

![]()


El escándalo en torno a las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de Parla para cubrir 24 plazas de auxiliar administrativo se ha convertido en una de las grandes polémicas de la ciudad tras la anulación del examen y la presentación de una denuncia ante la Justicia por parte del sindicato CSIF, que considera que se han cometido varios delitos como prevaricación administrativa, revelación de secretos y tráfico de influencias en la preparación y ejecución del proceso selectivo.
La controversia estalló después de que varios opositores observaran un patrón sistemático en las respuestas del examen tipo test celebrado el 10 de marzo y al que se presentaron cerca de 800 aspirantes. Todas las respuestas correctas, salvo una, correspondían a la opción inmediatamente posterior a la que no incluía un punto al final. Aunque en un primer momento el Gobierno defendió la legalidad del proceso
cargando contra los medios de comunicación, la cascada de protestas le obligó a aceptar las peticiones de cancelar el proceso “hasta que se aclare todo”.
Ciertamente, son muchas cuestiones las que deben ser aclaradas. Hasta el momento, todo lo sucedido ha merecido únicamente la dimisión de la asesora María Ángeles Arranz por no comunicar que pretendía presentarse a las oposiciones. También hicieron el examen la concejala de Educación, Infancia, Adolescencia, Inclusión y Agenda 2030 por Más Madrid, Isabel Dávila; la secretaria del presidente del tribunal y director general de los servicios técnicos del Ayuntamiento; y la hermana de la concejala socialista de Asuntos Sociales, que actualmente trabaja en el departamento municipal de Empleo. En cuanto a ellos, en cambio, no se ha adoptado ninguna decisión disciplinaria.
Además de la Justicia, la corporación local estudiará lo sucedido en una comisión
de investigación. Mientras tanto, el Gobierno de PSOE y Más Madrid ha impuesto una medida extraordinaria a su equipo: ningún miembro del Ejecutivo, incluidos los cargos de confianza, podrá presentarse a futuros procesos selectivos municipales. El objetivo, según el alcalde, Ramón Jurado, es “ir más allá de lo que exige la ley” para evitar cualquier percepción de favoritismo o conflicto de intereses por parte de la ciudadanía.
Pero el daño ya está hecho y la reputación del Ayuntamiento de Parla estará en tela de juicio, como mínima, hasta que se dirima quienes fueron los responsables del presunto amaño. Más cuando las responsabilidades políticas que ha asumido el Gobierno están siendo claramente insuficientes a la vista de la participación de varios miembros de su equipo, que se ha conocido exclusivamente gracias a los medios de comunicación.

EQUIPO
Laura Rodríguez
Agustín Alfaya
Héctor Molero
Esther A. Muñoz
DISEÑO
Alejandro Araújo
PUBLICIDAD
Yeyson Álamo 639 561 879
REDACCIÓN c/Cañada Real de la Mesta, 2 28320 Pinto ��916 922 888
65.000 ejemplares buzoneados al mes, auditados por PGD/OJD (20.000 de ellos en Parla).
ZIGZAG es la publicación decana de prensa local en la región desde 1990.
DEPÓSITO LEGAL: M-3354-2025
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró el 6 de abril el nuevo complejo sanitario de Parla Este, una infraestructura que integra un centro de salud y un recurso especializado en Salud Mental, pero cuya apertura ha estado rodeada de polémica política por la ausencia de comunicación previa al Ayuntamiento.
El alcalde de Parla, Ramón Jurado, ha cargado contra la visita institucional al asegurar que se ha realizado “a escondidas” y con “deslealtad institucional”, al no haber sido informado de la inauguración de una dotación “reclamada por los vecinos durante cerca de 20 años”.
El nuevo equipamiento, situado en la calle Planeta Venus, ha supuesto una inversión de 12,3 millones de euros y cuenta con más de 6.700 metros cuadrados. Desde su puesta en funcionamiento, da cobertura a más de 16.500 vecinos, entre ellos unos 4.000 menores. El

Centro de Salud Parla Este dispone de una plantilla de 33 profesionales en Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería. En la primera planta se ubica el centro de Salud Mental, dependiente del Hospital Universitario Infanta Cristina, con 37 consultas y un equipo de 40 especialistas, entre psiquiatras, psicólogos y terapeutas ocupacionales. Este dispositivo diferencia la atención a adultos y población infanto-juvenil, con el objetivo de mejorar la respuesta ante el aumento de problemas de salud mental en edades tempranas.
Durante el acto, Ayuso defendió el refuerzo de la red asistencial y anunció nuevas medidas en este ámbito. La
presidenta avanzó un Plan de Salud Mental para este año y una estrategia específica de Prevención del Suicidio que estará operativa antes de 2026, en línea con lo que definió como la lucha contra la “pandemia silenciosa”. Estas iniciativas se suman a la incorporación de 408 especialistas en la red regional y a la previsión de nuevos recursos, como dos hospitales de día en los centros hospitalarios Infanta Sofía y del Henares. Además, recordó que el Gobierno regional destina cerca de 3.000 millones de euros a Atención Primaria, una cuarta parte del presupuesto sanitario.
En paralelo, el alcalde aprovechó la jornada para trasladar nuevas reivindicaciones al Ejecutivo autonómico, entre ellas la convocatoria de una reunión urgente para abordar la futura llegada del AVE a la ciudad y la ampliación de la línea de MetroSur hasta Parla, tras criticar la falta de inversiones en transporte público.


El accidente entre un tranvía y un turismo registrado el pasado 22 de marzo a la altura de la calle Reyes Católicos se produjo después de que el vehículo particular invadiera la plataforma ferroviaria cuando intentaba acceder a un garaje. El choque dejó tres heridos leves y obligó a intervenir a los servicios de emergencia, aunque no se registraron daños personales entre los viajeros del convoy.
Según la investigación de la Policía Local, el turismo, en el que viajaban cinco

Así quedó el tranvía tras el choque.
personas, accedió indebidamente a la vía en el momento en el que circulaba el tranvía. El conductor del convoy, en el que viajaban medio centenar de pasajeros, no pudo frenar a tiempo
y terminó impactando con la parte frontal contra el lateral derecho del coche. Pese a la colisión, no se produjo descarrilamiento.
Las únicas personas que resultaron heridas fueron un hombre de 29 años y dos mujeres, de 33 y 27, que viajaban en el interior del vehículo. Todos ellos fueron atendidos en el lugar por sanitarios del SUMMA 112 y trasladados posteriormente al Hospital Infanta Cristina con heridas de carácter leve.
Las obras del intercambiador de la estación de Cercanías de Parla Norte avanzan según lo previsto y podrían estar finalizadas a finales de este año. El alcalde de Parla, Ramón Jurado, junto a miembros de la corporación municipal y representantes de colectivos como la Plataforma de la C-4, ha comprobado el estado de los trabajos.
Ya se han completado la estructura del edificio, la instalación de catenarias y los pasos inferiores. En estos momentos, la actuación se centra en las acometidas, la señalización, la urbanización del entorno y el acondicionamiento interior de la estación.
El nuevo intercambiador está diseñado como un nodo clave de transporte, con cone -
xión directa al tranvía —que sumará su parada número 16—, enlaces con la carretera M-408 y paradas de autobuses. Según las estimaciones, dará servicio a más de 14.000 usuarios al día y permitirá un ahorro conjunto de unas 900 horas diarias en desplazamientos.
La infraestructura también apuesta por la sostenibilidad, con un diseño arquitectónico singular en forma de “costillas” que protegerá a los viajeros y canalizará los flujos de paso. El edificio, de una sola planta, contará con vestíbulo central, zona comercial destinada a cafetería y espacios de atención al usuario, además de incorporar paneles fotovoltaicos y favorecer la iluminación natural.
La estación dispondrá de dos andenes cubiertos y conectados mediante un paso inferior con ascensores y escaleras. Asimismo, se habilitará un aparcamiento con 60 plazas, puntos de recarga para vehículos eléctricos y espacios para motocicletas, junto a zonas específicas para taxis y autobuses.
El proyecto, cofinanciado con fondos europeos Next Generation, forma parte del plan de mejora de Cercanías impulsado por el Ministerio de Transportes, que contempla cerca de 120 actuaciones en la red madrileña. Con una inversión global de 7.100 millones de euros, el objetivo es modernizar y reforzar uno de los sistemas de transporte más utilizados de la región.
FAMA. Los vecinos han elegido a la torera Cristina Sánchez y el karateka Francisco Mayoral como protagonistas de las próximas columnas del Paseo de la Fama. La columna dedicada a Sánchez se descubrirá el 13 de junio, durante las Fiestas del Agua, mientras que la de Mayoral verá la luz el 19 de septiembre, en el marco de las fiestas patronales. De forma paralela, el Ayuntamiento ha abierto ya el plazo para participar en el concurso pictórico que dará forma a las dos nuevas columnas. Los interesados pueden presentar sus propuestas hasta el 17 de mayo a un certamen que está abierto tanto a creadores individuales como a colectivos y entidades, siempre que tengan residencia en España. Para facilitar el trabajo, el Consistorio ha puesto a disposición de los participantes material gráfico y biográfico de los homenajeados. El fallo del jurado se conocerá el 18 de mayo. Cada uno de los proyectos ganadores recibirá un premio de 3.000 euros.



El 24 de febrero, un agente de la Policía Local de Parla se situó a las puertas del Ayuntamiento exhibiendo un cartel en el que denunciaba su situación laboral y reclamaba un turno nocturno para poder atender a su familia. Fue el inicio de una huelga de hambre que duró dos semanas, hasta que sufrió un desmayo por un síncope aparentemente provocado por una arritmia cardiaca.
El policía alegaba que la actual asignación en horario diurno dificultaba su conciliación familiar, especialmente con la llegada de su noveno hijo, y aseguró haber propuesto hasta cuatro alternativas horarias distintas, que según él no fueron aceptadas. Además, reconoció que en dos ocasiones tuvo que llevar a dos de sus hijos a dependencias policiales, lo que derivó en la apertura de un expediente disciplinario que podría suponer una suspensión de empleo y sueldo de hasta tres meses.
Desde el Ayuntamiento han defendido que, desde su incorporación a la Policía Local en 2024, el agente ha disfrutado de todos los permisos y medidas de conciliación disponibles, en igualdad con sus compañeros. También han recordado que una resolución judicial interpuesta por el trabajador desestimó su petición, considerando que concederle medidas extraor-

dinarias supondría un agravio comparativo frente al resto de la plantilla. Sin embargo, el agente, que se ha puesto en contacto con ZIGZAG, insiste en que el Ayuntamiento de Parla nunca le ha concedido ningún permiso ni medida conciliación: “Entiendo que se refieren al permiso de paternidad, pero eso depende del Estado”.
En cualquier caso, según fuentes municipales, algunas de las solicitudes del agente chocan con los derechos del resto del personal, y ha justificado el expediente abierto por llevar a sus hijos a dependencias policiales al considerar que ponía en riesgo a los menores. Desde el Consistorio han añadido que el trabajador contaba con días libres disponibles para atender asuntos familiares, pero optó por acudir a su puesto de trabajo acompañado de los menores.
“Presenté todas pruebas y ha quedado demostrado que, aunque tenía semanas disponibles de paternidad, me sobrevino una circunstancia de madrugada”, cuenta el agente.
En el caso de la Policía Local, los permisos de paternidad deben solicitarse con al menos 14 días de antelación y los de asuntos propios, al menos 5 días antes. “No tenía capacidad ni tiempo para pedirlos, y en cualquier caso los niños solo estuvieron un rato hasta que se los llevó mi mujer”. Por último, el Ayuntamiento ha indicado que el agente solicitó una permuta para prestar servicio en otro municipio, petición que el Gobierno dice que fue inmediatamente tramitada y que finalmente fue denegada por el consistorio de destino al haber un expediente abierto. “El alcalde me dijo que lo cerraría para que se me pudiese conceder la permuta, pero jamás ha cumplido su palabra”, lamenta.
En este punto, el agente recuerda el motivo por el que inició su huelga de hambre. Todo estaba listo para su traslado a Villa del Pardo a través de una comisión de servicios que ya le había sido concedida. Solo faltaba la firma del Ayuntamiento de Parla, pero le fue denegada. “Su pasividad frente a la desesperación de un empleado que únicamente reclama un turno en el que poder conciliar su vida familiar con sus obligaciones profesionales, demuestra que su compromiso con los derechos de los trabajadores, la igualdad de la mujer y el bienestar de la infancia no es más que una fachada hueca”, concluye.


El Ayuntamiento presentará recurso contra la sentencia que ha anulado los acuerdos adoptados para modificar el sistema de ejecución del desarrollo urbanístico PAU-5, donde está previsto el mayor polígono industrial de la Comunidad de Madrid. Así lo confirmó el alcalde, Ramón Jurado Rodríguez (PSOE), durante el pleno extraordinario convocado a petición de PP y Vox para pedir explicaciones por el “revés judicial”.

el sistema de compensación por el de expropiación forzosa para impulsar el desarrollo del PAU-5.
El fallo, conocido el pasado 22 de enero, declara nulos de pleno derecho los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno local el 7 de mayo de 2024, cuando el Ejecutivo local de PSOE y Más Madrid acordó sustituir
El Gobierno justificó entonces el cambio amparándose en la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, alegando “continuos incumplimientos de los propietarios” y defendiendo que la medida era necesaria “para consolidar definitivamente este proyecto de vital importancia para la ciudad”. Sin
embargo, la magistrada de lo Contencioso-Administrativo aprecia diversas irregularidades procedimentales, entre ellas “la falta de un procedimiento previo para declarar el incumplimiento”, lo que ha motivado la anulación.
Durante la sesión plenaria, Jurado avanzó que el Consistorio recurrirá la resolución judicial, manteniendo así abierta la vía administrativa y judicial sobre el futuro del desarrollo. La decisión fue criticada por el portavoz del PP, Héctor Carracedo, quien aseguró que el recurso “bloqueará de nuevo este vital desarrollo industrial para las arcas municipales” y aludió a la elevada deuda del Ayuntamiento.
Un enfrentamiento en el ascensor de la estación de Cercanías ha generado un intenso debate en redes sociales tras hacerse viral un vídeo grabado por una persona con movilidad reducida. En las imágenes, el usuario @Edgarzuarezdiaz denuncia que una mujer con un carrito de bebé le impide acceder primero al elevador, pese a tratarse de un espacio señalizado como prioritario.
La madre justificaba su postura señalando que transportaba a un recién nacido. “No es la primera vez que ocurre. Esta al menos no me ha agredido, como ocurrió ayer”, se queja el joven en el vídeo. El incidente se prolongó durante más de veinte minutos y requirió la intervención del personal de seguridad privada, que recordó a la mujer la señalización existente en el ascensor.
La normativa contemplan el uso preferente para personas en silla de ruedas, mayores, embarazadas o con carritos infantiles. El matiz está en el término “preferente”, que no implica exclusividad, por lo que cuando confluyen varias personas con ese derecho, suele aplicarse el criterio de mayor necesidad funcional: quien tenga mayores dificultades objetivas de movilidad.
El comisario de la Policía Nacional de Parla ha denunciado al exdirector adjunto operativo (DAO), José Ángel González, por presuntos delitos de abuso de autoridad, coacciones y contra la integridad moral. La denuncia se presentó en la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, donde el mando sostiene que fue cesado en 2024 y obligado a trasladarse a otro destino dentro del cuerpo por decisión del entonces DAO.
Desde la Delegación del Gobierno ofrecen una versión distinta. Fuentes oficiales aseguran que el traslado obedeció a cambios en las “necesidades operativas” en la Comunidad de Madrid y a la activación de planes específicos. Entre ellos, citan
el denominado Plan Parla, puesto en marcha ante el incremento de la criminalidad en el municipio. Según estas mismas fuentes, el plan supuso ajustes organizativos y un refuerzo de la coordinación con la Policía Local con el objetivo de “mejorar la eficacia del servicio y la respuesta policial” en la ciudad.
La denuncia se produce apenas una semana después de que González comunicara su dimisión. La salida de González del cargo se produjo tras conocerse que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid le citó a declarar el próximo 17 de marzo por una querella interpuesta por una agente que le acusa de agresión sexual. Ese mismo día está llamada a declarar la
denunciante.
El abogado de la querellante, Jorge Piedrafita, ha señalado que también se solicita investigar presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. La agente sostiene que el entonces DAO, con quien había mantenido una relación, la agredió sexualmente en una vivienda oficial del Ministerio en abril del año pasado. Además, denuncia haber sido presionada para no acudir a la Justicia.
La querella incluye un audio y describe “negativas inequívocas, claras y persistentes” de la agente, violencia física” e “intimidación ambiental”, en un contexto de “aislamiento, superioridad física y autoridad”.
La Comunidad de Madrid ampliará el próximo curso 2026/2027 el número de colegios públicos que impartirán los dos primeros cursos de ESO. Entre los nuevos 35 centros que se incorporarán al programa en toda la región se encuentran el CEIP La Paloma y el CEIP María Moliner. Los técnicos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades han comprobado que los colegios cuentan con los espacios y las instalaciones necesarias para impartir
estos cursos, por lo que a partir de septiembre pasarán a funcionar como CEIPSO, es decir, centros que ofrecen Educación Infantil, Primaria y los dos primeros cursos de Secundaria.
El número de colegios que aplican este modelo pasará de los 52 actuales a un total de 101 centros en toda la región. Según el Gobierno regional, el objetivo es facilitar una transición más progresiva entre Primaria y Secundaria, además de contribuir a mejorar el rendimiento aca-
démico y prevenir el fracaso escolar y el abandono. Esta iniciativa permite que el alumnado que actualmente cursa 6º de Primaria pueda comenzar 1º de ESO en su propio colegio, sin necesidad de trasladarse inmediatamente a un instituto. Asimismo, los estudiantes que ya están cursando 1º de ESO en los 52 centros autorizados el pasado curso continuarán en esas mismas instalaciones para completar 2º antes de trasladarse a su instituto de referencia.
Las numerosas medidas puestas en marcha por la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid parecen que empiezan a hacer efecto en Parla, que se está recuperando del tremendo aumento de la criminalidad registrado el año pasado. De hecho, la ciudad ha pasado de ser la quinta ciudad más insegura de la región a compartir el décimo puesto de la lista con Pinto, donde también se cometieron 49,9 delitos por cada mil habitantes en 2025.
La tasa de delincuencia de Parla es la misma que la registrada a nivel nacional, pero se encuentra por debajo de la del resto de la Comunidad de Madrid (54,9). Los datos publicados por el Ministerio del Interior en el último Balance de Criminalidad muestran que en 2025 se cometieron en la ciudad 6.863 infracciones frente a las 7.682 del año anterior. De hecho, se redujo tanto
la criminalidad convencional (-7,8%) como la cibercriminalidad (-25,2%).
Prácticamente todos los indicadores mejoraron.
Únicamente experimentaron un importante repunte los delitos relacionados con el tráfico de drogas (+48%).


El Juzgado de Parla ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el alcalde de la ciudad, Ramón Jurado, tras la denuncia presentada por el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Juan Marcos Manrique, por presuntas coacciones y prevaricación administrativa.
La denuncia se originó tras su expulsión durante el pleno ordinario de octubre, en el que se produjo un enfrentamiento por la exhibición de banderas de Palestina entre el público y algunos partidos. Según la denuncia, el concejal reclamó en varias ocasiones la retirada de estos símbolos al amparo del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), que prohíbe mostrar pancartas o carteles que puedan alterar el desarrollo de la sesión.
La situación generó momentos de tensión cuando
el edil de Vox arrancó de forma airada una de las banderas y recibió, según su versión, insultos desde el público y desde la bancada de los grupos de izquierdas formada por PSOE, Más Madrid y Podemos-IU. Fue el momento en el que el alcalde ordenó su expulsión del pleno.
En un auto fechado el 15 de febrero, la jueza concluye que no existe base penal para actuar contra el regidor, aunque se trata de una sentencia provisional contra la que todavía cabe recurso. El documento recoge que, según el acta de la sesión, el alcalde consideró que las banderas no tenían la consideración de pancartas, sino de folios, por lo que entendió que no se estaba incumpliendo el reglamento municipal.
El juzgado sostiene que esa decisión pudo respon-
der, en todo caso, a una interpretación discutible de la normativa, pero no a una actuación arbitraria carente de explicación razonable. Por este motivo, descarta la existencia de un delito de prevaricación administrativa.
Respecto a la expulsión del concejal, la resolución señala que el hecho de que no se produjeran los tres avisos previos de llamada al orden establecidos en el reglamento “carece de relevancia penal”. El auto también recuerda que, aunque existe un informe de Secretaría que apunta que la expulsión no se ajustó al reglamento, durante la sesión el secretario municipal no advirtió al alcalde de ningún incumplimiento. Además, la jueza considera que no se produjo perjuicio alguno para la ciudadanía ni para los intereses generales de la Administración.
El pleno aprobó en su sesión ordinaria de febrero conceder el nombre de Sala Rosa María Baños Granado al lugar de trabajo de la Biblioteca Municipal Gloria Fuertes, en reconocimiento a la trayectoria y compromiso de la trabajadora municipal fallecida en agosto de 2025. La propuesta salió adelante con los votos favorables de todos los grupos de la corporación salvo por la abstención de VOX.
Con esta decisión, el Consistorio rinde homenaje a una profesional que dedicó 35 años al servicio público, la mayor parte de ellos en el ámbito cultural. Durante la defensa de la iniciativa en el pleno, la concejala de Cultura, Gema García Torres, subrayó la importancia de reconocer a personas “invisibles” de cara al exterior, pero esenciales en el funcionamiento diario de la ciudad.
Rosa María contribuyó de manera decisiva a la puesta en marcha y dinamización de las dos bibliotecas municipales. Su trabajo ayudó a transformar la biblioteca en un espacio vivo y abierto, convirtiéndola en un lugar de encuentro. Entre las iniciativas impulsadas por Baños Granado figura la creación del Club de Lectura ‘Libros de cine’, el más longevo de las bibliotecas municipales.
Mirasur School ha sido distinguido como Google Education Premier Reference School, una certificación que reconoce a los centros educativos que representan el nivel más alto de innovación aplicado al al aprendizaje.

Con este reconocimiento, el centro pinteño se sitúa entre las primeras escuelas del mundo en obtener esta distinción dentro de la red internacional de colegios que colaboran con Google for Education, consolidando una trayectoria que comenzó hace ya varios años.
La relación entre el colegio y Google se inició en 2018, y apenas un año después el centro se convirtió en la primera Google Reference School de España. Ahora, esta nueva certificación supone un paso más en el compromiso del colegio con la transformación educativa.
Desde la dirección destacan que este reconocimiento llega tras años de trabajo en la integración pedagógica de la tecnología. “Para nosotros la tecnología nunca es un fin en sí misma, sino una herramienta para mejorar el aprendizaje.
Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso con una educación que combine
innovación, pensamiento crítico y uso responsable de las herramientas digitales”, explica Pedro Sampedro, director de Mirasur School.
Google define a las Premier Reference Schools como centros que no solo utilizan sus herramientas tecnológicas, sino que también contribuyen a transformar la forma en que los estudiantes aprenden, piensan y resuelven problemas, convirtiéndose en referentes internacionales de innovación educativa.
En este contexto, Mirasur School trabaja directamente con Google en el desarrollo, prueba y evaluación de nuevos entornos educativos. “Lo más valioso de esta colaboración es que podemos experimentar, aprender y compartir con una comunidad internacional que está repensando cómo debe ser la educación en la era digital. Trabajar directamente con Google nos permite probar nuevas herramientas en contextos reales de aprendizaje
y evaluar cómo pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar competencias clave para su futuro”, apunta Miguel Ujeda, director de Innovación del centro y fundador de GEG España (Google Educator Group).
La incorporación de nuevas tecnologías en el centro se desarrolla siempre desde un enfoque de seguridad, ética y responsabilidad digital. Las herramientas se utilizan dentro de un entorno digital diseñado para garantizar la privacidad de los datos de alumnos y profesores. Precisamente, el colegio pinteño está desarrollando un proyecto piloto pionero para el despliegue progresivo de la Inteligencia Artificial Generativa en el aprendizaje. Este plan incluye formación entre el alumnado pre universitario para utilizar aplicaciones como Gemini o Notebook LM como herramientas de apoyo al estudio, acompañado de un sólido plan de capacitación docente. Además, el colegio ha creado una web sobre el uso responsable de la IA y ofrece a los padres herramientas prácticas para acompañar a sus hijos en el uso de la tecnología continúa en su Escuela de Familia.

