Llamado a la Acción sobre los Derechos Humanos y la CIPD después de 2014 de la Sociedad Civil

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Llamado a la Acción sobre los Derechos Humanos y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD ) después de 2014 de la Sociedad Civil reunida en La Haya Somos diferentes, somos seres humanos, somos iguales Representantes de la sociedad civil y otras personas presentes en la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos y la CIPD después de 2014 (La Haya 7-10 de julio de 2013) en nombre de diversas comunidades de todo el mundo, vemos con agrado el espíritu constructivo y el tono prometedor de la Conferencia Internacional. Con este mismo espíritu repetimos nuestro llamado a los gobiernos y agencias al compromiso con el pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Reconociendo la revisión que se está llevando a cabo del Programa de Acción (PA) de la ICPD, apoyamos y reafirmamos la Declaración de Bali del Foro Global de Juventud, llevado a cabo en diciembre de 2012 en Bali, Indonesia, el cual se apoya en los principios de los Derechos Humanos de no discriminación, igualdad y participación. También reafirmamos las declaraciones de la sociedad civil de que fueron efectuadas a lo largo de la Revisión Operacional de la CIPD, que identifica acciones necesarias adicionales como así también temas nuevos y emergentes que deben ser reconocidos y abordados desde una perspectiva de Derechos Humanos en nuevos y continuos esfuerzos de desarrollo y dentro de la agenda de desarrollo post-2015. Hacemos un llamado a los gobiernos a que aseguren la implementación todas sus obligaciones en Derechos Humanos relacionadas con el CIPD PoA, incluídas las obligaciones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos. Solicitamos a los gobiernos y a las agencias que se comprometan con la agenda integral del ICPD la cual se basa en los principios esenciales de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los Derechos Humanos. Respetar, proteger, promover y observar la salud y los derechos sexuales y reproductivos como Derechos Humanos significa reconocer y cumplir los derechos de todas las personas en su diversidad – especialmente los de las mujeres, adolescentes y otras personas jóvenes, personas de diversas identidades sexuales y de género, personas indígenas, personas con discapacidades, personas con VIH, trabajadoras y trabadores sexuales, afro-descendientes, comunidades gitanas, comunidades rurales, todas diferentes, todas humanas, todas iguales. Urgimos a los gobiernos y a las agencias a promover la igualdad eliminando las inequidades estructurales en las sociedades que limitan el goce por parte de todas las personas de los derechos sexuales y reproductivos, a remover las barreras a la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de una salud sexual y reproductiva integral e integrada, a la información y a los servicios para todas las personas; y a asegurar que todos los responsables rindan cuentas por el respeto, la protección, la promoción y el cumplimiento de la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas. Los esfuerzos deben ser dirigidos particularmente al empoderamiento de las personas para que ejercezan y reclamen sus derechos sexuales y reproductivos como Derechos Humanos. Igualdad


Hacemos un llamado a los gobiernos a abordar las causas basales de las inequidades estructurales relacionadas con la sexualidad y la reproducción, las cuales contribuyen a la marginalización de diversos grupos de personas. Estas inequidades están profundamente basadas en jerarquías de género y concepciones patriarcales que necesitan del control de los cuerpos y las sexualidades de las mujeres y las niñas. Los gobiernos deben trabajar para eliminar prácticas discriminatorias y dañinas como el matrimonio precoz y forzado, la mutilación genital femenina, la esterilización forzada y la anticoncepción forzada, las cuales causan daños a mujeres y niñas y perpetúa las inequidades. Los gobiernos deben derribar vigorosamente entas inequidades con particular foco en las personas jóvenes, y entre ellas adolescentes cuyos derechos y necesidades usualmente no son reconocidos. Urgimos a los gobiernos a tomar todas las medidas necesarias para eliminar la inequidad, el estigma, la discriminación y la violencia perpetuada contra las personas por la percepción de su sexualidad, su orientación sexual, su estado de salud, su género, sus capacidades, su identidad y su expresión de género y a garantizar el amplio rango de los Derechos Humanos a través de: derogar o revisar la legislación discriminatoria; asegurar el acceso a la documentación legal que refleje la identidad de género de las personas y a los servicios de salud sexual y resproductiva que necesiten; e implementar programas de educación que desafíen las normas desiguales de sexualidad y género y promuevan la equidad de género, el respeto por la diversidad y los Derechos Humanos. Hacemos un llamado a los gobiernos que den los pasos necesarios para terminar con la criminalización y otra reglametación punitiva de las relaciones sexuales consensuadas, de la reproducción y de la expresión de género que viole los Derechos Humanos de las personas y lleven hacia resultados y consecuencias en la salud negativos. Requerimos reforzar los esfuerzos en la lucha contra la explotación y la esclavitud sexual, al mismo tiempo de reconocer explícitamente el trabajo sexual como una actividad lucrativa, para garantizar el pleno goce de los derechos de los y las trabajadoras sexuales y protegerles de condiciones de trabajo prjudiciales, de la explotación y garantizando la eliminación del estigma, la discriminación y la violencia. Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Calidad de los Servicios (DAAC) Los gobiernos deben derribar las barreras socio-económicas y culurales que vulneran o restringen la salud sexual y reproductiva. Esto implica revisar y reformar políticas macroeconómicas que perpetúan la inequidad, la desigualdad y las violaciones a los Derechos Humanos y restringen la disponibilidad, accesibilidad, aceptación y la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva y remover las barreras económicas que impiden que las personas, particularmente de los grupos marginalizados, accedan a los servicios de salud sexual y reproductiva. Los gobiernos deben afrontar el desafío central de la pobreza y la falta de acceso a servicios de calidad y otros derechos como la educación por parte de las mujeres y las niñas, acompañadas de dinámicas de poder desiguales y discriminatorias que perpetúan las normas y estereotipos de género, la violencia sexual y la violencia de género. Los gobiernos deben eliminar leyes y políticas que imponen barreras al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la información, que incluyen entre otras, leyes de consentimiento y


notificación por parte de madres y padres, esposos y guardianes, y leyes que criminalizan o de alguna forma restringen a las mujeres y niñas el acceso a sevicios de aborto seguro y de cuidado postaborto. Hacemos un llamado a los gobiernos y a las agencias a asegurar el acceso a un paquete de servicios de salud sexual y reproductiva integral, accesible e integrado, a la información y educación libre de estigma, discriminación y violencia y con respeto abslouto por la privacidad, el consentimiento y la confidencialidad. Estos servicios deben atender las necesidades de salud sexual y reproductiva de todas las personas. Ellos deben proveer la mas amplia variddad posible de anticonceptivos incluyendo anticoncepción de emergencia, condones masculinos y femeninos y otros anticonceptivos; servicios de aborto seguro y legal, sevicios de calidad para atender complicaciones surgidas de abortos inseguros, nacimientos, cuidados obstétricos de emergencia, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluída la prevención, la atención y el tratamiento del VIH, y la prevención y el tratamiento de la infertilidad. Estos servicios deben ser accesibles y libres de coerción. Deben tener estándares mas altos posibles de calidad en concordancia con las normas y guias internacionales, y deben ser aceptados por las población a quienes están dirigidos. Solicitamos a los gobiernos: asegurar que los servicios de salud sexual sean amigables para las personas jóvenes con particular atención en la adolescencia; que reconozcan y protejan los derechos sexuales de las personas jóvenes como Derechos Humanos; que reconozcan que las personas jóvenes tienen autonomía sobre sus propios cuerpos, sienten placer y tienen deseos; que faciliten y garanticen el involucramiento real de las personas jóvenes en las formación de políticas; y que remuevan las barreras legales, políticas y regulatorias que atenten contra el empoderamento de las personas jóvenes para ejercer y reclamar sus derechos. Los gobiernos deben asegurar el acceso de las personas jóvenes a una educación sexual integral, amigable para ellas y basada en la evidencia, a travéz de la provisión de programas adecuados científicamente y no juzgativos, en formatos formales e informales, con una política que los apoye y un marco legal, acompañados por capacitación a docentes y mecanismos de supervisión y revisión integrados por personas jóvenes, y adolescentes en particular, activamente involucradas en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluacion de los programas de educación sexual. Rendición de Cuentas Urgimos a quienes toman decisiones a asegurar que los estados, y otras instituciones, rindan cuentas de sus obligaciones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos. La rendición de cuentas es fundamental para la promoción yla protección de los Derechos Humanos, y para asegurar la provisión de servicios de calidad. Esta requiere no solo transparencia, sino también participación real de las poblaciones afectadas, de la sociedad civil y de instituciones efectivas e independientes; mecanismos de reclamo y compensación cuando los derechos hayan sido violados. Los mecanismos de Derechos Humanos nacionales, regionales e internacionales deben ser fortalecidos para asegurar la rendición de cuentas. Una efectiva rendición de cuentas también requiere que las personas conozcan sus derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción, y la salud relativa a ellas, y sean capaces y estén empoderadas para efectuar reclamos al respecto.


Pedimos a los gobiernos, donantes y agencias que evalúen las deficiencias de rendición de cuentas y que hagan frente ellas a través de una planificación eficaz, recursos adecuados, un control periódico, evaluación, revisión y supervisión, con la participación plena y efectiva de las mujeres y las organizaciones juveniles, así como las organizaciones de todas aquellas personas cuya salud y derechos sexuales y reproductivos están en mayor riesgo. Hace casi veinte años, los gobiernos del mundo se reunieron y se prometieron a sí mismos ya sus ciudadanos que la sexualidad y la reproducción, finalmente, serían retirados de las sombras de los prejuicios, la intolerancia y la vergüenza. Muchos avances se han logrado, pero aún queda mucho por hacer antes de que veamos el cumplimiento de esa promesa. El lento avance ha sido el resultado de una insuficiente atención a los Derechos Humanos, como del estancamiento de leyes, políticas y programas. Ya es hora de cambiar esto de una vez por todas, para situar a los Derechos Humanos en el centro de la aplicación de la agenda de la CIPD y que podamos gozar de nuestra salud y nuestros derechos sexuales y reproductivos sin importar quiénes somos o donde vivimos, y celebrar verdaderamente nuestras diferencias, abrazando nuestra igualdad y nuestra humanidad común. (1) Declaración de las Consultas regionales de la Sociedad Civil: Desde Accra al ICPD Mas Allá de 2014: Recomendaciones de Organizaciones de la Sociedad Civil y Personas Jóvenes, Asia y Región del Pacífico: Kuala Lumpur Call to Action, Caribe: Declaración de Ocho Ríos, Europa Central y del Este: Warsaw Call to Action y América Latina: Compromiso en Montevideo.


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