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Bogotá, D.C. Julio de 2017
INSTITUCIONAL ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL
Consecuencias graves
¿Por qué?
de una mala negociación Teniente (RA) Jorge E. Yurgaky A. Abogado Economista
Coronel Mario Guatibonza Carreño Presidente Acorpol Santander
nNo me cabe la menor duda
que todos los colombianos somos amantes de la paz, y que deseábamos de todo corazón que ella se lograra a través de un proceso de negociación justo y equilibrado, en el que prevaleciera, por encima de todo, el respeto de la soberanía y la dignidad de nuestro país, sin menoscabar tampoco las garantías que correspondieran a la contraparte, a pesar de sus crímenes atroces y su interminable cadena de violaciones a todos los preceptos legales de orden constitucional, penal y moral, al igual que la normatividad internacional sobre derechos humanos. Antes de cualquier pronunciamiento sobre el particular, realicé el ejercicio de leer y analizar, detenidamente, el texto de las 310 páginas de la versión del comisionado de paz, del denominado «Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», y, posteriormente, lo reproduje y se lo entregué a mis estudiantes de último semestre para debatirlo en un foro académico, como nota final en la asignatura «Negociación y resolución de conflictos». Después de lo anterior debo confesar, con mucho dolor, tristeza y desilusión, que llegamos a la conclusión de que los grandes perdedores en ese cacareado proceso de negociación hemos sido todos los colombianos de bien. Igualmente, también fueron grandes perdedoras nuestras Fuerzas Públicas, con muchas vidas sacrificadas en el cumplimiento del deber de proteger la vida y honra de todas las personas, y de preservar las instituciones legalmente constituidas. En tercer lugar, la población civil, con muchos secuestrados, extorsionados, despojados, desplazados, masacrados o desaparecidos, cuyas familias afectadas lloran a sus muertos, porque ya perdieron toda esperanza de encontrarlos con vida. Los ganadores absolutos fueron el tristemente célebre Rodrigo Londoño, o Timoleón Jiménez, alias «Timochenko», comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, y todo su equipo de negociadores, quienes, hábilmente, aprovecharon, sin mucho esfuerzo, las ventajas y prerrogativas que les dio nuestro Gobierno, al servirles en bandeja de plata un menú tan preciado, como son todas las instituciones que orientan y garantizan un «Estado social de
nMás interrogantes que
derecho» y las reglas de convivencia social. Con razón lo invitó el Gobierno de Noruega para que les explique cómo hicieron para lograr un «superacuerdo» tan ventajoso para sus intereses. Del mencionado texto me llamó, poderosamente, el siguiente párrafo: “El acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos (sic) que, sin embargo, constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos. El acuerdo final reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona, como fundamento para la convivencia en los ámbitos público y privado, y a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y los derechos de sus integrantes. La implementación del acuerdo deberá regirse por el reconocimiento de la igualdad y protección del pluralismo de la sociedad colombiana, sin ninguna discriminación». Aunque la redacción del párrafo anterior es bastante ortodoxa y poco académica, no es difícil comprender su significado; en su trasfondo subyace un discurso demagógico focalizado en la construcción de la plataforma de un futuro movimiento o partido político. ¡Qué sagaces! La orquestación y realización de ese acuerdo estuvo precedido de decisiones de orden político y económico a escala gubernamental, con el fin de viabilizar su implementación en el futuro, como fueron, entre otras: Una polémica y gravosa reforma tributaria con un incremento del IVA del 16 % al 19 %, y la ampliación de su cobertura fiscal para recaudar los ingresos necesarios destinados a financiar los salarios, gastos de salud, educación y las transferencias parafiscales de los miembros de la FARC, en sus diferentes niveles jerárquicos, golpeando de modo desconsiderado a la sufrida clase trabajadora de este país. Entre las consecuencias más notables de dicho acuerdo se puede vislumbrar:
1. Una transición política de los cabecillas de la FARC al Congreso de la República, con movimiento o partido político propio, patrocinado con gastos del Gobierno para que tengan la vocería necesaria, con el fin de seguir promocionando sus prácticas delictivas y preparando su plataforma ideológica de una candidatura presidencial. 2. Un estatus político y económico para ellos y sus familiares, protegidos por nuestros cuerpos de seguridad, que les permitirá participar en decisiones trascendentales de política de Estado, y disfrutar, de manera holgada y tranquila, de las millonarias sumas de dinero adquiridas a través del secuestro, el chantaje, la extorsión, las operaciones de narcotráfico y el despojo de tierras a nuestros campesinos. 3. Se han desconocido principios fundamentales de derecho y de convivencia social, como el de que el «interés general prima sobre el interés particular», como norma reguladora de toda estructura social, para lograr un triunfo pírrico como lo es Nobel de paz, que en nada beneficia o contribuye al bienestar del pueblo colombiano. Y pensar que eso apenas comienza, ya que, en el trasfondo de ese acuerdo hay muchas cosas por aclarar, que, seguramente, se irán conociendo a medida que pase el tiempo y las mismas circunstancias las pongan de presente. De todo lo anterior nos queda algo positivo: la clara convicción de que «el pasado no perdona», y tarde o temprano todos, absolutamente todos, los autores y participantes en ese atropello tendrán que responderle al país por esa felonía, con un costo político muy alto, que los dejará estigmatizados para siempre en la historia de Colombia.
Cierre de edición Fecha límite para la entrega de los artículos de la próxima edición, 21 de julio de 2017.
nos deben llevar a la reflexión: ¿Por qué Colombia, con innumerables recursos naturales, minerales, biodiversidad, dos mares y abundantes fuentes de agua, es tan pobre? ¿Por qué existe tanta corrupción, a pesar de existir organismos de control como Contraloría, Procuraduría, oficinas de control interno, Consejería Anticorrupción, pactos, foros, talleres de capacitación, compromisos de transparencia, rendición de cuentas etc., pues ella sique tan campante y crece como espuma ante la mirada indiferente de todos? ¿Por qué, con la implementación del Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE), los problemas en la contratación administrativa, en vez de disminuir, siguen aumentando? ¿Por qué no replanteamos los valores morales y éticos? ¿Por qué hay tantos delincuentes de cuello blanco? ¿Por qué unos pocos privilegiados reciben pensiones millonarias? ¿Por qué exfuncionarios, que reciben pensiones escandalosamente millonarias, manifiestan que apenas les alcanzan para vivir decentemente? Entonces, ¿qué puede decir la gran mayoría de colombianos, que, escasamente, ganan el mínimo, o no ganan nada? ¿Cómo vivirán, o mejor, cómo sobreviven? ¿Por qué siempre hablamos de Derecho y la moral? ¿La ética dónde la dejamos? ¿Por qué la política en Colombia está tan desprestigiada? ¿Por qué el Congreso es la institución más despres-
tigiada del país? ¿Por qué cada vez que aparece «último minuto», en la televisión, es para dar una noticia, generalmente, trágica? ¿Por qué la accidentalidad vial en el país es la segunda causa de la muerte violenta de colombianos? ¿Por qué en pleno siglo XXI aún hay analfabetismo en Colombia? ¿Por qué hay tantos conductores de tractocamiones, buses y camiones, que se creen los dueños de las carreteras, y conducen imprudente y abusivamente, y ponen en riesgo las vidas de quienes se movilizan en pequeños automotores? ¿Por qué hay tanta violencia intrafamiliar? ¿Por qué hay tanta impunidad? ¿Por qué los servicios de acueducto, energía eléctrica y los medicamentos en Colombia son tan costosos? ¿Por qué tenemos que pagar tantos impuestos? ¿Por qué tanto clientelismo y nada de «meritocracia» en los nombramientos para cargos públicos? ¿Por qué la mayoría de los empleados públicos no tienen vocación de servicio? ¿Por qué las tarifas bancarias son tan costosas? ¿Por qué la infraestructura vial está tan atrasada y deteriorada? ¿Por qué las nuevas generaciones son apáticos a lo público? ¿Por qué muchos gobernantes, funcionarios elegidos, o nombrados, se dedican a aprovechar los recursos del Estado para enriquecerse, sin la más mínima vergüenza? ¿Por qué los dineros que el pueblo debe pagar (impuestos, servicios públicos, salud) son mal usados para otro tipo de propósitos que para los que están destinados? ¿Por qué este país, con tanto que lo saquean y lo roban, no se ha quebrado? ¿Por qué en Colombia hay tantas bandas criminales y terroristas?
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