Santo Domingo, D.N. Miércoles 27 de septiembre de 2017. Señor Lic. Fausto Rosario Adames Director de Acento Ciudad. Distinguido señor Director: Después de saludarle, tengo a bien dirigirle estas líneas con el propósito de solicitarle rectificar informaciones que sobre mi persona se han publicado en ese prestigioso e influyente medio, y que provienen de fuentes que no han contado la verdad a Acento y tratan de confundir adrede para acomodar una percepción a su conveniencia. Como ciudadano, y como profesional, reconozco que el denominado caso Odebrecht –en que figuro como investigado junto a otras personas- es de interés para el público en general. Jamás podría yo cuestionar que el periodismo juegue su rol de investigar e informar. Sin embargo, una condición esencial para que la prensa cumpla con ese papel es el contraste y la veracidad de las informaciones. Desde nuestra óptica, es evidente que las fuentes a las que ha accedido Acento han emitido informaciones falsas o al menos inexactas, por lo que aspiramos a que usted, con la entereza periodística y el espíritu democrático que lo caracterizan, los citados contenidos sean puestos en el justo contexto para la correcta edificación de sus lectores sobre un ciudadano investigado que se presume inocente mientras no exista en su contra sentencia condenatoria con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. La primera de las informaciones falsas son las que tratan de relacionar las compañías extranjeras propiedad del suscrito con entidades de nombres parecidos –y de otras jurisdicciones- que figuran en los archiconocidos “Panama Papers”. Es importante tener en cuenta –en primer orden- que la propia página web en que se publican esos documentos advierte: a) Existen usos legítimos para las compañías y fideicomisos que allí aparecen; b) Que no pretenden implicar que alguna de las personas cuyas sociedades aparezcan allí –que no es el caso del suscrito- hayan violado alguna ley; y c) Que muchas personas o entidades tienen nombres idénticos o similares . En el reportaje publicado por ustedes en fecha 19 de septiembre de 2017, bajo la firma de la periodista Kharla Pimentel, se afirma que –según fuentes de la Procuraduría General de la República- el
suscrito sería el titular de dos sociedades: a) Aragon, Ltd.; incorporada en la jurisdicción de Niue (Estado libre asociado al Reino Unido) en el 1997, y borrada (struck off) del registro de compañías en el 1998, según los Panama Papers; y b) Newport Group Corp.; incorporada en la jurisdicción de Samoa en el 2004, y borrada (por disolución) del registro de compañías en el 2006, todo lo anterior según los llamados Panama Papers. Sabiendo que una sociedad borrada del registro de compañías carece de personería jurídica, y que todo banco o entidad de intermediación financiera requiere –como requisito para abrir y mantener cuentas bancarias a nombre de sociedades comerciales- la presentación de certificaciones de buen estado (good standing) e incumbencia (incumbency) de la sociedad titular de la cuenta, para demostrar su existencia y la regularidad de su representación, entonces es claro que ninguna de las citadas en el reportaje pudo haber sido usada para abrir cuentas en el año 2008. Por demás, el suscrito jamás ha sido cliente o ha tenido contacto alguno con la firma Mossack Fonseca, de cuyos archivos provienen las informaciones de los Panama Papers. El error es más grave aún, señor Director, si se toma en cuenta que en la parte inicial del artículo se consignan las denominaciones sociales correctas de las compañías del suscrito, y es claro que sus nombres difieren ostensiblemente de los de aquellas que en el cuerpo del artículo se le atribuyen erróneamente. Cabe agregar que los Panama Papers continúan disponibles en línea desde la fecha de su publicación, por lo que pueden ser consultados en cualquier momento. Basta con acceder a la página “https://panamapapers.icij.org ”, y consultar el nombre del suscrito, para confirmar que éste nunca ha figurado en dicha base de datos. Por todo lo antes indicado, queda claro que ninguna de las sociedades mencionadas por la periodista se encuentra relacionada de forma alguna con el suscrito. Visto lo anterior, lo esperable profesionalmente, frente a sus lectores, y como periodista de investigación, es cuestionar la fuente y preguntarle cómo fue posible utilizar –como alegados vehículos para abrir supuestas cuentas bancarias en Antigua y Barbuda, durante el año 2008- a sociedades que ya no existían para esa época. Como se ve, señor Director, los lectores de ese respetable diario digital tienen derecho a que se coloquen las cosas en su justa perspectiva, y a que se exija de las fuentes citadas mayor rigor en el manejo de la información. La segunda –pero no menos enojosa- cuestión errónea, entre otras tantas contenidas en el reportaje, consiste en la “información”, atribuida también a fuentes de la Procuraduría General de la República, en que se me pretende endilgar el 98% de las acciones (sic) de la entidad Ingeniería Dominicana y Equipos Pesados (Indoequipesa), SRL. Antes que nada, el documento que han colocado ustedes en su página web, contentivo del supuesto listado de “mis” compañías, es una alteración de la certificación G.L. núm. 468637, fechada del 13 de marzo de 2017, remitida por la Dirección General
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de Impuestos Internos (DGII) al Procurador General de la República, y depositada por la Procuraduría en la solicitud de medida de coerción. En la página 16 del documento termina la enumeración de las sociedades atribuidas a otro investigado y –por la mitad- empieza la enumeración de los inmuebles y muebles pertenecientes al suscrito, entre los que no se encuentra la entidad Ingeniería Dominicana y Equipos Pesados (Indoequipesa), SRL; que sí aparece en el listado de las sociedades pertenecientes a otro investigado, no al suscrito. Quien suscribe no ha tenido jamás acciones ni cuotas sociales dentro de la sociedad Ingeniería Dominicana y Equipos Pesados (Indoequipesa), SRL. Tampoco ha participado de su constitución, ni aún como abogado, no ha intervenido tampoco en la matriculación de dicha sociedad en el Registro Mercantil ni en la obtención de su Registro Nacional de Contribuyente. De ahí que se imponga que usted, señor Director, con el equilibrio que caracteriza su digno ejercicio periodístico, lleve a sus distinguidos lectores el desmentido de la maltrecha farsa servida como información “veraz” a sus lectores, dado que la periodista que calza el reportaje fue obviamente sorprendida en su buena fe, tal y como se prueba con el documento anexo –emanado de la DGII, y sin la alteración denunciada- que se aporta para edificar a los distinguidos lectores de tan respetable medio. De modo que –al haber incurrido de forma destemplada en estas mentiras- la fuente que le ha servido estas pseudo informaciones ha quedado en evidencia, por lo que reiteramos nuestra confianza en que usted no permitirá jamás que se use su diario como instrumento para desinformar a sus lectores, ni para hacer campañas de opinión basadas en falsedades y en intereses mezquinos. En atención a todo lo anterior, queda particularmente en entredicho el intitulado del reportaje antes aludido, cuando pretende “comunicar” que Pittaluga está “enredado hasta las taza” con Odebrecht y empresas fantasmas en Panama Papers. Le reitero, señor Director, que soy el primero en reconocer el genuino interés de la prensa en informar sobre el caso en cuestión a la ciudadanía. Pero aspiro a que usted, acreedor de una bien ganada fama como comunicador veraz, no permita que se use el ciberespacio de Acento para crear injustamente una opinión pública desfavorable a mi persona, sobre la base de informaciones manipuladas por terceros. Sinceramente agradecido por su atención a estas líneas, y confiado en que cumplirá usted con su deber profesional al enterarse de la situación denunciada, le saluda, Muy Atentamente,
Lic. Conrad Pittaluga Arzeno
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