Editorial
REVISTA DEL MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD
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Nuevo modelo de gestión educativo policial
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Esfuerzos regionales contra la minería ilegal
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Hacia una nación libre de minas
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Instrumentos para prevenir el tráfico ilícito de armas
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Seguridad y desarrollo humano en la frontera norte
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Taxis ejecutivos reportarán incidentes al ECU 911
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ECU 911: más de 6 mil atenciones diarias
Ministro Coordinador de Seguridad Valm. Homero Arellano Lascano Ministerio Coordinación Seguridad Ecuador
Consejo Editorial Ing. Stalin Basantes Moreno, Secretario Técnico Crnel. Max Campos Gallegos, Coordinador de Seguridad Interna CPBC César Navas Vera, Coordinador de Proyectos Especiales Calm. Fernando Zurita Fabre, Coordinador de Seguridad Externa Lcdo. Eladio Rivadulla Pérez, Asesor Director Stalin Basantes
Fuentes de contenido Ministerio Coordinador de Seguridad Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Ministerio del Interior Embajada de Chile en Ecuador Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Fotografías Ministerio Coordinador de Seguridad Ministerio de Defensa Nacional Ministerio del Interior Embajada de Chile en Ecuador Diseño y diagramación Vittese Identidad Visual: monicas@vittese.com Ministerio Coordinador de Seguridad García Moreno y Bolívar (esquina) Quito, Ecuador www.seguridad.gob.ec
Editor Eladio Rivadulla Equipo técnico Oscar Alonso, Olga Narváez, Daniel Rivera, Nelson Vélez Nuestra Seguridad Una publicación de la Dirección de Comunicación Social del Ministerio Coordinador de Seguridad dirigida a la ciudadanía No. 11, Quito, 2013 ISSN 1390-7050 30 000 ejemplares, distribución gratuita Circula con El Telégrafo Telf: (593 2) 2946100 ext. 1005 nuestraseguridad@seguridad.gob.ec
Editorial
Logros que nos alientan
Desafíos que nos convocan
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omos un pueblo soberano y de paz que construye un Estado democrático para el Buen Vivir. Doce años de cooperación regional y de trabajo conjunto con el pueblo peruano, en la zona de frontera común, nos permitió despejar más de 200 mil metros cuadrados de minas antipersonales de nuestro territorio.
Entregamos al mundo, un ejemplo de hermandad, de diálogo, de confianza mutua, de asistencia recíproca que prioriza el bienestar colectivo y el desarrollo humano mediante fronteras vivas de integración. Este trabajo complejo, sensible y sacrificado, demanda –además– cuantiosos esfuerzos humanos y económicos; sin embargo las labores continuarán hasta que el último dispositivo sea desactivado y declaremos a Ecuador como territorio libre de minas. Esta nueva edición aborda procesos de transformación en la carrera policial, a partir de competencias profesionales específicas y de especialización en ámbitos preventivos, investigativos y de inteligencia con carácter educativo superior conforme dispone la LOES en sus distintos niveles. Nuestra Seguridad muestra acciones –a nivel nacional y regional– ante prácticas mineras ilegales, delitos conexos e impactos negativos; da cuenta de la realización del primer taller del Comité Andino contra la Minería Ilegal y las experiencias compartidas por delegados de la comunidad andina en temas de seguridad, normativas jurídicas, prevención, remediación ambiental y proyectos de desarrollo en zonas afectadas por estas actividades. Desde esta perspectiva, Plan Ecuador que con una visión integral de la seguridad, prestó atención –en estricto apego a derechos humanos y a la organización institucional del Estado en territorio– a necesidades básicas de pobladores del cordón fronterizo norte, cuyos derechos sociales, económicos, étnicos, ambientales fueron soslayados y lesionados históricamente serán asumidos por Senplades de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 7 y encargados a las unidades desconcentradas de los respectivos ministerios en la Zona 1. La política pública en seguridad tiene un meritorio referente –incluso a nivel continental– en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, acción coherente del Gobierno de la Revolución Ciudadana donde se articulan numerosas competencias, actores, recursos, tecnologías y estrategias desconcentradas en territorio para proteger y salvar lo más preciado: la vida. Esta responsabilidad compartida por la vida y por un mundo mejor nos alienta y nos convoca. Más de 6 mil requerimientos diarios de emergencias –resueltos integralmente– exhibe esta primera etapa el proyecto más grande en seguridad de nuestra historia republicana. Valm. Homero Arellano Lascano Ministro Coordinador de Seguridad
Justicia y Seguridad Ciudadana
Nuevo modelo
de gestión educativo policial
L
a misión de la Policía Nacional del Ecuador ha evolucionado a través del tiempo; y, esto sin dudas, marca un antes y un después. Una revolución a nivel profesional y de especialización del servidor policial enrolado en una de las instituciones más antiguas y fuertes del Estado. Las innovaciones de este Nuevo Modelo de Gestión Educativo Policial se dirigen a consolidar una institución de carácter civil, uniformada, jerarquizada, disciplinada y altamente especializada, capaz de resolver conflictos, como lo establece la Constitución y la Ley.
Trabajo coordinado e interinstitucional A fin de alcanzar la excelencia educativa se estableció un trabajo articulado entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quienes en conjunto realizaron un diagnóstico interno y externo del sistema educativo policial desde aspectos antropológicos, sociológicos y etnográficos, unido a la Doctrina Policial y la consolidación de un modelo educativo por competencias, aprendizaje mediados por nuevos diseños curriculares, sistemas de evaluación, una estructura orgánica,
Cambios sustanciales de los estándares de profesionalización y de mallas curriculares infraestructura tecnológica y estudios financieros. La implementación del sistema responde a un trabajo coordinado e interinstitucional del Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional, el Ministerio Coordinador de Talento Humano, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y una Comisión proveniente de Chile, cuyos esfuerzos se ven materializados en: Una Doctrina Policial presentada públicamente el 30 de septiembre del 2012 en el Regimiento Quito. La aprobación de la carrera de Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana por el Consejo de Educación Superior (CES) para aspirantes a Oficiales, a desarrollar en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía, previo la firma de un convenio con la Universidad Central del Ecuador, institución que otorgará el título de Licenciado.
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Justicia y Seguridad Ciudadana
La aprobación de la carrera de Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público por el CES en la formación profesional de aspirantes a policías a realizar en las Escuelas de Formación Policial, bajo la dirección de los Institutos Sectoriales de la Seguridad, en Pichincha, Guayas y El Oro. La capacitación a funcionarios de la Policía Nacional del Ecuador y el entrenamiento dentro del Programa de Cooperación Internacional para Policías Uniformadas Extranjeras (CECIPU), resultados de acuerdos políticos establecidos en los Encuentros Presidenciales, en octubre de 2010 en Ecuador, y en febrero de 2011 en Chile. El apoyo del Gobierno de Chile con seis instructores, tres de Carabineros y tres de la Policía de Investigaciones, por un año, quienes asesoraron y convalidaron las mallas curriculares del nuevo del sistema educativo, dentro de la lógica de un verdadero proceso modernizador de aprendizajes así como en la parte operativa y tecnológica de acuerdo a nuestra realidad nacional.
Proceso de aprendizajes La Policía cuenta en la actualidad con 15 Escuelas. Dentro del nuevo modelo educativo, el Gobierno Nacional aprobó la creación de tres Escuelas del Milenio de Formación Policial: una en Pichincha, en el sector de Tambillo, con capacidad para 2 mil aspirantes; la segunda en Guayaquil, para mil aspirantes; y, la tercera, en la provincia de El Oro, cantón Pasaje de las Nieves, para 5 mil aspirantes, con una
inversión aproximada de 51 millones de dólares. Los oficiales alcanzarán el título de Licenciado en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana, con cuatro años de estudio (245 créditos), en la Universidad Central del Ecuador; y, los niveles de posgrados en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN); mientras los aspirantes a Policía con dos años de estudio (100 créditos) obtendrán el título de Técnico Superior.
Cambios históricos Carrera profesional policial, con carácter superior, conforme dispone la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en los distintos niveles: técnico, tecnológico, pregrado y posgrado. Perfil profesional a partir de competencias específicas y de especialización en ámbitos preventivos, investigativos y de inteligencia. Aspirantes a oficiales y policías en el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES). Contenidos que respetan y garantizan derechos humanos y de género y en especial de grupos de atención prioritaria.
Yamil Murillo y Ruth Perugachi, Ministerio del Interior
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Relaciones Internacionales y Defensa
Esfuerzos regionales contra la
minería ilegal
Prácticas que operan al margen de la ley ponen en riesgo la vida y la supervivencia de muchísimas especies
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n los últimos años, prácticas mineras ilegales aumentaron de forma exponencial en la región. En gran medida esto obedece al precio del oro en el mercado internacional y al ilícito que atrae a individuos y organizaciones que operan al margen de la ley. El ambiente es afectado de manera irreversible por estas actividades. La explotación ilícita, empleando químicos altamente contaminantes, impactan negativamente en la biodiversidad, al mismo tiempo la tala indiscriminada de árboles y la contaminación de fuentes de agua ponen en riesgo la supervivencia de muchas especies, fragmenta comunidades, lesiona prácticas ancestrales, afecta la salud y la calidad de vida del ser humano.
Comunidades que habitan en áreas cercanas a yacimientos auríferos, quedan expuestos a metales pesados que originan alteraciones congénitas que derivan en discapacidades. A todo esto se suman un sinnúmero de delitos conexos derivados como consecuencia de estos ejercicios ilegales: contrabando de combustible y precursores, trata de personas, explotación sexual de menores, sicariato, lavado de activos, tráfico de armas, municiones y otros. A nivel de la comunidad andina se debate en la actualidad que la minería legal se ha devenido en la principal actividad económica de algunos grupos armados irregulares y de bandas criminales, desplazando incluso al narcotráfico. En ese sentido, un fenómeno que irradia más allá de las fronteras, deviene en un asunto de seguridad nacional y regional.
El crecimiento de la minería ilegal, es sin duda, un grave problema para la región; la ausencia de una legislación específica y severa para enfrentarla y combatirla, constituye motivo estratégico por lo que, países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), articulan y unen esfuerzos para su erradicación.
Iniciativas regionales desde la CAN
Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal
La elaboración de la “Decisión Andina 774 en materia de Lucha contra la Minería Ilegal”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2103 constituye un ejemplo pragmático en este camino. Asimismo, el Ecuador aprueba, en el pleno de su Asamblea Nacional, reformas a la Ley de Minería, acción que además estimulará nuevas políticas de control.
En este contexto, el Gobierno Nacional fortalece mediante Decreto Ejecutivo No. 754 del 6 de mayo de 2012, la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI) como instancia del Ejecutivo encargada de diseñar, coordinar y dar seguimiento a la ejecución de planes y medidas enfocadas a combatir la minería ilegal en todo el territorio patrio.
La Decisión Andina tiene como objeto principal enfrentar la minería ilegal y demás actividades conexas de forma integral –cooperativa y coordinada– entre los miembros de la CAN para mitigar los efectos que se desprenden de este ilícito que atenta contra la sociedad, su seguridad, economía, recursos naturales, medio ambiente y salud.
Sandra Molina, Coordinación de Seguridad Externa, Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS)
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En el marco de esta Comisión se han diseñado varias estrategias operativas, investigativas, administrativas y sociales para hacer frente a este flagelo. Entre ellas destaca la realización de 20 macro operativos interinstitucionales, en los cuales se neutralizaron más de 100 maquinarias.
A partir de esto, a fin de contar con una mayor institucionalidad en el combate a este fenómeno criminal surge el Comité Andino contra la Minería Ilegal (CACMIL), una entidad conformada por autoridades competentes y responsable de coordinar acciones hacia el fortalecimiento de la capacidad y la efectividad en la prevención y control de la minería ilegal y sus efectos multidimensionales en ámbitos regionales, en el caso Ecuador, la integran la totalidad de los miembros del CECMI. Ecuador, en calidad de Presidente Pro Tempore de la CAN desde el 30 de julio de 2012 hasta el 2013, impulsó actividades del Comité, a través del Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS). El MICS, en coordinación con el CECMI, elaboró el Reglamento y el Plan de Trabajo
2013 del CACMIL, los cuales fueron aprobados con aportes de delegaciones de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. En el marco de estos esfuerzos, el MICS desarrolló en Quito, entre el 4 y 5 de junio de 2013, el Primer Taller del CACMIL. Un evento que desplegó cuatro mesas de trabajo, en las cuales, los distintos delegados de las naciones y miembros de la CAN realizaron valiosas intervenciones e intercambiaron experiencias referentes a cuatro ámbitos: 1. Seguridad: situaciones y experiencias nacionales en la lucha contra la minería ilegal. 2. Legal-jurídico: normativas legales sobre sanciones a nivel administrativo y penal.
3. Ambiente: prevención, remediación y reparación ambiental por impacto negativo derivado de actividades de minería ilegal y planes tendientes a una minería sin mercurio. 4. Económico e inclusión social: proyectos de desarrollo humano y de producción en zonas mineras ilegales. En el marco de este encuentro también se plantearon recomendaciones dirigidas a fortalecer los mecanismos de cooperación, enfocados al combate de lavado de activos y otros delitos conexos; control y trazabilidad de maquinaria, hidrocarburos, equipos e insumos, empleados en los procesos de explotación minera y en sus productos finales; protocolos de intercambio de información sobre mercados, demandas, circuitos y organizaciones criminales; y comportamiento del delito, paralelo a estas prácticas.
Total de macro operativos ejecutados por la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI), Ecuador-2012
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Relaciones Internacionales y Defensa
Hacia una nación
libre de minas L
a labor de desminado humanitario que emprende el Ecuador constituye uno de los compromisos de los Acuerdos de Paz de 1998, suscritos entre Ecuador y Perú, los cuales son parte de la Convención de Ottawa sobre la prohibición, empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su necesaria destrucción. El 22 de septiembre de 1990 se crea el Centro de Desminado Humanitario del Ecuador-CENDESMI, una estructura nacional, adscrita al Ministerio de Relaciones y Movilidad Humana, encargada de coordinar y ejecutar acciones integrales en la destrucción de minas en el territorio ecuatoriano. En marzo de 2008, nuestra nación formuló una solicitud de prórroga a los Estados Parte de la Convención de Ottawa, a fin de completar los trabajos de destrucción de minas antipersonales hasta el 2017.
Esfuerzos conjuntos Las acciones de Desminado Humanitario se desarrollan gracias a esfuerzos conjuntos de la Fuerza Terrestre y el Comando
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General de Desminado del Ecuador-EOD, quienes ejecutan las operaciones de desminado en la frontera con altos estándares de seguridad y experticia. Otro de los actores sustanciales en estos procesos de desminado es la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante el Programa de Acción Integral Contra las Minas antipersonal-AICMA Ecuador, quienes cooperan por más de una década en estas operaciones. Esta cooperación se cristaliza a través de donaciones de equipos, protección a desminadores, vehículos, maquinarias, ambulancia aeromédica, detectores de minas, letrinas, carpas, entre otros artículos que fortalecen la Unidad Binacional de Desminado Humanitario. Presentan mensualmente un informe con el objetivo de evaluar aspectos y condiciones de trabajo y así propender a una mejora continúa y de calidad en los procedimientos de desminado. El Centro Nacional de Desminado del Ecuador-CENDESMI actúa en coordinación y diálogo con el Centro Peruano de Acción contra las Minas Antipersonal (CONTRAMINAS), por medio de reunio-
Estas acciones comparten significativos resultados de cooperación binacional nes periódicas con autoridades nacionales, que hacen factible la planificación y la ejecución de operaciones de desminado humanitario en ambientes de cooperación e intercambio de información y asistencia mutua. Estas gestiones articuladas comparten significativos espacios de cooperación en temas de capacitación, ejercicios tácticos binacionales e intercambio de información y de experiencias de las diferentes unidades operativas. Hasta el año 2012, el país liberó 213.890,84 m2 de territorio ecuatoriano
Editorial Relaciones Internacionales y Defensa
Proceso de desminado alrededor del Hito Remolino, cantón Tiwintza, Morona Santiago, a cargo del Comando Regional de Desminado Amazonas (CRDA).
minado y destruyó 5.119 minas antipersonales emplazadas en zonas fronterizas de las provincias de El Oro, Loja y Morona Santiago, resultados que fueron presentados en la Convención de Ottawa, en cumplimiento de su artículo 7. Desminar 26 objetivos, estimados en 466.872,50 m2 con 15.595 minas antipersonales es el reto del Gobierno Nacional.
Territorio libre de minas La meta asumida va dirigida a cumplir con el compromiso de desminar hasta el 2017 el territorio nacional, un desafío muy ambicioso, si tomamos en consideración que la
cantidad de contribuciones provenientes de la comunidad internacional se han visto disminuidas en los últimos años. Para solventar esta situación,CENDESMI realiza acercamientos y coordina con la comunidad internacional la búsqueda de nuevos mecanismos de apoyo, a fin de obtener canales de asistencia técnica y financiera que contribuyan a los trabajos de desminado humanitario en la frontera. La voluntad y la labor del Gobierno Nacional en los procesos de desminado humanitario en territorio ecuatoriano hasta que seamos un país libre de minas antipersonales.
5.119 minas
antipersonales destruidas
213.890,84 m2 de territorio nacional libre de minas
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y Centro de Desminado Humanitario del Ecuador-CENDESMI
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Monitor interamericano del Ejército de Chile comparte experiencias con las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
Cooperación regional en Desminado Humanitario El desconocimiento histórico de los hechos que se ventilan en el presente, pueden desconocer méritos o invisibilizar esfuerzos de todos aquellos, que en su oportunidad, construyeron las bases de amistad y cooperación entre pueblos hermanos. Para que ello no ocurra, es responsabilidad de todos recordar a los más jóvenes cómo se han construido y generado aquellas medidas de confianza mutua que, en la arena internacional, permiten resolver los conflictos que se originan –incluso en ocasiones– por intereses contrapuestos. Es así como nace la Misión de Observadores Militares Ecuador-Perú (MOMEP), única en su género en el mundo; una so-
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lución ideada por los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro para alcanzar la paz definitiva en el área general de la Cordillera del Cóndor. La MOMEP, que cumplió misiones de paz entre el 17 de febrero de 1995 y junio de 1999, estuvo liderada por el Ejército de Brasil e integrada por fuerzas de Argentina, Brasil, Chile y de los Estados Unidos de Norteamérica. En esta misión, las Fuerzas Armadas de Chile participaron con 114 hombres y mujeres que cumplieron funciones como observadores militares y de apoyo. La MOMEP también tuvo el mérito de incentivar
y asegurar las negociaciones políticas y diplomáticas para lograr una paz definitiva. En su última fase, que se desarrolló entre el 26 de octubre de 1998 y el 1 de julio de 1999, esta asumió la riesgosa e importante misión de verificar el desminado asociado a la colocación de hitos fronterizos, inició así un trabajo prioritario y fundamental en el desminado humanitario, lo que más tarde se conocería como Misión de Asistencia a la Remoción de Minas en América del Sur (MARMINAS).
Cooperación Sur-Sur El Desminado Humanitario busca la detección y la destrucción de material letal
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para el ser humano, que producto de un conflicto bélico, ha sido “sembrado” en determinadas zonas; remoción de minas antipersonales (MAP), munición sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados o de circunstancia (AEI). En el caso de Ecuador y Perú, el trabajo de los monitores internacionales, con el apoyo de la Junta Interamericana de Defensa (JID) en coordinación con MARMINAS y la Organización de los Estados Americanos (OEA), se encamina a verificar la observancia de los procedimientos empleados por los profesionales involucrados en el desminado humanitario de cada país, verificando el estricto cumplimiento de estándares nacionales e internacionales para su destrucción o neutralización.
–específicamente– en la Escuela de Desminado, entidad, dependiente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Ecuador. A lo largo de una década, el ejército chileno ha colaborado con 18 monitores en MARMINAS. Todos, capitanes del Arma de Ingenieros, capacitados y certificados para realizar este tipo de actividades en zonas de alto riesgo, de difícil accesibilidad y en condiciones meteorológicas adversas. Actualmente, la Misión MARMINAS, cuenta con la participación de dos oficiales chilenos y cinco oficiales brasileños, uno de ellos, Comandante de la Misión.
Su acción, articulada al esfuerzo binacional protagonizado por ecuatorianos y peruanos, contribuye a recuperar –paulatinamente– territorios de alto riesgo para la población civil, detectando, neutralizando y destruyendo por más de 10 años, cientos de miles de minas. Chile se hace partícipe de este modo en procesos de integración regional, a respaldar a países hermanos en áreas sensibles, lo cual, junto a la colaboración en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), configura al país como un activo colaborador a través de “una respuesta regional a un problema regional”.
Este trabajo lo dirige Brasil con monitores del Ejército de Chile y se desarrolla en los frentes Santiago (Ecuador) y del valle del Cenepa (Perú). A partir del 1 de diciembre del año 2000, Chile da inicio a Comisiones de Asesoría Técnica en Desminado Humanitario a Fuerzas Armadas del Ecuador, las que finalizan el 31 de marzo de 2003. Posteriormente, la OEA, solicita colaboración de especialistas chilenos, que continúan apoyando a Ecuador en el 2004, hasta la fecha, cooperación que consiste en la participación de oficiales en calidad de supervisores (monitores) como soporte en operaciones de desminado en territorios de Ecuador y Perú. Asimismo, desarrollan labores de asesoría en planificación para el levantamiento de campos minados y cooperan en actividades de carácter docente
Monitores Interamericanos en zonas de operaciones Sanchez Racho 05, Provincia Morona Santiago, Ecuador.
Fuente: Embajada de Chile en Ecuador
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Relaciones Internacionales y Defensa
Instrumentos para prevenir el
tráfico ilícito de armas D
esde 1991, en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se han emprendido diferentes estudios sobre los métodos y medios que promuevan la transparencia en las transferencias internacionales de armas convencionales. El 18 de diciembre de 2006, cuando la Asamblea General de la ONU, solicitó a los Estados miembros, opiniones sobre el concepto de un Tratado de Comercio de Armas (TCA), se dio paso en 2009 a la conformación de un Grupo de Trabajo abierto, el cual, luego de dos reuniones se transformó en una Comisión Preparatoria de la Conferencia para la adopción del TCA. Esta Comisión Preparatoria mantuvo cuatro reuniones durante julio de 2010, febrero, julio de 2011 y febrero de 2012, en las que se discutieron los componentes que debería contener el Tratado: definición de reglas de procedimiento; y qué decisiones plantearse sobre la base del consenso. En julio de 2012, se difunde el Proyecto TCA para ser analizado internamente por cada uno de los Estados. Más adelante mediante una resolución aprobada el 24 de diciembre de 2012, la
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Normativas comunes buscan regular el comercio internacional de armas convencionales Asamblea General de Naciones Unidas, convoca a una Conferencia Final para la adopción del TCA en marzo de 2013. Esta Conferencia Final, tuvo lugar en Nueva York, entre el 18 y 28 de marzo de 2013. Su resolución final obtuvo 155 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones, entre ellas la de nuestro país. En este sentido el Gobierno Nacional, a través de autoridades e instancias competentes, estudia y analiza en la actualidad con atención, el Tratado, para definir una posición frente al mismo.
Es necesario señalar que una abstención no puede interpretarse como un rechazo o resistencia al Tratado, simplemente entrega tiempo para su examen. En lo fundamental el instrumento, busca establecer normas universales comunes que contribuyan a regular o mejorar el comercio internacional de armas convencionales. Asimismo, se dirige a prevenir y reducir el tráfico ilícito de armas convencionales y por ende evitar su desvío. El tratado no se contrapone a la Constitución de la República ni a otros instrumentos internacionales suscritos con anterioridad por el Ecuador. De igual manera, el TCA tampoco afecta la misión fundamental de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía e integridad territorial, en el control de armas y la seguridad ciudadana sino que permitiría a diferentes instituciones disponer de información sobre el tipo, calibre, serie, cantidades y otros datos técnicos de las armas en poder de países vecinos y de otros Estados, organizando registros y bases de datos que faciliten el intercambio de información, a fin de establecer una adecuada trazabilidad de
Resultados obtenidos en Ecuador por Fuerzas Arrmadas y Policía Nacional 700
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600 500
441
400
392
428
388 228
Armas Decomisadas
200 100
438
259
300
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0 ene-12 feb-12
402 231
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394
390 346
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382 448
397
383
240 250
204
376 334
322
342 213
129
99
55
542
Armas Incautadas
488
mar-12 abr-12 may-12
45 jun-12
jul-12
ago-12 sep-12 oct-12
nov-12
dic-12
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13
may-13
Armas Incautadas
2.337
2.037
-300
-12.84%
Decomisadas
630
1.555
925
146,83%
Fuente: Equipo Técnico de Control de Armas (ETCA)
las armas, factor, acorde con la ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y su Reglamento. Sin embargo, a pesar de la existencia de algunos aspectos positivos, no puede desconocerse, que el TCA adolece de un balance adecuado sobre las responsabilidades que asigna a cada uno de los Estados actores en el comercio de armas, favoreciendo así, a exportadores de armamentos y desconociendo paralelamente, derechos de países importadores. El TCA contiene criterios que facultan la prohibición en la exportación de armas; aspectos que eventualmente podrían em-
plearse como medio de presión política y por consiguiente generaría injerencias de los Estados productores y exportadores de armas en algunas naciones, que por causas políticas no califiquen para adquirir armas, incluso hasta para su uso interno antidelincuencial; exhibiendo así, contradicciones con el derecho de cada Estado a determinar soberanamente sus necesidades de índole de defensa y seguridad. En su alcance el Tratado tampoco propone disposiciones sobre el comercio de armas pequeñas y ligeras, ni de municiones y accesorios, tema relevante para el Estado ecuatoriano, si tomamos en cuenta que nuestra normativa para el control de armas sí contempla municiones y accesorios.
Igualmente, el TCA no contiene criterios de prohibición de exportación o transferencia de armas a actores no Estatales no autorizados y no excluye la posibilidad de venta de armas a los Estados involucrados en crímenes de agresión o a países que detentan bases y ocupaciones extranjeras. Dado que la Conferencia Final de Naciones Unidas relativa al Tratado sobre el Comercio de Armas adoptó el texto de dicho instrumento, es importante considerar, la conveniencia de la adhesión del Ecuador a este Tratado, una vez consensuada una posición nacional. Cabe resaltar que actuando como Estado parte, Ecuador podría proponer las enmiendas y reformas correspondientes y participar en la elaboración del Reglamento de acuerdo a las realidades e intereses nacionales.
María Luisa Vera, Coordinación de Seguridad Externa, Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS)
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Seguridad y
desarrollo humano
en la frontera norte
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l Gobierno Nacional resuelto a consolidar una presencia institucional, democrática y soberana del Estado en la frontera norte diseñó políticas encaminadas al Buen Vivir de sus pobladores. Creada mediante Decreto 565, en 2008, y posteriormente adscrita al Ministerio Coordinador de Seguridad, la Secretaría Técnica Plan Ecuador, impulsó una visión integral de la seguridad que atendía necesidades e infraestructuras básicas y paralelamente contrarrestaba cuantiosas consecuencias originadas de numerosas desigualdades, en términos económicos, sociales y étnicos que esta zona exhibió históricamente. Seguridad a través del desarrollo social y humano, atención a la comunidad desde
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mejores escuelas, nuevos y adecuados dispensarios y centros de salud, polos para el desarrollo infantil y juvenil, caminos vecinales, puentes, equipamiento, implementos e instalaciones deportivas, fomento del arte y la cultura, sistemas de agua, alcantarillado y saneamiento, generación de empleo, organización y asesoría de emprendimientos productivos comunitario, enfocados a una rentabilidad económica y ambiental sobre la base de la seguridad, el respeto a la naturaleza, los derechos humanos y la paz, son algunos proyectos que Plan Ecuador impulsó. Con cerca de 50 millones de dólares invertidos, esta Secretaría, en conjunto con otras carteras de Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados y soporte
Plan Ecuador impulsó relevantes esfuerzos en el mejoramiento de la calidad de vida proveniente de la cooperación internacional, emprendió numerosas acciones hacia la seguridad y calidad de vida de compatriotas que habitan zonas fronterizas de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.
Justicia Social y Desarrollo Humano
2008 - 2013
intervención, beneficiarios e inversión Atención social Construcción de 6 Centros Infantiles del Buen Vivir
Producción y desarrollo comunitario Construcción, organización y asesoramiento en proyectos y planta agrícola integral; levantamiento y reacondicionamiento de puentes peatonales. Beneficiarios: 15.890 pobladores Inversión: USD 1.546.959,38
Provincias: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos
Cultura física Instalación de gimnasios, entrega de implementos deportivos, capacitación y asesoramiento.
Equipamiento y salud
Beneficiarios: 18.950 pobladores
Construcción y dotación de Subcentros de Salud tipo B y C
Inversión: USD 1.016.955,75
Beneficiarios: 150 mil pobladores
Difusión del arte y la cultura a través de presentaciones artísticas participativas y concursos en territorio. Beneficiarios: 7.100 pobladores Inversión: USD 102.500,00 Provincias: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos
Provincia: Esmeraldas
Beneficiarios: 300 niñas y niños Inversión: USD 4.854.598,83
Arte y cultura
Provincias: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos
Inversión: USD 5.150.691.53
Proyectos coordinados con Ecuador Estratégico Edificación de colegios con internado Beneficiarios: 2.400 niñas y niños Inversión: USD 6 millones Manejo de Triángulo de Cuembí para solución de conflicto socioambiental Beneficiarios: 10.174 pobladores
Provincia: Esmeraldas
Misión Luis Vargas Torres
Inversión: USD 300 mil
Agua y saneamiento
Mejoramiento de la calidad de vida en zonas afectadas por minería ilegal.
Estudio de agua para la mancomunidad del Río Dué
Beneficiarios: 16 mil pobladores
Beneficiarios: 176.472 pobladores
Inversión: USD 1.178.810,20
Inversión: USD 1 millón
Provincia: Esmeraldas
Provincia: Sucumbíos
Implementación de sistemas de agua potable, alcantarillado y unidades básicas sanitarias Beneficiarios: 43.460 pobladores Inversión: USD 6.516.296,55 Provincias: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos
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Taxis ejecutivos
reportarรกn incidentes al
ECU 911
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Seguridad Integral
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n la Constitución de la República, la participación y el control social tienen singular importancia y significación estratégica pues además de garantizar el derecho a participar en la fiscalización de los actos del poder público, garantiza la contribución individual o colectiva de la sociedad en la toma de decisiones, en la planificación y la gestión de los asuntos públicos, en un proceso permanente de construcción de poder ciudadano. El numeral 4 del artículo 83 de esta Constitución política también establece como una de las responsabilidades de toda ciudadana y ciudadano “Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.” Constituye función privativa del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional, la protección interna, así como el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el orden público. En este sentido, el Estado, dentro de sus competencias, tiene el deber de aprobar las políticas, las estrategias, los planes y programas encaminados a garantizar la gobernabilidad y la seguridad interna en el marco de los derechos humanos. El Ministerio Coordinador de Seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, es responsable de la elaboración de las políticas públicas, de la planificación integral y de la coordinación con los organismos que conforman el Sistema de Seguridad Pública y del Estado.
Participación de la comunidad en apoyo a la seguridad La Ley de Seguridad Pública y del Estado en su artículo 45, respecto de la par-
ridad personal, familiar o comunitaria de la sociedad.
La seguridad con enfoque integral demanda la interrelación de todos los actores de la sociedad ticipación ciudadana, manifiesta que “La ciudadanía podrá ejercer su derecho de participación en el Sistema de Seguridad Pública, de conformidad con lo prescrito en la Constitución, las normas legales de participación ciudadana y control social, de modo individual u organizado, en los procesos de definición de las políticas públicas y acciones de planificación, evaluación y control para los fines de la presente ley; exceptuando la participación en la aplicación del uso de la fuerza, que es de responsabilidad del Estado, a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Es deber y responsabilidad de los habitantes de la República colaborar con el mantenimiento de la paz y la seguridad.”
“Los ojos de mi País” Es una iniciativa de participación ciudadana que surge con el propósito de que taxistas que brindan servicios ejecutivos proporcionen al Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, información oportuna, confiable y verificada sobre incidentes que se susciten en el espacio público por el que transitan con sus vehículos o que afecten o pongan en riesgo la segu-
La implementación de esta iniciativa es factible porque la Asociación Ecuatoriana de Operadoras de Taxi Ejecutivo (AETEJ), organización de carácter nacional posee vehículos equipados con sistemas de georeferenciación, tecnología de comunicación de audio y datos, centrales de operaciones las 24 horas, 365 días del año, software propio y de fabricación nacional, choferes profesionales en permanente proceso de inducción y capacitación, sobre los que se tiene una base de datos actualizada –periódicamente–, información de contacto, antecedentes personales y documentación legal habilitante para el ejercicio profesional. Esta participación gremial se convertirá en un soporte adicional en la prevención y coordinación de auxilios, sobre la base de una información confiable y de mayor cobertura para el ECU 911, con lo que el sistema optimizará su capacidad de reacción, intervención y coordinación. Esto constituye un mecanismo social de prevención y disuasión frente a la comisión pública de infracciones y de manifestaciones de violencia. El Ministerio Coordinador de Seguridad y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 capacitarán a 960 miembros de la AETEJ de la provincia de Pichincha como ámbito de acción en primera instancia, en temas de seguridad ciudadana, inteligencia emocional, roles del ECU 911, tipos de incidentes y codificación que utilizarán para la comunicación con el sistema y protocolos para reportar los incidentes, entre otros.
Fernando Vinueza, Coordinación de Seguridad Interna, Ministerio Coordinación de Seguridad (MICS)
REVISTA DEL MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD
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Cifras y Datos
ECU 911
más de 6 mil atenciones diarias
E
l Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 robustece una visión compartida de la gestión que coadyuva a hermanar numerosas facultades y bienes del Gobierno central y de Gobiernos Autónomos Descentralizados, experiencias de gestores de seguridad y de la ciudadanía en territorio.
Centros Locales
800
Centros Zonales
1950
Su cobertura alcanza lugares recónditos de nuestra geografía; caletas pesqueras en Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, pasos de frontera, puentes internacionales en el norte y sur, provincias de la región amazónica, de la sierra y de la costa ecuatoriana; y cantones y parroquias del territorio nacional que nunca imaginaron contar con un servicio de videovigilancia y de atención integral, pertinente y gratuita a sus demandas de emergencias, las 24 horas y 365 días del año.
4000
Centros Nacionales
PROMEDIO DARIO EN LA ATENCIÓN Y DESPACHO DE EMERGENCIAS Centros
Cobertura
2 nacionales
Guayas, Santa Elena, Pichincha, Napo y Orellana
4000
3 zonales
Azuay, Cañar, El Oro, Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza
1950
2 locales
Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas
7 Total
13 provincias
Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
18
Cantidad
800 6750
Más de 6 mil incidentes diarios son asumidos en promedio por los siete centros actualmente en operaciones de una planificación nacional de 16. Sólo los dos de competencias nacionales, Samborondón y Quito, despachan en promedio 2 mil emergencias diarias. Los tres zonales, ubicados en Cuenca, Machala y Ambato, presentan una media de 650 cada uno, y los dos locales, en las ciudades de Santo Domingo y Esmeraldas, resuelven 400 contingencias diarias.