Resolución directoral de sanción órgano sancionador 1 5098 sanción contra servidores de la ugel 10 d

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Huaral, 26 de Octubre de 2017.

VISTO: El Informe Nº 002-2017-DRELP/UGEL-N°10-HUARAL-OI-AGA-EPER-PAD, de fecha 03 de octubre de 2017, a través del cual el Técnico Administrativo (e) del Equipo de Personal de la UGEL N° 10 de Huaral, en su condición de Órgano Instructor del Procedimiento Administrativo Disciplinario instaurado mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N°10-HEPER-AGA-PAD/OI, remite la recomendación de sanción contra los servidores que han incurrido en falta de carácter disciplinario; CONSIDERANDO: Que, mediante la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013 en el Diario Oficial "El Peruano", se aprobó un nuevo régimen del servicio civil para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado y aquellas que se encuentran encargadas de su gestión, con la finalidad de alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia, así como prestar efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, promoviendo además el desarrollo de las personas que lo integran, y en virtud a su Título V, se establecieron las disposiciones que regularían el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador, las mismas que conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma reglamentaria sobre la materia; Que, el 13 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria se estableció que el título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entraría en vigencia a los tres (3) meses de su publicación, es decir, a partir del 14 de septiembre de 2014. En ese sentido, a partir del 14 de septiembre de 2014, resultan aplicables las disposiciones establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro 1 de su Reglamento General entre los que se encontraban comprendidos aquellos trabajadores sujetos bajo los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276, 728 y 1057, estando excluidos sólo los funcionarios públicos que hayan sido elegidos mediante elección popular, directa y universal, conforme lo establece el Artículo 90° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil; Que, de conformidad al numeral 1.2. del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende los derechos a: exponer argumentos, ofrecer y producir pruebas y obtener una decisión motivada y fundada en derecho; y, en los procedimientos administrativos disciplinarios, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que en ellos los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la administración; Que, mediante Informe N° 005-2017-DRELP/UGEL N° 10-HUARAL-STPAD, de fecha 12 de junio de 2017, la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del PAD de la UGEL N° 10 de Huaral, luego de realizar el análisis de todo lo actuado, emite el Informe de Precalificación recomendando el inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario contra los Servidores y Ex Servidores de la UGEL N° 10 de Huaral conforme al siguiente detalle: Lic. Milagros Del Rosario Gordillo Bautista - Ex Jefe (e) del Área de Gestión Administrativa, Mg. María Picón Malásquez – Ex Jefe (e) del Área de Gestión Institucional, Abg. Carlos Valenzuela Huaranca – Abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica, C.P.C. Guillermo Romero Aguilar – Ex Encargado del Equipo de Contabilidad, Sra. María Alberta Gómez Calle – Ex Encargado del Equipo de Tesorería, Sr. Alex Cristian Torres Rueda – Ex Encargado de la Oficina de Planillas – Activos, Sra. María Victoria Ruiz Vásquez – Ex Coordinadora de Planillas, Sr. Edgar Armando Huayamares

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Carbajal – Ex Especialista de Finanzas, Abog. Marcelo Abrego Herrera – Ex Jefe (e) del Órgano de Control Institucional, Abog. Fernando Santiago Solís Quilly – Auditor del Órgano de Control Institucional y C.P.C. Edgar Alberto Pichilingue Garcés– Ex Auditor del Órgano de Control Institucional; Que, mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-HEPER-AGA-PAD/OI, de fecha 13 de junio de 2017, el Lic. Carlos Alberto Najarro Mejía - Técnico Administrativo (e) del Equipo de Personal de la UGEL N° 10 de Huaral, en su condición de Órgano Instructor, resuelve en su Artículo Primero: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO a los siguientes servidores: Lic. Milagros Del Rosario Gordillo Bautista - Ex Jefe (e) del Área de Gestión Administrativa, Mg. María Picón Malásquez – Ex Jefe (e) del Área de Gestión Institucional, Abg. Carlos Valenzuela Huaranca – Abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica, C.P.C. Guillermo Romero Aguilar – Ex Encargado del Equipo de Contabilidad, Sr. Alex Cristian Torres Rueda – Ex Encargado de la Oficina de Planillas –Activos, Sra. María Alberta Gómez Calle – Ex Encargado del Equipo de Tesorería, Sra. María Victoria Ruiz Vásquez – Ex Coordinadora de Planillas, Sr. Edgar Armando Huayamares Carbajal – Ex Especialista de Finanzas, Abog. Marcelo Abrego Herrera – Ex Jefe (e) del Órgano de Control Institucional, Abog. Fernando Santiago Solís Quilly – Auditor del Órgano de Control Institucional y C.P.C. Edgar Alberto Pichilingue Garcés– Ex Auditor del Órgano de Control Institucional; Asimismo, recomienda implementar la medida Cautelar de Separación de Funciones contra el servidor Abog. Marcelo Abrego Herrera – actual Especialista (e) del Equipo de Personal, y ex Jefe (e) del Órgano de Control Institucional, por el lapso de tiempo que dure el Proceso Administrativo Disciplinario, a fin de no entorpecer el desarrollo del presente PAD, sin afectar su remuneración ni su derecho de defensa; Que, mediante Cartas N° 007, 008, 010, 012, 014, 015, 017, 018, 020, 022, 023-2017ST/DRELP/UGEL N° 10/H, por encargo del Órgano Instructor mediante Memorándum N° 221-A-2017DREKP/UGEL-10-H-DIR-AGA-EPER la Secretaría Técnica cumple con notificar la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, a los servidores comprendidos en al Artículo Primero del citado acto resolutivo, otorgándoles el plazo de cinco (5) días hábiles para presentar sus descargos respecto a los hechos imputados y las pruebas que crean convenientes para su defensa, una vez notificado; ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PAD: Que, se tiene acreditado que en la UGEL N° 10 de Huaral, de conformidad a los Comprobantes de Pago N° 294 de fecha 15 de marzo de 2016 (Expedientes SIAF N° 98) y Comprobante de Pago N° 907 de fecha 27 de julio de 2016 (Expediente SIAF 307) emitidos en el Ejercicio Presupuestal 2016, diversos servidores y ex servidores han realizado para sí y para otros pagos indebidos, disponiendo en beneficio propio y de terceros realizar abonos por concepto de devengados de la planilla única de pagos afectando ilegalmente el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado y 2.1.12.12 Personal Docente Contratado, por el monto de S/. 986,086.01 soles, contraviniendo el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el Artículo 26° de la misma Ley; Que, los referidos pagos irregulares efectuados mediante Comprobante de Pago N° 294, de fecha 15 de marzo de 2016 (Expedientes SIAF N° 98), fueron aprobados mediante Resolución Directoral UGEL N° 10 N° 00171, de fecha 19 de enero de 2016, suscrito por la Mg. Flor Ananora Saavedra Feliz – Directora del Programa Sectorial III de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 10 – Huaral, donde se resuelve en su ARTÍCULO 1°.- RECONOCER Y APROBAR, el pago de los devengados generados por la indebida aplicación de la escala aprobada mediante RER N° 146-2004-PRES a 34 servidores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 – Huaral, por el monto de S/. 1´344,882.00 soles, pagos que se han realizado con la participación (por acción y omisión) de diferentes servidores de la

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 UGEL N° 10, quienes laboraban en las distintas locaciones destinadas a la administración de los recursos públicos presupuestales, recursos humanos, asesoría legal y control gubernamental, quienes han permitido que otros servidores se beneficien con el cobró de beneficios que no contaba con la disponibilidad presupuestal correspondiente, afectando presupuesto que no le correspondía al haberse realizado pagos por concepto de devengados, que conforme al reporte de Pago de los Expedientes SIAF 98 y 307, ambos del ejercicio presupuestal 2016, remitido a la Secretaría Técnica por el encargado del Equipo de Tesorería, donde se aprecia que dichos pagos se realizaron afectando el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, por cuanto se ha pagado con cargo a los clasificadores de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, por el monto de S/. 766,932.00 soles (SIAF 98) y S/. 209,154.01 soles (SIAF 307), contraviniendo el Artículo IV de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que dispone que: “Los créditos presupuestarios aprobados para las entidades se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los Presupuestos del Sector Público, así como en sus modificaciones realizadas conforme a Ley General”, disposición que recoge también el Artículo 26° de la citada Ley, que además agrega que: “…..los actos administrativos y de administración, …, así como cualquier actuación de las entidades, que afecten gasto público deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, …., bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto”; lo cual conllevaría a responsabilidades no solo de tipo administrativo, sino de tipo penal al haberse malversado fondos públicos; Que, en autos se tiene la Opinión Legal N° 547-2015-DREL/UGEL-10-H-OAJ, de fecha 16 de Diciembre de 2015, suscrito por el Abog. Carlos A. Valenzuela Huaranca (e) Asesoría Jurídica, a través del cual recomienda que debe de declararse PROCEDENTE la solicitud interpuesto por los servidores de la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local N 10 de Huaral, opinando que debe de reconocerse el derecho de reintegro solicitado por los servidores de la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 10 de Huaral, en razón de que no percibieron en su totalidad el incentivo laboral en el periodo de vigencia de conformidad a la Escala prevista en la Resolución Ejecutiva Regional N° 1462004-PRES y Resolución Ejecutiva Regional 1152-2011-PRES, (…); Que, mediante Expediente N° 001414, de fecha 12 de enero de 2016, a través del cual los trabajadores administrativos de la sede de la UGEL 10 – Huaral, solicitan el reconocimiento de devengados de incentivos único de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 de la RER N° 146-2004-PRES de fecha 08.07.2004; Que, con Informe Técnico N° 009-2016-UGEL-N° 10-H-AGA-EPER-PLLAS. de fecha 14 de Enero de 2016, suscrito por la servidora María Victoria Ruiz Vásquez, a través del cual la Oficina de Planillas – Activos de la UGEL N° 10 – Huaral, emite Opinión Técnica respecto a lo solicitado por los Trabajadores Administrativos de la sede de la UGEL N° 10 – Huaral mediante Expediente N° 001414, de fecha 12 de enero de 2016, realizando la Liquidación de devengados de incentivos único de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 de la RER N° 146-2004-PRES de fecha 08.07.2004; Que, con Oficio Nº 105-2016-GRL-GRPPAT, de fecha 19 de Enero de 2016, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, efectúa la consulta a la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre si es posible reconocer, dentro del marco legal vigente, los devengados reclamados por los trabajadores administrativos del Sector Educación, derivados de las Resoluciones Ejecutivas Regionales Nº 146-2004PRES y Nº 1152-2011-PRES, a través del cual se aprobaron escalas de incentivos laborales; Que, mediante Oficio Nº 618-2016-EF/53.01, de fecha 24 de febrero de 2016, a través del cual la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, concluye:

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 ➢

Con relación a devengados reclamados por los trabajadores administrativos del Sector Educación, derivados de las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004PRES y N° 1152-2011-PRES que aprobaron escalas de incentivos laborales, siendo Resoluciones emitidas contraviniendo el ordenamiento jurídico del Estado, las mismas que devienen en irritas y sin efecto legal alguno (…).

Que, mediante Oficio Múltiple Nº 0074-2016-GRL-GRPPAT, ingresado por mesa de partes de la UGEL N°10 de Huaral con Expediente Administrativo N° 008548 en fecha 10 de marzo de 2016, a través del cual la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Lima, pone de conocimiento a los Directores de las Unidades Ejecutoras del Sector Educación lo informado por la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio Nº 618-2016-EF/53.01, instándolos a que deben de abstenerse de validar y/o convalidar las RER N° 146-2004-PRES y RER N° 1152-2011-PRES, que aprueba la escala Única de Incentivos al personal administrativo y docente que realicen funciones administrativas bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 276, bajo responsabilidad funcional y administrativa de quienes lo autorizan, al ser resoluciones emitidas contraviniendo el ordenamiento jurídico del Estado, las mismas que devienen en irritas y sin efecto legal alguno; Que, Obra en Autos el Comprobante de Pago Nº 294 (SIAF 98) de fecha 15 de marzo de 2016, remitido por el encargado del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017GRL/DREL/UGEL-N°10-H-AGA-TES, comprobante que no ha sido emitido a través del SIAF, sino que es un comprobante digitado, pero que cuenta con la firmas del Tesorero y del Contador. En este comprobante se evidencia que el pago realizado a los trabajadores administrativos de la UGEL Nº 10 se ha realizado afectando el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, por cuanto se ha pagado con cargo a las partidas específicas 2.1.12.11 Personal del Magisterio Nombrado y 2.1.12.12 Personal del Magisterio Contratado, por el monto de S/. 766,932.00 soles, lo cual conlleva a responsabilidades no solo tipo administrativo; Que, Obra en autos el Expediente N° 019328, de fecha 19 de julio de 2016, a través del cual los trabajadores administrativos de la sede de la UGEL 10 – Huaral, solicitan el pago de los intereses legales sobre los devengados generados por la RER N° 146-2004-PRES; Que, mediante Informe Técnico N° 227-2016-DRELP-UGEL N° 10-H-AGA-EPER-PLLAS, de fecha 20 de julio de 2016, suscrito por el Sr. Alex Cristian Torres Rueda en su condición de encargado de la Oficina de Planillas – Activos de la UGEL N° 10 – Huaral, a través del cual, indebidamente, realiza la liquidación de los intereses legales; Que, los pagos irregulares efectuados mediante Comprobante de Pago N° 907 de fecha 27 de julio de 2016 (Expediente SIAF 307), fueron aprobados mediante la Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, suscrito por la Mg. Flor Ananora Saavedra Feliz – Directora del Programa Sectorial III de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 10 – Huaral, a través del cual se resuelve en su ARTÍCULO 1°.- RECONOCER LA DEUDA en favor de los trabajadores administrativos de la jurisdicción de la UGEL N° 10 de Huaral, por concepto de intereses legales correspondiente al pago de devengados de la escala de incentivos dispuesta por la R.E.R. N° 0146-2004PRES, a efectos de que se pague dicho beneficio, de acuerdo al monto total considerado en el Informe Técnico N° 227-2016-DRELP-UGEL N° 10-H-AGA-EPER-PLLAS (Anexo N° 01), por el importe total de S/.

209,154.01 Nuevos soles, pese a que mediante Oficio Múltiple Nº 0074-2016-GRL-GRPPAT, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en fecha 10 de marzo de 2016, notificó a la UGEL N° 10 de Huaral el Oficio Nº 618-2016-EF/53.01 de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos –MEF, y donde se les indico que debían de abstenerse de validar y/o convalidar las

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 R.E.R Nº 146-2004-PRES y R.E.R Nº 1152-2011-PRES, bajo responsabilidad funcional y administrativa de quienes lo autorizaran, ni reconocer devengados derivados de dichas Resoluciones Ejecutivas Regionales que por contravenir el ordenamiento jurídico del Estado devienen en irritas y sin efecto legal alguno; Que, obra en Autos el Comprobante de Pago Nº 907 (SIAF 307) de fecha 27 de julio de 2016, remitido por el encargado del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017GRL/DREL/UGEL-N° 10-H-AGA-TES. en este comprobante se evidencia que el pago realizado a los trabajadores administrativos de la UGEL Nº 10 se ha realizado afectando el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados, por cuanto se acredita que se ha pagado con cargo a la partida específica 2.1.12.11 Personal del Magisterio Nombrado, por el monto de S/. 209,154.00 nuevos soles, lo cual conlleva a responsabilidades no solo tipo administrativo; Que, mediante Informe Nº 145-2016-GRL-GRPPAT, de fecha 10 de Octubre de 2016, el Lic. Mario Verano Conde en su condición de Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, informa a la Gerencia General del Gobierno Regional de Lima respecto a los pagos indebidos realizados en la UGEL N° 10 de Huaral, donde concluye que se ha evidenciado que a pesar de tener conocimiento del contenido del Oficio N° 618-2016-EF/53.01 de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, así como del Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT, la Mg. Flor Ananora Saavedra Feliz, no inicio el trámite administrativo de nulidad de la Resolución Directoral de la UGEL 10 N° 00171 a través del cual se reconoce y aprueba el pago de devengados generados a trabajadores administrativos por el monto de S/. 1`344,882.00 soles, en aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R Nº 146-2004-PRES, a los servidores de la sede administrativa UGEL Nº 10 Huaral, programándose en la planilla en el mes de abril de 2016, y al contrario autorizó el pago de los devengados reconocidos por dicha Resolución, cobrando ella misma dos cheques (cheque Nº 93498833 por el monto de S/. 12,591.00 y cheque Nº 95009045 por el monto de S/.

12,591.00) haciendo un total de S/. 25,182.00. Asimismo, emitió la Resolución Directoral UGEL N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, donde se reconoce la deuda por concepto de intereses legales al pago de devengados con pleno conocimiento de su ilegalidad, beneficiando a trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 por un monto total de S/. 209,154.01 soles, y donde su persona realiza el cobró el importe de S/. 6,948.18 por concepto de intereses legales, hechos que se encuentran corroborados en los reportes de pagos extraídos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) remitidos por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas en su condición de Tesorero de la UGEL N° 10 de Huaral, y donde se aprecia que la citada servidora ha efectuado la devolución de los importes cobrados indebidamente mediante depósitos efectuados mediante papeleta T-65; Asimismo, se evidencia que se ha tramitado el pago parcial de estos incentivos sin haber sido presupuestados, usando para ello los recursos destinados al pago del personal del magisterio, contraviniendo el Artículo IV de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que dispone que “Los créditos presupuestarios aprobados para las entidades se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los Presupuestos del Sector Público, así como en sus modificaciones realizadas conforme a Ley General”, disposición que recoge también el artículo 26° de la citada ley, que además agrega que: “los actos administrativos y de administración, …, así como cualquier actuación de las entidades, que afecten gasto público deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, …., bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto”; Que, mediante Oficio N° 4629/GRL/DRELP-D/2016, ingresado por mesa de partes de la UGEL N° 10 – Huaral con Expediente N° 031005, de fecha 26 de Diciembre de 2016, a través del cual el Lic. José Luis Flores Obando – Director de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias del Gobierno Regional de Lima, remite eI Informe Nº 93-2016-DRELP-OAJ, suscrito por la Abg. Mirtha Luz Talledo Marroquin – Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica – DRELP, a través del cual recomiendan

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 en remitir el presente informe a las Secretarías Técnicas del Régimen Disciplinario de la Ley Servir de dichas UGEL a fin de que en uso de sus atribuciones y funciones den inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario; Que, mediante Informe Nº 005-2016-DRELP/UGEL-10-H-OAJ, de fecha 26 de Diciembre de 2016, suscrito por el Abg. Luis Antonio Paria Tapia – Especialista Legal de la UGEL N° 10 de Huaral, respecto al pago irregular de devengados realizados a trabajadores administrativos de la UGEL N° 10 de Huaral, en merito a la R.D. N° 00171-2016 de fecha 19 de enero de 2016, señala que presumiblemente por un error material se número dos (02) veces el número 11 en la relación de Pago de Devengados de la citada resolución, siendo correcto 34 los trabajadores beneficiados con dicho pago, y que luego de realizar el análisis correspondiente, concluye que se ha tramitado el pago parcial de estos incentivos sin haber sido presupuestados, usando para ello los recursos destinados al pago del personal del magisterio, contraviniendo el artículo IV de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema de Presupuesto, que dispone que “Los créditos presupuestarios aprobados para las Entidades se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los presupuestos del sector público, así como en sus modificaciones realizadas conforme a la Ley General del Sistema de Presupuesto”, disposición que recoge también el artículo 26° de la citada Ley, además agrega que: “los actos administrativos y de administración,… así como cualquier actuación de las entidades, que afecten gasto públicos deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados,…. bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto”; por lo que, deriva todo lo actuado a la Dirección del Programa Sectorial III de la UGEL 10 a fin de que se tomen las acciones administrativas conducentes a deslindar responsabilidades de tipo administrativo, civil o penal en que puedan haberse incurrido en el trámite de estos pagos, realizados en base a resoluciones que de acuerdo a lo manifestado por el Ministerio de Economía y Finanzas devienen en irritas y sin valor legal alguno; Que, con Hoja de envió N° 3247 de fecha 26 de Diciembre de 2016, el Órgano de Dirección deriva a la Secretaria Técnica de la UGEL N° 10 – Huaral, todo lo actuado respecto al procedimiento irregular que dio merito al pago a 34 servidores de la sede administrativa de la UGEL N° 10 – Huaral, por concepto de devengados generados por la indebida aplicación de la escala aprobada mediante RER N° 146-2004-PRES, a fin de adoptarse las acciones administrativas que correspondan; Que, mediante Expediente N° 001465, ingresado por mesa de partes de la UGEL N° 10 de Huaral en fecha 11 de enero de 2017 y derivado por el Órgano de Dirección de la UGEL N° 10 a la Secretaria Técnica mediante Hoja de Envío N°133 el 20 de Enero de 2017, la Sra. Haydee Albina Bailón Flores, en su condición de Secretaria de Disciplina de la Federación Regional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación de la Región Lima Provincias, presenta denuncia por falta administrativa, Negligencia en el Desempeño de sus Funciones, Malversación de Fondos Públicos, Corrupción Administrativa, Enriquecimiento Ilícito y otros contra las siguientes personas: Mg. Flor Ananora Saavedra Feliz – Ex Directora de la UGEL N° 10 de Huaral, Sra. Milagros Del Rosario Gordillo Bautista – Ex Administradora (e) de la UGEL N° 10 de Huaral, Sra. María Del Rosario Picón Malasquez – Ex Jefa (e) del Área de Gestión Institucional (Responsable del Equipo de Finanzas), C.P.C. Guillermo Romero Aguilar – Contador de la UGEL N° 10 de Huaral, C.P.C. María Alberta Gómez Calle – Tesorera de la UGEL N° 10 de Huaral, Sra. María Victoria Ruiz Vásquez – Ex (e) Coordinadora de Planillas de la UGEL N° 10 de Huaral (desde el mes de Junio del 2015 a Agosto del 2016), Sr. Edgard Armando Huyamares Carbajal – Ex Financista de la UGEL N° 10 de Huaral, y contra los que resulten responsables en la tramitación del pago de devengados a favor de los trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, en aplicación de la escala aprobada mediante RER N° 146-2004-PRES, pagos realizados en el mes de Abril del 2016; Que, mediante Expediente N° 003725, de fecha 03 de febrero de 2017, derivado por la Oficina de Trámite documentario de la UGEL N° 10 de Huaral a la Secretaria Técnica, a través del cual la

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Lima, corre traslado el Oficio N° 0152017-DCEMV/CR suscrito por el Congresista de la República Elard Melgar Valdez, respecto a denuncia sobre cobros irregulares e indebidos por funcionarios y trabajadores administrativos de la UGEL N° 10 de la Provincia de Huaral en base a la R.D. N° 000171 de fecha 19 de enero de 2016, donde entre otros se encuentran incluidos el Abg. Marcelo Abrego Herrera - Jefe de OCI y los Auditores del OCI C.P.C. Edgar Alberto Pichilingue Garces y el Abog. Fernando Santiago Solís Quilly; Que, mediante Memorándum N°01-20017-DRELP/UGEL 10-H-DIR-S.T. la Secretaria Técnica del PAD de la UGEL N° 10, solicita al Especialista de Trámite Documentario de la UGEL N° 10 de Huaral, se le remitan copia fedateada de la R.D. N° 000171 de fecha 19 de enero de 2016 y todos sus actuados; y, Memorándum N° 012-2017-DRELP/UGEL 10-H-DIR-S.T. a través del cual la Secretaria Técnica del PAD de la UGEL N° 10 de Huaral, solicita al Especialista de Trámite Documentario remitir copia del Informe de Disponibilidad Presupuestal que dio mérito a la emisión de la R.D. UGEL N° 001712016; Que. mediante Memorándum N° 145-2017-UGEL 10-H-DIR-TD, de fecha 24 de marzo de 2017, a través del cual el Especialista Administrativo (e) de Trámite Documentario Lic. Gustavo Maguiña Maldonado, señala que los antecedentes de la Resolución Directoral N° 00171-2016, fueron remitidos en copias a la Secretaria Técnica en su totalidad, y en caso no hubiese algún informe que al parecer de la Secretaria Técnica debería de formar parte de dicho antecedente, sugiere se realice la consulta correspondiente al Área de Gestión Institucional (Finanzas); Que, mediante Memorándum N° 023-2017-DRELP/UGEL-10-H-DIR-S.T. de fecha 07 de marzo de 2017, la Secretaría Técnica solicita información documentada al Jefe (e) del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, respecto a sí se han efectuado pagos en mérito a las Resoluciones Directorales N° 000171 y 002891 del año 2016, emitidos por la Dirección de la UGEL N° 10 de Huaral; Que, mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas – Jefe (e) del Equipo de Tesorería, en merito a lo solicitado mediante Memorándum N° 023-2017-DRELP/UGEL-10-H-DIR-S.T. de fecha 07 de marzo de 2017, remite la siguiente Información: 1. Reporte de pagos a cuenta del Banco de la Nación.

2. Reporte de pagos a cuenta detallado por persona (Conforme al Sistema integrado de Administración Financiera).

3. Devoluciones con documento T6, pantallazo de rebaja.

4. Comprobante de pago de planillas mes de marzo 2016.

5. Resumen consolidado planillas activos.

Asimismo, el encargado del Equipo de Tesorería señala que de acuerdo a la revisión efectuada se observa que el comprobante de pago N° 294 de fecha 15/03/2016 por la suma de S/.

3´923,377.43 correspondiente a la planilla del mes de marzo del 2016, es un comprobante manual, no fue remitido por el sistema SIAF, pero registra los vistos de las áreas correspondientes como Tesorería y Contabilidad, señalando que los mismos no obran en físico en los archivos de tesorería, lo que haría presumir que fueron sustraídos u ocultados profesamente con el objeto de no tomar conocimiento de dichos pagos indebidos; Respecto a la Devolución efectuada con documento T6, obrante en autos, se tiene dos papeletas de depósito a favor del Tesoro público efectuado por doña Flor Ananora Saavedra Feliz - Ex Directora de la UGEL N° 10 de Huaral, en fechas 20 y 31 de Octubre de 2016, cada uno por el importe de S/. 12,591.00 soles, haciendo un total de S/. 25,182.00 soles, siendo la única persona que realizó la devolución de los fondos indebidamente cobrados;

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Que, mediante Memorándum N° 021-2017-DRELP/UGEL 10-H-DIR-S.T. de fecha 30 de marzo de 2017, la Secretaría Técnica solicita al Área de Gestión Institucional (Finanzas), copia fedateada del informe a través del cual se otorgó disponibilidad presupuestal para el pago de los devengados generados por la indebida aplicación de la escala aprobada mediante RER N° 146-2004-PRES; Que, mediante Informe N° 029-2017-UGEL N° 10-H-JAGI, de fecha 03 de Abril de 2017, la Lic. Rosario Del Pilar Huamani Pérez – Jefe (e) del Área de Gestión Institucional (Finanzas), señala que habiendo efectuado la revisión de los files de archivos de informes de finanzas, certificaciones 2015 y 2016, no obra en archivo la Certificación de Crédito Presupuestal de manera específica lo solicitado por la Secretaría Técnica; Que, con Oficio N° 03-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-ST/PAD, de fecha 20 de Abril de 2017, la Secretaría Técnica de la UGEL N° 10 de Huaral, solicito a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Lima, copia fedateada y/o certificada del Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT de fecha 04 de Marzo de 2016, donde conste la recepción por mesa de partes de la UGEL N° 10 – Huaral; Que, mediante Oficio N°0775-2017-GRL-GRPPAT, ingresado por mesa de partes de la UGEL N° 10 de Huaral en fecha 02 de mayo de 2017, signado con Expediente N° 012303, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial remite la información solicitada donde se tiene que el Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT de fecha 04 de Marzo de 2016, ingreso por mesa de partes de la UGEL N° 10 de Huaral con Expediente N° 8548 en fecha 10 de Marzo, derivándose dicho expediente a la dirección del Programa Sectorial III UGEL N° 10 de Huaral; Que, se tiene ben autos el Memorándum N° 39-2017-DRELP/UGEL 10-H-DIR-S.T. a través del cual la Secretaría Técnica solicitó al Área de Gestión Institucional informar respecto al trámite brindado al Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT de fecha 04 de Marzo de 2016, por cuanto del seguimiento realizado al mismo, se tiene que con H/E N° 809-2016-DIR el 15 de marzo de 2016, la Dirección de la UGEL N° 10 de Huaral derivo dicho oficio al Área de Gestión Institucional, para lo cual se adjunta copia del cuaderno de derivaciones de dicha área; Que, mediante Informe N° 129-2017-UGEL N° 10-H-JAGI/EF de fecha 03 de mayo de 2017, suscrito por la Lic. Adm. Laura Lida Quispe Maguiña – Especialista de Finanzas del Área de Gestión Institucional, señala que la Oficina de Finanzas verificó que el documento Oficio Múltiple N° 0074-2016GRPAT fue recepcionado por el especialista en finanzas Sr. Edgar Armando Huayamares Carbajal, con fecha 15 de marzo de 2016, para lo cual adjunta copia de la recepción del cuaderno de entrega de expedientes, así también señala que se ha verificado que no se dio trámite mediante la emisión de un documento; Que, mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, a través del cual el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas – (e) del Equipo de Tesorería, en merito a lo solicitado mediante Memorándum N° 023-2017-DRELP/UGEL-10-H-DIR-S.T. de fecha 07 de marzo de 2017, remite el reporte SIAF del Comprobante de Pago N° 907 (Expediente SIAF 307), que corresponde al pago de los intereses legales de 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, precisando que de la revisión de la documentación que obra en los archivos de comprobantes de pago no existe el comprobante físico N° 907 ni el sustento respectivo, lo que haría presumir que fueron sustraídos u ocultados profesamente con el objeto de no tomar conocimiento de dichos pagos indebidos;

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Que, mediante Expediente N° 012583 de fecha 04 de mayo de 2017, el administrado Luis Alberto Alonso Barreto, identificado con DNI N° 09894100, presenta denuncia administrativa contra el Abog. Carlos Valenzuela Huaranca señalando que en su condición de encargado de Asesoría Jurídica de la UGEL N° 10, emitió la Opinión Legal N° 547-2015-DRELP/UGEL-10-H-OAJ, declarando PROCEDENTE la solicitud interpuesta por los servidores de la sede de la UGEL 10 – Huaral, sobre pago de devengados de incentivos laborales que se otorga a través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo (SUB CAFAE), conforme lo establece la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES de fecha 08 de julio de 2004, opinión legal que dio mérito a la emisión de la Resolución Directoral UGEL N° 10 N° 00171, de fecha 19 de enero de 2016, que reconoce y aprueba el pago de los devengados generados por la indebida aplicación de la escala aprobada mediante RER N° 146-2004-PRES, sin considerar que anteriormente emitió la Opinión Legal N° 211-2015-DRELP/UGEL10-H-OAJ, de fecha 06 de mayo de 2015, emitido en mérito al Expediente N° 008681 de fecha 04 de marzo de 2015, a través del cual el servidor Fernando Santiago Solís Quilly (Abogado nombrado en la sede Administrativa de la UGEL N° 10 y Auditor del Órgano de Control Institucional) solicita reconocimiento de pago y reintegro de Incentivo Laboral que se otorga a través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo (SUB CAFAE), conforme lo establece la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES de fecha 08 de julio de 2004, donde opina que debe declararse IMPROCEDENTE lo solicitado, opinión legal que dio mérito a la emisión de la Resolución Directoral UGEL 10 N° 003049, de fecha 21 de julio de 2015, que declara improcedente lo solicitado por don Fernando Santiago Solís Quilly, sobre reconocimiento de pago y reintegro de Incentivo Laboral, considerando lo establecido en la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto en la que se establece que los pliegos antes del inicio del año fiscal informarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, el programa de beneficios que ha sido aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores, el mismo que debe incluir las escalas correspondientes a los incentivos laborales así como su aplicación efectiva e individualizada se sujeta a la disponibilidad presupuestaria y previo informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, razón por lo que en el presente caso, al no haberse aprobado por dichas entidades de conformidad a la disposición referida la escala indicada en la Resolución Ejecutivo Regional N° 1152-2004-PRES, modificada a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011-PRES y Resolución Ejecutivo Regional N° 755-2012PRES, ha devenido en inejecutable la escala de dicha resolución, puesto que el solicitante percibe otra escala; máxime si el monto del incentivo laboral previsto en los actos administrativos antes indicados el financiamiento estaba supeditado a la disponibilidad presupuestal, no acreditado por el recurrente, es por ello que debe desestimarse lo solicitado por el administrado, señalando que estos hechos habrían sido por cuanto su persona en su condición de servidor nombrado de la UGEL N° 10 también se vería beneficiando con el cobro de devengados generados en merito a la escala aprobada mediante RER N° 146-2004-PRES, por cuanto existen dos pronunciamientos distintos sobre la misma materia; Que, mediante Informe N° 106-2017-DREL/UGEL10-H-DIR-AGA-EPER, recibido por la Secretaría Técnica el 02 de Junio de 2017, el Especialista (e) del equipo de Personal de la UGEL N° 10 de Huaral, remite la información referente a los servidores que ocuparon los cargos Jefes o encargados las siguientes áreas: Jefe del Área de Gestión Administrativa, Jefe del Área de Gestión Institucional, Jefe del Órgano de Control Institucional, Especialista de Finanzas, Encargado de Planillas Activos, Coordinador de Planillas, Encargado del Equipo de Contabilidad, Encargado Equipo de Tesorería y Abogado (e) de Asesoría Jurídica de la UGEL N° 10 de Huaral, a fin de determinar las responsabilidades administrativas que correspondan en el marco del presente proceso de investigación; LA FALTA DISCIPLINARIA INCURRIDA, DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: Y NORMA JURÍDICA VULNERADA:

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 ➢ Los hechos que determinaron la comisión de la falta administrativa de los servidores: MILAGROS DEL ROSARIO GORDILLO BAUTISTA, en su condición de ex Jefe (e) del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 - Huaral, Servidora C.P.C. MARÍA ALBERTA GÓMEZ CALLE, en su condición de ex encargada del Equipo de Tesorería de la UGEL N° 10 – Huaral, se encuentran acreditados con el Comprobante de Pago N° 294 de fecha 15 de marzo de 2016 (Expedientes SIAF N° 98) y del C.P.C. GUILLERMO ROMERO AGUILAR, en su condición de ex encargado del Equipo de Contabilidad de la UGEL N° 10 – Huaral, con el Comprobante de Pago N° 907 de fecha 27 de julio de 2016 (Expediente SIAF 307) emitidos en el Ejercicio Presupuestal 2016, donde se tiene acreditado que incurrieron en falta administrativa al haber obviado sus funciones en el procedimiento indebido que dio mérito al pago a servidores administrativos de la sede administrativa de la UGEL N° 10 – Huaral, por concepto de devengados generados en aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R. 1462004-PRES e intereses legales generados por el pago de dichos devengados respectivamente, disponiendo en beneficio propio y de terceros realizar abonos por concepto de devengados de la planilla única de pagos afectando ilegalmente el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado y 2.1.12.12 Personal Docente contratado, por el monto total de S/. 986,086.01 soles, contraviniendo el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el Artículo 26° de la misma Ley, por cuanto en su condición de Jefe (e) del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 - Huaral, tenía por función autorizar el devengado de los pagos que se tramitan en la sede administrativa de la UGEL N° 10 y en el presente caso no advirtió la disposición irregular de fondos públicos al haberse dispuesto afectar el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado y 2.1.12.12 Personal Docente contratado para el pago al personal administrativo de la sede, donde también se encontraba incluido su persona, en el caso del encargado del Equipo de Contabilidad de acuerdo al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) es el encargado de realizar el devengado de los pagos que se realizan en la sede administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, debiendo de haber advertido en su oportunidad que ilegalmente se estaba afectando el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado y 2.1.12.12 Personal Docente contratado, para el pago de personal administrativo de la sede, donde también se encontraba incluido su persona, y en el caso de la encargada del Equipo de Tesorería de la UGEL N° 10 – Huaral, de acuerdo al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) es el encargado de realizar el girado y pagado, y en el presente caso la ex Tesorera no advirtió en su oportunidad que ilegalmente se estaba afectando el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado y 2.1.12.12 Personal Docente contratado, para el pago de personal administrativo de la sede, donde también se encontraba incluido su persona; Lo manifestado en el párrafo anterior se encuentra corroborado en el Reporte de Pagos del Expediente SIAF N° 98 - Comprobante de Pago N° 294 de fecha 15 de marzo de 2016, remitido a la Secretaría Técnica por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, y donde se puede apreciar que el pago de los devengados a favor de los servidores administrativos de la sede la UGEL N° 10 de Huaral aprobados mediante Resolución Directoral UGEL N° 10 N° 00171, de fecha 19 de enero de 2016, se realizó afectando ilegalmente el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado y 2.1.12.12 Personal Docente contratado, y donde se aprecia que tres servidores cobraron doble cheque (Sra. Gordillo Bautista Milagros del Rosario, en su condición de Administradora de la UGEL N° 10 de Huaral cobro el cheque Nº 93498837 por el monto de S/. 26,950.00 y el cheque Nº 93498804 por el monto de S/. 26,950.00; C.P.C. Romero Aguilar Guillermo, en su condición de Contador de la UGEL N° 10 de Huaral cobro el cheque Nº 93498838 por el monto de S/. 33,600.00 y el cheque Nº 93498807 por el monto de S/. 33,600.00; y Sra. Ruiz Vásquez María Victoria, en su condición de Coordinadora de Planillas de la UGEL N° 10 de Huaral cobro el cheque Nº 93498834 por el monto de S/. 25,850.00 y cheque Nº 93498839 por el monto de S/. 25,850.00), y del propio reporte se evidencia que se pago indebidamente a la servidora C.P.C. María Alberta Gómez Calle, en su condición de Tesorera de la UGEL N° 10 de Huaral cobro el monto de S/. 34,300 nuevos soles mediante Cheque Nº 93498808, y la ex Directora de la UGEL

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Nº 10 Huaral, Lic. Flor Ananora Saavedra Feliz cobro dos cheques (cheque Nº 93498833 por el monto de S/. 12,591.00 y cheque Nº 95009045 por el monto de S/. 12,591.00), estos hechos evidencian que se han dispuesto recursos públicos en beneficio propio y de otros, configurándose la responsabilidad administrativa que merece ser sancionado; Asimismo, de conformidad a lo Informado por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas – (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, se puede determinar que conforme al reporte de Pagos del Expediente SIAF N° 307 Comprobante de Pago N° 907 de fecha 27 de julio de 2016, se efectuaron pagos por concepto de intereses legales, aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/. 209,154.01 utilizando ilegalmente el presupuesto asignado para el pago del Personal docente nombrado, ya que se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado, y donde se aprecia que la servidora Milagros Del Rosario Gordillo Bautista, en su condición de Jefe (e) del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 - Huaral, cobro el importe de S/.

9,642.86, y el servidor C.P.C. Guillermo Romero Aguilar, en su condición de Contador nombrado de la UGEL N° 10 de Huaral, cobro el importe de S/. 11,862.40, y la servidora María Alberta Gómez Calle, en su condición de Tesorera nombrada de la UGEL N° 10 de Huaral, cobro el importe de S/. 12,839.67, estos pagos que fueron materializados mediante abono en cuenta, conforme a reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que evidenciaría nuevamente la disposición de fondos públicos en beneficio propio de los servidores procesados y de terceros servidores de la sede administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral; Del reporte de Pagos de los Expedientes SIAF 98 y 307 (Ejercicio presupuestal 2016), remitido a la Secretaría Técnica por el encargado del Equipo de Tesorería se puede evidenciar que dichos pagos se realizaron afectando el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, contraviniendo el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que dispone que: “Los créditos presupuestarios aprobados para las entidades se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los Presupuestos del Sector Público, así como en sus modificaciones realizadas conforme a Ley General”, disposición que recoge también el Artículo 26° de la citada ley, que además agrega que: “…..los actos administrativos y de administración, …, así como cualquier actuación de las entidades, que afecten gasto público deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, …., bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto”;

➢ Los hechos que determinaron la comisión de la falta administrativa de la servidora Mg. MARÍA PICÓN MALÁSQUEZ, en su condición de ex Jefe (e) del Área de Gestión Institucional de la UGEL N° 10 Huaral y del ex servidor Sr. EDGARD ARMANDO HUAYAMARES CARBAJAL, en su condición de ex Financista del Área de Gestión Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, se encuentra acreditado con el trámite de la H/E N° 809-2016-DIR de fecha 15 de marzo de 2016, a través del cual la Dirección de la UGEL N° 10 de Huaral, derivo el Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT al Área de Gestión Institucional, de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Lima, donde se pone de conocimiento a los Directores de las Unidades Ejecutoras del Sector Educación lo informado por la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio Nº 618-2016-EF/53.01, instándolos a que deben de abstenerse de validar y/o convalidar las RER N° 146-2004-PRES y RER N° 1152-2011-PRES, que aprobaban la escala Única de Incentivos al personal administrativo y docente que realicen funciones administrativas bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 276, bajo responsabilidad funcional y administrativa de quienes lo autorizan, al ser resoluciones emitidas contraviniendo el ordenamiento jurídico del Estado, las mismas que devienen en irritas y sin efecto legal alguno, hechos que se encuentra corroborados con el Informe N° 129-2017-UGEL N° 10-H-JAGI/EF de fecha 03 de mayo de 2017, suscrito por la Lic. Adm. Laura Lida Quispe Maguiña – Especialista de Finanzas del Área de Gestión Institucional,

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 a través del cual informa que la Oficina de Finanzas verificó que el citado documento fue recepcionado por el especialista en finanzas Sr. Edgar Armando Huayamares Carbajal, con fecha 15 de marzo de 2016, para lo cual adjunta copia de la recepción del cuaderno de derivaciones - entrega de expedientes del Área de Gestión Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, así también se ha verificado que no se dio trámite mediante la emisión de un documento, no lográndose ubicar dicho documento en el acervo documentario de dicha oficina; Por lo expuesto, se tiene acreditado que a partir del 15 de marzo de 2016, fecha en que la Jefatura del Área de Gestión Institucional y el Especialista de Finanzas toman conocimiento del Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT, se debieron de adoptar decisiones conforme a lo comunicado, no pudiéndose realizar el mismo por cuanto la Jefatura del Área de Gestión Institucional a cargo de la servidora María Picón Malásquez y la Oficina de Finanzas a cargo del ex - Especialista Edgar Armando Huayamares Carbajal, no emitieron documento alguno que de atención al Oficio Múltiple N° 0074-2016GRL-GRPPAT, no advirtiendo a las demás áreas de la UGEL N° 10 de Huaral, que se abstengan de validar y/o convalidar pagos en mérito a las Resoluciones Ejecutivas Regionales N°146-2004-PRES y N° 1152-2011-PRES, bajo responsabilidad funcional y administrativa de quienes lo autorizan, ni reconocer devengados derivados de dichas Resoluciones Ejecutivas Regionales, al ser resoluciones emitidas contraviniendo el ordenamiento jurídico del Estado, las mismas que devienen en irritas y sin efecto legal alguno; En el caso del ex servidor Sr. EDGARD ARMANDO HUAYAMARES CARBAJAL, en su condición de ex Financista del Área de Gestión Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, se tiene acreditado que la omisión de no advertir a las demás áreas que los pagos de devengados se amparaban en resoluciones de presidencia regional emitidas contraviniendo el ordenamiento jurídico del Estado, las mismas que devenían en irritas y sin efecto legal alguno, ha sido con el fin de beneficiarse y beneficiar a otros con el pago de dichos reintegros de incentivos laborales, por cuanto en autos se tiene el Reporte de Pagos del Expediente SIAF 98, remitido a la Secretaría Técnica por el (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, y donde se puede apreciar que el citado ex servidor cobró indebidamente el monto de S/. 1,375.00 mediante Cheque Nº 93498831, por concepto de los citados devengados, y en autos se tiene acreditado que en su condición de Especialista de Finanzas de la UGEL N° 10 de Huaral, cobró indebidamente el importe de S/. 969.41 nuevos soles, por concepto de intereses legales generados por el pago indebido de los devengados, el mismo que fuera realizado mediante abono en cuenta, lo que demostraría nuevamente el beneficio propio indebidamente obtenido, ello pese a tener conocimiento de lo comunicado con el Oficio Múltiple Nº 0074-2016-GRL-GRPPAT, recepcionado por mesa de partes de la UGEL N° 10 de Huaral el 10 de marzo de 2016, a través del cual la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, notificó a los Directores de la Unidades Ejecutoras del Sector Educación el Oficio Nº 618-2016-EF/53.01 de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos –MEF, y al mismo tiempo se les indico que deben abstenerse de validar y/o convalidar las R.E.R Nº 146-2004-PRES y R.E.R Nº 1152-2011-PRES, bajo responsabilidad funcional y administrativa de quienes lo autorizan, ni reconocer devengados derivados de dichas Resoluciones Ejecutivas Regionales que por contravenir el ordenamiento jurídico del Estado devienen en irritas y sin efecto legal alguno;

➢ Los hechos que determinaron la comisión de la falta administrativa de la servidora Sra. MARÍA VICTORIA RUIZ VÁSQUEZ, en su condición de Coordinadora de Planillas de la UGEL N° 10 – Huaral, se encuentra acreditado al haber suscrito el Informe Técnico N° 009-2016-DRELP-UGEL N° 10-HAGA-EPER-PLLAS, de fecha 14 de Enero de 2016, a través del cual se emite Opinión Técnica respecto a lo solicitado por los Trabajadores Administrativos de la sede de la UGEL N° 10 – Huaral, mediante Expediente N° 001414 de fecha 12 de enero de 2016, realizando la proyección de los montos a ser pagados a cada trabajador administrativo de la sede UGEL N° 10 – Huaral, no observando lo establecido en la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a “Las transferencias de fondos públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Supremos N° 067-92-EF y 025-93-PCM y el Decreto de Urgencia N° 088-2001, que en su numeral a.7 estipula que: Los pliegos antes del inicio del año fiscal, y bajo responsabilidad, informarán a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República del Congreso de la República, el programa de beneficios que ha sido aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores, el mismo que debe incluir las escalas correspondientes a los incentivos laborales. Copia de dicho informe se remite a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, y en su numeral a.8 estipula que: Las acciones reguladas en la presente disposición se efectúan con cargo al crédito presupuestario de la entidad, previo informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público y sin que ello implique modificar o desacelerar las metas esenciales y prioritarias del pliego, el hecho de no haber observado lo establecido en la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a “Las transferencias de fondos públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos Supremos N° 067-92-EF y 025-93-PCM y el Decreto de Urgencia N° 088-2001, ha sido con el fin de beneficiarse y beneficiar a otros con el cobro indebido de los citados incentivos laborales; El beneficio indebidamente obtenido por parte de la servidora procesada, se encuentra acreditado en el Reporte de Pagos del Expediente SIAF 98, remitido a la Secretaría Técnica por el encargado del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, y donde se puede apreciar que la servidora Sra. Ruiz Vásquez María Victoria – Coordinadora de Planillas cobró indebidamente el monto de S/. 25,850.00 mediante Cheque Nº 93498834, y el monto de S/. 25,850.00 mediante cheque Nº 93498839, haciendo un total de S/. 51,700.00 (Cincuenta y un mil setecientos con 00/100 nuevos soles); y conforme al Informe N° 037-2017GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, se tiene acreditado que cobro el importe de S/. 9,002.69 (Nueve mil dos con 69/100 Nuevos soles) el mismo que fuera realizado mediante abono en cuenta, conforme al reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que demostraría el beneficio propio indebidamente obtenido; Asimismo, se tiene la Opinión Legal N° 547-2015-DREL/UGEL-10-H-OAJ, de fecha 16 de Diciembre de 2015, de la Oficina de Asesoría Jurídica, dirigido a la Sra. María Victoria Ruiz Vásquez en su condición de Coordinadora de Planillas, que según el visto del citado informe se consigna: “Que en atención al Expediente de la referencia, doña María Victoria Ruiz Vásquez y otros, solicita reintegro de pago de incentivos laborales provenientes del CAFAE en cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES y la Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011-PRES”, es decir la mencionada servidora al suscribir el Informe Técnico N° 009-2016-DRELP-UGEL N° 10-H-AGAEPER-PLLAS, actuó como juez y parte en el citado procedimiento, teniendo intereses en conflicto, al haber ella iniciado el procedimiento para el citado cobro irregular, hecho que sería una condición agravante a la falta cometida por la servidora;

➢ Los hechos que determinaron la comisión de la falta administrativa del servidor Sr. ALEX CRISTIAN TORRES RUEDA, en su condición de encargado de la Oficina de Planillas – Activos de la UGEL N° 10 - Huaral, se encuentran acreditados al haber emitido y suscrito el Informe Técnico N° 2272016-DRELP-UGEL N° 10-H-AGA-EPER-PLLAS, de fecha 20 de julio de 2016, realizando la liquidación de intereses legales individualizados de los servidores peticionantes, recomendando que el equipo de personal de la UGEL N° 10 – Huaral, proyecte la Resolución Directoral que apruebe el monto pendiente de pago de intereses legales, a favor de los administrados, no observando lo establecido en la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a “Las transferencias de fondos públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos Supremos N° 067-92-EF y 025-93-PCM y el Decreto de Urgencia N° 088-2001, que en su numeral a.7 estipula que: Los pliegos antes del inicio del año fiscal, y bajo responsabilidad, informarán a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República del Congreso de la República, el programa de beneficios que ha sido aprobado en forma

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores, el mismo que debe incluir las escalas correspondientes a los incentivos laborales. Copia de dicho informe se remite a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, y en su numeral a.8 estipula que: Las acciones reguladas en la presente disposición se efectúan con cargo al crédito presupuestario de la entidad, previo informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público y sin que ello implique modificar o desacelerar las metas esenciales y prioritarias del pliego, hecho que ha sido con el fin de beneficiarse y beneficiar a otros con el cobro indebido de dichos intereses legales; El beneficio propio con el cobro indebido se encuentra acreditado conforme el comprobante de pago N° 294 de fecha 15 de marzo de 2016 (Expedientes SIAF 98) - Reporte de Pagos del Expediente SIAF 98, remitido a la Secretaría Técnica por el (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 0192017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, y donde se puede apreciar que el servidor Sr. Alex Cristian Torres Rueda en su condición de encargado de la Oficina de Planillas – Activos de la UGEL N° 10 - Huaral, cobró indebidamente el monto de S/. 24,200.00 (Veinticuatro mil doscientos con 00/100 nuevos soles) mediante cheque N°93498818; y cobrando incluso los intereses legales generados por el pago indebido de los devengados materia del presente PAD, acreditado mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, donde se acredita que en su condición de Especialista de Planillas de la UGEL N° 10 de Huaral, cobró el importe de S/. 8,745.41 (Ocho mil setecientos cuarenta y cinco mil con 41/100 Nuevos soles) el mismo que fuera realizado mediante abono en cuenta, conforme a reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que demostraría el beneficio propio indebidamente obtenido;

➢ Los hechos que determinaron la comisión de la falta administrativa del servidor Abog.

CARLOS AUGUSTO VALENZUELA HUARANCA, en su condición de Abogado encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL N° 10 – Huaral, se encuentra acreditado al haber emitido y suscrito la Opinión Legal N° 547-2015-DRELP/UGEL-10-H-OAJ, declarando PROCEDENTE la solicitud interpuesta por los servidores de la sede de la UGEL 10 – Huaral, sobre reintegró de incentivos laborales que se otorga a través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (SUB CAFAE) aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, opinión legal que ha sido considerado como sustento de la Resolución Directoral UGEL N° 10 N° 00171, de fecha 19 de enero de 2016, que reconoce y aprueba el pago de los devengados generados por la indebida aplicación de la escala aprobada mediante RER N° 146-2004-PRES, sin haber advertido lo establecido en la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a “Las transferencias de fondos públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos Supremos N° 067-92-EF y 025-93-PCM y el Decreto de Urgencia N° 088-2001, que en su numeral a.7 estipula que: Los pliegos antes del inicio del año fiscal, y bajo responsabilidad, informarán a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República del Congreso de la República, el programa de beneficios que ha sido aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores, el mismo que debe incluir las escalas correspondientes a los incentivos laborales. Copia de dicho informe se remite a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, y en su numeral a.8 estipula que: Las acciones reguladas en la presente disposición se efectúan con cargo al crédito presupuestario de la entidad, previo informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público y sin que ello implique modificar o desacelerar las metas esenciales y prioritarias del pliego; Asimismo, obra en autos la Opinión Legal N° 211-2015-DRELP/UGEL-10-H-OAJ, de fecha 06 de mayo de 2015, emitido en mérito al Expediente N° 008681 de fecha 04 de marzo de 2015, a través del cual el servidor Fernando Santiago Solís Quilly (Abogado nombrado en la sede Administrativa de la UGEL N° 10 y Auditor del Órgano de Control Institucional) solicita reconocimiento de pago y reintegro de Incentivo Laboral que se otorga a través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo (SUB CAFAE), conforme lo establece la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 2004-PRES, donde opina que debe declararse IMPROCEDENTE lo solicitado, considerando lo establecido en la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto en la que se establece que los pliegos antes del inicio del año fiscal informarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, el programa de beneficios que ha sido aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores, el mismo que debe incluir las escalas correspondientes a los incentivos laborales así como su aplicación efectiva e individualizada se sujeta a la disponibilidad presupuestaria y previo informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, razón por lo que en el presente caso, al no haberse aprobado por dichas entidades de conformidad a la disposición referida la escala indicada en la Resolución Ejecutivo Regional N° 146-2004-PRES, modificada a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 11522011-PRES y Resolución Ejecutivo Regional N° 755-2012-PRES, ha devenido en inejecutable la escala de dicha resolución, puesto que el solicitante percibe otra escala; máxime si el monto del incentivo laboral previsto en los actos administrativos antes indicados el financiamiento estaba supeditado a la disponibilidad presupuestal, no acreditado por el recurrente, es por ello que debe desestimarse lo solicitado por el administrado.(Subrayado y resaltado nuestro) El hecho de haber emitido Opinión Legal N° 547-2015-DRELP/UGEL-10-H-OAJ, de fecha 15 de diciembre de 2015, declarando PROCEDENTE la solicitud interpuesta por los servidores de la sede de la UGEL 10 – Huaral, sobre reintegro de incentivos laborales que se otorga a través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo (SUB CAFAE), apartándose de su Opinión Legal N° 211-2015-DRELP/UGEL-10-H-OAJ, de fecha 06 de mayo de 2015, ha sido con el fin de beneficiarse con el pago de dichos reintegros de incentivos laborales y beneficiar a terceras personas, por cuanto en autos se tiene el Reporte de Pagos del Expediente SIAF 98 – Comprobante de Pago N° 294 de fecha 15 de marzo de 2016, remitido a la Secretaría Técnica por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, y donde se puede apreciar que el servidor Abog. Carlos Augusto Valenzuela Huaranca, en su condición de Abogado encargado de la Oficina de Asesoría jurídica de la UGEL N° 10 de Huaral, cobro el importe de S/. 10,850.00 (Diez mil ochocientos cincuenta con 00/100 Nuevos soles), mediante Cheque N° 93498825, con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 correspondiente al Personal docente nombrado, lo que demuestra el beneficio propio indebidamente obtenido por parte del servidor procesado; Asimismo, de conformidad a lo Informado por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, se puede determinar que mediante Comprobante de Pago N° 907 (Expediente SIAF 307) se efectuaron pagos por concepto de intereses legales generados por el pago indebido de devengados de las escala de incentivos dispuesta por la R.E.R. N° 0146-2004-PRES, aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/. 209,154.01 utilizando nuevamente el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados, por cuanto se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado, y donde se aprecia que el servidor CARLOS AUGUSTO VALENZUELA HUARANCA, en su condición de Abogado encargado de la Oficina de Asesoría jurídica de la UGEL N° 10 de Huaral, cobro el importe de S/.2,335.83 (Dos mil trescientos treinta y cinco con 83/100 Nuevos soles), el mismo que fuera realizado mediante abono en cuenta, conforme al reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que demuestra el beneficio propio indebidamente obtenido por parte del servidor procesado;

➢ Los hechos que determinaron la comisión de la falta administrativa del servidor Abog.

FERNANDO SANTIAGO SOLÍS QUILLY, en su condición de Abogado Auditor del Órgano de Control Institucional, se encuentra acreditado al haber omitido sus funciones de control y con ello haber permitido

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 que se realicen pagos indebidos a los servidores de la sede de la UGEL N° 10 – Huaral, por concepto de reintegró de incentivos laborales que se otorga través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (SUB CAFAE) aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004PRES, CONSIDERANDO que su persona tenía conocimiento que los pagos reclamados por los trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, eran improcedentes al habérsele notificado a su persona la Resolución Directoral UGEL 10 N° 003049, de fecha 21 de julio de 2015, que declaraba improcedente su solicitud efectuada mediante Expediente N° 008681 de fecha 04 de marzo de 2015, sobre reconocimiento de pago y reintegro de Incentivo Laboral que se otorga través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (SUB CAFAE) aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, por cuanto la citada Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, transgredía lo establecido en la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a “Las transferencias de fondos públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos Supremos N° 067-92-EF y 025-93-PCM y el Decreto de Urgencia N° 088-2001, que en su numeral a.7 estipula que: Los pliegos antes del inicio del año fiscal, y bajo responsabilidad, informarán a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República del Congreso de la República, el programa de beneficios que ha sido aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores, el mismo que debe incluir las escalas correspondientes a los incentivos laborales. Copia de dicho informe se remite a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, y en su numeral a.8 estipula que: Las acciones reguladas en la presente disposición se efectúan con cargo al crédito presupuestario de la entidad, previo informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público y sin que ello implique modificar o desacelerar las metas esenciales y prioritarias del pliego; Además, en Autos se tiene Copia de la Resolución Directoral Regional N° 001750-2015DRELP, de fecha 28 de Diciembre de 2015, a través del cual la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Lima, declara INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el Señor Fernando Santiago Solís Quilly, contra la Resolución Directoral N°03049, de fecha 21 de julio de 2015, donde se le señala que desde el año 2006, ha venido percibiendo el respectivo pago por incentivos laborales según la disponibilidad presupuestal con la que contaban en su momento cada una de las unidades ejecutoras de Educación; El hecho de haber omitido sus funciones de control, ha sido con el fin de beneficiarse con los pagos indebidos en beneficio propio y de otros, por concepto de devengados en aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R. N° 146-2004-PRES, considerando que su solicitud de pago de devengados en aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R. N° 146-2004-PRES fueron declarados improcedentes tanto por la UGEL N° 10 de Huaral mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 003049, de fecha 21 de julio de 2016, y la DRELP con Resolución Directoral Regional N° 001750-2015-DRELP, de fecha 28 de Diciembre de 2015, el beneficio propio indebidamente obtenido se encuentra acreditado en el Reporte de Pagos del Expediente SIAF 98 – Comprobante de Pago N° 294 de fecha 15 de marzo de 2016, remitido a la Secretaría Técnica por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, y donde se puede apreciar que el servidor Abog. Fernando Santiago Solís Quilly, en su condición de Abogado nombrado en el Órgano de Control Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, cobró el importe de S/. 24,500.00 (Veinticuatro mil quinientos con 00/100 Nuevos soles), mediante cheque N° 93498829, lo que demuestra el beneficio propio indebidamente obtenido por parte del servidor procesado; Asimismo, de conformidad a lo Informado por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, se puede determinar de los reportes de Pago del Expediente SIAF 307 - Comprobante de Pago N° 907 de fecha 27 de julio de 2016, se efectuaron pagos por concepto de intereses legales generados por el pago indebido de devengados de la escala de incentivos dispuesta por la R.E.R. N°

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 0146-2004-PRES, aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/. 209,154.01 utilizando nuevamente el presupuesto asignado para el pago de los docentes nombrados, por cuanto se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado, y donde se aprecia que el servidor Abog. Fernando Santiago Solís Quilly, en su condición de Auditor del Órgano de Control Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, cobro el importe de S/.7,104.52 (Siete mil ciento cuatro con 52/100 Nuevos soles), el mismo que fuera realizado mediante abono en cuenta conforme a reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que demostraría nuevamente el beneficio propio indebidamente obtenido por parte del servidor procesado; ➢ Respecto a los procesados Abog. MARCELO ABREGO HERRERA, en su condición de ex Jefe (e) del Órgano de Control Institucional de la UGEL N° 10 – Huaral, y del C.P.C. EDGAR ALBERTO PICHILINGUE GARCES, en su condición de ex Auditor del Órgano de Control Institucional de la UGEL N° 10 – Huaral, este órgano instructor luego del análisis de sus descargos no halla responsabilidad administrativa de ambos servidores en el procedimiento irregular que dio mérito al pago indebido por concepto de reintegró de incentivos laborales que se otorga través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (SUB CAFAE) aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, a los servidores de la sede administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, aprobado mediante Resolución Directoral UGEL N° 10 N° 00171, de fecha 19 de enero de 2016; PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMISIÓN DE LA FALTA Y NORMA JURÍDICA VULNERADA: Mediante Expediente N° 251495, de fecha 03 de julio de 2017, la Servidora MILAGROS DEL ROSARIO GORDILLO BAUTISTA – Ex Jefe del Área de Gestión Administrativa, personal nombrado en el cargo de Secretaria del Área de Gestión Pedagógica, presenta sus descargos a la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, conforme a lo siguiente: (….) ➢ Solicita la Suspensión del PAD, por contravenir el principio de Legalidad y el Artículo 216.2 de la Ley 27444 caso contrario se incurrirá en responsabilidad penal por abuso de autoridad previsto en el artículo 376 del Código Penal, señalando que en data anterior a la apertura del presente PAD se ha dado inicio a una acción judicial de AMPARO CONSTITUCIONAL, ante el primer juzgado civil de Huaral, Expediente N° 167-2017, que se encuentra en trámite, donde se viene ventilando el reconocimiento y validez de la Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171, donde se viene persiguiendo no solo la validez, sino el reconocimiento de los pagos efectuados por concepto de devengados.

Respecto a este extremo de sus descargos es de advertir que en el presente procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra la servidora Milagros Del Rosario Gordillo Bautista, en su condición de ex – de Jefe (e) del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 – Huaral, se le imputa no haber supervisado y controlado (actuar negligente) el proceso técnico que permitió que a través del Comprobante de Pago 294 de fecha 15 de Marzo de 2016, entre otros, se realicen pagos por concepto de devengados ilegalmente aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171, utilizando el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, por cuanto se han efectuado pagos indebidos con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, por el monto de S/. 766,932.00 soles a favor de los trabajadores administrativos de la sede, donde también se beneficio su persona con el citado pago ilegal,

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 hecho que se encuentran acreditado con el Reporte de Pagos del Expediente SIAF 98 remitido a la Secretaría Técnica por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, y donde se puede apreciar que tres servidores (incluido su persona) cobraron indebidamente doble cheque (Sra. Gordillo Bautista Milagros del Rosario – Administradora Cheque Nº 93498837 por el monto de S/. 26,950.00 y cheque Nº 93498804 por el monto de S/. 26,950.00, haciendo un total de S/.53,900.00 (Cincuenta y tres mil novecientos con 00/100 Nuevos soles); C.P.C. Romero Aguilar Guillermo – Contador Cheque Nº 93498838 por el monto de S/. 33,600.00 y cheque Nº 93498807 por el monto de S/. 33,600.00, haciendo un total de S/. 67,200.00 (Sesenta y siete mil doscientos con 00/100 Nuevos soles); y Sra. Ruiz Vásquez María Victoria – Coordinadora de Planillas Cheque Nº 93498834 por el monto de S/. 25,850.00 y cheque Nº 93498839 por el monto de S/. 25,850.00, haciendo un total S/. 51,700.00 (Cincuenta y un mil setecientos con 00/100 Nuevos soles), estos hechos acreditan que se han utilizado fondos públicos de manera irregular contraviniendo el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que estipula que: “Los créditos presupuestarios aprobados para las entidades se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los presupuestos del Sector Público, así como en sus modificaciones realizadas conforme a Ley General”, y el Artículo 26° de la misma Ley, que agrega: “….los actos administrativos y de administración, …, así como cualquier actuación de las entidades, que afecten gasto público deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, …., bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto”; Asimismo, conforme al reporte de Pagos del Expediente SIAF N° 307, Comprobante de Pago N° 907 de fecha 27 de julio de 2016, remitido por el encargado de Tesorería mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, se tiene acreditado que se efectuaron pagos por concepto de intereses legales, aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/.

209,154.01 utilizando ilegalmente el presupuesto asignado para el pago del Personal docente nombrado, ya que se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado, sin que este hecho haya sido advertido por la servidora Milagros Del Rosario Gordillo Bautista en su condición de Jefe del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 - Huaral, muy por el contrario su persona cobró el importe de S/. 9,642.86 (Nueve mil seiscientos cuarenta y dos con 86/100 Nuevos soles), pago que fueran materializados mediante abono en cuenta, conforme a reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que evidenciaría nuevamente la disposición de fondos públicos en beneficio propio y de terceros de la servidora procesada; En el presente procedimiento administrativo disciplinario incoado a la servidora Milagros Del Rosario Gordillo Bautista en su condición de Jefe (e) del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, se ha acreditado la comisión de falta de carácter disciplinario por negligencia en el desempeño de funciones al no haber advertido que indebidamente se estaba afectando el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, para el pago de los devengados y sus intereses legales al personal administrativo de la sede, donde también se encontraba incluido su persona, y con este hecho haber permitido que se disponga de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, contraviniendo el Artículo IV del Título Preliminar y 26° de la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, incurriendo en faltas de carácter administrativo tipificados en los incisos d) y f) del Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, falta incurrida contraviniendo sus deberes como servidor público establecido en los incisos b) y d) del Artículo 3° del Título

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Preliminar del Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que estipula que los servidores públicos están al servicio de la Nación y sus deberes son: b) Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes del servicio, y d) Desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio; y sus obligaciones como servidor público establecido en los incisos a), b) y h) del Artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que estipula que son obligaciones de los servidores: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, b) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos y h) Las demás que le señalen las leyes o el reglamento; Conforme a lo expuesto, de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería – Ley N° 28693, Artículo 9° estipula que: “Son responsables de la administración de los fondos públicos en las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades, el Director General de Administración o quien haga sus veces y el Tesorero….”, y de acuerdo al numeral 30.1 del Artículo 30° de la citada Ley, estipula que: “La autorización del los devengados es competencia del Director General de Administración o quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario en quien se delega esta facultad de manera expresa”, acreditándose de esta manera la transgresión del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que dispone que: “Los créditos presupuestarios aprobados para las entidades se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los Presupuestos del Sector Público, así como en sus modificaciones realizadas conforme a Ley General”, y lo dispuesto por el Artículo 26° de la citada Ley, que estipula que: “…..los actos administrativos y de administración, …, así como cualquier actuación de las entidades, que afecten gasto público deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, …., bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto”; lo cual conllevaría a responsabilidades no solo de tipo administrativo, sino de tipo penal al haberse malversado fondos públicos(Resaltado y Subrayado nuestro); razón por la cual no resulta amparable su solicitud de suspensión del Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI; Por lo expuesto, no resulta amparable su solicitud de suspensión del Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, por cuanto el presente procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra su persona no versa sobre si le asistió el derecho al cobro de dichos devengados, lo que se busca es determinar la responsabilidad de los servidores que incurrieron en falta administrativa en el cobro de dichos devengados y sus intereses legales afectando ilegalmente el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado y clasificador de gasto 2.1.12.12 Personal Docente Contratado, para el pago indebido de devengados y sus intereses legales al personal administrativo de la sede, acreditándose en el presente PAD que se ha dispuesto de fondos públicos en beneficio propio y de terceros de manera irregular; ➢ Solicita la Conclusión del PAD por NON BIS IN IDEM, señalando que se ha dado inicio una investigación preliminar en sede fiscal – Despacho Fiscal Corporativo Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Caso Nro. 05-2017, acumulado al caso Nro. 242017, a hechos que guardan relación con el presente PAD, la norma objetiva establece puntualmente que no se podrá imponer sucesivamente o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento;

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 DE LA AUTONOMÍA DE RESPONSABILIDADES: Respecto a lo argumentado por la servidora procesada en el presente extremo de sus descargos, es necesario precisar que según el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en su Artículo 91° señala que: "La responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de servicios iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo lo sanción correspondiente, de ser el caso"; Asimismo, el dispositivo citado ha precisado que: “(...) La instrucción o decisión sobre la responsabilidad administrativa disciplinaria de los servidores civiles no enerva las consecuencias funcionales civiles y/o penales de su actuación, los mismos que se exigen conforme a la normativa de la materia"; (El énfasis es nuestro).

En ese sentido, la Ley del Servicio Civil reconoce el principio de autonomía de responsabilidades, que puede definirse como el régimen en el que las responsabilidades que concurren sobre la conducta de los funcionarios y servidores públicos "mantienen recíproca autonomía técnica, de regulación, de valoración, de calificación y de resolución o cargo de las autoridades a las cuales se les ha confiado la potestad sancionadora”; El Artículo 91° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, hace dicho reconocimiento al establecer que la responsabilidad civil y penal del servidor se da sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas de cometa, imponiéndose, según corresponda, la sanción administrativa sin perjuicio de las responsabilidades civil y/o penal en que aquél pudiera incurrir; El fundamento de este principio radica en la diferente naturaleza que tiene cada una de dichas responsabilidades. Mientras la responsabilidad penal se origina ante la realización de actos tipificados por el ordenamiento como delitos que, como tales, merecen el máximo reproche jurídico, la responsabilidad administrativa tiene por fuente el incumplimiento de los deberes que corresponden a un funcionario o servidor público; Lo señalado, en el párrafo anterior, ha sido recogido por el Tribunal Constitucional, al expresar que el proceso judicial y el procedimiento disciplinario persiguen determinar sí hubo responsabilidad por la infracción de dos bienes jurídicos de distinta envergadura: mientras en el proceso penal, la responsabilidad por la eventual comisión de un delito, en el procedimiento administrativo disciplinario, la responsabilidad administrativa por la infracción de bienes jurídicos de ese orden (fundamento 2 de la resolución recaída en el expediente N° 1556-2003-M/TC); Asimismo se tiene, que para el Tribunal Constitucional la violación del principio de no doble imposición de sanción (non bis in ídem), referido a la prohibición de ser juzgado o sancionado dos veces por los mismos hechos, ocurre cuando las sanciones impuestas a un mismo sujeto, por la comisión de un acto, obedezcan a la infracción de un mismo bien jurídico, sea este administrativo o de carácter penal (fundamento 5 de la resolución recaída en el expediente N° 2868-2004AA/TC); Respecto al caso planteado por la procesada, se tiene también la Sentencia del Tribunal del Servicio Civil, recaída en el Expediente N° 057-2010--SERVIR-TSC, donde dicho colegiado ha sostenido que el principio constitucional de non bis in ídem “no implica necesariamente que, en el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, la responsabilidad penal subsuma en forma

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 automática otras responsabilidades que pudiera implicar una conducta imputada” y que "El fundamento de la autonomía de la responsabilidad administrativa con respecto a la responsabilidad penal radica en que, pese o que ambas son expresiones de un mismo poder punitivo del Estado, se orientan a finalidades distintas" (fundamentos 20 y 22, respectivamente); Es decir la persecución penal de una determinada conducta de un funcionario o servidor público, no implica que la misma no pueda, a la vez, ser objeto de un procedimiento administrativo, con el propósito de determinar la responsabilidad que en este ámbito dicha conducta pueda haberse generado, correspondiendo a la entidad efectuar el procedimiento administrativo disciplinario PAD respectivo, sin necesidad de esperar un pronunciamiento del órgano jurisdiccional que emitirá su juicio por la responsabilidad penal y/o civil; Por lo expuesto, a consideración de este Órgano Instructor no resulta amparable su solicitud de conclusión del Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, por aplicación del Principio de Non Bis In Ídem, por cuanto ya se ha demostrado que la responsabilidad penal, civil y administrativa tiene un fundamento y regulación diferente, el procedimiento judicial que se le sigue a determinados funcionarios o servidores no determina la imposibilidad de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario - PAD, orientado a identificar la responsabilidad que en este ámbito se haya generado por la violación de un bien jurídico distinto al que es materia de un proceso judicial; ➢ La procesada señala que no puede ser sometida a Procedimiento alguno, por cuanto a la fecha de inicio de PAD, ostentaba el cargo de Dirigente Sindical y, de acuerdo al inciso b) del Artículo 31° del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, al ser parte del Sindicato, estaba dentro del ámbito de protección del fuero sindical y, en consecuencia a tenor del Artículo 30° de la norma precitada, no podía ser sometida a procedimiento alguno.

Respecto al presente argumento de la procesada, este Órgano Instructor precisa que el Artículo 30° del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, estipula que “El fuero sindical garantiza a determinados trabajadores no ser despedidos ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa, sin justa causa debidamente demostrada o sin su aceptación; Con el inicio del presente PAD a la Servidora Milagros Del Rosario Gordillo Bautista, mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, no se está vulnerando la Protección Sindical o Fuero Sindical, por cuanto el procedimiento administrativo disciplinario iniciado respeta el debido procedimiento, teniendo la servidora procesada la posibilidad de conocer los hechos que se le imputan, la falta administrativa cometida y el plazo para presentación de sus descargos a efecto que ejerza su derecho de defensa, no se está configurando los supuestos de vulneración del fuero sindical por cuanto no se trata de un despido sin causa justa, ni haber sido trasladado a otro establecimiento de la UGEL N° 10 de Huaral, razón por la cual lo argumentado por la servidora procesada en este extremo de sus descargos no es amparable, muy por el contrario demuestra el ánimo de tratar de evadir su responsabilidad administrativa amparada en el fuero sindical; Al margen de lo expuesto, es necesario precisar a la recurrente que a partir del 05 de julio del año 2013 entró en vigencia la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se encuentra vigente desde 14 de junio de 2014. Dichas normas regulan los derechos colectivos de los servidores civiles sujetos al nuevo régimen del Servicio Civil, así como de aquellos comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo N° 276, 728 y 1057. En ese sentido, en el régimen de la Ley del Servicio Civil se ha

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 regulado lo referente a la Protección frente a actos de discriminación antisindical en su Artículo 52° y Protección frente a actos de injerencia en su Artículo 53°, no existiendo impedimento legal alguno para someter a procedimiento administrativo disciplinario a un dirigente sindical, por cuanto no se está restringiendo o entorpeciendo el ejercicio de su derecho de sindicación; ➢ La Base Legal para Realizar los Pagos de Devengados e Intereses, se encuentra sustentado en el Decreto de Urgencia N° 088-2001, que establece disposiciones aplicables a los Comités de Administración de los Fondos de Asistencia y Estimulo de las Entidades Públicas, Ley N° 28254 - Ley que Autoriza el Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2004, Ley N° 28128 – Ley de Presupuesto de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2004, Resolución Ejecutiva Regional 146-2004-PRES, Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011, Resolución Ejecutiva Regional N° 755-2012PRES. La servidora procesada, argumenta que en merito a la base legal señalada se APRUEBA LOS PAGOS mediante acto resolutivo R.D.R. 000171 de fecha 19 de enero de 2016, donde la Directora del Programa Sectorial III – UGEL N° 10 de Huaral, resuelve RECONOCER Y APROBAR el pago de los devengados generados por la indebida aplicación de la escala de la escala aprobada mediante R.E.R. 146-2004-PRES a los servidores de la sede institucional de la UGEL 10 de Huaral; Al respecto es necesario citar lo señalado por el Director General de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio N° 6182016-EF/53.01 de fecha 24 de febrero de 2016, y remitido a la UGEL N° 10 de Huaral a través del Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT ingresado por mesa de partes mediante Expediente N° 008548 el día 10 de marzo de 2016, en relación a la Resolución Ejecutiva Regional N° 1462004-PRES de fecha 08 de julio de 2004, mediante la cual el Gobierno Regional de Lima aprobó incrementos en la escala única de Incentivos a favor de su personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, la misma se sustento en lo dispuesto por la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28254, Ley que autoriza crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2004, que estipula lo siguiente: (…)

“Cuarta.- Facúltese a los titulares de los pliegos, por el periodo de treinta (30) días calendario desde la vigencia de la presente Ley, para aprobar en vía de regularización, mediante acto resolutivo y previo informe favorable de la oficina de presupuesto, así como de la oficina de inspectoría u órgano de control, o las que haga sus veces en el pliego, las transferencias efectuadas a los Fondos de Asistencia y Estímulo, así como los pagos que se hayan realizado antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, a favor de los trabajadores bajo los conceptos de incentivos y estímulos.

Asimismo, autorizase a los Gobiernos Regionales para que mediante resolución del titular del pliego, por el periodo de treinta (30) días calendario y previo informe favorable de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, incrementen, de ser necesario, el monto de las transferencias del CAFAE, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del pliego. Para dicho efecto, no será de aplicación el límite establecido en el artículo 24 numeral 24.1 de la Ley N° 28128 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004”.

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Sin embargo del visto de dicha Resolución Ejecutiva Regional, “ese informe no se solicito previo a la emisión de la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES”, hecho que constituye una irregularidad insubsanable que la invalida y la hace inexigible.

En ese mismo sentido, con relación a la Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011-PRES de fecha 12 de Diciembre de 2011, mediante la cual se aprueba la Escala Única de Incentivos para su personal administrativo bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276, si bien deja sin efecto legal la anterior Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, también es cierto que aprueba los mismos montos y Escala de incentivos que aquella; pero, además, la mencionada Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011-PRES constituye una resolución irrita pues contraviene el ordenamiento legal de orden público y cumplimiento obligatorio sobre materia presupuestaria y sobre las entregas del incentivo laboral (ahora “incentivo laboral Único) a través del CAFAE, razón por la cual nunca estuvo registrada, ni puede estarlo, en el Aplicativo Informativo.

En principio, se debe señalar que en consonancia con lo dispuesto en el numeral 1 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el Artículo 6° de la Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011 (año de emisión de la Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011-PRES) estableció no sólo la prohibición del reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, mecanismo y fuente de financiamiento; sino también la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, retribuciones, dietas y beneficios de toda índole, prohibición que también se recoge en las anteriores y posteriores leyes de presupuesto, para los años fiscales 2009 al 2016.

Es decir los devengados reclamados por los trabajadores administrativos del sector Educación, derivados de las Resoluciones Ejecutivas N° 146-2004-PRES y N° 1152-2011-PRES que aprobaron escalas de incentivos laborales, siendo Resoluciones emitidas contraviniendo el ordenamiento jurídico del Estado, devienen en irritas y sin efecto legal alguno. (…)

Lo señalado por la procesada, en el sentido que el pago de los devengados e intereses legales se efectuaron en mérito de las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004-PRES y N° 11522011-PRES que aprobaron escalas de incentivos laborales, no eximen de responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a los servidores que dispusieron de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, por cuanto un acto administrativo jamás podrá contravenir disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias, sin importar que estas últimas hayan sido dictadas por autoridades de inferior jerarquía, o incluso por la misma autoridad que dictó el acto administrativo en cuestión, por cuanto los vicios jurídicos tornan el acto ilegitimo, inválido, antijurídico; Es necesario señalar que la infracción al ordenamiento jurídico es la más grave de las infracciones en que puede incurrir un acto administrativo, por cuanto una de las garantías más importantes del Estado Constitucional de Derecho consiste precisamente en que la Administración Pública sólo puede actuar dentro del marco de la juridicidad; por dicha razón, el principio de legalidad es el primero de los principios rectores del procedimiento consagrados por el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, conforme al cual las autoridades administrativas están obligadas a actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho; Por lo expuesto, lo argumento por la servidora procesada en el presente extremo de sus descargos no la eximen de responsabilidad administrativa, por cuanto en el presente PAD se ha

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 acreditado que ha incurrido en falta de carácter disciplinario al haber obviado sus funciones en el procedimiento indebido que dio mérito al pago a servidores administrativos de la sede administrativa de la UGEL N° 10 – Huaral, por concepto de devengados generados en aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R. 146-2004-PRES, que conforme al Reporte SIAF N° 98 Comprobante de Pago 294 de fecha 15 de Marzo de 2016, se ha utilizado presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, por cuanto se han efectuado pagos indebidos con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, por el monto de S/. 766,932.00 soles a favor de los trabajadores administrativos de la sede, donde también su persona se beneficio con el citado pago indebido, acreditado con el Reporte de Pagos del Expediente SIAF 98 remitido a la Secretaría Técnica por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, y donde se puede apreciar que su persona en su condición de Jefe del área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral se beneficio indebidamente con el cobro de los Cheques Nº 93498837 por el monto de S/. 26,950.00 y Nº 93498804 por el monto de S/.

26,950.00, haciendo un total de S/. 53,900.00 nuevos soles; Asimismo, se ha acreditado que la servidora Milagros del Rosario Gordillo Bautista, en su condición de Jefe del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, nuevamente dispuso de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, al haberse acreditado el pago ilegal de los intereses legales generados por el pago indebido de dichos devengados en merito a la escala aprobada mediante R.E.R. 146-2004-PRES, de conformidad a lo Informado por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas – (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, donde se puede determinar que se efectuaron pagos por concepto de intereses legales, aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/.

209,154.01 utilizando nuevamente el presupuesto asignado para el pago del Personal docente nombrado, por cuanto se tiene acreditado que se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado, y donde se aprecia que la servidora MILAGROS DEL ROSARIO GORDILLO BAUTISTA, en su condición de Jefe del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 - Huaral, cobró el importe de S/. 9,642.86, el mismo que fuera materializado mediante abono en cuenta, conforme el reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que acredita nuevamente la disposición de fondos públicos en beneficio propio y de terceros; ➢ Respecto a la imputación realizada en el sentido que en su condición de Jefe del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, no superviso y controlo el Proceso Técnico que permitió que a través del Comprobante de Pago N° 294 de fecha 15.03.2016, se realicen pagos indebidos por concepto de devengados generados en aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R. 146-2004-PRES, señala como descargo que su función era de administrar los recursos humanos a través de su desempeño y desarrollo de estrategias, a fin de lograr las metas establecidas de cada área de control, y que corresponde a otros equipos técnicos de emisión de órdenes de pago, a través de la revisión documentaria sustentatoria, entre otras, función completamente ajena a las asignadas de acuerdo al MOF 2016.

Al respecto, conforme al presente descargo de la servidora Milagros Del Rosario Gordillo Bautista, en su condición de ex Jefe del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 Huaral, en el sentido que de acuerdo al MOF 2016 no es su función emitir las órdenes de pago, este Órgano Instructor señala que de acuerdo al citado MOF, art. 45° literal a), establece como función de la Jefatura del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, el de

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 “Dirigir, Supervisar, Evaluar y Controlar los procesos técnicos de Personal, Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, en concordancia con las normas y directivas pertinentes…”, y el literal e) del mismo artículo 45° estipula como función del AGA el “Supervisar y controlar los procesos técnicos de la ejecución presupuestal de acuerdo a la normativa vigente, así como ejecutar el presupuesto asignado proporcionando los recursos económicos”; Asimismo, de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería – Ley N° 28693, Artículo 9° estipula que: “Son responsables de la administración de los fondos públicos en las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades, el Director General de Administración o quien haga sus veces y el Tesorero….”, y de acuerdo al numeral 30.1 del Artículo 30° de la citada Ley, estipula que: “La autorización del los devengados es competencia del Director General de Administración o quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario en quien se delega esta facultad de manera expresa”, normativa que subsume cualquier omisión del Reglamento de Organización y Funciones de la UGEL N° 10 de Huaral, y al tener rango de Ley es de imperativo cumplimiento, de todo servidor público; Asimismo, es necesario precisar que para el registro del compromiso, en el Módulo Administrativo SIAF-SP, la Oficina General de Administración (a través de su Oficina de Personal o la que haga sus veces) selecciona el documento “Planilla Anualizada de Gastos en Personal” y compromete el crédito correspondiente, estando acreditado en autos que en el presente caso se afectaron ilegalmente el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado y 2.1.12.12 Personal Docente contratado, para efectuar el pago indebido de devengados a los trabajadores administrativos de la sede de la UGEL n° 10 de Huaral; Por lo expuesto, está acreditado que la servidora procesada incurrió en negligencia en el desempeño de sus funciones como Administradora de la UGEL N° 10 de Huaral, disponiendo de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, contraviniendo la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, por cuanto permitió que se realicen pagos indebidos por concepto de devengados generados en aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R. 1462004-PRES, e intereses legales generados por el pago de dichos devengados respectivamente, disponiendo en beneficio propio y de terceros realizar abonos por concepto de devengados de la planilla única de pagos afectando ilegalmente el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado y 2.1.12.12 Personal Docente contratado, por el monto total de S/. 986,086.01 soles, contraviniendo el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el Artículo 26° de la misma Ley, estando acreditado el beneficio propio al haber dispuesto de fondos públicos mediante el cobro de los Cheques Nº 93498837 por el monto de S/. 26,950.00 y Nº 93498804 por el monto de S/. 26,950.00, haciendo un total de S/.

53,900.00 nuevos soles, y el cobro indebido de los intereses legales por el importe de S/.

9,642.86, el mismo que fuera materializado mediante abono en cuenta, conforme a los reportes SIAF remitido por el Tesorero que obran en autos del presente PAD; ➢ Que, según la Información del Técnico de Planillas, no se ha utilizado el presupuesto de personal docente nombrado ni contratado para realizar los pagos por concepto de devengados generados en aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R. 146-2004PRES, por cuanto los pagos se realizaron con saldos que contaba la UGEL (su mismo presupuesto), como lo indica el Informe N° 150-2016-DRELP-UGEL N° 10-AGA-EPERPLLAS, y que del reporte de planillas obtenido se ha cumplido efectuar los pagos a los docentes nombrados y contratados de enero a diciembre de 2016, como consta en los documentos y en el CD que adjunta.

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Lo manifestado por la servidora en el presente punto de su descargo, carece de veracidad por cuanto de acuerdo al Reporte SIAF N° 98 - Comprobante de Pago 294 de fecha 15 de Marzo de 2016, remitido por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, se tiene acreditado que se ha utilizado presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, por cuanto se han efectuado pagos indebidos de devengados con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, por el monto total de S/. 766,932.00 soles a favor de los trabajadores administrativos de la sede, y de acuerdo al Reporte de Pagos del Expediente SIAF N° 307, Comprobante de Pago N° 907 de fecha 27 de julio de 2016, remitido por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas – (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, se puede determinar que se efectuaron pagos por concepto de intereses legales de los devengados, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/.

209,154.01 utilizando ilegalmente el presupuesto asignado para el pago del Personal docente nombrado, por cuanto se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado; Este órgano instructor, habiendo visualizado el CD adjunto, que contiene Pantallazo de Compromiso SIAF, logra advertir que al momento de realizarse el compromiso de la planilla única de pagos se afecto indebidamente el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, la misma que cuenta con Certificación Anual, y los saldos que ahí figuran son saldos de la certificación anual considerando que al mes de marzo y julio aún no se ha cerrado el ejercicio fiscal 2016, no pudiéndose hablar de saldos a dichas fechas, razón por la cual no son saldos de libre disponibilidad, y de la lectura del Informe N° 1502016-DRELP-UGEL N° 10-AGA-EPER-PLLAS, no se advierte lo manifestado por la servidora procesada; Respecto al argumento en el sentido que del reporte de planillas obtenido se ha cumplido con efectuar los pagos a los docentes nombrados y contratados de enero a diciembre de 2016, este Órgano Instructor señala que ha tomado conocimiento a través del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10, que mediante Memorando Múltiple N°012-2017-GRL-SGRA, de fecha 14 de julio de 2017, la Gerencia General del Gobierno Regional de Lima remite la Carta N° 00662017/SAYA-V&V/GORE LIMA a través del cual la Sociedad de Auditoria “Sandoval Aliaga y Ventocilla Vásquez” remite el resumen ejecutivo de los resultados de la auditoría financiera y presupuestaria practicada en el Pliego – Gobierno Regional de Lima, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, que en el punto II Deficiencias, numeral 3.señala que “Durante el ejercicio 2016, la UGEL 10 Educación Huaral ha efectuado pagos de devengados no autorizados, afectando a otras partidas distintas no autorizadas en el compromiso presupuestal Anual, generando que se dejara de pagar retenciones de planillas por un importe de S/. 897,356.11 del presupuesto asignado en la Genérica de gasto 2.1. Personal y obligaciones sociales, señalando que: Durante el mes de Marzo, se devengo el pago de planillas de docentes incluyendo a un grupo de administrativos en forma indebida, ya que dichos pagos no correspondían a los devengados de años anteriores por adicionales previstos en la escala remunerativa aprobadas por la Región desde el año 2004, dichos pagos fueron tramitados por un grupo de servidores administrativos, quienes cobraron inclusive los intereses legales en el mes de Agosto 2016, sin la aprobación de la comisión de presupuesto de acuerdo a las disposiciones presupuestarias, disponiendo los fondos autorizados para retenciones en planillas por un importe de S/. 897,356.11 que a la fecha se encuentran pendientes de pago, tal como se indica a continuación:

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Proyecto Retenciones de Planillas – CAFAE, Derrama, Cooperativa, etc.

Decreto Supremo N° 387-2016-EF- Asignación por tiempo de servicio Decreto Supremo N° 387-2016-EF- Bonificación por la Ley 29444 Diferencia

Importe S/.

744,505.00 74,851.00 78,000.00 897,356.00

La Sociedad de Auditoria “Sandoval Aliaga y Ventocilla Vásquez”, en merito a los resultados de la auditoría financiera y presupuestaria practicada en el Pliego – Gobierno Regional de Lima, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, recomienda que se Disponga a la Dirección General de la UGEL 10 Educación Huaral, disponga las medidas correctivas a fin de proceder a realizar las acciones administrativas que le asiste a los responsables inmersos en dicho proceso; por lo expuesto, de acuerdo al informe de la sociedad de auditoría, se encuentra acreditado que con el Pago indebido de los devengados e intereses legales, materia del presente procedimiento administrativo disciplinario, se dejaron de pagar las retenciones de planillas, asignación por tiempo de servicio, y bonificación por la Ley 29444, perjudicando a los maestros nombrados y contratados; ➢ La servidora señala que su persona cobró los montos que se le atribuye, por cuanto el equipo de Planillas efectuó una Liquidación correspondiente en base a los dispositivos legales y de ahí establecieron el monto considerando el tiempo registrado como vinculo laboral, y que no proyecto, ni ordeno y mucho menos ejecuto ningún pago.

Al respecto, conforme a lo desarrollado se encuentra acreditado la disposición de fondos públicos de la entidad en beneficio propio y de terceros, por cuanto de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería – Ley N° 28693, Artículo 9° en su condición de Jefe del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, en el periodo que se realizaron los pagos indebidos de los devengados y sus intereses legales, era responsable de la administración de los fondos públicos en la unidad ejecutora, y de acuerdo al numeral 30.1 del Artículo 30° de la citada Ley, es quien autoriza los devengados en la Unidad Ejecutora, normativa que subsume cualquier omisión del Reglamento de Organización y Funciones de la UGEL N° 10 de Huaral, y al tener rango de Ley es de imperativo cumplimiento, por todo servidor público, no desvirtuando los cargos que se le imputan en este extremo de su descargo; Luego de evaluar los descargos de la servidora procesada se encuentra acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones como Administradora de la UGEL N° 10 de Huaral, disponiendo de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, contraviniendo la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, tipificado como faltas de carácter disciplinario en los literales d), f) y q) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, al haber transgredido sus deberes como servidor público estipulado en los literales b) y d) del Artículo 3°, y sus obligaciones estipulados en los literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276, y lo normado en el Artículo IV del Título Preliminar y 26° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; ➢

Dentro de los descargos de la servidora Procesada se tiene que dentro de su Otrosí digo: solicita la inclusión en la presente investigación de la Sra. María Elena Medina Morán, quien presuntamente proyecto y autorizó la ejecución de pagos de devengados mediante orden de ejecución N° 118-2016-UGEL 10-AGA-EPER:

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Respecto a los señalado por la servidora procesada, este Órgano Instructor en aplicación a las normas legales vigentes, como son la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería – Ley N° 28693, y habiendo analizado todos los medios probatorios actuados en el presente PAD, recibiendo incluso la declaración de la servidora María Elena Medina Moran, no encuentra indicios suficientes de la comisión de falta de carácter disciplinario por parte de la servidora aludida, no desvirtuando los cargos que se le imputan en este extremo de su descargo; Mediante Expediente N° 251459, de fecha 03 de julio de 2017, el Servidor C.P.C. GUILLERMO ROMERO AGUILAR, personal nombrado en el cargo de Contador de la UGEL N° 10 de Huaral, actualmente se desempeña como Especialista en Estadística del Área de Gestión Institucional de la UGEL N° 10, presenta sus descargos a la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, conforme a lo siguiente: (….) ➢ Solicita la Suspensión del PAD, por contravenir el principio de Legalidad y el Artículo 216.2 de la Ley 27444 caso contrario se incurrirá en responsabilidad penal por abuso de autoridad previsto en el artículo 376 del Código Penal, señalando que en data anterior a la apertura del presente PAD se ha dado inicio a una acción judicial de AMPARO CONSTITUCIONAL, ante el primer juzgado civil de Huaral, Expediente N° 167-2017, que se encuentra en trámite, donde se viene ventilando el reconocimiento y validez de la Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171, donde se viene persiguiendo no solo la validez, sino el reconocimiento de los pagos efectuados por concepto de devengados.

Respecto al presente extremo de los descargos del servidor C.P.C. Guillermo Romero Aguilar, es de advertir que en el presente procedimiento administrativo disciplinario iniciado, se le imputa que en su condición de ex – Contador de la UGEL N° 10 de Huaral el hecho de haber visado y convalidado el Comprobante de Pago N° 907 de fecha 27 de julio de 2016 (Expediente SIAF 307), a través del cual se realizaron pagos por concepto de intereses legales de los devengados ilegalmente aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171, sin advertir que indebidamente se estaba utilizando el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados, utilizando ilegalmente el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado, por el monto de S/.209,154.01 (SIAF 307) a favor de los trabajadores administrativos de la sede, donde también se benefició su persona con el citado pago indebido, hecho que se encuentran acreditado con el Reporte de Pagos del Expediente SIAF 307 remitido a la Secretaría Técnica por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, y donde se puede apreciar que su persona en su condición de Contador nombrado de la UGEL N° 10 de Huaral, cobró el importe de S/. 11,862.40 (Once mil ochocientos sesenta y dos con 40/100 Nuevos soles), por concepto de intereses legales, el mismo que fuera realizado mediante abono en cuenta, conforme a reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que demostraría el beneficio propio indebidamente obtenido, estos hechos acreditan que se han utilizado fondos públicos de manera ilegal contraviniendo el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que estipula que: “Los créditos presupuestarios aprobados para las entidades se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los presupuestos del Sector Público, así como en sus modificaciones realizadas conforme a Ley General”, y el Artículo 26° de la misma Ley, que agrega: “….los actos administrativos y de administración, …, así como cualquier actuación de las entidades, que afecten gasto público deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 presupuestarios autorizados, …., bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto”; Conforme a lo expuesto, en el presente procedimiento administrativo disciplinario incoado al servidor Guillermo Romero Aguilar en su condición de Contador de la UGEL N° 10 de Huaral, se ha acreditado la comisión de falta de carácter disciplinario por negligencia en el desempeño de funciones al no haber advertido que indebidamente se estaba afectando el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado, para el pago de los intereses legales al personal administrativo de la sede, donde también se encontraba incluido su persona, y con este hecho haber permitido que se disponga de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, contraviniendo el Artículo IV del Título Preliminar y 26° de la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, incurriendo en faltas de carácter administrativo tipificados en los incisos d), f) y q) del Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, faltas incurridas contraviniendo sus deberes como servidor público establecido en los incisos b) y d) del Artículo 3° del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que estipula que los servidores públicos están al servicio de la Nación y sus deberes son: b) Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes del servicio, y d) Desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio; y sus obligaciones como servidor público establecido en los incisos a), b) y h) del Artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que estipula que son obligaciones de los servidores: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, b) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos y h) Las demás que le señalen las leyes o el reglamento; Por lo expuesto, no resulta amparable su solicitud de suspensión del Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, por cuanto en el presente procedimiento administrativo iniciado contra su persona no versa sobre si le asistió el derecho al cobro de dichos devengados, lo que se busca es determinar la responsabilidad de los servidores que incurrieron en falta administrativa en el procedimiento indebido que permitió el cobro de dichos devengados y sus intereses legales afectando ilegalmente el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado, para el pago de los intereses legales al personal administrativo de la sede, acreditándose que se ha dispuesto de fondos públicos en beneficio propio y de terceros de manera irregular; ➢ Solicita la Conclusión del PAD por NON BIS IN IDEM, señalando que se ha dado inicio una investigación preliminar en sede fiscal – Despacho Fiscal Corporativo Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Caso Nro. 05-2017, acumulado al caso Nro. 242017, a hechos que guardan relación con el presente PAD, la norma objetiva establece puntualmente que no se podrá imponer sucesivamente o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento; DE LA AUTONOMÍA DE RESPONSABILIDADES: Respecto a lo argumentado por el procesado, es necesario precisar que según el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en su Artículo 91° señala que: "La responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por fas faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de servicios iniciando para tal efecto el

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 respectivo procedimiento administrativo correspondiente, de ser el caso";

disciplinario

e

imponiendo

lo

sanción

Asimismo, el dispositivo citado ha precisado que: “(...) La instrucción o decisión sobre la responsabilidad administrativa disciplinaria de los servidores civiles no enerva las consecuencias funcionales civiles y/o penales de su actuación, los mismos que se exigen conforme a la normativa de la materia"; (El énfasis es nuestro) En ese sentido, la Ley del Servicio Civil reconoce el principio de autonomía de responsabilidades, que puede definirse como el régimen en el que las responsabilidades que concurren sobre la conducta de los funcionarios y servidores públicos "mantienen recíproca autonomía técnica, de regulación, de valoración, de calificación y de resolución o cargo de las autoridades a las cuales se les ha confiado la potestad sancionadora”; El Artículo 91° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, hace dicho reconocimiento al establecer que la responsabilidad civil y penal del servidor se da sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas de cometa, imponiéndose, según corresponda, la sanción administrativa sin perjuicio de las responsabilidades civil y/o penal en que aquél pudiera incurrir; El fundamento de este principio radica en la diferente naturaleza que tiene cada una de dichas responsabilidades. Mientras la responsabilidad penal se origina ante la realización de actos tipificados por el ordenamiento como delitos que, como tales, merecen el máximo reproche jurídico, la responsabilidad administrativa tiene por fuente el incumplimiento de los deberes que corresponden a un funcionario o servidor público; Lo señalado, en el párrafo anterior, ha sido recogido por el Tribunal Constitucional, al expresar que el proceso judicial y el procedimiento disciplinario persiguen determinar sí hubo responsabilidad por la infracción de dos bienes jurídicos de distinta envergadura: mientras en el proceso penal, la responsabilidad por la eventual comisión de un delito, en el procedimiento administrativo disciplinario, la responsabilidad administrativa por la infracción de bienes jurídicos de ese orden (fundamento 2 de la resolución recaída en el expediente N° 1556-2003-M/TC); Asimismo se tiene, que para el Tribunal Constitucional la violación del principio de no doble imposición de sanción (non bis in ídem), referido a la prohibición de ser juzgado o sancionado dos veces por los mismos hechos, ocurre cuando las sanciones impuestas a un mismo sujeto, por la comisión de un acto, obedezcan a la infracción de un mismo bien jurídico, sea este administrativo o de carácter penal (fundamento 5 de la resolución recaída en el expediente N° 2868-2004AA/TC); Respecto al descargo planteado por el procesado, se tiene también la Sentencia del Tribunal del Servicio Civil, recaída en el Expediente N° 057-2010--SERVIR-TSC, donde dicho colegiado ha sostenido que el principio constitucional de non bis in ídem “no implica necesariamente que, en el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, la responsabilidad penal subsuma en forma automática otras responsabilidades que pudiera implicar una conducta imputada” y que "El fundamento de la autonomía de la responsabilidad administrativa con respecto a la responsabilidad penal radica en que, pese o que ambas son expresiones de un mismo poder punitivo del Estado, se orientan a finalidades distintas" (fundamentos 20 y 22, respectivamente); Es decir la persecución penal de una determinada conducta de un funcionario o servidor público, no implica que la misma no pueda, a la vez, ser objeto de un procedimiento administrativo, con el propósito de determinar la responsabilidad que en este ámbito dicha conducta pueda haberse

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 generado, correspondiendo a la entidad efectuar el procedimiento administrativo disciplinario PAD respectivo, sin necesidad de esperar un pronunciamiento del órgano jurisdiccional que emitirá su juicio por la responsabilidad penal y/o civil; Por lo expuesto, a consideración de este Órgano Instructor no resulta amparable su solicitud de conclusión del Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, por aplicación del Principio de Non Bis In Ídem, por cuanto ya se ha demostrado que la responsabilidad penal, civil y administrativa tiene un fundamento y regulación diferente, el procedimiento judicial que se le sigue a determinados funcionarios o servidores no determina la imposibilidad de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario - PAD, orientado a identificar la responsabilidad que en este ámbito se haya generado por la violación de un bien jurídico distinto al que es materia de un proceso judicial; ➢ El procesado señala que no puede ser sometido a Procedimiento alguno, por cuanto a la fecha de inicio de PAD, ostentaba el cargo de Dirigente Sindical y, de acuerdo al inciso b) del Artículo 31° del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, al ser parte del Sindicato, estaba dentro del ámbito de protección del fuero sindical y, en consecuencia a tenor del Artículo 30° de la norma precitada, no podía ser sometido a procedimiento alguno.

Respecto al presente argumento del procesado, este Órgano Instructor precisa que el Artículo 30° del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, estipula que “El fuero sindical garantiza a determinados trabajadores a no ser despedidos ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa, sin justa causa debidamente demostrada o sin su aceptación; Con el inicio del PAD al Servidor C.P.C. Guillermo Romero Aguilar, mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, no se está vulnerando la Protección Sindical o Fuero Sindical, por cuanto el procedimiento administrativo disciplinario iniciado respeta el debido procedimiento, teniendo el servidor procesado la posibilidad de conocer los hechos que se le imputan, la falta administrativa cometida y el plazo para presentación de sus descargos a efecto que ejerza su derecho de defensa, no se está configurando los supuestos de vulneración del fuero sindical por cuanto no se trata de un despido sin causa justa, ni haber sido trasladado a otro establecimiento de la UGEL N° 10 de Huaral; razón por la cual lo argumentado por el procesado en este extremo de sus descargos no desvirtúa la imputación de la falta realizada contra su persona, muy por el contrario demuestra el ánimo de tratar de evadir su responsabilidad administrativa amparado en el fuero sindical; Al margen de lo expuesto, es necesario precisar al recurrente que a partir del 05 de julio del año 2013 entró en vigencia la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y asimismo su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se encuentra vigente desde 14 de junio de 2014. Dichas normas regulan los derechos colectivos de los servidores civiles sujetos al nuevo régimen del Servicio Civil, así como de aquellos comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo N° 276, 728 y 1057. En ese sentido, en el régimen de la Ley del Servicio Civil se ha regulado lo referente a la Protección frente a actos de discriminación antisindical en su Artículo 52° y Protección frente a actos de injerencia en su Artículo 53°, no existiendo impedimento legal alguno para someter a procedimiento administrativo disciplinario a un dirigente sindical, por cuanto no se está restringiendo o entorpeciendo el ejercicio de su derecho de sindicación; ➢ Descargos respecto a HABER VISADO la Orden de Pago N° 294, sólo para beneficiarse del cobro indebido, señala que conforme a la documentación que adjunta a sus descargos, desde el 14 de marzo al 14 de mayo de 2016 se encontraba haciendo de su licencia sin goce

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 de haberes, aprobado por R.D. UGEL 10 N° 1206 de fecha 11 de marzo de 2016, el mismo que fuera prorrogado por R.D. UGEL N° 2007 de fecha 30 de mayo de 2016, por lo que resulta imposible que el recurrente haya suscrito y visado o convalidado el comprobante de Pago N° 294.

Respecto al presente extremo de sus descargos, habiendo verificado la documentación presentada, este órgano instructor acoge el mismo, al haber acreditado el procesado que durante el periodo del 14 de marzo al 15 de mayo de 2016, se encontraba haciendo uso de Licencia sin goce de haberes, el mismo que fuera prorrogado por el periodo del 15 de mayo al 30 de junio de 2016, debiéndose de haber incorporado a sus labores el 01 de julio de 2016; razón por la cual este extremo de sus descargos son acogidos por el órgano instructor; ➢ Respecto al Comprobante de Pago 907 de fecha 27 de julio de 2017 (Expediente SIAF 307), a través del cual se realizaron pagos por intereses legales de los devengados afectando la especifica de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado por el importe de S/.209,154.01 (SIAF 307), contraviniendo el Artículo IV del Título Preliminar y Artículo 26° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se encuentra sustentado en el Decreto de Urgencia N° 088-2001, que establece disposiciones aplicables a los Comités de Administración de los Fondos de Asistencia y Estimulo de las Entidades Públicas, Ley N° 28254 - Ley que Autoriza el Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2004, Ley N° 28128 – Ley de Presupuesto de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2004, Resolución Ejecutiva Regional 146-2004-PRES, Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011, Resolución Ejecutiva Regional N° 755-2012-PRES. El servidor procesado, argumenta que en mérito a la base legal señalada se APRUEBA LOS PAGOS mediante acto resolutivo R.D.R. 000171 de fecha 19 de enero de 2016, donde la Directora del Programa Sectorial III – UGEL N° 10 de Huaral, resuelve RECONOCER Y APROBAR el pago de los devengados generados por la indebida aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R. 146-2004-PRES a los servidores de la sede institucional de la UGEL 10 de Huaral; Al respecto es necesario citar lo señalado por el Director General de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio N° 6182016-EF/53.01 de fecha 24 de febrero de 2016, y remitido a la UGEL N° 10 de Huaral a través del Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT ingresado por mesa de partes mediante Expediente N° 008548 el día 10 de marzo de 2016, en relación a la Resolución Ejecutiva Regional N° 1462004-PRES de fecha 08 de julio de 2004, mediante la cual el Gobierno Regional de Lima aprobó incrementos en la escala única de Incentivos a favor de su personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, la misma se sustentó en lo dispuesto por la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28254, Ley que autoriza crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2004, que estipula lo siguiente: (…)

“Cuarta.- Facúltese a los titulares de los pliegos, por el periodo de treinta (30) días calendario desde la vigencia de la presente Ley, para aprobar en vía de regularización, mediante acto resolutivo y previo informe favorable de la oficina de presupuesto, así como de la oficina de inspectoría u órgano de control, o las que haga sus veces en el pliego, las transferencias efectuadas a los Fondos de Asistencia y Estímulo, así como los pagos que se hayan realizado antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, a favor de los trabajadores bajo los conceptos de incentivos y estímulos.

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Asimismo, autorizase a los Gobiernos Regionales para que mediante resolución del titular del pliego, por el periodo de treinta (30) días calendario y previo informe favorable de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, incrementen, de ser necesario, el monto de las transferencias del CAFAE, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del pliego. Para dicho efecto, no será de aplicación el límite establecido en el artículo 24 numeral 24.1 de la Ley N° 28128 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004”.

Sin embargo del visto de dicha Resolución Ejecutiva Regional, “ese informe no se solicitó previo a la emisión de la Resolución N° 146-2004-PRES”, hecho que constituye una irregularidad insubsanable que la invalida y la hace inexigible.

En ese mismo sentido, con relación a la Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011-PRES de fecha 12 de Diciembre de 2011, mediante la cual se aprueba la Escala Única de Incentivos para su personal administrativo bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276, si bien deja sin efecto legal la anterior Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, también es cierto que aprueba los mismos montos y Escala de incentivos que aquella; pero, además, la mencionada Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011-PRES constituye una resolución irrita pues contraviene el ordenamiento legal de orden público y cumplimiento obligatorio sobre materia presupuestaria y sobre las entregas del incentivo laboral (ahora “incentivo laboral Único) a través del CAFAE, razón por la cual nunca estuvo registrada, ni puede estarlo, en el Aplicativo Informativo.

En principio, se debe señalar que en consonancia con lo dispuesto en el numeral 1 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el Artículo 6° de la Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011 (año de emisión de la Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011-PRES), se estableció no sólo la prohibición del reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, mecanismo y fuente de financiamiento; sino también la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, retribuciones, dietas y beneficios de toda índole, prohibición que también se recoge en las anteriores y posteriores leyes de presupuesto, para los años fiscales 2009 al 2016.

Es decir los devengados reclamados por los trabajadores administrativos del sector Educación, derivados de las Resoluciones Ejecutivas N° 146-2004-PRES y N° 1152-2011-PRES que aprobaron escalas de incentivos laborales, siendo Resoluciones emitidas contraviniendo el ordenamiento jurídico del Estado, las mismas devienen en irritas y sin efecto legal alguno. (…)

Lo señalado por el procesado en el sentido que el pago de los devengados e intereses se efectuaron en mérito de las Resoluciones Ejecutivas N° 146-2004-PRES y N° 1152-2011-PRES que aprobaron escalas de incentivos laborales, no eximen de responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a los servidores que dispusieron de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, por cuanto un acto administrativo jamás podrá contravenir disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias, sin importar que estas últimas hayan sido dictadas por autoridades de inferior jerarquía, o incluso por la misma autoridad que dictó el acto administrativo en cuestión, lo vicios jurídicos tornan el acto ilegitimo, inválido y antijurídico; Es necesario señalar que la infracción al ordenamiento jurídico es la más grave de las infracciones en que puede incurrir un acto administrativo, por cuanto una de las garantías más importantes del Estado Constitucional de Derecho consiste precisamente en que la Administración Pública sólo

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 puede actuar dentro del marco de la juridicidad; por dicha razón, el principio de legalidad es el primero de los principios rectores del procedimiento consagrados por el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, conforme al cual las autoridades administrativas están obligadas a actuar con respeto a la Constitución, la Ley, y al Derecho; Por lo expuesto, lo argumentado por el servidor procesado en el presente extremo de sus descargos no lo eximen de responsabilidad administrativa, por cuanto en el presente PAD se ha acreditado que en su condición de contador de la UGEL N° 10 de Huaral ha incurrido en falta de carácter disciplinario en el procedimiento indebido que dio mérito al pago a servidores administrativos de la sede administrativa de la UGEL N° 10 – Huaral, por concepto de intereses legales de los devengados en aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R. 146-2004-PRES, que conforme al Comprobante de Pago N° 907 (Expediente SIAF 307), por cuanto en su condición de contador de la UGEL N° 10 de Huaral, realizó el devengado de dichos pagos sin advertir que se estaban afectando al clasificador de gasto que correspondía al personal docente nombrado, efectuándose pagos por concepto de intereses legales generados por el pago de devengados, aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/. 209,154.01 utilizando ilegalmente el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados, por cuanto se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado, y donde se aprecia que el servidor C.P.C. Guillermo Romero Aguilar, en su condición de Contador nombrado de la UGEL N° 10 de Huaral, cobró el importe de S/. 11,862.40 (Once mil ochocientos sesenta y dos con 40/100 nuevos soles) el mismo que fuera realizado mediante abono en cuenta, conforme a reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que demostraría el beneficio propio indebidamente obtenido; Asimismo, es de advertir que en autos se tiene el Reporte SIAF N° 98 - Comprobante de Pago 294 de fecha 15 de Marzo de 2016, donde se acredita que se ha utilizado presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, por cuanto se han efectuado pagos indebidos con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, por el monto de S/. 766,932.00 soles a favor de los trabajadores administrativos de la sede, donde también su persona se benefició con el citado pago ilegal, acreditado con el Reporte de Pagos del Expediente SIAF 98 remitido a la Secretaría Técnica por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, y donde se puede apreciar que su persona en su condición de contador nombrado de la UGEL 10 de Huaral, cobro los cheques Nº 93498838 por el monto de S/. 33,600.00 y Nº 93498807 por el monto de S/. 33,600.00, haciendo un total de S/. 67,200.00 (Sesenta y siete mil doscientos con 00/100 nuevos soles), acreditándose la utilización fondos públicos en beneficio propio y de terceros; ➢ Que, según la Información del Técnico de Planillas, no se ha utilizado el presupuesto de personal docente nombrado ni contratado para realizar los pagos por concepto de devengados generados en aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R. 146-2004PRES, por cuanto los pagos se realizaron con saldos que contaba la UGEL (su mismo presupuesto), como lo indica el Informe N° 150-2016-DRELP-UGEL N° 10-AGA-EPERPLLAS, y que del reporte de planillas obtenido se ha cumplido efectuar los pagos a los docentes nombrados y contratados de enero a diciembre de 2016, como consta en los documentos y en el CD que adjunta.

Lo manifestado por el servidor en el presente punto de su descargo, carece de veracidad por cuanto de acuerdo al Reporte SIAF N° 98 - Comprobante de Pago 294 de fecha 15 de Marzo

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 de 2016, remitido por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, se tiene por acreditado que se ha utilizado presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, por cuanto se han efectuado pagos indebidos con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, por el monto de S/. 766,932.00 soles a favor de los trabajadores administrativos de la sede, y que de acuerdo al Reporte de Pagos del Expediente SIAF N° 307, Comprobante de Pago N° 907 de fecha 27 de julio de 2016, remitido por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas – (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, se puede determinar que se efectuaron pagos por concepto de intereses legales, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/. 209,154.01 utilizando ilegalmente el presupuesto asignado para el pago del Personal docente nombrado, por cuanto se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado; Este órgano instructor, habiendo visualizado el CD adjunto, que contiene Pantallazo de Compromiso SIAF, logra advertir que al momento de realizarse el compromiso de la planilla única de pagos se afectó indebidamente el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, la misma que cuenta con Certificación Anual, y los saldos que ahí figuran son saldos de la certificación anual considerando que al mes de marzo y julio aún no se ha cerrado el ejercicio fiscal 2016, no pudiéndose hablar de saldos a dichas fechas, razón por la cual no son saldos de libre disponibilidad, y de la lectura del Informe N° 1502016-DRELP-UGEL N° 10-AGA-EPER-PLLAS, no se advierte lo manifestado por el servidor procesado en el sentido que los pagos indebidos se han efectuado con el propio presupuesto de la UGEL 10 de Huaral; Respecto al argumento en el sentido que del reporte de planillas obtenido se ha cumplido con efectuar los pagos a los docentes nombrados y contratados de enero a diciembre de 2016, este Órgano Instructor señala que ha tomado conocimiento a través del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10, que mediante Memorando Múltiple N°012-2017-GRL-SGRA, de fecha 14 de julio de 2017, la Gerencia General del Gobierno Regional de Lima remite la Carta N° 00662017/SAYA-V&V/GORE LIMA a través del cual la Sociedad de Auditoria “Sandoval Aliaga y Ventocilla Vásquez” remite el resumen ejecutivo de los resultados de la auditoría financiera y presupuestaria practicada en el Pliego – Gobierno Regional de Lima, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, que en el punto II Deficiencias, numeral 3.señala que “Durante el ejercicio 2016, la UGEL 10 Educación Huaral ha efectuado pagos de devengados no autorizados, afectando a otras partidas distintas no autorizadas en el compromiso presupuestal Anual, generando que se dejara de pagar retenciones de planillas por un importe de S/. 897,356.11 del presupuesto asignado en la Genérica de gasto 2.1. Personal y obligaciones sociales, señalando que: Durante el mes de Marzo, se devengo el pago de planillas de docentes incluyendo a un grupo de administrativos en forma indebida, ya que dichos pagos no correspondían a los devengados de años anteriores por adicionales previstos en la escala remunerativa aprobadas por la Región desde el año 2004, dichos pagos fueron tramitados por un grupo de servidores administrativos, quienes cobraron inclusive los intereses legales en el mes de Agosto 2016, sin la aprobación de la comisión de presupuesto de acuerdo a las disposiciones presupuestarias, disponiendo los fondos autorizados para retenciones en planillas por un importe de S/. 897,356.11 que a la fecha se encuentran pendientes de pago, tal como se indica a continuación: Proyecto Importe S/.

Retenciones de Planillas – CAFAE, Derrama, Cooperativa, etc.

744,505.00

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Decreto Supremo N° 387-2016-EF- Asignación por tiempo de servicio Decreto Supremo N° 387-2016-EF- Bonificación por la Ley 29444 Diferencia

74,851.00 78,000.00 897,356.00

La Sociedad de Auditoria “Sandoval Aliaga y Ventocilla Vásquez”, en merito a los resultados de la auditoría financiera y presupuestaria practicada en el Pliego – Gobierno Regional de Lima, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, recomienda que se Disponga a la Dirección General de la UGEL 10 Educación Huaral, disponga las medidas correctivas a fin de proceder a realizar las acciones administrativas que le asiste a los responsables inmersos en dicho proceso; por lo expuesto, de acuerdo al informe de la sociedad de auditoría con el Pago indebido de los devengados e intereses legales, materia del presente procedimiento administrativo disciplinario, se encuentra acreditado que se dejaron de pagar las retenciones de planillas, asignación por tiempo de servicio, y bonificación por la Ley 29444, perjudicando a los maestros nombrados y contratados; Por lo expuesto, lo argumentado por el servidor procesado en el presente extremo de sus descargos no desvirtúa los cargos que se le imputan en el presente PAD; ➢ El servidor señala que su persona cobró los montos que se le atribuye, por cuanto el equipo de Planillas efectuó una Liquidación correspondiente en base a los dispositivos legales y de ahí establecieron el monto considerando el tiempo registrado como vínculo laboral, y que no proyecto, ni ordeno y mucho menos ejecuto ningún pago.

Al respecto, conforme a lo desarrollado se encuentra acreditado en el presente PAD, que en su condición de contador de la UGEL N° 10 de Huaral ha incurrido en falta de carácter disciplinario en el procedimiento irregular que dio mérito al pago a servidores administrativos de la sede administrativa de la UGEL N° 10 – Huaral, al haber visado y convalidado el Comprobante de Pago N° 907 (Expediente SIAF 307), a través del cual se han efectuado pagos por concepto de intereses legales generados por el pago de devengados, aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/. 209,154.01 utilizando ilegalmente el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados, ya que se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado, y donde se aprecia que el servidor C.P.C. Guillermo Romero Aguilar, en su condición de Contador nombrado de la UGEL N° 10 de Huaral, cobró el importe de S/. 11,862.40 (Once mil ochocientos sesenta y dos con 40/100 nuevos soles) el mismo que fuera realizado mediante abono en cuenta, conforme a reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que demostraría la disposición de fondos públicos en beneficio propio y de terceros; Asimismo, de acuerdo al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), el Contador es el encargado de realizar el devengado de los pagos que se realizan en la sede administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, debiendo de haber advertido, previo a devengar dichos montos, que ilegalmente se estaba afectando el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado, para el pago de intereses legales en beneficio propio y de terceras personas; por lo expuesto lo argumentado por el servidor procesado en el presente extremo de sus descargos no desvirtúa los cargos que se le imputan en el presente PAD; Luego de evaluar los descargos del servidor procesado se encuentra acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones como Contador de la UGEL N° 10 de Huaral, disponiendo de fondos

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 públicos en beneficio propio y de terceros, contraviniendo la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, tipificado como faltas de carácter disciplinario en los literales d), f) y q) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, al haber transgredido sus deberes como servidor público estipulado en los literales b) y d) del Artículo 3°, y sus obligaciones estipulados en los literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276, y lo normado en el Artículo IV del Título Preliminar y 26° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Mediante Expediente N° 251475, de fecha 03 de julio de 2017, la Servidora MARÍA ALBERTA GÓMEZ CALLE, personal nombrado en el cargo de Tesorero de la UGEL N° 10 de Huaral, actualmente se desempeña como Encargada de Realizar Constancias de Trabajo, UGEL N° 10 Huaral, presenta sus descargos a la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPERAGA-PAD/OI, conforme a lo siguiente: (….) ➢ Solicita la Suspensión del PAD, por contravenir el principio de Legalidad y el Artículo 216.2 de la Ley 27444 caso contrario se incurrirá en responsabilidad penal por abuso de autoridad previsto en el artículo 376 del Código Penal, señalando que en data anterior a la apertura del presente PAD se ha dado inicio a una acción judicial de AMPARO CONSTITUCIONAL, ante el primer juzgado civil de Huaral, Expediente N° 167-2017, que se encuentra en trámite, donde se viene ventilando el reconocimiento y validez de la Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171, donde se viene persiguiendo no solo la validez, sino el reconocimiento de los pagos efectuados por concepto de devengados.

Respecto a este extremo de sus descargos es de advertir que en el presente procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra la servidora María Alberta Gómez Calle, se le imputa, en su condición de ex – Tesorera de la UGEL N° 10 – Huaral, el hecho de haber visado y convalidado los comprobantes de pago N° 294 de fecha 15 de marzo de 2016 (Expedientes SIAF 98) y N° 907 de fecha 27 de julio de 2017 (Expediente SIAF 307), a través del cual se realizaron pagos por concepto de devengados ilegalmente aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171, sin advertir que indebidamente se estaba utilizando el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, utilizando ilegalmente el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, por el monto de S/. 766,932.00 soles a favor de los trabajadores administrativos de la sede, donde también se benefició su persona con el citado pago indebido, hecho que se encuentran acreditado con el Reporte de Pagos del Expediente SIAF 98 remitido a la Secretaría Técnica por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, y donde se puede apreciar que su persona en su condición de Tesorera nombrada de la UGEL 10 de Huaral, cobró indebidamente el monto de S/. 34,300.00 (Treinta y cuatro mil 300 con 00/100 nuevos soles) mediante Cheque Nº 93498807, hecho que acredita que ha utilizado fondos públicos en beneficio propio y de terceros de manera irregular contraviniendo el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que estipula que: “Los créditos presupuestarios aprobados para las entidades se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los presupuestos del Sector Público, así como en sus modificaciones realizadas conforme a Ley General”, y el Artículo 26° de la misma Ley, que agrega: “….los actos administrativos y de administración, …, así como cualquier actuación de las entidades, que afecten gasto público deben supeditarse, de

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, …., bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto”; Asimismo, de conformidad a lo Informado por el el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, se puede determinar que mediante Comprobante de Pago N° 907 (Expediente SIAF 307), visado y convalidado por la Sra. María Alberta Gómez Calle, se efectuaron pagos por concepto de intereses legales generados por el pago de devengados, aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/. 209,154.01 utilizando indebidamente el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados, ya que se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado, y donde se aprecia que la servidora María Alberta Gómez Calle, en su condición de Tesorera nombrada de la UGEL N° 10 de Huaral, cobró el importe de S/. 12,839.67 (Doce mil ochocientos treinta y nueve con 67/100 Nuevos soles), el mismo que fuera realizado mediante abono en cuenta, lo que demostraría el beneficio propio indebidamente obtenido; En el presente procedimiento administrativo disciplinario incoado a la servidora María Alberta Gómez Calle en su condición de Tesorera de la UGEL N° 10 de Huaral, se ha acreditado la comisión de falta de carácter disciplinario por negligencia en el desempeño de funciones al no haber advertido que indebidamente se estaba afectando el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, para el pago de los devengados y sus intereses legales al personal administrativo de la sede, donde también se encontraba incluido su persona, y con este hecho haber permitido que se disponga de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, contraviniendo el Artículo IV del Título Preliminar y 26° de la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, incurriendo en faltas de carácter administrativo tipificados en los incisos d), f) y q) del Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, falta incurrida contraviniendo sus deberes como servidor público establecido en los incisos b) y d) del Artículo 3° del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que estipula que los servidores públicos están al servicio de la Nación y sus deberes son: b) Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes del servicio, y d) Desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio; y sus obligaciones como servidor público establecido en los incisos a), b) y h) del Artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que estipula que son obligaciones de los servidores: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, b) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos y h) Las demás que le señalen las leyes o el reglamento; Conforme a lo expuesto, de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería – Ley N° 28693, Artículo 9° estipula que: “Son responsables de la administración de los fondos públicos en las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades, el Director General de Administración o quien haga sus veces y el Tesorero….”, razón por la cual, no resulta amparable su solicitud de suspensión del Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI. Por lo expuesto, no resulta amparable su solicitud de suspensión del Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, por cuanto el presente procedimiento administrativo iniciado contra su

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 persona no versa sobre si le asistió el derecho al cobro de dichos devengados, lo que se busca es determinar la responsabilidad de los servidores que incurrieron en falta administrativa en el cobro de dichos devengados y sus intereses legales afectando ilegalmente el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado 2.1.12.12 Personal Docente Contratado, para el pago de los intereses legales al personal administrativo de la sede, acreditándose que se ha dispuesto de fondos públicos en beneficio propio y de terceros de manera indebida; ➢ Solicita la Conclusión del PAD por NON BIS IN IDEM, señalando que se ha dado inicio una investigación preliminar en sede fiscal – Despacho Fiscal Corporativo Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Caso Nro. 05-2017, acumulado al caso Nro. 242017, a hechos que guardan relación con el presente PAD, la norma objetiva establece puntualmente que no se podrá imponer sucesivamente o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento; DE LA AUTONOMÍA DE RESPONSABILIDADES: Respecto a lo argumentado por la procesada, es necesario precisar que según el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en su Artículo 91° señala que: "La responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por fas faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de servicios iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo lo sanción correspondiente, de ser el caso"; Asimismo, el dispositivo citado ha precisado que: “(...) La instrucción o decisión sobre la responsabilidad administrativa disciplinaria de los servidores civiles no enerva las consecuencias funcionales civiles y/o penales de su actuación, los mismos que se exigen conforme a la normativa de la materia”; (El énfasis es nuestro).

En ese sentido, la Ley del Servicio Civil reconoce el principio de autonomía de responsabilidades, que puede definirse como el régimen en el que las responsabilidades que concurren sobre la conducta de los funcionarios y servidores públicos "mantienen recíproca autonomía técnica, de regulación, de valoración, de calificación y de resolución o cargo de las autoridades a las cuales se les ha confiado la potestad sancionadora”; El Artículo 91° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, hace dicho reconocimiento al establecer que la responsabilidad civil y penal del servidor se da sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas de cometa, imponiéndose, según corresponda, la sanción administrativa sin perjuicio de las responsabilidades civil y/o penal en que aquél pudiera incurrir; El fundamento de este principio radica en la diferente naturaleza que tiene cada una de dichas responsabilidades. Mientras la responsabilidad penal se origina ante la realización de actos tipificados por el ordenamiento como delitos que, como tales, merecen el máximo reproche jurídico, la responsabilidad administrativa tiene por fuente el incumplimiento de los deberes que corresponden a un funcionario o servidor público; Lo señalado, en el párrafo anterior, ha sido recogido por el Tribunal Constitucional, al expresar que el proceso judicial y el procedimiento disciplinario persiguen determinar sí hubo responsabilidad por la infracción de dos bienes jurídicos de distinta envergadura: mientras en el proceso penal, la responsabilidad por la eventual comisión de un delito, en el procedimiento

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 administrativo disciplinario, la responsabilidad administrativa por la infracción de bienes jurídicos de ese orden (fundamento 2 de la resolución recaída en el expediente N° 1556-2003-M/TC); Asimismo se tiene, que para el Tribunal Constitucional la violación del principio de no doble imposición de sanción (non bis in ídem), referido a la prohibición de ser juzgado o sancionado dos veces por los mismos hechos, ocurre cuando las sanciones impuestas a un mismo sujeto, por la comisión de un acto, obedezcan a la infracción de un mismo bien jurídico, sea este administrativo o de carácter penal (fundamento 5 de la resolución recaída en el expediente N° 2868-2004AA/TC); Respecto al caso planteado por la procesada, se tiene también la Sentencia del Tribunal del Servicio Civil, recaída en el Expediente N° 057-2010--SERVIR-TSC, donde dicho colegiado ha sostenido que el principio constitucional de non bis in ídem “no implica necesariamente que, en el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, la responsabilidad penal subsuma en forma automática otras responsabilidades que pudiera implicar una conducta imputada” y que "El fundamento de la autonomía de la responsabilidad administrativa con respecto a la responsabilidad penal radica en que, pese o que ambas son expresiones de un mismo poder punitivo del Estado, se orientan a finalidades distintas" (fundamentos 20 y 22, respectivamente); Es decir la persecución penal de una determinada conducta de un funcionario o servidor público, no implica que la misma no pueda, a la vez, ser objeto de un procedimiento administrativo, con el propósito de determinar la responsabilidad que en este ámbito dicha conducta pueda haberse generado, correspondiendo a la entidad efectuar el procedimiento administrativo disciplinario PAD respectivo, sin necesidad de esperar un pronunciamiento del órgano jurisdiccional que emitirá su juicio por la responsabilidad penal y/o civil; Por lo expuesto, a consideración de este Órgano Instructor no resulta amparable su solicitud de conclusión del Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, por aplicación del Principio de Non Bis In Idem, por cuanto ya se ha demostrado que la responsabilidad penal, civil y administrativa tiene un fundamento y regulación diferente, el procedimiento judicial que se le sigue a determinados funcionarios o servidores no determina la imposibilidad de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario - PAD, orientado a identificar la responsabilidad que en este ámbito se haya generado por la violación de un bien jurídico distinto al que es materia de un proceso judicial; ➢ La Base Legal para Realizar los Pagos de Devengados e Intereses, encuentra sustentado en el Decreto de Urgencia N° 088-2001, que establece disposiciones aplicables a los Comités de Administración de los Fondos de Asistencia y Estimulo de las Entidades Públicas, Ley N° 28254 - Ley que Autoriza el Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2004, Ley N° 28128 – Ley de Presupuesto de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2004, Resolución Ejecutiva Regional 146-2004-PRES, Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011, Resolución Ejecutiva Regional N° 755-2012PRES. La servidora procesada, argumenta que en merito a la base legal señalada se APRUEBA LOS PAGOS mediante acto resolutivo R.D.R. 000171 de fecha 19 de enero de 2016, donde la Directora del Programa Sectorial III – UGEL N° 10 de Huaral, resuelve RECONOCER Y APROBAR el pago de los devengados generados por la indebida aplicación de la escala de la escala aprobada mediante R.E.R. 146-2004-PRES a los servidores de la sede institucional de la UGEL 10 de Huaral;

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Al respecto es necesario citar lo señalado por el Director General de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio N° 6182016-EF/53.01 de fecha 24 de febrero de 2016, y remitido a la UGEL N° 10 de Huaral a través del Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT ingresado por mesa de partes mediante Expediente N° 008548 el día 10 de marzo de 2016, en relación a la Resolución Ejecutiva Regional N° 1462004-PRES de fecha 08 de julio de 2004, mediante la cual el Gobierno Regional de Lima aprobó incrementos en la escala única de Incentivos a favor de su personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, la misma se sustentó en lo dispuesto por la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28254, Ley que autoriza crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2004, que estipula lo siguiente: (…)

“Cuarta.- Facúltese a los titulares de los pliegos, por el periodo de treinta (30) días calendario desde la vigencia de la presente Ley, para aprobar en vía de regularización, mediante acto resolutivo y previo informe favorable de la oficina de presupuesto, así como de la oficina de inspectoría u órgano de control, o las que haga sus veces en el pliego, las transferencias efectuadas a los Fondos de Asistencia y Estímulo, así como los pagos que se hayan realizado antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, a favor de los trabajadores bajo los conceptos de incentivos y estímulos.

Asimismo, autorizase a los Gobiernos Regionales para que mediante resolución del titular del pliego, por el periodo de treinta (30) días calendario y previo informe favorable de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, incrementen, de ser necesario, el monto de las transferencias del CAFAE, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del pliego. Para dicho efecto, no será de aplicación el límite establecido en el artículo 24 numeral 24.1 de la Ley N° 28128 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004”.

Sin embargo del visto de dicha Resolución Ejecutiva Regional, “ese informe no se solicitó previo a la emisión de la Resolución N° 146-2004-PRES”, hecho que constituye una irregularidad insubsanable que la invalida y la hace inexigible.

En ese mismo sentido, con relación a la Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011-PRES de fecha 12 de Diciembre de 2011, mediante la cual se aprueba la Escala Única de Incentivos para su personal administrativo bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276, si bien deja sin efecto legal la anterior Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, también es cierto que aprueba los mismos montos y Escala de incentivos que aquella; pero, además, la mencionada Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011-PRES constituye una resolución irrita pues contraviene el ordenamiento legal de orden público y cumplimiento obligatorio sobre materia presupuestaria y sobre las entregas del incentivo laboral (ahora “incentivo laboral Único) a través del CAFAE, razón por la cual nunca estuvo registrada, ni puede estarlo, en el Aplicativo Informativo.

En principio, se debe señalar que en consonancia con lo dispuesto en el numeral 1 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el Artículo 6° de la Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011 (año de emisión de la Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011-PRES) estableció no sólo la prohibición del reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, mecanismo y fuente de financiamiento; sino también la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, retribuciones, dietas y beneficios de toda índole, prohibición que también se recoge en las anteriores y posteriores leyes de presupuesto, para los años fiscales 2009 al 2016.

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Es decir los devengados reclamados por los trabajadores administrativos del sector Educación, derivados de las Resoluciones Ejecutivas N° 146-2004-PRES y N° 1152-2011-PRES que aprobaron escalas de incentivos laborales, siendo Resoluciones emitidas contraviniendo el ordenamiento jurídico del Estado, las mismas devienen en irritas y sin efecto legal alguno. (…)

Lo señalado por la procesada en el sentido que el pago de los devengados e intereses legales se efectuaron en mérito de las Resoluciones Ejecutivas N° 146-2004-PRES y N° 1152-2011-PRES que aprobaron escalas de incentivos laborales, no eximen de responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a los servidores que dispusieron de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, por cuanto un acto administrativo jamás podrá contravenir disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias, sin importar que estas últimas hayan sido dictadas por autoridades de inferior jerarquía, o incluso por la misma autoridad que dictó el acto administrativo en cuestión, lo vicios jurídicos tornan el acto ilegitimo, inválido, antijurídico.

Es necesario señalar que la infracción al ordenamiento jurídico es la más grave de las infracciones en que puede incurrir un acto administrativo, por cuanto una de las garantías más importantes del Estado Constitucional de Derecho consiste precisamente en que la Administración Pública sólo puede actuar dentro del marco de la juridicidad; por dicha razón, el principio de legalidad es el primero de los principios rectores del procedimiento consagrados por el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, conforme al cual las autoridades administrativas están obligadas a actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho.

Por lo expuesto, lo argumentado por la servidora procesada en el presente extremo de sus descargos no la eximen de responsabilidad administrativa, por cuanto en el presente PAD se ha acreditado que ha incurrido en falta de carácter disciplinario al no haber advertido que para el pago a los servidores administrativos de la sede administrativa de la UGEL N° 10 – Huaral, por concepto de devengados generados en aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R. 1462004-PRES, que conforme al Reporte SIAF N° 98 - Comprobante de Pago 294 de fecha 15 de Marzo de 2016, se ha utilizado presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, por cuanto se han efectuado pagos indebidos con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, por el monto de S/. 766,932.00 soles a favor de los trabajadores administrativos de la sede, donde también su persona se benefició con el citado pago ilegal, acreditado con el Reporte de Pagos del Expediente SIAF 98 remitido a la Secretaría Técnica por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-HAGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, y donde se puede apreciar que su persona en su condición de Tesorera de la UGEL N° 10 de Huaral cobró indebidamente el monto de S/.

34,300.00 (Treinta y cuatro mil 300 con 00/100 nuevos soles) mediante Cheque Nº 93498808, lo que demuestra la disposición de fondos públicos en beneficio propio de terceros; Asimismo, se ha acreditado que la servidora María Alberta Gómez Calle, en su condición de Tesorera de la UGEL N° 10 de Huaral, dispuso de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, al haberse acreditado el pago ilegal de los intereses legales generados por el pago indebido de dichos devengados en merito a la escala aprobada mediante R.E.R. 146-2004-PRES, de conformidad a lo Informado por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas – (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, donde se puede determinar que se efectuaron pagos por concepto de intereses legales, aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 2016, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/. 209,154.01 utilizando nuevamente el presupuesto asignado para el pago del Personal docente nombrado, ya que se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado, y donde se aprecia que la servidora procesada en su condición de Tesorera de la UGEL N° 10 - Huaral, cobró el importe de S/. 12,839.67, el mismo que fuera realizado mediante abono en cuenta, conforme a reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que acredita nuevamente el ánimo de beneficio propio y de terceros; ➢ De acuerdo a la revisión del Comprobante de Pago 294 de fecha 15.03.2016 y Comprobante de Pago N° 907 de fecha 27.07.2016, se debe tener en cuenta que el mismo se refiere al compromiso y pago global de planillas de docentes y administrativos de Huaral, del mes de marzo y julio respectivamente y no solo al referido pago proveniente de la Resolución Directoral N° 00171 y 002891 respectivamente, la aprobación de dichos pagos no es atribuible ni responsabilidad de la recurrente sino de la Directora de ese entonces, y su ejecución corresponde de igual manera a otras áreas distintas a la que ocupó la recurrente.

Al respecto, conforme al presente descargo de la servidora C.P.C. María Alberta Gómez Calle, ex Tesorera de la UGEL N° 10 - Huaral, en el sentido que en su condición de Tesorera no le correspondió la ejecución del Pago de los Comprobantes de Pago N° 294 de fecha 15 de marzo de 2016 (Expedientes SIAF 98) y N° 907 de fecha 27 de julio de 2017 (Expediente SIAF 307), a través del cual se realizaron pagos por concepto de devengados ilegalmente aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171, e intereses legales por el pago de devengados aprobado mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002892, este Órgano Instructor hace recordar a la servidora procesada que en su condición de Tesorera y de acuerdo al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) era la encargada de realizar el girado y pagado, y en el presente caso la ex Tesorera no advirtió en su oportunidad que ilegalmente se estaba afectando el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado y 2.1.12.12 Personal Docente contratado, para el pago de personal administrativo de la sede, donde también se encontraba incluido su persona, acreditándose la disposición de fondos públicos en beneficio propio y de terceros; por lo que, el presente descargo no desvirtúa la imputación de la falta cometida; Asimismo, de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería – Ley N° 28693, Artículo 9° estipula que: “Son responsables de la administración de los fondos públicos en las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades, el Director General de Administración o quien haga sus veces y el Tesorero….”, normativa que subsume cualquier omisión del Reglamento de Organización y Funciones de la UGEL N° 10 de Huaral, y al tener rango de Ley es de imperativo cumplimiento, por todo servidor público; ➢ Que, según la Información del Técnico de Planillas, no se ha utilizado el presupuesto de personal docente nombrado ni contratado para realizar los pagos por concepto de devengados generados en aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R. 146-2004PRES, por cuanto los pagos se realizaron con saldos que contaba la UGEL (su mismo presupuesto), como lo indica el Informe N° 150-2016-DRELP-UGEL N° 10-AGA-EPERPLLAS, y que del reporte de planillas obtenido se ha cumplido efectuar los pagos a los docentes nombrados y contratados de enero a diciembre de 2016, como consta en los documentos y en el CD que adjunta.

Lo manifestado por la servidora María Alberta Gómez Calle – Ex Tesorera, en el presente punto de su descargo, carece de veracidad por cuanto de acuerdo al Reporte SIAF N° 98 -

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Comprobante de Pago 294 de fecha 15 de Marzo de 2016, remitido por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, se tiene por acreditado ha utilizado presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, por cuanto se han efectuado pagos indebidos con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, por el monto de S/. 766,932.00 soles a favor de los trabajadores administrativos de la sede, y de acuerdo al Reporte de Pagos del Expediente SIAF N° 307, Comprobante de Pago N° 907 de fecha 27 de julio de 2016, remitido por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas – (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, se puede determinar que se efectuaron pagos por concepto de intereses legales, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/. 209,154.01 utilizando ilegalmente el presupuesto asignado para el pago del Personal docente nombrado, ya que se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado; Este órgano instructor, habiendo visualizado el CD adjunto, que contiene Pantallazo de Compromiso SIAF, logra advertir que al momento de realizarse el compromiso de la planilla única de pagos se afectó indebidamente el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, la misma que cuenta con Certificación Anual, y los saldos que ahí figuran son saldos de la certificación anual considerando que al mes de marzo y julio aún no se ha cerrado el ejercicio fiscal 2016, no pudiéndose hablar de saldos a dichas fechas, razón por la cual no son saldos de libre disponibilidad, y de la lectura del Informe N° 1502016-DRELP-UGEL N° 10-AGA-EPER-PLLAS, no se advierte lo manifestado por la servidora procesada; Respecto al argumento en el sentido que del reporte de planillas obtenido se ha cumplido con efectuar los pagos a los docentes nombrados y contratados de enero a diciembre de 2016, este Órgano Instructor señala que ha tomado conocimiento a través del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10, que mediante Memorando Múltiple N°012-2017-GRL-SGRA, de fecha 14 de julio de 2017, la Gerencia General del Gobierno Regional de Lima remite la Carta N° 00662017/SAYA-V&V/GORE LIMA a través del cual la Sociedad de Auditoria “Sandoval Aliaga y Ventocilla Vásquez” remite el resumen ejecutivo de los resultados de la auditoría financiera y presupuestaria practicada en el Pliego – Gobierno Regional de Lima, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, que en el punto II Deficiencias, numeral 3.señala que “Durante el ejercicio 2016, la UGEL 10 Educación Huaral ha efectuado pagos de devengados no autorizados, afectando a otras partidas distintas no autorizadas en el compromiso presupuestal Anual, generando que se dejara de pagar retenciones de planillas por un importe de S/. 897,356.11 del presupuesto asignado en la Genérica de gasto 2.1. Personal y obligaciones sociales, señalando que: Durante el mes de Marzo, se devengo el pago de planillas de docentes incluyendo a un grupo de administrativos en forma indebida, ya que dichos pagos no correspondían a los devengados de años anteriores por adicionales previstos en la escala remunerativa aprobadas por la Región desde el año 2004, dichos pagos fueron tramitados por un grupo de servidores administrativos, quienes cobraron inclusive los intereses legales en el mes de Agosto 2016, sin la aprobación de la comisión de presupuesto de acuerdo a las disposiciones presupuestarias, disponiendo los fondos autorizados para retenciones en planillas por un importe de S/. 897,356.11 que a la fecha se encuentran pendientes de pago, tal como se indica a continuación: Proyecto Importe S/.

Retenciones de Planillas – CAFAE, Derrama, Cooperativa, etc.

744,505.00 Decreto Supremo N° 387-2016-EF- Asignación por tiempo de servicio 74,851.00

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Decreto Supremo N° 387-2016-EF- Bonificación por la Ley 29444 Diferencia

78,000.00 897,356.00

La Sociedad de Auditoria “Sandoval Aliaga y Ventocilla Vásquez”, en merito a los resultados de la auditoría financiera y presupuestaria practicada en el Pliego – Gobierno Regional de Lima, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, recomienda que se Disponga a la Dirección General de la UGEL 10 Educación Huaral, disponga las medidas correctivas a fin de proceder a realizar las acciones administrativas que le asiste a los responsables inmersos en dicho proceso; por lo expuesto, de acuerdo al informe de la sociedad de auditoría con el Pago indebido de los devengados e intereses legales, materia del presente procedimiento administrativo disciplinario, se encuentra acreditado que se dejaron de pagar las retenciones de planillas, asignación por tiempo de servicio, y bonificación por la Ley 29444, perjudicando a los maestros nombrados y contratados. ➢ La servidora señala que su persona cobro los montos que se le atribuye, por cuanto el equipo de Planillas efectuó una Liquidación correspondiente en base a los dispositivos legales y de ahí establecieron el monto considerando el tiempo registrado como vínculo laboral, y que existe una opinión legal con las normativas vigentes.

Al respecto, conforme a lo desarrollado se encuentra acreditado la disposición de fondos públicos de la entidad en beneficio propio y de terceros, por cuanto de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería – Ley N° 28693, Artículo 9° en su condición de Tesorera de la UGEL N° 10 de Huaral, en el periodo que se realizaron los pagos indebidos de los devengados y sus intereses legales, era responsable de la administración de los fondos públicos en la unidad ejecutora, normativa que al tener rango de Ley es de imperativo cumplimiento, por todo servidor público, no desvirtuando los cargos que se le imputan en este extremo de su descargo; Por lo expuesto, en el presente extremo de los descargos de la servidora procesada, no la eximen de responsabilidad administrativa, por cuanto en el presente PAD se ha acreditado que ha incurrido en falta de carácter disciplinario al haber obviado sus funciones en el procedimiento irregular que dio mérito al pago a servidores administrativos de la sede administrativa de la UGEL N° 10 – Huaral, por concepto de devengados y sus intereses legales, generados en aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R. 146-2004-PRES; Luego de evaluar los descargos de la servidora procesada se encuentra acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones como Tesorera de la UGEL N° 10 de Huaral, disponiendo de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, contraviniendo la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, tipificado como faltas de carácter disciplinario en los literales d), f) y q) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, al haber transgredido sus deberes como servidor público estipulado en los literales b) y d) del Artículo 3°, y sus obligaciones estipulados en los literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276, y lo normado en el Artículo IV del Título Preliminar y 26° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Mediante Expediente N° 252187, de fecha 03 de julio de 2017, la Mg. MARÍA DEL ROSARIO PICON MALÁSQUEZ, servidora pública que ejerce funciones de Especialista en Educación en la UGEL N° 12 – Canta, y que al momento de la comisión de la falta desempeñaba funciones en el cargo

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 de Jefe (e) del Área de Gestión Institucional de la UGEL N° 10 – Huaral, desempeñando funciones bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público (Periodo de designación del 04/01/2016 R.D. UGEL 10 N° 000002 al 02/09/2016 R.D. UGEL 10 N° 003268), presenta sus descargos a la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, conforme a lo siguiente: (….) ➢ La servidora Procesada señala que conforme a la Pagina 16 y 17 (Del total de 35 hojas) de la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, se describe la imputación recaída contra su persona, SIN EMBARGO, ELLO ES ERRADO por cuanto quien expide la Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171 es la Mg. Flor Ananora Saavedra Feliz, como Directora del Programa Sectorial III de la UGEL N° 10 de Huaral, el visado que realiza es un acto de tramitación, pero que no incide o afecta a la Resolución Directoral N° 171, y que conforme a los hechos narrados, mi persona No ha expedido ningún informe o documentación que sustente la citada Resolución Directoral.

Respecto a este extremo de los descargos de la servidora María Del Rosario Picón Malásquez, no desvirtúa la imputación de falta cometida, por cuanto es de advertir que en el presente procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra su persona, se le imputa que en su condición de ex - Jefe (e) del Área de Gestión Institucional de la UGEL N° 10 Huaral, haber hecho caso omiso a lo comunicado con Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT de fecha 04 de Marzo de 2016, a través del cual se notificó a los Directores de las Unidades Ejecutoras del Sector Educación el Oficio N° 618-2016-EF/53.01 de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos – MEF, donde se les indico que debían de abstenerse de validar y/o convalidar pagos en mérito a las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004-PRES y N° 1152-2011-PRES, bajo responsabilidad funcional y administrativa de quienes lo autorizan, ni reconocer devengados derivados de dichas Resoluciones Ejecutivas Regionales, que por contravenir el ordenamiento jurídico del Estado devienen en irritas y sin efecto legal alguno, Oficio que fue puesto de su conocimiento por la Dirección de la UGEL N°10 de Huaral, mediante Hoja de Envió N° 809, siendo recepcionado por el Área de Gestión Institucional en fecha 15 de marzo de 2016, conforme a lo informado por la Lic. Adm. Laura Lida Quispe Maguiña – Especialista de Finanzas del Área de Gestión Institucional, mediante Informe N° 129-2017-UGEL N° 10-HJAGI/EF de fecha 03 de mayo de 2017, conforme a las copias de la recepción del cuaderno de derivaciones de expedientes del Área de Gestión Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, obrante en autos; (Subrayado nuestro) La imputación atribuida a la procesada, en el sentido de haber haber hecho caso omiso a lo comunicado con Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT de fecha 04 de Marzo de 2016, ha permitido que mediante comprobante de pago N° 294 de fecha 15 de marzo de 2016 (Expedientes SIAF 98) y comprobante de pago N° 907 de fecha 27 de julio de 2017 (Expediente SIAF 307), se realicen pagos indebidos afectando el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, ya que se ha pagado con cargo a los clasificadores de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, por el monto de S/. 766,932.00 soles (SIAF 98) y S/. 209,154.01 (SIAF 307), contraviniendo el Artículo IV de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que dispone que: “Los créditos presupuestarios aprobados para las entidades se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los Presupuestos del Sector Público, así como en sus modificaciones realizadas conforme a Ley General”, disposición que recoge también el Artículo 26° de la citada ley, que además agrega que: “…..los actos administrativos y de administración, …, así como cualquier actuación de las entidades, que afecten gasto público deben supeditarse,

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, …., bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto”; Por lo expuesto, se tiene acreditado que a partir del 15 de marzo de 2016, fecha en que el Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT ingreso al Área de Gestión Institucional, se debieron de adoptar decisiones conforme a lo comunicado, no pudiéndose realizar el mismo por cuanto la Jefatura del Área de Gestión Institucional a cargo de la servidora María Del Rosario Picón Malásquez y la Oficina de Finanzas a cargo del Especialista Edgar Armando Huayamares Carbajal, no emitieron documento alguno que de atención al Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRLGRPPAT, no advirtiendo a las demás áreas de la UGEL N° 10 de Huaral (Administración, Contabilidad y Tesorería), que se abstengan de validar y/o convalidar pagos en mérito a las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004-PRES y N° 1152-2011-PRES, bajo responsabilidad funcional y administrativa de quienes lo autorizan, ni reconocer devengados derivados de dichas Resoluciones Ejecutivas Regionales, que por contravenir el ordenamiento jurídico del Estado devienen en irritas y sin efecto legal alguno; En el presente procedimiento administrativo disciplinario incoado a la servidora María Del Rosario Picón Malásquez, en su condición de Ex Jefe (e) del Área de Gestión Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, se ha acreditado la comisión de falta de carácter disciplinario por negligencia en el desempeño de funciones, al estar acreditado que hizo caso omiso a lo comunicado con Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT de fecha 04 de Marzo de 2016, a través del cual se notificó a los Directores de las Unidades Ejecutoras del Sector Educación el Oficio N° 618-2016-EF/53.01 de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos – MEF, donde se les indico que debían de abstenerse de validar y/o convalidar las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004PRES y N° 1152-2011-PRES, bajo responsabilidad funcional y administrativa de quienes lo autorizan, ni reconocer devengados derivados de dichas Resoluciones Ejecutivas Regionales, que por contravenir el ordenamiento jurídico del Estado devienen en irritas y sin efecto legal alguno, el mismo que fue puesto de su conocimiento por la Dirección de la UGEL N°10 de Huaral, mediante Hoja de Envió N° 809, siendo recepcionado por el Área de Gestión Institucional en fecha 15 de marzo de 2016; incurriendo en falta de carácter administrativo tipificado en el inciso d) del Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, que regula la Negligencia en el desempeño de funciones, falta incurrida contraviniendo sus deberes como servidor público establecido en los incisos b) y d) del Artículo 3° del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que estipula que los servidores públicos están al servicio de la Nación y sus deberes son: b) Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes del servicio, y d) Desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio; y sus obligaciones como servidor público establecido en los incisos a), b) y h) del Artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que estipula que son obligaciones de los servidores: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, b) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos y h) Las demás que le señalen las leyes o el reglamento; Ahora bien respecto a su argumento, en el sentido que el visado que realiza a la Resolución Directoral N° 00171, es un acto de tramitación, resulta preocupante para este Órgano Instructor lo manifestado por la servidora procesada en este extremo de sus descargos, por cuanto previo a la visación de un acto administrativo todo servidor público debe de verificar que el mismo cuente con la documentación sustentatoria y no sea contrario al ordenamiento jurídico vigente, desconocer esto contravendría el Artículo 91° de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, que estipula lo siguiente: “La responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por fas faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 de la prestación de servicios iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo lo sanción correspondiente, de ser el caso”; ➢ Que, a partir de la recepción del Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRPPAT, en fecha 15 de marzo de 2016, se debió de adoptar decisiones conforme al contenido del citado Oficio Múltiple, sin embargo se ha verificado que la persona que recepciona el citado Oficio el Sr. Edgar Armando Huayames Carbajal no emitió documento alguno, dando atención a dicho documento, por ello se desconocía el Oficio Múltiple, para que sigan de guía en las decisiones que se adoptaran con posterioridad.

Conforme a los propios descargos de la servidora procesada, es de advertir que es consciente que se propicio un acto para desconocer el mecanismo legal de actuación frente a la RER N° 1462004-PRES y RER N° 1152-2011-PRES, hecho que también es atribuible a su persona, por cuanto se tiene acreditado que la Dirección de la UGEL N°10 de Huaral, mediante Hoja de Envió N° 809, remitió el Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT de fecha 04 de Marzo de 2016, al Área de Gestión Institucional, siendo recepcionada por dicha área el 15 de marzo de 2016, y disponiendo su jefatura su derivación al Sr. Edgar Armando Huayamares Carbajal, en su condición de especialista de Finanzas de la UGEL N° 10 de Huaral, hecho que impidió tomar decisiones conforme al contenido del citado Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT, a través del cual se notificó a los Directores de las Unidades Ejecutoras del Sector Educación el Oficio N° 618-2016-EF/53.01 de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos – MEF, donde se les indico que debían de abstenerse de validar y/o convalidar las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004-PRES y N° 1152-2011-PRES, bajo responsabilidad funcional y administrativa de quienes lo autorizan, ni reconocer devengados derivados de dichas Resoluciones Ejecutivas Regionales, que por contravenir el ordenamiento jurídico del Estado devienen en irritas y sin efecto legal alguno, ➢ No existe acto u omisión por parte de María Del Rosario Picón Malásquez, para la comisión del hecho materia de Procedimiento Administrativo, por cuanto se ha verificado conforme a sus funciones y capacidades no haber participado en actos administrativos que propicien, impulsen o sustenten el pago indebido de los servidores de la sede administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, no existiendo omisión de funciones¸ por cuanto no se desconocía la irregularidad del pago por RER N° 146-2004-PRES y RER N° 1152-2011-PRES. Respecto al presente descargo de la servidora procesada, es necesario volver a precisarle que el hecho imputado a su persona no es por el hecho de haber emitido acto administrativo alguno, sino por el hecho de no haber emitido documento alguno que de atención al Oficio Múltiple N° 00742016-GRL-GRPPAT, en consecuencia en su condición de Jefe de AGI, en fecha 15 de 2016, no advirtió a las demás áreas de la UGEL N° 10 de Huaral, que se abstengan de validar y/o convalidar las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004-PRES y N° 1152-2011-PRES, bajo responsabilidad funcional y administrativa de quienes lo autorizan, ni reconocer devengados derivados de dichas Resoluciones Ejecutivas Regionales, que por contravenir el ordenamiento jurídico del Estado devienen en irritas y sin efecto legal alguno; Esta negligencia ha permitido que mediante comprobante de Pago N° 294 de fecha 15 de Marzo de 2016, entre otros, se realicen pagos por concepto de devengados ilegalmente aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171, utilizando el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, por cuanto se han efectuado pagos indebidos con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, por el monto de S/. 766,932.00 soles a favor de los trabajadores administrativos de la sede, pagos que fueron efectuados durante el mes de abril de

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 2016, y Comprobante de Pago N° 907 de fecha 27 de julio de 2016, pagos que fueran realizados durante el mes de agosto de 2016, se tiene acreditado que se efectuaron pagos por concepto de intereses legales, aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/. 209,154.01 utilizando ilegalmente el presupuesto asignado para el pago del Personal docente nombrado, ya que se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado, hechos corroborados con los reportes de pagos del SIAF remitidos por el encargado de Tesorería; El hecho señalado por la servidora procesada en el sentido que no existe acto u omisión en el desempeño de funciones, es necesario precisar que de acuerdo al Artículo 36° del Manual de Organización y Funciones de la UGEL N° 10 de Huaral, se establecen las funciones del Jefe del Área de Gestión Institucional, estipulando en su literal a) “Asesorar al Director de la UGEL N° 10, en los asuntos relacionados con la Gestión Institucional y presupuestal”, razón por la cual no puede argumentar que no ha incurrido en omisión en el desempeño de sus funciones, por cuanto estaba en condiciones de haber advertido lo comunicado mediante Oficio Múltiple N° 0074-2016GRL-GRPPAT, y con ello no haber permitido que se afecten clasificadores de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, por el monto de S/.

766,932.00 soles (SIAF 98) y S/. 209,154.01 (SIAF 307), contraviniendo el Artículo IV de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que dispone que: “Los créditos presupuestarios aprobados para las entidades se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los Presupuestos del Sector Público, así como en sus modificaciones realizadas conforme a Ley General”, disposición que recoge también el Artículo 26° de la citada ley, que además agrega que: “…..los actos administrativos y de administración, …, así como cualquier actuación de las entidades, que afecten gasto público deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, …., bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto”; Luego de evaluar los descargos de la servidora procesada se encuentra acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones como Jefe del Área de Gestión Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, al estar acreditado que hizo caso omiso a lo comunicado con Oficio Múltiple N° 0074-2016GRL-GRPPAT de fecha 04 de Marzo de 2016, a través del cual se notificó a los Directores de las Unidades Ejecutoras del Sector Educación el Oficio N° 618-2016-EF/53.01 de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos – MEF; incurriendo en falta de carácter administrativo tipificado en el inciso d) del Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, al haber incumplido sus deberes como servidor público estipulado en los literales b) y d) del Artículo 3°, y sus obligaciones estipulados en los literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276, y lo normado en el Artículo IV del Título Preliminar y 26° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Mediante Expediente N° 251487, de fecha 03 de julio de 2017, el ex servidor Sr. EDGAR ARMANDO HUAYAMARES CARBAJAL, en su condición de ex Especialista en Finanzas de la UGEL N° 10 – Huaral, cargo encomendado mediante Memorando N° 70-2016-DREL/UGEL-H-DIR de fecha 11 de febrero de 2016, desempeñando funciones bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057 – Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, presenta sus descargos a la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, conforme a lo siguiente: (….)

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 ➢ Solicita suspensión del PAD, por contravenir el principio de Legalidad y el Artículo 216.2 de la Ley 27444 caso contrario se incurrirá en responsabilidad penal por abuso de autoridad previsto en el artículo 376 del Código Penal, señalando que en data anterior a la apertura del presente PAD se ha dado inicio a una acción judicial de AMPARO CONSTITUCIONAL, ante el primer juzgado civil de Huaral, Expediente N° 167-2017, que se encuentra en trámite, donde se viene ventilando el reconocimiento y validez de la Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171, donde se viene persiguiendo no solo la validez, sino el reconocimiento de los pagos efectuados por concepto de devengados.

Respecto a este extremo de sus descargos es de advertir que en el presente procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra el ex servidor Edgar Armando Huayamares Carbajal, se le imputa que en su condición de Ex Financista de la UGEL N° 10 de Huaral, no advirtió a las áreas administrativas de la UGEL N° 10 de Huaral, lo comunicado con Oficio Múltiple N° 00742016-GRL-GRPPAT de fecha 04 de Marzo de 2016, a través del cual se notificó a los Directores de las Unidades Ejecutoras del Sector Educación el Oficio N° 618-2016-EF/53.01 de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos – MEF, donde se les indicó que debían de abstenerse de validar y/o convalidar pagos en mérito a las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004PRES y N° 1152-2011-PRES, bajo responsabilidad funcional y administrativa de quienes lo autorizan, ni reconocer devengados derivados de dichas Resoluciones Ejecutivas Regionales, que por contravenir el ordenamiento jurídico del Estado devienen en irritas y sin efecto legal alguno, hecho que se encuentra acreditado con el Informe N° 129-2017-UGEL N° 10-H-JAGI/EF de fecha 03 de mayo de 2017, suscrito por la Lic. Adm. Laura Lida Quispe Maguiña – Especialista de Finanzas del Área de Gestión Institucional, a través del cual informa que la Oficina de Finanzas verificó que el citado documento fue recepcionado por el especialista en finanzas Sr. Edgar Armando Huayamares Carbajal, con fecha 15 de marzo de 2016, conforme a las copias de la recepción del cuaderno de derivaciones de expedientes del Área de Gestión Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, así también se ha verificado que no se dio trámite mediante la emisión de un documento, no lográndose ubicar dicho documento en el acervo documentario de dicha oficina; En el presente procedimiento administrativo disciplinario iniciado al ex servidor Edgar Armando Huayamares Carbajal en su condición de ex Especialista de Finanzas de la UGEL N° 10 de Huaral, quien se encontraba bajo los alcances del Decreto Legislativo N°1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, se encuentra acreditado que ha cometido de falta de carácter disciplinario por negligencia en el desempeño de funciones al no haber advertido a las áreas administrativas de la UGEL N° 10 de Huaral, lo comunicado con Oficio Múltiple N° 00742016-GRL-GRPPAT, incurriendo en falta de carácter administrativo tipificado en el inciso d) del Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, falta incurrida contraviniendo el Artículo 6° del Código de Ética de la Función Pública – Ley N° 27815, que estipula en su numeral 2, que todo servidor público de acuerdo al principio de Probidad: “Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona”, y el Artículo 7° del Código de Ética de la Función Pública – Ley N° 27815, que estipula en su numeral 6 primer párrafo que todo servidor público tiene el siguiente deber: “Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.” (…)

Por lo expuesto, no resulta amparable su solicitud de suspensión del Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, por cuanto el presente procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra su persona no versa sobre si le asistió el derecho al cobro de dichos devengados, lo que se persigue es determinar su responsabilidad por haber cometido de falta de carácter disciplinario por negligencia en el desempeño de funciones al no haber advertido a las áreas

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 administrativas de la UGEL N° 10 de Huaral, lo comunicado con Oficio Múltiple N° 0074-2016GRL-GRPPAT, permitiendo con ello que se tramiten el pago de devengados y sus intereses legales afectando ilegalmente el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado y clasificador de gasto 2.1.12.12 Personal Docente Contratado, en beneficio de diversos servidores de la sede administrativa de la UGEL N° 120 de Huaral, y donde su persona se vio beneficiado con dichos cobros, es decir se encuentra acreditado que su persona con su actuar negligente obtuvo un provecho personal, el mismo que será merituado al momento de recomendar la sanción a imponérsele; ➢ Solicita la Conclusión del PAD por NON BIS IN IDEM, señalando que se ha dado inicio una investigación preliminar en sede fiscal – Despacho Fiscal Corporativo Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Caso Nro. 05-2017, acumulado al caso Nro. 242017, a hechos que guardan relación con el presente PAD, la norma objetiva establece puntualmente que no se podrá imponer sucesivamente o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento;

DE LA AUTONOMÍA DE RESPONSABILIDADES: Respecto a lo argumentado por el procesado, es necesario precisar que según el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en su Artículo 91° señala que: "La responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por fas faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de servicios iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo lo sanción correspondiente, de ser el caso"; Asimismo, el dispositivo citado ha precisado que: “(...) La instrucción o decisión sobre la responsabilidad administrativa disciplinaria de los servidores civiles no enerva las consecuencias funcionales civiles y/o penales de su actuación, los mismos que se exigen conforme a la normativa de la materia”; (El énfasis es nuestro) En ese sentido, la Ley del Servicio Civil reconoce el principio de autonomía de responsabilidades, que puede definirse como el régimen en el que las responsabilidades que concurren sobre la conducta de los funcionarios y servidores públicos "mantienen recíproca autonomía técnica, de regulación, de valoración, de calificación y de resolución o cargo de las autoridades a las cuales se les ha confiado la potestad sancionadora”; El Artículo 91° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, hace dicho reconocimiento al establecer que la responsabilidad civil y penal del servidor se da sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas de cometa, imponiéndose, según corresponda, la sanción administrativa sin perjuicio de las responsabilidades civil y/o penal en que aquél pudiera incurrir.

El fundamento de este principio radica en la diferente naturaleza que tiene cada una de dichas responsabilidades. Mientras la responsabilidad penal se origina ante la realización de actos tipificados por el ordenamiento como delitos que, como tales, merecen el máximo reproche jurídico, la responsabilidad administrativa tiene por fuente el incumplimiento de los deberes que corresponden a un funcionario o servidor público;

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Lo señalado, en el párrafo anterior, ha sido recogido por el Tribunal Constitucional, al expresar que el proceso judicial y el procedimiento disciplinario persiguen determinar sí hubo responsabilidad por la infracción de dos bienes jurídicos de distinta envergadura: mientras en el proceso penal, la responsabilidad por la eventual comisión de un delito, en el procedimiento administrativo disciplinario, la responsabilidad administrativa por la infracción de bienes jurídicos de ese orden (fundamento 2 de la resolución recaída en el expediente N° 1556-2003-M/TC); Asimismo se tiene, que para el Tribunal Constitucional la violación del principio de no doble imposición de sanción (non bis in ídem), referido a la prohibición de ser juzgado o sancionado dos veces por los mismos hechos, ocurre cuando las sanciones impuestas a un mismo sujeto, por la comisión de un acto, obedezcan a la infracción de un mismo bien jurídico, sea este administrativo o de carácter penal (fundamento 5 de la resolución recaída en el expediente N° 2868-2004AA/TC); Respecto al caso planteado por el procesada, se tiene también la Sentencia del Tribunal del Servicio Civil, recaída en el Expediente N° 057-2010--SERVIR-TSC, donde dicho colegiado ha sostenido que el principio constitucional de non bis in ídem “no implica necesariamente que, en el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, la responsabilidad penal subsuma en forma automática otras responsabilidades que pudiera implicar una conducta imputada” y que "El fundamento de la autonomía de la responsabilidad administrativa con respecto a la responsabilidad penal radica en que, pese o que ambas son expresiones de un mismo poder punitivo del Estado, se orientan a finalidades distinta”; (fundamentos 20 y 22, respectivamente).

Es decir la persecución penal de una determinada conducta de un funcionario o servidor público, no implica que la misma no pueda, a la vez, ser objeto de un procedimiento administrativo, con el propósito de determinar la responsabilidad que en este ámbito dicha conducta pueda haberse generado, correspondiendo a la entidad efectuar el procedimiento administrativo disciplinario PAD respectivo, sin necesidad de esperar un pronunciamiento del órgano jurisdiccional que emitirá su juicio por la responsabilidad penal y/o civil; Por lo expuesto, a consideración de este Órgano Instructor no resulta amparable su solicitud de conclusión del Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, por aplicación del Principio de Non Bis In Ídem, por cuanto ya se ha demostrado que la responsabilidad penal, civil y administrativa tiene un fundamento y regulación diferente, el procedimiento judicial que se le sigue a determinados funcionarios o servidores no determina la imposibilidad de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario - PAD, orientado a identificar la responsabilidad que en este ámbito se haya generado por la violación de un bien jurídico distinto al que es materia de un proceso judicial; ➢ Señala que mediante Memorándum N° 70-2016-DREL/UGEL10-H-DIR, de fecha 11 de febrero de 2016 firmado por la Jefe del Área de Gestión Administrativa, se le encarga las funciones como Especialista de Finanzas cargo que desempeño del 11 de febrero al 31 de Marzo de 2016, por cuanto su persona se encontraba de Licencia por motivos de salud del 01 de Abril al 07 de junio de 2016, periodo durante el cual se encontraba desempeñando funciones de Especialista de Finanzas el Sr. Carlos Alberto Najarro Mejía, mediante Contrato Administrativo de Servicios N° 105-2016 cuya vigencia fue del 01 de Abril de 2016 al 30 de junio de 2016.

Para este Órgano Instructor, lo manifestado por el ex servidor Edgar Armando Huayamares Carbajal, en el presente extremo de sus descargos acredita que su persona en mérito al Memorándum N° 70-2016-DREL/UGEL10-H-DIR, de fecha 11 de febrero de 2016, se encontraba desempeñando funciones como Especialista de Finanzas, encargatura que desempeño del 11 de

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 febrero al 31 de marzo de 2016, y en el presente procedimiento administrativo se ha acreditado que a partir del 15 de marzo de 2016, fecha en que el Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT fue recepcionado por su persona, se debieron de adoptar decisiones conforme a lo comunicado, no pudiéndose realizar el mismo por cuanto la Oficina de Finanzas a cargo del Especialista Edgar Armando Huayamares Carbajal, no emitió documento alguno que de atención al Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT, no advirtiendo a las áreas administrativas de la UGEL N° 10 de Huaral, que se abstengan de validar y/o convalidar pagos en mérito a las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004-PRES y N° 1152-2011-PRES, hecho que ha configurado la comisión de falta de carácter disciplinario por negligencia en el desempeño de funciones, tipificado en el inciso d) del Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, donde incluso su persona se vio beneficiado con dichos cobros indebidos; por lo expuesto, el presente descargo no desvirtúa la falta administrativa imputada al ex servidor procesado; Los demás hechos desarrollados en el presente extremo de sus descargos, no serán analizados por este Órgano Instructor por cuanto se refieren a hechos, desarrollados fuera del periodo del 15 de marzo de 2016, fecha en que su persona en su condición de Especialista de Finanzas recepcionó el Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT de fecha 04 de Marzo de 2016, a través del cual se notificó a los Directores de las Unidades Ejecutoras del Sector Educación el Oficio N° 618-2016-EF/53.01 de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos – MEF, donde se les indicó que debían de abstenerse de validar y/o convalidar pagos en mérito a las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004-PRES y N° 1152-2011-PRES, bajo responsabilidad funcional y administrativa de quienes lo autorizan, ni reconocer devengados derivados de dichas Resoluciones Ejecutivas Regionales, que por contravenir el ordenamiento jurídico del Estado devienen en irritas y sin efecto legal alguno; ➢ Señala que su persona en su condición de Especialista de Finanzas, recepcionó el Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT, en fecha 15 de marzo de 2016, sólo para conocimiento, y que del citado Oficio ya tenían conocimiento la Mg. Flor Ananora Saavedra Feliz y la Mag. María Del Rosario Picón Malásquez.

Respecto al presente extremo de sus descargos, para este Órgano Instructor resulta relevante recoger lo manifestado en los descargos de la Mag. María Del Rosario Picón Malásquez en su condición Ex Jefa del Área de Gestión Institucional, que a su vez de acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la UGEL N° 10 de Huaral es la Jefa inmediata del Especialista de Finanzas, quien textualmente señala lo siguiente: “Si bien es cierto, se tiene que se debió actuar conforme a lo contenido en el Oficio Múltiple N° 074-2016-GRPPAT, el mismo que en su contenido y anexos indicaba que los pagos derivados de RER N° 146-2004-PRES y RER N° 1152-2011-PRES contravenían el ordenamiento jurídico, así como el hecho que el documento informativo ingreso a la institución de Huaral el 15 de marzo de 2016, SE TENDRÍA QUE A PARTIR DE LA REFERIDA FECHA SE DEBÍA ADOPTAR DECISIONES CONFORME AL CONTENIDO DEL OFICIO MÚLTIPLE, SIN EMBARGO SE HA VERIFICADO QUE LA PERSONA QUE LA RECEPCIONA, EL SEÑOR EDGAR ARMANDO HUAYAMARES CARBAJAL NO EMITIÓ DOCUMENTO ALGUNO DANDO ATENCIÓN A DICHO DOCUMENTO; POR ELLO, SE DESCONOCIA EL CONTENIDO DEL REFERIDO OFICIO MÚLTIPLE PARA QUE SIRVA DE GUÍA EN LAS DECISIONES QUE SE ADOPTARAN CON POSTERIORIDAD”. En ese sentido, se propicio un acto para desconocer el mecanismo legal de actuación frente a la RER N° 146-2004-PRES y RER N° 1152-2011PRES…”.

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Conforme a lo señalado por su Jefe inmediato de ese entonces, al 15 de marzo de 2016, se encuentra acreditado que el Oficio Múltiple N° 074-2016-GRPPAT, fue remitido a su Despacho en su condición de Especialista en Finanzas no sólo para conocimiento, por cuanto en su condición de Especialista de Finanzas, debió de haber advertido que los cobros por concepto de devengados eran ilegales, pero no lo hizo y muy por el contrario su persona pese a tener conocimiento de la ilegalidad de dichos cobros efectuó el cobro de devengados e intereses legales; razón por la cual, este extremo de sus descargos no desvirtúa la comisión de la falta de carácter administrativo atribuido a su persona; La imputación atribuida al procesado, en el sentido de no haber advertido a las áreas administrativas de la UGEL N° 10 de Huaral, lo comunicado con Oficio Múltiple N° 0074-2016GRL-GRPPAT de fecha 04 de Marzo de 2016, ha permitido que mediante comprobante de pago N° 294 de fecha 15 de marzo de 2016 (Expedientes SIAF 98) y comprobante de pago N° 907 de fecha 27 de julio de 2017 (Expediente SIAF 307), se realicen pagos indebidos afectando el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, ya que se ha pagado con cargo a los clasificadores de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, por el monto de S/. 766,932.00 soles (SIAF 98) y S/. 209,154.01 (SIAF 307), pagos donde su persona se vio beneficiado, contraviniendo el Artículo IV de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que dispone que: “Los créditos presupuestarios aprobados para las entidades se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los Presupuestos del Sector Público, así como en sus modificaciones realizadas conforme a Ley General”, disposición que recoge también el Artículo 26° de la citada ley, que además agrega que: “…..los actos administrativos y de administración, …, así como cualquier actuación de las entidades, que afecten gasto público deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, …., bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto”; Lo manifestado en el párrafo anterior, se encuentra acreditado en el Reporte de Pagos del comprobante de pago N° 294 de fecha 15 de marzo de 2016 (Expedientes SIAF 98), remitido por el (e) del Equipo de Tesorería, a través del cual se realizaron pagos afectando el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, que fueron pagados con cargo a los clasificadores de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, por el monto de S/. 766,932.00 soles, es decir el hecho de no advertir a las áreas administrativas de la UGEL N° 10 de Huaral, lo comunicado con Oficio Múltiple N° 00742016-GRL-GRPPAT, ha sido con el fin de beneficiarse y beneficiar a otros con el pago de dichos reintegros de incentivos laborales, por cuanto en dichos reportes se puede apreciar que el citado ex servidor cobró indebidamente el monto de S/. 1,375.00 mediante Cheque Nº 93498831, por concepto de devengados en aplicación de las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004PRES y N° 1152-2011-PRES; Asimismo, de conformidad a lo Informado por el el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, se puede determinar que mediante Comprobante de Pago N° 907 (Expediente SIAF 307) se efectuaron indebidamente pagos por concepto de intereses legales generados por el pago de devengados, aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/.209,154.01 soles, utilizando nuevamente el presupuesto asignado para el pago de los docentes nombrados, ya que se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado, y donde se aprecia que el servidor Edgard Armando Huayamares Carbajal, en su condición de Especialista de Finanzas de la UGEL N° 10 de Huaral, cobró indebidamente el importe de S/. 969.41 nuevos soles, el mismo

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 que fuera realizado mediante abono en cuenta, lo que demostraría nuevamente que el hecho de no advertir a las áreas administrativas de la UGEL N° 10 de Huaral, lo comunicado con Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT, ha sido con el fin de beneficiarse y beneficiar a otros con el pago de dichos reintegros de incentivos laborales, Por lo expuesto, se tiene acreditado que a partir del 15 de marzo de 2016, fecha en que el Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT fue recepcionado por su persona, se debieron de adoptar decisiones conforme a lo comunicado, no pudiéndose realizar el mismo por cuanto la Oficina de Finanzas a su cargo, no emitió documento alguno que de atención al Oficio Múltiple N° 00742016-GRL-GRPPAT, no advirtiendo a las demás áreas de la UGEL N° 10 de Huaral, que se abstengan de validar y/o convalidar pagos en mérito a las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004-PRES y N° 1152-2011-PRES; Los demás hechos desarrollados en el presente extremo de sus descargos, no serán analizados por este Órgano Instructor por cuanto se refieren a hechos, desarrollados fuera del periodo del 15 de marzo de 2016, fecha en que su persona en su condición de Especialista de Finanzas recepcionó el Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT; ➢ En la fecha en que estuve a cargo del Área de Finanzas, del día 11 de febrero de 2016 hasta el 31 de marzo de 2016, y del 08 de junio del 2016 al 05 de setiembre de 2016, en ningún momento se le pidió o solicitó la Disponibilidad Presupuestal para dichos pagos, y conforme lo indica la resolución de inicio de PAD estos pagos se realizaron en los meses de Abril y Mayo de 2016, periodo en que me encontraba haciendo uso de mi licencia por salud.

Respecto a este extremo de sus descargos, este Órgano Instructor de acuerdo a la Información remitida por el encargado de Tesorería relacionados al pantallazo SIAF de los Expediente 98 y 307 (Ejercicio Presupuestal 2016), y a lo alcanzado por su persona en el CD adjunto, advierte que los clasificadores de gasto 2.1.12.11 (Personal docente nombrado) y 2.1.12.12 (Personal docente contratado) afectados para realizar el pago de devengados e intereses legales de dichos devengados, fueron afectados a la planilla de docentes, la misma que tiene una Certificación Anual, siendo rebajado cada mes que se abona dicha planilla, razón por la cual no existe un informe de disponibilidad presupuestal; ➢ Que, habiéndose acreditado con meridiana claridad que la persona de Carlos Alberto Najarro Mejía, según Informe N° 085-2016-UGEL N° 10-H-JAGI/EF de fecha 14 de abril de 2016, formato Excel de REPORTE SIAF 2016 – 1183 Huaral y Pantallazo del Registro SIAF 2016-Expediente N° 000141, donde habría prestado apoyo en el ,es de marzo del 2016, al área de finanzas, fecha en la que se suscita el hecho imputado a mi persona, debe por un mínimo de decoro abstenerse de ejercer el cargo de Órgano Instructor, en base al Artículo 88° de la Ley N° 27444.

Al respecto el presente proceso administrativo disciplinario iniciado contra su persona, persigue determinar su responsabilidad por haber cometido de falta de carácter disciplinario por negligencia en el desempeño de funciones al no haber advertido a las áreas administrativas de la UGEL N° 10 de Huaral, lo comunicado con Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT, el mismo que fue recepcionado por su persona el 15 de marzo de 2016, permitiendo con ello que se tramiten el pago de devengados y sus intereses legales afectando ilegalmente el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado y clasificador de gasto 2.1.12.12 Personal Docente Contratado, en beneficio de diversos servidores de la sede administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, hecho que se encuentra acreditado por cuanto en dichas fechas su persona se

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 encontraba desempeñando funciones como Especialista de Finanzas, en mérito al Memorándum N° 70-2016-DREL/UGEL10-H-DIR, de fecha 11 de febrero de 2016, encargatura que desempeño del 11 de febrero al 31 de marzo de 2016, y de acuerdo al Memorándum N° 69-2016-DREL/UGEL 10-H-DIR, de fecha 11 de febrero de 2016, la Jefatura del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, dispone otorgarle las funciones como responsable del módulo de AIRHSO – Recursos Humanos, debiendo cumplir funciones inherentes al cargo a partir de la fecha, es decir de la propia documentación alcanzada por el procesado, se tiene acreditado que quien era responsable del área de finanzas era el ex servidor Edgar Armando Huayamares Carbajal, y no el Lic. Carlos Alberto Najarro Mejía; Por lo expuesto, este Órgano Instructor habiendo analizado todas las causales de abstención contenidas en el Artículo 88° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que no es amparable su solicitud en este extremo; SOBRE LA OPINIÓN VINCULANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –SERVIR Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 174-2016-SERVIR-PE, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 13 de octubre de 2016, se formalizó la opinión vinculante adoptada por el Consejo Directivo de SERVIR en la Sesión Nº 29-2016, contenida en el Informe Técnico Nº 19902016-SERVIR/GPGSC, señalando que: "1. Las disposiciones contenidas en el Capítulos XII y XIII del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y el artículo 4, Títulos 1, 11, 111 y IV del Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento del Código de Ética de la Función Pública, son aplicables, según corresponda, para los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados hasta el 13 de septiembre de 2014, inclusive. A partir del 14 de septiembre de 2014, en lo que concierne al régimen disciplinario y procedimiento sancionador, lo norma aplicable es la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y sus normas de desarrollo.

2. A partir de la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, las sanciones y el procedimiento del régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 son aplicables a las faltas e infracciones contempladas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y otras leyes, según el artículo 85 inciso q) de la Ley del Servicio Civil y el inciso j) del artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM".

Así pues, de conformidad con el artículo 10º de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, se considera infracción a toda transgresión de los principios y deberes así como de las prohibiciones señaladas en los Capítulos II y III de la citada Ley, generándose responsabilidad pasible de sanción; Luego de evaluar los descargos del ex servidor procesado se encuentra acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones como Especialista de Finanzas del Área de Gestión Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, al estar acreditado que hizo caso omiso a lo comunicado con Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT de fecha 04 de Marzo de 2016, a través del cual se notificó a los Directores de las Unidades Ejecutoras del Sector Educación el Oficio N° 6182016-EF/53.01 de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos – MEF, obteniendo con dicha omisión un provecho personal al estar acreditado que cobro indebidamente incentivos laborales que se otorga través de los Sub Comités de Administración del Fondo

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 de Asistencia y Estímulo (SUB CAFAE) aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES; incurriendo en falta de carácter administrativo tipificado en el inciso q) del Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, al haber transgredido el numeral 2) del Artículo 6° del Código de Ética de la Función Pública – Ley N° 27815, que estipula que todo servidor público de acuerdo al principio de Probidad debe: “Actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona”, y lo estipulado en el primer párrafo del numeral 6) del Artículo 7° del Código de Ética de la Función Pública – Ley N° 27815, que estipula que todo servidor público tiene el siguiente deber: “Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública”; CONOTACIÓN DE "EX SERVIDOR" PARA EFECTOS DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO: Que, de conformidad al Informe Técnico Nº 1076-2015-SERVIR/GPGSC, la condición de servidor o ex servidor en el Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD en adelante) regulado por la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, se adquiere en el momento que ocurren los hechos pasibles de responsabilidad administrativa disciplinaria. Así, dicha condición no varía (para efectos del PAD) con la desvinculación (en el caso de los servidores) o reingreso (en el caso de los ex servidores) a la administración pública. Además, cabe indicar que del artículo 99° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se desprende que los ex servidores son pasibles de responsabilidad administrativa disciplinaria, únicamente, por la inobservancia de las restricciones previstas en el artículo 241° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las cuales hacen alusión a situaciones que no pueden ser realizadas por ex servidores públicos durante el año siguiente a su cese; En ese sentido, si a una persona desvinculada de la administración pública se le va a iniciar un PAD por hechos ocurridos durante la vigencia de su Contrato Administrativo de Servicios, por ejemplo, las reglas aplicables al procedimiento serán las correspondientes a un servidor (entre estas las sanciones aplicables, es decir, amonestación escrita, suspensión sin goce de remuneraciones y destitución), debido a que la presunta conducta infractora se cometió en tal condición; (Subrayado nuestro) En el presente caso, se tiene que en el Informe N° 005-2017-DRELP/UGEL-N°10-HUARALSTPAD, a través del cual la Secretaria Técnica del PAD de la UGEL N° 10 de Huaral, remite Informe de Precalificación respecto al presente PAD, y donde realiza la prospección de la sanción contra el ex servidor Edgar Armando Huayamares Carbajal, señala que en su condición de ex servidor le correspondería la sanción de inhabilitación, sin advertir que la citada sanción sería para el caso de un ex servidor desvinculado de la administración pública que vulnera durante el año siguiente a su cese alguna de las restricciones previstas en el artículo 241° de la Ley N° 27444; En el presente caso, este órgano instructor advirtiendo que el presente PAD se encuentra en etapa de Instrucción, encausara la prospección de la sanción a imponer al ex servidor Edgar Armando Huayamares Carbajal, por su conducta omisiva desarrollado durante la vigencia de su contrato administrativo de servicios como especialista de finanzas de la UGEL N° 10 de Huaral, y considerando el beneficio propio indebidamente obtenido con dicha omisión, recomendando que se le imponga la sanción de DESTITUCIÓN debido a que la presunta conducta infractora se cometió en su condición de personal sujeto a un contrato administrativo de servicios;

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Mediante Expediente N° 251467, de fecha 03 de julio de 2017, la Servidora MARÍA VICTORIA RUIZ VÁSQUEZ, personal nombrado bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, ex coordinadora de Planillas de la UGEL N° 10 de Huaral, presenta sus descargos a la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, conforme a lo siguiente: (….) ➢ Solicita la Suspensión del PAD, por contravenir el principio de Legalidad y el Artículo 216.2 de la Ley 27444 caso contrario se incurrirá en responsabilidad penal por abuso de autoridad previsto en el artículo 376 del Código Penal, señalando que en data anterior a la apertura del presente PAD se ha dado inicio a una acción judicial de AMPARO CONSTITUCIONAL, ante el primer juzgado civil de Huaral, Expediente N° 167-2017, que se encuentra en trámite, donde se viene ventilando el reconocimiento y validez de la Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171, donde se viene persiguiendo no solo la validez, sino el reconocimiento de los pagos efectuados por concepto de devengados.

Respecto a este extremo de sus descargos es de advertir que en el presente procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra la servidora María Victoria Ruiz Vásquez, se le imputa, en su condición de ex – coordinadora de Planillas de la UGEL N° 10 – Huaral, haber suscrito el Informe Técnico N° 009-2016-DRELP-UGEL N° 10-H-AGA-EPER-PLLAS, de fecha 14 de Enero de 2016, a través del cual se emite Opinión Técnica respecto a lo solicitado por los Trabajadores Administrativos de la sede de la UGEL N° 10 – Huaral, mediante Expediente N° 001414 de fecha 12 de enero de 2016, realizando la proyección de los montos a ser pagados a cada trabajador administrativo de la sede UGEL N° 10 – Huaral, no observando lo establecido en la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a “Las transferencias de fondos públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos Supremos N° 067-92-EF y 025-93-PCM y el Decreto de Urgencia N° 088-2001, que en su numeral a.7 estipula que: Los pliegos antes del inicio del año fiscal, y bajo responsabilidad, informarán a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, el programa de beneficios que ha sido aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores, el mismo que debe incluir las escalas correspondientes a los incentivos laborales. Copia de dicho informe se remite a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, y en su numeral a.8 estipula que: Las acciones reguladas en la presente disposición se efectúan con cargo al crédito presupuestario de la entidad, previo informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público y sin que ello implique modificar o desacelerar las metas esenciales y prioritarias del pliego, el hecho de no haber observado lo establecido en la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a “Las transferencias de fondos públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos Supremos N° 067-92-EF y 025-93-PCM y el Decreto de Urgencia N° 088-2001, ha sido con el fin de beneficiarse y beneficiar a otros con el cobro irregular de los citados incentivos laborales; El hecho atribuido a la servidora María Victoria Ruiz Vásquez, se encuentra acreditado por lo consignado en la Opinión Legal N° 547-2015-DREL/UGEL-10-H-OAJ, de fecha 16 de Diciembre de 2015, de la Oficina de Asesoría Jurídica, dirigido a la Sra. María Victoria Ruiz Vásquez en su condición de Coordinadora de Planillas, que según el visto del citado informe se consigna: “Que en atención al Expediente de la referencia, doña María Victoria Ruiz Vásquez y otros, solicita reintegro de pago de incentivos laborales provenientes del CAFAE en cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES y la Resolución

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Ejecutiva Regional N° 1152-2011-PRES”, es decir la mencionada servidora al suscribir el Informe Técnico N° 009-2016-DRELP-UGEL N° 10-H-AGA-EPER-PLLAS en fecha 14 de enero de 2016, actuó como juez y parte en el citado procedimiento, por cuanto su persona también suscribe la solicitud de reconocimiento de devengados de incentivos único de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 de la RER N° 146-2004-PRES, efectuada mediante Expediente N° 001414 de fecha 12 de enero de 2016, demostrándose el interés de beneficio propio y de terceros, hecho que sería una condición agravante a la falta cometida por la servidora; El hecho de haber suscrito el Informe Técnico N° 009-2016-DRELP-UGEL N° 10-H-AGA-EPERPLLAS en fecha 14 de enero de 2016, estableciéndose los montos a pagar a cada servidor de la sede administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, sin advertir que previo a la emisión del citado Informe Técnico se debió de requerir informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, conforme a la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a “Las transferencias de fondos públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos Supremos N° 067-92-EF y 025-93-PCM y el Decreto de Urgencia N° 088-2001, este hecho ha permitido que a través de la Resolución Directoral UGEL N° 10 N° 000171, se reconozca y apruebe el pago de los devengados generados por la aplicación de la escala aprobada mediante RER N° 146-2004-PRES, a favor de trabajadores administrativos de la UGEL N° 10, por un monto total de S/. 1´344,882.00 Soles, y donde también se benefició su persona con el citado pago indebido, hecho que se encuentran acreditado con el Reporte de Pagos del Expediente SIAF 98 remitido a la Secretaría Técnica por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, y donde se puede apreciar que su persona en su condición de coordinadora de planillas cobró indebidamente los montos de S/. 25,850.00 mediante Cheque Nº 93498834 y el monto de S/. 25,850.00 mediante cheque Nº 93498839, haciendo un total de S/. 51,710.00 (Cincuenta y un mil setecientos diez con 00/100 nuevos soles); Asimismo, de conformidad a lo Informado por el el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, se puede determinar que mediante Comprobante de Pago N° 907 (Expediente SIAF 307), se efectuaron pagos por concepto de intereses legales generados por el pago de devengados, aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/. 209,154.01, y donde se aprecia que la servidora María Victoria Ruiz Vásquez, cobró el importe de S/. 9,002.69 (Nueve mil dos con 69/100 nuevos soles), el mismo que fuera realizado mediante abono en cuenta, conforme al reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que demostraría el beneficio propio indebidamente obtenido; En el presente procedimiento administrativo disciplinario iniciado a la servidora María Victoria Ruiz Vásquez en su condición de Coordinadora de Planillas de la UGEL N° 10 de Huaral, se ha acreditado la comisión de falta de carácter disciplinario por negligencia en el desempeño de funciones al haber suscrito el Informe Técnico N° 009-2016-DRELP-UGEL N° 10-H-AGA-EPERPLLAS, de fecha 14 de Enero de 2016, a través del cual se emite Opinión Técnica respecto a lo solicitado por los Trabajadores Administrativos de la sede de la UGEL N° 10 – Huaral, sin advertir que previo a la emisión del citado Informe Técnico se debió de requerir informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, conforme a la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a “Las transferencias de fondos públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos Supremos N° 067-92-EF y 025-93-PCM y el Decreto de Urgencia N° 088-2001, este hecho ha permitido que a través de la Resolución Directoral UGEL N° 10 N° 000171, se reconozca y apruebe el pago de los devengados generados por la aplicación de la escala aprobada mediante RER N° 146-2004-PRES, a favor de trabajadores administrativos de la

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 UGEL N° 10, por un monto total de S/. 1´344,882.00 Soles, donde también se encontraba incluido su persona, incurriendo en falta de carácter administrativo tipificado en el inciso d) del Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, falta incurrida contraviniendo sus deberes como servidor público establecido en los incisos b) y d) del Artículo 3° del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que estipula que los servidores públicos están al servicio de la Nación y sus deberes son: b) Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes del servicio, y d) Desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio; y sus obligaciones como servidor público establecido en los incisos a), b) y h) del Artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que estipula que son obligaciones de los servidores: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, b) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos y h) Las demás que le señalen las leyes o el reglamento; Por lo expuesto, no resulta amparable su solicitud de suspensión del Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, por cuanto el presente procedimiento administrativo iniciado contra su persona no versa sobre si le asistió el derecho al cobro de dichos devengados, lo que se busca es determinar la responsabilidad de los servidores que incurrieron en falta administrativa en el procedimiento que permitió el cobro indebido de dichos devengados y sus intereses legales, con la agravante que para tal efecto se dispuso de fondos públicos del clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal Docente nombrado 2.1.12.12 Personal Docente Contratado; ➢ Solicita la Conclusión del PAD por NON BIS IN IDEM, señalando que se ha dado inicio una investigación preliminar en sede fiscal – Despacho Fiscal Corporativo Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Caso Nro. 05-2017, acumulado al caso Nro. 242017, a hechos que guardan relación con el presente PAD, la norma objetiva establece puntualmente que no se podrá imponer sucesivamente o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento; DE LA AUTONOMÍA DE RESPONSABILIDADES: Respecto a lo argumentado por la procesada, es necesario precisar que según el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en su Artículo 91° señala que: "La responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por fas faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de servicios iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo lo sanción correspondiente, de ser el caso"; Asimismo, el dispositivo citado ha precisado que: “(...) La instrucción o decisión sobre la responsabilidad administrativa disciplinaria de los servidores civiles no enerva las consecuencias funcionales civiles y/o penales de su actuación, los mismos que se exigen conforme a la normativa de la materia”; (El énfasis es nuestro).

En ese sentido, la Ley del Servicio Civil reconoce el principio de autonomía de responsabilidades, que puede definirse como el régimen en el que las responsabilidades que concurren sobre la conducta de los funcionarios y servidores públicos "mantienen recíproca autonomía técnica, de regulación, de valoración, de calificación y de resolución o cargo de las autoridades a las cuales se les ha confiado la potestad sancionadora”;

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 El Artículo 91° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, hace dicho reconocimiento al establecer que la responsabilidad civil y penal del servidor se da sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas de cometa, imponiéndose, según corresponda, la sanción administrativa sin perjuicio de las responsabilidades civil y/o penal en que aquél pudiera incurrir; El fundamento de este principio radica en la diferente naturaleza que tiene cada una de dichas responsabilidades. Mientras la responsabilidad penal se origina ante la realización de actos tipificados por el ordenamiento como delitos que, como tales, merecen el máximo reproche jurídico, la responsabilidad administrativa tiene por fuente el incumplimiento de los deberes que corresponden a un funcionario o servidor público; Lo señalado, en el párrafo anterior, ha sido recogido por el Tribunal Constitucional, al expresar que el proceso judicial y el procedimiento disciplinario persiguen determinar sí hubo responsabilidad por la infracción de dos bienes jurídicos de distinta envergadura: mientras en el proceso penal, la responsabilidad por la eventual comisión de un delito, en el procedimiento administrativo disciplinario, la responsabilidad administrativa por la infracción de bienes jurídicos de ese orden (fundamento 2 de la resolución recaída en el expediente N° 1556-2003-M/TC); Asimismo se tiene, que para el Tribunal Constitucional la violación del principio de no doble imposición de sanción (non bis in ídem), referido a la prohibición de ser juzgado o sancionado dos veces por los mismos hechos, ocurre cuando las sanciones impuestas a un mismo sujeto, por la comisión de un acto, obedezcan a la infracción de un mismo bien jurídico, sea este administrativo o de carácter penal (fundamento 5 de la resolución recaída en el expediente N° 2868-2004AA/TC); Respecto al caso planteado por la procesada, se tiene también la Sentencia del Tribunal del Servicio Civil, recaída en el Expediente N° 057-2010--SERVIR-TSC, donde dicho colegiado ha sostenido que el principio constitucional de non bis in ídem “no implica necesariamente que, en el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, la responsabilidad penal subsuma en forma automática otras responsabilidades que pudiera implicar una conducta imputada” y que "El fundamento de la autonomía de la responsabilidad administrativa con respecto a la responsabilidad penal radica en que, pese o que ambas son expresiones de un mismo poder punitivo del Estado, se orientan a finalidades distintas" (fundamentos 20 y 22, respectivamente); Es decir la persecución penal de una determinada conducta de un funcionario o servidor público, no implica que la misma no pueda, a la vez, ser objeto de un procedimiento administrativo, con el propósito de determinar la responsabilidad que en este ámbito dicha conducta pueda haberse generado, correspondiendo a la entidad efectuar el procedimiento administrativo disciplinario PAD respectivo, sin necesidad de esperar un pronunciamiento del órgano jurisdiccional que emitirá su juicio por la responsabilidad penal y/o civil; Por lo expuesto, a consideración de este Órgano Instructor no resulta amparable su solicitud de conclusión del Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, por aplicación del Principio de Non Bis In Idem, por cuanto ya se ha demostrado que la responsabilidad penal, civil y administrativa tiene un fundamento y regulación diferente, el procedimiento judicial que se le sigue a determinados funcionarios o servidores no determina la imposibilidad de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario - PAD, orientado a identificar la responsabilidad que en este ámbito se haya generado por la violación de un bien jurídico distinto al que es materia de un proceso judicial;

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 ➢ La servidora procesada señala que no puede ser sometida a Procedimiento alguno, por cuanto a la fecha de inicio de PAD, ostentaba el cargo de Dirigente Sindical y, de acuerdo al inciso b) del Artículo 31° del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, al ser parte del Sindicato, estaba dentro del ámbito de protección del fuero sindical y, en consecuencia a tenor del Artículo 30° de la norma precitada, no podía ser sometida a procedimiento alguno.

Respecto al presente argumento de la servidora procesada, este Órgano Instructor precisa que el Artículo 30° del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, estipula que “El fuero sindical garantiza a determinados trabajadores a no ser despedidos ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa, sin justa causa debidamente demostrada o sin su aceptación.

Con el inicio del PAD a la Servidora María Victoria Ruiz Vásquez, mediante Resolución de Órgano Instructor N°001-2017-DRELP/UGEL N°10-H-EPER-AGA-PAD/OI, no se está vulnerando la Protección Sindical o Fuero Sindical alegada, por cuanto el procedimiento administrativo disciplinario iniciado respeta el debido procedimiento, teniendo la servidora procesada la posibilidad de conocer los hechos que se le imputan, la falta administrativa cometida y el plazo para presentación de sus descargos a efecto que ejerza su derecho de defensa, en consecuencia no se está configurando los supuestos de vulneración del fuero sindical por cuanto no se trata de un despido sin causa justa, ni haber sido trasladado a otro establecimiento de la UGEL N° 10 de Huaral, razón por la cual lo argumentado por la procesada en este extremo de sus descargos no es amparable, muy por el contrario demuestra el ánimo de tratar de evadir su responsabilidad administrativa amparada en su fuero sindical; Al margen de lo expuesto, es necesario precisar a la recurrente que a partir del 05 de julio del año 2013 entró en vigencia la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y asimismo su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se encuentra vigente desde 14 de junio de 2014. Dichas normas regulan los derechos colectivos de los servidores civiles sujetos al nuevo régimen del Servicio Civil, así como de aquellos comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo N° 276, 728 y 1057. En ese sentido, en el régimen de la Ley del Servicio Civil se ha regulado lo referente a la Protección frente a actos de discriminación antisindical en su Artículo 52° y Protección frente a actos de injerencia en su Artículo 53°, no existiendo impedimento legal alguno para someter a procedimiento administrativo disciplinario a un dirigente sindical, por cuanto no se está restringiendo o entorpeciendo el ejercicio de su derecho de sindicación; ➢ Que, el cargo de coordinadora de planillas de la UGEL N° 10, no existe en el MOF, existen dos cargos relacionados a dicho departamento el SUP – ACTIVOS, y PLANILLAS DE PENSIONES, en segundo lugar, la recurrente no suscribe el referido informe en condición de Coordinadora de Planillas, ello se evidencia solo del propio sello en el referido documento (OFICINA DE PLANILLAS ACTIVOS UGEL 10 – HUARAL), y una post firma que dice ALEX CRISTIAN TORRES RUEDA, y la firma de la recurrente por encargo del titular, y mal podría atribuirse a su persona la autoría del referido informe, corroborándose ello con el Informe N° 150-2016-DRELP-UGEL N° 10-AGA-EPER-PLLAS, suscrito por ALEX CRISTIAN TORRES RUEDA y donde corrobora la Autoría del referido informe por dicho equipo, y que el citado informe no ordena ni dispone el pago de los devengados, por cuanto dicho acto fue realizado vía Resolución Directoral UGEL 10 N°00171.

Al respecto este Órgano Instructor, conforme a lo informado por el especialista (e) del Equipo de Personal mediante Informe N° 106-2017-DREL/UGEL 10-H-DIR-AGA-EPER de fecha 29 de mayo

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 de 2017, que obra en autos, logra advertir que la servidora María Victoria Ruiz Vásquez aceptó su rotación como Coordinadora de Planillas, ejerciendo dicho cargo desde el 22 de junio de 2015 al 06 de setiembre de 2016, conforme al Oficio N°1952-2015-GRL/DREL/UGEL-10-AGA/DIR (Documento de Rotación recepcionado por su persona en señal de aceptación en fecha 22.06.2015) y el Memorándum N° 389-2016-DRELP/UGEL.10-H.DIR-AGA-EPER. (Documento que dispone el retorno a su plaza de origen recepcionado por su persona en señal de aceptación en fecha 06.09.2016), con este hecho se acredita que la procesada ostento el cargo de coordinadora de planillas, cargo que indebidamente aceptó y ejerció al margen que no existía ni existe en el organigrama de la UGEL 10-Huaral, esta aceptación indebida de cargo ha sido con el fin de tramitarse los pagos indebidos por concepto devengados aprobados en la UGEL N° 10 de Huaral durante el ejercicio fiscal 2016, hecho acreditado con la suscripción del Informe Técnico N° 009-2016-DRELP-UGEL N° 10-H-AGA-EPER-PLLAS, de fecha 14 de Enero de 2016, por su persona, informe técnico donde también se encontraba incluido su persona como beneficiaria; Asimismo, se tiene acreditado que la servidora procesada ejerció funciones en dicho cargo, por cuanto en autos se tiene la Opinión Legal N° 547-2015-DREL/UGEL-10-H-OAJ, de fecha 16 de Diciembre de 2015, dirigido a la Señora María Victoria Ruiz Vásquez en su condición de Coordinadora de Planillas UGEL N° 10 – Huaral, el mismo que en su VISTO señala lo siguiente: “Que en atención al Expediente de la referencia, doña María Victoria Ruiz Vásquez y otros, solicita reintegro de pago de incentivos laborales provenientes del CAFAE en cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES y la Resolución Ejecutiva Regional N° 11522011-PRES…”, es decir la mencionada servidora al suscribir el Informe Técnico N° 009-2016DRELP-UGEL N° 10-H-AGA-EPER-PLLAS, actuó como juez y parte en el citado procedimiento, teniendo intereses en conflicto, al haber ella iniciado el procedimiento para el citado cobro; En relación al argumento de la servidora procesada en el sentido que no podría atribuirse a su persona la autoría del referido informe, este Órgano Instructor señala que la imputación de cargo realizada en el presente PAD es por el hecho de haber suscrito Informe Técnico N° 009-2016DRELP-UGEL N° 10-H-AGA-EPER-PLLAS, de fecha 14 de Enero de 2016, y con ello autorizar la tramitación del mismo, sin advertir que previo a la emisión del citado Informe Técnico se debió de requerir informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, conforme a la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a “Las transferencias de fondos públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos Supremos N° 067-92-EF y 025-93-PCM y el Decreto de Urgencia N° 088-2001, esta negligencia en el desempeño de funciones ha permitido que a través de la Resolución Directoral UGEL N° 10 N° 000171, se reconozca y apruebe el pago de los devengados generados por la aplicación de la escala aprobada mediante RER N° 1462004-PRES, a favor de trabajadores administrativos de la UGEL N° 10, por un monto total de S/.

1´344,882.00 Soles; Al margen de lo expuesto, resulta preocupante lo manifestado por servidora en el sentido que suscribió el Informe Técnico N° 009-2016-DRELP-UGEL N° 10-H-AGA-EPER-PLLAS, por encargo del Titular, tratando de eximirse de responsabilidad administrativa por ese hecho, amparar este extremo de sus descargos permitiría que en la administración pública cuando se tramité pagos por algún beneficio al margen de la Ley, el titular que deba de suscribir el documento respectivo encargue o encomiende a una tercera persona con el fin de eximirse de responsabilidad administrativa, civil y/o penal, y que la tercera persona a su vez esté exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal por suscribir un informe técnico a través del cual se realiza una liquidación de montos dinerarios que serán desembolsados con fondos públicos, por cuanto el hecho de suscribir el mismo implica su autorización, desconocer la responsabilidad por este hecho estaría vulnerando el Artículo 21° del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, que establece como obligaciones de todo servidor público en su literal a),

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 el cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio, y el deber incumplido en este caso es el estipulado en el Artículo 3° del Decreto Legislativo 276, literal d) al no haber desempeñado funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio; ➢ Que, según la Información del Técnico de Planillas, no se ha utilizado el presupuesto de personal docente nombrado ni contratado para realizar los pagos por concepto de devengados generados en aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R. 146-2004PRES, por cuanto los pagos se realizaron con saldos que contaba la UGEL (su mismo presupuesto), como lo indica el Informe N° 150-2016-DRELP-UGEL N° 10-AGA-EPERPLLAS, y que del reporte de planillas obtenido se ha cumplido efectuar los pagos a los docentes nombrados y contratados de enero a diciembre de 2016, como consta en los documentos y en el CD que adjunta.

Lo manifestado por la servidora en el presente punto de su descargo, carece de veracidad por cuanto de acuerdo al Reporte SIAF N° 98 - Comprobante de Pago 294 de fecha 15 de Marzo de 2016, remitido por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, se tiene acreditado que se ha utilizado presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, por cuanto se han efectuado pagos indebidos con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, por el monto de S/. 766,932.00 soles a favor de los trabajadores administrativos de la sede, y de acuerdo al Reporte de Pagos del Expediente SIAF N° 307, Comprobante de Pago N° 907 de fecha 27 de julio de 2016, remitido por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas – (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, se tiene acreditado que se efectuaron pagos por concepto de intereses legales, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/. 209,154.01 (Doscientos nueve mil ciento cincuenta y cuatro con 01/100 nuevos soles), utilizando ilegalmente el presupuesto asignado para el pago del Personal docente nombrado, por cuanto se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado; Este órgano instructor, habiendo visualizado el CD adjunto, remitido por la servidora procesada, que contiene Pantallazo de Compromiso SIAF, logra advertir que al momento de realizarse el compromiso de la planilla única de pagos se afecto indebidamente el clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, la misma que cuenta con Certificación Anual, y los saldos que ahí figuran son saldos de la certificación anual considerando que al mes de marzo y julio aún no se ha cerrado el ejercicio fiscal 2016, no pudiéndose hablar de saldos a dichas fechas, razón por la cual no son saldos de libre disponibilidad, y de la lectura del Informe N° 150-2016-DRELP-UGEL N° 10-AGA-EPER-PLLAS, no se advierte lo manifestado por la servidora procesada; Respecto al argumento en el sentido que del reporte de planillas obtenido se ha cumplido con efectuar los pagos a los docentes nombrados y contratados de enero a diciembre de 2016, este Órgano Instructor señala que ha tomado conocimiento a través del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10, que mediante Memorando Múltiple N°012-2017-GRL-SGRA, de fecha 14 de julio de 2017, la Gerencia General del Gobierno Regional de Lima remite la Carta N° 00662017/SAYA-V&V/GORE LIMA a través del cual la Sociedad de Auditoria “Sandoval Aliaga y Ventocilla Vásquez” remite el resumen ejecutivo de los resultados de la auditoría financiera y presupuestaria practicada en el Pliego – Gobierno Regional de Lima, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, que en el punto II Deficiencias, numeral 3.señala que “Durante el ejercicio 2016, la UGEL 10 Educación Huaral ha efectuado pagos de

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 devengados no autorizados, afectando a otras partidas distintas no autorizadas en el compromiso presupuestal Anual, generando que se dejara de pagar retenciones de planillas por un importe de S/. 897,356.11 del presupuesto asignado en la Genérica de gasto 2.1. Personal y obligaciones sociales, señalando que: Durante el mes de Marzo, se devengo el pago de planillas de docentes incluyendo a un grupo de administrativos en forma indebida, ya que dichos pagos no correspondían a los devengados de años anteriores por adicionales previstos en la escala remunerativa aprobadas por la Región desde el año 2004, dichos pagos fueron tramitados por un grupo de servidores administrativos, quienes cobraron inclusive los intereses legales en el mes de Agosto 2016, sin la aprobación de la comisión de presupuesto de acuerdo a las disposiciones presupuestarias, disponiendo los fondos autorizados para retenciones en planillas por un importe de S/. 897,356.11 que a la fecha se encuentran pendientes de pago, tal como se indica a continuación: Proyecto Importe S/.

Retenciones de Planillas – CAFAE, Derrama, Cooperativa, etc.

744,505.00 Decreto Supremo N° 387-2016-EF- Asignación por tiempo de servicio 74,851.00 Decreto Supremo N° 387-2016-EF- Bonificación por la Ley 29444 78,000.00 Diferencia 897,356.00 La Sociedad de Auditoria “Sandoval Aliaga y Ventocilla Vásquez”, en merito a los resultados de la auditoría financiera y presupuestaria practicada en el Pliego – Gobierno Regional de Lima, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, recomienda que se Disponga a la Dirección General de la UGEL 10 Educación Huaral, disponga las medidas correctivas a fin de proceder a realizar las acciones administrativas que le asiste a los responsables inmersos en dicho proceso; por lo expuesto, de acuerdo al informe de la sociedad de auditoría respecto al Pago indebido de los devengados e intereses legales, materia del presente procedimiento administrativo disciplinario, se encuentra acreditado que se dejaron de pagar las retenciones de planillas, asignación por tiempo de servicio, y bonificación por la Ley 29444, perjudicando a los maestros nombrados y contratados, quienes a la fecha vienen reclamando se les abone dicho concepto; ➢ La servidora señala que su persona cobró los montos que se le atribuye, por cuanto el equipo de Planillas efectuó una Liquidación correspondiente en base a los dispositivos legales y de ahí establecieron el monto considerando el tiempo registrado como vinculo laboral, y que no proyecto, ni ordeno y mucho menos ejecuto ningún pago.

Al respecto, conforme a lo desarrollado se encuentra acreditado la responsabilidad administrativa de la servidora María Victoria Ruiz Vásquez, al tenerse por acreditado y aceptado que suscribió el Informe Técnico N° 009-2016-DRELP-UGEL N° 10-H-AGA-EPER-PLLAS en fecha 14 de enero de 2016, estableciendo los montos a pagar a cada servidor de la sede administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, sin advertir que previo a la emisión del citado Informe Técnico se debió de requerir informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, conforme a la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a “Las transferencias de fondos públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos Supremos N° 067-92-EF y 025-93-PCM y el Decreto de Urgencia N° 088-2001, este actuar negligente ha permitido que a través de la Resolución Directoral UGEL N° 10 N° 000171, se reconozca y apruebe el pago de los devengados generados por la aplicación de la escala aprobada mediante RER N° 146-2004PRES, a favor de trabajadores administrativos de la UGEL N° 10, por un monto total de S/.

1´344,882.00 Soles, y donde también se benefició su persona con el citado pago indebido, hecho que se encuentran acreditado con el Reporte de Pagos del Expediente SIAF 98 remitido a la

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Secretaría Técnica por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, y donde se puede apreciar que su persona en su condición de coordinadora de planillas cobró indebidamente los montos de S/. 25,850.00 mediante Cheque Nº 93498834 y el monto de S/.

25,850.00 mediante cheque Nº 93498839, haciendo un total de S/. 51,710.00 (Cincuenta y un mil setecientos diez con 00/100 nuevos soles); Asimismo, de conformidad a lo Informado por el el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, se puede determinar que mediante Comprobante de Pago N° 907 (Expediente SIAF 307), se efectuaron pagos por concepto de intereses legales generados por el pago de devengados, aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/. 209,154.01, y donde se aprecia que la servidora María Victoria Ruiz Vásquez, cobró el importe de S/. 9,002.69 (Nueve mil dos con 69/100 nuevos soles), el mismo que fuera realizado mediante abono en cuenta, conforme al reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que demostraría el beneficio propio indebidamente obtenido; Por lo expuesto, este extremo de sus descargos no desvirtúa la falta imputada a su persona, estando acreditado en autos que la mencionada servidora al suscribir el Informe Técnico N° 0092016-DRELP-UGEL N° 10-H-AGA-EPER-PLLAS en fecha 14 de enero de 2016, actuó como juez y parte en el citado procedimiento, por cuanto su persona también suscribe la solicitud de reconocimiento de devengados de incentivos único de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 de la RER N° 146-2004-PRES, efectuada mediante Expediente N° 001414 de fecha 12 de enero de 2016, demostrándose el interés de beneficio propio y de terceros, hecho que sería una condición agravante a la falta cometida por la servidora; Luego de evaluar los descargos de la servidora procesada se encuentra acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones como coordinadora de Planillas de la UGEL N° 10 de Huaral, disponiendo de fondos públicos en beneficio propio, contraviniendo la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, tipificado como faltas de carácter disciplinario en los literales d), f) y q) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, al haber transgredido sus deberes como servidor público estipulado en los literales b) y d) del Artículo 3°, y sus obligaciones estipulados en los literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276; Mediante Expediente N° 259414, de fecha 10 de julio de 2017, el Servidor C.P.C. ALEX CRISTIAN TORRES RUEDA, personal nombrado bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, ex Especialista de Planillas de la UGEL N° 10 de Huaral, presenta sus descargos a la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, conforme a lo siguiente: (….) ➢ Señala que la Oficina de Planillas, dependiente del Área de Administración, es un Órgano de Apoyo de la UGEL, no tiene responsabilidad resolutiva y administrativa, y que de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación, el Titular de la Unidad de Gestión Educativa Local es el funcionario con autoridad para adoptar decisiones resolutivas y administrativas de acuerdo a Ley.

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Respecto a este extremo de sus descargos es necesario, recordar al servidor procesado lo regulado en el artículo 40° de nuestra Constitución Política, que reconoce a la carrera administrativa como un bien jurídico de naturaleza Constitucional, el cual debe ser garantizado por ley, la misma que debe regular el ingreso, los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores; Asimismo, lo estipulado en la Ley Marco del Empleo Público, Artículo 19°, que establece que, los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público, y la responsabilidad administrativa funcional es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo, y en el caso del servidor C.P.C. Alex Cristian Torres Rueda, se encuentra determinado que el desempeña funciones como servidor público nombrado bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en consecuencia tiene que cumplir con los deberes y obligaciones que impone pertenecer a dicho régimen laboral, no existiendo eximente de responsabilidad administrativa en el desempeño de sus funciones; por lo que, el presente extremo de sus descargos no desvirtúa la comisión de la falta de carácter administrativa. ➢ La Autoridad del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), en el presente caso, ha invocado las normas sustantivas ajenas a las faltas previstas en la Ley del Servicio Civil, no permitiéndose la analogía en el PAD, hecho que transgrede el Principio de Legalidad, el debido proceso y la tipicidad, no aplicándose otras normas de Régimen Laboral.

Respecto a este extremo de los descargos del servidor procesado, es necesario volver a citar lo desarrollado por la Gerencia (e) de Políticas de Gestión del Servicio Civil, a través del Informe Técnico N° 029-2017-SERVIR/GPGSC, de fecha 19 de enero de 2017, a través del cual concluye que de iniciarse un PAD a un servidor vinculado bajo el Decreto Legislativo N° 276, por hechos cometidos luego del 14 de septiembre de 2014, las obligaciones o deberes aplicables serán aquellas inherentes a su régimen, mientras que las faltas y sanciones a considerar serán las establecidas en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; Por lo expuesto, en el presente procedimiento administrativo disciplinario, iniciado a diversos servidores incluido el recurrente, se ha considerado que han cometido faltas de carácter disciplinario tipificados en el Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, y se les atribuye el incumplimiento de sus deberes y obligaciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Régimen Laboral al cual pertenece su persona en condición de servidor nombrado; en consecuencia, el presente extremo de su descargo no desvirtúa la imputación de falta cometida por el servidor procesado; ➢ Que, el Informe Técnico N° 227-2016-DRELP-UGEL N° 10-H-AGA-EPER-PLLAS de fecha 20 de julio, no es vinculante para nadie, quien decide si ese informe es correcto o no, es viable o no, son autoridades del más alto nivel, y que el personal de planillas puede realizar liquidación de reintegros, devengados e intereses, por cualquier concepto que entrañe contraprestación económica o bonificaciones a favor de los administrados.

Respecto al presente extremo de los descargos del servidor procesado, es necesario recordarle que el Informe Técnico N° 227-2016-DRELP-UGEL N° 10-H-AGA-EPER-PLLAS, suscrito por su persona en su condición de encargado de la Oficina de Planillas –Activos de la UGEL N° 10 de Huaral, es un acto administrativo emitido en el ejercicio de sus funciones, en consecuencia los

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 efectos jurídicos que surjan a consecuencia del citado acto es de responsabilidad del servidor que la suscribe y autoriza; Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que las disposiciones sobre régimen disciplinario y procedimiento sancionador se aplican una vez que las normas reglamentarias de dicha materia se encuentran vigentes, de conformidad con el literal a) de su Novena Disposición Complementaria Final.

Por su parte, el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece en su Undécima Disposición Complementaria Transitoria que el Título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entrará en vigencia a los tres meses de su publicación. Así, las disposiciones sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, aplicables a los servidores y ex servidores públicos de los Decretos Legislativos Nos. 276, 728 y 1057, se encuentran vigentes desde el14 de setiembre de 2014. En este escenario, tal como señala el artículo 91° del Reglamento, la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el caso. Como se advierte, frente al incumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos en el marco de la relación de subordinación con su entidad empleadora, esta puede ejercer su potestad disciplinaria a través de un PAD; En el presente procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra el servidor procesado C.P.C. Alex Cristian Torres Rueda, se encuentra acreditado que en su condición de encargado de la Oficina de Planillas – Activos de la UGEL N° 10 - Huaral, ha emitido y suscrito el Informe Técnico N° 227-2016-DRELP-UGEL N° 10-H-AGA-EPER-PLLAS, de fecha 20 de julio de 2016, realizando la liquidación de intereses legales individualizados de los servidores peticionantes, recomendando que el equipo de personal de la UGEL N° 10 – Huaral, proyecte la Resolución Directoral que apruebe el monto pendiente de pago de intereses legales, a favor de los administrados, no observando lo establecido en la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a “Las transferencias de fondos públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos Supremos N° 067-92-EF y 025-93-PCM y el Decreto de Urgencia N° 088-2001, que en su numeral a.7 estipula que: Los pliegos antes del inicio del año fiscal, y bajo responsabilidad, informarán a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República del Congreso de la República, el programa de beneficios que ha sido aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores, el mismo que debe incluir las escalas correspondientes a los incentivos laborales. Copia de dicho informe se remite a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, y en su numeral a.8 estipula que: Las acciones reguladas en la presente disposición se efectúan con cargo al crédito presupuestario de la entidad, previo informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público y sin que ello implique modificar o desacelerar las metas esenciales y prioritarias del pliego, hecho que ha sido con el fin de beneficiarse y beneficiar a otros con el cobro indebido de dichos intereses legales; Que, de conformidad al Comprobante de Pago N° 294, de fecha 15 de marzo de 2016 (Expedientes SIAF 98), a través del cual se realizaron pagos afectando el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados y contratados, que fueron pagados con cargo a los clasificadores de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado y 2.1.12.12 Personal docente contratado, por el monto de S/. 766,932.00 soles, hecho que se corrobora con en el Reporte de Pagos del Expediente SIAF 98, remitido a la Secretaría Técnica por el (e) del Equipo de Tesorería

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, y donde se puede apreciar que el servidor C.P.C. Alex Cristian Torres Rueda, cobró indebidamente el monto de S/. 24,200.00 (Veinticuatro mil doscientos con 00/100 nuevos soles) mediante cheque N°93498818; Asimismo, de conformidad a lo Informado por el el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, se puede determinar que mediante Comprobante de Pago N° 907 (Expediente SIAF 307) se efectuaron pagos por concepto de intereses legales generados por el pago de devengados de las escala de incentivos dispuesta por la R.E.R. N° 0146-2004-PRES, aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/. 209,154.01 (Doscientos nueve mil ciento cincuenta y cuatro con 01/100 nuevos soles), utilizando nuevamente el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados, ya que se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado, y donde se aprecia que el servidor C.P.C. Alex Cristian Torres Rueda, cobró el importe de S/. 8,745.41 (Ocho mil setecientos cuarenta y cinco con 41/100 nuevos soles), el mismo que fuera realizado mediante abono en cuenta, conforme al reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que demostraría el beneficio propio indebidamente obtenido; En el presente procedimiento administrativo disciplinario iniciado al servidor C.P.C. Alex Cristian Torres Rueda, en su condición de encargado de la Oficina de Planillas –Activos de la UGEL N° 10 de Huaral, se ha acreditado la comisión de falta de carácter disciplinario por negligencia en el desempeño de sus funciones al haber emitido y suscrito el Informe Técnico N° 227-2016-DRELPUGEL N° 10-H-AGA-EPER-PLLAS, de fecha 20 de julio de 2016, realizando la liquidación de intereses legales individualizados de los servidores peticionantes, recomendando que el equipo de personal de la UGEL N° 10 – Huaral, proyecte la Resolución Directoral que apruebe el monto pendiente de pago de intereses legales, a favor de los administrados, sin advertir que previo a la emisión del citado Informe Técnico se debió de requerir informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, conforme a la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a “Las transferencias de fondos públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos Supremos N° 067-92-EF y 025-93-PCM y el Decreto de Urgencia N° 088-2001, este hecho ha permitido que a través de la Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, se reconozca la deuda a favor de los trabajadores administrativos de la jurisdicción de la UGEL N° 10 de Huaral, por concepto de intereses legales correspondiente al pago de devengados de la escala de incentivos dispuesta por la R.E.R. N° 146-2004-PRES, por un monto total de S/. 209,154.01 (Doscientos nueve mil ciento cincuenta y cuatro con 01/100 nuevos soles), donde también se encontraba incluido su persona, incurriendo en falta de carácter administrativo tipificado en el inciso d) del Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, por negligencia en el desempeño de sus funciones, falta incurrida contraviniendo sus deberes como servidor público establecido en los incisos b) y d) del Artículo 3° del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que estipula que los servidores públicos están al servicio de la Nación y sus deberes son: b) Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes del servicio, y d) Desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio; y sus obligaciones como servidor público establecido en los incisos a), b) y h) del Artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que estipula que son obligaciones de los servidores: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, b) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos y h) Las demás que le señalen las leyes o el reglamento;

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Luego de evaluar los descargos del servidor procesado se encuentra acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones como Especialista de Planillas de la UGEL N° 10 de Huaral, disponiendo de fondos públicos en beneficio propio, contraviniendo la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, tipificado como faltas de carácter disciplinario en los literales d), f) y q) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, al haber transgredido sus deberes como servidor público estipulado en los literales b) y d) del Artículo 3°, y sus obligaciones estipulados en los literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276; Mediante Expediente N° 267075, de fecha 19 de julio de 2017, el servidor Abogado Fernando Santiago Solís Quilly, personal nombrado bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público como Abogado del Órgano de Control Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, presenta sus descargos a la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, conforme a lo siguiente: (….) ➢ El servidor procesado, señala en un extremo de sus descargos, que el Ministerio de Economía y Finanzas, en primer término no es instancia competente para pronunciarse como lo hizo con su Oficio N° 618-2016-EF/53.01, sobre la ilegalidad o ilegalidad de las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004-PRES y N° 1152-2011-PRES, toda vez que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas – Gobierno Regional de Lima – Dirección Regional de Educación de Lima Provincias han tenido el tiempo suficiente y necesario para solicitar la nulidad de las referidas resoluciones a través del proceso administrativo contencioso conforme lo indica la Ley, y el hecho de declararlas “irritas y sin efecto legal alguno”, no produce efecto legal alguno, toda vez que las resoluciones mencionadas no han sido declaradas nulas como lo establece la Ley, y que a la fecha las R.D. N° 00171 y 002891, son considerados validos al haberse expedido con arreglo al ordenamiento jurídico y por lo cual se encuentran vigentes.

Respecto al presente extremo de sus descargos, es pertinente señalar que la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, es el órgano de línea del citado Ministerio encargado de realizar el análisis financiero y técnico sobre las políticas en materia de remuneraciones, compensaciones económicas, beneficios económicos y de las pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado, que impliquen el uso de recursos públicos, conforme a las leyes respectivas, y de proponer medidas en estas materias, y dentro de sus funciones se encuentra el de Emitir opinión sobre normas en materia de remuneraciones y pensiones, en consecuencia el hecho de emitir el Oficio N° 618-2016-EF/53.01, señalando que los devengados reclamados por los trabajadores administrativos del Sector Educación, derivados de las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004-PRES y N° 11522011-PRES, son resoluciones emitidas contraviniendo el ordenamiento jurídico del Estado, las mismas que devienen en irritas y sin efecto legal alguno”, sí producen efectos legales, por cuanto advierte que las citadas resoluciones son inejecutables al contravenir las Leyes de Presupuesto; En el presente caso, lo que advierte la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Oficio N° 618-2016-EF/53.01, es la ilegalidad en la pretendida ejecución de las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004-PRES y N° 11522011-PRES, por cuanto contravienen normas con rango de Ley, siendo inejecutables desde el momento mismo de su emisión, pretender desconocer la preeminencia de la Ley sobre las

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Resoluciones Ejecutivas Regionales, implica desconocer el Artículo 51° de la Constitución Política del Perú, que recoge el principio que declara: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”; pretender señalar que las R.D. N° 00171 y 002891, son considerados validos vulnera la norma constitucional ya señalada por cuanto no han sido emitidas con arreglo al ordenamiento jurídico, podrán estar vigentes pero en virtud a este principio constitucional son inejecutables; Es necesario señalar que la infracción al ordenamiento jurídico es la más grave de las infracciones en que puede incurrir un acto administrativo, por cuanto una de las garantías más importantes del Estado Constitucional de Derecho consiste precisamente en que la Administración Pública sólo puede actuar dentro del marco de la juridicidad; por dicha razón, el principio de legalidad es el primero de los principios rectores del procedimiento consagrados por el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, conforme al cual las autoridades administrativas están obligadas a actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, bajo responsabilidad administrativa, civil y/o penal; Por lo expuesto, el presente extremo de su descargo no desvirtúa la imputación de falta cometida por el servidor procesado; ➢ La Resolución de Órgano Instructor en la parte final de su segundo considerando señala: “…que intervinieron por (acción y omisión) en el pago indebido a los servidores de la sede administrativa de la UGEL N° 10-H, por concepto de devengados generados en aplicación a la Escala aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, quienes presuntamente habrían cometido faltas de carácter disciplinario establecidos en los literales a), d), f), h), y q) del Art. 85° de la Ley 30057, es decir se busca determinar responsabilidad en quienes en el pago, y su persona en su condición de auditor del OCI y lo establecido en el MOF 2016, no está en su función realizar gestión mucho menos ejecutar presupuesto alguno, por lo que no se le podría sancionar por acción u omisión, por cuanto la denuncia sobre estos hechos no llegaron al OCI. Respecto al presente extremo de sus descargos, es de advertir que mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, se le INICIA procedimiento administrativo disciplinario al servidor Abog. FERNANDO SANTIAGO SOLÍS QUILLY, en su condición de Auditor del Órgano de Control Institucional, por haber omitido sus funciones de control y con ello haber permitido que se realicen pagos indebidos a los servidores de la sede de la UGEL N° 10 – Huaral, por concepto de reintegró de incentivos laborales que se otorga través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (SUB CAFAE) aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, CONSIDERANDO que su persona tenía conocimiento que los pagos reclamados por los trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, no procedían al habérsele notificado a su persona la Resolución Directoral UGEL 10 N° 003049, de fecha 21 de julio de 2015, que declaraba improcedente su solicitud efectuada mediante Expediente N° 008681 de fecha 04 de marzo de 2015, sobre reconocimiento de pago y reintegro de Incentivo Laboral que se otorga través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (SUB CAFAE), por cuanto la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, transgredía lo establecido en la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a “Las transferencias de fondos públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos Supremos N° 067-92-EF y 025-93-PCM y el Decreto de Urgencia N° 088-2001, que en su numeral a.7 estipula que: Los pliegos antes del inicio del año fiscal, y bajo responsabilidad, informarán a la Contraloría General de la República y a la Comisión de

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República del Congreso de la República, el programa de beneficios que ha sido aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores, el mismo que debe incluir las escalas correspondientes a los incentivos laborales. Copia de dicho informe se remite a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, y en su numeral a.8 estipula que: Las acciones reguladas en la presente disposición se efectúan con cargo al crédito presupuestario de la entidad, previo informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público y sin que ello implique modificar o desacelerar las metas esenciales y prioritarias del pliego; Además, en Autos se tiene Copia de la Resolución Directoral Regional N° 001750-2015-DRELP, de fecha 28 de Diciembre de 2015, a través del cual la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Lima, declara INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el Señor Fernando Santiago Solís Quilly, contra la Resolución Directoral N°03049, de fecha 21 de julio de 2015, donde se le señala que desde el año 2006, ha venido percibiendo el respectivo pago por incentivos laborales según la disponibilidad presupuestal con la que contaban en su momento cada una de las unidades ejecutoras de Educación; Lo expuesto en el párrafo anterior acredita la comisión de la falta de carácter disciplinario del servidor Fernando Santiago Solís Quilly, por cuanto en su condición de Abogado Auditor del Órgano de Control Institucional, actúo negligentemente configurando la falta de carácter disciplinario tipificado en el literal d) del Artículo 85° de la Ley 30057, omitiendo sus funcione de control, por cuanto su persona tenía conocimiento que los pagos reclamados por los trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, no eran procedentes al habérsele notificado a su persona la Resolución Directoral UGEL 10 N° 003049, de fecha 21 de julio de 2015, que declaraba improcedente su solicitud efectuada mediante Expediente N° 008681 de fecha 04 de marzo de 2015, sobre reconocimiento de pago y reintegro de Incentivo Laboral que se otorga través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (SUB CAFAE), por cuanto la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, transgredía lo establecido en la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, es decir el servidor procesado cometió falta por omisión por cuanto en su condición de auditor del OCI no advirtió a los órganos competentes que dichos pagos que se estaban aprobando contravenía dispositivos con rango de Ley, estando en condición de hacerlo; La negligencia básicamente se refiere a la omisión de la diligencia exigible al profesional en el desempeño de su actividad. No hablamos del deber de cuidado que debe tener la persona común cuando realiza cualquier trabajo, sino que para la tipificación de esta falta se tendrá en cuenta la especialización, los conocimientos y la actualización que se presumen tiene un servidor en un determinado nivel dentro de cada grupo profesional La conducta atribuida al servidor procesado ha transgredido lo estipulado en el Artículo 6° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785, que estipula que “El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes”, y en el presente caso no se adoptaron las acciones preventivas y correctivas por cuanto su persona, negligentemente omitió poner en conocimiento a los órganos competentes de la irregularidad del cobro de los devengados en aprobados en mérito a la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 2004-PRES, hecho que ha sido con el fin de beneficiarse indebidamente con dicho cobro, por cuanto su persona cobró montos por devengados e intereses legales de dichos devengados, muy a pesar que tenía conocimiento que los mismos eran improcedentes; El hecho de haber omitido sus funciones de control, ha sido con el fin de beneficiarse con los pagos indebidos en beneficio propio y de otros, por concepto de devengados en aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R. N° 146-2004-PRES, considerando que su solicitud de pago de devengados en aplicación de la escala aprobada mediante R.E.R. N° 146-2004-PRES fueron declarados improcedentes tanto por la UGEL N° 10 de Huaral mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 003049, de fecha 21 de julio de 2016, y la DRELP con Resolución Directoral Regional N° 001750-2015-DRELP, de fecha 28 de Diciembre de 2015, el beneficio indebidamente obtenido, se encuentra acreditado en el Reporte de Pagos del Expediente SIAF 98 – Comprobante de Pago N° 294 de fecha 15 de marzo de 2016, remitido a la Secretaría Técnica por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, y donde se puede apreciar que el servidor Fernando Santiago Solís Quilly, cobró el importe de S/.

24,500.00 soles (Veinticuatro mil quinientos con 00/100 nuevos soles) mediante cheque N° 93498829; Asimismo, de conformidad a lo Informado por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, se puede determinar de los reportes de Pago del Expediente SIAF 307 Comprobante de Pago N° 907 de fecha 27 de julio de 2016, se efectuaron pagos por concepto de intereses legales generados por el pago indebido de devengados de la escala de incentivos dispuesta por la R.E.R. N° 0146-2004-PRES, aprobados mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/. 209,154.01 utilizando nuevamente el presupuesto asignado para el pago de los docentes nombrados, ya que se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado, y donde se aprecia que el servidor Abog. Fernando Santiago Solís Quilly, en su condición de Auditor del Órgano de Control Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, cobró el importe de S/.7,104.52 nuevos soles (Siete mil ciento cuatro con 52/100 Nuevos soles), el mismo que fuera realizado mediante abono en cuenta conforme a reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que demostraría el beneficio propio indebidamente obtenido; Por lo expuesto, el presente extremo de descargos no desvirtúa la imputación de falta cometida por el servidor procesado; ➢ El recurrente ha cuestionado la contratación del Secretario Técnico del PAD de la UGEL N° 10 de Huaral, abogado don César Eduardo Galán Gargate, y que en la actualidad dicho acto impugnativo (apelación al proceso de contratación CAS), se encuentra en el Área de Asesoría Jurídica de la DRELP, con Expediente Administrativo signado con número de SISGEDO 212517 de fecha 09.05.17.

Respecto al presente extremo de sus descargos, este Órgano Instructor carece de competencia para pronunciarse al respecto, por cuanto no guarda relación con los hechos que se vienen desarrollando en el presente procedimiento administrativo disciplinario, el mismo que se viene desarrollando conforme a los dispositivos legales vigentes sobre la materia, no vulnerándose el debido procedimiento administrativo, por cuanto el servidor procesado ha tenido la oportunidad de conocer los hechos que se le imputan, la tipificación de las faltas que habría cometido, con su conducta omisiva, y el plazo para presentar sus descargos conforme a Ley, razón por la cual el

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 presente extremo de su descargo no desvirtúa la imputación de falta cometida por el servidor procesado; ➢ La Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, considera a don Carlos Alberto Najarro Mejía, servidor contratado por CAS en su condición de Técnico Administrativo, como Especialista de Personal, contraviniendo el propio MOF de la UGEL N° 10 de Huaral, aprobada por Resolución Directoral UGEL 10 N° 001368, que en su artículo 47° señala que el Especialista de Personal debe ser Abogado, perfil con el cual el servidor antes mencionado no cuenta, del mismo modo lo considera como Órgano Instructor del Presente Proceso.

Respecto al presente extremo de sus descargos, se tiene que mediante Memorándum N° 2812017-DRELP-UGEL 10-H/AGA, de fecha 07 de junio de 2017, el C.P.C. Miguel Ángel González Carbonel – Jefe (e) del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, comunica la encargartuta de las funciones de Especialista de Personal (Jefe del Equipo de Personal) al Lic. Carlos Alberto Najarro Mejía, quien se desempeña como Técnico Administrativo en dicha dependencia bajo el Régimen CAS; La encargatura o encargo de funciones, tiene su origen normativo en el artículo 82° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, del cual señala que procede en ausencia del titular para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera superiores al del servidor y que en ningún caso debe exceder el período presupuestal; En ese sentido el Artículo 11° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, y modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 0652011-PCM, señala que: "Los trabajadores CAS pueden, sin que implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato, ejercer la suplencia al interior de lo entidad contratante o quedar sujetos, únicamente, a las siguientes acciones administrativas de desplazamiento de personal: a) La designación temporal, como representante de la entidad contratante ante comisiones y grupos de trabajo, como miembro de órganos colegiados y/o como directivo superior o empleado de confianza, observando las limitaciones establecidas en la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. (...)

Como se ha podido apreciar en virtud de la norma indicada, es posible que una persona bajo la modalidad CAS pueda asumir la suplencia de un puesto o función perteneciente a una plaza bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276, la suplencia debe ser entendida en términos amplios como el reemplazo o sustitución de un servidor temporalmente por otro; Asimismo, de acuerdo al Artículo 92° de la Ley del Servicio Civil, Ley 30057, son autoridades del PAD: i) El jefe inmediato del presunto infractor; ii) El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces; iii) El titular de la entidad; y iv) El tribunal del Servicio Civil; Por su parte, el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil en su artículo 93º ha especificado que la competencia para dirigir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionar en primera instancia recae según se determine la presunta sanción a imponer, de la siguiente manera: a) En el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y sanciona, y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha sanción.

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 b) En el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano instructor y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción. c) En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano instructor, y el titular de la entidad es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción. (Resaltado nuestro) Por lo expuesto, el presente extremo de su descargo no desvirtúa la imputación de falta cometida; ➢ No se puede aplicar principios, normas o reglas específicos de otros regímenes como los del Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo 1057 y entre otros, ni de las carreras especiales, salvo remisión expresa prevista en el presente reglamento.

Respecto a este extremo de los descargos del servidor procesado, es necesario volver a citar lo desarrollado por la Gerencia (e) de Políticas de Gestión del Servicio Civil, a través del Informe Técnico N° 029-2017-SERVIR/GPGSC, de fecha 19 de enero de 2017, a través del cual concluye que de iniciarse un PAD a un servidor vinculado bajo el Decreto Legislativo N° 276, por hechos cometidos luego del 14 de septiembre de 2014, las obligaciones o deberes aplicables serán aquellas inherentes a su régimen, mientras que las faltas y sanciones a considerar serán las establecidas en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; Por lo expuesto, en el presente procedimiento administrativo disciplinario, iniciado a diversos servidores incluido el recurrente, se ha considerado que han cometido faltas de carácter disciplinario tipificados en el Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, y se les atribuye el incumplimiento de sus deberes y obligaciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Régimen Laboral al cual pertenece su persona en condición de servidor nombrado; en consecuencia, el presente extremo de su descargo no desvirtúa la imputación de falta cometida por el servidor procesado; ➢ Señala, que las denuncias de cobros indebidos que hoy se trata a través del presente proceso nunca ha llegado al Órgano de Control Institucional, del cual el recurrente forma parte, tampoco estuvo considerado en el Plan Anual de Control o Servicio Relacionado atender esta denuncia, y mediante Informe N° 145-2016-GRL-GRPPAT de fecha 10 de octubre de 2016, entre otros, se recomienda en hacer de conocimiento de estos hechos al OCI para que inicie la acción de control que, corresponda, es decir recién se estaría comunicando al OCI de la UGEL N° 10 de Huaral para las acciones pertinentes, por lo que en este extremo solicita la absolución del cargo impuesto.

En el presente PAD, en lo que corresponde a su persona en su condición de Auditor del Órgano de Control Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, se le atribuye haber transgredido lo estipulado en el Artículo 6° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785, que estipula que “El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes; Con el hecho de señalar que nunca llego al OCI denuncia alguna, por los hechos materia del presente procedimiento administrativo disciplinario, se estaría desconociendo las normas

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 elementales de control gubernamental que en su condición de personal del OCI debe de conocer, como son los mecanismos dispuestos mediante la Directiva N° 011-2015-CG/GPROD “Servicio de Atención de Denuncia Ciudadana”, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 268-2015CG de fecha 04 de setiembre de 2015, cuya finalidad es promover el control social por parte de los ciudadanos, funcionarios y servidores públicos respecto a la captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado, considerando que los Órganos del SINAD se rigen por los principios de control señalados en el Artículo 9° de la Ley N° 27785, principios como preeminencia del criterio de interés público, es decir prevalece el interés público sobre cualquier interés particular, y al haber tomado conocimiento que los pagos reclamados por los trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, eran improcedentes al habérsele notificado a su persona la Resolución Directoral UGEL 10 N° 003049, de fecha 21 de julio de 2015, que declaraba improcedente su solicitud efectuada mediante Expediente N° 008681 de fecha 04 de marzo de 2015, sobre reconocimiento de pago y reintegro de Incentivo Laboral que se otorga través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (SUB CAFAE), por cuanto la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, transgredía lo establecido en la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Ahora bien, considerando su condición de servidor público perteneciente a un Órgano de Control, el recurrente debió de haber activado el Servicio de Atención de Denuncia Ciudadana, y con ello se hubiese adoptado las acciones preventivas y correctivas en su momento, y no haber permitido que indebidamente se dispongan de fondos públicos, demostrando nuevamente que primo el interés personal, por cuanto su persona cobró los importes de S/. 24,500.00 soles (Veinticuatro mil quinientos con 00/100 nuevos soles) mediante cheque N° 93498829, por concepto de devengados, y de S/.7,104.52 nuevos soles (Siete mil ciento cuatro con 52/100 nuevos soles), el mismo que fuera realizado mediante abono en cuenta conforme a reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que demostraría el beneficio propio indebidamente obtenido; Por lo expuesto, el presente extremo de descargos no desvirtúa la imputación de falta cometida por el servidor procesado; ➢ La Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, en ninguno de sus extremos menciona o señala el Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la UGEL N° 10 de Huaral, como lo exige el Reglamento de la Ley del Servicio Civil en su Artículo 129° que señala que el Reglamento Interno de Servidores Civiles – RIS, que todas las entidades públicas están obligadas a contar con un único Reglamento Interno de los Servidores Civiles – RIS. Respecto, al presente descargo es preciso citar la conclusión del Informe Técnico N° 551-2015SERVIR/GPGSC, de fecha 30 de junio de 2015, Respecto a la Consulta sobre el Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS), que señala: “3.1 En caso las entidades no hayan implementado el Reglamento Interno del Servicio Civil, deben de adecuar su Reglamento Interno de Trabajo a lo que dispone el mencionado artículo 129° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, a efectos de determinar las faltas leves que acarrean la sanción de amonestación que se regula en el régimen disciplinario de dicha norma.” (Resaltado nuestro) En el presente PAD, no se ha determinado la comisión de falta leve, razón por la cual no se ha remitido al RIS señalado por el servidor, sino por faltas de carácter disciplinario tipificado en el Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057;

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Por lo expuesto, el presente extremo de descargos no desvirtúa la imputación de falta cometida por el servidor procesado; ➢ Se le observa que mediante Resolución Directoral UGEL 10 N°003049 se declara improcedente su solicitud de reconocimiento de pago, por cuanto transgredía lo establecido en la novena disposición transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de presupuesto, el cual fuera confirmado con la emisión de la R.D.R N° 01750-2015-DRELP de fecha 28.12.15, lo cual lo considero un despropósito por decir lo menos toda vez que mediante Carta N° 24-2013-GRL/RIP de fecha 03.04.13, el Gobierno Regional de Lima Provincias me informa que la R.E.R. N° 1152-2011-PRES se encuentra vigente; así también mediante Carta N° 080-2017-GRL/RIP de fecha 07.02.17, se le informa que tanto la R.E.R. N° 146-2004-PRES, R.E.R. 1152-2011-PRES y la R.E.R. 755-2012-PRES, se encuentran vigentes toda vez que a la fecha no han sido declaradas Nulas como lo expuesto líneas arriba; por lo que, me asiste el derecho de continuar reclamando su ejecutoriedad en todos sus extremos y en todas las instancias.

En el presente PAD, conforme a lo actuado y documentado por la Secretaría Técnica se tiene acreditado que ha su persona se le notifico la Resolución Directoral UGEL 10 N° 003049, de fecha 21 de julio de 2015, que declaraba improcedente su solicitud efectuada mediante Expediente N° 008681 de fecha 04 de marzo de 2015, sobre reconocimiento de pago y reintegro de Incentivo Laboral, por cuanto transgredía lo establecido en la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y en Autos se tiene Copia de la Resolución Directoral Regional N° 001750-2015-DRELP, de fecha 28 de Diciembre de 2015, a través del cual la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Lima, declara INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el Señor Fernando Santiago Solís Quilly, contra la Resolución Directoral N°03049, razón por la cual no es ningún despropósito lo mencionado por el Órgano Instructor, por cuanto son hechos que ocurrieron en la realidad y que se encuentran acreditados en autos del presente PAD; En el presente caso, lo que advierte la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Oficio N° 618-2016-EF/53.01, es la ilegalidad en la pretendida ejecución de las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004-PRES y N° 11522011-PRES, por cuanto contravienen normas con rango de Ley, siendo inejecutables desde el momento mismo de su emisión, pretender desconocer la preeminencia de la Ley sobre las Resoluciones Ejecutivas Regionales, implica desconocer el Artículo 51° de la Constitución Política del Perú, que recoge el principio que declara: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”, pretender señalar que las R.D. N° 00171 y 002891, son considerados validos vulnera la norma constitucional ya señalada por cuanto no han sido emitidas con arreglo al ordenamiento jurídico, podrán estar vigentes pero en virtud a este principio constitucional son inejecutables; Es necesario señalar que la infracción al ordenamiento jurídico es la más grave de las infracciones en que puede incurrir un acto administrativo, por cuanto una de las garantías más importantes del Estado Constitucional de Derecho consiste precisamente en que la Administración Pública sólo puede actuar dentro del marco de la juridicidad; por dicha razón, el principio de legalidad es el primero de los principios rectores del procedimiento consagrados por el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, conforme al cual las autoridades administrativas están obligadas a actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, bajo responsabilidad administrativa, civil y/o penal;

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Por lo expuesto, el presente extremo de su descargo no desvirtúa la imputación de falta cometida del servidor procesado; ➢ La Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, de fecha 13.06.2017, me fue notificado vía Conducto Notarial, contraviniendo lo establecido en numeral 20.2 del Artículo 20° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, por lo que en este extremo solicito se declare la nulidad de la citada notificación.

Respecto a este extremo de sus descargos, en mérito al Artículo Octavo de la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N°10-H-EPER-AGA-PAD/OI, se encargó al Secretario Técnico de las Autoridades del PAD de la UGEL N° 10 de Huaral, la Notificación de la presente resolución y sus antecedentes a los servidores comprendidos en el Artículo Primero, a efecto de que realicen sus descargos correspondientes, y obra en Autos un Acta de fecha 21 de junio de 2017, suscrita por el Secretario Técnico del PAD, en presencia del C.P.C. Miguel Ángel Gonzales Carbonel - Jefe del Área de Gestión Administrativa, y la C.P.C. Beatriz Salazar Baldeos – Jefe del Órgano de Control Institucional, y el Servidor Fernando Santiago Solís Quilly, donde se deja constancia de la negativa a recepcionar la Carta N° 017-2017-ST/DRELP/UGEL N° 10/H, aduciendo que la notificación debe de realizarse en su domicilio y que el secretario técnico no es el competente para realizar la citada notificación, razón por la cual se dispuso la notificación vía conducto notarial; Respecto a su solicitud de nulidad es necesario precisar que el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Artículo 27° regula lo relacionado al Saneamiento de notificaciones defectuosas, y en su numeral 27.2. estipula que: También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. No se considera tal, la solicitud de notificación realizada por el administrado, a fin que le sea comunicada alguna decisión de la autoridad; Por lo expuesto, el presente extremo de su descargo no es amparado por este Órgano Instructor; Luego de evaluar los descargos del servidor procesado se encuentra acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones como Abogado Auditor del Órgano de Control Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, hecho que permitió que su persona disponga de fondos públicos en beneficio propio, tipificado como faltas de carácter disciplinario en los literales d) y f) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, al haber transgredido sus deberes como servidor público estipulado en los literales b) y d) del Artículo 3°, y sus obligaciones estipulados en los literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276, y lo normado en el Artículo 6° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785; Mediante Expediente N° 258802, de fecha 10 de julio de 2017, el servidor Abogado Carlos Augusto Valenzuela Huaranca, personal nombrado bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público como Abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL N° 10 – Huaral, presenta sus descargos a la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017-DRELP/UGEL N° 10-H-EPER-AGA-PAD/OI, conforme a lo siguiente: (….)

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 ➢ Se le imputa haber visado en señal de conformidad la Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171 de fecha 19 de Enero de 2016, así como la Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891 de fecha 21 de julio de 2016, conforme se desprende del punto 2.4 y 2.9 del Informe N° 0052017-DRELP/UGEL10-HUARAL-STPAD, hechos que son falsos por cuanto desde el 04 de enero de 2016 al 19 de enero de 2016, se encontraba haciendo uso de sus vacaciones por lo que su persona no pudo haber visado Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171 de fecha 19 de Enero de 2016; y respecto a haber visado la Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891 de fecha 21 de julio de 2016, se tiene que el proyecto consignado con el número 3035-2016, que dio merito a la emisión del citado acto resolutivo, no ingresó a la oficina de asesoría jurídica, al no encontrarse recepcionado por la oficina de asesoría jurídica; Del presente extremo de los descargos, y de los medios probatorios presentados por el servidor procesado, se logra acreditar que durante el periodo del 04 al 19 de enero de 2017, el servidor Abog. Carlos Augusto Valenzuela Huaranca, no se encontraba laborando, razón por la cual en su condición de abogado de Asesoría Jurídica no pudo haber visado la Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171 de fecha 19 de Enero de 2016, y conforme al Oficio N° 178-2017-DRELP/UGEL N° 10-H/R.T. del encargado de transparencia, se advierte que el proyecto de resolución N° 30352016, que dio merito a la Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891 de fecha 21 de julio de 2016, no ingresó a la Oficina de Asesoría Jurídica, razón por la cual dicha visación no le corresponde a su persona; Por lo expuesto, el presente extremo de los descargos del servidor procesado desvirtúa la imputación realizada en su contra, en el sentido que se tiene acredita la imposibilidad de que su persona haya visado la Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171 de fecha 19 de Enero de 2016, y la Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891 de fecha 21 de julio de 2016; ➢ Los hechos atribuidos no se ajustan a la verdad, por ser falsos, por cuanto la Opinión Legal N° 547-2015-DRELP/UGEL 10, fue emitida en mérito a los Expediente N°s 033247-2015 y 035551-2015, y no en mérito al Expediente N° 001414 de fecha 12/01/2016, conforme se desprende de la referencia de la citad opinión legal, y en relación a la sindicación de que la Opinión Legal N° 547-2015-DRELP/UGEL 10-H-OAJ, dio mérito a la expedición de la Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171-2016, es falso por cuanto la Opinión Legal N° 5472015-DRELP/UGEL 10, fue anexado como antecedente de la citada resolución en forma irregular por algún servidor o funcionario de la UGEL 10, con el propósito de perjudicarme, por cuanto la citada opinión legal nada tiene que ver con el Exp. N° 001414, y que la citada opinión legal no tiene el carácter de efecto vinculante; Respecto al presente extremo de sus descargos, es necesario precisar que en autos obran la Opinión Legal N° 211-2015-DRELP/UGEL-10-H-OAJ (Improcedente), de fecha 06 de mayo de 2015, y la Opinión Legal N° 547-2015-DRELP/UGEL 10-H-OAJ (Procedente), de fecha 16 de Diciembre de 2015, opiniones legales emitidas en mérito a solicitudes de reintegro de pago de incentivos laborales provenientes del CAFAE en cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES y la Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011-PRES”, efectuados por los servidores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, es decir respecto a la misma materia de consulta el servidor procesado en su condición de Abogado encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL N° 10 de Huaral, emite opiniones legales distintas, no fundamentando las razones por las cuales se aparta de su primera opinión legal;

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 El servidor Abog. Carlos Augusto Valenzuela Huaranca, en su condición de Abogado encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL N° 10 de Huaral, al emitir opiniones legales discordantes sobre consultas de la misma materia ha vulnerado el numeral 1.8. del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que desarrolla los Principios del Procedimiento Administrativo: “La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe.

Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.”

Sobre el particular, MORON URBINA señala “Con el acogimiento de la buena fe en la actuación administrativa, el ordenamiento busca la protección a la confianza de la apariencia generada en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legítima de que no ejercitará dicha facultad o de que la ejercitará de otro modo. La buena fe o la confianza legítima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el comportamiento propio de las autoridades, administrados, los representantes, y abogados. (…)”.

Por lo expuesto, el principio de conducta procedimental o buena fe procedimental comprende también la prohibición a la autoridad de no actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio (art. IV numeral 1.8), el ordenamiento no debe amparar a quien hace valer un derecho o interés legitimo en contradicción con su actuación anterior, pues existe un deber de coherencia en su actuar en el desempeño de sus funciones, en consecuencia el presente extremo de sus descargos no desvirtúa la imputación de falta cometida del servidor procesado; ➢ Que, de las conclusiones del Informe Técnico N° 009-2016-UGEL N° 10-H-AGA-EPERPLLAS, emitido por el responsable de la Oficina de Planillas de la UGEL N° 10 de Huaral, no establece que debe derivarse lo actuado a la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL N° 10 de Huaral, para la opinión legal respectiva, lo cual demuestra fehacientemente que la Opinión Legal N° 547-2015-DRELP/UGEL 10-H-OAJ, emitida en fecha 16 de Diciembre de 2015, fue anexado o insertado por terceras personas como antecedentes de la Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171-2016, al haberse insertado de manera irregular e ilegal la citada opinión legal, deviene en que dicha opinión legal no tenga efecto alguno, ni con la solicitud de reintegros de incentivos laborales plasmados a través del Expediente N° 001414 de fecha 12 de enero de 2016 ni con la emisión de la Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171-2016, de fecha 19 de enero de 2016; Conforme a los actuados del presente Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), se tiene acreditado que su persona en su condición de Abogado encargado de Asesoría Jurídica de la UGEL N° 10 de Huaral, emitió la Opinión Legal N° 547-2015-DREL/UGEL-10-H-OAJ, de fecha 16 de Diciembre de 2016, dirigiéndolo a la Sra. María Victoria Ruiz Vásquez, en su condición de Coordinadora de Planillas UGEL N° 10 – Huaral, emite Opinión Legal respecto al ASUNTO: Reintegro de pago de Incentivos Laborales; y consigna en su VISTO: Que, en atención al Expediente de la referencia, doña María Victoria Ruiz Vásquez y otros, solicita reintegro de pago de incentivos laborales provenientes del CAFAE en cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES y la Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011PRES, y donde RECOMIENDA que debe declararse PROCEDENTE, la solicitud interpuesto por los servidores de la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 10 – Huaral, según la relación anexada en su petición, sobre reintegro de incentivos laborales; Asimismo, conforme a la denuncia administrativa efectuada por el Sr. Luis Alberto Alonso Barreto mediante Expediente N° 012583 de fecha 04 de mayo de 2017, y conforme a lo manifestado por

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 el servidor procesado Abog. Carlos Valenzuela Huaranca, se tiene acreditado la existencia de la Opinión Legal N° 211-2015-DRELP/UGEL-10-H-OAJ, de fecha 06 de mayo de 2015, emitido en mérito al Expediente N° 008681 de fecha 04 de marzo de 2015, a través del cual el servidor Fernando Santiago Solís Quilly (Abogado nombrado en la sede Administrativa de la UGEL N° 10 y Auditor del Órgano de Control Institucional) solicita reconocimiento de pago y reintegro de Incentivo Laboral que se otorga a través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo (SUB CAFAE), conforme lo establece la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES de fecha 08 de julio de 2004, donde opina que debe declararse IMPROCEDENTE lo solicitado, opinión legal que dio mérito a la emisión de la Resolución Directoral UGEL 10 N° 003049, de fecha 21 de julio de 2015; El fundamento legal de la Opinión Legal N° 211-2015-DRELP/UGEL-10-H-OAJ, donde recomienda que se declare la improcedencia de solicitud de reconocimiento de pago y reintegro de Incentivo Laboral que se otorga a través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo (SUB CAFAE), conforme lo establece la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, se ampara en que la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, vulnera lo establecido en la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto en la que se establece que los pliegos antes del inicio del año fiscal informarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, el programa de beneficios que ha sido aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores, el mismo que debe incluir las escalas correspondientes a los incentivos laborales así como su aplicación efectiva e individualizada se sujeta a la disponibilidad presupuestaria y previo informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, y al no haberse aprobado por dichas entidades de conformidad a la disposición referida la escala indicada en la Resolución Ejecutivo Regional N° 146-2004-PRES, modificada a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 1152-2011-PRES y Resolución Ejecutivo Regional N° 755-2012-PRES, ha devenido en inejecutable la escala de dicha resolución, y en fecha posterior emite la Opinión Legal N° 547-2015-DREL/UGEL-10-HOAJ, respecto a la solicitud de reconocimiento de pago y reintegro de Incentivo Laboral que se otorga a través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo (SUB CAFAE), conforme lo establece la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, donde declara procedente lo solicitado, sin observar lo establecido en la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; El hecho de variar una opinión legal de improcedencia que se fundamentaba en la transgresión de la Novena Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, sin fundamento legal alguno, ha sido con el fin de beneficiarse con el pago de dichos reintegros de incentivos laborales y beneficiar a terceras personas, por cuanto en autos se tiene el Reporte de Pagos del Expediente SIAF 98 – Comprobante de Pago N° 294 de fecha 15 de marzo de 2016, remitido a la Secretaría Técnica por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 019-2017-GRL/DREL/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 10 de marzo de 2017, y donde se tiene acreditado el servidor Abog. Carlos Augusto Valenzuela Huaranca, cobro el importe de S/. 10,850.00 (Diez mil ochocientos cincuenta con 00/100 Nuevos soles), mediante Cheque N° 93498825, razón por la cual el presente extremo de sus descargos no desvirtúa la imputación de falta cometida por el servidor procesado; Asimismo, conforme a lo Informado por el C.P.C. Luis Enrique Ríos Rosas (e) del Equipo de Tesorería mediante Informe N° 037-2017-GRL/DRELP/UGEL N° 10-H-AGA-TES, de fecha 04 de mayo de 2017, se puede determinar que mediante Comprobante de Pago N° 907 (Expediente SIAF 307) se efectuaron pagos por concepto de intereses legales generados por el pago de devengados de las escala de incentivos dispuesta por la R.E.R. N° 0146-2004-PRES, aprobados

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891, de fecha 21 de julio de 2016, donde se pagaron a 29 trabajadores administrativos de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, por el importe de S/. 209,154.01 utilizando nuevamente el presupuesto asignado para el pago de los profesores nombrados, por cuanto se ha pagado con cargo al clasificador de gasto 2.1.12.11 Personal docente nombrado, y donde se aprecia que el servidor CARLOS AUGUSTO VALENZUELA HUARANCA, cobró el importe de S/.2,335.83 (Dos mil trescientos treinta y cinco con 83/100 Nuevos soles), el mismo que fuera realizado mediante abono en cuenta, conforme al reporte SIAF remitido por el Tesorero, lo que demuestra el beneficio propio indebidamente obtenido; ➢ Que, al haberse anexado en forma ilegal e irregular la Opinión legal N° 547-2015DRELP/UGEL 10-H-OAJ en los antecedentes de la Resolución Directoral UGEL 10 N° 001712016, no implica en absoluto de que dicha opinión legal anexada sea distinta a la Opinión Legal N° 211-2015-DRELP/UGEL 10-H-OAJ, puesto que la Opinión Legal N° 547-2015DRELP/UGEL 10-H-OAJ de fecha 16 de diciembre de 2015, NO HA GENERADO EFECTO LEGAL ALGUNO con respecto a los Expedientes N° 033247-2015 y N° 035551-2015, AL NO HABERSE MATERIALIZADO CON EL ACTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO; La Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que las disposiciones sobre régimen disciplinario y procedimiento sancionador se aplican una vez que las normas reglamentarias de dicha materia se encuentran vigentes, de conformidad con el literal a) de su Novena Disposición Complementaria Final; Por su parte, el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece en su Undécima Disposición Complementaria Transitoria que el Título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entrará en vigencia a los tres meses de su publicación. Así, las disposiciones sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, aplicables a los servidores y ex servidores públicos de los Decretos Legislativos N° 276, 728 y 1057, se encuentran vigentes desde el14 de setiembre de 2014; En este escenario, tal como señala el artículo 91° del Reglamento, la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el caso, y en el presente caso se advierte, que frente al incumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos en el marco de la relación de subordinación con su entidad empleadora, esta puede ejercer su potestad disciplinaria a través de un PAD; Por lo expuesto, el presente extremo de sus descargos no desvirtúa la imputación de falta cometida al servidor procesado; ➢ El Órgano Instructor señala que algunos trabajadores de la sede de la UGEL N° 10 de Huaral, se beneficiaron con el pago de reintegros de incentivos laborales, sin haber advertido lo dispuesto en la novena disposición transitoria de la Ley n° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, obteniéndose un beneficio indebido. Al respecto, señala, que tanto la Resolución Directoral UGEL 10 N° 00171 de fecha 19 de enero de 2016, así como la Resolución Directoral UGEL 10 N° 002891 de fecha 21 de julio de 2016, son considerados validos al haberse emitido con arreglo al ordenamiento jurídico y por la cual se encuentran vigentes, conforme lo prescribe el Artículo 9° de la Ley N° 27444, y estando a que dicho beneficio percibido por los trabajadores se encuentra en investigación por la

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 DRELP y la fiscalía, es en esa instancia superior en la que se determinará la existencia o no del presunto pago indebido; En el presente extremo de los descargos, es necesario precisarle al servidor procesado Abog.

Carlos Augusto Valenzuela Huaranca, que la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Oficio N° 618-2016-EF/53.01, advierte la ilegalidad en la pretendida ejecución de las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 146-2004PRES y N° 1152-2011-PRES, por cuanto contravienen normas con rango de Ley, siendo inejecutables desde el momento mismo de su emisión, pretender desconocer la preeminencia de la Ley sobre las Resoluciones Ejecutivas Regionales, implica desconocer el Artículo 51° de la Constitución Política del Perú, que recoge el principio que declara: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente.

La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”; pretender señalar que las R.D. N° 00171 y 002891, son considerados validos vulnera la norma constitucional ya señalada por cuanto no han sido emitidas con arreglo al ordenamiento jurídico, podrán estar vigentes pero en virtud a este principio constitucional son inejecutables; Es necesario señalar que la infracción al ordenamiento jurídico es la más grave de las infracciones en que puede incurrir un acto administrativo, por cuanto una de las garantías más importantes del Estado Constitucional de Derecho consiste precisamente en que la Administración Pública sólo puede actuar dentro del marco de la juridicidad; por dicha razón, el principio de legalidad es el primero de los principios rectores del procedimiento consagrados por el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, conforme al cual las autoridades administrativas están obligadas a actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, bajo responsabilidad administrativa, civil y/o penal; Por lo expuesto, el presente extremo de su descargo no desvirtúa la imputación de falta cometida por el servidor procesado; ➢ El Órgano Instructor de la sede, señala que por los hechos imputados en contra del suscrito, se establece la existencia de indicios de presunta e ilegal conducta imputada, el cual constituye falta de carácter disciplinario tipificado en los literales a), d), f), h), y q) del Artículo 85º de la Ley 30057 – Ley del Servicio Civil, al haber transgredido los literales b) y d) del Artículo 3°, literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276. Sin embargo, de los antecedentes del inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido en mi contra, se advierte que el suscrito está sujeto al régimen regulado en el Decreto Legislativo N° 276, y los hechos que han motivado el inicio del presente procedimiento ocurrieron dentro de la vigencia del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, por lo que se me debió de procesar con las normas procedimentales y sustantivas sobre el régimen disciplinario previstas en la ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y no considerar que el imputado ha transgredido los literales b) y d) del Artículo 3°, literales a), b), y h) del Artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276, contraviniéndose el debido procedimiento en este extremo por parte del Órgano Instructor; Respecto al presente extremo de sus descargos, es necesario desarrollar lo siguiente: Sobre la vigencia del régimen disciplinario y procedimiento administrativo sancionador: La Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General de la Ley 30057 Ley del Servicio Civil, estableció que el título correspondiente a régimen disciplinario y

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 procedimiento sancionador previsto en dicho reglamento entraría en vigencia a los tres (3) meses de su publicación, es decir el 14 de septiembre de 2014. Ello con la finalidad de que las entidades puedan adoptar las acciones necesarias que faciliten la adecuación a la nueva normativa; En ese sentido, y con la finalidad de coadyuvar a la transición entre las normas que regulaban los procedimientos disciplinarios de los servidores públicos antes del 14 de septiembre de 2014, SERVIR emitió la Directiva N°02-2015-SERVIR/GPGSC, en cuyo numeral 6 se establecen las reglas de vigencia para la aplicación de las normas en el tiempo; La Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30057 no establece que el Capítulo V del Título III de dicha norma (Derechos y Obligaciones del Personal del Servicio Civil) sea aplicable a los servidores civiles comprendidos en los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276, 728 y/o 1057; extensión que sí establece respecto de las disposiciones referidas - entre otros - al régimen disciplinario y procedimiento sancionador; Entonces, queda claro que las obligaciones contenidas en el artículo 39° de la Ley N° 30057 o el Artículo 156° de su Reglamento General -si bien se encuentran vigentes son de aplicación exclusiva al personal que pertenece al nuevo Régimen del Servicio Civil; Conforme a lo expuesto, no es posible interpretar que lo estipulado en el numeral 6.3 de la Directiva N°02-2015-SERVIR/GPGSC, habilite a las entidades públicas a regir sus PAD a servidores de los Decretos Legislativos N° 276, 728 y/o 1057 instaurados desde el 14 de septiembre de 2014 - por hechos cometidos a partir de dicha fecha- por las obligaciones previstas en la Ley N° 30057 y su Reglamento, pues hay que tener en cuenta que dicho numeral 6.3 hace referencia expresa solo a las normas sustantivas sobre régimen disciplinario; Al margen de lo expuesto, las faltas y las sanciones sí se encuentran dentro de los títulos referidos a régimen disciplinario, tanto en la Ley N° 30057, como en su Reglamento General, lo que las convierte en normas sustantivas sobre régimen disciplinario. Por lo tanto, y en cumplimiento de la Novena Disposición Complementaria Final y Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30057, su aplicación no se restringe a los servidores comprendidos en el nuevo Régimen del Servicio Civil sino que también abarca a aquellos vinculados bajo los Decretos Legislativos N° 276, 728 y 1057; Este análisis ha sido desarrollado por la Gerencia (e) de Políticas de Gestión del Servicio Civil, a través del Informe Técnico N° 029-2017-SERVIR/GPGSC, de fecha 19 de enero de 2017, a través del cual concluye que de iniciarse un PAD a un servidor vinculado bajo el Decreto Legislativo N° 276, por hechos cometidos luego del 14 de septiembre de 2014, las obligaciones o deberes aplicables serán aquellas inherentes a su régimen, mientras que las faltas y sanciones a considerar serán las establecidas en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; Por lo expuesto, en el presente procedimiento administrativo disciplinario, iniciado a diversos servidores incluido el recurrente, se ha considerado que han cometido faltas de carácter disciplinario tipificados en el Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, y se les atribuye el incumplimiento de sus deberes y obligaciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Régimen Laboral al cual pertenece su persona en condición de servidor nombrado; en consecuencia, el presente extremo de su descargo no desvirtúa la imputación de falta cometida por el servidor procesado; Luego de evaluar los descargos del servidor procesado se encuentra acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 de sus funciones como Abogado encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL N° 10 de Huaral, al haber emitido opiniones legales contradictorias respecto a la misma materia de consulta contraviniendo la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y con estos hechos se ha beneficiado de manera indebida con la disposición de fondos públicos, hechos que se encuentran tipificados como faltas de carácter disciplinario en los literales d), f) y q) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, al haber transgredido sus deberes como servidor público estipulado en los literales b) y d) del Artículo 3°, y sus obligaciones estipulados en los literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276; Que, mediante Oficios N° 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2128 y 2129, el Órgano Sancionador del Procedimiento Administrativo Disciplinario, comunica a los servidores: Carlos Augusto Valenzuela Huaranca, Guillermo Romero Aguilar, Milagros Del Rosario Gordillo Bautista, Alex Cristian Torres Rueda, Fernando Santiago Solís Quilly, María Victoria Ruiz Vásquez, María Alberta Gómez Calle y María picón Málasquez, la recepción del Informe Nº 002-2017-DRELP/UGEL-N°10-HUARAL-OI-AGAEPER-PAD, de fecha 03 de octubre de 2017, a través del cual el Técnico Administrativo (e) del Equipo de Personal de la UGEL N° 10 de Huaral, en su condición de Órgano Instructor del Procedimiento Administrativo Disciplinario instaurado mediante Resolución de Órgano Instructor N° 001-2017DRELP/UGEL N°10-H-EPER-AGA-PAD/OI, remite la recomendación de sanción contra los servidores que han incurrido en falta de carácter disciplinario, a efecto de considerar necesario soliciten informe oral; Que, mediante Carta N° 033-2017-ST/DRELP/UGEL N° 10/O.S/PAD de fecha 13 de Octubre de 2017, Notificado en el Domicilio del Administrado Edgar Armando Huayamares Carbajal, el día 18 de Octubre de 2017, el Órgano Sancionador del PAD le comunicó la recepción del Informe N° 0022017-DRELP/UGELN° 10-HUARAL-OI-AGA/EPER-PAD de parte del Órgano Instructor del PAD, a efecto de considerarlo necesario solicite su Informe Oral; Que, mediante Expediente N° 346735 de fecha 19 de Octubre de 2017, ingresado por mesa de partes de la UGEL N° 10 de Huaral a horas 8:49 a.m., el Sr. Edgar Armando Huayamares Carbajal devuelve la Carta N° 033-2017-ST/DRELP/UGEL N° 10/O.S/PAD, señalando que el mismo le ha sido notificado en su domicilio en fecha 18 de octubre de 2017, y que el informe adjunto a la Carta se encuentra incompleto, por cuanto sólo se le notifico las páginas impares, no ubicando la totalidad del expediente, es por ello que procede a devolver toda la documentación, para que posteriormente se vuelva a notificarle con la documentación completa, para que pueda solicitar Informe Oral; Que, mediante Carta N° 035-2017-ST/DRELP/UGEL N° 10/H, notificado al domicilio del Administrado Edgar Armando Huayamares Carbajal, conforme al Acta de Notificación de fecha 19 de octubre de 2017, se remite el integro del Informe N° 002-2017-DRELP/UGELN° 10-HUARAL-OIAGA/EPER-PAD, y se le hace la precisión que se tiene acreditado que su persona en fecha 18 de Octubre de 2017 tomo conocimiento que el órgano sancionador del PAD ha recepcionado el informe del órgano instructor del PAD, razón por la cual es desde dicha fecha en que empieza a correr los plazos para solicitar su informe oral, y de existir algún alguna omisión en la documentación alcanzada deberá solicitar la subsanación del mismo o en su defecto apersonarse directamente ante el órgano sancionador a efecto de revisar la totalidad del expediente PAD, a efecto que ejerza su derecho de defensa, y de acuerdo a los actuados se tiene que al 23 de octubre el citado administrado no ha solicitado informe oral; Que, mediante Expediente N° 336786, de fecha 09 de octubre de 2017, el servidor Carlos Augusto Valenzuela Huaranca, solicita hacer el uso de su informe oral, el mimo que le fuera fijado mediante Oficio N° 2186/GRL/DRELP/UGEL10/OD/2017/OI.S/PAD, de fecha 10 de octubre de 2017, para

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 el día 13 de octubre de 2017, a horas 2:30 p.m., por el tiempo de 5 minutos, a realizarse en la Oficina de la Dirección de la UGEL N° 10 de Huaral; Que, mediante Expedientes N° 338106, 338127, 338716, 338135 y 338147, los servidores: Milagros Del Rosario Gordillo Bautista, Alex Cristian Torres Rueda, Fernando Santiago Solís Quilly, María Victoria Ruiz Vásquez y María Alberta Gómez Calle, solicitan se le conceda el uso de Informe Oral, y ante la solicitud de informe oral mediante Oficios N° 2185, 2183, 2188, 2187 y 2184/GRL/DRELP/UGEL10/OD/2017/OI.S/PAD, dirigido a los servidores: Milagros Del Rosario Gordillo Bautista, Alex Cristian Torres Rueda, Fernando Santiago Solís Quilly, María Victoria Ruiz Vásquez y María Alberta Gómez Calle, respectivamente, el Órgano Sancionador les fijo lugar, fecha y hora para Informe Oral, el mismo que fuera notificado a sus destinatarios en fecha 11 de octubre de 2017; Que, mediante Expedientes N° 340458, 340473, 340451 y 340440 de fecha 12 de octubre de 2017, los servidores: Milagros Del Rosario Gordillo Bautista, Alex Cristian Torres Rueda, María Victoria Ruiz Vásquez y María Alberta Gómez Calle, solicitan la nulidad de programación de informe oral, y se les reprograme la fecha de informe oral; Que, mediante Expediente Administrativo N° 341746, de fecha 13 de octubre de 2017, el servidor Fernando Santiago Solís Quilly, solicita la postergación de fecha para rendir informe oral; Que, mediante Oficios N° 2214, 2215, 2216, 2217, 2219/GRL/DRELP/UGEL10/OD/2017/OI.S/PAD, dirigido a los servidores: Milagros Del Rosario Gordillo Bautista, Alex Cristian Torres Rueda, Fernando Santiago Solís Quilly, María Victoria Ruiz Vásquez y María Alberta Gómez Calle, se reprogramó para el día 19 de octubre de 2017, la realización del Informe Oral a realizarse en la Oficina de la Dirección de la UGEL N° 10 de Huara, otorgándoles el tiempo de 5 minutos por cada servidor, a efecto de que oralicen en su defensa en el presente PAD; Que, mediante Expediente N° 343066 de feha 16 de octubre de 2017, la servidora María Del Rosario Picón Malásquez, solicita se le programe fecha y hora para formular informe oral dentro del presente PAD, y mediante Oficio N° 2239/GRL/DRELP/UGEL10/OD/2017/O.S/PAD de fecha 17 de octubre de 2017, se le programa para realización del Informe Oral solicitado para el día 19 de octubre de 2017; Que, mediante Expediente N° 347163 de fecha 19 de octubre de 2017, la servidora María Victoria Ruiz Vásquez – Ex Coordinadora de Planillas, presenta escrito a fin de que se tenga en cuenta al momento de resolver, señalando que los 5 minutos otorgados para realizar su informe oral son insuficientes, y al realizar el análisis del presente expediente, este Órgano Sancionador advierte que los fundamentos del mismo ya han sido formulados en los descargos de la servidora procesada, salvo el último argumento de la servidora procesada en el sentido que el Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRLGRPPAT no fue de su conocimiento, al respecto es necesario precisar que la responsabilidad administrativa en el presente caso es individual y corresponde por el hecho de haber realizado un determinado acto o un dejar de hacer teniendo la posibilidad de hacerlo, y de acuerdo a la imputación de cargos se individualiza a cada servidor su responsabilidad administrativa; Que, mediante Expediente N° 347189 de fecha 19 de octubre de 2017, la servidora Milagros Del Rosario Gordillo Bautista – Ex Jefe (e) del área de Gestión Administrativa, presenta escrito a fin de que se tenga en cuenta al momento de resolver, señalando que los 5 minutos otorgados para realizar su informe oral son insuficientes, y al realizar el análisis del presente expediente, este Órgano Sancionador advierte que los fundamentos del mismo ya han sido formulados en los descargos de la servidora procesada, salvo el último argumento de la servidora procesada en el sentido que el Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT no fue de su conocimiento, al respecto es necesario precisar que la

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 responsabilidad administrativa en el presente caso es individual y corresponde por el hecho de haber realizado un determinado acto o un dejar de hacer teniendo la posibilidad de hacerlo, y de acuerdo a la imputación de cargos se individualiza a cada servidor su responsabilidad administrativa; Que, mediante Expediente N° 347175 de fecha 19 de octubre de 2017, la servidora María Alberta Gómez Calle – Ex Tesorera, presenta escrito a fin de que se tenga en cuenta al momento de resolver, señalando que los 5 minutos otorgados para realizar su informe oral son insuficientes, y al realizar el análisis del presente expediente, este Órgano Sancionador advierte que los fundamentos del mismo ya han sido formulados en los descargos de la servidora procesada, salvo el último argumento de la servidora procesada en el sentido que el Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT no fue de su conocimiento, al respecto es necesario precisar que la responsabilidad administrativa en el presente caso es individual y corresponde por el hecho de haber realizado un determinado acto o un dejar de hacer teniendo la posibilidad de hacerlo, y de acuerdo a la imputación de cargos se individualiza a cada servidor su responsabilidad administrativa; Que, en autos obra el Acta de Informe Oral de fecha 13 de octubre de 2017, a través del cual el Órgano Sancionador recibe el Informe Oral del Servidor Carlos Augusto Valenzuela Huaranca, el mismo que se fundamenta en los mismos fundamentos de sus descargos; Que, mediante Acta de Informe Oral de fecha 19 de octubre de 2017, el Órgano Sancionador recibe el Informe Oral de la Servidora María Del Rosario Picón Málasques, los mismos que no desvirtúan los hechos imputados en el presente PAD; Que, mediante Expediente N° 347708 de fecha 19 de octubre de 2017, la Servidora María Del Rosario Picón Málasques – Ex Jefe (e) del Área de Gestión Institucional, formula alegatos por escrito en los seguidos en el presente PAD, los mismos que no desvirtúan su responsabilidad administrativa; Que, en autos se tiene las Actas de Informe Oral de fecha 19 de octubre de 2017, donde se deja constancia que los servidores Milagros Del Rosario Gordillo Bautista, Alex Cristian Torres Rueda, Fernando Santiago Solís Quilly, María Victoria Ruiz Vásquez y María Alberta Gómez Calle, no concurrieron a brindar su Informe Oral, pese a habérseles fijado fecha y hora para el mismo dentro del plazo legal establecido; Que, dentro de los actuados se tiene los Informes Escalafonarios de los servidores comprendidos en el presente PAD, a Folios del 610 al 629; Que, de conformidad con la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil y la Estructura Orgánica y Funciones de la UGEL N° 10 de Huaral, aprobada mediante Resolución Directoral UGEL 10 N° 001368, de fecha 31 de marzo de 2016, estando facultado a actuar como Órgano Sancionador en el Presente Procedimiento Administrativo Disciplinario en mi condición de Directora del Programa Sectorial III – UGEL N° 10 de Huaral; SE RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- IMPONER LA SANCIÓN DE DESTITUCIÓN CONTRA LOS SIGUIENTES SERVIDORES: ➢

Servidora MILAGROS DEL ROSARIO GORDILLO BAUTISTA, en su condición de ex Jefe (e) del Área de Gestión Administrativa de la UGEL N° 10 - Huaral, al encontrarse acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones como Administradora de la UGEL N° 10 de Huaral,

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 disponiendo de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, contraviniendo la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, tipificado como faltas de carácter disciplinario en los literales d), f) y q) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, al haber transgredido sus deberes como servidor público estipulado en los literales b) y d) del Artículo 3°, y sus obligaciones estipulados en los literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276, y lo normado en el Artículo IV del Título Preliminar y 26° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; ➢

Servidor C.P.C. GUILLERMO ROMERO AGUILAR, en su condición de ex encargado del Equipo de Contabilidad de la UGEL N° 10 – Huaral, al encontrarse acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones como Contador de la UGEL N° 10 de Huaral, disponiendo de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, contraviniendo la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, tipificado como faltas de carácter disciplinario en los literales d), f) y q) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, al haber transgredido sus deberes como servidor público estipulado en los literales b) y d) del Artículo 3°, y sus obligaciones estipulados en los literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276, y lo normado en el Artículo IV del Título Preliminar y 26° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

➢

Servidora C.P.C. MARÍA ALBERTA GÓMEZ CALLE, en su condición de ex encargada del Equipo de Tesorería de la UGEL N° 10 – Huaral, al encontrarse acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones como Tesorera de la UGEL N° 10 de Huaral, disponiendo de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, contraviniendo la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, tipificado como faltas de carácter disciplinario en los literales d), f) y q) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, al haber transgredido sus deberes como servidor público estipulado en los literales b) y d) del Artículo 3°, y sus obligaciones estipulados en los literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276, y lo normado en el Artículo IV del Título Preliminar y 26° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

➢

Servidora Sra. MARÍA VICTORIA RUIZ VÁSQUEZ, en su condición de ex Coordinadora de Planillas de la UGEL N° 10 –Huaral, al encontrarse acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones como coordinadora de Planillas de la UGEL N° 10 de Huaral, disponiendo de fondos públicos en beneficio propio, contraviniendo la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, tipificado como faltas de carácter disciplinario en los literales d), f) y q) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, al haber transgredido sus deberes como servidor público estipulado en los literales b) y d) del Artículo 3°, y sus obligaciones estipulados en los literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276;

➢

Servidor Sr. ALEX CRISTIAN TORRES RUEDA, en su condición de ex encargado de la Oficina de Planillas – Activos de la UGEL N° 10 - Huaral, al encontrase acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 de sus funciones como Especialista de Planillas de la UGEL N° 10 de Huaral, disponiendo de fondos públicos en beneficio propio, contraviniendo la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, tipificado como faltas de carácter disciplinario en los literales d), f) y q) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, al haber transgredido sus deberes como servidor público estipulado en los literales b) y d) del Artículo 3°, y sus obligaciones estipulados en los literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276; ➢

Servidor Abog. FERNANDO SANTIAGO SOLÍS QUILLY, en su condición de Auditor del Órgano de Control Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, al encontrarse acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones como Abogado Auditor del Órgano de Control Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, hecho que permitió que su persona disponga de fondos públicos en beneficio propio, tipificado como faltas de carácter disciplinario en los literales d) y f) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, al haber transgredido sus deberes como servidor público estipulado en los literales b) y d) del Artículo 3°, y sus obligaciones estipulados en los literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276, y lo normado en el Artículo 6° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785;

➢

Servidor Abog. CARLOS VALENZUELA HUARANCA, en su condición de ex encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL N° 10 – Huaral, al encontrarse acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones como Abogado encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL N° 10 de Huaral, al haber emitido opiniones legales contradictorias respecto a la misma materia de consulta contraviniendo la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y con estos hechos se ha beneficiado de manera indebida con la disposición de fondos públicos, hechos que se encuentran tipificados como faltas de carácter disciplinario en los literales d), f) y q) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, al haber transgredido sus deberes como servidor público estipulado en los literales b) y d) del Artículo 3°, y sus obligaciones estipulados en los literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276;

➢

Sr. EDGAR ARMANDO HUAYAMARES CARBAJAL, en su condición de ex Financista del Área de Gestión Institucional de la UGEL N° 10, quien desempeño funciones bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, al encontrarse acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones como Especialista de Finanzas del Área de Gestión Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, al estar acreditado que hizo caso omiso a lo comunicado con Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRL-GRPPAT de fecha 04 de Marzo de 2016, a través del cual se notificó a los Directores de las Unidades Ejecutoras del Sector Educación el Oficio N° 618-2016-EF/53.01 de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos – MEF, obteniendo con dicha omisión un provecho personal al estar acreditado que cobro indebidamente incentivos laborales que se otorga través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (SUB CAFAE) aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES; incurriendo en falta de carácter administrativo tipificado en el inciso q) del Artículo 85° de la Ley del

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 Servicio Civil – Ley N° 30057, al haber transgredido el numeral 2) del Artículo 6° del Código de Ética de la Función Pública – Ley N° 27815, que estipula que todo servidor público de acuerdo al principio de Probidad debe: “Actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona”, y lo estipulado en el primer párrafo del numeral 6) del Artículo 7° del Código de Ética de la Función Pública – Ley N° 27815, que estipula que todo servidor público tiene el siguiente deber: “Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública”; ARTICULO 2º.- IMPONER LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR EL PERIODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS (180) a la Mg. MARÍA PICÓN MALASQUEZ, en su condición de ex Jefe (e) del Área de Gestión Institucional de la UGEL N° 10 Huaral, al encontrarse acreditado que incurrió en falta de carácter disciplinario al haber incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones como Jefe del Área de Gestión Institucional de la UGEL N° 10 de Huaral, al estar acreditado que hizo caso omiso a lo comunicado con Oficio Múltiple N° 0074-2016-GRLGRPPAT de fecha 04 de Marzo de 2016, a través del cual se notificó a los Directores de las Unidades Ejecutoras del Sector Educación el Oficio N° 618-2016-EF/53.01 de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos – MEF; incurriendo en falta de carácter administrativo tipificado en el inciso d) del Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, al haber incumplido sus deberes como servidor público estipulado en los literales b) y d) del Artículo 3°, y sus obligaciones estipulados en los literales a), b), y h) del Artículo 21° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado con Decreto Legislativo Nº 276, y lo normado en el Artículo IV del Título Preliminar y 26° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; ARTICULO 3º.- ARCHIVAR el PAD iniciado mediante Resolución De Órgano Instructor Nº 001-2017-DRELP/UGEL Nº10-H-EPER-AGA-PAD/OI, respecto a los siguientes servidores: ➢

Servidor Abog. MARCELO ABREGO HERRERA, en su condición de ex Jefe (e) del Órgano de Control Institucional de la UGEL N° 10 – Huaral, al no hallar responsabilidad administrativa en el procedimiento que dio mérito al pago indebido por concepto de reintegró de incentivos laborales que se otorga través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (SUB CAFAE) aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, a los servidores de la sede administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, aprobado mediante Resolución Directoral UGEL N° 10 N° 00171, de fecha 19 de enero de 2016;

➢

C.P.C. EDGAR ALBERTO PICHILINGUE GARCES, en su condición de ex Auditor del Órgano de Control Institucional de la UGEL N° 10 – Huaral, al no hallar responsabilidad administrativa en ambos servidores en el procedimiento que dio mérito al pago indebido por concepto de reintegró de incentivos laborales que se otorga través de los Sub Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (SUB CAFAE) aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2004-PRES, a los servidores de la sede administrativa de la UGEL N° 10 de Huaral, aprobado mediante Resolución Directoral UGEL N° 10 N° 00171, de fecha 19 de enero de 2016;

ARTICULO 4º.- OFICIALIZAR la sanción impuesta al servidor mediante la comunicación del presente acto resolutivo y el registro de la sanción en su legajo personal, conforme a lo dispuesto en el artículo 90° de la Ley N° 30057, concordante con el artículo 93° del decreto Supremo N° 040-2014PCM y numeral 17.2 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC.

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Resolución Directoral UGEL 10 Nº 002928 ARTICULO 5º.- COMUNICAR a los servidores sancionados que tiene derecho a interponer los RECURSOS ADMINISTRATIVOS de Reconsideración o Apelación contra el presente acto resolutivo, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de su notificación, precisando que el Recurso de Reconsideración lo resuelve el propio Órgano Sancionador del PAD, y la apelación se interpone ante el Titular de la Entidad y es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil.

ARTICULO 6º.- ENCARGAR al Área de Escalafón y Legajo de la UGEL N° 10 de Huaral, el registro de la sanción impuesta en el legajo personal del servidor sancionado, de conformidad con el Artículo 160° del D.S. N° 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

ARTICULO 7º.- ENCARGAR al Jefe (e) del Equipo de Personal de la UGEL N° 10 de Huaral, inscriba la presente resolución en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, de conformidad con el Artículo 98° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, concordante con el Artículo 122° Párrafo Segundo del D.S. N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil.

ARTICULO 8º.- ENCARGAR a la Secretaria Técnica del PAD la Notificación de la presente resolución a la interesada para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 21.1° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, concordante con el Numeral 17.3 Párrafo Segundo de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE. ARTICULO 9º.- PUBLICAR, la presente Resolución en el portal de Transparencia de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 10 de Huaral, en el plazo de tres (03) días, en atención a la R. M. N° 3982008-PCM.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE

_________________________________ Dra. GIOVANNA ESTRADA CLAUDIO Directora de Programa Sectorial III Unidad de Gestión Educativa Local Nº 10- Huaral

C.c.

Equipo de Personal. Área de Escalafón.

Planillas.

Interesado.

Archivo.

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