68
Rev. Acad. Puert. De Jur. Y Leg.
1:1 49 1989
individuo del posible abuso de poder por parte del estado cuando éste se ampara en un interés intangible o fabricado. Entiendo que algunos pensadores muy serios y respetables proponen que el poder de razón de estado en Puerto Rico se debe despojar de algunas de las bridas que le impone la Constitución americana; aún más, que en la medida en que la Constitución federal no aplica ex proprio vigore a Puerto Rico, las consideraciones federales quedan subordinadas a las particularidades geográficas, históricas o ideológicas de nuestra isla en materia inmobiliaria. Respeto esa posición, Sin embargo, me recuerda al juez de primera instancia quién, interrumpiendo las súplicas de reconsideración de un abogado, le dijo: "Licenciado, estoy completamente convencido de que mi interpretación judicial es la correcta y no hay nada que usted pueda decir que me haga cambiar de opinión," a lo que el abogado respondió: "por supuesto, Su Señoría, yo sólo quería señalarle el error craso que ha cometido nuestro Tribunal Supremo al adoptar una interpretación diametralmente opuesta a la de Vuestro Honor." Creo además que debemos rechazar la hipótesis simplista que propone que lo que está aquí en conflicto son los intereses avaros de unos terratenientes en contra del interés estatal de pre-servar nuestra tierra y nuestro ambiente. No nos debemos olvidar que por lo general donde se ve el nuevo árbol plantado, la nueva casa pintada, el nuevo predio sembrado, es donde el individuo tiene concepto de propiedad, ya sea porque el predio es indiscutiblemente propio, o porque sabe que no se lo van a quitar sin ofrecerle la justa compensación. Cuando el gobierno identifica una propiedad necesaria para uso público, sin embargo, debe comprarla y pagar por ella. Tampoco quiero implicar que el gobierno no deba imponer condiciones reglamentarias que promuevan un interés definido, o incluso que no deba imponer las más severas penalidades a aquellos que contaminan nuestro ambiente o hacen peligrar a nuestros ciudadanos. Pero la protección reglamentaria debe ser eso —protección. No debe ser un ritual interagencial sin sentido. No debe ser la predilección del partidario político por su correligionario, o del sobornador por el sobornado. Debe de ser el verdadero ejercicio cívico— la búsqueda del bien común. Del mismo modo que he señalado las debilidades y aflicciones que entiendo acosan al sistema de incautación de propiedad inmueble en Puerto Rico, debo identificar ciertos remedios específicos que en mi