcaciones y las cargas sospechosas de ser “buenas presas”, eran puestas a disposición del Tribunal de Comisos facultado para llevar a cabo juicios de similar nombre, el personal estaba compuesto por los ministros de Marina e incluso por el gobernador e intendente. En caso de ser hallado culpable se incautaban las mercancías e inclusive su barco, los cuales eran puestos a disposición de las autoridades de la Real Hacienda para ser rematados en almoneda pública.24 La distribución de lo subastado se repartía entre las autoridades gubernamentales y los corsarios implicados en la aprensión, los porcentajes estaban determinados por el Reglamento de Comisos de Tierra, de Mar y Mixtos; el objetivo de la normativa era lograr un mayor incentivo económico para que más particula 22

Testimonio de Patentes (junio a julio de 1720). (Contaduría, leg. 1064, ramo 6).

Artículo primero de la Ordenanza de Corso de 1796 (12 de octubre de 1796). (Correspondencia de Virreyes: Marqués de Branciforte, vol. 186, s. exp. fs. 223-224v). Archivo General de la Nación, México.

24 Artículo LI de la Ordenanza de Corso de 1796 (12 de octubre de 1796). (Correspondencia de Virreyes: Marqués de Branciforte, vol. 186, s. exp. f. 252v). Archivo General de la Nación, México.

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res prestasen naves para combatir al enemigo y el comercio fraudulento.25 Las bonificaciones otorgadas a los corsarios se repartían según el escalafón del armador, el corsario y su tripulación. La motivación económica sale a relucir, y a partir de ella se dio la estructura del corso español (véase diagrama 1).

En el Caribe, los corsarios españoles salían en búsqueda de presas y la corona obtenía una fuerza de vigilancia y ataque, además esta clase de patrullaje también podía realizarse con corsarios aliados, como fue el caso de los franceses. Como ya vimos en páginas anteriores, en su intento por detentar la hegemonía en los mares, España y Francia firmaron el Tratado de Alianza Ofensiva y Defensiva entre su Majestad Católica y la República Francesa de 1796, en él se lee: Artículo decimotercero: Cuando las dos partes llegasen a declarar la guerra de común acuerdo a una o más potencias, porque las causas de las hostilidades fuesen perjudiciales a ambas; no tendrán efecto las limitaciones prescritas en los artículos anteriores, y las dos potencias contratantes deberán emplear contra el enemigo común todas sus fuerzas de mar y tierra. Y concertar sus planes para dirigirlos hacia los objetivos más convenientes, bien separándolas o bien reuniéndolas (Castillo, 1843, p. 673).

Bajo esta cláusula ambas naciones unieron sus armadas y, por lo tanto, sus corsarios contra el enemigo común: Inglaterra, tal y como lo consta la Real Cédula del 29 de enero de 1797. En ella el monarca español dice: “concedo que los aliados puedan tener patente en mis Indias […] e instruyó las autoridades competentes a que se le auxilie en todo necesario para que se apresten a navegar con mis corsarios por esas aguas”.26 Respecto a Francia, la autorización que otorgó esta potencia a sus corsarios a solicitar patentes de corso españolas respondía a la tentativa colonial del Directorio y posteriormente del primer cónsul Napoleón Bonaparte, quien vio la necesidad de replantear la cuestión colonial en América a fin de dar a Francia el predominio comercial. El domino francés en el Caribe se basó en la posesión de Santo Domingo, cuyo gobernador tenía la facultad de expedir patentes de corso (Rodríguez, 2000, pp. 75-76). Los franceses podían solicitar patentes de corso francesas en dicha colonia, mas si querían participar en las expediciones de caza en costas novohis-

25

Reglamento de Comisos de Tierra, de Mar y Mixtos (26 de marzo de 1787). (Impresos Oficiales, vol. 53, exp. 20, fs. 361-370v). Archivo General de la Nación, México.

26 Real Cédula (29 de enero de 1797). (Reales Cédulas Originales, vol. 368, exp. 68, f. 245).

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Fuente: elaborado por el autor con base en Juicio de Comiso (1798-1800). (Marina, vol. 92, exp. 6, fs. 364-470; vol. 146, exp. único, fs. 1-556v).

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DIAGRAMA 1. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA DE CORSO EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA, SIGLO XVIII

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panas, tenían que solicitar una patente española, así como acatar las reglamentaciones –ordenanzas de corso– vigentes en el virreinato.

Como el lector ha podido observar, hubo serias afectaciones en la Carrera de Indias. A través de un estudio de caso presentamos la conjugación del conflicto bélico, la necesidad de recurrir a buques neutrales y dobles registros de simulación, así como la legitimidad y la delgada línea entre piratería y las acciones corsarias conjuntas de españoles y sus aliados franceses.

A la mar y al abordaje: la red del corsario francés Juan Chevallier y sus patentes francesa y española Estudiar las relaciones entre los actores de una red (la estructura)27 se hace indagando la importancia de los patrones observados dentro del grupo.

Estos patrones pueden ser las cuestiones de centralidad (o lo que es similar a qué individuos están mejor conectados con otros) y conectividad (cómo están entrelazados o no unos individuos con otros) (Cachia, 2010, pp. 7-8).

Pero las redes no nacen, se hacen y, dependiendo de cómo crezcan, el tipo de red y sus propiedades, estas serán distintas. Como resultado de las diferentes tradiciones históricas, surgieron dos enfoques principales. Por un lado están las redes sociocéntricas (completas), con raíces en la sociología, y definido como análisis de redes sociales, que investiga las relaciones entre diferentes componentes en un grupo, por ejemplo, los actores (instituciones, lugares, personas) dentro de una organización. El segundo enfoque es el de tipo egocéntrica, que surgió del campo de la antropología y es conocida como análisis de redes personales (arp); tiene por objeto el estudio de la red de un componente o actor específico, frecuentemente con el objetivo de comparar esos datos con el de otras redes personales (Cachia, 2010, p. 7).

Entre los autores que describen el devenir y consolidación del análisis de redes sociales y el análisis de redes personales, así como su metodología, se encuentran Albert László (2002), quien da una introducción amena a la teoría y a sus desarrollos, y Duncan J. Watts (1999), quien da un ejemplo de cómo hacer teoría y aplicaciones en un mismo proceso. Los textos de Alain Degenne y Michel Forsé (2004), y de John Scott (1991), son las mejores introducciones a las redes sociales desde el punto de las ciencias 27

En los estudios de análisis de redes sociales, los términos actor o actores se refieren a los individuos que se encuentran dentro de una red, mientras que los lazos se refieren a las conexiones entre los individuos de una red. El término actor puede aplicarse a una persona concreta, a una institución o una nación.

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sociales. En idioma español se cuentan trabajos que dan a conocer las innovaciones en el campo de las redes sociales y los programas informáticos, como los de Daniel Holgado (2010, pp. 106-116), Jorge Gil Mendieta y Samuel Schmidt (2002), José Luis Molina (2004 y 2009), Louise Clark (2006), Óscar Velázquez Álvarez, Alejandro Aguilar y Norman Gallegos (2005), entre otros.

Los resultados de las redes se representan en forma visual y se conocen como grafos,28 los cuales engloban el conjunto de nodos29 y sus diversas conexiones, lo que permite realizar estudios de las características formales del entretejido, además de extraer conclusiones simples (cuántos actores intermedios fueron necesarios para conseguir un apoyo), complejas (quién es el agente con más influencia dentro de la red a partir de los contactos). Los datos derivados del estudio y representación gráfica de la red permiten establecer por qué se dan y la clase de nexos existentes entre los actores (Merelo, 2004, p. 1).

Estudiar a Juan Chevallier es indagar en la vida de un corsario que participó en las guerras navales, aliado de España pero influenciado por la Francia revolucionaria, ávido empresario dispuesto a todo, incluso a violentar buques neutrales estadunidenses. Esto último puso en marcha una serie de eventos que sacó a relucir la estructura mercantil y una de las formas de asegurar el viaje de las mercancías españolas durante el conflicto en cuestión. Utilizando las herramientas del análisis de redes personales se ha logrado hacer una representación egocéntrica de los lazos clientelares y de distención que Chevallier estableció durante una de sus correrías como corsario en el Caribe de fines del siglo xviii. Con base en esos nexos se dilucidan las estrategias y la solidaridad para hacer negocios, sea en actividades como el corso o en el comercio ultramarino (véase grafo 1).

Para comenzar con el análisis del grafo veamos quién fue Juan Chevallier. Nacido en 1769 en Rochefort, Francia, logró ser capitán de navío gracias a la tradición marítima de esa pequeña población asentada a orillas del río Charente cuya desembocadura da al mar Cantábrico. En 1799 se le describe como hombre de “treinta años, talla de cinco pies [1.52 m.], pelo y cejas castaño [o canario], nariz regular y afilada, frente larga, ojos castaños, boca mediana, barba redonda y cara lo mismo”.30 28 De entre los paquetes informáticos de análisis de redes sociales actuales que permiten realizar grafos están: Ucinet 6 y Netdraw: http://www.analytictech.com, Pajek: http://vlado.fmf. uni-lj.si/pub//networks/pajek/, Netminer http://www.netminer.com/NetMiner/home_01.jsp 29 Los nodos son los actores que en forma punto o figura se interconectan entre sí dando en su conjunto lo que se entiende como red social. Son de diverso tipo: individuos, empresas, unidades colectivas sociales, departamentos en una empresa, agencias de servicio público en la ciudad, puntos geográficos o estados.

30 Juicio de Comiso (14 de junio de 1799). (Marina, vol. 146, exp. único, f. 351v). Archivo General de la Nación, México.

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Fuente: elaboración propia con base en Juicio de Comiso (1798-1800). (Marina, vol. 92, exp. 6, fs. 364-470; vol. 146, exp. único, fs. 1-556v). Archivo General de la Nación, México. Grafo elaborado con NetDraw Software for Network Visualization (versión 2.136) [Software de computación] (Desarrollado por Borgatti, S. P., 2002). Lexington, KY: Analytic Tecnologies. Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis (versión 6.499) [Software de computación] (Desarrollado por Freeman, L., Everett, M., y Borgatti, S. P., 2013). Harvard, MA: Analytic Tecnologies.

GRAFO 1. LA RED DEL CORSARIO FRANCÉS JUAN CHEVALLIER Y SUS PRESAS: EL FRANKLIN Y EL NANCY, 1798-1800

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Como se ha visto, en las guerras navales los franceses se aliaron con los españoles al ver la oportunidad de enriquecerse; en 1798, apoyado por el Directorio de la república francesa, Chevallier se traslada a La Habana donde compró al vecino del puerto Juan Miguel Arosena una goleta de 60 toneladas a la cual llamó Bonaparte. Para el 3 de septiembre del mismo año el conde de Santa Clara, gobernador de la isla, le concede un pasaporte español para ir al Guárico.31 Esta era una villa portuaria en el noroeste de La Española, que se convirtió bajo el gobierno galo en el principal puerto de su colonia, llamado El Cabo Francés. En octubre, Chevallier mostró su goleta y solicitó una patente francesa al general de división y agente particular del Directorio Ejecutivo de Santo Domingo, Gabriel Marie Joseph d’Hédouville; Chevallier era apoyado por su socio de negocios, su armador, un catalán de nombre desconocido radicado en La Habana, quien dio una fianza de 20 000 o 19 000 pesos. Para el 23 de octubre el documento solicitado fue entregado con vigencia de seis meses, pertrechos y un armamento principal de once cañones. El 2 de diciembre retornó a La Habana para desde ahí hostilizar al enemigo común de España y Francia: los ingleses.32 Puesto que era legal poseer varias patentes y en aras de incrementar las posibilidades de capturar más presas en el Caribe, Chevallier utilizó los estatutos del Tratado de 1796 entre su majestad católica y la república francesa para ser acreedor a los beneficios de la Ordenanza de Corso de 1796, con ello se dirigió a Campeche a ofrecer sus servicios. Se presentó en dicho atracadero como alférez de navío. En mayo de 1799, adquirió de Juan Miguel Arosena, vecino del puerto caribeño, un pequeño buque de 25 toneladas, llamado también Bonaparte y en ocasiones La Mosca, además de su camarilla de armadores: los franceses, Raymundo Eymat, Antonio Daviz y el campechano Juan Pinet; Chevallier presentó una fianza (se desconoce el monto) para solicitar una patente española, pero el gobierno sólo aceptó como armador al vasallo de Campeche. El 4 de mayo el gobernador e intendente de Yucatán, Arturo O’Nelli, firmó el auto de conformidad, recibiendo la fianza y autorizando el equipamiento a La Mosca con tripulación del puerto, suministros, pertrechos y cuatro cañones para salir a vigilar las inmediaciones.33 Y fue así como el galo Juan Chevallier, con un grupo de tripulantes campechanos levó anclas en el Seno Mexicano para obtener buenas presas, mas al parecer no reportó que poseía la goleta con patente de corso 31 Juicio de Comiso (11 de febrero de 1800). (Marina, vol. 92, exp. 6, f. 442; vol. 146, exp. único, fs. 23v., 156, 351v., 391). Archivo General de la Nación, México.

32 Juicio de Comiso (14 de junio de 1799). (Marina, vol. 92, exp. 6, f. 493; vol. 146, exp. único, fs. 146, 156v., 160-160v., 161, 260, 446). Archivo General de la Nación, México.

33 Juicio de Comiso (4 de mayo de 1799). (Marina, vol. 146, exp. único, fs. 127v, 136, 162162v., 289, 358, 382, 436v., 442v., 443). Archivo General de la Nación, México.

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francesa, lo cual durante el juicio de comiso librado contra sus aprehensiones (dos bergantines neutrales estadunidenses), le trajo acusaciones de ser un pirata, y tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos de América, Francia, la España peninsular y Nueva España.

El uso de buques angloamericanos y sus registros simulados Para 1799, gracias al tratado comercial Pinckney, de 1795, y a la necesidad, en 1797, de abrir los puertos españoles a bajeles con pabellón neutral, las casas mercantiles estadunidenses conformaron intrincadas redes personales y comerciales con Veracruz. Así, para el mes de mayo arribaron dos bergantines angloamericanos (Franklin y Nancy), que como se puede observar en el grafo, el capitán del primero era Andrés Morris, arrendado por la compañía Tieman y procedente de Filadelfia. El segundo zarpó desde Baltimore armado con seis cañones, bajo el mando de su capitán Felipe Aramberg y arrendado por la compañía Calman. Ambos desembarcaron sus productos en Veracruz, y se aprestaron a salir con registros de carga verdaderos a España y simulados a Estados Unidos de América.34 Una vez en puerto, para exportar mercancías novohispanas de alto valor, los nexos clientelares y burocráticos se pusieron en marcha. Para el 28 de mayo de 1799, a través del capitán de navío de puerto y maestranza de Veracruz Bernardo de Orta, el virrey de Nueva España, Miguel José de Azanza, autorizó la salida, desde San Juan de Ulúa, al Nancy, con registro de grana, azúcar y palo de tinte con destino a Santander, a consignación de Martín Olasagasti, vecino de Veracruz, y Juan Bautista Lobo, vecino de Jalapa. Mientras que para el 2 de junio de 1799, similar permiso se le dio al Franklin, cargado de palo de tinte, grana, azúcar y purga de Jalapa con destino a Santander, a cuenta y riesgo de la casa Porro y Murphy y representada por Juan Murphy, el dueño de los productos era Juan de Erice, vecino de La Habana.35 En ambos buques, sus capitanes, en representación de las casas mercantiles Tieman, Calman, Porro y Murphy, Olasagasti y Lobo solicitaron conjuntamente al gobernador e intendente de Veracruz, José García Dávila, se les otorgara un doble registro simulado “a fin de causionar estos intereses del riesgo de enemigos que les amenaza, si comprehendiesen que

34

Juicio de Comiso (junio, 1799). (Marina, vol. 92, exp. 6, fs. 364-396v.; vol. 146, exp. único, fs. 261v.-262). Archivo General de la Nación, México.

35 Juicio de Comiso (2 de junio de 1799). (Marina, vol. 92, exp. 6, f. 364; vol. 146, exp. único, fs. 10-10v., 261v.-262, 264v., 268-273v., 410v., 513). Archivo General de la Nación, México.

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la propiedad era española”.36 Al Franklin se le dio un registro falso escrito en inglés que hacía aparentar que la embarcación zarpó de Filadelfia con rumbo a Santander cargada de productos estadunidenses; el registro auténtico estaba redactado en castellano y contenía la descripción de mercancías de propiedad española con partida de Veracruz hacia Santander.

Al igual que el anterior, el Nancy obtiene los dos tipos de registro, simulado de Baltimore a Santander y el verdadero de Veracruz hacia Santander.

Estos registros de carga “fueron unos arbitrios para precaver de los riesgos de los ingleses la propiedad española”,37 pues al ser avistado por un navío inglés mostrarían el registro de simulación, y en caso de ser detenido por un barco español bastaría con enseñar el verdadero.

Una vez habilitados y con ambos registros, el Nancy y el Franklin levaron anclas el 13 y 14 de junio, respectivamente, con escala en La Habana y destino final Santander; en algún punto del Golfo de México se reunieron para navegar en conjunto, pero aproximadamente a las once de la noche del día 18 de junio son interceptados por un barco, el cual desde su borda les pidió en idioma inglés un “santo y seña”, iniciándose un largo proceso judicial para aclarar los “malentendidos” suscitados después del avistamiento, pues el buque interceptor era el barco corsario Bonaparte y el que les había hablado en inglés era el capitán Juan Chevallier.38 Confusión, litigio y sentencia: el Nancy, el Franklin y Juan Chevallier en Campeche Ante la penumbra de la noche y habiendo escuchado la voz en inglés, la tripulación de los bergantines angloamericanos pensaron que se trataba de un buque británico, por lo cual el Franklin se rinde sin mostrar resistencia, cosa contraria con el Nancy que armado con sus seis cañones entabló un efímero combate, pues bastó un cañonazo de advertencia para que bajara su velamen. Viendo que el abordaje era inminente, los capitanes de ambos navíos “tiraron a la mar los registros fidedignos”, cuál sería su sorpresa que la embarcación que los atacaba era una con “patente de corso española”, con tripulación francesa, habanera y campechana, al mando de un francés.

Los capitanes Andrés Morris y Felipe Aramberg al no tener más documentación que la escrita en inglés, explicaron el malentendido: que sus barcos 36 Juicio de Comiso (29 de junio de 1799). (Marina, vol. 146, exp. único, fs. 217v., 266, 268, 271). Archivo General de la Nación, México.

37 Juicio de Comiso (29 de junio de 1799). (Marina, vol. 146, exp. único, fs. 217v., 266, 268, 271). Archivo General de la Nación, México.

38 Juicio de Comiso (19 de junio de 1799). (Marina, vol. 92, exp. 6, fs. 364-470; vol. 146, exp. único, f. 444v). Archivo General de la Nación, México.

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eran neutrales y que los registros que poseían eran simulados puesto que la carga era española, mas Juan Chevallier, hablándoles en castellano, les dijo: “el único registro e instrucción privada que son válidos son los que se presentan a bordo”, 39 no creyéndoles que los auténticos fueron arrojados al agua y que los productos iban a manos británicas.

Además, a bordo del Nancy se encontró una patente de corso estadunidense contra la república francesa. Este documento era dado por el Congreso estadunidense ante la denominada cuasi-guerra (1798-1800), conflicto no declarado formalmente entre el poder legislativo de Estados Unidos de América y la Francia revolucionaria, presentado casi por completo por sus fuerzas navales permanentes y buques armados en corso (Bonnel, 1961, pp. 48-114). Por los registros escritos en inglés y la patente contra Francia, Chevallier dio por buenas presas las embarcaciones y las dirigió hacia Campeche,40 no sin antes “clavar las escotillas y sellarlas de modo que no puedan abrirse sin romper el sello”, como era señalado en el artículo xxvi de la ordenanza de corso española de 1796.41 Ya en puerto fueron asegurados los bajeles, iniciándose un juicio de comisos contenido en dos grupos destacados en el grafo: el primero, la parte acusadora, el corsario Juan Chevallier y sus armadores; el segundo, la defensa de los intereses de las compañías mercantiles estadunidenses y veracruzanas de ambos buques, las cuales fueron representadas por el abogado Juan Francisco Romay. Con base en los testimonios, tratados, leyes y vínculos personales de ambas camarillas, los ministros y autoridades de la Real Hacienda, representados por Manuel Palomeque y el gobierno virreinal, dictaminaron quién conservaría los bergantines y sus mercancías.42 Ante el Tribunal de Comiso, el grupo de Juan Chevallier estableció su principal defensa en el artículo xxxiv de la ordenanza de 1796 que establece: “Para determinar la legitimidad de presas no han de admitirse otros papeles que los encontrados a bordo.”43 En palabras del capitán francés se deben declarar por buenas las que navegan con papeles dobles, los arroje al agua o los lleve en blanco, en cuyas faltas han incurrido los citados bergantines, con la gravísima de tener el Nancy patente de corso y haber hecho fuego a la 39 Juicio de Comiso (junio-septiembre de 1799). (Marina, vol. 92, exp. 6, fs. 364-470; vol. 146, exp. único, fs. 163-166). Archivo General de la Nación, México.

40 Juicio de Comiso (octubre de 1799). (Marina, vol. 92, exp. 6, fs. 364-470). Archivo General de la Nación, México.

41 Ordenanza de Corso (12 de octubre de 1796). (Bandos, vol. 11, exp. 23, fs. 54v.-55-55).

Archivo General de la Nación, México.

42 Juicio de Comiso (junio de 1799-21 de febrero de 1800). (Marina, vol. 146, exp. único, f.

418v). Archivo General de la Nación, México.

43 Ordenanza de Corso (12 de octubre de 1796). (Bandos, vol. 11, exp. 23, f. 56). Archivo General de la Nación, México.

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Julio César Rodríguez Treviño bandera francesa [...] y es al almirantazgo francés único juez a quien se sujeta el que responde, que igualmente protesta contra los americanos y los comerciantes de Veracruz como contra aquellos de poco valor que permiten tan vil atropello.44

La actitud de insubordinación de Juan Chevallier no era un caso aislado, pues con la alianza militar franco-española se da un choque cultural entre los galos y los vasallos de su majestad católica, acentuándose “incompatibilidades de humor entre el francés exuberante y el español grave [...] los oficiales españoles se extrañaban de las faltas de educación manifiestas en el lenguaje y en las maneras de sus aliados: los juzgaban fanfarrones y vulgares, y su poco respeto hacia los poderes de la tierra y el cielo” (Carlan, 1951, pp. 26-27). Por lo que lógicamente y aún con el apoyo del Directorio de París, en Nueva España el discurso del corsario francés no logró convencer al virrey, ni a las autoridades del tribunal, todo lo contrario, se le tachó de hombre que odia a los capitanes americanos y que obtuvo su patente para asolar a las embarcaciones españolas y neutrales.45 Ante la inflexión y desacato de Chevallier, no es de extrañarse que se convirtiera en un personaje antagónico no sólo para los afectados de la requisa, sino de las propias autoridades españolas que podrían haberlo apoyado en la resolución de un fallo favorable.

En alusión a la patente de corso estadunidense contra la república francesa, Chevallier argumentó que “aunque neutrales […] los Estados Unidos de América, enemigos de la Francia, con quien el monarca español se halla en estrecha alianza contra el enemigo común”,46 por lo que era su deber requisar los buques, y el de las autoridades de Nueva España avalar sus acciones. Por lo visto el aprehensor extrajo la idea del Tratado de San Ildefonso de 1796, pero aquí salta a relucir que los estadunidenses no eran el enemigo común, pues este lo detentaron los ingleses, además de que desde el principio de las hostilidades se posicionaron como neutrales.

Respecto a las versiones de la defensa de las compañías mercantiles, el alegato de su representante, Juan Francisco Romay, se basó en que el acto de requisa fue injustificado, pues Juan Chevallier, al tener patente de corso española debió dar “respeto al pabellón de los neutrales y aliados de su Majestad Católica”, como lo estipuló el Tratado Pinkey de 1795, donde en el artículo xiv existía la siguiente prohibición: “Ningún súbdito de Su Majestad Católica tomará encargo o patente para armar buques que 44 Juicio de Comiso (29 de agosto de 1799). (Marina, vol. 146, exp. único, f. 171). Archivo General de la Nación, México.

45 Juicio de Comiso (junio de 1799-21 de febrero de 1800). (Marina, vol. 146, exp. único, f.

171). Archivo General de la Nación, México.

46 Juicio de Comiso (14 de julio de 1799). (Marina, vol. 146, exp. único, fs. 219v.-220). Archivo General de la Nación, México.

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obren como corsarios contra dichos Estados Unidos, o contra ciudadanos, pueblos o habitantes de alguno de ellos [...] Y si algún individuo de una u otra nación tomase semejantes encargos o patentes será considerado como pirata” (Castillo, 1843, p. 668).

En alusión a los registros de las mercancías transportadas, y gracias al testimonio del intendente de Veracruz, José García Dávila, Romay alegó que no debieron ser tomadas como buenas presas, ya que sí se pagaron los derechos correspondientes y las cargas eran de propiedad española.

El arrojar los registros de carga verdaderos al agua y entregar los registros simulados, se debió a que era de noche y no pudieron distinguir la bandera de la embarcación que se les acercó, pero sobre todo que “el comandante corsario les habló en inglés tal como lo consta los autos por lo que arrojaron al agua los verdaderos”.47 Referente a la patente de corso estadunidense en el Nancy, esta le fue otorgada legítimamente por el Congreso de Estado Unidos para “evitar se ultrajen y violenten por los corsarios franceses sus embarcaciones y propiedades americanas”, pero sólo era válida a “todo barco armado francés que se encuentre entre la jurisdicción o límites de los Estados Unidos”, 48 por esta razón Chevallier no iba a ser atacado, ya que no se encontraba en la zona limítrofe de Estados Unidos de América, por lo que no existió razón de aprehensión por haber encontrado esa patente.49 Por último, en los testimonios brindados por Chevallier, no se aprecia cuál fue la embarcación corsaria que utilizó para realizar el patrullaje, la pesquisa y embargo de los bergantines, pues según las autoridades novohispanas, especialmente el virrey, se debía esclarecer tal incógnita, ya que de ello dependía la clase de leyes de protección y de responsabilidad a las que se hacía acreedor el galo corsario. Hay que recordar que el 23 de septiembre de 1798, en el Guárico, obtuvo del Directorio Ejecutivo de Santo Domingo una patente de corso francesa con duración de seis meses para la goleta Bonaparte de 40 toneladas y once cañones. Mientras que para el 4 de mayo de 1799 obtuvo del intendente de Yucatán una patente de corso española para un pequeño barco nombrado también Bonaparte o La Mosca de 25 toneladas y cuatro cañones, atracado en el puerto de Campeche.50 47 Juicio de Comiso (junio de 1799). (Marina, vol. 146, exp. único, fs. 417-431, 442v., 444v).

Archivo General de la Nación, México.

48 Juicio de Comiso (4 de abril a 28 de noviembre de 1799). (Marina, vol. 146, exp. único, fs.

148v, 217, 302v., 442v). Archivo General de la Nación, México.

49 Juicio de Comiso (4 de abril a 28 de noviembre de 1799). (Marina, vol. 146, exp. único, fs.

148v, 217, 302v., 442v). Archivo General de la Nación, México.

50 Juicio de Comiso (23 de septiembre de 1798-4 de mayo de 1799). (Marina, vol. 92, exp. 6, fs. 442, 493; vol. 146, exp. único, fs. 23v., 127v., 136, 146, 156-156v., 160-162v., 260, 289, 351v., 358, 382, 391, 436v., 442v., 443, 446). Archivo General de la Nación, México.

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Sobre qué embarcación y patente fueron utilizadas por el francés durante la incautación en alta mar, se brinda la siguiente vicisitud. La parte afectada por el decomiso (las casas mercantiles Tieman, Calman, Porro y Murphy, Olasagasti y Lobo) manifestó a través de sus representantes que para el abordaje y la conducción de los bajeles a Campeche, no fue con la embarcación corsaria legítima (La Mosca Bonaparte) con patente española, sino con la goleta de 40 toneladas Bonaparte con patente francesa. Por ello, el abogado defensor sacó a relucir la aplicación del artículo xxviii de la Ordenanza de Corso de 1796, en la que se establece que “no siendo lícito a mis vasallos en guerra embarcación alguna sin mi licencia, ni admitir a este fin patente o comisión de otro príncipe, o Estado, aunque sea aliado mío [sic]”, Esta postura es ratificada por el intendente Arturo O’Nelli, quien informó que concedió armar una embarcación de 25 toneladas, pero desconocía que Chevallier había habilitado “en un primer momento la goleta Bonaparte […] excediendo el número de armamento y hombres pasando a once cañones y 40 en lugar de la veintena de tripulación y los cuatro cañones concedidos” para un “barcucho” conocido como La Mosca, con el fin de hacer ver “maliciosamente” que la embarcación que salía era la más pequeña, la cual poseía la patente para hacer corso, pero la que realmente utilizó era un barco con mayor porte que no tenía permiso de las autoridades novohispanas.

Con ello, el gobierno español dejó en claro que si bien era legal y común poseer varias patentes de corso de múltiples regiones, estas sólo eran válidas si los permisos eran otorgados por autoridades españolas, y la aplicación del tratado de 1796, que autorizó la fusión de las fuerzas armadas entre Francia y España, sólo era válida en los ejércitos de tierra y mar permanentes, y no en la concesión de salvaguarda a particulares. Especulamos que esta renuencia de legitimar los actos de ambas embarcaciones llamadas Bonaparte, se debió no sólo por la difícil tarea de interpretar el mundo de las leyes casuísticas, sino que las palabras de Chevallier de que era el “almirantazgo francés único juez a quien se sujeta el que responde”,51 pudo ser un detonante para ganarse la enemistad de las autoridades coloniales. En suma, para que fuesen legales las acciones corsarias de Chevallier, debieron hacerse bajo el permiso concedido a La Mosca y no a la goleta; además, si hubiera sido válida la patente francesa esta tenía una vigencia de seis meses desde el 23 de septiembre de 1798 hasta marzo de 1799, y puesto que el apresamiento se realizó en junio, la acción ya no era lícita.52 51

Juicio de Comiso (19 de enero de 1800). (Marina, vol. 146, exp. único, fs. 171, 271, 289, 436v). Archivo General de la Nación, México.

52 Juicio de Comiso (19 de enero de 1800). (Marina, vol. 146, exp. único, fs. 171, 271, 289, 436v). Archivo General de la Nación, México.

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Además de manifestar la irregularidad de utilizar un barco con registro francés para realizar revisiones en buques neutrales, los miembros de la red mercantil de los bajeles angloamericanos, también dieron interpretaciones falsas para recalcar las acciones piráticas de Juan Chevallier, como fueron sus afirmaciones de que el intendente de Yucatán no poseía la facultad de otorgar patentes de corso; esto fue desechado por el Tribunal de Comiso pues en reales cédulas concernientes a este sistema de seguridad se lee: “ordeno que los virreyes, gobernadores, intendentes o ministros encargados de este asunto en mis dominios de Indias después de recibidas a su satisfacción las fianzas que presentare el citado armador [...] le permitan pertrecharla y pularla con el número de gente que considere conveniente”.53 Por lo que el permiso dado al galo en Campeche era legítimo para implementarlo en el barco de menor tamaño.

Al interpretar los hechos, tenemos que los incumplimientos de Juan Chevallier lo encasillan en la categoría creada por José Luis Azcárraga de Bustamante: un corso-pirata, ya que el barco con el que realizó las aprehensiones no poseía una patente legítima, con armamento y tripulación excesivos a los autorizados, razones por las que se cancelaba todo amparo que las autoridades españolas pudieran darle (Azcárraga, 1950, p. 25).

Aunado al proceso librado en Nueva España entre Chevallier y los afectados, gracias a la red de influencias del mercader Juan Murphy (Souto, 2001, pp. 277-332), logró que su voz de inconformidad resonara en el Congreso de Estados Unidos, el cual solicitó a la Corte de Madrid resolviera la ilegitimidad de los hechos, poniendo en tensión las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas instituciones. Por lo que los ministros de la Real Hacienda fueron presionados para que el veredicto fuera emitido lo antes posible.54 Así, en la ciudad de Mérida, el litigio duró de junio de 1799, fecha en que se abrió el litigio, al 21 de febrero de 1800, justo cuando los ministros del Tribunal de Comisos, representados por Manuel Palomeque, y ante las pruebas presentadas por ambas partes, sobre todo por las órdenes del rey Carlos IV, las del virrey de Nueva España, la presión del Congreso y de las casas comerciales de Estados Unidos de América y Veracruz, emitieron una sentencia: que las cargas decomisadas no son de contrabandistas, ni de ingleses, sino de propietarios españoles, siendo válidos tanto los registros verdaderos como los simulados, pues estos últimos los establecieron las autoridades del puerto con la finalidad de evitar riegos de enemigos. Se estableció que era ilícito el apresamiento 53

Ordenanza de Corso (12 de octubre de 1796). (Bandos, vol. 11, exp. 24, fs. 64). Archivo General de la Nación, México.

54 Juicio de Comiso (21 de febrero de 1800). (Marina, vol. 146, exp. único, fs. 401-479). Archivo General de la Nación, México.

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de los bergantines Nancy y Franklin, por lo que ni las tripulaciones ni sus capitanes, Felipe Aramberg y Andrés Morris, respectivamente, eran prisioneros de guerra; también, la restitución de los navíos y mercancía incautados a sus dueños o consignatarios, además de una indemnización tomada de la fianza del armador Juan Pinet, vecino de Campeche.

Bajo el cargo de piratería le fueron incautadas a Juan Chevalier ambas embarcaciones llamadas Bonaparte con todos sus pertrechos por haber utilizado dos barcos con patentes de corso diversas, y a la postre fueron sacadas a almoneda pública, y lo obtenido fue llevado a la Real Contaduría de Campeche.

Por último, Juan Chevalier, como oficial de marina de la república francesa, se le permitió salir de la provincia para ir a donde mejor le conviniera; se tiene noticias de que intentó apelar para llevar su caso a un juicio de segunda instancia, pero por mandato del virrey Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte no procedió la solicitud,55 con lo cual se pone fin al proceso judicial librado por el corsario galo.

En general, este juicio de comiso permite vislumbrar dos aspectos en el Caribe: uno, el comercio neutral de Estado Unidos de Norteamérica con Veracruz y España, y, por el otro, el corso utilizado por los aliados franceses que de manera auxiliar salvaguardaron las costas de contrabandistas o enemigos. Sin embargo, ambos factores representan las dos caras del mismo incentivo: el obtener una buena ganancia de las transacciones llevadas a cabo en el Seno Mexicano durante las guerras navales. Es así como el doble registro de simulación trajo más problemas que beneficios tanto a los dos bergantines angloamericanos que la usaron, como al corsario francés que no la consideró válida.

Comentarios finales En la búsqueda de mantener su dominio en los mares, Francia y España lanzaron conjuntamente sus fuerzas armadas de tierra y mar a una guerra que, en teoría, tuvo que dar respuesta a la expansión inglesa y castigar las agresiones cometidas por sus contrabandistas. Casi de inmediato fue evidente la primacía de Inglaterra; los continuos bloqueos y las constantes derrotas de las potencias aliadas caracterizaron este conflicto. Por su parte, España, para evitar los bloqueos, tuvo la “necesidad” de abrir sus puertos a barcos con pabellón neutral, donde los estadunidenses supieron destacar en tal concesión; referente a las derrotas, estas representaban 55 Juicio de Comiso (21 de febrero de 1800). (Marina, vol. 146, exp. único, fs. 470-556v).

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mermas en los buques de guerra y sin ellos la inseguridad en las rutas se acrecentó, teniendo que recurrir a la vieja tradición del corso; a cambio de la protección otorgada por su gobierno, el corsario se comprometía a respetar los barcos, personas y propiedades de la nación concesionaria y sus aliados, además de retribuir con una parte de los ingresos obtenidos por las capturas.

Durante las guerras navales el gobierno español buscó por cualquier medio mantener abiertos y seguros los intercambios ultramarinos, como parte de esta idea autorizó la apertura de dobles registros de carga: el verdadero escrito en castellano, que especifica el destino de la carga a un puerto español y sus dueños de la misma nacionalidad, y un registro falso en inglés, que señala a los productos como propiedad de agentes mercantiles y con puertos de desembarque en naciones neutrales. Con ello se buscó minimizar los riesgos de ser avistados por algún navío británico.

Pero los tratados comerciales y militares firmados por España no contemplaron la posibilidad de que sus aliados franceses, al obtener una patente de corso en Santo Domingo y otra en Nueva España, utilizaran la patente gala para incautar y trasladar barcos neutrales sospechosos de trasladar productos ingleses a puertos novohispanos. Tal como fue el caso de Juan Chevallier, un personaje que logró destacar por haber puesto en tensión las relaciones diplomáticas y comerciales de la monarquía española, los Estados Unidos de América y la Francia revolucionaria.

Desde un enfoque de análisis de la red egocéntrica del corsario galo, y sus consecuencias en los nexos en el comercio y las concesiones de patentes de corso en el Caribe, se ha logrado dilucidar el complejo contexto multifacético de las guerras navales, pues Chevallier al poseer dos buques con diferentes patentes, pretendió al velo de la noche decomisar los buques angloamericanos Nancy y Franklin, con registros simulados y fidedignos, atrayendo así la atención del intendente de Yucatán, el virrey y su soberano, quienes apoyaron los intereses de las casas comerciales estadunidenses y veracruzanas perjudicadas, pues de ellas dependía parte de los intercambios entre los territorios del imperio: por su parte, el corsario galo, producto de una naciente república, desdeñó los medios de descargo de pruebas realizados por las reales autoridades novohispanas.

Aunado a ello, durante el proceso judicial se vislumbró el informal conflicto llevado a cabo en el Caribe entre 1798 a 1800 por el Congreso de Estados Unidos de América y el Directorio de París, donde los buques mercantes de los primeros tuvieron la legitimidad de defenderse en sus aguas territoriales de los buques de la república. Es en esta parte donde se puede apreciar la delgada línea de los pactos llevados entre naciones y hasta donde un aliado de una deja de serlo para otra, mientras que el

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gobierno intermediario tuvo la difícil tarea de concertar los intereses de todos los involucrados.

En las guerras navales, el camino de la diplomacia y los intercambios económicos van de la mano, pero son las personalidades de los individuos las que dieron al acontecimiento analizado en estas páginas el sello casi caótico de lo que implicó utilizar patentes de corso de distintas naciones y dobles registros de simulación, quedando registrado en el juicio de comiso, el cual nos ha dado la oportunidad de dar un vistazo al crisol de interés gestados en el Caribe.

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Heterodoxia e Industrialização em Contexto Agrário-Exportador: o Pensamento Econômico de Rui Barbosa Heterodoxy and Industrialization in an Agrarian-Exporting Context: Rui Barbosa’s Economic Thought Ivan Colangelo Salomão, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, Brasil ivansalomao@gmail.com

Pedro Cézar Dutra Fonseca Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil pedro.fonseca@ufrgs.br

Resumo. O legado econômico de Rui Barbosa remete, frequentemente, a sua controversial atuação frente o Ministério da Fazenda no primeiro governo republicano brasileiro, à qual se associa forte inflacionismo. Todavia, a pesquisa em fontes primárias e secundárias permite identificar seu pensamento sobre temas econômicos que permearam o debate econômico na segunda metade do século xix, como a neutralidade da moeda, o monopólio estatal da emissão e o padrão-ouro. Em período de pleno domínio da ortodoxia econômica, a originalidade do pensamento econômico de Rui Barbosa manifestou-se não só em afastar-se do paradigma tradicional como também em procurar adaptar tais ideias ao que entendia ser a realidade do país. Indo além, fez uma precoce defesa da industrialização e da necessidade de “construção nacional”, motivo pelo qual é considerado precursor do desenvolvimentismo brasileiro e latinoamericano que ganhou expressão ao longo do século xx.

Palavras chave: pensamento econômico brasileiro; heterodoxia econômica; industrialização.

Abstract. Rui Barbosa’s economic legacy notably refers to his controversial performance at the Ministry of Finance of the first Brazilian republican government, which is associated to a strong inflationism. However, the research in primary and secondary sources allows to identify his untimely ideas about economic themes that went through the economic debate in the second half of 19th century, such as the critical of the currency neutrality, the monetary monopoly state and the gold-standard. During a period of complete domain of the orthodoxy economy, the originality of Rui Barbosa’s economic thoughts were expressed to move away from the traditional paradigm, and also to adapt those ideas to what was deemed to be the country’s reality. Going beyond, he made a premature defense of the industrialization and of the necessity of

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a “nationalism breeding”, reason why he is considered one of the Brazilian and LatinAmerican developmentalist precursors that gained importance along the 20th century.

Key words: Brazilian economic thought; heterodox economics; industrialization.

Artigo recebido: 11 de outubro de 2013. Artigo aceito: 11 de março de 2014.

Introdução

O

legado econômico de Rui Barbosa de Oliveira está historicamente associado a sua conturbada passagem pelo Ministério da Fazenda, entre novembro de 1889 e janeiro de 1891. Jurista de formação, o ministro perenizou o seu nome na historiografia econômica ao instituir o primeiro plano heterodoxo com vistas ao crescimento econômico do período republicano. Ícone de uma geração responsável por dois grandes edifícios da história contemporânea brasileira –a abolição da escravatura e a proclamação da república– a vida e a obra de Rui Barbosa tornaramse, desde então, objeto de pesquisa de diversos analistas, dos críticos aos entusiastas, pertencentes aos mais variados setores do conhecimento.

A obra de Rui Barbosa tem sido exaustivamente pesquisada, principalmente do ponto de vista jurídico e político. Sob o prisma econômico, muito já se discorreu acerca do período em que ocupou a pasta da Fazenda –estigmatizado historicamente pela alcunha de “encilhamento”–, e de modo mais específico, a respeito das medidas por ele adotadas enquanto ministro. Autores como Bastos (1949), Baleeiro (1952), Peláez (1971), Aguiar (1973), Lacombe (1984) e Lamounier (1999) elaboraram alguns dos trabalhos pioneiros sobre a sua atuação ao longo dos catorze meses em que ocupou ministério.

O pensamento econômico deste relevante ator político para a configuração do Brasil do século xx, entretanto, carece de análises mais detidas.

Faz-se notório o relativo distanciamento que economistas de viés desenvolvimentista mantiveram de seu espólio. Conforme assinala Franco (2005), ainda não se empreendeu uma releitura de peso que trouxesse alento para os papelistas e, de modo específico, para Rui Barbosa, cuja complexidade, como personagem histórico, não permite interpretações maniqueístas.

A despeito da relevante influência liberal sobre suas convicções políticas e jurídicas, sua gestão à testa do Ministério da Fazenda caracterizou-se pelo abandono de ideias ortodoxas, nas quais se iniciou ainda estudante de Direito, em benefício de uma atuação deliberada do Estado com vistas ao crescimento e à industrialização.

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Importado das tradicionais escolas britânicas, o debate econômico do século xix, no qual esteve inserido Rui Barbosa, circunscreveu a questão da conversibilidade da moeda. Conforme destacam Fonseca e Mollo (2012), os políticos de formação liberal tendiam a abraçar as medidas preconizadas pelo padrão-ouro –com ênfase na estabilidade cambial e monetária–, ao passo que aqueles de algum modo relacionados às atividades produtivas procuravam deslocar o eixo da política econômica para outra variável: o nível de liquidez mais condizente com o ânimo dos negócios.

Neste contexto, procurar-se-á demonstrar que a heterodoxia do pensamento de Rui Barbosa não se singularizou apenas pelo combate aos ditames estabelecidos pelo padrão-ouro ou pela defesa de políticas fiscais anticíclicas em momentos de retração da atividade econômica. Indo além, Rui também ofereceu uma precoce defesa da industrialização e da necessidade de construção nacional, motivo pelo qual pode ser considerado como um dos precursores da política de governo levada a cabo a partir da Revolução de 1930.

A instauração e a consolidação da república brasileira, processos políticos, estiveram intrinsecamente relacionadas às consequências econômicas da abolição do cativeiro e, mais especificamente, da disseminação do trabalho assalariado. Os desdobramentos deste evento histórico influenciaram sobremaneira a condução da política monetária ao longo da primeira década republicana.

A produtividade da economia cafeeira ascendia desde pelo menos a década de 1870, quando a cultura já havia deixado o sul do Rio de Janeiro e avançava rumo ao oeste paulista. O crescimento da demanda e dos preços ao longo dos anos 1880 resultou no superávit externo o qual reforçava a convicção na especialização preconizada por David Ricardo e, em última análise, na primazia do livre-mercado.

Na ausência de projetos de prazo mais dilatado que visassem à diversificação da estrutura produtiva, o debate contemporâneo e a ação cotidiana do governo restringiam-se, em grande medida, à condução e à operacionalização bancária das políticas cambial e monetária. Neste sentido, a reconstituição do contexto financeiro em que Rui Barbosa assumiu a pasta da economia atuam no sentido elucidar os meandros do pensamento e da ação do primeiro ministro da Fazenda do Brasil republicano.

Tem-se por objetivo neste trabalho, portanto, resgatar e destacar os aspectos mais notáveis do pensamento de Rui Barbosa, procurando salientar que a sua precoce heterodoxia antecipou traços basilares do que seria a ideologia norteadora da política econômica adotada por sucessivos governos ao longo do século xx no Brasil: o nacional-desenvolvimentismo.

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O estudo das ideias econômicas no Brasil e a formação intelectual de Rui Barbosa O desenvolvimento deste artigo exige um aparte metodológico devido à singularidade de seus escopos. Por se tratar de um estudo acerca da história do pensamento de determinados autores brasileiros, não se pretende investigar o desdobramento dos acontecimentos econômicos do país, tampouco explicar a história a partir das ideias que a embasaram. Esta digressão aufere contornos prestadios ao trabalho uma vez que o personagem em foco não se diplomou em Economia nem exerceu a carreira acadêmica.

No Brasil, as ideias tornaram-se objeto de pesquisa sistematizada quando da proliferação dos programas de pós-graduação a partir dos anos 1970.

Conforme assinala Carvalho (2000), a história intelectual realizada até então podia ser sumarizada em dois tipos de abordagem. O primeiro deles procurava, apenas e tão somente, expor e reproduzir o pensamento de cada autor isoladamente, centrando a análise no pensador, cujas ideias supunha-se possível interpretar com exatidão. Havia, ainda, os que, com o intuito de identificar possíveis estirpes intelectuais, buscavam agrupá-los ao redor de determinadas correntes de pensamento –como as categorias clássicas de liberalismo, positivismo, socialismo, fascismo, etc.–, combinando a apreciação de suas convicções com o contexto em que estavam inseridas. Já no segundo grupo, predominava o esforço de interpretar as ideias como ideologias vinculadas a interesses de classes sociais ou mesmo do Estado, deslocando a ênfase do autor para o ambiente político-institucional em que se desenvolviam.

No que concerne à formação de um pensamento econômico brasileiro, mantém-se válida a esquematização sugerida por José Murilo de Carvalho. Entretanto, uma peculiaridade que deve ser incorporada à análise da evolução desse campo do conhecimento foi a incontestável influência estrangeira sobre a constituição das escolas pátrias. Em decorrência, o prestígio de que gozavam as ideias importadas da Europa retardou a possibilidade de se formular alternativas teóricas à condução da política econômica nacional.

Por outro lado, há autores os quais assentam com a possibilidade de que já se ensaiava a consolidação de um incipiente pensamento econômico eminentemente brasileiro ao longo do século xix.

Conforme relata Gremaud (2001), ainda que a penetração da economia política no país tenha se ocupado em divulgar a ideologia liberal que pululava nas economias centrais, o pensamento que aqui se desenvolvia ganhava texturas originais, percebidas tanto na centralidade da atividade comercial quanto na maior importância atribuída à intervenção do Estado

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na defesa dos interesses nacionais. Esta singularidade pode ser atribuída não apenas à simbiose de doutrinas divergentes, mas principalmente à adequação dessas teorias a uma realidade distante daquela em que surgiram (Vieira, 1981).

Fato era que os primeiros analistas econômicos brasileiros não tinham por objetivo contribuir para o desenvolvimento teórico da disciplina. Homens de elevado sendo prático –dentre os quais se destacaram os vanguardistas José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho, Manuel de Arruda Câmara, Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt e Sé, André João Antonil e Vicente Coelho de Seabra Silva Teles–, procuravam apenas interpretar as doutrinas importadas sob a perspectiva nacional, adaptando-as, assim, à realidade brasileira (Lima, 1978, p. 64).

O ensino de economia política foi oficialmente instituído, porém, somente após a chegada da família real ao Rio de Janeiro. Com a cátedra concedida por D. João VI, em 1808, a José da Silva Lisboa (o visconde de Cairu), a disciplina passou a ser difundida nas faculdades de Direito, estendendo-se, posteriormente, aos cursos politécnicos. Na Faculdade de Direito de São Paulo, os primeiros docentes responsáveis pela cadeira de Economia Política foram Carlos Carneiro de Campos, Luis Pedreira do Couto Ferraz, Joaquim Vieira de Carvalho e José Luis de Almeida Nogueira. Para a lista completa dos professores de economia das principais escolas brasileiras do século xix (Lima, 1978).

A divulgação da teoria econômica entre os universitários brasileiros do século xix permaneceu restrita até o início dos anos 1900, quando surgiram as primeiras escolas de comércio no país. Em 1926, foi homologado o ensino das ciências econômicas e comerciais como pré-requisito para os que seguiam a carreira de contabilidade. Duas décadas mais tarde, criou-se a Faculdade Nacional de Ciências Econômicas, vinculada à Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, inaugurando o primeiro curso de economia integrado a uma estrutura universitária.

O liberalismo em Rui Barbosa A adoção de políticas conflitantes com as boas práticas sugeridas pela economia clássica não traduz a história de sua formação intelectual. A influência exercida por seu pai, um admirador fervoroso da civilização britânica, refletiu-se de modo direto em sua iniciação escolar, baseada, predominantemente, em autores liberais.

O fascínio pelo progresso material alcançado pela Inglaterra reforçou sua convicção teórica no liberalismo econômico de Adam Smith, David Ricardo e Jean-Baptiste Say. Transigiu da sua orientação livre-permutista,

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entretanto, ao assumir a pasta da Fazenda e corroborar a célebre e perspicaz ressalva eternizada por James Stuart Mill, segundo o qual o livreescambo era plenamente defensável, exceto nos casos em que as leis econômicas se conciliam com o uso de direitos protetores.

Sua defesa do setor industrial não pressupunha, por exemplo, a simples proteção alfandegária como um fim em si mesmo. Ancorado nos economistas clássicos, Rui Barbosa apregoava os benefícios do livre-cambismo sem incorrer, entretanto, no vaticínio das vantagens ricardianas. Revela-se a parcimônia de suas ideias quando da crítica ao engodo do protecionismo comercial em detrimento do aumento da produtividade através da educação formal do trabalhador: “A indústria queixa-se, e definha. Que remédio lhe aconselham? A instrução? Não! O regime protetor; o protecionismo não passa de uma finta imposta ao consumidor em benefício de uma classe de produtores indígenas” (Barbosa, 1882, p. 254).

Abrigava, também, teses caras aos simpatizantes do Estado mínimo.

Ratificou, reiteradas vezes, a proficuidade de se manter um nível de tributação moderado, tido por ele como um princípio inconcusso e definitivo: a renda disponível ao consumo interno e, mormente, ao investimento, deveriam ser os vetores mais apropriados para estimular o crescimento da demanda agregada. A recusa ao endividamento público levou-o a flertar, ainda, com a proposta do que hoje se conhece por superávit primário, a fim de aliviar as contas do governo republicano de encargos não produtivos.

Embebido nos exemplos ingleses, reforçados in loco após o período em que lá se autoexilou, deslumbrava-se com o nível de civilização alcançado por este país: “A Inglaterra é a melhor das nações atuais. [...] Este país minha pátria espiritual”, atestou certa vez. A exaltação do modelo inglês e, por transbordamento histórico, do norte-americano, residia, em primeiro plano, na concretização do ideal liberal exibido nesses países. Afirmava Rui Barbosa que a “Inglaterra é o país entre todos onde a humanidade tem a sua maior glorificação, porque é aquele onde a liberdade é mais perfeita, onde o direito é mais seguro, onde o indivíduo é mais independente, onde por isso mesmo, o homem é mais feliz” (Pires, 1942, p. 8). Orgulhoso de sua formação internacionalista, afirmava que sua “livraria inglesa é a maior entre nós. Ninguém estudou mais do que eu, em nossas terras, as coisas inglesas” (Pires, 1942, p. 20).

Em sua leitura, o desenvolvimento da cultura institucional britânica perpassava pelo seu avançado arranjo social. O espírito de ordem, exatidão e regularidade não presidiam somente a vida política e econômica da nação. Para ele, o homem inglês era também um mecanismo da mais alta precisão, e dele Rui Barbosa se deixou igualmente impressionar: “Na casa, como na sociedade, não se sente quase a necessidade do governo. A distribuição dos deveres (lei imposta, escrita ou não) atua, por assim dizer, da se.

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O fenômeno desta disciplina moral é, a meu ver, o aspecto mais notável da civilização inglesa e o segredo do seu vigor” (Pires, 1942, p. 9).

A inspiração no exemplo inglês e, em particular, no modelo de industrialização levado a cabo nos Estados Unidos, refletiu-se nas medidas adotadas quando da ascensão do governo republicano. A tentativa de transpor a experiência norte-americana extrapolou a importação do mesmo epíteto designativo: “Dei à minha pátria a adaptação das instituições americanas.

Tenho sido, durante 30 anos, um laço entre o Brasil e os homens dos Estados Unidos da América” (Pires, 1942, p. 6). Barbosa participou ativamente da criação dos primeiros decretos do governo provisório, sendo de sua autoria a sugestão para o nome oficial do novo país: Estados Unidos do Brasil (Gonçalves, 2000, p. 61).

A simpatia de Rui Barbosa pelo modelo anglo-saxônico não se limitava à funcionalidade que o liberalismo havia encontrado nesses países.

A arquitetura descentralizada de governo consagrada pela Constituição norte-americana de 1787 vinha ao encontro de sua mais cara aspiração política: o federalismo. A explicação por ele oferecida à sua vacilante adesão à causa republicana repousava sobre a insistente negativa dada pelo império aos anseios federalistas que havia muito se faziam notar pelo país.

Nesse sentido, a posição moderada de Rui Barbosa compactuava com alguma centralização administrativa, uma vez que as diferenças e os desequilíbrios regionais traduzir-se-iam em proficuidade apenas se mantidos sob um governo coeso. De modo que a defesa regular da causa federativa acompanhou toda a sua trajetória política, tendo destaque especial na formulação de sua política monetária instrumentalizada pela reforma bancária de janeiro de 1890.

A conjuntura econômica do crepúsculo imperial Retomando a contextualização histórica em que o pensamento de Rui Barbosa tomou corpo, deve-se lembrar que a economia brasileira estava às vésperas do apogeu do modelo de desenvolvimento voltado para fora, o que se refletia na formulação da política econômica e em seus dilemas de conjuntura. Dentre estes, destacaram-se o equilíbrio do balanço de pagamentos e a prioridade oferecida pelo governo a questões que influenciassem diretamente os termos de troca. Mesmo ciente da baixa elasticidadepreço da demanda dos produtos que compunham a pauta de exportações brasileira, poucos instrumentos se lhe restavam além da condução de uma política cambial que favorecesse o comércio dos produtos nacionais no mercado estrangeiro.

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Desde 1846, a paridade legal do câmbio mantinha-se constante e inalterada, à taxa de 27 pence de libra esterlina por 1 000 réis. Contudo, a flutuação cambial era a verdadeira regra observada na prática, devido, primordialmente, aos constantes déficits em transações correntes resultantes da enorme dependência de produtos manufaturados importados.

Imobilizado, o governo via-se incapaz de agir no sentido de atenuar essas oscilações, na maioria das vezes, para abaixo do par.

Diante dessa inevitabilidade, o expediente do curso forçado fora largamente utilizado quando da eclosão de crises cambiais, como, por exemplo, a de 1875, situação em que o governo conservador viu-se compelido a acatar a moeda fiduciária, acirrando, como nunca antes visto, o debate entre papelistas e metalistas.

O ministério João Alfredo (março de 1888-junho de 1889) Uma atmosfera de otimismo recaía sobre a economia brasileira ao final dos anos 1880. O volume dos investimentos ingleses aumentara de forma substancial, devido à solução pacífica oferecida à questão servil e à quantidade de capitais ociosos, os quais havia muito aportavam na vizinha Argentina. Tal onda inesperada de prosperidade representava uma verdadeira dádiva para os desígnios do novo primeiro-ministro, mas trazia consigo, porém, um antigo problema prático: o limitado desenvolvimento do sistema bancário nacional e a sua incapacidade de apoiar o crescimento da economia.

O entesouramento, hábito corrente para a maior parcela da população brasileira, somado à baixa velocidade de circulação da moeda, faziam com que o atrofiado aparelho de intermediação financeira brasileiro não cumprisse a contento o seu dever de financiar o desenvolvimento da economia do país.

O recorrente problema de escassez de numerário, agravado em época de colheitas afastadas da praça do Rio de Janeiro, levou o gabinete João Alfredo a constituir, em maio de 1888, um comitê bipartidário –liderado pelo conservador visconde de Cruzeiro e pelo liberal visconde de Ouro Preto– com o objetivo de elaborar uma lei que restabelecesse a emissão de moeda inconversível pelos bancos. Os líderes da comissão não defendiam, por princípio, a adoção da moeda fiduciária, mas atentavam para os problemas que a perseguição da conversibilidade plena enfrentava em um contexto de baixa liquidez. Tratava-se, conforme a definição de Gremaud (1998), dos “metalistas realistas”.

O projeto tratou de conciliar as expectativas papelistas de ampliação da base monetária com os anseios metalistas de se evitar um excesso de

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liquidez. O resultado deste ensaio foi materializado pela possibilidade de dupla emissão: sobre lastro metálico ou ancorada em títulos públicos. Paralelamente, o governo comprometeu-se a incinerar papel-moeda quando as emissões estivessem próximas do limite, de modo a não aumentar significantimente a circulação.

Transcorridos seis meses, promulgou-se, em 24 de novembro de 1888, a Lei 3.403, a qual foi regulamentada apenas em 5 de janeiro do ano subsequente. Deliberou-se que, a partir daquele momento, a emissão baseada em ouro ou em apólices não poderia ultrapassar dois terços do capital do banco, estipulando um teto de 20 000 contos para as notas lançadas sobre títulos e de 60 000 contos sobre base metálica.

Os resultados da nova lei não corresponderam ao esperado pelo governo. O próprio ministro João Alfredo surpreendeu-se com o fato de que, até maio de 1889, nenhum banco havia se apresentado para emitir nos termos da nova legislação: “A lei e seu regulamento não foram devidamente compreendidos ou não satisfazeram a expectativa pública” (Barbosa, Carvalho y Castro, 2009, p. 6). O caráter ambíguo da medida tornou-se o principal responsável pelo fracasso do projeto. Na tentativa de conciliar propostas contraditórias, o governo acabou por liquidar as possibilidades de êxito da reforma: “É, de certo modo, paradoxal que uma lei tão longamente discutida pudesse ter falhas tão flagrantes e que a comprometiam totalmente” (Franco, 2008).

O insucesso do programa econômico, somado a compromissos políticos cada vez mais prementes ao monarca, catalisaram a queda do gabinete João Alfredo. Na tentativa de salvar o regime, D. Pedro II nomeou para a chefia do ministério o liberal visconde de Ouro Preto, ao qual a história impôs a alcunha pouco honrosa de “o último chanceler do Império”.

O interregno Ouro Preto (junho-novembro de 1889) A breve gestão de Ouro Preto, que assumiu a testa do governo em 7 de junho de 1889, caracterizou-se pela adoção de medidas econômicas ousadas. Em primeiro lugar, o governo surpreendeu ao fixar a taxa de câmbio à paridade legal definida em 1846, permitindo, consequentemente, a restauração dos bancos de circulação metálica.

Por motivos alheios a qualquer empenho deliberado das autoridades brasileiras, a situação favorável do balanço de pagamentos permitira que, em outubro de 1888, fosse restabelecida a equivalência cambial perseguida havia décadas: “Inesperadamente, por obra e graça da pujança das nossas contas externas, e da entrada de capitais em particular, a taxa de câmbio apreciou de modo a atingir os mágicos 27 pence por mil-réis” (Fran-

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co, 2005, p. 11). De modo que, em 6 de julho de 1889, o ministro aprovou uma nova regulamentação para a Lei 3.403 de 1888, autorizando bancos privados a emitirem papel-moeda conversível em ouro, àquela paridade, na razão do triplo do capital subscrito em moeda metálica.

A medida recebeu julgamento mordaz de Rui Barbosa não pelo seu mérito inegável, mas pelo embuste a ela subjacente. Com efeito, fazia-se notório o oportunismo do arranjo, o qual se valia de condições excepcionais e efêmeras do balanço de pagamentos para propagandear um feito caro à sociedade. Uma de suas cláusulas denunciava, assim, a argúcia do decreto, uma vez que a conversibilidade das emissões estava garantida “salvo os casos de guerra revolução, crise política ou financeira, em que o governo providenciaria, quanto ao troco, como fosse mais conveniente” (Franco, 2005, p. 12).

Implícita à crítica de Rui Barbosa havia mais motivos de natureza política do que conceitual. Tratava-se, deveras, da via rápida para o estabelecimento do curso forçado, ou, nas palavras de Franco, de um “sacrifício de uma virgem ao altar das convenções” (2005, p. 12). Levando-se em consideração que a reforma por ele levada a cabo meses depois representou exatamente a consagração da emissão inconversível, sua diatribe contra Ouro Preto deveria ser assaz relativizada. Na realidade, ambos chegariam à moeda fiduciária por diferentes caminhos, e a partir de distintos apelos simbólicos.

Tratou-se o empréstimo contraído em Londres em 27 de agosto –a título de indenização aos fazendeiros dos quais a abolição havia subtraído importantes ativos– da segunda medida adotada por Ouro Preto a ser hostilizada por Barbosa. Sua condenação não se assentava apenas na reprovação moral que este tipo de ação evocava, mas no ônus fiscal e cambial por ela acarretado. Em primeiro lugar, os auxílios à lavoura envolveram quantias da ordem de 100 000 contos, valor que representava quase três quartos da receita tributária do império, caracterizando um vasto programa de clientelismo político à custa do dinheiro público. Além disso, implicava encargos cambiais sobressalentes, uma vez que “recebíamos em libra para pagarmos em ouro” [referencia], política veementemente repudiada por Barbosa enquanto esteve à frente da pasta da Fazenda.

O terceiro ponto de dissensão entre Barbosa e o gabinete Ouro Preto concernia à fundação do Banco Nacional do Brasil em sociedade com o Banque de Paris et des Pays Bas, em outubro de 1889. Os privilégios concedidos a esta instituição financeira outorgavam-lhe uma condição que beirava o monopólio no setor, uma vez que seu capital alcançava a cifra de 90 000 contos, sendo-lhe permitido, portanto, uma emissão de 270 000 (sobre um total em circulação, à época, de 200 000 contos). Mais uma vez, Rui Barbosa abraçaria a contradição tendo-se em vista que ele próprio

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viria a adotar medida muito assemelhada ao final de seu mandato, a despeito de todo o esforço retórico de que se utilizou para negar a evidente similitude entre os casos.

Conquanto tenha recolocado o país no padrão-ouro, Ouro Preto não repudiava, por princípio, a emissão inconversível. Pelo contrário. Baseado no caso dos national banks norte-americanos –os quais influenciaram a concepção de Barbosa em relação à conveniência da utilização deste expediente heterodoxo– o último primeiro-ministro do regime imperial ratificou tanto a ousadia de seu antecessor quanto a razoabilidade do sucessor, que tão contundentemente o fustigara.

E foi neste contexto que, em 17 de janeiro de 1890, o ministro da Fazenda promulgou a mais importante medida de sua passagem fugaz pelo poder executivo: a reforma do sistema bancário, cuja análise detalhada contribui para esquadrinhar o que pode ser considerado o mais controvertido ensaio político do pensamento papelista brasileiro do século xix.

O padrão-ouro em xeque: o papelismo na obra de Rui Barbosa A reformulação do sistema financeiro empreendida por Rui Barbosa, dois meses após assumir o Ministério da Fazenda, não apenas discriminou a transição econômica entre os regimes imperial e republicano, como também permitiu que lhe fosse postumamente outorgada a distinção de vanguardista entre os “czares econômicos” do Brasil, em reconhecimento ao que talvez mereça ser tomado como o primeiro grande plano econômico do período republicano (Franco, 2005).

Os dois principais pontos da reforma –a emissão inconversível e a pluralidade bancária– não podem ser preconizados pelo seu ineditismo, uma vez que já haviam sido largamente empregados durante o império. Concorreram para que a gestão de Rui fosse estigmatizada pela historiografia econômica como o primeiro e mais célebre ensaio papelista o sentido, a consciência, a significação, a motivação oferecidos pelo formulador da política.

A despeito de seu vasto conhecimento, tratava-se, Rui Barbosa, de um jurista, e não propriamente de um teórico forjado em matérias econômicas. É na justificativa das suas medidas, portanto, que melhor se evidencia o horizonte de suas ideias acerca dos distintos temas econômicos.

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A emissão lastreada em títulos públicos Tal como na contemporaneidade, a política econômica empreendida pelos governantes brasileiros do século xix se lhes admoestava do estrangeiro, e a esta regra não fugiu a emissão de papel-moeda sem lastro em metais preciosos. A experiência internacional estava repleta de casos –até certo ponto, bem sucedidos– de países que adotaram este expediente na ausência de uma situação favorável de suas contas externas.

Tendo-se por premissa que, em termos monetários, a normalidade respondia pela emissão ao par estabelecido em 1846, era inevitável que se associasse o fracasso de se recorrer ao curso forçado a um drama maior: claro estava que apenas por acidente, ou por improváveis progressos nas tecnologias de mineração, a natureza forneceria ouro e prata no exato tamanho das necessidades de moeda de uma economia em rápido e volátil crescimento.

No Brasil do século xix, portanto, tratou-se o padrão-ouro de um paradigma de enorme carga doutrinária, mas que raramente foi adotado na prática em função da enorme escassez de lastro em que constantemente o país se encontrava. Foi nesta condição de penúria que, segundo Franco (2008), “os apologistas da exceção encontraram uma atmosfera especialmente hospitaleira” para materializar os primeiros ensaios de políticas heterodoxas (p. 8).

Rui Barbosa não negava, por princípio, as vantagens da emissão sobre o metal. A sua restrição ao padrão-ouro atentava, apenas e tão somente, para a impossibilidade prática desta instituição em um país cuja normalidade, no que se referia ao câmbio, era a instabilidade. Quando da desvalorização cambial, havia sempre uma corrida aos bancos para a troca das notas ao par, resultando em prejuízo para as instituições financeiras até que este ciclo de baixa se encerrasse.

Se o recurso ao “papel” já havia sido largamente empregado durante o antigo regime, a justificativa e o propósito oferecidos por Rui ao seu empreendimento financeiro é que fizeram de seu nome o maior ícone do papelismo do Brasil oitocentista: a consciência da necessidade de emissão monetária incorporava-se, de forma inédita, aos discursos de um policymaker: Por mais nocivo que seja o papel-moeda no seu emprego ordinário, não há governo, que possa repudiá-lo sob uma fórmula explícita ou implicitamente absoluta. [...] Por mais triste que seja a história do curso forçado, em todos os países, ainda naqueles que tragaram até às fezes a taça de calamidades acumuladas pelo seu abuso, impossível seria desconhecer-lhe, não diremos só a utilidade, mas a impres-

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Ivan Colangelo Salomão e Pedro Cézar Dutra Fonseca cindibilidade fatal em emergências das mais melindrosas na existência dos povos modernos (Barbosa, 1892, p. 205).

A reforma da estrutura bancária levada a cabo por Barbosa baseou-se, deste modo, na criação de caixas regionais de emissão de moeda lastreada em apólices da dívida pública. A decorrência imediata de sua iniciativa foi um aumento de liquidez responsável por um vultoso crescimento da atividade produtiva, bem como dos níveis de inflação, sem par na história imperial.

A primeira justificativa para a permissão dada aos bancos de emitirem sobre títulos residia sobre a necessidade latente de numerário que abarcasse a nova realidade econômica do país, reconhecido por sua cultura de entesouramento, em um novo contexto pós-abolição: Um vasto afluxo de empresas e transações, que a revolução surpreendera, corriam risco iminente de esboroar-se em vasta catástrofe, assinalando com o mais funesto krach a iniciação da República. Foi entre essas perplexidades e sob o aguilhão desses perigos, que recorri à única salvação possível, em semelhante conjuntura: assentar, como os Estados Unidos tinham feito, em circunstâncias análogas e sob a força de iguais necessidades, a garantia do meio-circulante sob os títulos da dívida nacional (Barbosa, 1891a, p. 53).

Se a consagração da inconversibilidade não era, para Barbosa, um fim em si mesmo, a sua funcionalidade não se lhe escapou ao ministro da Fazenda. Na tentativa de eximir-se pela consumação da moeda inconversível, afirmou que não fora “o governo republicano que matou a circulação metálica. Ela era apenas um embrião incapaz de vida, e morreu pela impossibilidade orgânica de viver” (Barbosa, 1891c, p. 185). Tratava-se, afinal, de uma inovação revolucionária, pois somente o “papel” permitiria um crescimento da oferta de moeda além do autorizado pelo o extrativismo mineral. Ele, como tantos outros políticos de sua geração, enxergou a vantagem da moeda fiduciária, apoiando-se não apenas no caso norteamericano; o governo dos Estados Unidos já havia recorrido ao curso forçado durante a Guerra de Secessão: “Para remediar a crise, lembrou-se Chase de um sistema monetário que consistia na emissão de bilhetes bancários garantidos por títulos da divida pública” (Borman, 1945, p. 24). O plano de Rui se inspirava fortemente neste modelo, iniciado em 1863, e que vigorou até a inauguração do Federal Reserve System, em 1913. Mas também na guarida imediata dos mais diversificados atores sociais contemporâneos que apoiavam suas medidas.

Convencido da inevitabilidade do curso forçado, Barbosa fornecia, assim, o combustível ao desenvolvimento que o setor produtivo havia muito

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reclamava. Uma década após a sua saída do Ministério da Fazenda, reconhecia que “a circulação inconversível era fatal, como era fatal, que, em vez de espécies metálicas, assentasse a sua base em títulos do Estado” (Barbosa, 1900, p. 202). O apoio efusivo angariado nos mais distintos e improváveis segmentos da sociedade reforçou a sua já solidificada convicção de que equivocados estavam os que lhe impunham censura. Mesmo se, para tanto, estes se utilizassem dos mesmos argumentos por ele anteriormente empunhados.

Por fim, a impressão causada no establishment internacional, verbalizada por editoriais jornalísticos outrora arestosos, ratificava a plausibilidade da inconversibilidade e consagrava não apenas a motivação, mas a premência da medida. No The Economist, 23 de dezembro de 1890, assim se apreciava a necessidade de numerário na economia brasileira: A emissão de $ 51 700 000 não é, para o Brasil, volume suficiente de meio-circulante. A extensão do país é imensa; e o raro uso de cheques, com o hábito comum ali, de reterem os indivíduos em seu poder largas quantias, em vez de depositá-las nos bancos, torna necessária no Brasil uma emissão per capita muito maior do que nos Estados Unidos da América, ou em estados europeus como a França, ou a Grã-Bretanha (Barbosa, 1900, p. 206).

É neste sentido, portanto, que se faz simbolicamente eloquente o laconismo da justificativa oferecida por Rui Barbosa para a expansão da base monetária ao longo de sua gestão: “Forçoso era abaixar a taxa de juros” (Barbosa, 1891a, p. 198). A conversibilidade não deixara de ser um objetivo a ser perseguido; àquele momento histórico, porém, a adoção de uma política monetária condizente com o crescimento econômico far-se-ia mais adequada às aspirações do novo governo. Era a atuação consciente e deliberada do poder público com vistas à expansão do crédito, criando uma nova praxe na qual caberia, agora, ao Estado a determinação da taxa de juros.

A pluralidade bancária Se o debate entre metalistas e papelistas permeou a opção pela emissão inconversível, a segunda grande medida contida na reforma bancária ruiana esteve balizada pela contenda travada entre monopolistas e pluralistas.

Conquanto sua posição tenha variado ao sabor da conveniência política, Rui Barbosa subscrevia, por asserção teórica –o ministro reconhecia o dissenso teórico que circunscrevia a questão: “Pluralidade bancária na emissão de papel inconversível é invenção que nunca teve foros de teoria entre os economistas” (Barbosa, 1891a, p. 55)– a tese dos primeiros, refle-

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tida em sua campanha promovida na redação do Diário de Notícias contra a economia de Ouro Preto: Então combati o monopólio emissor, com que se agraciara o banco Figueiredo.

Mas como o combati? Negando acaso a superioridade da monoemissão, em teoria, ao sistema da pluralidade? Não. Demonstrando simplesmente que não estava nas mãos da coroa substituir pela forma de sua preferência a que o legislador estabelecera, e o governo regulara. Nunca discuti a questão de doutrina (Barbosa, 1892, p. 210).

Tal como o curso forçado, o expediente da pluralidade já havia sido largamente utilizado durante regime imperial. A própria lei que então vigorava quando Rui Barbosa assumiu o ministério, promulgada em novembro de 1888, sob o gabinete conservador de João Alfredo, já previa a adoção deste regime emissor.

Ainda que os distintos experimentos pluralistas, com destaque para o caso norte-americano, não tivessem sido particularmente bem-sucedidos, o século xix terminava sem demonstrações irrestritas de confiança no monopólio bancário, devido, em grande medida, à natureza privada de praticamente todas as instituições financeiras: aquela que fosse agraciada com a exclusividade emissora gozaria de vantagens desleais em relação a seus concorrentes. É neste sentido que a pluralidade desfrutava de certo perfume libertário, verdadeiro deleite aos pendores federalistas da República recém instaurada.

A formação doutrinária, entretanto, não se traduziu em política pública quando de sua ascensão ao Ministério da Fazenda. Por certo, a necessidade de consolidação do novo regime fê-lo sucumbir declaradamente ao pragmatismo político para usufruir, ainda que temporariamente, dos proveitos expansionistas imanentes à pluralidade.

O cerne de sua justificativa para a aparente incongruência em relação a sua própria pregação de épocas não muito longínquas repousava sobre a imperiosidade do momento histórico. A necessidade latente de aumento do numerário, oxigênio indispensável para a sobrevivência do edifício republicano, exigia celeridade e realismo por parte do gestor público: “Para solver esta questão, não devemos pairar na região abstrata das teorias, mas descer ao terreno raso da história, da prática, da experiência acumulada.

Ela é decisiva” (Barbosa, 1891a, p. 277).

Na ausência de um corpo teórico de vulto que sustentasse a plausibilidade das teses papelistas, recorria-se à concretude de experiências bem-sucedidas. A certeza de que o pragmatismo dos homens do mercado deveria sobrepor-se à abstração de autores alheios ao cotidiano da gestão pública faz-se capital no pensamento heterodoxo de Rui Barbosa:

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Supor que baste isso, para impressionar o país, é adormentar a história; supor que isso baste, para converter o triclínio em templo e o champagne nas espécies da eucaristia, disputadas pelos crentes como pão do espírito liberal... é acreditar que uma grande nação possa governar-se por academias de teoristas, e que o segredo dos grandes problemas políticos, perdido nos debates dos parlamentos, fosse imergir a sua incógnita na facúndia espumosa dos postres. (Barbosa, 1891a, p. 59, cursivo nosso).

Subjazia a utilização deste expediente econômico com vistas à legitimação do regime, portanto, o desígnio consciente de se “vulgarizar o crédito” (Barbosa, 1891a, p. 56). Não se tratava, porém, de um cálculo permeado apenas por variáveis políticas. A expansão da liquidez requerida pela nova conjuntura econômica do país fazia do sistema financeiro peça fundamental na engrenagem vislumbrada por Barbosa: “Quem ajudou a expansão inglesa, francesa, alemã? O Rei? Não, foram os Bancos da Inglaterra, da França e do Reich, espalhando o crédito, criando indústrias, alargando o comércio” (Bastos, 1949, p. 183).

Mais uma vez, destituído de uma matriz teórica que corroborasse o seu empreendimento, Rui Barbosa recorreu exaustivamente a exemplos estrangeiros passados –em especial, os dos países industrializados da Europa ocidental– para chancelar as suas medidas. O caso mais eloquente, porém, era o ainda recente processo de industrialização observado nos Estados Unidos. As afinidades históricas incitavam-no à constante analogia entre a realidade econômica alcançada por este país e o potencial de desenvolvimento, ainda contido, do Brasil. No que concernia à arquitetura financeira norte-americana, o seu relatório de ministro da Fazenda demonstrou, de forma detalhada, como a adoção da unidade bancária, estipulada em 1811 por Hamilton e Madison, resultou em uma crise fiscal sem precedentes, da qual se recuperariam somente uma década depois.

Um segundo argumento recorrentemente utilizado em defesa do princípio pluralista residia na alegada superioridade das notas emitidas por bancos privados, os quais isentavam o Tesouro dos riscos embutidos nesta operação. Torna-se nítida a sua concepção a este respeito quando da crítica ao desmonte de seu programa realizado por Araripe e Lucena, seus sucessores no Ministério da Fazenda, ainda no governo Deodoro. Da tribuna do Senado, em janeiro de 1892, Rui Barbosa não se furtou de sua veemência retórica para atacar a assunção, por parte do erário público, da responsabilidade de emitir moeda aos portadores: Não, senhores; não há, na história financeira do mundo, exemplo assimilável a este. Converter o bilhete de banco em papel-moeda, isto é, transferir dos bancos para o erário a responsabilidade das emissões, é fato virgem. O contrário tem-se visto: desafogar-se o Tesouro de emissões oficiais, resgatá-las, a troco da emissão

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Ivan Colangelo Salomão e Pedro Cézar Dutra Fonseca bancária. Isso sim: é útil, é justo, é sensato. [...] Mas o contrário! Exonerar o governo os bancos emissores, e oprimir-se a si mesmo com o tremendo espólio das responsabilidades deles, é caso nunca visto. São farfâncias de nababo arruinado, a quem, com a consciência e a fortuna, se esvaísse o sentimento da própria reputação (Barbosa, 1892, p. 76).

Nota-se, diante do exposto, que a opção inicial pela pluralidade bancária calcou-se em uma clara consciência da necessidade emergencial de se expandir a base monetária. Para tanto, não haveria estrutura mais engenhosa do que a de se delegar aos caixas regionais a tarefa de suprir os agentes econômicos com o numerário condizente com a nova realidade do país.

A política fiscal do governo revolucionário: o contracionismo do desenvolvimento A política econômica do primeiro gabinete republicano não se limitou a confrontar a normatização monetária sugerida pelo padrão-ouro. O debate que circunscreveu a estruturação financeira da nova Constituição –e, de forma mais específica, a articulação parlamentar que antecedeu a aprovação da proposta orçamentária de 1891, jamais executada por Rui Barbosa– revelam algumas de suas principais ideias acerca da potencialidade e das limitações da política fiscal.

O ministro da Fazenda empenhou-se pessoalmente para tentar demonstrar que os dispêndios realizados em sua gestão mantiveram-se em níveis equivalentes aos dos últimos gabinetes do império. Rechaçado pelos fatos, procurou imprimir a aura de inevitável à sua política fiscal, a fim de inocentá-la em nome da sustentação do regime encetado a partir de 15 de novembro.

A diligência que envolveu a votação do orçamento federal para o ano de 1891 contribui para elucidar o raciocínio anticíclico de que dispunha o ministro. Convencido de que a conjuntura política exigia esforços excepcionais para legitimar o novo regime, Barbosa conferiu a tais dispêndios o predicado de “inadiáveis”, sugerindo que a austeridade colocaria sob risco a viabilidade do movimento republicano.

A imperiosidade revolucionária prestou-se, portanto, a escudar a política econômica heterodoxa preconizada por Rui Barbosa. Valendo-se da analogia com acontecimentos históricos –como a França pós-napoleônica e a Itália, recém unificada, de 1870–, certo estava de que o futuro promissor absolveria as despesas “incertas e incalculáveis” efetuadas ao longo de 1890: “Os governos revolucionários não são, não podem ser governos econômicos” (Barbosa, 1891a, p. 18).

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O triunfo político do novo regime também lhe serviu, a posteriori, como argumento para justificar os excessos de sua expansão fiscal. Pacífico e ordeiro, o advento republicano isentaria historicamente os eventuais abusos do Tesouro: A despesa descomediu-se; mas esse mal, de que ainda nenhuma revolução saiu indene, era o preço de benefícios, com que ainda nenhuma revolução se recomendou; era o mais benigno de todos os resgates, que se podiam estipular pela transição instantânea entre duas formas opostas de governo; era o prêmio pago pela preservação de todos os direitos através de uma comoção, que transformava pelos fundamentos a política do país; era o tributo necessário da paz, primeira vítima de todas as revoluções e conquista magnífica da revolução de 15 de novembro (Barbosa, 1892, p. 161).

A argumentação oficial extrapolava as causas de cunho político. A concepção fiscal do agora gestor público Rui Barbosa não se coadunava com o comedimento sugerido pela teoria liberal. Pelo contrário: ao assumir o cargo executivo, Rui Barbosa passou a cortejar uma atuação econômica mais aprofundada do Estado. Ao contrapor-se à austeridade reclamada pelo parlamento para aprovar o projeto da nova carta magna, o ministro transpunha a conjuntura hodierna para responsabilizar a inelasticidade dos gastos públicos pelo não atendimento de demandas futuras, àquele momento, imprevisíveis: Pois será possível fazer do orçamento de um exercício um círculo de ferro para todos os orçamentos futuros? Suponhamos que há grandes cortes, que dar, na despesa calculada agora. Podeis assegurar eternidade a essas economias? Se as fontes de renda, a que, na Constituição, reduzirdes o Governo Federal, não derem de si mais que a receita estritamente precisa ao país no ano vindouro, onde há de a União ir buscar meios de subsistência, quando as suas necessidades, nos anos subsequentes, transpuserem essa medida? (Barbosa, 1890, p. 179).

Cabe ressaltar que, paralelamente aos gastos por ele classificados como “inerentes a governos revolucionários”, observou-se uma significativa priorização das rubricas relacionadas aos investimentos. Não se deve negligenciar esta qualificação quando se considera que este tipo de despesa –com destaque para os recursos destinados à melhoria da rede de transporte e da geração de energia– visava à redução dos custos e ao aperfeiçoamento do sistema produtivo nacional. Em comparação aos investimentos realizados pela gestão Ouro Preto, Borman (1945, p. 76) quantifica os esforços do governo discricionário nos seguintes termos: “Rui teve a peito, quando ministro, ampliá-los em alto grau. [...] Em dispêndios desta

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natureza aplicou Rui –afora a verba orçamentária– 20 491 contos de réis, isto é mais do dobro da quantia desembolsada por Ouro Preto. Empregou tão apreciável porção das rendas públicas em promover a construção de vias férreas e o prolongamento de muitas outras.” Depreende-se, diante do exposto, que a reconfiguração da política fiscal executada pelo ministro Rui Barbosa baseou-se, em larga medida, no deslocamento dos gastos correntes para os investimentos em infra-estrutura.

Ainda assim, a despeito do esforço contracionista a que se propunha, o governo republicano assentiu deliberadamente na dilatação dos dispêndios para além daqueles reclamados pela legitimação do novo regime político, evidenciando a sua intenção de sustentar a demanda agregada e, no longo prazo, fomentar o desenvolvimento da produção nacional.

Rui Barbosa, industrialização e nacionalismo A premência com que Rui Barbosa aspirava à industrialização da economia brasileira pode ser aferida pela frequência com que a questão foi evocada em seus discursos e escritos. A este tema, contudo, o autor não imprimiu o radicalismo manifestado em outras arenas, uma vez que o modelo de desenvolvimento por ele vislumbrado pressupunha uma complementaridade harmônica entre os setores agrícola e industrial: “Na adiantada civilização dos nossos tempos, a indústria é inseparável da agricultura” (Barbosa, 1882, p. 255).

No momento em que surgiam os conceitos de indústria natural e artificial, Rui Barbosa defendia, em um estágio inicial, o estabelecimento de empresas relacionadas ao setor primário, como um transbordamento espontâneo de suas atividades. Entusiasta das vantagens de que dispunha a produção agrícola no Brasil, combateu, ainda assim, o exclusivismo oferecido à cultura cafeeira, vituperando à exaustão contra os recorrentes auxílios à lavoura: Não pouca vantagem haverá em passarmos da condição de país exclusivamente consumidor, em matéria industrial, para a de país também produtor. O nosso grande erro tem sido aplicar ao Estado, o sistema em geral seguido pelos nossos ricos agrícolas: produzir muito café. Tratar exclusivamente do café, ainda que hajam de comprar tudo o mais, inclusive os gêneros de primeira necessidade, que eles mesmos facilmente poderiam produzir (Barbosa, 1891b, p. 129).

Para se atingir este patamar superior de desenvolvimento, entretanto, far-se-ia imprescindível, em sua opinião, a atuação deliberada do poder público. O privilégio dedicado à agricultura ao longo de todo o regime im-

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perial oportunizara, a partir de então, a intervenção do Estado com vistas à industrialização, cujos proventos concorreriam para legitimar o governo recém-instaurado: “O desenvolvimento da indústria não é somente, para o Estado, questão econômica: é, ao mesmo tempo, uma questão política. [...]

A república só se consolidará, entre nós, sobre alicerces seguros, quando as suas funções se firmarem na democracia do trabalho industrial, peça necessária no mecanismo do regime, que lhe trará o equilíbrio conveniente” (Barbosa, 1891b, p. 143).

Defesa tão aguçada de uma política excessivamente heterodoxa para um país periférico não poderia vir desacompanhada de censuras com igual veemência. Bandeira de Melo, por exemplo, aventou que Rui Barbosa fazia de sua obsessão pela industrialização uma questão política, a qual extrapolava a razoabilidade econômica, contrariava o curso natural e não encontraria, portanto, foro em teorias ou experiências históricas (Bastos, 1949, p. 139).

Ratifica a coerência de seu projeto o fato de que o seu posicionamento pró-industrialização antecedia sua ascensão frente ao ministério republicano. Por ocasião da inauguração do curso profissionalizante do Liceu de Artes e Ofícios, Barbosa proferiu, ainda em 1882, um famoso discurso no qual perpetuou de forma cristalina a sua visão acerca da relevância do desenvolvimento industrial para a economia brasileira: Mas somos uma nação agrícola. E por que não também uma nação industrial?

Falece-nos o ouro, a prata, o ferro, o estanho, o bronze, o mármore, a argila, a madeira, a borracha, as fibras têxteis? Seguramente, não. Que é, pois, o que nos míngua? Unicamente a educação especial, que nos habilite a não pagarmos ao estrangeiro o tributo enorme da mão d’obra. Nenhum país, a meu ver, reúne em si qualidades tão decisivas para ser fecundamente industrial, quanto aqueles, como o nosso, onde uma natureza assombrosa prodigaliza às obras do trabalho mecânico e do trabalho artístico um material superior, na abundância e na qualidade (Barbosa, 1882, p. 255, cursivo nosso).

Ao ser nomeado para o mais importante cargo do primeiro governo republicano, oito anos mais tarde, Rui Barbosa recorreria a instrumentos de política econômica os quais outrora condenara para lograr tais objetivos, como uma reforma tarifária protecionista e a cobrança em ouro dos impostos de importação.

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A reforma alfandegária O interesse que Rui dedicou à questão industrial adquiriu contornos ainda mais persuasivos quando, para além do seu discurso, se analisam os feitos por ele realizados. A reforma alfandegária aprovada durante a sua passagem pelo Ministério da Fazenda evidencia o deslocamento da prioridade do gabinete revolucionário em direção à manufatura nacional.

Com exceção da estrutura tarifária aprovada em 1879, a política aduaneira fora, durante todo o império, um instrumento meramente fiscal. Neste sentido é que a reforma empreendida por Rui Barbosa consagrou-se na literatura por auferir, pela primeira vez, um caráter econômico com vistas ao fomento da produção nacional.

Intelectual de formação ortodoxa, o agora policymaker Rui Barbosa aproximou-se de políticas posteriormente associadas ao desenvolvimentismo ao utilizar-se de meios tarifários de clara manifestação protecionista –instrumento utilizado, vale frisar, havia muito por sucessivos gabinetes no decorrer do império (1822-1889). Com intuito declarado de “naturalizar indústrias peregrinas, inteiramente adaptáveis às circunstâncias do país”, o ministro da Fazenda amparava-se em Mill– para quem havia casos “em que as leis econômicas se conciliam com o uso de direitos protetores” –a fim de atenuar a lógica da própria teoria clássica do comércio internacional em nome do pragmatismo de curto prazo (Barbosa, 1891b, p. 127).

Assim sendo, o governo outorgou o Decreto 836, em outubro de 1890, o qual balizaria as novas pautas da política tarifária, cujos principais objetivos podem ser sumarizados em três pontos interrelacionados: a) estimular a produção nacional e, assim, despressurizar a Balança Comercial; b) promover maiores rendas alfandegárias, eximindo o Tesouro de novos empréstimos externos; e, por fim, c) criar um poder de barganha suficiente para negociar com maior altivez junto aos demais parceiros comerciais.

A reforma almejava, primordialmente, facilitar a entrada de matériasprimas empregadas na incipiente produção nacional, mormente as cadeias de alimentação e vestuário.1 Seu caráter seletivo revela o objetivo de, apenas e tão somente, embaraçar a entrada de artigos que competiam com similares nacionais,2 sem vislumbrar, porém, o estabelecimento de setores “artificiais” à economia brasileira, como a siderurgia ou a metalurgia.

1 A livre competição com economias de industrialização precoce tornava vantajosa a importação da maioria esmagadora dos bens de consumo não-duráveis. Em observação de forte simbolismo, o senador Amaro Cavalcanti alertava para o motivo de se importar até palitos-de-dente estrangeiros: “simplesmente por preguiça” (Bastos, 1949, p. 60).

2 De forma sumarizada, pode-se exemplificar este objetivo através do critério utilizado para a elaboração da reforma. Os produtos cuja entrada no país foi facilitada pertenciam à classe dos insumos, como por exemplo: materiais químicos destinados a adubos ou corretivos da indústria

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Neste sentido, Aguiar (1973) corrobora o entendimento de que o ministro estruturou a reforma “buscando retificar a corrente importadora, mediante uma política seletiva dos bens a adquirir e um estímulo à produção substitutiva daquilo que aqui se pudesse obter” (p. 177). De modo que o seu inegável viés protecionista justificar-se-ia na medida em que a experiência adquirida pelos países de industrialização precoce conferiu-lhes produtividade contra a qual não se poderia competir sem a introdução de mecanismos de defesa comercial: Nenhum país reúne, nos seus recursos naturais, proporções tamanhas e tão variadas, como este, para o desenvolvimento de indústrias poderosas e opulentas. Mas outros, principiaram muito antes de nós; e, para esmagar a nossa concorrência, ou dificultá-la, condenando-a à inferioridade, à atrofia e ao marasmo, bastam-lhes as vantagens inerentes a essa prioridade. Impossível será, pois, estabelecer-se a concorrência em condições equitativas, proporcionar-se ao trabalho nacional esse fair play, em que, aliás, consiste o objeto e o atrativo do regime livre, se não buscarmos ressarcir um pouco as desvantagens da nossa tardia entrada na arena da competência industrial mediante certa dose de proteção, moderada, temporária, mas compensadora (Barbosa, 1891b, p. 128).

Para mitigar a evidente contradição entre a política adotada e as suas (antigas) convicções teóricas, Rui Barbosa valia-se, como de costume, das mais distintas experiências internacionais. O relatório do Ministério da Fazenda apresentado em 1891 discorreu longamente acerca do desenvolvimento europeu, bem como do mais profícuo caso de industrialização recente, o norte-americano. Para ele, a pujança do recente órgão industrial estadunidense repousava, primordialmente, sobre sua política tarifária protecionista: “À aspereza de suas taxas se deve incontestavelmente a enorme acumulação de recursos financeiros” (Bastos, 1949, p. 129).

Ademais, delegou a própria recuperação econômica daquele país após a guerra civil ao exitoso funcionamento de seu aparelho protetor: “A União Americana refez as suas finanças, aboliu o curso forçado, converteu a sua imensa dívida pública, e em grande parte a extinguiu, apoiando-se nas alfândegas” (Barbosa, 1891b, p. 142).

O modelo de fomento à industrialização concebido por Rui Barbosa continha outras medidas além dos estímulos fiscais, creditícios e alfandeagrícola, alambiques destinados às usinas de açúcar; máquinas, ferramentas e outros instrumentos de trabalho; óleos animais, indispensáveis à indústria; assim como o querosene, chumbo, zinco, estanho, cobre fundido, ferro e vergalhões, entre outros. Já aqueles que contavam com concorrentes nacionais tiveram suas tarifas elevadas, como a carne seca e o arroz; mobílias, colchões, espanadores, redes e vassouras; algodão, cobertores, flanelas, copos, frascos, doces, velas etc.

(Bastos, 1949, p. 141).

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gários. Intrinsecamente relacionada à reforma tarifária, a controversa exigência de recolhimento dos impostos de importação em ouro perfazia a outra face do seu arquétipo de proteção à manufatura nacional.

O direito de importação em ouro A política substitutiva de importações do primeiro governo republicano não se limitou à simples elevação de algumas das tarifas aduaneiras. A obrigatoriedade de se liquidar o direito de importação em ouro atuou como a segunda perna de uma mesma pinça, cujo objetivo final era revalorizar a taxa de câmbio através da arrecadação tributária em divisa conversível, revertendo, assim, o déficit do Balanço de Pagamentos:3 “O móvel dessa medida estava, evidentemente, na intenção de auxiliar o governo a reunir no erário público a soma de moeda metálica indispensável às despesas, cuja satisfação não se pode realizar noutra espécie” (Barbosa, 1891b, p. 155).

O depósito compulsório em metal precioso –medida à qual já se havia recorrido em outras situações, e não apenas no Brasil, como na crise cambial de 1867– operou, além disso, como um “moderador das importações”, atenuando os efeitos nocivos que a especulação com base na constante variação da taxa de câmbio trazia à economia brasileira: “Essa reforma se destinava precisamente a acabar com a mais perigosa e a mais poderosa classe de especulação: a que se exerce no comércio importador, provocada, fomentada, autorizada pela arrecadação dos impostos de consumo em papel” (Barbosa, 1892, p. 129).

No que concerne ao seu efeito substitutivo, Rui assegurava que a cobrança em ouro não constrangeria as importações. “Não é protecionismo barato”, afirmava o ministro. Todavia, ao amparar-se na defesa proferida pelo professor Luis Rafael Vieira Souto, a tese da neutralidade era novamente relativizada, dado que o mesmo catedrático aquiescia, em algum grau, à restrição imposta pela medida à livre entrada de bens estrangeiros no país: “Se a medida tivesse sido tomada desde o primeiro ano da República, como pretendeu fazer o ministro Rui Barbosa, as importações não teriam sido exageradas, como foram de 1892 a 1897, e o Brasil não teria tido necessidade de passar pelo vexame da moratória de 1898” (Vieira, 1925, p. 306).

3 A cobrança dos direitos alfandegários em ouro foi estipulada em duas fases. Em 10 de maio de 1890, o governo instituiu a cobrança de 20% em ouro se a taxa cambial estivesse entre 20 e 24 pence por réis, e de 10%, se entre 24 e 27, cessando logo que a mesma atingisse o par. Cinco meses depois, o governo baixou o decreto 804, em 5 de outubro, a partir do qual cobrar-se-ia em metal precioso a totalidade do direito de importação.

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O próprio ministro não excluía a possibilidade de esta obrigação trazer algum tipo de embaraço às importações. Neste caso, o efeito colateral seria, ainda assim, duplamente positivo, pois além de preservar as divisas em território brasileiro, atuaria no sentido de fomentar a produção nacional: “Suponhamos, todavia, que se dá a redução [das importações]: a prosperidade do país, estimulada pelo desenvolvimento de outras fontes de renda, a suprirá. A indústria nacional, assim fomentada, poderá tributar-se de modo a compensar a diferença” (Barbosa, 1891b, p. 165).

Torna-se manifesto, desse modo, o intuito protecionista da política levada a cabo por Rui Barbosa. Seja através da reforma da alfândega, seja por meio da exigência de recolhimento do tributo de importação em ouro, o governo agia deliberadamente para incentivar as plantas industriais que aqui já haviam se estabelecido.

O nacionalismo em Rui Barbosa A retórica nacionalista subjacente ao discurso de Rui Barbosa traz à liça outro elemento não convencional de seu pensamento. O sempre presente anseio de “construir” economicamente a nação caberia, agora, ao regime republicano: “O Império fora prudência. A República será a audácia”, prometia o jurista (Viana, 1965, p. 197). Baseado no arquicitado exemplo norte-americano de desenvolvimento, o ministro da Fazenda procurava aqui reproduzir, com um século de atraso, o feito de Alexander Hamilton.

Erudito de vivência cosmopolita, Barbosa não se utilizava de elementos xenófobos para estruturar a sua ação. Ainda que tenha entrado em litígio financeiro com os países europeus –em especifico, Inglaterra–, seu projeto de desenvolvimento não excluía a participação do capital estrangeiro; buscava apenas enaltecer e proteger a soberania do novo país que emergia a partir do 15 de novembro: Mas o que lhe importa é que dê começo a governar-se a si mesmo; porquanto nenhum dos árbitros da paz e da guerra leva em conta uma nacionalidade adormecida e anemizada na tutela perpétua de governos, que não escolhe. Um povo dependente no seu próprio território e nele mesmo sujeito ao domínio de senhores não pode almejar seriamente, nem seriamente manter a sua independência para com o estrangeiro (Barbosa, 1921, p. 50).

A própria defesa da industrialização estava intimamente relacionada a esta necessidade de “edificação nacional”. Em nome dos interesses do país, Rui atestava que “a expansão da indústria tem que representar [...] um papel da maior importância, assegurando ao país a conservação dos

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capitais desenvolvidos pela exploração de sua natureza e da atividade dos seus habitantes” (Barbosa, 1891b, p. 180).

No seu entendimento, defender a nação era, antes de tudo, fazê-la crescer, ou seja, desenvolvê-la. Para tanto, fazia-se sine qua non a ruptura do monopólio comercial praticado por casas estrangeiras. Em um país em que a taxa de câmbio estava fortemente atrelada ao desempenho de suas exportações –baseadas em, praticamente, dois ou três produtos agrícolas–, o poder de especulação destes comissários internacionais fazia drenar para o exterior a renda aqui gerada: Ninguém ignora que o comércio das nossas praças mais importantes reside, na sua maior parte, em mãos de estrangeiros. Esses acumuladores de riqueza reservamna para a pátria, onde concentram as suas aspirações, e para onde retiram o capital adquirido, que, até hoje, não foi convenientemente taxada, ao menos para salvarmos, a benefício do país, uma quota módica dessas fortunas amontoadas à custa dele. Essa tendência constitui um fator permanente de depauperação nacional, invertendo contra nós a proporção real entre o ativo e o passivo das nossas relações comerciais com o estrangeiro (Barbosa, 1891b, p. 218).

Em momentos de não rara ousadia retórica, advogava medidas que retivessem os lucros no país –ponto sepulcral do discurso nacionalista de setores da elite política latino-americana do século xx–, pois somente assim cessaria “o monopólio da exportação dos nossos produtos, exercitada privativamente pelas casas estrangeiras no Brasil, as quais exploram o comércio dos frutos da nossa cultura a preços ditados pelo arbítrio dos interesses de uma especulação sem corretivos” (Barbosa, 1891b, p. 218).

Esta postura um tanto contenciosa –e insólita para os primeiros-ministros da época imperial– fez com que os países centrais se indispusessem com o novo governo brasileiro. Diversas foram as demonstrações da pouca vontade demonstrada pelos chefes de Estado europeus em relação aos planos econômicos preconizados por Rui Barbosa, a começar pela repulsa com que o golpe republicano havia sido recebido no velho continente.4 Conforme salienta Aguiar (1973, p. 173), Barbosa, com estas medidas, criava contra si “uma forte atitude de desconfiança por parte da finança alienígena”, a qual contribuiu decisivamente para a manutenção do baixo afluxo de capitais para a economia brasileira ao longo da década de 1890.

4 De fato, a transição de regime não havia sido bem recebida na Europa. O contrato estabelecido por Ouro Preto para financiar a dívida brasileira, no valor de 5 000 000 de libras esterlinas, fora cancelado logo após a proclamação da República: “O mercado estrangeiro, a City, o Sr. Rothschild tinham-nos declarado fechadas as suas portas, enquanto a constituinte não desse organização legal ao novo regime.” (Barbosa, 1900, p. 199).

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A experiência acumulada ao longo da vida não se lhe traduziu em complacência para com os países desenvolvidos. No papel de orador convidado para a formatura dos estudantes da faculdade de Direito de São Paulo, em 1921, o jurista, aos 72 anos de idade, desviou da temática doutrinária em mais de uma ocasião para, novamente exaltar, em tom chauvinista, a necessidade de se romper a dependência em relação às economias centrais: Não busquemos o caminho de volta à situação colonial. Guardemo-nos das proteções internacionais. Acautelemo-nos das invasões econômicas. Vigiemo-nos das potências absorventes e das raças expansionistas. Não nos temamos tanto dos grandes impérios já saciados, quanto dos ansiosos por se fazerem tais à custa dos povos indefesos e mal-governados. Tenhamos sentido nos ventos, que sopram de certos quadrantes do céu. O Brasil é a mais cobiçável das presas; e, oferecida, como está, incauta, ingênua, inerme, a todas as ambições, tem, de sobejo, com que fartar duas ou três das mais formidáveis (Barbosa, 1921, p. 50).

Ainda assim, não se poderia caracterizar o pensamento, e nem mesmo a ação de Rui Barbosa como abertamente beligerante em relação ao capital estrangeiro. A guinada nacionalista que passou a permear a retórica do novo governo era naturalmente explicável se contextualizada no momento histórico do final do século xix: o nascimento da República aliado ao início da industrialização do país. Litigiosa ou não, a manifestação ativa e altiva de um alto representante brasileiro –mais precisamente, o vice-chefe do movimento revolucionário– impunha-se pela primeira vez no cenário internacional, revelando uma ousadia inédita para o governo de um país periférico e subalterno.

Considerações finais Face às considerações expostas acima, faz-se notória a importância dos papelistas na história do desenvolvimento econômico brasileiro ao admitirem o crédito e o déficit público como indispensáveis para alavancar a economia. Ao Estado, portanto, não caberia apenas a tarefa de prover os bens públicos, como justiça e segurança, mas também a de utilizar-se dos instrumentos de política econômica para fomentar as atividades produtivas (Fonseca e Mollo, 2012, p. 29).

Homem de ideias ortodoxas, Rui Barbosa abdicou de parte de suas convicções teóricas para empreender, na prática, um plano consciente de desenvolvimento econômico, naquele que pode ser considerado, no Brasil, o primeiro ensaio desenvolvimentista antecipado, em quatro décadas,

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à revolução estrutural empreendida a partir do governo Vargas. No campo monetário, tal qual no alfandegário, o sacrifício de suas antigas propostas, em nome das necessidades do setor produtivo, demonstra a intencionalidade de se levar a cabo uma política de “desenvolvimento nacional”, expressão por ele cunhada, ineditamente, ainda nos anos 1890.

A ação de Rui Barbosa não se limitou a materializar os princípios papelistas. A defesa consciente da industrialização, envolta a uma retórica nacionalista, evidencia a visão sistêmica de seu pensamento. Tratava-se o desenvolvimento, portanto, mais do que uma opção deliberada, mas um objetivo a ser atingido através da atuação ordenada do Estado. Por meio de apenas um de seus discursos –talvez o mais preciso e eloquente deles–, observam-se cenas explícitas do que viria a ser, décadas mais tarde, o cerne da política desenvolvimentista adotada por sucessivos governantes brasileiros ao longo do século xx: Não nos basta, porém, ser austeros. Carecemos, não menos imperiosamente, de impulsar o espírito de progresso. Não nos encerremos nas teorias estreitas de certos utopistas, notáveis pela intransigência do seu fanatismo e pela sua incapacidade na prática das coisas humanas, que pretendem modelar o mundo por fórmulas abstratas, nunca experimentadas, querem reduzir o papel do Estado a uma perpétua desconfiança contra as maravilhas das grandes organizações industriais, e negam a vantagem, para as nações, da interferência discreta da administração provocando, acoroçoando, favorecendo os empreendimentos do capital, da riqueza acumulada, das grandes aglomerações do trabalho ao serviço da inteligência, da fortuna e da ambição temperada pelo patriotismo. [...] Ao Estado, nesta fase social, cabe sem dúvida um grande papel de atividade criadora, acudindo a todos os pontos onde o princípio individual reclame a cooperação suplementar das forças coletivas (Barbosa, 1889, p. 175, cursivo nosso).

Nas palavras de Fonseca (2004, p. 11) a importância dos papelistas –cujo nome de maior destaque foi, indiscutivelmente, o de Rui Barbosa– para a origem do desenvolvimentismo deve-se ao fato de este grupo ter afrontado “dogmas consensuais, por inaugurar uma concepção de política econômica que a tornava responsável pelo crescimento: o Estado poderia e deveria atuar como agente anticíclico”. Com o desenvolvimentismo, ia-se além: o objetivo passaria a ser o crescimento sustentado e de longo prazo, capaz de oferecer transformações estruturais e de encaminhar a sociedade a um nível superior de bem-estar: o desenvolvimento.

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Da casa moderna à habitação como mercadoria. Colômbia, 1942-1991 House modern housing as a commodity.

Colombia, 1942-1991 Juan José Cuervo Calle Universidade de São Paulo, São Carlos, Brasil, jjcc@sc.usp.br

Resumo: este texto aborda um panorama geral da habitação social na Colômbia entre 1940 e 1991, marco temporal que evidencia dois momentos importantes: aquele onde a moradia social é fortemente influenciada pelas correntes da arquitetura moderna, a consolidação das instituições estatais e as contribuições exercidas das missões internacionais: a participação do Padre Lebret, do economista Lauchlin Currie e da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (cepal). E um segundo momento que ilustra o enquadramento que teve a casa moderna na Colômbia como uma mercadoria por causa da estratégia de desenvolvimento econômico que o Estado planejou por meio de uma concentração dos recursos no financiamento, produção e construção de habitação social para tirar o país da crise enquadrando a casa no âmbito da acumulação do capital.

Palavras chave: habitação social; modernidade; missões internacionais; habitação como mercadoria.

Abstract. This text takes a general overview to the social housing in Colombia in between the years of 1940 to 1991, a temporary stage that evidences two important moments. The first one, where the housing is strongly influenced by modern architecture movement, the consolidation of state institutions, and the contribution made by the international missions: father Lebret participation, the economist Lauchlin Currie, and the Economic Commission for Latin America (ecla). A second moment that illustrates the framework that modern house had in Colombia as commodity as a consequence of the State’s economic development strategy that was planned throughout a concentration of resources in the financing, production, and construction of social housing in order to get the country out of crisis typecasting the house in the field of capital accumulation.

Key words: social housing; modernity; international missions; housing as a commodity.

Artigo recebido: 9 de setembro de 2013. Artigo aceito: 4 de junho de 2014.

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Introdução

A

habitação social moderna latino-americana, geralmente caracterizada por ótimas condições espaciais, sofreu depois da segunda metade do século xx uma mudança como mercadoria, que trouxe um decaimento na qualidade arquitetônica, assim como a queda das instituições estatais encarregadas da produção habitacional de interesse social; as principais cidades colombianas não foram alheias a este processo.

Diversos fatos e acontecimentos no panorama nacional enquadram o desenvolvimento da habitação social na Colômbia em vários estágios que fazem referência à ação direta do Estado colombiano (Arango, 1989; inurve, 1996, p. 17). Neste caso o período específico de trabalho para este artigo se concentra entre 1942 e 1991, período no qual o Estado realizou uma destacável participação através de uma série de projetos de moradia social; além que é um marco temporal determinado pela intervenção da institucionalidade, destacando o desenvolvimento de inumeráveis soluções de habitação de altíssima qualidade por parte do Estado, processo que entrou em uma etapa de decadência no começo dos anos 1980.

O texto é desenvolvido em duas partes. A primeira aborda um panorama geral da habitação social na Colômbia entre 1940 e 1972: identifi­ca-se de qual modo a habitação social se tornou um tema de discussão política (pública) na Colômbia, na medida em que o Estado avançou desde a década de 1920 com o seu processo de modernização; principalmente, por meio do surgimento de instituições como o Instituto de Crédito Territorial (em diante ict), o Banco Central Hipotecario (em diante bch), o Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento Urbano (em diante Cinva), entre outras; a incorporação do planejamento macroeconômico recomendado pelas missões assessoras estrangeiras –Lebret, Currie e cepal–; e, as influências das discussões da arquitetura moderna; tendo como resultado mecanismos para um desenvolvimento integral (econômico e urbano) com a consolidação de uma série de políticas públicas de habitação fortalecendo a gestão e produção de habitação. Este marco temporal especificamente é delimitado pela criação em 1939 do Instituto de Crédito Territorial, momento inicial de participação formal do Estado em âmbito nacional na gestão e construção de habitação social, até 1972; momento que dá conta da transição entre as instituições estatais encarregadas da produção de moradia, para um direcionamento na criação de novas agências estatais e empresas privadas para atender o déficit habitacional. Aqui, as instituições existentes teriam novos rumos e encontrariam apoio na criação de bancos, associações mutuárias e de poupança. Este ano é coincidente com o estabelecimento das Normas Mínimas de Urbanización, Servicios Públicos y Comunitarios com as que se reduziram ao máximo

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as especificações dos diversos componentes das áreas residenciais: vias, lotes e espaços integrantes. Estas normas mínimas, junto às conjunturas econômicas, culturais, institucionais e políticas, ajudaram ao começo de uma nova etapa na mercantilização da moradia.

Posteriormente, na segunda parte, consideram-se alguns aspectos que tornaram, a começos da década de 1970, a habitação moderna um bem enquadrado como mercadoria; processo que foi levado à cabo aproximadamente entre 1972 e 1991, momento de fechamento concretizados na Lei 3a. de 1991. Aqui se explicam as preocupações causadas pelas migrações às principais cidades, que tiveram como consequência um elevado déficit habitacional. É de nosso interesse, além, esclarecer a estratégia de desenvolvimento econômico que o Estado planejou por meio de uma concentração dos recursos no financiamento, produção e construção de habitação social para tirar o país da crise tanto de habitação quanto econômica. Este item busca também compreender a tendência que os colombianos têm de fazer investimentos da poupança em habitação, assunto que ajuda a acentuar a mercantilização da casa no setor imobiliário, enquadrando assim a habitação social no âmbito da acumulação do capital para investimento em diferentes áreas.

A relevância de estudar estes dois períodos está em discutir algumas das causas históricas que consolidaram a casa moderna na Colômbia, a crise da habitação social, variáveis e atores da moradia social moderna e o trânsito para uma habitação como mercadoria, evidenciando alguns dos fatores que a determinaram como tema de discussão política e econômica.

O estabelecimento institucional e as missões assessoras estrangeiras como contribuição para a produção da habitação moderna em

Colômbia: 1942-1972

No contexto latino-americano, produto do pós-guerra mundial, muitos dos centros urbanos evidenciaram um acelerado processo de urbanização, derivado dos deslocamentos da população urbana (de pequenos povoados) e rural constituídos como 60% do total da população (Currie, 1961a, p. 2).

Na Colômbia, foi o momento da modernização do setor agropecuário e o arranque do desenvolvimento capitalista, incluindo o setor da construção.

Embora este panorama fosse positivo para alguns setores da economia, o país não foi alheio ao processo que experimentava América Latina: um exacerbado índice de crescimento demográfico, um aumento desigual na distribuição de terras e ingressos, concentração da propriedade rural no campo, expansão da fronteira agrícola, desemprego e, sobretudo, as migrações rurais e urbanas pelas quais a população camponesa fugia da

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violência gerada pelas diferenças partidárias entre liberais e conservadores (Bejarano, 1991, p. 210) (ver quadro 1).

Entre as décadas de 1940 e 1960 a população dos principais centros urbanos colombianos aumentou consideravelmente por causa das migrações, crescendo em mais de 60% (ver quadro 2); o que significou transformações no mercado de terras, especulação de terrenos e mudanças tanto na gestão quanto na produção de moradia. Além disto, este acelerado crescimento populacional trouxe consigo a intensificação de tugúrios e bairros subnormais (Cinva, 1952, p. 35) (ver imagem 1-2) exigindo uma meta da construção de umas 300 000 habitações de baixa renda em toda Colômbia (dane, 1973).

A intenção modernizadora do Estado, desde o início do século xx, favoreceu a consolidação institucional e a instauração de mecanismos de planejamento e desenvolvimento derivados das sugestões das missões estrangeiras, da academia e dos centros de experimentação dirigidos à solução de problemas urbanos e moradia, gerando uma tensão entre a marginalidade e o desenvolvimento.

Neste contexto, no final de 1940 e começos de 1950, se promoveu um planejamento dirigido ao desenvolvimento urbano entendido como um processo integrado e contínuo do melhoramento do hábitat e do bem-­estar pessoal da população marginal. Desde então, o Estado colombiano empreendeu uma cruzada para converter o planejamento integral no fundamento político do planejamento e do desenvolvimento na escala nacional; a moradia foi um pilar fundamental para este processo. O desenvolvimento econômico e o desenvolvimento urbano fixaram as bases para o estabelecimento do planejamento integral na Colômbia como resultado de uma somatória de fatos: Das missões estrangeiras Foram várias as missões econômicas estrangeiras que aportaram ao desenvolvimento integral do país na primeira década do século xx, podem-se ver ainda mais duas missões estrangeiras importantes na primeira metade do século xx: a missão Kemmerer de 1923 e a de 1930; algumas solicitadas pelo governo colombiano e outras no marco de acordos com organismos internacionais; para nosso caso, por delimitação espaciotemporal e temática, interessam particularmente três cenários: o gerado ao redor da missão Currie, Lebret e cepal pelo seu aporte direto no tema da habitação social.

Com o apoio do Banco Mundial, se realizou entre 1949 e 1950 o Plan de Fomento Económico para Colombia, cenário no qual foi criado a Misión del Plan de Fomento, com o propósito de fazer um diagnóstico da

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Quadro 1. Natalidade e mortalidade nos principais departamentos de Colômbia (Taxas por 1 000)

Departamento

1938-1951 Natalidade Mortalidade

Cundinamarca 37.2 14.3 Antioquia 39.1 15.9 Atlántico 36.4 11.6 Valle 37.7 15.6

1951-1964 Natalidade Mortalidade 38.1 9.6 46.5 10.8 37.6 – 38.4 10.5

Pode-se ver o alto incremento de mortes nas décadas de 1930 e 1950, principalmente em Antioquia e Valle.

Fonte: Quadro modificado. As informações foram tiradas da ficha original. Departamento Nacional de Estadística (em diante dane) (1964). Censo de População. Bogotá: dane.

situação atual do país e expor os programas pertinentes; além das reformas necessárias para o andamento do progresso e o desenvolvimento do país.

Foi o primeiro programa com dimensões importantes para o planejamento nacional com apoio internacional, o seu diretor foi o economista canadense Lauchlin Currie. O contexto da missão Currie começa em 1948, quando em Bogotá tem lugar a Conferência Panamericana e se desata a comoção social conhecida como o bogotazo. A proposta do professor Currie foi feita em duas etapas. O principal objetivo expressado pelo Banco Mundial para a primeira etapa entre 1949 y 1950 desembocou nas Bases de um Programa de Fomento para Colombia (Currie, 1951) como se chamou o primeiro informe dirigido pelo professor Currie e publicado em 1951 por meio do Banco de la República. Este informe constituiu o primeiro diagnóstico da situação de atraso e pobreza na qual estava submergido o país; se destaca o baixo nível de vida da população, refletido na carência de elementos básicos como saúde, educação, moradia, bens, e serviços (López, 2011, p. 32).

Neste informe, Currie dedica grande parte ao tema da administração dos governos locais e aos serviços públicos; estimava, por um lado, que os governos municipais estiveram equipados para gerenciar as suas responsabilidades, mas sob o controle da administração nacional. E, por outro, que o desenvolvimento futuro dos serviços públicos se fizesse na sua maioria sob os auspícios do governo, já que o problema fundamental que se apresentava ao redor deles residia na extrema debilidade e pobreza do muitos dos municípios (Malagón e Pardo, 2009, p. 16).

Segundo Currie, o fator de sucesso das empresas dedicadas aos serviços públicos estava no grão de autonomia que estas pudessem manter, principalmente, nas grandes cidades; pois estas apresentam vantagens so-

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330 312 168 266 33 245 101 883

43 38.9 31.5 41.7

648 324 358 189 47 354 284 186

53.9 60.6 27.9 83.2

1 697 311 772 887 104 471 637 929

67.7 60.1 61.9 63.3

Fontes: Quadro modificado. As informações foram tiradas da ficha original. Colunas A e B: Departamento Administrativo Nacional de Estadística [Dane] (1951). XII Censo Nacional de Población, II de Edificios y I de Vivienda. Bogotá, Colombia, e coluna (C): dane (1964).

Bogotá Medellín Barranquilla Cali

1938 (A) 1951 (B) 1964 (C) Principais Crescimento Crescimento Crescimento capitais População (Porcentagem) População (Porcentagem) População (Porcentagem)

Quadro 2. Crescimento demográfico dos principais centros urbanos

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Fonte: Molina, L. (2001). Fotografía de arquitectura en Medellín, 1879-1960. Medellín: Universidad de Antioquia.

Imagem 1. ASSENTAMENTO SUBNORMAL NA CIDADE DE MEDELLÍN, 1950

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Fonte: Molina, L. (2001). Fotografía de arquitectura en Medellín, 1879-1960. Medellín: Universidad de Antioquia.

Imagem 2. Assentamento subnormal em cidade de Medellín, 1960

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bre as pequenas, já que permitiam que o estado pusesse à disposição de um maior número de pessoas serviços públicos de qualidade à baixo custo, até porque constituem uma base mais sólida para o crescimento econômico nacional. Ou seja, segundo Currie, o crescimento econômico nacional devia passar primeiro pelo crescimento das grandes cidades, e estas por sua vez terem um efeito indutor na economia do país (Gouëset, 1998, p.

187). Este informe registrou as bases do planejamento macroeconômico que aprofundaria posteriormente na sua segunda aparição.

Em novembro de 1961, apareceu de novo Currie por encargo da Fundación para el Progreso de Colombia para fazer um segundo diagnóstico. Currei propôs a Operación Colombia, entregue no mesmo ano como resultado de doze anos de cuidadosa observação (Currie, 1961b). Neste caso o objetivo era anunciar as bases para um programa coerente e global de desenvolvimento com a adoção de umas políticas dirigida a criar nas cidades oportunidades de trabalho melhor remunerado para os habitantes do campo e das pequenas populações; ou seja, é uma proposta orientada a elevar o nível de vida da população mais pobre por meio do desenvolvimento de formas e sistemas para criar mais empregos produtivos e resolver o problema agrário, dando um grande impulso à industrialização e à tecnificação da agricultura, educação, saúde e moradia aceitável.

Ainda, com fortes críticas formuladas por vários setores da opinião pública e do Estado na Operación Colombia, Currie (1982, pp. 10-14), para incentivar as esferas agrícola e industrial, propõe levar a força de trabalho dos campos às cidades, destinando-a para atividades que requeressem obreiros não qualificados, como a construção de habitação. Em que pese à contundência das propostas, –baseadas nas estratégias macroeconômicas de construção de habitação urbana, que em certa medida tentavam diminuir tanto a marginalidade quanto a informalidade (Currie, 1961b, pp. 49-53)– a maioria foi recusada no governo de Carlos Lleras Restrepo, 1966-1970, mesmo com seu notório interesse no tema (Currie, 1961a, pp.

6-8); mas aceitada anos depois no mandato do presidente Misael Pastrana Borrero, 1970-1974, em seu plano de desenvolvimento chamado Las Cuatro Estrategias.

Em termos de moradia, Currie considerava necessário concentrar esforços em um programa massivo de construção de habitação de baixo custo e serviços públicos nas cidades que tivessem perspectivas de oferecer um alto nível de empregos permanentes: “Un amplio programa de vivienda popular crea por sí misma nuevas oportunidades de empleo en la construcción, y en la producción de los materiales de construcción y en los transportes, pagando niveles de salarios urbanos. La capacidad de compra de estos salarios adicionales será gastada inmediatamente en bienes de consumo” (1961a, p. 9). Esta seria a estratégia no setor da construção

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como meta alternativa para a saída de um déficit de mais de, em média, 39 000 habitações anuais (Currie, 1961a, p. 9) (não só causado pelas migrações, mas pela formação de novas famílias), tentando superar a média de 18 000 moradias anuais construídas pelo Estado entre 1958 e 1960 (Currie, 1961b, p. 49). Para cumprir esta meta propõe dois objetivos fundamentais: o primeiro é dar continuidade à construção de habitação de casas unifamiliares, impulsadas pelo Estado desde 1940, e fortalecer a produção de edifícios de apartamentos (Currie, 1961b, p. 52); até o momento, só construídos em lotes estratégicos no centro das principais cidades, como tática de especulação de terrenos. E, o segundo, ressalta um marcado interesse por aproximar a empresa privada à execução de habitação econômica, oferecendo-lhe poderosos estímulos para atrair o capital, pois o Estado por si mesmo era incapaz de solucionar o crescente aumento anual de déficit habitacional. A partir destas ideias foi que se iniciou a consolidação da participação do setor privado na Colômbia para ajudar a solver a necessidade de habitação.

Neste mesmo contexto (finais da década de 1950 e começos de 1960), se destaca o desenvolvimento do Estudio sobre las condiciones del desarrollo en Colombia contratado por meio do centro de Economía y Humanismo e dirigido pelo padre Louis Joseph Lebret. Estudo que fez um detalhado diagnóstico da situação do país, no qual foi incluído o tema da habitação (Ceballos, 2008, pp. 92-93). A Missão Lebret produziu um diagnóstico da população tanto rural quanto urbana. Estudou-se a qualidade de vida da população de baixos ingressos, as suas demandas de consumo e dotação de serviços a cargo do Estado, evidenciando um panorama geral da situação econômica do país. O seu objetivo era permitir um conhecimento da realidade humana, social e econômica básica para alcançar um melhoramento nos níveis de vida do país. Encontrou-se, segundo o informe Lebret, uma população com comportamentos antieconômicos, utilização irracional da terra, exagerado consumo das mercadorias estrangeiras que poderiam ser prescindidas, ou no caso, se poderiam produzir no país; projetos urbanos muito custosos insuficientemente estudados, escasso interesse na pesquisa científica, entre outros aspetos (Lebret, 1958). Lebret prognosticou o fracasso da Colômbia se não efetuava grandes mudanças nos seus costumes e mentalidade, se a orientação do desenvolvimento não se fizesse com base em estudos continuados e precisos e se não adiantasse com firmeza as resistências atrasadas e egoístas (Árevalo, 1997, pp. 16-17).

Poderíamos dizer que com o estudo do padre Lebret na Colômbia, se introduziu a planificação moderna no país já que se produziu um primeiro diagnostico baseado em cifras e indicadores (Saldarriaga, 2003, p. 30) que por primeira vez permitiu ler as condições da população tanto camponesas quanto urbanas de forma quantitativa.

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O padre Lebret traz para a Colômbia uma metodologia de análises profunda para a moradia, tanto rural quanto urbana, refletida no Manual de Encuesta Social (Lebret, 1961). Neste amplo manual, entre muitos elementos de análises, identifica a vida familiar; incluindo a habitação como um componente muito importante: analisa as condições qualitativas das moradias por meio de enquetes, uma rural e outra urbana, aplicada nas principais capitais. Contemplaram-se vários aspetos referentes à habitação: áreas, número de habitantes por quarto, qualidade da construção: facilidades, ventilação, incidência solar, disponibilidade da água, banheiros e sanitários, iluminação, móveis, conforto doméstico, transporte e meios culturais. No que tange o assunto urbano, foram analisados os níveis de vida existentes no entorno dos bairros populares (Lebret, 1958, pp. 79-105).

O informe evidenciou a habitação como um problema grande para todo o país com tipologias e materializações descontextualizadas com respeito ao clima e à cultura, autoconstrução sem conhecimentos técnicos (Lebret, 1958, p. 79), espaços reduzidos ao interior das habitações com relação ao seu número de habitantes, mobiliário e utensílios insuficientes, assim como ausência de escolas domésticas para as donas de casa (Lebret, 1958, p. 91). Com relação ao urbano, encontrou-se uma adequada correlação entre a moradia e o urbanismo, na qual, este último, resultou com a melhor avaliação com relação à moradia, mas na que persiste uma relação direta: a melhor qualidade urbanística, melhor qualidade de habitação.

Porém, na maioria das cidades se achou uma rede elétrica e de esgoto insuficiente, coleta do lixo precário e inexistência de espaço público adequado (Lebret, 1958, p. 93). Tanto os achados com relação à habitação quanto ao urbano, serviram para identificar a concentração e a desigualdade na distribuição da terra nas cidades e no campo e para começar a procurar medidas corretivas para esta tendência (Sojo, 1967, p. 7), a introdução do conceito de déficit como quantificação do problema da habitação; mas, principalmente, a “incidência na definição de políticas públicas” (Fique, 2006, p. 22) em várias áreas que assentaram uma base na normativa da habitação e no desenvolvimento de planos urbanos para o crescimento das cidades “inspirada en la justicia y consolidada en la democracia” (Sojo, 1967, p. 59).

Em 1958, o mesmo ano em que se levou à cabo a missão Lebret, começou a preparação para o que seria a segunda missão cepal para Colômbia.1 1

A primeira missão foi realizada em 1954, logo depois de ser criado o cepal. O documento apresentou um balance global do desenvolvimento histórico da economia colombiana e das caraterísticas da situação desse momento. Portanto não é de nosso interesse fazer uma citação do assunto.

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Dois anos mais tarde se realizou em Bogotá um encontro convocado pela Organização dos Estados Americanos para estudar a formulação de medidas para uma eventual cooperação econômica continental a fim de fazer frente às necessidades sociais. Com este propósito Estados Unidos estabeleceu o Fondo Especial Interamericano de Desarrollo (fid) criado em 1961 para financiar programas de reforma agrária, de aqueduto, de habitação e de educação. Como resposta a este fundo econômico, em agosto do mesmo ano se levou à cabo o encontro em Punta del Este (Uruguai), onde se assinou a carta Declaración a los Pueblos de América Latina por meio da qual os países signatários se comprometeram a “acelerar el desarrollo económico y social, a fin de conseguir un aumento sustancial y sostenido del ingreso por habitante, para acercar en el menor tiempo posible el nivel de vida de los países latinoamericanos al de los países industrializados” (Monteverde, 1967, p. 149) por meio de um plano de desenvolvimento econômico de acordo com o estabelecido em Punta del Este. Colômbia foi o primeiro país em apresentar um plano de desenvolvimento econômico para a obtenção do financiamento externo oferecido pelos Estados Unidos (Árevalo, 1997, p. 18). Tratava-se de tornar a Colômbia uma potência industrial, um país exportador e produtor de mercados competitivos; de estimular o espírito moderno para a empresa privada. Tratava-se, além disso, de aumentar o setor agrícola distribuindo uma terra abatida por constantes conflitos políticos e de pobreza.

Em termos de moradia a missão cepal, para dar cumprimento ao seu objetivo de acelerar o desenvolvimento, converteu a habitação em uma das ferramentas mais importantes de política macroeconômica utilizando o excesso de força de trabalho na construção de habitação e não como motivo do aumento do problema. Compreendeu-se que a produção de habitação em si mesma não solucionava o problema do déficit se esta não se encontrasse abrangida por uma política global de desenvolvimento.

Em resumo, as missões internacionais alertaram ao Estado do grave problema da habitação na Colômbia por conta dos baixos níveis de desenvolvimento acusados: compreendeu-se que o déficit habitacional deveria ser atenuado não só em termos quantitativos, mas qualitativos; reconheceram-se as limitações de produção de moradias por causa de técnicas de construção antieconômicas, sobre os entraves de uma oferta muito baixa frente uma demanda muito alta, os problemas de aceso ao mercado por parte da população, especialmente a mais pobre; o alto custo da terra nas principais cidades, a localização de planos de habitação periféricos que geravam altos valores pela extensão de redes e serviços. Conscientizou-se aos diferentes entes governamentais da importância de programas massivos integrais de habitação barata, sobre a implementação de políticas e instrumentos que permitissem atender a demanda habitacional, do melho-

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ramento do equipamento urbano dos bairros existentes, das vantagens de aproximar o capital do setor privado à construção de habitação; além da importância de definir a construção de moradias como uma ferramenta da política macroeconômica e como um dos motores mais importantes da economia nacional.

Das instituições Embora muitas tenham sido as instituições que intervieram e aportaram na produção, construção e financiamento de habitação social na Colômbia, das principais instituições de orden nacional podemos mencionar a Caja de Crédito Agrario, 1931; o Banco Central Hipotecario, 1932; a Caja de Vivenda Popular, 1942; a Caja de Vivienda Militar, 1947; o Fondo Nacional del Ahorro, 1968. E na ordem local achamos o Instituto de Acción Social, 1927, e a Caja de la Vivienda Popular, 1942, em Bogotá. Temos Corporación de Vivienda y Desarrollo Social (Corvide), 1953, em Medellín e Instituto de Vivienda de Cali (Invicali), 1966, em Cali.

Poderíamos afirmar que foi o Instituto de Credito Territorial (ict) e o Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento Urbano (Cinva) as instituições que mais protagonismo tiveram neste sentido. O ict foi estabelecido em 28 de janeiro de 1939 com o Decreto legislativo 200, orientado inicialmente para o fomento da habitação rural e elevar a qualidade de vida da população camponesa (ict, 1995, p. 19). Depois, com a expedição da Lei 46 do mesmo ano, se impulsionou a construção de moradias agrárias higiênicas, ficando a cargo do Instituto recém-criado (Monsalve, 1954, pp. 15-18). Em 1942 com o Decreto 1549 foram abertas as Seccionales de Vivienda Urbana (svu) para tentar dar cobertura à forte demanda das ondas de imigrantes que chegavam às principais cidades (Lleras, 1980, p. 68).

Assim, por meio do ict se deu um giro que correspondeu à mudança de um país rural a um país de cidades (Fique, 2006, p. 21). Neste mesmo ano, por meio do Decreto 380, o governo nacional ditou medidas na busca de tentar fomentar a indústria da construção, assim como o melhoramento da moradia popular existente por meio de recursos do Ministerio de Hacienda e Crédito Público, para o fomento dos chamados “bairros populares modelos” como unidades de moradia dotadas de serviços comunitários, regulamentando a sua construção; onde o ict teve uma participação fundamental (Lleras, 1980, pp. 65-73).

A influência do ict sobre o desenvolvimento tanto urbano quanto aos modelos arquitetônicos habitacionais modernos foi muito considerável. O ict foi um agente decisivo nas políticas governamentais que atribuíram um papel fundamental à entidade no planejamento do desenvolvimento

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urbano e na ingerência de normas de urbanização, definindo orientações de adiantamento urbano tanto nas cidades principais quanto nos centros urbanos intermédios do país. Seus programas próprios de habitação adotaram muitas das recomendações das missões estrangeiras, por exemplo, a construção massiva de habitação como instrumento propulsor da economia nacional, o trabalho continuo sobre assentamentos existentes no melhoramento de bairros e no desenvolvimento de progressivo de zanas subnormais de habitação, o fato de prover equipamento integral básico como escolas, centros de saúde e comunais; assistência técnica em programas de autoconstrução, remodelação de moradia, legalização de habitação e terras, densificação de prédios no perímetro urbano, subdivisão de habitação para aluguer e para venda, atenção a desastres e calamidades públicas, o ênfase na dotação de serviços públicos e lotes com serviços; além das discussões levadas à cabo nos Congressos Internacionais de Arquitetura (ciam), evidenciadas em muitas das materializações propostas.

Na década de 1950 o cenário urbano é concebido como um centro de atenção de diversas instituições acadêmicas e políticas, que definiram as condições para a consolidação do ensino, pesquisa e prática do planejamento em centros educativos, oficinas e no trabalho dirigido por escritórios de planejamento. Ao redor desta estratégia surgiu o Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento Urbano (Cinva), que, em conjunção com a institucionalidade, os centros acadêmicos e as missões estrangeiras, dariam forma à habitação moderna em Colômbia.

O intuito exposto pelo Cinva era a habilitação das comunidades para a autoajuda (ou autoconstrução) e promover um desenvolvimento integral.

A partir de 1952 o Cinva liderou numerosas experiências de participação comunitária e uma assessoria (técnica) para estimular o desenvolvimento social integral das comunidades, tendo a habitação como ponto chave de ação (Peña, 2008, pp. 187-188). O programa Cinva, produto da Organização dos Estados Americanos, buscou atender o déficit de moradia em populações marginais; a sua metodologia de trabalho se orientou na redução de custos na produção de habitação, pesquisa, materiais de construção e novas tecnologias, além de inserir a participação comunitária como elemento importante nos programas sociais do Estado.

A participação da indústria como produtora de moradia social entre 1950 e 1970 também foi fundamental. Foram muitos os bairros obreiros construídos pelas empresas industriais nas imediações das fábricas, tanto a participação de entidades de natureza caritativa, fundações católicas e sociedades sem fins lucrativos. Também se teve a ação de cooperativas obreiras e profissionais independentes. Em todos estes casos, a norma urbana, dificilmente evidente, operava por concorrência de saberes e boas doses

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de sentido comum (inurve, 1996, p. 275), pois não existia uma normativa clara para a construção de moradia, especificamente social.

Este primeiro período, foi portanto, um laboratório experimental em matéria de habitação por parte das instituições estatais e não governamentais, conseguindo uma grande capacidade de resposta aos desajustes do crescimento urbano (por migração), embora não suficientes (ver quadro 3). A presença do setor institucional, ainda, permitiu inscrever ao país no contexto internacional sob um sistema de produção (com o Instituto de Crédito Territorial), de financiamento (através do Banco Central Hipotecario) e experimental (com o Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento Urbano).

Porém, o mais importante das instituições foi a sua intencionalidade por mitigar o acelerado déficit habitacional e de serviços públicos como resposta às mais de 60 000 novas famílias anuais que chegavam aos principais centros urbanos, entre 1960 e 1970 (dane, 1973); todas carentes de domicílio. O acelerado déficit, que desde 1950 até 1972 tinha aumentado mais de oito vezes, era cada vez mais crítico; como consequência da baixa capacidade edificadora do Estado em relação às altas taxas de crescimento da população urbana, cujo aumento estava entre 1950 e 1960 em torno de 6.6% (ver quadro 1) e, entre 1960 e 1970, foi de 7.2% (ver quadro 4). O que evidencia uma incapacidade das famílias para demandar uma habitação e a impossibilidade da estrutura econômica para produzi-la. A magnitude e realidade do fenômeno ajudam a compreender a implementação de constantes mudanças nas políticas públicas de habitação na Colômbia durante este primeiro período.

Das discussões da arquitetura e do urbanismo moderno No desejo de se inscrever nos discursos do urbanismo moderno europeu, onde se fundamentou o papel da produção industrial de habitação com uma clara e otimista fé na máquina (especialmente com a edificação de uma moradia em massa higiênica), a ideia de mobilidade, flexibilidade e liberdade; o uso das novas tecnologias e os novos materiais proporcionou à arquitetura instrumentos para ajudar a transformar a sociedade (Aymonino, 1973, pp. 88-97). Muitas das instituições que operavam na Colômbia em matéria de habitação, não foram alheias a estas influências.

O discurso do planejamento urbano a partir de funções fundamentadas em uma ótima circulação –em torno à eficiência e a utilidade para o cidadão–, na precisão de usos e atividades e materializações comparáveis a uma máquina, dominou uma grande parte da percepção institucional no momento da projetação espacial da habitação e da cidade. O pensamento

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– – – – – – 87 000 – – – – – 115 000 28 000 – – – – 131 400 16 000 – – – – 175 000 44 000 – – – – – 34 666 (P) 107 409 – – – 219 000 – 193 509 (P) 86 100 – – 280 000 61 000 279 610 86 101 – – 332 000 52 000 – – – – 380 000 – – – – – – – – – 600 000 – 618 000 – – – 618 000 18 000 637 000 – – – 744 000 126 000

Nota: (P): projetada. O incremento anual foi calculado pelo autor.

Fontes: coluna A: Centro Nacional de Estudios de la Construcción (1976). Déficit de vivienda en Colombia 1964-1973 y proyecciones 1974-1980. Bogotá, Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional (cenac); coluna B: Instituto de Crédito Territorial (1955). Instituto de Crédito Territorial. Una política de vivienda para Colombia. Bogotá: Seminario Nacional de Vivienda, e Instituto de Crédito Territorial (1969). Instituto de Crédito Territorial, 30 años de servicio. Bogotá: s. e.; colunas C e D: G. Murillo e E. Ungar (1978). Política, vivienda popular y el proceso de toma de decisiones en Colombia. Análisis de la coyuntura actual y viabilidad de las soluciones propuestas durante el Frente Nacional (pp. 119-124). Bogotá: Universidad de los Andes.

1950 – – 1951 – – 1953 – – 1955 – – 1956 – – 1958 – – 1960 – – 1962 – – 1964 362 983 – 1966 – – 1969 – – 1970 – – 1972 – –

Ano A B C D

cenac ict Cinva dnp

Incremento Incremento Incremento Incremento

Déficit anual Déficit anual Déficit anual Déficit anual

Quadro 3. Déficit quantitativo da habitação urbana na Colômbia, 1950-1972

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da habitação desde as faculdades de arquitetura se inscrevia nos paradigmas do espaço moderno e os ciam (especialmente os primeiros congressos II e III, dedicados ao tema da habitação) como o seu máximo referente: funcionalismo, uniformidade e universalidade, entre outras considerações.

Este forneceu novas perspectivas projetuais e tecnológicas induzindo tanto arquitetos quanto políticos em propor parâmetros na gestão e produção de habitação. É assim como surgiram ótimas propostas de habitação moderna nas principais cidades, uma arquitetura capaz de responder às necessidades do homem moderno, às exigências da cidade, a uma espacialidade com a faculdade de albergar os novos equipamentos e mobiliários, mas principalmente, uma habitação com capacidade de enaltecimento da população obreira. Bairros como Los Alcazares em Bogotá (ver imagem 3) e o bairro Los Libertadores em Medellín (ver imagem 4) representam uma arquitetura funcional, que existe e se faz singular, que é significativa, que se sustenta em si mesma.

A necessidade de pensar a moradia de maneira diferente nas faculdades, nas instituições, no Estado, exigiu novas formas de relação da habitação, da cidade, da indústria, das novas práticas e hábitos interiores desejosos de mudar as desusadas convenções rotineiras nos modos passados de compressão da habitação; de incorporar aquela nova linguagem moderna aceitada por uns e recusada por outros, mas enriquecendo essas enrarecidas formas com formulações e expressões camponesas próprias da época, animando-a e resignificando-a.

A partir da década de 1940 e até começos da década de 1970, com o ict e outras instituições financeiras, começou na Colômbia a produção de casas sócias modernas; não uma arquitetura menor, mas a fabricação de uma habitação de qualidade pensada para o homem seguindo as doutrinas da humanização do espaço doméstico expostos nos Congresso de Arquitetura Moderna: espaços aptos para incorporar qualquer tipo de conteúdo, de pessoas, de cultura, de condições locais (ver figura 1).

A habitação social moderna na Colômbia neste período é, portanto, a somatória de múltiplas tensões e não da individualização de diversos fatos.

A conjunção, podemos concluir, está conformada principalmente pela resultante da institucionalidade, da influência da arquitetura moderna e das diversas formas de cooperação internacional.

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Fonte: El nuevo barrio Los Alcazares (outubro de 1949). (afachada etapa 37, p. 4; bplanta típica das habitações, p. 4; cplano geral, p. 3). Revista Proa, 28.

c

a b

Imagem 3. Bairro Los Alcazares, bogotÁ

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Imagem 4. Bairro Los Libertadores, medellín

Fonte: inurbe (1996). Estado ciudad y vivienda. Urbanismo y arquitectura de la vivienda estatal en Colombia, 1918-1990. Bogotá: Corporación Colegio de Villa de Leyva/cehap/citce.

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O enquadramento econômico da casa na Colômbia. A habitação como mercadoria: 1972-1990 Este item evidencia um processo de trânsito no qual a habitação moderna começa a se enquadrar como uma mercadoria afastando-se de muitas das recomendações socioculturais oferecidas pelas missões internacionais (Lebret), assim como muitos dos princípios modernos que privilegiavam o ser humano como centro do espaço. Foi Currie quem mais se aproximou de uma proposta de mercantilização da moradia ao redor dos direcionamentos econômicos e políticos do país. Mas outros fatos também ajudaram no processo de acentuação de mercantilização no setor imobiliário durante este segundo período de estudo. Por um lado, temos o forte conflito social derivado principalmente do problema do narcotráfico evidenciado por volta da segunda metade de 1970; e, por outro lado, está a tendência histórica que os colombianos têm de todas as classes sociais no investimento de suas poupanças em habitação e terra.

Dos conflitos sociais A partir de nosso segundo período, a habitação na Colômbia chegou a uns de os seus piores momentos (ver quadro 4) como consequência do fracasso definitivo da Reforma Agraria proposta por Alberto Lleras Camargo no marco do Frente Nacional, em 1961, pois as áreas rurais de maior desenvolvimento econômico se converteram em espaços de forte conflito social. A disputa pelos territórios que produziam divisas −cocaína, petróleo e ouro, principalmente–, foram ocupados por forças armadas ilegais como paramilitares, guerrilhais e narcotráfico, as quais encontraram respaldo em políticos clientelistas, pecuários, e as próprias forças militares, tendência que tem sido marcada desde a década de 1930.

O problema do narcotráfico, evidente a partir de 1974, ajudou a acentuação da mercantilização do setor imobiliário pela alta inversão dos recursos provenientes do narcotráfico, que foram completamente lavados pela banca hipotecária e pelos mesmos construtores. Os ingressos da cocaína ajudaram a manter condições favoráveis de altos níveis de consumo, entre eles a demanda de habitação. A reorientação dos recursos do narcotráfico para moradia suntuosa elevou o preço interno da indústria imobiliária afetando outros demandantes destes bens; inclusive, dos setores populares, que viram como os preços da habitação se disparavam a níveis inalcançáveis.

Esta situação, agravada nesta década, somado aos conflitos pela guerrilha, produziu uma alta mobilidade geográfica da população dos peque-

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Fonte: Do autor, elaborado com base na síntese dos itens anteriores.

FIGURA 1. ESQUEMA SÍNTESE DA CONSOLIDAÇÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL MODERNA NA COLÔMBIA

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– 580 860 611 325 644 258 678 888 715 301 753 591 793 848 836 173

– – 30 465(P) 32 933(P) 34 630(P) 36 413(P) 38 290(P) 40 257(P) 42 325(P)

– – – – – – – – 1 242 000

– – – – – – – – –

543 761 580 850 (P) 611 324 (P) 644 258 (P) 679 793 (P) 715 301 (P) 753 591 (P) 793 848 (P) 863 173 (P)

– 37 089 32 961 32 934 35 535 35 508 38 290 40 257 69 325

Cámara Colombiana de la Construcción.

(P): projetada pelo autor. O incremento anual foi calculado pelo autor.

Fontes: elaboração própria. Dados fornecidos de coluna A: Centro Nacional de Estudios de la Construcción [cenac] (1976). Déficit de vivienda en Colombia 1964-1973 y proyecciones 1974-1980. Bogotá: cenac; coluna B: Departamento Administrativo Nacional de Estadística [Dane] (1985).

XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda. Bogotá, Colombia; coluna C: G. Murillo e E. Ungar (1978). Política, vivienda popular y el proceso de toma de decisiones en Colombia. Análisis de la coyuntura actual y viabilidad de las soluciones propuestas durante el Frente Nacional (pp. 119-124). Bogotá: Universidad de los Andes.

a

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

A B C a

Cenac ict camacol Ano Déficit Incremento anual Déficit Incremento anual Déficit Incremento anual

Quadro 4. Déficit quantitativo da habitação urbana na Colômbia entre 1972-1980

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nos centros urbanos e camponesa às principais cidades (ver quadro 5), fragilidade nas relações sociais dos indivíduos, inseguridade nos direitos de propriedade pelo deslocamento forçoso, precário aceso da população aos centros de mercado e altos níveis de violência com um elevado número de mortes (ver quadro 1); fenômeno que tem sido particularmente agudo desde então.

Para enfrentar este gravíssimo problema o governo de Misael Pastrana Borrero, 1970-1974, definiu um plano nacional de desenvolvimento chamado Las Cuatro Estrategias. Este plano apontava para quatro estratégias fundamentais: ênfase no desenvolvimento urbano, aumento das exportações, incremento da produtividade agrária e melhor distribuição do ingresso. O projeto Las Cuatro Estratégias retomou direcionamentos propostos por Currie na Operación Colombia, cujo intuito era elevar o desempenho da economia à melhora do nível de demanda e consumo da população urbana. Este objetivo determinou o apoio a um setor da economia que dinamizou a sua atividade e multiplicou os benefícios impulsionando outros setores. O campo escolhido foi o da construção, gerando as condições para o financiamento da mesma tanto para a produção quanto para a aquisição de moradias (Colombia, 1972, pp. 447-480).

Do direcionamento econômico e político Com a implantação das ideias de Currie, se buscou responder com soluções de habitação “realistas” à demanda crescente de moradia dos setores de baixos ingressos: reduziram-se ao máximo as especificações das áreas residenciais, a dimensão das vias e do loteamento. Inicia-se uma mudança nas formas de produção da habitação, traçado urbano e trânsito de programas de construção de moradia. Junto com a nova Lei de Normas Mínimas de Urbanización, Servicios Públicos y Comunitarios se continuou a construção massiva de habitação (ver imagens 5 y 6), passando progressivamente de lotes de seis por doze (72 m2 unifamiliares) para lotes de 54 m2, até chegar a soluções bifamiliares de 54 m2, (ou seja, 27 m2 por família); embora em muitos programas de moradia foram melhorados os espaços de zonas comuns e espaços comunitários. Contudo, foi acentuada uma mercantilização da habitação para responder a proposta macroeconômica baseada na construção de moradias urbanas.

Outra das ênfases de interesse de Las Cuatro Estrategias, propôs a concentração dos recursos nacionais e privados na construção, especialmente de habitação e seus serviços complementários; assunto com o qual começa o processo de privatização das funções estatais na construção de habitação. Além disso, segundo a proposta de Currie, a construção de

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60.1 39.9 68.6 31.4 38.2 61.8 45.7 54.3 73.9 26.1 75.9 24.1 35.5 64.5 42.0 58.0

3 961 691 2 976 153 958.560 2 204 722

2 718 546 1 360 411 725 478 926 264

1 243 145 1 615.742 233 082 1 278 458

Rural

Nota: Pode-se observar o aumento considerável da populacional urbana, principalmente, em Cali e Bogotá.

Fontes: coluna A: Asociación Colombiana para el Estudio de la Población [acep] (1974). La población de Colombia (p. 28). Bogotá: acep. Coluna B: Departamento Nacional de Estadística (1973). XIV Censo Nacional de Población y III de Vivienda, p. 94.

Cundinamarca, Bogotá Antioquia, Medellín Atlantico, Barranquilla Valle, Cali

Porcentagens de crescimento 1964 1973 Urbana Rural Urbana Rural

1 124 066 1 529 274 186 755 1 149 568

Departamento, capital

1 693 370 948 025 530 651 633 485

2 817 436 2 477 299 717 406 1 783 053

Cundinamarca, Bogotá Antioquia, Medellín Atlantico, Barranquilla Valle, Cali

A B

População, 1964 População, 1973 Departamento, capital Total Urbana Rural Total Urbana

Quadro 5. Distribuição e aumentos porcentuais da população nos principais centros urbanos

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Fonte: inurve (1995, p. 322).

Imagem 5. Bairro Niquia, MedellĂ­n

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Imagem 6. Conjunto Astúrias, Bogotá a

b

Nota: Embora os apartamentos tenham um acertado desenvolvimento espacial, se apresenta como uma ótima solução na redução do espaço: se passa de 90 m2 promédio para 60 m2.

Fonte: Conjunto Astúrias. (maio de 1988). aPlanta típica das habitações y bvista geral. Revista Proa, 371. Instituto de Crédito Territorial.

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moradia seria um gerador de emprego de grande escala com a vinculação de mão de obra não qualificada, contribuindo com o alargamento do mercado interno e incrementando a demanda. Com o acrescentamento dos recursos privados no meio da construção de habitação, o interesse dos construtores ficava nos ganhos da produção; assunto que muitas vezes levou a habitação para programas de má qualidade espacial e de péssimos materiais de obra.

Desta forma o Estado priorizou um problema de desenvolvimento econômico com a concentração de recursos no financiamento da construção que pôde ter ficado acima da dimensão sociocultural do problema.

O governo acreditava que com este direcionamento podia dar resposta à difícil realidade que deviam afrontar as cidades ante a elevada migração populacional com todos os problemas que esta situação comprometia. Assim, o “problema” da habitação se desprendeu definitivamente da sua dimensão sociocultural, se enquadrando na perspectiva do desenvolvimento da economia.

O Estado, envolvido nesta perspectiva econômica de mercantilização da moradia ao redor da proposta de Las Cuatro Estrategias, adotou um modelo de produção de habitação chamado Unidad Vecinal influenciado pelo movimento moderno, tal como no plano piloto de Bogotá (1950) de Le Corbusier e no plano piloto para Medellín (1950), feito por Wiener e Sert. Este modelo foi entendido como uma unidade orgânica abastecida com serviços iniciais, que implicava o impulso do bairro familiar cujo desenvolvimento estava na cabeça do ict. De tal forma, o ict orientou a sua ação para a construção de moradia multifamiliar segundo o modelo de Unidad Vecinal, com o objetivo de aumentar tanto a cobertura na atenção do déficit habitacional, quanto sua preocupação pela extensão da cidade privilegiando o aumento da densidade imobiliária, momento a partir do qual se deu a popularização do edifício multifamiliar.

O país apresentava um recrudescimento da violência na década de 1980 por causa dos inúmeros ataques das guerrilhas e atentados vinculados ao narcotráfico; esta data se reconhece como uma das mais violentas na história da Colômbia, o que teve como resultado a restrição de ações efetivas na produção massiva de habitação, entre outras frentes de ação social que deveriam ter sido desenvolvidas. Como consequência deste fenômeno, esta década sofreu uma espécie de letargia no referente à produção de habitação, período que não foi marcado por transformações profundas: ainda se associava a reativação econômica mediante a criação massiva de empregos por meio da construção, ou seja, a construção de habitação em aporte ao crescimento econômico; o upac continuava sendo o principal provedor financeiro, se impulsionaram programas de produção de habitação de administrações passadas sem novas alternativas de fabrica-

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ção; e a participação entre o ict e as cav eram as mesmas sem mudanças substanciais.

Porém, nesta década, sob o governo de Belisario Betancur Cuartas, em seu plano Cambio con Equidad uma das suas propostas foi a construção de casas sin cuota inicial, se constituindo em um elemento essencial na reativação da economia mediante a criação massiva de empregos, associada à construção como motor de desenvolvimento econômico concentrado na produção de moradia popular; programa de habitação sem antecedentes na Colômbia. Este programa de habitação, bastante cético, considerava acabar com o 60% do déficit habitacional, tanto rural quanto urbano. Estimava-se para a data, uma média de 1 000 000 de unidades. No entanto, a meta de 400 000 moradias sob este programa nunca se logrou. Apesar da promessa de 100 000 moradias no primeiro ano de governo; considera-se que só foram entregues aproximadamente umas 20 000 habitações (Vivienda gratis, 2012). Porém, segundo informes do Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), a execução de moradias populares superou no primeiro ano do governo de Betancur 26% da proposta inicial, como um esforço realizado pelo ict e as entidades financeiras (Conpes, 1984), ampliando a sua expansão de projetos de habitação.

Somado aos problemas de violência sofridos no país, o Estado expressou a sua incapacidade de atender o déficit habitacional pelos altos custos das operações estatais centralizadas e pela pouca participação do setor privado neste processo. Além disso, para este período, o ict se encontrava completamente burocratizado e politizado com uma produção de habitação de baixa qualidade completamente afastada daquela fabricada entre 1940 e 1970. O ict repetia indiscriminadamente os projetos de habitação sem importar as condições climáticas e culturais do lugar, administrava de maneira ruim o subsídio e planejava desordenadamente os processos internos. Estes acontecimentos somados a outros mais, criaram no imaginário coletivo da população um Estado inviável e incapaz de atender os cidadãos mais pobres.

A década de 1990 fica como um dos momentos mais importantes da transformação política e econômica do país com grandes repercussões com relação à produção de habitação social. Concretamente, a Lei 3a. de 1991 marca uma mudança radical na produção de habitação: privatiza tanto a promoção de habitação (e o Estado passa de produtor para facilitador), quanto a construção e o financiamento da moradia da população mais pobre. Este panorama de fratura não só é evidenciado na Colômbia, mas na América-Latina; onde aconteceram mudanças no sistema de habitação derivadas dos ajustes estatais, das transformações macroeconômicas e da implantação do modelo neoliberal na região (Singer, 1995, pp. 65-69).

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Até hoje o problema da habitação continua e o Estado ainda está na busca de soluções para reduzir o déficit tanto quantitativo quanto qualitativo da moradia na Colômbia. A partir desta data, existem numerosas pesquisas que avaliam o papel do Estado e da empresa privada depois da Lei 3a. de 1991 em termos de normatividade e habitabilidade, até assuntos relacionados com o hábitat em geral. São interessantes os mecanismos que governos locais e nacionais buscam, em cada administração municipal, para solver o problema de moradia da população pobre. Ficam, assim, portas abertas para adiantar pesquisas que aportem às problemáticas atuais ainda sem solução.

Do investimento do capital em habitação e terra Neste segundo período, não podemos deixar passar mais outro fato que acentua a mercantilização da habitação: é a tendência histórica que os colombianos de todas as classes sociais têm no investimento de suas poupanças em habitação e terra. Segundo Dávila, depois da expansão cafeeira, data na qual se abriram novas oportunidades que lograram certa estabilidade política e de desenvolvimento econômico no país, desde as três primeiras décadas do século xx, ascendia ao poder uma burguesia com interesses múltiplos: como a agricultura, o comércio de exportação e importação; e, também, de construção de vias e importantes obras de infraestrutura de caráter regional, entre elas o setor imobiliário e a construção de habitação (Dávila, 1992, p. 36). A incursão em atividades comerciais, bancárias e compra de terra rural e urbana, foi posterior à fundação das fábricas como parte de uma tendência altamente diversificadora (Ordóñez, 2003, p. 211) e como uma atividade geralmente muito visionária: compravam-se prédios baratos de lento desenvolvimento, mas que se valorizavam na medida que as cidades iam crescimento (Dávila, 1986, p. 30).

No campo empresarial, a urbanização das cidades esteve sempre dependente da dominação política, tanto em nível nacional quanto regional; pelo qual tem sido altamente atrativa como forma de investimento do capital. Segundo Dávila, os grandes empreendedores na Colômbia, depois de iniciar fortunas com atividades agrícolas e pecuárias, adotam a tendência do investimento na compra de terras e no setor imobiliário, considerado por muitos como a verdadeira riqueza; tendência que até agora ainda se mantem.

A indústria imobiliária se converteu na Colômbia num elemento de estabilidade econômica, segurança e valorização que não implicava grandes riscos de investimento comercial, como é o caso da mineração. Esta conduta, até hoje, está justificada na incerteza e risco que representam à

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instabilidade monetária, à inflação, à desvalorização, e à outras variáveis de tipo social e política que mantém alta demanda de imóveis, e portanto uma constante valorização e mercantilização da habitação (Dávila, 1986).

Reflexões finais Do primeiro período 1940-1972 Das missões econômicas internacionais e a institucionalidade Tanto a consolidação institucional quanto as missões internacionais, foram fundamentais para a concretização da habitação moderna na Colômbia, especialmente a de interesse social. Na década de 1950, a produção de habitação por parte do ict marcou a moradia em termos de crescimento quantitativo tentando responder ao crescimento intenso da população nas cidades derivado das migrações rurais e urbanas para os centros das principais cidades colombianas. Neste sentido, o aporte das missões internacionais depois de 1960 foi a qualificação da habitação social, já que, segundo os informes, a verificação das metas quantitativas em si mesmas não geravam melhoras nas formas de vida da população. De tal forma, um dos principais aportes das missões, e a introdução da planificação urbana a partir de estudos científicos e não desde a arbitrariedade ou o sentido comum dos seus mandatários. As missões lograram conceber a habitação em um contexto mais amplo: tratou-se de entender a moradia como um fato complexo, −não como um fenômeno físico desconexo– que deve ser posto em um contexto mais amplo no urbano com olhares sociais, culturais, políticos e econômicos. As conclusões dos estudos e diagnósticos internacionais permitiram aos governos nacionais e locais, a constituição e aplicação de normas para uma melhor regulamentação das cidades, e o melhoramento institucional dedicado à produção e financiamento de habitação.

O tema das missões econômicas internacionais, indiscutivelmente se converte em um dos assuntos mais importantes para compreender o desenvolvimento da habitação social na Colômbia. O trabalho de agentes externos, em uma época na qual era muito difícil obter o conhecimento, permitiu que um maior número de profissionais recém-formados em diversas disciplinas, puderam aderir essa informação técnica, social e cultural; contando com funcionários públicos altamente capacitados nas instituições estatais. As recomendações realizadas pelos diferentes conselheiros favoreceram o processo de modernização da política econômica do país e

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das instituições, refletido na elaboração de políticas urbanas e na consolidação de cidades modernizadas.

Em que pese as missões terem chegado em situações conjunturais, as recomendações finais dos assessores foram entendidas por fora da crise no país, que em nosso caso, Colômbia, tiveram um forte conteúdo estrutural em diversas áreas, mas principalmente macroeconômico, e os seus resultados foram evidentes só a longo prazo. Por exemplo, de não se ter aplicado no país uma estratégia macroeconômica baseada na construção de moradias urbanas (Currie), provavelmente a marginalidade e a informalidade houvessem alcançado níveis muito mais preocupantes como os que apresentam outros países que têm um desenvolvimento similar ao nosso.

Da influência da arquitetura moderna Desde o ponto de vista técnico, a influência das discussões da arquitetura moderna permitiram impulsionar procedimentos de construção repetitivos em massa concebidos na era maquinista da modernidade para o barateamento da habitação, mas sem deixar de lado aspetos humanos vinculados à moradia. De tal forma, se permitiu o acesso a este bem para a população menos favorecida.

As caraterísticas da casa moderna na Colômbia, modeladas muitas delas pelos legados europeus, indiscutivelmente são consideradas um bem de alta qualidade espacial e urbana. Apesar das críticas feitas à arquitetura moderna como resultado de uma materialização que não tem presente muitas condições humanas pelas suas aproximações como máquina, produção em série, racionalismo, dentre outros aspetos; os resultados formais em nosso contexto ofereceram uma concretização equilibrada da humanização do espaço; reflexo de este, é a qualidade espacial deste tipo de habitação, ainda muito desejada pelo mercado imobiliário.

Do segundo período 1972-1990 Do enquadramento da casa moderna como mercadoria Com o despegue do desenvolvimento capitalista em nosso país, as necessidades habitacionais em termos de déficit obrigaram que uma habitação com caraterísticas próprias de qualidade fora da espetacularização, pela sua simplicidade, tivessem que se enquadrar no âmbito da acumulação do capital. Dito enquadramento, para nosso caso, aconteceu principalmente por meio da estrutura financeira do setor da construção como motor de

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desenvolvimento econômico. De tal forma, a habitação afastou-se da sua significação como bem básico com relação ao ser, para receber um tratamento de mercadoria e bem de investimento e com estes inúmerosos usos do seu interior pautados pelas regras capitalistas.

O conflito social, especialmente o narcotráfico, ajudou na acentuação da casa moderna como uma mercadoria no imaginário coletivo, especialmente da população urbana. As altas transações geradas por este meio incrementou o preço não só da habitação de tipo suntuoso, mas de interesse social.

Outro fato fundamental que marcou a habitação como uma mercadoria, foi a tendência que os colombianos têm por investir na indústria imobiliária. A aquisição deste bem, geralmente, se converte num objetivo familiar que no caso colombiano não implica grandes riscos de investimento comercial, pois sempre, ou quase sempre, tende a se valorizar como objeto de consumo.

Conclusões gerais Apesar de que os processos de gestão e produção de habitação no primeiro período foram convenientes nas primeiras décadas, não poderíamos asseverar que o seu processo e caracterização foram mais proveitosos do que os fatos acontecidos no segundo período a fim de solucionar o crescente déficit de moradias. A necessidade de aproximar a empresa privada à produção de habitação, simplesmente foi uma das alternativas ao grave problema; ainda assim sem solução nenhuma. A necessidade de cobrir uma quantificação afetou a qualidade da produção.

A crise do problema da habitação na Colômbia não é um assunto institucional; poderíamos afirmar que é a somatória de fatos sociais, culturais e políticos os que impediram alcançar um nível medianamente regulado com respeito ao déficit habitacional. Podemos afirmar, também, que os processos de privatização não levaram ao debilitamento das organizações estatais, deveríamos ter pressente, ainda, as formas de produção e gestão internas abordadas em cada instituição.

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Reseñas

Carlos Gabriel Guimarães, A presença inglesa nas finanças e no comércio no Brasil Imperial: os casos da Sociedade Bancária Mauá, MacGregor & Cia. (18541866) e da firma inglesa Samuel Phillips & Cia. (1808-1840), São Paulo, Alameda, 2012.

A publicação do livro A presença inglesa nas finanças e no comércio no Brasil Imperial: os casos da Sociedade Bancária Mauá, MacGregor & Cia. (1854-1866) e da firma inglesa Samuel Phillips & Cia. (1808-1840) está separada por quatorze anos da defesa da tese que dá origem a primeira parte deste livro, defendida no Programa de Pós-graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo em 1997. A segunda parte refere-se a resultado de pesquisa acerca da firma inglesa Samuel Phillips & Cia., realizada dez anos após a primeira. Podem parecer dois trabalhos distintos e ainda datados, presos ao período em que foram realizados, mas isso é um equívoco.

Podemos interpretar como uma continuidade, uma trajetória de pesquisa na busca por entender a presença dos ingleses e suas relações na Praça do Rio de Janeiro em períodos cruciais do século xix, o que equivale dizer no Brasil Imperial.

A tese sofreu alguns ajustes para esta publicação. Carlos Gabriel Guimarães, autor incansável na seriedade com que encara a pesquisa, incorporou trabalhos surgidos depois de 1997 e percepções que não constavam no trabalho original. Além disso, a pesquisa sobre a empresa de Samuel Phillips é inovadora e complementa a tese; somente recomenda-se ao leitor que inicie a leitura por ela, não somente por questões cronológicas –mesmo assim fundamentais– mas pela maturidade teórica que revela e que ajuda a entender a construção das etapas anteriores da pesquisa.

De todo modo, o livro de Guimarães se propõe a responder algumas perguntas fundamentais para a compreensão do século xix brasileiro em Am. Lat. Hist. Econ., año 22, núm. 1, enero-abril, 2015, pp. 213-218

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seu viés econômico. Estas questões se dividem tal qual o livro, direcionadas para a primeira e para a segunda parte em separado, mas em busca das mesmas inquietações. A firma Samuel Phillips & Cia. foi um novo tipo de firma inglesa? A forma de atuação da empresa dependeu de um mercado tipicamente crivado de relações escravistas? E, por fim, que tipo de negócios a firma desenvolveu no Brasil?

As respostas apontam para uma sociedade de organização familiar, onde a família estabelece uma rede de trocas e proteção, ou ainda através de casamentos como é o caso das famílias Samuel e Phillips, ambas de origem judaica inglesa. Seus negócios se concentravam no setor mercantil, como agentes financeiros e importadores na Praça do Rio de Janeiro. Esta atuação estava pautada nas relações políticas (incluindo o imperador D. Pedro I) que possibilitaram a forma como a firma se consolidou na Corte brasileira na primeira metade do século xix. A firma foi estudada e entendida por Carlos Gabriel Guimarães como inserida e atuando em uma sociedade escravista, funcionando como procuradora do Estado Imperial Brasileiro frente ao capital bancário inglês e credora do mesmo, principalmente através da figura do imperador.

Mas, algumas dúvidas permanecem no que diz respeito às questões levantadas pelo autor. A boa herança da história de empresas praticada por Bárbara Levi e Eulália Lobo levou Guimarães a buscar compreender a forma como esta firma inglesa se inseria e atuava naquela sociedade, como parte da mesma. Entretanto, no que diz respeito à natureza da firma ficamos sem entender exatamente se essa empresa é considerada por Guimarães como de um novo tipo ou se sua natureza familiar a coloca na condição de empresa tradicional. E, ainda, qual a relevância desta natureza para o entendimento de sua atuação naquele momento de construção do Estado Brasileiro. A forma como a firma agia dentro da sociedade escravista nos parece uma questão claramente definida na origem, ou seja, para atuar nesta Praça tipicamente escravista era essencial estabelecer relações com o Estado Imperial.

Em que pese as relações estabelecidas dentro do cenário do Império do Brasil, as estratégias de atuação de Mauá e da firma inglesa Samuel Phillips são diferentes: os ingleses atuam com menor diversificação –quase ousamos dizer uma especialização–, centrando suas ações em um ramo principal de negócio: as finanças e o comércio de importação de produtos, incluindo escravos (mesmo com a proibição por parte da Inglaterra). Isso não é o que ocorre com Irineu Evangelista de Souza no meado do século xix. Este apresentou uma atuação diversificada, fluída, agindo em várias frentes dentro dos negócios do Império Brasileiro. Podemos dizer que, apesar de liberal, ele atuava e se relacionava próximo ao grupo dominante dentro do Estado Imperial com os conservadores Saquaremas. Mas,

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como ressalta o autor, Mauá era um homem do império e nele estava inserido, não podendo ser confundido com um empreendedor moderno.

Carlos Gabriel classifica Mauá de forma distinta à historiografia que o coloca como um industrial símbolo do século xix quando afirma que o foco principal de seus empreendimentos estava no setor terciário da economia. Apesar de também possuir investimentos industriais, como o estaleiro Ponta d’Areia, Mauá era, principalmente, um negociante de grosso trato e assim ele é analisado e compreendido neste livro.

Também algumas questões similares as da segunda parte são colocadas na primeira parte do livro (ou a tese propriamente dita). Ao estudar a Sociedade Bancária Mauá, MacGregor & Cia., fundada em 1854, Carlos Gabriel Guimarães faz quatro perguntas fundamentais: 1. Qual o objetivo de Mauá em organizar um banco. 2. Que tipo de banco foi a Sociedade Bancária Mauá, MacGregor & Cia. 3. Qual o significado da criação do banco em uma sociedade escravista (o Brasil do 2º Reinado). 4. Qual a relação do banco com o Estado Imperial? Estas questões são tratadas em quatro capítulos que estruturam a parte inicial do livro: o primeiro sobre a relação entre o Estado Brasileiro e o sistema bancário; o segundo sobre a criação do terceiro Banco do Brasil (1851-1853) e a reforma bancária de 1853 que será consequência da concorrência deste banco com o Banco Comercial do Rio de Janeiro; o terceiro capítulo sobre a Sociedade Mauá, MacGregor & Cia. alvo privilegiado da tese que originou este livro; e, por último, o capítulo que trata a organização do London, Brazilian and Mauá Bank em 1865.

A segunda questão é mais pontual, ou seja, a Sociedade Bancária Mauá, MacGregor & Cia. era um banco comercial. A forma como Mauá se relacionou com o Estado Imperial está na maior parte das discussões que este trabalho apresenta. Foram justamente essas relações entre Mauá, o negociante e homem da classe senhorial, e os homens do Estado Imperial que possibilitaram a atuação deste em várias frentes de negócios no meado do século xix. A relação do banco, enquanto empresa, com o Estado Imperial tem um maior grau de dificuldade para analisar. Enquanto os Saquaremas atuaram dentro do Estado, em sua construção, centralização e consolidação, Mauá estabeleceu uma Teia de Penélope, fazendo parte do que Ilmar Mattos chamou de classe senhorial. A retirada destes homens do centro do poder imperial significou a queda de Mauá. No momento de sua falência Mauá se comporta como o homem de negócios que sempre foi, como escrito em sua biografia, numa época em que “era um homem de um tempo que estava se esgotando”.

Na idade avançada em que me acho, em presença do acontecimento que motiva esta exposição, realizado pelo modo por que foi resolvido, não posso ter outro objecto em vista senão do naufrágio aquillo que para mim

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vale mais do que quanto ouro tem sido extrahido das minas da Califórnia –um nome puro (cursivo nosso), pois persisto em acreditar que o infortúnio não é um crime.1 Os objetivos de Mauá em organizar alguns bancos ao longo de sua vida profissional são variados e envolvem objetivos pessoais e profissionais dentro daquela sociedade escravista. Mas, as oportunidades eram largamente aproveitadas por este homem de negócios que atuava não somente no Rio de Janeiro, mas também em outros estados brasileiros, em outros países da América Latina e da Europa. As opções de Mauá seguiam os investimentos e empréstimos mais seguros e rentáveis, priorizando o comércio de escravos, transportes, importação e exportação e, principalmente, os empréstimos às casas bancárias e comerciais para incrementar seu capital de giro. Afora a lucratividade e a segurança do negócio, o significado da criação de bancos em uma sociedade escravista talvez deva ser tema de outra pesquisa pois é difícil responder a esta questão. Primeiramente porque é difícil definir economicamente esta sociedade escravista em transição para o capitalismo, entendida aqui como uma Economia Mercantil Escravista Nacional –conceito retirado do capitalismo tardio de João Manoel Cardoso de Mello e que encontra continuidade no conceito cunhado por Ilmar de Mattos. É preciso outras pesquisas para estas respostas.

Um ponto alto da tese e, consequentemente deste livro, foi a análise feita por Carlos Gabriel sobre a construção do mito Mauá. Apesar de não ser uma pesquisa biográfica sobre Mauá, o autor não se furta a análise crítica da importância deste homem do século xix brasileiro e não escapa da ação de desnudar a sua condição de mito. Talvez esta seja a parte mais corajosa deste trabalho, a análise do mito Mauá através de algumas de suas biografias mais importantes. Nelas percebe o autor que em comum têm a devoção à figura do Mauá empreendedor, moderno e limitado pelo Estado Imperial arcaico e escravista –o que no fundo significava a mesma coisa para essas análises–, além de aliado e dependente do capital inglês.

A construção do mito serve adequadamente aos contextos em que as biografias foram escritas. Na crise das oligarquias cafeeiras dos anos 1920 temos o texto de Alberto de Faria (1926) resgatando o perfil “industrial” de Mauá; nos difíceis anos 1940 o trabalho de Lídia Besouchet colocava o liberal Mauá frente ao intervencionismo varguista; e, por último, a biografia escrita por Jorge Caldeira nos anos 1990 (transformada em filme), no período de busca por legitimação de uma “nova era”, quando o Estado brasileiro está iniciando o maior processo de privatizações de nossa história.

1 Mauá, I. E. de S., Visconde de (1996). Exposição aos credores e ao público (1878) (p. 31). Rio de Janeiro: Expressão e Cultura.

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Mas, quem era Mauá (Barão e Visconde, negociante de grosso) visto no livro de Carlos Gabriel Guimarães? O palco de sua vida é o Rio de Janeiro de meados do século xix, a “Corte” e centro político, econômico e vitrine do país. Aliás, esse é o resultado do esforço do qual o comerciante Irineu Evangelista de Souza fez parte: a consolidação e centralização do Estado Imperial Brasileiro no Rio de Janeiro. Esse projeto político foi fruto da classe dominante imperial (burocracia, senhores da agricultura mercantil escravista e negociantes de importação e exportação) –o que Ilmar Mattos chamaria de “classe senhorial”. Nesta construção política, o crédito e a atividade bancária estariam no centro do debate. Extraindo de Marx a máxima de que o controle da moeda é o controle do poder, Gabriel demonstra que neste contexto da primeira metade do século xix no Brasil, controlar o crédito significava controlar o poder e consolidar o projeto Saquarema. As mudanças e reformas realizadas pelo governo imperial também serviram para a consolidação do projeto de centralização política Saquarema dentro de um contexto de expansão mundial do capitalismo. Para Ilmar de Mattos, referência neste trabalho, as reformas e mudanças promovidas pelo Estado Imperial Brasileiro podem ser interpretadas como a “recunhagem da moeda colonial” ou um novo acordo da nossa economia com o capitalismo inglês em expansão.

A coroa não só promovia a restauração da hierarquia existente entre os interesses dominantes nas diferentes regiões, herdadas do processo de colonização, como também aprofundava a diferença no interior da região de agricultura mercantil escravista, por meio do priveligiamento dos interesses ligados à expansão cafeeira.2 Este privilégio objetivava construir o Estado Imperial centralizando-o e, ainda, a classe senhorial, não negligenciando o relacionamento que estes homens que compunham esta classe estabeleciam com este Estado e com o Projeto Saquarema. A Coroa aparece como um partido, centralizador.

Carlos Gabriel Guimarães faz esse esforço no sentido econômico, ou seja, a centralização do projeto Saquarema passava pelo controle econômico-financeiro por parte do Estado Imperial e pelas relações estabelecidas entre este e a classe senhorial oriunda, principalmente, do setor mercantil escravista. Outra contribuição significativa do livro para a historiografia econômica brasileira.

Irineu Evangelista faz parte desta classe senhorial como homem de negócios da Praça do Rio de Janeiro. Seus negócios dependem das relações por ele estabelecidas com o Estado Imperial e a Trindade Saquarema. E, à medida que estas relações se ampliam também se ampliam estes negócios.

O contrário também procede.

2

Mattos, I. R. de (2004). O Tempo Saquarema (p. 82). São Paulo: Editora Hucitec.

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O Rio de Janeiro era a capital cultural, política e econômica do país no século xix. O negociante Mauá circulava por suas ruas e becos, conversando e negociando, com um e com outro, frequentando casas e festas, traçando sua trajetória de homem ligado ao Estado Imperial Brasileiro, este em sua conotação conservadora. Seus investimentos eram centrados no setor terciário da economia, não sendo atraído pela agricultura, preferindo atuar na órbita mercantil. Esse Rio de Janeiro era o lugar das atenções, onde morava o príncipe regente e, posteriormente, o imperador. A condição de “Corte”, de onde se dita a moda e os costumes mais “modernos” não abandonou a cidade do Rio de Janeiro até os dias de hoje. Este é o Mauá deste trabalho, o comerciante de grosso trato, do comércio de cabotagem e da importação e exportação, além de ser ligado ao tráfico de escravos.

Não é o símbolo construído no mito Mauá como ícone do processo de industrialização brasileiro, e sim, o negociante do setor terciário. Tanto Irineu, quanto a firma Samuel Phillips & Cia. atuaram nas brechas abertas pelo Estado Imperial brasileiro. A firma como credora e procuradora deste Estado. Mauá com maior fluidez, mais diverso, ocupando todo o espaço que lhe era possível.

Este trabalho teve uma trajetória semelhante a tantos outros. Já era conhecido como “mimeo” (forma “antiga” de dizer que ainda não havia sido publicado o texto) antes de chegar em nossas mãos nesta publicação tão bem vinda. Vem prefaciado pelo orientador da tese da qual se origina e apresentado por uma de suas referências principais. Sua estrutura segue a boa escola da história de empresas herdada das historiadoras a quem dedica este trabalho, Eulália Lobo e Bárbara Levi. Desta última toma emprestada a estrutura de seu livro sobre as Sociedades Anônimas do Rio de Janeiro. Neste tempo, as pesquisas realizadas por Carlos Gabriel Guimarães que resultam neste livro assumiram importante papel nos meios acadêmicos da história econômica e a sua publicação só reforça esta importância.

Rita de Cássia da Silva Almico Universidade Federal Fluminense Rio de Janeiro, Brasil Carlos Tello Macías, Ahora recuerdo. Cuarenta años de historia política y económica de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.

Ahora recuerdo. Cuarenta años de historia política y económica de México, es lo que dice Carlos Tello Macías en el título de su libro más reciente. Y tal como lo anuncia, a lo largo de casi 500 páginas el autor comparte un

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relato retrospectivo de algunas de sus ideas, reflexiones y experiencias vitales sobre los dos ámbitos básicos de su acción como funcionario público: la economía y la política.

Si ya en sus numerosos escritos previos percibíamos un preciado sabor testimonial, en este libro es abiertamente el protagonista quien introduce a sus lectores a los entretelones del reservado espacio –misterioso para la gran mayoría de los mexicanos– donde los responsables de la dirección del país deciden la estrategia orientadora del rumbo de la nación. La génesis de esta obra es la afortunada intencionalidad de Carlos Tello de atender el interés de alumnos, colegas y amigos que, como él mismo especifica en la presentación, lo hemos interrogado sobre diferentes etapas de su quehacer público y, en particular, acerca de su participación en momentos trascendentes de la historia reciente de nuestro país. Este propósito explica por sí mismo el contenido, el capitulado y el orden de la exposición del libro, así como su hilo conductor: su actuación pública. Concebida esta, en un sentido amplio, lo cual incluye no sólo lo que hizo, sino cómo y por qué lo hizo, bajo qué circunstancias y quiénes fueron los principales personajes involucrados.

Desde otro punto, su decisión enriquece el acervo de autobiografías y memorias escritas por actores de la administración pública en el siglo xx –no todo lo numeroso que los investigadores quisiéramos que fuera– y regularmente circunscrito a los presidentes y los secretarios de Hacienda. En cada caso, como podría preverse, encontraremos aquello que desea transmitir el personaje, su visión e interpretación individual y, por lo tanto, subjetiva. Sin embargo, su lectura, en una especie de efecto Rashomon –al estilo del cineasta Akira Kurosawa–, donde se yuxtaponen los diferentes relatos, tiene la utilidad de ofrecernos una versión de los hechos, de viva voz de uno de sus protagonistas.

El libro Ahora recuerdo –frase que remonta a la intimidad de un encuentro de viejos amigos– incluye una presentación, un anexo y nueve capítulos. En el capítulo inicial, titulado “Los primeros años”, su autor, en unas pocas páginas, relata algunas circunstancias de su etapa de formación y del inicio de su vida profesional, las cuales parecen haber marcado su trayectoria posterior. Refirámonos a tres de ellas.

Se formó en prestigiadas universidades cuya enseñanza tenía como base la motivación de la lectura, la escritura y la reflexión de sus alumnos; metodología que Carlos Tello aún promueve como profesor universitario. Sus estudios de doctorado los realizó en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en el momento en que eran parte de la planta docente de esa institución quienes ahora forman un listado de grandes economistas: Joan Robinson, Piero Sraffa, Maurice Dobb, Luigui Pasinetti, James Meade, Richard Stone, Amartya Sen, John Hicks y Nicolas

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Kaldor. Este último supervisor del joven Tello. Además, fue el tiempo en que se realizó el histórico debate entre neoclásicos contemporáneos y la escuela poskeynesiana, donde Cambridge fue el principal generador de ideas.

En el capítulo inicial, Tello Macías rememora una conversación sostenida con su padre sobre tres preguntas a considerar frente a cualquier opción de trabajo: ¿qué voy a hacer?, ¿con quién lo voy a hacer? y ¿cuánto voy a ganar? “Lo ideal, me dijo –relata el autor– es que en las tres se obtenga una respuesta plenamente satisfactoria. Pero, por lo general –añadió–, ese casi nunca es el caso. Hay, pues, que ponderar y, finalmente, seleccionar el trabajo por el cual se opta” (p. 17). A lo largo del libro se observa cómo Carlos Tello siguió fielmente el consejo paterno.

Y, ¿por qué no hacerlo? Después de todo provenía de buena fuente; su padre, Manuel Tello Baurraud, se había desempeñado como secretario de Relaciones Exteriores en los sexenios de Miguel Alemán Valdez y Adolfo López Mateos, la cúspide de su área profesional.

Por último, cabe mencionar, desde la perspectiva del inicio de su vida como funcionario público, que su primera experiencia laboral –después de una permanencia de seis meses en Nacional Financiera (Nafinsa)–, fue en la Secretaría de Patrimonio Nacional (1958-1976); nada menos que en el centro donde confluían economistas como Eduardo Bustamante, Antonio Sacristán Colas, Gilberto Loyo, y uno de los economistas más importantes que ha tenido el país, Horacio Flores de la Peña. Las tesis académicas y de política económica constituyeron una corriente de pensamiento crítico de la entonces ascendente corriente estabilizadora, encabezada por Antonio Ortiz Mena y Rodrigo Gómez, secretario de Hacienda y director del Banco de México, respectivamente. En este caso, “prevaleció en mí la cuestión de lo atractivo que resultaba lo que iba yo a hacer y con quién lo iba yo a hacer” (p. 21).

Los siguientes siete capítulos, núcleo del trabajo del investigador universitario, respetan un orden cronológico, desde los diferentes espacios gubernamentales en los que se desempeñó tras su regreso de la Universidad de Cambridge. Así, encontramos en forma sucesiva los apartados de Secretaría de la Presidencia; Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp); Secretaría de Programación y Presupuesto (spp); Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah); Financiera Nacional Azucarera (Finasa); Banco de México; Servicio Exterior –al que incorpora su experiencia como embajador en Portugal, la Unión Soviética y Cuba, al igual que la de cónsul general en San Francisco, California–; el Instituto Nacional Indigenista (ini) y el Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad. Estos dos últimos, agrupados en el capítulo “El combate a la pobreza”.

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En el capítulo final, “Fuera del gobierno”, el autor reflexiona principalmente acerca de sus actividades y vivencias en el ámbito académico, el cual no había abandonado del todo durante su desempeño como funcionario público. En ese entonces hizo análisis influyentes de la realidad nacional publicados en La política económica en México. 1970-1976 (1979) y, en coautoría con Rolando Cordera, México. La disputa por la nación (1981).

Durante los años siguientes se dedicó de tiempo completo a actividades universitarias; lo que hace ya más de una década. Carlos Tello sigue desempeñándose como prolífico investigador; ha publicado libros o escritos en colaboración, además de un importante número de artículos y ensayos. Algunos de sus libros tienen como objeto de estudio la historia económica en el largo y mediano plazos: Estado y desarrollo económico: México 1920-2006 (2007) y Sobre la desigualdad en México (2010).

El índice de Ahora recuerdo, funcional sí, pero un tanto formal, puede verse con una mirada un poco distinta. En una parte del texto, Tello relata que, tras la decisión de nacionalizar la banca y aplicar el control de cambios, el presidente José López Portillo le propuso hacerse cargo de la Dirección General del Banco de México, advirtiéndole que debería estar consciente de que su aceptación probablemente entrañaba el fin de su trabajo en futuros gobiernos. “Le contesté convencido –puntualiza el mismo Carlos Tello– que para mí sería un honor acompañarlo desde el Banco de México durante los últimos tres meses de su gobierno” (p.

289).

La posibilidad de que así finalizara su carrera como servidor público no era remota; por el contrario, tomando en cuenta el ambiente de aquel tiempo, distinguido por el ascenso del cada vez mayor dominio del pensamiento neoliberal, el fin de su carrera era un hecho altamente probable. Si bien no se cumplió tal vaticinio, es posible advertir que su reincorporación en el ámbito de la función pública, a partir de mayo de 1987, siguió un nuevo derrotero.

Sin menoscabar su importancia, los espacios en los cuales participó –Servicio Exterior, Instituto Nacional Indigenista y la presidencia del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad– parecen indicar que los gobiernos posteriores reconocían su valía, pero lo sabían ajeno al proyecto económico del grupo en el poder. Después de todo, no puede olvidarse que con el sexenio de Miguel de La Madrid el círculo gubernamental cerró la pluralidad de pensamiento que había existido en los gabinetes anteriores. Esto fue reconocido por el ex mandatario, quien en sus memorias, Cambio de rumbo. Testimonios de una presidencia, 1982-1988 (2004), afirmó que invitó a participar en su equipo a quienes compartían su punto de vista.

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Su larga travesía como servidor público iniciada en julio de 1959, en el Departamento de Captación del Ahorro Externo de Nacional Financiera, finalizó hasta el 2 de diciembre de 2000, siendo cónsul general de México en San Francisco, California. En esa fecha fue cesado por medio de un correo; no obstante, como establecía la tradición sexenal, ya había presentado su renuncia días antes del inicio del nuevo gobierno. Era un anuncio, sin duda, de las formas y fondo que habrían de imperar con la gestión panista en los siguientes doce años.

El abordaje o formato del libro, básicamente una narración discursiva, incluye también fragmentos de intervenciones del autor y otros personajes en actos públicos de gobierno, así como exposiciones ensayísticas donde se analizan problemas particulares; tal es el caso de la política fiscal, del sistema bancario mexicano, del proceso de transición de la Unión Soviética a Rusia o del llamado periodo especial de Cuba. Se encuentran, de igual manera, reflexiones sobre la evolución y la forma en que actualmente se abordan muchos de los problemas económicos existentes desde varias décadas atrás. Algunos de ellos, las llamadas reformas estructurales: política hacendaria, política energética, combate a la pobreza, reforma del Estado, entre otros.

Estas memorias son acompañadas y se complementan por diversas historias particulares, algunas familiares, donde su esposa Catalina Díaz; su padre, Manuel Tello Baurraud (1888-1971), y su hermano, Manuel Tello Macías (1935-2010), aparecen como su ámbito inmediato de reflexión y apoyo. Otras son historias de amistad y colaboración en las cuales campean constantemente los nombres de Rolando Cordera, José Andrés de Oteyza, Eduardo Pascual y José María Sbert (1945-2006). No dejan también de descubrirse historias vinculadas con la personalidad del autor. Su impaciencia e impetuosidad, reconocidas por él mismo, han sido mencionadas en relación con significativos episodios públicos. Sin duda uno de ellos fue cuando, a escasos once meses de iniciado el sexenio de José López Portillo y siendo ya mencionado como posible sucesor presidencial, renunció a la titularidad de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Rompiendo con la tradición que acompaña a estos insólitos actos, lo hizo de manera irrevocable, y dio a conocer públicamente los motivos de su determinación: su desacuerdo con la decisión presidencial de adoptar la política restrictiva acordada con el Fondo Monetario Internacional y promovida por la Secretaría de Hacienda en plena crisis de balanza de pagos, a mediados de los años setenta. Miguel Ángel Granados Chapa, con el correcto estilo de escritura y la perspicacia que le eran tan propios, describió al secretario de Estado saliente como “menos

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hecho a las disciplinas burocráticas que el resto de sus compañeros de gabinete”.1 A propósito de estos rasgos personales llama la atención que, aun después de haber acumulado una gran experiencia, durante toda su carrera Carlos Tello mantuviera una actitud expectante en la preparación y desempeño de cada nueva función, así como un abierto reconocimiento de lo que ella le dejaba. “Mucho aprendí”, escribe casi siempre, al finalizar las distintas responsabilidades que asumió en esos más de cuarenta años como funcionario público. No es de extrañar entonces que algunos de sus programas de trabajo e informes hayan sido el origen de varias de sus publicaciones. Por ejemplo, al desempeñarse como embajador de México ante la URSS, escribió varios artículos como testigo privilegiado del proceso del derrumbe de la Unión Soviética. También publicó, en coautoría con Juan Pablo Duch, La polémica en la URSS. La Perestroika seis años después (1991), y Cartas desde Moscú (1994), el cual incluye una minuciosa cronología y las misivas que envió, entre septiembre de 1990 y febrero de 1994, a Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en turno.

Se advierte que Tello Macías no soslaya la mención de algunos distanciamientos, rupturas o antagonismos que tuvo a lo largo de esos años, la mayor parte ocasionada por divergencias interpretativas de la realidad económica y política del país. Tampoco lo hace de ofrecimientos de naturaleza corruptora que recibió en diversas oportunidades. Sin embargo, por lo general rehúye mencionar a los personajes involucrados. En todo caso, lo hace sin denostarlos, a veces incluso a pie de página. Esto genera vacíos que no permiten valorar aquellas situaciones controversiales en las cuales se vio envuelto. Por ejemplo, su salida de la corriente democrática, surgida en el Partido Revolucionario Institucional (pri), a mediados de los años ochenta, y su relación con los movimientos universitarios.

Rara vez las memorias escapan a la polémica. Después de todo si son producto de una mirada privilegiada, también son expresión de una percepción y una valoración personal. Y este libro no será la excepción, sobre todo porque incluye fenómenos que todavía son objeto de debate, aunque con el transcurrir del tiempo algunos han ocupado su lugar en la historia poco a poco, dejando de lado, aunque no totalmente, la leyenda negra que se tejió a su alrededor. Ejemplo de ello es la valoración actual sobre la nacionalización bancaria luego de los términos, circunstancias, falta de transparencia y fuertes sospechas de corrupción con que se dio su reprivatización y su posterior rescate por medio del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa); la conversión de los pasivos de este 1

Granados, M. A. (14 de noviembre de 2010). Presupuesto, por su puesto. Reforma, p. 1.

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en deuda pública y finalmente su extranjerización, después de la crisis de 1995. Hace algunos años, el controvertido ex presidente Carlos Salinas de Gortari mencionaba acusatoriamente que la misma Margaret Thatcher, uno de los líderes políticos e ideológicos del neoliberalismo, le advirtió en una conversación a Pedro Aspe, secretario de Hacienda, que los bancos eran el corazón que bombea la sangre de los recursos al resto del sistema y que, por lo tanto, no podía dejarse en manos de extranjeros la decisión de cómo va a bombear a ese corazón los recursos que requiere la economía.2 No faltan quienes lamentan que en Ahora recuerdo no haya grandes revelaciones y, aunque no era su objetivo, pueden encontrarse algunas.

Volviendo a esos años, no escapa a la memoria que cuando José López Portillo, en su Sexto informe de gobierno (1982) anunció que había expedido los decretos de nacionalización de la banca y el de control generalizado de cambios –expresando a continuación su fallida predicción de “Ya nos saquearon […]. No nos volverán a saquear”,3 también dijo, al referirse a quienes se conocerían como sacadólares, que tenían el mes de septiembre para meditar y resolver sus lealtades. Nada pasó y en el mes siguiente el ejecutivo hizo llegar al Congreso muestreos, datos y listas de las operaciones de aquellos que llamó desnacionalizados. Desde entonces sólo hubo especulaciones sobre los nombres de quienes ahí figuraban. Treinta y un años después, Carlos Tello relata las conversaciones que sostuvo con el periodista Jacobo Zabludovsky, el empresario y futuro candidato presidencial Manuel J. Clouthier, y el también empresario y ulterior presidente de México, Vicente Fox. Según se desprende del texto, los tres fueron personajes que participaron en la fuga de capitales.

Finalmente, vale la pena señalar que la polémica en torno a Ahora recuerdo. Cuarenta años de historia política y económica de México ya ha comenzado, pero reconociendo, las más de las veces, la calidad académica y la honestidad de su autor. Se trata así de un libro de recomendable lectura, tanto para especialistas como para público en general, para una mejor comprensión de la historia del México de esos años y de su coyuntura actual.

Elsa M. Gracida Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad de México, México

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Mejía, J. (24 de febrero de 2010). Carlos Salinas propone mexicanizar los bancos. El Universal. Recuperado el 18 de mayo de 2013, desde http://www.eluniversal.com.mx/notas/661128.html 3 López-Portillo, J. (1982). Sexto informe de gobierno. Recuperado el 24 de junio de 2004, desde http://cronica.diputados.gob.mx/

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Óscar Zanetti Lecuona, Esplendor y decadencia del azúcar en las Antillas hispanas, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales/Ruth Casa Editorial, 2013, 504 pp.

La historia del azúcar dibuja un recorrido espacial a través del mundo.

El cultivo y procesamiento de la caña se trasladó desde Oriente a Europa y de allí a las islas atlánticas de ese continente y el africano. A América llegó con los conquistadores, y en el Caribe alcanzaría su apogeo como producto comercial internacional a partir de la década de 1740, elaborado mediante trabajo esclavo y con organización y tecnologías pioneras en el desarrollo industrial capitalista. La denominada plantación, sin embargo, no progresó en las colonias españolas hasta finales del siglo xviii debido a su escasa población, a un marco institucional poco adecuado para su expansión y a la insuficiente importación de mano de obra africana; pero en la primera mitad de la centuria siguiente Cuba reemplazaría a las Antillas británicas como principal exportadora mundial de dulce debido, en primer lugar, a la abolición de la trata (1808) y luego de la esclavitud (1838) en aquellas primeras islas.

Esplendor y decadencia del azúcar en las Antillas hispanas es un análisis comparado de los tiempos en que el dulce producido a partir de la caña –pues desde las guerras napoleónicas surgió y se desarrolló en Europa su elaboración mediante el empleo de remolacha– predominó en el Caribe español no sólo como principal oferta de su economía y comercio, sino también como elemento que más ha determinado la configuración y evolución de las sociedades y culturas en la zona.

El valor del libro es su tratamiento comparado de los distintos procesos y problemas de la historia azucarera de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana en el largo plazo, estudio del que se carecía hasta ahora y que ha requerido un enorme esfuerzo de Óscar Zanetti, a causa de la ausencia de fuentes y de las diferencias y heterogeneidad de la información disponible sobre cada caso. Por el mismo motivo no todos los periodos de la extensa cronología abordada pueden tratarse con igual profundidad y, en general, los más antiguos en el tiempo son los que han resultado más difíciles de analizar. Sin embargo, y más aún por todos esos problemas, el resultado del trabajo es encomiable y supone una interesante aportación al conocimiento. Óscar Zanetti ha estudiado fundamentalmente, a lo largo de su carrera como historiador y por la que goza de un merecido reconocimiento internacional, la industria azucarera, el comercio, la economía y los ferrocarriles de Cuba. Es autor de estudios clásicos sobre tales temas, en solitario o en coautoría con Alejandro García Álvarez, United Fruit Company: un caso del dominio imperialista de Cuba, La Habana, Ciencias Sociales, 1976;

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Caminos para el azúcar, La Habana, Ciencias Sociales, 1987, traducido al inglés en Chapel Hill: University of North Carolina, 1998; Los cautivos de la reciprocidad, La Habana, Ciencias Sociales, 1989; Comercio y poder: relaciones hispano norteamericanas en torno a 1898, La Habana, Casa de las Américas, 1998; Las manos en el dulce. Estado e intereses en la regulación de la industria azucarera cubana, La Habana, Instituto Cubano del Libro, 2002; Isla en la historia. La historiografía de Cuba en el siglo xx, La Habana, Unión, 2006; La República. Notas sobre economía y sociedad, La Habana, Ciencias Sociales, 2006, o Economía azucarera cubana, La Habana, Ciencias Sociales, 2009.

Esos trabajos le aportan un bagaje y conocimiento suficientes para abordar la comparación histórica de las industrias azucareras de las Antillas hispanas, aunque también explican que en el libro se evidencie constantemente su mejor conocimiento de la cubana, que además dispone de más estudios y datos.

El libro se limita virtualmente al siglo xx, cuando resulta relativamente más fácil disponer de información, sobre todo de datos económicos, para el estudio de las industrias azucareras en República Dominicana, Cuba y Puerto Rico; había cesado ya el colonialismo español varias décadas atrás, tras la guerra de independencia de la Gran Antilla y una intervención de Estados Unidos que acabó con un régimen de ocupación en La Habana entre 1898 y 1902 y la anexión del territorio boricua. Los capitales y empresas estadunidenses participaban de distinto modo, pero siempre destacado, en el crecimiento de las industrias azucareras de los tres territorios, y la demanda de su país consolidaba su posición como principal cliente de las mismas, que ya poseía en el siglo xix. En el caso cubano, incluso, se establecía un Estado republicano que tenía como pilar un tratado comercial ideado para garantizar la exportación de dulce al mercado estadunidense.

Tras la introducción y un capítulo inicial dedicado al estudio de los antecedentes, el libro aborda los referidos procesos que ocurrieron en las industrias azucareras y las economías de República Dominicana, Cuba y Puerto Rico en las primeras décadas del siglo xx, para analizar a continuación la crisis que aconteció al variar las reglas del juego del comercio internacional y la distribución espacial de la oferta productiva mundial a partir de la primera guerra mundial y, sobre todo, tras la crisis de 1930. Las consecuencias de estos hechos se examinan en un tercer apartado y, en general, supusieron el restablecimiento de estructuras económicas especializadas en la producción de dulce, sobre todo en Cuba, para las que Estados Unidos siguió siendo su principal cliente. Estas estructuras estaban sujetas a un comercio internacional cartelizado y regido por acuerdos bilaterales, que internamente derivaron en cambios sustanciales debido al impacto que la Depresión había tenido en sus sociedades, que condujeron a una regulación estatal de la industria azucarera en el caso de la Gran Antilla.

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En el boricua, los problemas del periodo acabarían provocando a largo plazo la virtual desaparición de esta, y en el dominicano una ralentización de su crecimiento. Tales aspectos se analizan en los capítulos “El sendero que se bifurca” y “Cuesta abajo”.

“La decadencia de la producción de azúcar en las Antillas hispanas quizá pueda detenerse, pero difícilmente podría revertirse”, escribe Óscar Zanetti como colofón del libro. En Puerto Rico, su declive no cesó desde la década de 1960, y a partir de los años ochenta apenas tiene importancia como actividad económica. En República Dominica iniciaba igualmente en esos años una depresión que ha sido más dilatada, pero en 2000 se reducía a un tercio del nivel que alcanzó en el decenio de 1970. En Cuba la depresión fue brusca y consecuencia de la desaparición de su principal mercado, Europa del Este, desde los tiempos en los que triunfó la revolución, que además socializó la industria del dulce. El autor analiza pormenorizadamente tales procesos en el final de su obra, y además la completa con un epílogo, un apéndice estadístico que incluye datos comparados de producción de azúcar y caña, exportaciones y rendimientos industriales de los ingenios de los tres territorios, un esquema del proceso manufacturo del ingenio y una sucinta bibliografía.

Para terminar como se empezó, igual que el predominio azucarero lo heredaron las Antillas hispanas de otros territorios, lo sucedido en la actualidad es que este ha migrado a otras partes, como Brasil y Australia.

Además, las fábricas de procesamiento de la caña han iniciado allí una nueva andadura, dedicándose a la elaboración de biocombustibles como actividad principal o suplementaria. Óscar Zanetti, sin embargo, parece ser optimista en su conclusión; no obstante, constata que la industria del dulce ya no volverá jamás a ser lo que fue en Puerto Rico, Cuba y República Dominicana debido a que sus economías han ganado mayor diversidad con el tiempo; piensa que en ellas quizá podrían o deberían tener espacio para el producto que históricamente “mejor se ha adaptado a las bondades e inclemencias de nuestra naturaleza”. Puede o no ser así, pero desde luego hay que decir que Esplendor y decadencia del azúcar en las Antillas hispanas consigue explicar razonablemente la historia que se esconde detrás de tal afirmación.

Antonio Santamaría García Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas Madrid, España

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Sobre los autores Clara Inés Carreño Tarazona Historiadora y magíster en Historia por la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Estudiante de doctorado en Historia en la Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil. Becaria Paedex-Unesp/ Auip. Vinculada al grupo de investigación Historia, Territorio y Poblamiento en Colombia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Entre sus últimas publicaciones se encuentran “Búsqueda de nuevas rutas comerciales. Solón Wilches y las redes de poder en García Rovira, segunda mitad del siglo xix”, Historia Crítica, núm. 46, enero-abril, 2012, pp. 180-201, y “Empresas constructoras de caminos. La sociedad empresaria del Camino de Herradura de García Rovira a Casanare. 1860-1880”, Historelo. Revista de Historia Regional y Local, vol. 3 núm. 5, enero-junio, 2011, pp. 49-72. Correo electrónico: clarainesct@gmail.com Felipe Castro Gutiérrez Es maestro en Historia y doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Instituto de Investigaciones Históricas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Se ha dedicado primordialmente a la historia novohispana. Es autor de Historia social de la Real Casa de Moneda de México (2012) y de numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros, entre los cuales se encuentra “Noirs et mulâtres à la Maison Royale de la Monnaie du Mexique” (2013). Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Correo electrónico: fcastro@ unam.mx Ivan Colangelo Salomão Doctor en Economía por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Profesor del Departamento de Economía de la Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil. Sus áreas de interés son la economía brasileña, la historia económica y la historia del pensamiento económico. Correo electrónico: ivansalomao@gmail.com

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Sobre los autores

Juan José Cuervo Calle Arquitecto por la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Mastro en Hábitat por la Universidad Nacional de Colombia y la Escuela del Centro de Estudios del Hábitat Popular (cehap), Medellín. Doctor por el Instituto de Arquitectura y Urbanismo (iau) de la Universidad de São Paulo. Trabaja como profesor asociado de la Universidad Pontificia Bolivariana en la Escuela de Arquitectura y Diseño con el Grupo de Estudios en Diseño (ged). Su trabajo de investigación se centra principalmente en el estudio del hábitat humano, la vivienda moderna y el hábitat doméstico. Entre sus publicaciones se encuentran, en coautoría con Herrán Coppelia, “La casa en el parque: expresiones domésticas en el espacio público”, Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, vol. 6, núm. 12. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2013, y autor del libro Nociones transdisciplinares para la conceptualización del habitar, Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, 2013. Correo electrónico: jjcc@sc.usp.br Pedro Cézar Dutra Fonseca Licenciado y máster en Economía por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doctor en Economía por la Universidade de São Paulo.

Investigador del Consejo Nacional de Investigación (Cnpq), Brasil, desde 1987. Su área de investigación es la economía, con énfasis en la economía brasileña, principalmente sobre el desarrollo económico, formación de la economía de Brasil en el siglo xx y la historia del pensamiento económico. Actualmente coordina la Red Brasileña de Educación del Desarrollo Económico y es miembro suplente del Comité de Economía del Consejo Nacional de Investigación. Profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas y del Programa de Postgraduados en Economía de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Correo electrónico: pedro.fonseca@ ufrgs.br James Gerber Doctor en Economía por la Universidad de California, Davis. Ha impartido clases y ha hecho investigaciones en la Universidad Estatal de San Diego desde 1985, con enfoque en la economía internacional y relaciones económicas entre México y Estados Unidos. Es autor del texto International economics y coautor (con la doctora J. Anderson) de Fifty years of change on the US-Mexico border, un estudio de la historia económica de la fron-

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tera entre los dos países. Trabajó como director del Centro de Estudios Latinoamericanos en dicha universidad y también se desempeñó como director del programa de licenciatura de Negocios Internacionales. Actualmente es catedrático de economía. Ha sido profesor visitante en varios países, incluyendo México, Canadá, Chile y Hungría. Correo electrónico: jgerber@mail.sdsu.edu Luis Iván Inostroza Córdova Magíster en Historia por la Universidad de Santiago, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. Sus temas de interés son la historia económica agraria, la historia regional y la etnohistoria. Entre sus publicaciones se encuentran “La colonización minera y agrícola en la ciudad Imperial del Sur de Chile, 15511561”, Revista Complutense de Historia de América, núm. 39, 2013, y “Producción agrícola y ganadería en la economía familiar mapuche, Araucanía 1840-1890”, Revista Estudios Trasandinos, 2013. Junto con Jorge Pinto R., es autor del libro Redes de comercio capitalista y economías indígenas Araucanía 1680-1930, Chile, Universidad de La Frontera, 2014. Correo electrónico: luis.inostroza@ufrontera.cl Thomas Passananti Profesor asociado de la San Diego State University. Es un historiador con un enfoque de investigación en la historia económica e internacional de México y América Latina. Imparte cursos de grado y posgrados en esas áreas, así como en la historia de la economía mundial. Sus investigaciones y publicaciones se han centrado en la globalización de México en los siglos xix y xx. Debido a su interés en la historia internacional de México, ha explorado las metas y actividades de los actores en cada nodo de la cadena internacional de relaciones, investigando en los archivos de México, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda e Italia. Entre sus publicaciones se encuentra “Un conflicto soterrado: la política económica del reconocimiento de la deuda externa de México en los 1880s”, en Debates sobre política económica en México siglos xix y xx, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008. Correo electrónico: tpassananti@ gmail.com

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Sobre los autores

Julio César Rodríguez Treviño Licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia; maestro y doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Realizó una estancia posdoctoral en el área de historia comparada en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa. Colaborador en conferencias y publicaciones sobre temas del comercio marítimo y el pago de aranceles en el Caribe de los siglos xvi-xix, el contrabando y el sistema defensivo del corso en Nueva España, y de forma reciente en la difusión de la metodología y sistemas computacionales del análisis de redes sociales aplicadas a temas históricos. Actualmente es investigador invitado en el Instituto Mora. Correo electrónico: orfeoeuridice@hotmail.com

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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS COLABORADORES

Se invita a enviar artículos y reseñas a América Latina en la Historia Económica, publicación cuatrimestral editada en la ciudad de México por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. La revista difunde ensayos originales, resultado de investigaciones sobre la historia económica de América Latina, con el propósito de estimular el debate historiográfico, los estudios interdisciplinarios y el análisis comparativo. Las postulaciones se recibirán vía correo electrónico en alhe@mora.edu.mx. Se aceptan originales escritos en español, inglés, francés y portugués.

Condiciones para postular un artículo Los artículos deben ser el producto original de una investigación relacionada con la historia económica de América Latina. Todas las referencias deben aparecer debidamente identificadas con su respectivo crédito en las citas y en la lista de referencias, ordenadas alfabéticamente. El original postulado puede ser rechazado cuando no se apegue a los criterios de edición de la revista. El autor será responsable de cualquier litigio o reclamación relacionada con los derechos de la propiedad intelectual, exonerando a los editores de la revista América Latina en la Historia Económica.

Los textos presentados deben ser inéditos, no deben haberse publicado previamente por ningún medio impreso o electrónico, salvo en aquellas publicaciones que cumplan con el criterio de circulación limitada en cualquier medio (repositorios universitarios o del autor), ni haberse postulado simultáneamente en ninguna otra publicación, lo cual no se podrá hacer hasta que haya concluido el proceso de dictaminación en esta revista.

Cada postulación deberá ir acompañada de una declaratoria que incluya esas tres condiciones. El formato correspondiente se solicitará por correo electrónico a alhe@mora.edu.mx, o bien, descargarse desde el sitio web http://alhe. mora.edu.mx/index.php/ALHE/index.

Arbitraje Los originales postulados para su publicación serán dictaminados de forma anónima por dos pares académicos, especialistas o árbitros expertos bajo la modalidad doble ciego, sugeridos por los miembros del Consejo Am. Lat. Hist. Econ., año 21, núm. 3, septiembre-diciembre, 2014, pp. 233-244

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Asesor y el Comité Editorial. Cuando haya discrepancia entre las evaluaciones, el texto se enviará a un tercer árbitro, cuya decisión definirá el dictamen final. El resultado del dictamen se dará a conocer al autor en un plazo máximo de tres meses, a partir de la fecha de recepción del original, junto con los comentarios, sugerencias y observaciones de los árbitros. La evaluación será inapelable en todos los casos.

Cuando el resultado de la evaluación sea positivo y se hayan señalado modificaciones, se solicitará la reelaboración del manuscrito, de acuerdo con las sugerencias de los evaluadores. El autor podrá argumentar sobre los aspectos con los que no esté de acuerdo, u optar por retirar la propuesta. La nueva versión deberá remitirse en un plazo no mayor a un mes y medio; si este se vence, se dará por rechazado el artículo. El texto reelaborado se enviará a uno de los especialistas que originalmente lo arbitró para que constate que se realizaron las sugerencias, y a un nuevo experto en la materia a fin de decidir si se acepta el original para su publicación. Una vez que la segunda versión haya sido aceptada por los pares académicos, no podrán hacerse nuevas modificaciones, con excepción de la adaptación a las normas para la entrega de originales de la revista.

Derechos de autor Para la publicación de un artículo es una condición que el autor o autores ceda(n) a la revista América Latina en la Historia Económica los derechos de reproducción impresa y electrónica, así como los de difusión. La edición electrónica de esta revista provee acceso abierto a sus contenidos a través de la página http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/index y en las bases de datos especializadas que el editor considere adecuadas para su indización. El autor recibirá el formulario de cesión de derechos cuando el original postulado haya sido aceptado para su publicación.

Normas para la entrega de originales Formato Las colaboraciones se enviarán en formato electrónico Word (.doc o .docx).

El texto se presentará con letra tipo Times New Roman a 12 puntos, 1.5 de interlineado y paginación corrida. Cada párrafo llevará sangría en la primera línea, excepto después de los títulos o subtítulos. En el texto deben indicarse las referencias, la colocación de los cuadros, gráficas y mapas que se incluyan, mismos que deberán ser numerados en el orden que se mencionan en el texto (con números arábigos).

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Los cuadros y las gráficas serán enviados en su archivo original de trabajo (formato .xls, .cdr, .doc, .docx) con las series de datos que los sustenten, sin candados, en escala de grises, con título y fuente. Si son insertados en Word como una visualización de imagen, también deberán entregar el archivo original de trabajo.

Es importante evitar la reproducción de cualquier imagen impresa (reproducción de libros), en caso de ser necesario, la digitalización deberá hacerse en una resolución de 300 o 600 dpi, sin comprimir, en escala de grises y con un tamaño de 16.5 x 23 cm. Los formatos sugeridos son .tiff, .psd, .ai, .cdr., .tiff y .eps (en vectores, textos en curvas).

Se recomienda moderar el número de cuadros o gráficas, considere que una gran cantidad de estos puede ocasionar problemas en la formación de páginas, además de interrumpir la lectura. El número óptimo de gráficos por artículo es de cinco a siete como máximo.

Incluir la referencia de todos los gráficos a pie de imagen y mostrar con claridad las leyendas.

Contenido del artículo El artículo debe tener un título en el idioma original y su equivalente en inglés; la extensión recomendada para un título es de dos líneas en el formato indicado. Nombre completo del autor, o señalar de manera expresa la forma como suele firmar sus publicaciones con base en el sistema de citación apa para reducir la probabilidad de una identidad errónea.

Afiliación institucional que le corresponde al momento en que realizó la investigación. Sede o localidad de la adscripción, dirección, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico, de preferencia datos institucionales. Debe incluirse un resumen, es decir, una síntesis breve y global de los contenidos del artículo, este debe ser preciso, no evaluativo, coherente, legible y conciso, en el idioma original y su equivalente en inglés (abstract), cada uno con un máximo de 800 caracteres con espacios, o bien, diez líneas en el formato de la revista, y de cuatro a cinco palabras clave en ambos idiomas (key words).

Se deberá incluir como nota de autor los reconocimientos, declaraciones o exenciones de responsabilidad, el patrocinio o apoyo institucional, beca o proyecto, si los hubiere, en la portada del manuscrito. La nota de autor no se numera ni se cita en el texto.

El artículo debe contener una introducción temática, metodológica y de debate historiográfico en torno al tema; en el desarrollo se deben indicar con claridad cada uno de los apartados y las conclusiones, además de la lista de referencias.

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Extensión La extensión máxima deberá ser de 9 000 palabras o 54 000 caracteres con espacios, incluyendo notas, cuadros, figuras y las referencias que se incluirán al final del trabajo, es decir, 30 cuartillas aproximadamente. En el caso de las reseñas, la extensión máxima será de 3 000 palabras o 18 000 caracteres con espacios, equivalente a nueve cuartillas.

En el caso de las reseñas, la extensión máxima será de 3 000 palabras o 18 000 caracteres con espacios, equivalente a nueve cuartillas. Las reseñas no contendrán referencias, en caso de recomendar alguna lectura dentro de la misma reseña, será necesario mencionar al autor y el año o la obra correspondiente, por ejemplo “los libros siguientes de Carlos Tello son Estado y desarrollo económico: México 1920-2006 (2007) y Sobre la desigualdad en México (2010).

Información general del sistema de citación de la apa El sistema apa utiliza el formato autor-fecha. La referencia citada deberá aparecer en la lista de referencias ordenadas alfabéticamente. Sólo podrán enlistarse las referencias utilizadas y que sustenten el trabajo.

Para insertar una cita en el texto se deberá incluir el apellido del autor y la fecha del trabajo referido. Para una referencia textual, además del apellido y la fecha, insertar el número de página o páginas o la localización del trabajo original.

A continuación se presenta una breve guía del sistema apa. Para mayor detalle véase apa (2006). Publication Manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Association, o su traducción al español apa (2010). Manual de publicaciones de la American Psycological Association (3a. ed.). México: El Manual Moderno. La sexta edición del Manual de publicaciones está dedicada en gran parte a interpretar las innovaciones tecnológicas en Internet, como es el caso del doi (digital object identifier); para ampliar la información sugerimos su consulta.

Citación en el texto En el sistema apa, se colocan en el texto el primer apellido del autor referido seguido del año de la publicación (se usará la coma para separar los elementos).

Cuando se trata de un autor ocurren los siguientes escenarios:

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Se menciona en el texto tanto el autor como el año de la obra.

Ejemplo: En su artículo del 2010, Keila Grinberg destaca…

Se pone entre paréntesis el año de la obra en que se menciona la idea de un autor citado en el texto.

Ejemplo: Como destaca Keila Grinberg (2010)…

Se pone entre paréntesis el apellido del autor no citado textualmente pero referido, seguido del año de la obra.

Ejemplo: …permitiendo que el Estado iniciara la construcción del resto (López, 1991) Se menciona el nombre del autor en el texto seguido de una cita textual: se coloca el año de la obra después del autor y al final de la cita se coloca el número de la(s) página(s) entre paréntesis.

Ejemplo: …en Pamplona Adriana Ferreira (1999) señala que “de los 588 censos otorgados en la provincia, 38.6% lo redimió en menos de 6 años” (p. 71).

Cita textual directa: si no se ha mencionado al autor en el texto, se colocan entre paréntesis el apellido del autor, año y página(s).

Ejemplo: … “de los 588 censos otorgados en la provincia, 38.6% lo redimió en menos de 6 años” (Ferreira, 1999, p. 71).

Si se trata de dos o más autores ocurren los siguientes escenarios: Dos autores: se colocan los apellidos, iniciando con el que aparece primero en la publicación y se aplican los criterios anteriores.

Ejemplo: … la riqueza inmueble a la que acceden porciones cada vez menores de una población que crece raudamente en todo el periodo (Gelman y Santilli, 2011).

De tres a cinco autores en la primera mención: se colocan los apellidos, iniciando con el que aparece primero en la publicación y los posteriores en orden alfabético; se aplican los criterios anteriores.

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Ejemplo: “cita textual” (Sá, Rodríguez-Carvalho, Silva, y Ventura, 2008, pp. 197-208).

En las menciones posteriores al ejemplo de arriba se agregará la locución et al. en redondas.

Ejemplo: “cita textual” (Sá et al., 2013, p. 445).

Nota: las locuciones como et al., versus, c. f., circa, ergo, no se ponen en cursivas.

En el caso de que un libro o artículo tenga seis o más autores se coloca únicamente el apellido del primer autor seguido de la locución et al.

Ejemplo: Tal como lo dice Valle et al. (2013)…

Para el caso de grupos como organizaciones o instituciones, hay dos posibilidades: Grupos o instituciones conocidos por sus siglas o abreviaturas.

Primera mención: en su publicación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh, 2012).

Menciones posteriores a la primera: tal como dice la cndh (2012) “cita textual” (p. 14).

Grupos o instituciones como autores (sin abreviaturas).

Ejemplo: (Cambridge University, 1998).

Si se hace referencia a una idea que comparten varios autores en diferentes textos deben enlistarse de forma que estos queden ordenados alfabéticamente (se usará la coma para separar los elementos y punto y coma entre los datos de un autor y otro).

Ejemplo: …lo han dicho algunos autores (Antúnez, 1990; Robles, 2005; Torres, 1987; Zurita, 2014).

En caso de que se haga mención de varios trabajos de un autor se enlistan cronológicamente los años de las obras.

Ejemplo: en sus múltiples trabajos, Pérez (2000a, 2000b, 2010 y 2011)…

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Documentos de archivos Los documentos de archivo se citarán a pie de página, estos pueden ser cartas, manuscritos inéditos, panfletos y folletos de circulación limitada, documentos internos tanto institucionales como corporativos, recortes de prensa y otros documentos, así como materiales sin texto, tales como fotografías y mecanismos que se encuentran en posesión de un autor, o forman parte de una compilación institucional, o bien están resguardados en archivos como el Archivo General de la Nación.

El propósito de una referencia es dirigir al lector hacia la fuente, por tal razón, se sugiere incluir tanta información como sea necesaria para ayudar a localizar el material dentro del archivo. Para artículos de compilaciones con ayudas de búsqueda detalladas, puede ser suficiente sólo escribir el nombre de la compilación; para artículos de compilaciones sin ayuda de búsqueda, se puede requerir de más información (p. ej. fondo, ramo, sección, número de clasificación, volumen o caja, expediente, legajo y fojas, número o nombre completo del archivo, etc.) para poder localizar la información.

Las abreviaturas que se utilizan en los archivos son: vol., exp., leg., f., o sus plurales vols., exps., legs., fs. Tanto el nombre del ramo como el de la sección van en redondas.

Utilice corchetes para señalar información que no aparece en el documento, signos de interrogación para indicar duda respecto a los nombres y fechas, ca. (circa, sin cursivas) para indicar las fechas estimadas.

Ejemplo de documento de archivo a pie de página: [Allport, A.?].[ca. 1937]. Marion Taylor today –por el biógrafo. Manuscrito inédito, Marion Taylor Papers. Schlesinger Library, Radcliffe College, Cambridge, MA. Ejemplos: 1 Carta al secretario del Gran Oeste Argentino, Walter Helad. 8 de enero de 1889. Morgan Grenfell Papers. Leg. 21795, vol. 4, f. 464.

Guildhall Library. Londres, Inglaterra.

1

Guía de la factura de las mercancías recibidas por el consignatario Alejandro A. Guinel, junio de 1842. Aduanas marítimas y fronterizas, Matamoros, 1842-1843. Archivo General de la Nación, México.

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Lista de referencias a) Libros completos: Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial.

Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx Apellido, A. A. (ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.

Apellido, A. A. y Apellido, A. A. (eds.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.

Ejemplo: Anderson, K. y Nelgen, S. (2011). Global wine markets, 1961 to 2009: A statistical compendium. Adelaide: The University of Adelaide Press. b) Capítulo de un libro: Apellido, A. A. y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido (coord.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial.

Apellido, A. A. y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada. En A. A. Apellido (comp.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial.

Recuperado de http://www.xxxxxx.

Apellido, A. A. y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada. En A. A. Apellido (coord.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial. doi: xxxxxxxx.

Ejemplo: Urrutia, A. (2010). Precios y salarios urbanos en el siglo xix. En A. Meisel y M. Ramírez, (coord.), Economía colombiana del siglo xix (pp.

7-40). Bogotá: Fondo de Cultura Económica/Banco de la República. c) Artículo de revista: Apellido, A. A. (periodo, año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), páginas.

Ejemplo: Bianchi, C. y Wickramasekera, R. (2013). An exploratory study of the factors enhancing and inhibiting export growth in the Chilean wine industry. Journal of International Food and Agribusiness Marketing, 25(2), 85-102.

Ejemplo: Paredes, I. (enero-abril, 2014). La carrera de Paraguay a fines del siglo xviii. América Latina en la Historia Económica, 21(1), 66-91.

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d ) Artículo de revista en línea: Apellido, A. A. (periodo, año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número). Recuperado de http://www.páginaweb.org Ejemplo: Gajst, N. (junio, 2010). La escuela francesa de la regulación: una revisión crítica. Revista Científica Visión de Futuro, 13(1). Recuperado de http://revistacientifica.fce.unam.edu.ar/ e) Tesis: Apellido, A. A. (Año). Título de la tesis (Tesis inédita de maestría o doctorado). Nombre de la institución, Localización.

Ejemplo: Fernández, A. (2010). La participación de los sectores populares en la vida política de la Provincia de Cartagena, 1821-1850 (Tesis inédita de doctorado). Universidad Pablo de Olavide: España. f ) Periódicos: Apellido, A. A. (fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp. xx.

En un artículo o sección sin autor, desplace el título hacia la posición del autor, si no existe título o sección entrará el título de la publicación antes de la fecha de publicación. Se pone un punto después del título.

Ejemplo: De Baltimore el pailebote norteamericano Messenger consignado a Pedro Miguel Echeverría (26 de julio de 1806). Jornal Económico Mercantil de Veracruz, México. g) Conjunto de datos: En caso de que el material consultado en la Internet no esté identificado con un doi, indique el url de la página principal. Si está al final de una oración o de un párrafo no se coloca punto al final del url. Las bases de datos parten de lo particular a lo general, por lo tanto, la base de datos debe ser alimentada por las variables indicadas por la referencia.

Ejemplo: Total de salarios y sueldos (Miles de pesos) por unidades económicas en el Distrito Federal, Censos Económicos. Resultados definitivos. [Servicios Educativos] (2004). Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. Recuperado de http://www3.inegi.org.mx/ sistemas/saic/?evento=2004

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Estos formatos generales pueden modificarse para compilaciones que requieran información aproximada para localizar materiales, para diferentes tipos de compilaciones o para información descriptiva adicional.

Todo lo antes referido permitirá una mayor rapidez en el proceso de edición y, por lo tanto, una mayor calidad en la reproducción de la obra impresa.

Cuadros y figuras a) Cuadros: El formato de los cuadros debe reflejar datos duros que el lector pueda entender fácilmente. Al igual, existe un formato apa para la presentación de cuadros: Título de los cuadros: se sugiere que sea un título preciso, no exhaustivo. El título será sucedido por una numeración ascendente empezando siempre por el uno (1).

En el cuerpo del cuadro, la numeración decimal será siempre marcada con puntos y siempre debe ser información precisa. Ejemplo: 3.1416.

En el pie del cuadro se pueden incluir notas, las abreviaturas usadas en el cuadro, símbolos, créditos y la fuente. En el caso de las fuentes se deberán poner las referencias respetando el sistema apa. Si el cuadro es una reproducción se dará el crédito indicando la referencia específica de donde se saca el cuadro.

En caso de que el cuadro sea adaptado de otro autor debe ponerse en la nota: Adaptado de “Título del capítulo o artículo” por A. Autor, año, Título del libro o revista, número [sólo publicaciones periódicas], páginas.

Cuando se menciona un cuadro en el texto debe referirse este por el número consecutivo que le corresponda. Ejemplo: … como se aprecia claramente en el cuadro 8…

Si la fuente del cuadro es utilizada en el texto, no hace falta poner todos los datos de la publicación a pie del mismo. b) Figuras: Los tipos de figuras son gráficas, mapas, imágenes y diagramas; deben ser claros, nítidos en su presentación y precisos. Deben ser de un tamaño adecuado para su lectura.

El objetivo de insertar figuras en el texto es enriquecerlo, no distraer al lector o duplicar la información. Estas deben contar con título y fuente obligatoriamente. Deben ponerse, según sea el caso, el tipo de figura sucedido por una numeración ascendente empezando por el número uno y en

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el orden que aparezcan en el texto. Por ejemplo: Mapa 1, Gráfica 1, Mapa 2, Mapa 3, Gráfica 2, etcétera.

En caso de que una figura necesite un texto descriptivo, este no debe ser exhaustivo, basta con una oración simple que dé cuenta de la figura que describe. También se puede incluir la explicación de la simbología o cualquier elemento que deba aclararse.

Criterios de redacción En cuanto a las palabras que pueden o no acentuarse optaremos por la forma más sencilla, así: elite, periodo, policiaco, demoniaco, austriaco, etc.

Los pronombres demostrativos deben ir sin acento, no así el adverbio sólo.

Se debe considerar como criterio general evitar en lo posible el uso de mayúsculas. Escribiremos con mayúscula inicial los nombres propios y los nombres completos de alguna institución: Secretaría de Educación Pública, Cámara de Diputados, Caja Real, Real Hacienda, así como los apodos o sobrenombres.

Irán en mayúsculas las preposiciones y artículos de apellidos que no vayan acompañados del nombre de pila: Las Casas, De la Peña. Las iniciales de países (EU, URSS, RFA). Oriente y Occidente cuando hagan referencia a la división geopolítica (Oriente Medio, Lejano Oriente, América del Norte, África del Norte).

Escribiremos con mayúsculas las palabras partido, congreso, asamblea cuando se refieran a una designación oficial (Partido Liberal Mexicano, Congreso de la Internacional Socialista, Asamblea General de la onu).

Los nombres propios de algunas ciudades que llevan artículo: La Habana, República de El Salvador. Los nombres de los barcos o naves quedarán sin comillas, con mayúscula inicial y sin cursivas.

Escribiremos con minúscula inicial: Las épocas históricas: república, colonia, independencia, revolución, reforma, porfiriato, virreinato, maximato, república mexicana y todos los ismos.

Los cargos políticos: rey, presidente, papa, etc. Las palabras partido, congreso, gobierno, etcétera. Los títulos nobiliarios: marqués, duque, archiduque, vizconde. Instituciones, ciencias o ramas especializadas: fuerzas armadas, ejércitos, medicina, literatura, física, etc. Las revoluciones nacionales no tienen por qué ir con mayúscula cuando van acompañadas de sustantivo que las califique o de gentilicio; escribiremos entonces: revolución rusa, revolución mexicana, revolución cubana, etc. La misma suerte han corrido las guerras mundiales, la guerra fría y la guerra sucia; pero no

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aquellos conflictos bélicos que tengan nombre propio, por ejemplo: guerra de los Tres Años, etcétera.

Escribiremos en versalitas y sin puntos intermedios las siglas de las instituciones: unam, onu, fce, etc. Asimismo los números romanos de los siglos y los números de tomos y volúmenes, tanto en el cuerpo del texto como en el de las notas.

Los puntos cardinales sólo con inicial n, S, e, o, Se (sin punto). Conservaremos el uso de las vocales dobles, ejemplo: reembolso, reeditar, reescrito, etcétera.

Solamente escribiremos con una vocal restablecer y antimperialista; y preferiremos el uso del gentilicio estadunidense.

También se usará el singular al referirse a Estados Unidos y se suprime el artículo los.

Optimizar, instrumentar, rol, listado, etc., son algunos ejemplos de anglicismos que cada día se aceptan más en nuestro idioma. Debemos tratar de sustituirlos por: mejorar, incrementar; organizar, aplicar; papel, función y lista.

Palabras como standard, snob, film, trust ya se han castellanizado, pudiéndose escribir estándar, esnob, filme, cártel, así como per cápita, estatus, leitmotiv, hábitat, etcétera.

Formación y corrección de pruebas Una vez que el original cuente con todos los elementos para su edición, se entrega a la Subdirección de Publicaciones para su ingreso al Departamento de Producción Editorial, en donde se realizará el proceso de edición.

En caso de surgir dudas o aclaraciones, el autor deberá resolverlas en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la notificación de estas vía correo electrónico. En caso de que no haya respuesta se podrá retirar el artículo de la edición del número en cuestión. Antes de enviar el número de la revista a la imprenta, los colaboradores recibirán su artículo en formato pdf para su visto bueno, mismo que deberá ser devuelto en un plazo no mayor a 72 horas con su aceptación explícita vía electrónica. No se permitirá la introducción de cambios sustanciales, sólo se podrán hacer correcciones que no modifiquen la formación de páginas.

Recibido el visto bueno de la edición del número, se procede a la impresión.

Los autores recibirán un archivo electrónico de la versión final de su colaboración y un ejemplar en papel por concepto de autoría. Asimismo serán notificados sobre la aparición de su colaboración en la versión electrónica de esta revista.

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