Análisis Constitucional tanto a la Constitución de Francia y la Constitución Dominicana

ESCUELA PARA CADETES “MAYOR GENERAL ®JOSÉ FÉLIX RAFAEL HERMIDA GONZÁLEZ”, P.N. DIGNIDAD-DISCIPLINA-CONOCIMIENTO

TEMA: Análisis comparativo entre la constitución Dominicana y Francesa.

Asignatura: Derecho Constitucional.

Sustentante:

Ing. +Licdo. Yunior Andrés Castillo S. yuniorandrescastillo@gmail.com Celular: 1-829-725-8571

Facilitador

Lic. Joselyn Muñoz, MA. República Dominicana, 2021.

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ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y FRANCESA

TRABAJO FINAL

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ÍNDICE:

Introducción………………………..…………………………………………………………………….3

Marco Teórico 1.1.-Etimología y Origen de la palabra Constitución………………………………….…………………4 1.2.-Tipos de Constitución……………………………………………………………………………….8 1.2.1.-Constitución Escrita………………………………………………………………..…………...8 1.2.2.-La Constitución no escrita……………………………………………………………….……..9 1.2.3.-Constitución rígida…………………………………………..…………………………….……9 1.2.4.-Constitución flexible………………..…………………………..………………………………9 1.3.-Origen de la Constitución Francesa……………………………………………..…………………10 1.4.-Origen de la Constitución Dominicana…………………………………...………………………..10 1.5.-Reformas de la Constitución Dominicana y la Constitución Francesa………………..……….…..13 1.6.-Análisis de los principios fundamentales de la Constitución Francesa…………...……………….23 1.7.-Análisis de los principios fundamentales de la Constitución Dominicana…………………...……25 1.8.-Similitudes y diferencias de ambas constituciones……………………………………..………….26 Conclusión…………………………..…………………………………………………………….…….31 Referencias biográficas……………………………………...………………………………………….33 Anexos………………………………………………………………….……………………………….35

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INTRODUCCIÓN

El presenta trabajo que continuación se presentaremos trata del desarrollo de los contenidos ofreciendo las informaciones necesarias para el presente proyecto de la asignatura Derecho Constitucional. En el mismo presentamos una breve descripción que resulta sumamente interesante escribir e interpretar sobre el tema análisis comparativo entre la constitución dominicana y francesa. En el cual se establecen diferencias y semejanzas entre ambas Constituciones, así como los aspectos fundamentales, organización y estructura de las mismas.

La constitución es la ley fundamental de la organización de un estado. También se puede definir como la carta magna de un país o la forma de un gobierno que tiene cada estado. La palabra constitución se deriva del latín constitutito, que significa organización, composición, formación, adherencias de las partes de un todo. Para un país la constitución es el conjunto de leyes mediante las cuales se establece no solo la forma de gobierno, sino las modalidades o formas para poner a funcionar los poderes públicos.

Algunos historiadores le llaman a nuestra constitución: "El acta de nacimiento de la nación dominicana".

La idea de Constitución tiene su origen en Grecia. El estado Ateniense. La Polis, como ellos le llamaban, tuvo una constitución que organizaba un gobierno político central, además una asamblea para juzgar las leyes y juzgados menores. Así nacía el principio de la división de lo poderes. Roma también fue pionera. La Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que rigen la organización y las relaciones entre los poderes públicos y fijan los grandes principios del derecho público de un Estado.

La Constitución establece los derechos y deberes de los ciudadanos, así como también rige las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, y estos aspectos tan importantes los veremos en el desarrollo de este tema. Asimismo, veremos en qué factores la Constitución Francesa tiene similitud con nuestra Constitución respecto a la nación y la ciudadanía, los Derechos Absolutos, los Derechos Políticos y los poderes del Estado.

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MARCO TEÓRICO: 1.1.- Etimología y Origen de la palabra Constitución.

La palabra constitución viene del latín constitutio, constitutionis, nombre formado a partir del verbo constituere (establecer, colocar, organizar, construir). Este verbo se forma con el prefijo con(conjuntamente, idea de conjunto) y el verbo statuere (colocar, situar, disponer, erigir) con apofonía radical. Statuere es un verbo derivado de stare (estar en pie), cuya raíz indoeuropea es vista- (estar en pie). Es por eso que la palabra constitutio significa situación, disposición y organización conjunta de las cosas, y en el plano jurídico pasó a designar en la antigua Roma a aquellas disposiciones legales que reglamentaban algo de manera conjunta y completa. Se daban constituciones en época republicana, pero luego fueron muy importantes las llamadas "constituciones imperiales" que los distintos emperadores daban sucesivamente compilando las más importantes leyes que globalmente debían regular su mandato. Es por eso que constitución acaba significando la ley más fundamental de un Estado que recoge derechos y deberes ciudadanos y define los poderes y las instituciones, definiendo la organización global y sirviendo de base conjunta para todos los desarrollos legales o disposiciones diferentes que existan. Del verbo statuere tenemos múltiples derivados, como estatua, estatura, estatuto, instituir, destituir, prostituir, sustituir, etc. Mucho más numerosos aún son los derivados que se vinculan a starey su familia verbal, como estar, estamento, estancia, estante, circunstancia, constar, costar, distar, instante, obstáculo, obstetricia, prestar, restar, estambre, estado, estadística, establo, condestable, destinar, instaurar, restaurar, restaurante, testamento, protestar, testigo, poste, etc.1 La constitución es la ley fundamental da la organizaron de un estado. También se puede definir como la carta magna de un país o la forma de un gobierno que tiene cada estado. La palabra constitución se deriva del latín constitutito, que significa organización, composición, formación, adherencias de las partes de un todo. Para un país la constitución es el conjunto de leyes mediante las cuales se establece no solo la forma de gobierno, sino las modalidades o formas para poner a funcionar los poderes públicos. Algunos historiadores le llaman a nuestra constitución: "El acta de nacimiento de la nación dominicana". La idea de Constitución tiene su origen en Grecia. El estado Ateniense. La Polis, como ellos le llamaban, tuvo una constitución que organizaba un gobierno político central, además una 1Etimología de la palabra constitución. Buscado el 20 de marzo del 2020, en la página: http://etimologias.dechile.net/? constitucio.n 4

asamblea para juzgar las leyes y juzgados menores. Así nacía el principio de la división de los poderes.

Roma también fue pionera.

Es por tanto que la palabra Constitución significa ¨ Fuerza o sistema de gobierno que tiene cada Estado¨ Ley fundamental da la organizaron de un estado. También se puede definir como la carta magna de un país o la forma de un gobierno que tiene cada estado. Para un Estado la Constitución es el conjunto de leyes mediante las cuales se establece no sólo la forma de gobierno, sino las modalidades del funcionamiento de los poderes públicos.

Jiménez de Parga la define como: “Un sistema de normas jurídicas, escritas o no, que pretende regular los aspectos fundamentales de la vida política de un pueblo.”

Concepto de Constitución según Hans Kelsen. Para Kelsen el vocablo Constitución tiene dos sentidos, un sentido lógico-jurídico y un sentido jurídico-positivo.

Según Kelsen, la Constitución en su sentido lógico-jurídico, es la norma fundamental o hipótesis básica; la cual no es creada conforme a un procedimiento jurídico y, por lo tanto, no es una norma positiva, debido a que nadie la ha regulado y a que no es producto de una estructura jurídica, sólo es un presupuesto básico. Precisamente, a partir de esa hipótesis se va a conformar el orden jurídico, cuyo contenido está subordinado a la norma fundamental, sobre la cual radica la validez de las normas que constituyen el sistema jurídico. Por su parte, una Constitución en el sentido jurídico-positivo, se sustenta en el concepto lógico-jurídico, porque la Constitución es un supuesto que le otorga validez al sistema jurídico en su conjunto, y en norma fundamental descansa todo el sistema jurídico. En este concepto la Constitución ya no es un supuesto, es una concepción de otra naturaleza, es una norma puesta, no supuesta. La Constitución en este sentido nace como un grado inmediatamente inferior al de la Constitución en su sentido lógico-jurídico.

Según Kelsen la Constitución puede ser contemplada en dos sentidos: en un sentido material y en un sentido formal. En su sentido material está constituida por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y, especialmente, la creación de leyes. Además de la regulación de la norma que crea otras normas jurídicas, así como los procedimientos de creación del orden jurídico; también desde el punto de vista material, la Constitución contempla a los órganos superiores del Estado y sus competencias. Otro elemento que contiene dicho concepto material, son las relaciones de los hombres con el propio poder estatal y los derechos fundamentales del hombre. La Constitución en sentido 5

material implica pues, el contenido de una Constitución. De ahí, que la Constitución en su sentido material tiene tres contenidos: el proceso de creación de las normas jurídicas generales, las normas referentes a los órganos del Estado y sus competencias, y las relaciones de los hombres con el control estatal. La Constitución en sentido formal –dice Kelsen—es cierto documento solemne, un conjunto de normas jurídicas que sólo pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales, cuyo objeto es dificultar la modificación de tales normas. La Constitución en sentido formal es el documento legal supremo. Hay una distinción entre las leyes ordinarias y las leyes constitucionales; es decir, existen normas para su creación y modificación mediante un procedimiento especial, distintos a los abocados para reformar leyes ordinarias o leyes secundarias.

Por su parte, el autor Carro Martínez, la describe como: “La organización fundamental de las relaciones de poder del Estado.” Aunque, como hemos visto, el término Constitución es usado en el lenguaje con una pluralidad de significados, cabe señalar cuatro significados principales, a saber: a) La constitución es todo ordenamiento político liberal; b) La constitución es un conjunto de normas jurídicas, en cierto sentido fundamentales, que caracterizan e identifican todo ordenamiento; c) La constitución es el documento normativo que tiene ese nombre o un nombre equivalente; d) La constitución es un particular texto normativo dotado de ciertas características formales.

En la teoría general del derecho, “Constitución” designa el conjunto de normas fundamentales, que identifican a cualquier ordenamiento jurídico. A pesar de que es debatible cuáles normas son fundamentales y cuáles no, hay consenso en que son normas fundamentales las que disciplinan la organización del Estado, el ejercicio del poder estatal y la conformación de los órganos que ejercen dichos poderes; las que disciplinan las relaciones entre el Estado y los individuos; las que disciplinan la producción de normas y las que expresa los valores y principios que informan todo el ordenamiento jurídico.2 Mientras que el jurista dominicano Julio Brea Franco, entiende que jurídicamente, la Constitución, puede entenderse de diferentes modos: 1. En sentido institucional: Se refiere a la estructura esencial, al conjunto de sus elementos constitutivos y a la vida misma del Estado; 2. En sentido material: Es el complejo de normas jurídicas, escritas o no que rigen el ejercicio del poder, es decir, el proceso de la toma de decisiones.

2 Eduardo Jorge Prats. (2014), Manual de Derecho Constitucional. Cuarta edición, Santo Domingo. Editorial Trajano Potentini 6

3. En sentido Formal: Es el complejo de normas legislativas (necesariamente escritas) que se distinguen de las formas legislativas ordinarias porque son fruto de un proceso formativo más arduo, más complejo y más solemne. Las normas legislativas constitucionales se caracterizan: Porque son elaboradas por medio de un proceso especial, o por un órgano legislativo especial (Asamblea Constituyente) o por un órgano ordinario (Asamblea Nacional), pero con procedimientos agravados o dificultados, tales como una mayoría calificada, doble votación, etc; y porque su modificación está también sometida a condiciones y procesos especiales; 4. En sentido Documental: Es un acto o un documento fundamental en el que han sido formuladas en su gran mayoría las normas materialmente constitucionales. No todos los Estados tienen una Constitución documental, estando la Constitución formal contenida en varias leyes constitucionales u otros documentos. De lo que puede deducirse que la constitución formal y la documental no siempre coinciden.

Sobre sus características, se señalan: 1. Depende de que las normas materialmente constitucionales, estén escritas o no; de ahí las: a. Constituciones escritas: Aquellas que han sido otorgadas o votadas por un Magistrado o por una Asamblea con capacidad para hacerlo y que por supuesto figuran estampadas en documentos con fuerza jurídica; b. Constituciones no escritas o Constituciones consuetudinarias: Son aquellas que están integradas por normas tradicionales reconocidas como supremas por los pueblos y los gobernantes, Inglaterra es hoy ya la única nación de importancia que sigue apegada a este tipo de Constitución.

2. Depende del mecanismo utilizado para su modificación: a. Constituciones rígidas: Son aquellas que han sido votadas por una Asamblea especialmente establecida o apoderada para ello únicamente y que no pueden ser modificadas sino por una asamblea de la misma naturaleza, y no por los órganos que ella establece para el ejercicio del gobierno ordinario.

Son rígidas también aquellas que una vez implantadas, no pueden ser modificadas sino por un procedimiento especial y extraordinario, aunque este procedimiento pueda ser iniciado y conducido por órganos permanentemente establecidos por la Constitución para el gobierno ordinario. b. Constituciones flexibles: Son aquellas que pueden ser reformadas por las asambleas establecidas para producir la legislación ordinarias. De esta forma todas las leyes tienen la misma fuerza y rango y ninguna puede ser técnicamente considerada o declarada como inconstitucional, ni por el Poder Ejecutivo, ni por los Tribunales.

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3. Dependerá de estas normas estén o no contenidas en uno o varios documentos: a. Unidocumental: Son las redactadas por una Asamblea soberana, la mayor parte de las constituciones modernas son unidocumentales, en un solo documento; b. Pluridocumentales: Sucede en aquellos países en donde existen varias leyes constitucionales, como por ejemplo en Suecia.

4. Dependerá de cuan novedoso sea dicho documento: a. Constituciones originales: Cuando aporta un principio constitucional nuevo; ejemplo la Constitución de Estados Unidos de América. b. Constituciones derivadas: Cuando no aportan ningún principio nuevo, sino que siguen un modelo ya existente; por ejemplo, nuestra Constitución de 1844.

5. Dependerá de sí plantean fines y metas sociales o no, y se clasifican: a. Constituciones programáticas-ideológicas: Como por ejemplo las Constituciones de Democracia Marxista o económica, la Constitución Italiana de 1947, la Constitución Dominicana de 1963. b. Constituciones utilitarias o individuales: Cuando plantean y defienden los valores individuales y la libertad de los ciudadanos y limitan la intervención del Estado. (Constitución norteamericana).

6. Constituye la clasificación ontológica: Según posean validez práctica y sean aceptadas y cumplidas por los gobernantes y gobernados: a. Normativas: Cuando las normas constitucionales sirven realmente como controles de los gobernantes y como protección efectiva de los gobernados contra el capricho del gobierno. En otras palabras, cuando tiene vigencia real. Es el caso de los países desarrollados. b. Nominales: Cuando tiene validez jurídica, pero carece de vigencia real. c. Semánticas: Cuando no es más que la formalización jurídica de una situación de poder establecida para dar visos de legalidad a un gobernante de facto. Es el caso de las dictaduras y gobiernos surgidos de golpes de Estado.

1.2.-Tipos de Constitución: Estas son las diversas modalidades constitucionales existente, desde el mismo inicio del concepto constitución, hasta nuestros días, las cuales son las siguientes: 1.2.1.-Constitución Escrita: Es aquella que ha sido otorgada y votada `por un magistrado o por una asamblea con capacidad para hacerlo y que figura estampada de documentos con fuerza jurídica. La constitución dominicana es escrita. La expresión “Constitución escrita” ha sido utilizada en 8

contraposición a las constituciones consuetudinarias. La noción de Constitución escrita aparece con la Revolución francesa, y la misma descansa en un texto único, emanado del Poder Constituyente. Por eso se insiste que la Constitución formal resulta siempre escrita. Son aquellas que han sido otorgadas o votadas o por un Magistrado o por una Asamblea con capacidad para hacerlo y que por supuesto figuran estampadas en documentos con fuerza jurídica.

1.2.2.-La Constitución no escrita: Responde fundamentalmente a un determinado contexto histórico tradicional, en la cual la mayor parte de sus normas son el resultado de un largo proceso evolutivo vivido por ese pueblo. La Constitución no escrita traduce fundamentalmente que sus normas en su casi totalidad no han sido codificadas en un documento único. Regularmente la Constitución no escrita tiene partes escritas, como ocurre en Inglaterra, que es el ejemplo clásico de un país que tiene una Constitución no escrita, tiene textos constitucionales escritos, de una importancia excepcional para el pueblo inglés, entre los cuales se destacan, la Carta Magna de 1215, la Petitition Of Rights de 1628, el Bill of Rights, de 1689 y el Act Of Settlement de 1701.

1.2.3.-Constitución rígida: Son aquellas que han sido votadas por una asamblea especialmente establecida o apoderada para aquello únicamente, y que no puede ser modificada sino por una asamblea de la misma naturaleza. La constitución dominicana es rígida, porque después de haber sido implantado por una asamblea especial, la de San Cristóbal de 1844 no podía ser reformada sino por una asamblea igual. La Constitución rígida: Supone que en su elaboración participó una Asamblea Legislativa especial (Asamblea Constituyente), convocada expresamente para tales fines, Por consiguiente, esta solamente podrá modificarse a través de la observancia de formalidades complejas, establecidas en la misma Constitución. Cada Constitución contempla su propio mecanismo de reforma.

1.2.4.-Constitución flexible: Es aquella que puede ser reformada por la asamblea establecida para producir la legislación ordinaria. Ejemplo de constitución flexible es Inglaterra, donde la constitución puede ser reformada por el parlamento sin ningún procedimiento especial. La Constitución flexible, en teoría, se pueda modificar sin graves dificultades, no resulta así en la práctica, ha presentado a través de su historia evidencias de una rigidez singular, resultando sumamente difícil que por una acción del parlamento se puedan alterar normas constitucionales que datan de siglos y que son un fiel reflejo del sentir del pueblo.

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Es criterio de muchos autores, que todas las Constituciones tienen algo de rígida y de flexible, ya que si bien es cierto que se pueden establecer mecanismos constitucionales que imposibiliten su modificación, siempre será posible introducirle modificaciones.

De ahí, estas se sub dividen en:  Constitución consuetudinaria: Es aquella que esta integrad por normas tradicionales reconocidas como suprema por los pueblos y gobernantes. Es decir, la costumbre lo es todo en este tipo de constitución. Inglaterra es un ejemplo de este tipo de constitución, no quiere decir que sus normas no figuran por escrito, lo que la caracteriza es que las normas no han sido dictadas como tales por una autoridad o asamblea.  Constitución en sentido lato: Toda nación tiene una constitución política cuando reúne las condiciones de un estado: esto es cuando tiene una organización gubernativa propia e independiente de toda otra comunidad.  Constitución en sentido escrito: Es un ordenamiento político fundamental de la nación, que no se limita a establecer los órganos gubernativos y los límites de lo poderes y facultades de los héroes.

1.3.- Origen de la Constitución Francesa.

Francia tiene una larga e inestable historia constitucional, debida a las convulsiones políticas sufridas en los siglos XVIII y XIX. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799 cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del Antiguo Régimen. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía durante 75 años después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, y en algunas ocasiones las masas populares, se convirtieron en la fuerza política dominante en el país.3 Francia, debida a las convulsiones políticas sufridas en los siglos XVIII y XIX. Estas son las normas fundamentales que ha tenido Francia a lo largo del tiempo, la fecha en que se aprobaron y el régimen político que instauraron o durante el cual estuvieron en vigor.

Antes de las constituciones y como base de las mismas fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Constitución francesa de 1791, que instauró una monarquía parlamentaria (3 de septiembre de 1791).

1.4.- Origen de la Constitución Dominicana.

3 Historia del constitucionalismo francés. Buscado el 20 de marzo del 2020, en la página: https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_constitucionalismo_franc%C3%A9s 10

La mayoría de los pueblos latinoamericanos proclamaron su Constitución, inspirados en la de los Estados Unidos, España y Francia. Nuestra primera Constitución surge con la idea de un sistema constitucional dominicano paralelo a la lucha por la independencia del país. En el manifiesto del 16 de enero de 1844, que prepara la insurrección (sublevación) armada de 27 de febrero se indica la necesidad de dar al pueblo un código fundamental que fije sus deberes y garantice sus derechos. La Constitución Dominicana es el conjunto de principios políticos y promesas contenidas en la manifestación dirigida al pueblo por los Trinitarios el 16 de enero de 1844, con el propósito del grupo separatista de convertir la Nación dominicana en un Estado unitario, católico, republicano, democrático y representativo. Nuestra Constitución fue redactada tomando el espíritu del pensamiento liberal europeo y norteamericano, teniendo como transfundo las ideas del contrato social de Rosseaux y los ideales que inspiraron la revolución francesa. Nuestra Carta Magna, documento solemne, que contiene el núcleo de las principales normas que conforman nuestro ordenamiento, se caracteriza por ser: a. Constitución escrita Unidocumental: Es decir, es una Constitución escrita, no consuetudinaria, cuyas normas se encuentran contenidas en un documento solemne, redactado y votado por una Asamblea Constituyente, expresión directa de la nación; b. Procedimiento de emanación: popular y de facto: La Constitución dominicana emanó por medio del procedimiento popular, toda vez que fue redactada y sancionada por una Asamblea Constituyente creada con tal finalidad. Puede decirse, además, que el proceso de creación de la Constitución dominicana, se trató de un procedimiento de facto (o de hecho), ya que es el producto de la independencia o separación de Haití. Al crearse un nuevo Estado, su ordenamiento constitucional representa u opera una ruptura con la anterior. c. La Constitución es derivada, no original:

Esto así, porque no aporta ningún principio

constitucional nuevo, sino que se limita más bien a realizar una obra de adaptación, es decir, transplantar a nuestro medio las experiencias constitucionales de otros países, tales como:  La Constitución haitiana del 30 de septiembre del 1843; al examinar los textos haitianos y el dominicano se pueden identificar alrededor de 113 artículos que son idénticos o muy parecidos; esta influencia es explicable porque en la Constituyente haitiana participaron algunos dominicanos, como Manuel María Valencia, Buenaventura Báez y Juan Nepomuceno Tejera;  La Constitución de los Estados Unidos de América de 1847, en cuanto el texto dominicano adoptó la forma de gobierno constitucional, republicano, esto es el sistema presidencial creado por los constituyentes estadounidenses.

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 La Constitución de Cádiz de 1812, la cual incidió en nuestro sistema constitucional, sobre todo en lo relativo a los diputados provinciales, explicable por haber sido colonia española, nuevamente en el periodo comprendido entre el 1809 y el 1821.  Las Constituciones francesas de 1799 y 1804: La influencia de las Constituciones francesas es evidente, sobre todo en relación a las denominaciones atribuidas a las ramas del órgano legislativo previstas en la Constitución de 1844: Consejo Conservador para la Cámara Alta y Tribunado para la Baja. d. La forma y estructura del texto de 1966: Organizado en títulos, a su vez formado por secciones, artículos párrafos, incisos y letras. El texto contiene 14 títulos y 124 artículos que se pueden descomponer en ocho partes, a saber:  Forma de Estado, forma de gobierno, límites territoriales y régimen fronterizo;  Derechos Humanos;  Derechos Políticos;  Ordenamiento institucional del Estado;  Ordenamiento territorial;  Elecciones;  Fuerzas Armadas;  Generales  Reforma Constitucional; e. Texto constitucional extensivo o intermedio: Nuestra Constitución sigue una tendencia extensiva, no se limita únicamente al establecimiento de la forma de gobierno y a su funcionamiento, a la enunciación y consagración de los derechos humanos, sino contiene además gran parte de las normas constitucionalmente materiales, incluyendo la organización administrativa y judicial, los principios fundamentales de derecho civil y penal, así como también principios de naturaleza programática, del estado en material social y económica; Otros autores, como es el caso de Manuel Amiana, consideran al texto constitucional dominicano, como intermedio, ni muy extenso, ni muy corto. f. Naturaleza de las prescripciones constitucionales: En nuestra Constitución podemos aislar tres tipos de prescripciones constitucionales: a. Prescripciones obligatorias; Que establecen derechos y deberes, establecidos en:

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 Derechos fundamentales (TÍTULO II - DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES FUNDAMENTALES: Van desde el Artículo 37 (Derecho a la vida) hasta el artículo 74 (Principios de reglamentación e interpretación).  Deberes fundamentales (CAPÍTULO IV DE LOS DEBERES FUNDAMENTALES: artículo 75) b. Prescripciones directivas o programáticas: Que son las que establecen normas de las que el legislador ordinario no puede apartarse. En otras palabras, son prescripciones que determinan políticas o planes de acción futura del Estado en determinadas materias, como por ejemplo las del artículo 8, inciso 17; c. Prescripciones institucionales u organizativas: Que crean las instituciones constitucionales sin establecer reglas de conducta, como por ejemplo los títulos IV y VII. d. Constitución semi-rígida: Por el procedimiento de reforma que prevé el texto constitucional vigente, puede ser definido como semi-rígido, esto es, reformable a través de un mecanismo diferente al utilizarlo para la creación de las leyes ordinarias. En base a esto se crea una diferencia y jerarquía entre las leyes constitucionales y las ordinarias. Pero es semi-rígida y no rígida. Ya que el órgano debe ser especial, como, por ejemplo, la Asamblea Revisora contemplada en el texto de reforma de 1955; e. Caracterización ideológica de la Constitución Dominicana, Nuestra Constitución está dentro de las llamadas constituciones liberales cuyo paradigma o modelo lo podemos encontrar en la Constitución de los Estados Unidos de América la Constitución francesa de 1791, las características de este tipo de constitución estriban en la proclamación de los derechos de libertad, con una concepción negativa del estado y el particular relieve que asume el derecho de propiedad. Pero como la Constitución Dominicana insiste también en una serie de derechos sociales, se puede catalogar como una constitución liberal, con muy tímidos tintes o matices democrático-social.

1.5.-Reformas de la Constitución Dominicana y la Constitución Francesa.

Nuestra Constitución Dominicana desde su proclamación en el año 1844 ha sufrido varias reformas la primera en 1856 y la última en el año 2015, y estas modificaciones no han alterado la teoría política que desde el principio la inspiró. Las reformas más fundamentales han sido:  La reafirmación del sistema bicamarista  La supresión del referendo ministerial de los actos del Presidente  La instauración del sufragio directo para las magistraturas políticas 13

 La creación del recurso de casación  La extensión de los derechos políticos a la mujer  La supresión de la pena de muerte  La consagración explícita del poder del congreso para dictar leyes reguladoras de las relaciones obrero-patronales  La consagración de la posibilidad de la expropiación para fines de interés social  La posibilidad de establecer jurisdicciones contencioso-administrativas, poniéndose así fin a una polémica.

Nuestra Constitución es un documento solemne que contiene el núcleo de las principales normas que conforman nuestro ordenamiento Por su parte la Constitución Francesa del 4 de octubre de 1958 regula el funcionamiento de las instituciones de la V República.  La elección del presidente de la República por el sufragio universal directo (1962)  Introducción de un nuevo título relativo a la responsabilidad penal de los miembros del Gobierno (1993)  Instauración de una única sesión del Parlamento Extensión del referéndum (1995)  Disposiciones transitorias relativas al estatuto de Nueva Caledonia (1998)  Establecimiento de la Unión económica y monetaria, igualdad de los hombres y mujeres a los mandatos electorales y funciones electivas, reconocimiento de la jurisdicción del Tribunal penal internacional (1999)  Reducción del mandato presidencial (2000) La Constitución Francesa garantiza el funcionamiento de un sistema que cuenta con tres características principales:  Los gobernados eligen realmente a sus gobernantes, y decisión es respetada.  Los gobernantes cuentan con el apoyo del parlamento.  Los gobernantes son responsables ante los gobernados, quienes tienen alternativas de manifestar su opinión en las siguientes elecciones.

Las modificaciones o actualizaciones constituciones de Francia son: 1) Constitución francesa del año I (calendario republicano francés), que nunca se aplicó (21 de junio de 1793).

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2) Constitución francesa del año III, que instituyó el Directorio (5 fructidor del año III = 28 de julio de 1795).

3) Constitución francesa del año VIII, que instituyó el Consulado (22 frimario del año VIII = 13 de diciembre de 1799).

4) Constitución francesa del año X, siempre durante el Consulado (16 termidor del año X = 2 de agosto de 1802).

5) Constitución francesa del año XII, que instituyó el Primer Imperio Francés (28 floreal del año XII = 18 de mayo de 1804).

6) Carta constitucional del 4 de junio de 1814 (Restauración).

7) Acta adicional a las constituciones del Imperio del 22 de abril de 1815 (Cien Días).

8) Carta constitucional del 14 de agosto de 1830 (Monarquía de Julio).

9) Constitución francesa de 1848 (4 de noviembre de 1848, Segunda República Francesa).

10) Constitución francesa de 1852 (14 de enero de 1852, Segundo Imperio Francés).

11) Leyes constitucionales de 1875 (Tercera República Francesa).

12) Ley constitucional del 10 de julio de 1940 (Francia de Vichy).

13) Constitución francesa de 1946 (27 de octubre de 1946, Cuarta República Francesa).

14) Constitución francesa de 1958 (4 de octubre de 1958, Quinta República Francesa).

La Constitución francesa de 1958, de 4 de octubre, es el texto fundador de la V República, el sistema político vigente desde su entrada vigor. Fue adoptada por referéndum el 28 de septiembre de 1958 y es el decimoquinto texto fundamental (o el vigésimo segundo si se cuentan los textos que no se aplicaron) de Francia desde la Revolución francesa. La Constitución es la norma suprema del sistema jurídico francés y organiza las autoridades públicas, define su papel y sus relaciones. Se modificó en diecinueve ocasiones desde su publicación, bien por el Parlamento reunido en Congreso o directamente por el pueblo a través de referéndum: las normas relativas a la revisión de la Constitución están previstas por la propia Constitución. Está estructurada en un Preámbulo y dieciséis títulos que recogen ciento tres artículos, dos de los cuales son disposiciones transitorias. El Preámbulo hace referencia directa y explícitamente a otros tres textos fundamentales: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, el Preámbulo de la Constitución francesa de 1946, de 27 de octubre (la Constitución de la IV República), y la Carta del medio ambiente de 2004. Estas normas se entienden incluidas en el bloque de constitucionalidad, por lo que los jueces las aplican directamente y el legislador debe respetarlas, bajo el control del juez constitucional. Fue escrita con el objetivo de poner fin a la inestabilidad del gobierno y la crisis de la guerra en Argelia y está marcada por el regreso 15

de un Ejecutivo fuerte. Dos hombres han estampado sus ideas: Michel Debré, por el modelo británico y su primer ministro fuerte, y por De Gaulle, que quería situar al Presidente de la República como garante de las instituciones. La constitución de la V República está fuertemente influenciada por los principios enunciados por Charles de Gaulle durante su famoso discurso en Bayeux el 16 de junio de 1946.

La estructura actual de la Constitución Francesa actual, está dividida en I Preámbulo, 17 Títulos y 92 Artículos (Incluye hasta la reforma constitucional practicada en 2000), las cuales citamos a continuación: PREÁMBULO: El pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a los principios de la soberanía nacional tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el Preámbulo de la Constitución de 1946. En virtud de estos principios y del de la libre determinación de los pueblos, la República ofrece a los Territorios de Ultramar que manifiesten la voluntad de adherirse a ella nuevas instituciones fundadas en el ideal común de libertad, igualdad y fraternidad y concebidas para favorecer su evolución democrática.

Artículo 1 (Modificado 28/03/2003): Francia es una República indivisible, laica, democrática y social.

Asegura la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y respeta todas las creencias. Su organización es descentralizada.

Título I de la soberanía: desde el Artículo 2 al Artículo 4 Título II del Presidente de la República: Desde el Artículo 5 al Artículo 19 Título III del Gobierno: Desde el Artículo 20 al Artículo 23 Título IV del Parlamento: Desde el Artículo 24 al Artículo 33 Título V de las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno: Desde el Artículo 34 (Modificado 28/03/2003) al Artículo 51 Título VI de los tratados y acuerdos internacionales: Desde el Artículo 52 al Artículo 55 Título VII del Consejo Constitucional: Desde el Artículo 56 al Artículo 63 Título VIII de la autoridad judicial: Desde el Artículo 64 al Artículo 66 Título IX del Alto Tribunal de Justicia: Desde el Artículo 67 al Artículo 68 Título X de la responsabilidad penal de los miembros del Gobierno: Desde el Artículo 68-1 al Artículo 68-3 Título XI Del Consejo Económico y Social: Desde el Artículo 69 al Artículo 71 Título XII de las entidades territoriales: Desde el Artículo 72 (Modificado 28/03/2003) al Artículo 75 ya que el Artículo 76 Derogado.

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Título XIII Disposiciones transitorias en relación con Nueva Caledonia: Desde el Artículo 77, ya que los Artículos 78 a 87 (Derogados 04/08/1995) Título XIV De los acuerdos de asociación: Artículo 88 (Modificado el 04/08/1995) Título XV De las Comunidades europeas y de la Unión europea: Desde el Artículo 88-1 (Añadido 26/06/1992) al Artículo 88-4 (Modificado 25/01/1999) Título XVI De la reforma: Desde el Artículo 89, los Artículos 90-92 fueron Derogados 04/08/1995.

Título XVII Derogado 04/08/1995.

Según las notas de derecho Constitucional del jurista Manuel A. Amiama, la Constitución dominicana después de proclamada en 1844 ha sido modificada 39 veces, la primera fue en 1854 y la última en el 2015, pero según el autor hasta 1994 no se habían alterado esencialmente la teoría política que desde el principio la inspiró. Amiama destaca que las reformas más fundamentales han sido: la reafirmación del sistema bicamarista; la supresión del refrendo ministerial de los actos del Presidente; la instauración del sufragio directo para las magistraturas políticas; la creación del recurso de casación; la extensión de los derechos políticos de la mujer; entre otros. Sin embargo, a lo largo de la historia 15 gobernantes dominicanos han cambiado la Constitución de acuerdo a los intereses del momento, como el debate del establecimiento o no de la Reelección Presidencial y el empeño de los gobernantes de obtener poder, entre ellos Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ramón Cáceres, Horacio Vásquez, Rafael Leonidas Trujillo Molina, Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y el actual presidente, Danilo Medina. Entre las reformas más recientes están las de 1994, tras la crisis electoral de ese año y de los cambios que produjo, estableció la no reelección presidencial consecutiva, estableció el porcentaje de 50 y más para ganar la Presidencia de la República y los Colegios Electorales Cerrados.

Las reformas constitucionales en la República Dominica son: El primer documento constitucional que reguló la vida independiente fue proclamada el 6 de noviembre de 1844, en San Cristóbal.

-En 1854 hubo dos reformas a la Constitución. La primera fue promulgada el 25 de febrero, que suprimió el artículo 210 restringiendo los poderes del Ejecutivo y amplió las facultades del Poder Judicial y del Congreso.

-La segunda fue proclamada el 23 de diciembre del mismo año, se convirtió en el texto preferido de las dictaduras del siglo XIX. -El 19 de febrero de 1858 se proclamó la Constitución de Moca, la más democrática de la República Dominicana.

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-En 1865 se reformó nuevamente la Carta Magna de la nación, donde por primera vez se consagra en el texto el voto “para toda la ciudadanía”, sin tomar en cuenta que las mujeres estaban excluidas del derecho al sufragio.

-La Constitución de 1866 vino a ser la de 1865 con ligeras variantes. La de 1872 fue modificada por iniciativa del presidente Buenaventura Báez.

-Abril de 1874 llega con un nuevo texto constitucional que suprimió el requisito de saber leer y escribir para los votantes y estableció un congreso unicameral compuesto por 31 diputados elegidos por voto directo.

-Esa constitución se reformula sucesivamente en 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, año en que el general Gregorio Luperón decreta la celebración de elecciones para la Asamblea Nacional que debía dotar al país de una nueva Constitución.

-Luperón, también promovió otra reforma en 1881, la que tendría vigencia hasta 1887 cuando comienzan las ejecuciones dictatoriales de Ulises Heureaux.

-En la cuarta gestión de gobierno de Lilís propició otra reforma constitucional que le permitiría la reelección en 1896. A partir de ese momento y hasta 1907, no hubo más revisiones a la Carta Magna.

-En el siglo XX, se produjeron seis reformas constitucionales antes de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo: dos con Ramón Cáceres en 1907, 1908 y cuatro con Horacio Vásquez en 1924, 1927, y dos en 1929.

-Luego se sucedieron siete reformas durante la “Era de Trujillo”. Período de gobierno dictatorial que duró del 1930 al 1961.

-Reforma de 1961, del 29 de septiembre, se estableció el Consejo de Estado.

-Reforma de 1962, septiembre 10, Reforma hecha por el Consejo de Estado, presidido por el Lic. Rafael F. Bonnelly. El consejo del estado desde la proclamación de la constitución votada en 1961 venía ejerciendo los poderes legislativo y ejecutivo.

-Constituyente 1963, 29 de abril. Gobierno de Juan Bosch.

-La constitución de 1961 había conferido mandato al consejo del estado para convocar a elecciones representantes de una asamblea revisora de la constitución, la cual no pudo llevarse a cabo en la fecha prevista en la citada ley que 5968 del 20 de junio de 1962. Esto es, a más tardar el 15 de agosto de 1962. Por los dichos consejos de estado sanciona a la ley número 6050 del 23 de septiembre de 1962, que convoca a una asamblea revisora.

-Acta institucional del 1965, 09 de agosto, que puso fin a la guerra civil. El ensayo de gobierno democrático surgió de las libérrimas elecciones del 20 de diciembre 1962 quedó frustrado por un injustificado cuartelazo militar, a penas a 7 meses de haber iniciado el ejercicio del poder el gobierno 18

constitucional que en lo que iba de siglo más tributo y respeto rindiera a las libertades públicas y a los derechos del hombre.

-El golpe militar del 25 de diciembre del 1963, por medio del manifiesto dirigido al pueblo dominicano por los comandos de las fuerzas armadas y la policía nacional que depusieron al presidente de la república Juan Bosch, declaro “Inexistente la última constitución de la República votada por la constituyente surgida de las últimas elecciones generales.

Revisión de 1966, 29 de noviembre. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 53 del acto institucional de 1965 el Dr. Joaquín Balaguer presidente de la república a partir del 1 de julio de 1966, en fecha 19 de julio de ese mismo año, se dirigió al presidente del senado con el propósito de que el congreso nacional determinara los medios por los cuales debía integrarse la asamblea constituyente, encargado de tomar una decisión sobre el problema constitucional.

–La constitución de 1966 representa el proceso de evolución de nuestro ordenamiento sustantivo de mayor tiempo de vigencia de las 34 enmiendas que le presidieron, al regular la actividad el estado dominicano y sus administrados por espacios de casi 3 décadas.

–Reforma de 1994, 25 de julio, reforma del 2002, 25 de julio se aprobó la reelección presidencial la cual fue prohibida en la reforma de 1994.

-Reforma 2010, 26 de enero. Consta de 277 artículos y 19 disposiciones transitorias. La nueva Constitución contempla la igualdad de género y la participación popular para presentación de proyectos de leyes ante el Congreso.

– Reforma 2015, 28 de mayo. Artículo 124 para establecer la reelección presidencial, establece que “se consigne que en el caso eventual de que el presidente de la República actual, correspondiente al periodo 2012-2016, sea candidato presidencial para el periodo 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período y a ningún otro”.

Variaciones constitucionales 1963-2015: A continuación se aprecian las modificaciones hechas al artículo constitucional que especifica la forma de elección del Presidente de la República desde la Carta Magna de Juan Bosch 1963 hasta la fecha.

Constitución 1963: Articulo 123: El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo, secreto y popular, sin que pueda ser reelegido ni postularse como candidato a la Vicepresidencia en el período siguiente.

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Constitución 1966: Articulo 49: El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la Republica, quien será elegido cada cuatro años por voto directo. (Sin impedimento para reelegirse).

Constitución 1994: Articulo 49: El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la Republica, quien será elegido cada cuatro años por voto directo, no pudiendo ser electo para el periodo constitucional siguiente. .

Constitución 2002: Artículo 49: El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo. El Presidente de la República podrá optar por un nuevo segundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo, ni al de Vicepresidente de la República.

Constitución 2010: Articulo 124: Elección Presidencial. El Poder Ejecutivo se ejerce por el o la Presidente de la Republica, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente.

Constitución 2015: Articulo 124: Elección presidencial. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente la Presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo. El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República. La estructura actual de la Constitución Dominicana está basada de acuerdo a la reforma 13 de junio de 2015, Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015. la misma está integrada por 277 artículos, 15 títulos, subdivisiones, algunos de ellos, en secciones, las cuales citamos a continuación: Título I de la nación, del estado, de su gobierno y de sus principios fundamentales:  Capítulo I de la nación, de su soberanía y de su gobierno  Capítulo II del estado social y democrático de derecho  Capítulo III del territorio nacional:  Sección I de la conformación del territorio nacional  Sección II del régimen de seguridad y desarrollo fronterizo  Sección III de la división político administrativa  Capítulo IV de los recursos naturales  Capítulo V de la población:  Sección I de la nacionalidad  Sección II de la ciudadanía  Sección III del régimen de extranjería 20

 Capítulo VI de las relaciones internacionales y del derecho internacional:  Sección I de la comunidad internacional  Sección II Representantes de elección popular ante parlamentos internacionales  Capítulo VII del idioma oficial y los símbolos patrios Título II De los derechos, garantías y deberes fundamentales  Capítulo I de los derechos fundamentales:  Sección I de los derechos civiles y políticos  Sección II De los derechos económicos y sociales  Sección III de los derechos culturales y deportivos  Sección IV de los derechos colectivos y del medio ambiente  Capítulo II de las garantías a los derechos fundamentales  Capítulo III De los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales  Capítulo IV de los deberes fundamentales Título III del poder legislativo:  Capítulo I de su conformación:  Sección I del senado  Sección II de la cámara de diputados  Capítulo II de las disposiciones comunes a ambas cámaras  Capítulo III de las atribuciones del congreso nacional  Capítulo IV de la formación y efecto de las leyes  Capítulo V de la rendición de cuentas al congreso  Capítulo VI de la asamblea nacional y de la reunión Conjunta de ambas cámaras Título IV del poder ejecutivo  Capítulo I del presidente y vicepresidente de la república  Sección I disposiciones generales  Sección II de las atribuciones  Sección III de la sucesión presidencial  Sección IV disposiciones especiales  Capítulo II de los ministerios 21

 Sección I del consejo de ministros  Capítulo III de la administración pública  Sección I de los organismos autónomos y descentralizados del estado  Sección II del estatuto de la función pública  Sección III de los servicios públicos  Sección IV de la responsabilidad civil de las entidades públicas, sus funcionarios o agentes Título V del poder judicial  Capítulo I de la suprema corte de justicia  Capítulo II del consejo del poder judicial  Capítulo III de la organización judicial:  Sección I de las cortes de apelación  Sección II de los juzgados de primera instancia  Sección III de los juzgados de paz  Capítulo IV de las jurisdicciones especializadas sección i de la jurisdicción contencioso administrativa  Sección II jurisdicciones especializadas  Capítulo V del ministerio público  Sección I de la integración  Sección II de la carrera del ministerio público  Sección III del consejo superior del ministerio público  Capítulo VI de la defensa pública y la asistencia legal gratuita Título VI del consejo nacional de la magistratura Título VII del control constitucional Título VIII del defensor del pueblo Título IX del ordenamiento del territorio y de la administración local  Capítulo I de la organización del territorio  Capítulo II de la administración local  Sección I de las regiones y las provincias  Sección II del régimen de los municipios  Sección III mecanismos directos de participación local  Capítulo III de la gestión descentralizada 22

Título X del sistema electoral  Capítulo I de las asambleas electorales  Capítulo II de los órganos electorales  Sección I de la junta central electoral  Sección II del tribunal superior electoral  Capítulo III de los partidos políticos Título XI del régimen económico y financiero y de la cámara de cuentas  Capítulo I del régimen económico  Sección I principios rectores  Sección II del régimen monetario y financiero  Capítulo II de las finanzas públicas  Sección I del presupuesto general del estado  Sección II de la planificación  Sección III de la tributación  Capítulo III del control de los fondos públicos  Sección I de la contraloría general de la república  Sección II de la cámara de cuentas  Capítulo IV de la concertación social Título XII de las fuerzas armadas, de la policía nacional y de la seguridad y defensa capítulo i de las fuerzas armadas  Capítulo II de la policía nacional  Capítulo III de la seguridad y defensa Título XIII de los estados de excepción Título XIV de las reformas constitucionales  Capítulo I de las normas generales  Capítulo II de la asamblea nacional revisora Título XV disposiciones generales y transitorias  Capítulo I disposiciones generales 23

 Capítulo II de las disposiciones transitorias 1.6.- Análisis de los principios fundamentales de la Constitución Francesa.

La República Francesa se basa en un solo principio explícito, enunciado en el apartado cuarto del artículo 2 de la Constitución: "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". El pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a los principios de la soberanía nacional tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el Preámbulo de la Constitución de 1946. En virtud de estos principios y del de la libre determinación de los pueblos, la República ofrece a los Territorios de Ultramar que manifiesten la voluntad de adherirse a ella nuevas instituciones fundadas en el ideal común de libertad, igualdad y fraternidad y concebidas para favorecer su evolución democrática. Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y que respeta todas las creencias. Su organización es descentralizada. El lema de la República Francesa es "Libertad, Igualdad, Fraternidad". Su principio es: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 4 La soberanía nacional reside en el pueblo, que la ejerce a través de sus representantes y por medio del referéndum. Ningún sector del pueblo ni ningún individuo podrán arrogarse su ejercicio. El sufragio podrá ser directo o indirecto en las condiciones previstas en la Constitución y será siempre universal, igual y secreto. Son electores, de acuerdo con lo que disponga la ley, todos los nacionales franceses mayores de edad de ambos sexos que estén en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. La ley favorecerá la igualdad entre mujeres y hombres para acceder a los mandatos electorales y cargos electivos.

Los partidos y las agrupaciones políticas concurren a la expresión del sufragio. Se

constituirán y ejercerán su actividad libremente dentro del respeto a los principios de la soberanía nacional y de la democracia.

Estas entidades contribuirán a la aplicación del principio enunciado en el último apartado del artículo 3 de acuerdo con lo dispuesto por la ley. La actual Constitución de Francia (Constitución de la V República) fue aprobada por un referéndum público el 28 de septiembre de 1958. Desde su implantación ha fortalecido favorablemente la autoridad del Poder Ejecutivo en relación con el 4 Yunior Andrés Castillo (2014), Derecho constitucional como base de la comparación a la constitución DominicanaFrancesa. Buscado el 22 de marzo del 2020, en la página: https://www.monografias.com/trabajos101/derechoconstitucional-como-base-comparacion-constitucion-dominicana-francesa/derecho-constitucional-como-base-comparacionconstitucion-dominicana-francesa.shtml 24

Parlamento. Bajo la Constitución, el presidente es elegido directamente por un período de 5 años (originalmente eran 7 años).

El arbitraje del presidente se asegura el funcionamiento regular de los poderes públicos y la continuidad del Estado. El presidente designa al Primer Ministro, quien preside sobre el Gabinete, comanda a las Fuerzas Armadas y concluye Tratados.

El Gabinete o Consejo de Ministros es

nombrado por el presidente a propuesta del Primer Ministro. Esta organización del gobierno se conoce como república semipresidencialista. La Asamblea Nacional es el principal cuerpo legislativo. Sus 577 diputados son electos directamente por un término de 5 años y todos los asientos son votados en cada elección. Los 321 senadores son elegidos por un colegio electoral (es un sufragio indirecto) por términos de 9 años y un tercio del Senado es renovado cada 3 años. Los poderes legislativos del senado son limitados, la asamblea nacional es quien posee la palabra final de ocurrir una disputa entre ambas cámaras. El gobierno posee una fuerte influencia sobre la forma de la agenda parlamentaria. Además, existe un Consejo Constitucional (9 miembros): Control de la constitucionalidad de las leyes y Contencioso electoral. Son ciudadanos franceses todos los mayores de 18 años.

1.7.- Análisis de los principios fundamentales de la Constitución Dominicana.

La Constitución dominicana, establece los siguientes principios: Que el pueblo dominicano constituya una Nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana. La soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen por representación. La Soberanía de la Nación dominicana, como Estado libre e independiente es inviolable. La República es y será siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Por consiguiente, ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución podrá realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución.

El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, es decir, que, a diferencia de la Constitución Francesa, los Convenios y Tratados se ratifican, en la nuestra no se ha procedido a ratificar los mismos, y se pronuncia en favor de la solidaridad económica de los países de América y apoyará toda iniciativa que propenda a la defensa de sus productos básicos y materias primas.

El 25

gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes.

Partiendo de las estructuras de las actuales Constituciones Dominicana y Francesa, analizaremos las similitudes y diferencias de ambas Constituciones enfocándonos en los siguientes aspectos:  La Nación y la Soberanía  Los Derechos Absolutos  Los Derechos Políticos  El Poder Legislativo  El Poder Ejecutivo  El Poder Judicial Tanto la Constitución Dominicana, como la Francesa desde su proclamación han sufrido una serie de reformas o modificaciones en algunos de sus diferentes artículos, respectivamente, analizando estas transformaciones a medida que los gobernantes realizan los cambios a su antojo, manejando así la Constitución. Este último concepto es usual en nuestra República, ya que se aplican reformas convenientes a los gobiernos de turno.

1.8.-SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE AMBAS CONSTITUCIONES 5 LA NACIÓN Y LA La Nación se define como: “Comunidad humana generalmente establecida en SOBERANÍA

un mismo territorio, unida por lazos históricos, lingüísticos, religiosos y económicos en mayor o menor grado”. De igual manera se define como: “Entidad jurídica formada por el conjunto de habitantes de un país, regidos por una misma Constitución y titular de la Soberanía”. Mientras que la Soberanía se define como: Soberanía Nacional, es el régimen democrático, la del pueblo, de quien emanan todos los poderes públicos”. En lo concerniente a estos dos aspectos, ambas constituciones son precisas al establecer que la nación es un Estado libre e independiente. Estas constituciones establecen una similitud en los artículos 1 y 2 de la Constitución Dominicana y la francesa en su artículo 2, para así tener definidas sus soberanías.

Las

5 Yunior Andrés Castillo (2015), Derecho Francés y derecho Dominicano. Buscado el 22 de marzo del 2020, en la página: https://www.monografias.com/docs/Derecho-frances-y-derecho-dominicano-FK8G5QZBZ 26

mismas, tienen como principio fundamental el salvaguardar la soberanía de la nación. Ahora bien, en lo que respecta a la diferencia existente entre los indicados artículos, consiste en que la Carta Magna Francesa enfoca los derechos absolutos de los ciudadanos, y destaca aspectos que la nuestra no expresa, mientras que en la Constitución Dominicana se consagra la LOS DERECHOS

protección del Estado.

Antes de establecer cuáles son las semejanzas y diferencias que existen en las

ABSOLUTOS

Constituciones Dominicana y Francesa, respecto a los derechos absolutos, es preciso saber el concepto de los mismos, cuál es su objetivo, y su importancia.

Los Derechos absolutos llamados también derechos del

hombre, derechos individuales, derechos fundamentales, derechos inherentes a la personalidad humana y también derechos humanos, son aquellas prerrogativas que se consideran indispensables para que el hombre pueda cumplir normalmente sus fines naturales y sociales y que están consagrados en las constituciones para precisarlos y reafirmarlos. Es un derecho común para todos los ciudadanos, sin importar su nacionalidad. El objetivo de su declaración y reconociendo con carácter absoluto, es el de proporcionar a todos, con la posibilidad de su ejercicio una esfera de actividades dentro de la cual puedan desenvolver sus facultades y realizar los fines de la vida con seguridad, provecho y bienestar. Los primeros derechos del hombre fueron reconocidos, por la vía constitucional en Inglaterra con la carta magna. Luego el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios".

La Constitución Dominicana establece un principio muy importante que es la Igualdad de todos ante la Ley, este principio previsto en el Artículo 39 de nuestra Carta Magna, el cual es característico del liberalismo que inspiró la revolución francesa. Las prerrogativas de los derechos del hombre están consagradas en ambas Constituciones, la Francesa lo establece en su preámbulo, la Dominicana lo consigna en el Artículo 39. La diferencia 27

radica en que la Constitución Francesa fortalece sus derechos y son primordiales, la Constitución Dominicana lo consagra en un plano más inferior que la de Francia.

LOS DERECHOS

Los derechos políticos son el conjunto de condiciones que posibilitan al

POLÍTICOS

ciudadano participar en la vida política, constituyendo la relación entre el ciudadano y el Estado, entre gobernantes y gobernados. Representan los instrumentos que posee el ciudadano para participar en la vida pública, o el poder político con el que cuenta este para participar, configurar y decidir en la vida política del Estado. Entre los derechos políticos se contemplan: el derecho del voto, que se refiere al derecho que tienen los ciudadanos de elegir a quienes hayan de ocupar determinados cargos públicos; el derecho a ser electo, que es el derecho que tienen los ciudadanos a postularse para ser elegidos con el fin de participar en el gobierno y de ser admitido a cargos públicos, entre otros.

La Constitución Francesa establece en el Art. 3º. Párrafo cuarto, que serán electores, en las condiciones que determine la Ley, todos los nacionales franceses de ambos sexos que hayan llegado a la mayoría de edad y gocen de sus derechos cívicos y políticos.

Nuestra Constitución dispone, en el Título II de los derechos, garantías y deberes fundamentales, en el capítulo I de los derechos fundamentales, dentro de la sección I de los derechos civiles y políticos. En especial el artículo 39 (Derecho a la igualdad), nos dicen, que: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia: 1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes; 2) Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni 28

distinciones hereditarias; 3) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión; 4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género; 5) El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.

Como podemos ver, en ambas Cartas Magnas se establece los derechos que les son conferidos a los ciudadanos por Ley y por naturaleza. La Constitución Francesa establece en una sola expresión la nacionalidad y derecho al voto mientras que la Constitución nuestra lo expresa en el artículo 39, numeral 5.

EL PODER

El Poder Legislativo es una de las tres ramas en que tradicionalmente se

LEGISLATIVO

divide el poder de un Estado. Son los representantes populares que se ocupan tanto de proponer, estudiar, discutir, votar, aprobar o rechazar las iniciativas de Ley que presente el propio Poder Legislativo, las legislaciones de los Estados, el Ejecutivo y hasta cierto punto la ciudadanía.

Dentro de la

jerarquía constitucional en la República Dominicana, el Legislativo constituye el Primer Poder del Estado. Está representado por el Senado de la República y por la Cámara de Diputados, ambas Cámaras conforman el Congreso Nacional. El Senado lo conforman 32 legisladores, que representan a las 31 provincias del país y al Distrito Nacional. La Cámara de Diputados está conformada por 190 congresistas. La función primordial del Congreso Nacional, es legislar a favor de los diferentes sectores de la nación. En relación a la Doctrina Francesa, el Poder Legislativo lo comprende la Asamblea Nacional y el Senado, el cual es llamado Parlamento. Revisando y analizando ambas constituciones pudimos ver que en ambas Constituciones 29

están contempladas algunas garantías similares a los legisladores.

EL PODER

El Poder Ejecutivo, constituye otro Poder del Estado. Está representado de

EJECUTIVO

acuerdo al Estado o Nación, por un funcionario llámese Rey, Presidente o Primer Ministro, cuyas funciones están establecidas en la Constitución. El Poder Ejecutivo concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas, representa a la nación en sus relaciones diplomáticas y sostiene a las Fuerzas Armadas. En nuestro país, la Constitución establece que el Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo; quien podrá optar por un segundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. En la Constitución Francesa, ésta le confiere un poder absoluto al Presidente, donde éste velará por el respeto a la Constitución y asegura con su arbitraje el funcionamiento regular de los poderes públicos, así como la continuidad del Estado. También éste será el garante de la independencia nacional, de la integridad del territorio, del respeto de los acuerdos de la comunidad y de los tratados.

EL PODER

Él es aquél que, de conformidad con la legislación vigente, entre todo lo

JUDICIAL

demás, es el encargado de la aplicación de las normas jurídicas en soluciones de conflictos. En nuestra Constitución, el Poder Judicial está en la tercera posición de los tres Poderes del Estado. Es la institución encargada de administrar justicia, a través de sus órganos especiales y jerárquicos llamados tribunales. Su función es asegurar el amparo, protección o tutela de los derechos que se hallan establecidos en las normas o leyes. El conjunto de todos estos tribunales constituye el Poder Judicial. Además, el Poder Judicial tiene Autonomía Administrativa y Presupuestaria, según se establece en nuestra Constitución.

En cambio, en la Constitución Francesa, el Presidente es el garante de la Independencia de la autoridad Judicial, y auxiliará al Consejo de la Magistratura. En el Sistema Judicial, la Constitución Francesa denomina de una forma más restrictiva a la ¨ autoridad judicial ¨. En la práctica en Francia 30

el papel del Juez se reduce a ¨ simple portavoz de la Ley ¨. Es función del Juez aplicar estrictamente la Ley sin alejarse de ella; el Juez no puede ser considerado como un creador de derecho.

La Constitución Francesa

garantiza la independencia de los jueces, que se regula en su estatuto, por el cual los jueces que así lo deseen pueden gozar de una absoluta independencia.

CONCLUSIÓN Luego de a ver visto y comparado ambas Constituciones la Francesa y la Dominicana, desde sus Genesis han sufrido modificaciones y reformas. En este aspecto enfocamos marcadas diferencias de estas constituciones, ya que la nuestra es muy viciada en forma y en juicio. La Constitución francesa es ejemplo de democracia y respeto a los derechos absolutos de los ciudadanos, pues está fundamentada en estos principios, y los mismos son respetados. Muchas Constituciones están inspiradas en la Carta Magna Francesa, pues de ella surge el idealismo de libertad y garantía de los habitantes de la Nación.

Es importante señalar que para poder visualizar la sociedad que queremos construir es necesario determinar los principios fundamentales que normarán la administración de las acciones y programas de gobierno conforme a la realidad social. La planeación democrática requiere imprescindiblemente de principios políticos que propongan los valores de la función pública para la consecución de los fines propuestos.

Hoy en día se viven procesos de transformación económica y apertura comercial que indudablemente generan beneficios y oportunidades de desarrollo. La globalización en la que se encuentran inmersos los países en este principio de siglo, implica un gran reto para los gobiernos en el desarrollo económico y social de las naciones.

La institucionalidad política que durante décadas ha operado, y sobre la que se basó el régimen de un partido hegemónico, en la actualidad se está convirtiendo en uno de los mayores obstáculos para que la democracia florezca. De hecho la creciente inestabilidad del juego y de las reglas políticas se debe a que los supuestos y los mecanismos de control sobre los que se estructuró la coalición 31

posrevolucionaria se han agotado, y no se cuenta con nuevos parámetros de actuación y de conducta.

No existen, pues, las normas que den certidumbre a la competencia política y a la forma en la que el poder es ejercido dentro del nuevo escenario nacional.

El sistema creado por el partido hegemónico fue una respuesta oportuna y una feliz solución para su época, donde prevalecieron condiciones de virtual anarquía como resultado de la revolución. Empero, el régimen se consolidó con el paso del tiempo, construyó instrumentos y prácticas aptas para operar bajo la realidad en la que había nacido, y no pudo ponerse al día para servir como contenedor a las nuevas demandas de los grupos y sectores emergentes. Su herencia más perdurable tiene que ver con el apogeo de conflictos de diversa índole, inestabilidad, elevada delincuencia, ausencia del aparato estatal en cada vez mayores áreas de la vida nacional. Los actores principales están ante una clara incapacidad para llegar a los acuerdos sustanciales sobre el futuro de los asuntos públicos, legado de errores del pasado.

En la nueva coyuntura, estos grupos y actores emergentes –mucho más exigentes- se dieron cuenta que lo que hasta ese momento era el sistema político mexicano, no contaba con la capacidad para dar cabal cumplimiento a sus demandas: resultaba insuficiente. A lo largo de la década pasadas las dislocaciones de la sociedad respecto al régimen se fueron ampliando, entre otras razones por la insatisfacción con los resultados del proceso de ajuste económico y las políticas de austeridad.

La crisis representó, entonces, el principio del fin de lo que hasta ese momento resultó una fórmula política de gran éxito. La semilla de la democracia se había sembrado ya. Los cambios que los dirigentes en el poder se vieron obligados a implementar (la apertura política y el proceso de reestructuración económica) fueron los que a la postre abrirían la puerta a un sistema democrático.

Una vez establecido un bosquejo de lo que ha sido el desarrollo de nuestro cambiante sistema jurídico – político, es necesario considerar la importancia de la aplicación y observancia de nuestra Constitución, debido a que como hemos observado, han existido cambios muy considerables, sin embargo, en todos aquellos sucesos que contribuyen a dichos cambios, debe observarse la normatividad constitucional existente en nuestro país, debido a que la Constitución, es nuestra ley suprema.

Es necesario, pues, que todos los actores políticos y representantes del pueblo, estén conscientes de la existencia de dichas decisiones políticas, con la finalidad de que en uso de la facultad que les confiere 32

la normatividad vigente, respeten dichos principios al momento de emitir una iniciativa de reforma constitucional, con la finalidad de mantener la esencia del sistema jurídico mexicano, caracterizado por dar como resultado un Estado democrático, reconocido por la comunidad internacional.

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ANEXOS: Constitución Francesa de 4 de octubre de 1958 La Constitución francesa de divide en "1 Preámbulo, 17 Títulos y 92 Artículos". (Incluye hasta la reforma constitucional practicada en 2000) PREÁMBULO: El pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a los principios de la soberanía nacional tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el Preámbulo de la Constitución de 1946. En virtud de estos principios y del de la libre determinación de los pueblos, la República ofrece a los Territorios de Ultramar que manifiesten la voluntad de adherirse a ella nuevas instituciones fundadas en el ideal común de libertad, igualdad y fraternidad y concebidas para favorecer su evolución democrática.

Artículo 1.- (Modificado 28/03/2003). Francia es una República indivisible, laica, democrática y social.

Asegura la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y respeta todas las creencias. Su organización es descentralizada.

TÍTULO I De la soberanía Artículo 2.- La lengua de la República es el francés.

El emblema nacional es la bandera tricolor, azul, blanca y roja.

El himno nacional es la "Marsellesa".

El lema de la República es "Libertad, Igualdad, Fraternidad".

Su principio es: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Artículo 3.- La soberanía nacional reside en el pueblo, que la ejerce a través de sus representantes y por medio del referéndum.

Ningún sector del pueblo ni ningún individuo podrán arrogarse su ejercicio. El sufragio podrá ser directo o indirecto en las condiciones previstas en la Constitución y será siempre universal, igual y secreto.

Son electores, de acuerdo con lo que disponga la ley, todos los nacionales franceses mayores de edad de ambos sexos que estén en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.

La ley favorecerá la igualdad entre mujeres y hombres para acceder a los mandatos electorales y cargos electivos.

Artículo 4.- Los partidos y las agrupaciones políticas concurren a la expresión del sufragio. Se constituirán y ejercerán su actividad libremente dentro del respeto a los principios de la soberanía nacional y de la democracia.

Estas entidades contribuirán a la aplicación del principio enunciado en el último apartado del artículo 3 de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

TÍTULO II Del Presidente de la República Artículo 5.-El Presidente de la República velará por el respeto a la Constitución y asegurará, mediante su arbitraje, el funcionamiento regular de los poderes públicos, así como la permanencia del Estado.

Es el garante de la independencia nacional, de la integridad territorial y del respeto de los tratados.

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Artículo 6.- (Modificado 02/10/2000). El Presidente de la República será elegido por un período de cinco años por sufragio universal directo. Una ley orgánica establecerá el modo de aplicación del presente artículo.

Artículo 7.- (Modificado 28/03/2003). El Presidente de la República será elegido por mayoría absoluta de votos emitidos. De no obtenerse dicha mayoría en primera vuelta, se procederá, el domingo posterior al siguiente, a una segunda vuelta. Solamente podrán presentarse a ésta los dos candidatos que hayan obtenido la mayor suma de votos en la primera vuelta, después de la retirada en su caso de candidatos más favorecidos.

Los comicios se convocarán por el Gobierno.

La elección del nuevo Presidente se celebrará entre los veinte y los treinta y cinco días antes de la terminación del mandato del Presidente en ejercicio.

En caso de que quede vacante la Presidencia de la República por cualquier causa o por imposibilidad reconocida por el Consejo Constitucional, a instancias del Gobierno y por mayoría absoluta de sus miembros, las funciones del Presidente de la República, con excepción de las señaladas en los artículos 11 y 12, serán ejercidas por el Presidente del Senado o, si éste se encontrare inhabilitado a su vez para ejercer esas funciones, por el Gobierno.

En caso de vacante, o cuando la imposibilidad fuere declarada definitiva por el Consejo Constitucional, los comicios para la elección del nuevo Presidente se celebrarán, salvo en caso de fuerza mayor reconocido por el Consejo Constitucional, entre los veinte y los treinta y cinco días siguientes a la vacante o a la declaración del carácter definitivo de la imposibilidad.

Si, en los siete días anteriores a la fecha límite de presentación de candidaturas, una de las personas que hubiere anunciado, al menos treinta días antes de esta fecha, su decisión de ser candidato falleciera o se encontrara inhabilitada, el Consejo Constitucional podrá acordar el retraso de la elección.

Si, antes de la primera vuelta, uno de los candidatos falleciera o se encontrara inhabilitado, el Consejo Constitucional acordará diferir la elección.

En caso de fallecimiento o imposibilidad de uno de los dos candidatos más votados en la primera vuelta antes de las posibles retiradas, el Consejo Constitucional declarará que procede efectuar de nuevo el conjunto de las operaciones electorales, y lo mismo será aplicable en caso de fallecimiento o de imposibilidad de uno de los dos candidatos que permaneciera en la segunda vuelta.

En cualquiera de los casos, se someterá a la consideración del Consejo Constitucional en las condiciones fijadas en el apartado segundo del artículo 61 o en las condiciones establecidas para la presentación de un candidato por ley orgánica prevista en el artículo 6.

El Consejo Constitucional podrá prorrogar los plazos previstos en el tercer y quinto apartado sin que los comicios puedan celebrarse más de treinta y cinco días después de la fecha de decisión del Consejo Constitucional. Si la aplicación de las disposiciones del presente apartado tuviera como efecto diferir la elección a una fecha posterior a la terminación del mandato del Presidente en ejercicio, éste continuará en funciones hasta el nombramiento de su sucesor.

No podrán aplicarse los artículos 49 y 50 ni el artículo 89 de la Constitución mientras la Presidencia de la República estuviere vacante o durante el período que transcurra entre la declaración del carácter definitivo de la imposibilidad del Presidente de la República y la elección de su sucesor.

Artículo 8.- El Presidente de la República nombrará al Primer Ministro y le cesará al presentar éste último la dimisión del Gobierno. A propuesta del Primer Ministro nombrará y cesará a los demás miembros del Gobierno.

Artículo 9.- El Presidente de la República presidirá el Consejo de Ministros.

Artículo 10.-El Presidente de la República promulgará las leyes dentro de los quince días siguientes a la comunicación al Gobierno de la ley definitivamente aprobada.

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El Presidente de la República podrá, antes de la expiración de dicho plazo, pedir al Parlamento una nueva deliberación sobre la ley o algunos de sus artículos. No podrá denegarse esta nueva deliberación.

Artículo 11.-El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno y mientras dure el período de sesiones, o a propuesta conjunta de las dos asambleas, publicadas en el Journal Officiel (Boletín Oficial), podrá someter a referéndum cualquier proyecto de ley que verse sobre la organización de los poderes públicos, sobre reformas relativas a la política económica y social de la Nación y a los servicios públicos que concurren en ella, o que proponga la ratificación de un tratado que, sin ser contrario a la Constitución, pudiera tener incidencias en el funcionamiento de las instituciones. Cuando se organice el referéndum a propuesta del Gobierno, éste presentará ante cada asamblea una declaración que será seguida de un debate. Cuando el referéndum concluya con la aprobación del proyecto de ley, el Presidente de la República promulgará la ley dentro de los quince días siguientes a la proclamación de los resultados de la consulta.

Artículo 12.-El Presidente de la República podrá, previa consulta con el Primer Ministro y con los Presidentes de las asambleas, acordar la disolución de la Asamblea Nacional. Las elecciones generales se celebrarán entre los veinte y los cuarenta días siguientes a la disolución. La Asamblea Nacional se reunirá de pleno derecho el segundo jueves siguiente a su elección. Si esta reunión se efectuare fuera del período ordinario de sesiones, se abrirá de pleno derecho un período de sesiones de quince días de duración. No se procederá a una nueva disolución en el año siguiente al de las elecciones.

Artículo 13.- (Modificado 28/03/2003). El Presidente de la República firmará las ordenanzas y los decretos discutidos en Consejo de Ministros. Nombrará los cargos civiles y militares del Estado. El Consejo de Ministros nombrará: Los Consejeros de Estado, el Gran Canciller de la Legión de Honor, los embajadores y enviados extraordinarios, los consejeros del Tribunal de Cuentas, los prefectos, los representantes del Gobierno en los territorios de Ultramar regidos por el artículo 74 y en Nueva Caledonia, los oficiales generales, los rectores de las academias, los directores de las administraciones centrales. Una ley orgánica determinará los demás cargos que deben ser cubiertos en Consejo de Ministros, así como las condiciones en las cuales el Presidente de la República podrá delegar su competencia en los nombramientos para ser ejercida en su nombre.

Artículo 14.-El Presidente de la República acreditará a los embajadores y enviados extraordinarios ante las potencias extranjeras; los embajadores y enviados extraordinarios extranjeros estarán acreditados ante él.

Artículo 15.-El Presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas. Presidirá los consejos y los comités superiores de defensa nacional.

Artículo 16.-Cuando las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales estén amenazados de manera grave o inmediata y el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el Presidente de la República tomará las medidas exigidas por tales circunstancias, previa consulta oficial con el Primer Ministro, los Presidentes de las asambleas y el Consejo Constitucional. Informará de ello a la Nación por medio de un mensaje. Dichas medidas deberán estar inspiradas por la voluntad de garantizar a los poderes públicos constitucionales, en el menor plazo, los medios para cumplir su misión. El Consejo Constitucional será consultado sobre ello. El Parlamento se reunirá de pleno derecho. No podrá ser disuelta la Asamblea Nacional durante el ejercicio de los poderes extraordinarios.

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Artículo 17.-El Presidente de la República tendrá la prerrogativa de indulto.

Artículo 18.-El Presidente de la República se comunicará con las dos asambleas del Parlamento por medio de mensajes que mandará leer y que no darán lugar a ningún debate.

Fuera de los períodos de sesiones, el Parlamento se reunirá especialmente con este fin.

Artículo 19.-Los actos del Presidente de la República distintos de los previstos en los artículos 8 (apartado 1), 11, 12, 16, 18, 54, 56 y 61 serán refrendados por el Primer Ministro y, en su caso, por los ministros responsables.

TÍTULO III Del Gobierno Artículo 20.-El Gobierno determinará y dirigirá la política de la Nación. Dispondrá de la Administración y de la fuerza armada. Será responsable ante el Parlamento en las condiciones y conforme a los procedimientos establecidos en los artículos 49 y 50.

Artículo 21.-El Primer Ministro dirigirá la acción del Gobierno. Será responsable de la defensa nacional. Garantizará la ejecución de las leyes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, ejercerá la potestad reglamentaria y nombrará los cargos civiles y militares. Podrá delegar algunos de sus poderes en los ministros. Suplirá, en caso necesario, al Presidente de la República en la presidencia de los consejos y de los comités a que se refiere el artículo 15. Podrá, a título excepcional, suplir al Presidente de la República en la presidencia de un Consejo de Ministros en virtud de una delegación expresa y con un orden del día determinado.

Artículo 22.-Las decisiones del Primer Ministro serán refrendadas, en su caso, por los ministros encargados de su ejecución.

Artículo 23.-Son incompatibles las funciones de miembro del Gobierno con el ejercicio de todo mandato parlamentario, de toda función de representación de carácter nacional y de todo empleo público o actividad profesional. Una ley orgánica fijará el modo de sustitución de los titulares de tales mandatos, funciones, o empleos. La sustitución de los miembros del Parlamento se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 25.

TÍTULO IV Del Parlamento Artículo 24.-El Parlamento comprende la Asamblea Nacional y el Senado. Los diputados de la Asamblea Nacional serán elegidos por sufragio directo. El Senado será elegido por sufragio indirecto.

Asumirá la representación de las entidades territoriales de la República. Los franceses establecidos fuera de Francia estarán representados en el Senado.

Artículo 25.-Una ley orgánica fijará la duración de los poderes de cada asamblea, el número de sus miembros, su retribución, las condiciones de elegibilidad y los regímenes de inelegibilidad e incompatibilidad.

También fijará el modo de elección de las personas llamadas a cubrir las vacantes de diputados y de senadores hasta la renovación parcial o total de la asamblea a la que pertenecían.

Artículo 26 (Modificado 04/08/1995).-Ningún miembro del Parlamento podrá ser procesado, perseguido, detenido, preso o juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el ejercicio de sus funciones. Ningún miembro del Parlamento puede ser objeto, en materia criminal o correccional, de arresto o de cualquier otra medida privativa o restrictiva de libertad sin autorización de la Mesa de la asamblea de la cual forma parte. Esta autorización no será necesaria en caso de crimen o de flagrante delito o de condena definitiva.

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La detención, las medidas privativas o restrictivas de libertad o la persecución de un miembro del Parlamento se suspenderán durante el período de sesiones si lo requiere la asamblea de la que forma parte.La asamblea interesada se reunirá de pleno derecho en sesiones suplementarias para permitir, en caso necesario, la aplicación del apartado anterior.

Artículo 27.-Será nulo todo mandato imperativo. El derecho de voto de los miembros del Parlamento será personal. La ley orgánica podrá autorizar excepcionalmente la delegación de voto. En tal caso nadie podrá recibir la delegación de más de un mandato.

Artículo 28.-El Parlamento se reunirá de pleno derecho en un período ordinario de sesiones que comienza el primer día laborable de octubre y termina el último día laborable de junio. El número de días de sesión que cada asamblea podrá celebrar en el transcurso del período ordinario de sesiones no podrá exceder de ciento veinte. Se fijarán las semanas de sesión por cada asamblea. El Primer Ministro, previa consulta con el Presidente de la asamblea correspondiente, o la mayoría de miembros de cada asamblea, podrá decidir la ampliación de los días de la sesión. Los días y los horarios de las sesiones serán determinados por el reglamento de cada asamblea.

Artículo 29.-El Parlamento se reunirá en período extraordinario de sesiones a petición del Primer Ministro o de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional, sobre un orden del día determinado.

Cuando el período extraordinario de sesiones se celebre a petición de los miembros de la Asamblea Nacional, se dictará decreto de clausura en cuanto el Parlamento haya agotado el orden del día para el que fue convocado y, a más tardar, doce días después de la fecha de su reunión. Sólo el Primer Ministro podrá pedir una nueva reunión antes de la expiración del mes siguiente a la fecha del decreto de clausura.

Artículo 30.-Al margen de los casos en los que el Parlamento se reúna de pleno derecho, los períodos extraordinarios de sesiones serán abiertos y clausurados por decreto del Presidente de la República.

Artículo 31.-Los miembros del Gobierno tendrán acceso a las dos asambleas, y serán oídos cuando lo soliciten. Podrán auxiliarse de comisarios del Gobierno.

Artículo 32.-El Presidente de la Asamblea Nacional será elegido para toda la legislatura. El Presidente del Senado será elegido después de cada renovación parcial de sus miembros.

Artículo 33.-Las sesiones de las dos asambleas serán públicas. El acta integral de los debates se publicará en el Journal Officiel (Boletín Oficial). Cada asamblea podrá reunirse en sesión secreta a petición del Primer Ministro o de una décima parte de sus miembros.

TÍTULO V De las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno Artículo 34. (Modificado 28/03/2003).-Las leyes serán votadas por el Parlamento. La ley fijará las normas sobre: -derechos civiles y garantías fundamentales concedidas a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades públicas, prestaciones impuestas por la defensa nacional a los ciudadanos en cuanto a sus personas y sus bienes; - nacionalidad, estado y capacidad de las personas, regímenes matrimoniales, sucesiones y donaciones; - tipificación de los delitos, así como penas aplicables, procedimiento penal, amnistía, creación de nuevas clases de jurisdicción y estatuto de los magistrados y fiscales; 40

- base, tipo y modalidades de recaudación de los impuestos de toda clase y régimen de emisión de moneda.

La ley fijará asimismo las normas referentes: - al régimen electoral de las asambleas parlamentarias y las asambleas locales; - a la creación de categorías de entes públicos; - a las garantías fundamentales para los funcionarios civiles y militares del Estado; - a las nacionalizaciones de empresas y transferencias de la propiedad de empresas del sector público al sector privado.

La ley determinará los principios fundamentales: - de la organización general de la Defensa nacional; - de la libre administración de las entidades locales, de sus competencias y de sus ingresos; - de la enseñanza; - del régimen de la propiedad, de los derechos reales y de las obligaciones civiles y comerciales; - del derecho laboral, del derecho sindical y de la seguridad social.

Las leyes de Presupuestos establecerán los ingresos y los gastos del Estado en las condiciones y con las reservas establecidas por una ley orgánica. Las leyes de financiación de la seguridad social determinarán las condiciones generales de su equilibrio financiero y, teniendo en cuenta sus previsiones de ingresos, fijarán sus objetivos de gastos del modo y con los límites previstos en una ley orgánica.

Mediante leyes de bases se determinarán los objetivos de la acción económica y social del Estado. Lo dispuesto en el presente artículo podrá ser concretado y completado por una ley orgánica.

Artículo 35.-La declaración de guerra será autorizada por el Parlamento.

Artículo 36.-El estado de sitio será decretado por el Consejo de Ministros. Su prórroga después de doce días sólo podrá ser autorizada por el Parlamento.

Artículo 37.-Tendrán carácter reglamentario todas las materias distintas de las pertenecientes al ámbito de la ley. Los textos con forma de ley referentes a dichas materias podrán ser modificados por decreto acordado previo dictamen del Consejo de Estado. Los textos de este carácter que se aprobaren después de la entrada en vigor de la presente Constitución sólo podrán ser modificados por decreto si el Consejo Constitucional hubiera declarado que tienen carácter reglamentario en virtud del apartado anterior.

Artículo 37-1 (Añadido 28/03/2003).-La ley y el reglamento pueden determinar, para un objeto y una duración determinados, disposiciones de carácter experimental.

Artículo 38.-El Gobierno podrá, para la ejecución de su programa, solicitar autorización del Parlamento con objeto de aprobar, por ordenanza, durante un plazo limitado, medidas normalmente pertenecientes al ámbito de la ley. Las ordenanzas se aprobarán en Consejo de Ministros previo dictamen del Consejo de Estado. Entrarán en vigor en el momento de su publicación, pero caducarán si el proyecto de ley de ratificación no se presenta ante el Parlamento antes de la fecha fijada por la ley de habilitación. Al expirar el plazo a que se refiere el primer apartado del presente artículo, las ordenanzas ya no podrán ser modificadas sino por ley en materias pertenecientes al ámbito de la ley.

Artículo 39 (Modificado 28/03/2003).-La iniciativa legislativa pertenece conjuntamente al Primer Ministro y a los miembros del Parlamento. Los proyectos de ley serán deliberados en Consejo de Ministros previo dictamen del Consejo de Estado y presentados ante la Mesa de una de las dos asambleas. Los proyectos de ley de Presupuestos y de ley de financiación de la seguridad social serán 41

sometidos, en primer lugar, a la Asamblea Nacional. Sin perjuicio del primer párrafo del artículo 44, los proyectos de ley que tengan como principal objeto la organización de las colectividades territoriales y los proyectos de ley relativos a las instancias representativas de los franceses establecidos fuera de Francia serán tramitados en primer lugar por el Senado.

Artículo 40.-No se admitirán a trámite las proposiciones y enmiendas formuladas por los miembros del Parlamento cuando su aprobación tuviera como consecuencia una disminución de los ingresos públicos o bien la creación o aumento de un gasto público.

Artículo 41.-Si en el transcurso del procedimiento legislativo se advierte que una proposición o una enmienda no pertenece al ámbito de la ley o es contraria a una delegación concedida en virtud del artículo 38, el Gobierno podrá oponerse a su admisión. En caso de desacuerdo entre el Gobierno y el Presidente de la asamblea interesada, el Consejo Constitucional, a petición de una u otra parte, se pronunciará en el plazo de ocho días.

Artículo 42.-La discusión de los proyectos de ley versará, en la primera asamblea a la que sean sometidos, sobre el texto presentado por el Gobierno. La asamblea que reciba un texto votado por la otra asamblea deliberará sobre el texto que le haya sido trasladado.

Artículo 43.-A petición del Gobierno o de la asamblea a la que hayan sido sometidos, los proyectos y las proposiciones de ley serán enviados para su examen a comisiones especialmente designadas al efecto. Los proyectos y proposiciones respecto de los cuales no se haya formulado tal petición serán enviados a una de las comisiones permanentes, cuyo número queda limitado a seis en cada asamblea.

Artículo 44.-Los miembros del Parlamento y el Gobierno tendrán derecho de enmienda.

Una vez abierto el debate, el Gobierno podrá oponerse al examen de cualquier enmienda que no haya sido previamente sometida a la comisión. Si el Gobierno lo pide, la asamblea que esté entendiendo en el asunto se pronunciará mediante una sola votación sobre la totalidad o una parte del texto en discusión sin más modificación que las enmiendas propuestas o aceptadas por el Gobierno.

Artículo 45.-Todo proyecto o proposición de ley será examinado sucesivamente en las dos asambleas del Parlamento para aprobar un texto idéntico. Cuando, a causa de un desacuerdo entre las dos asambleas, un proyecto o una proposición de ley no haya podido ser aprobado después de dos lecturas en cada asamblea o si el Gobierno ha declarado su urgencia, después de una sola lectura en cada una de ellas, el Primer Ministro estará facultado para provocar la reunión de una comisión mixta paritaria encargada de proponer un texto sobre las disposiciones que queden por discutir. El texto elaborado por la comisión mixta podrá ser sometido por el Gobierno a la aprobación de las dos asambleas. Ninguna enmienda será admisible salvo conformidad del Gobierno. Si la comisión mixta no llega a aprobar un texto común, o si este texto no es aprobado en las condiciones establecidas en el apartado anterior, el Gobierno podrá, después de una nueva lectura por la Asamblea Nacional y por el Senado, pedir a la Asamblea Nacional que se pronuncie definitivamente. En tal caso, la Asamblea Nacional podrá considerar bien el texto elaborado por la comisión mixta o bien el último texto votado por ella, modificado en su caso por una o varias de las enmiendas aprobadas por el Senado.

Artículo 46.-Las leyes a las cuales la Constitución confiere el carácter de orgánicas serán votadas y modificadas en las siguientes condiciones. El proyecto o la proposición no será sometido al debate y a la votación de la primera asamblea que lo haya recibido, sino después de quince días de su presentación. Se aplicará el procedimiento del artículo 45. No obstante, si no hubiere acuerdo entre las dos asambleas, el texto no podrá ser aprobado por la Asamblea Nacional en última lectura sino por 42

mayoría absoluta de sus miembros. Las leyes orgánicas relativas al Senado deberán ser votadas en los mismos términos por las dos asambleas. Las leyes orgánicas no podrán ser promulgadas sino después de declarada por el Consejo Constitucional su conformidad con la Constitución.

Artículo 47.-El Parlamento votará los proyectos de leyes presupuestarias en las condiciones establecidas por una ley orgánica. Si la Asamblea Nacional no se hubiere pronunciado en primera lectura en el plazo de 40 días después de haber recibido un proyecto, el Gobierno lo someterá al Senado, el cual deberá pronunciarse en el plazo de 15 días. A continuación, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 45. Si el Parlamento no se hubiere pronunciado en el plazo de setenta días, podrán las disposiciones del proyecto entrar en vigor por ordenanza. Si la ley de presupuestos que fije los ingresos y los gastos de un ejercicio no ha sido presentada con tiempo suficiente para ser promulgada antes del comienzo de tal ejercicio, el Gobierno pedirá con carácter urgente al Parlamento la autorización para percibir los impuestos y consignará por decreto los créditos necesarios para los servicios votados. Los plazos establecidos en el presente artículo quedarán en suspenso cuando el Parlamento no esté reunido. El Tribunal de Cuentas asistirá al Parlamento y al Gobierno en el control de la ejecución de las leyes presupuestarias.

Artículo 47-1 El Parlamento votará los proyectos de ley de financiación de la seguridad social en las condiciones previstas en una ley orgánica. Si la Asamblea Nacional no se hubiere pronunciado en primera lectura en el plazo de 20 días después de la presentación de un proyecto, el Gobierno lo trasladará al Senado, quien deberá pronunciarse en el plazo de 15 días. Procederá después del modo dispuesto en el artículo 45. Si el Parlamento no se hubiere pronunciado en un plazo de 50 días, se podrán poner en vigor las disposiciones del proyecto mediante ordenanza. Quedarán en suspenso los plazos previstos en el presente artículo cuando el Parlamento no esté en período de sesiones y, respecto a cada asamblea, en el transcurso de las semanas en las que haya decidido no celebrar sesión conforme al segundo apartado del artículo 28. El Tribunal de Cuentas asistirá al Parlamento y al Gobierno en el control de la aplicación de las leyes de financiación de la seguridad social.

Artículo 48.-Sin perjuicio de la aplicación de los tres últimos apartados del artículo 28, el orden del día de las asambleas comprenderá, prioritariamente y en el orden fijado por el Gobierno, la discusión de los proyectos de ley presentados por el Gobierno y las proposiciones de ley por él aceptadas. Al menos una sesión por semana estará reservada prioritariamente a las preguntas de los miembros del Parlamento y a las respuestas del Gobierno. Se reservará prioritariamente una sesión cada mes al orden del día fijado por cada asamblea.

Artículo 49.-El Primer Ministro, previa discusión del Consejo de Ministros, planteará ante la Asamblea Nacional la responsabilidad del Gobierno sobre su programa y eventualmente sobre una declaración de política general. La Asamblea Nacional juzgará la responsabilidad del Gobierno mediante la votación de una moción de censura, la cual sólo se admitirá a trámite si va firmada al menos por una décima parte de los miembros de la Asamblea Nacional. La votación tendrá lugar cuarenta y ocho horas después de su presentación. Sólo se considerarán los votos favorables a la moción de censura, la cual sólo podrá ser aprobada por la mayoría de los miembros que componen la Asamblea Nacional. Salvo en lo dispuesto en el apartado siguiente, ningún diputado podrá ser firmante de más de tres mociones de censura en el mismo período ordinario de sesiones ni de más de una en el mismo período extraordinario de sesiones.

El Primer Ministro podrá, previa discusión del Consejo de Ministros, plantear la responsabilidad del Gobierno ante la Asamblea Nacional sobre la votación de un texto. En tal caso este texto se considerará aprobado, salvo si una moción de censura, presentada dentro de las veinticuatro horas siguientes, fuere 43

aprobada del modo establecido en el apartado anterior. El Primer Ministro estará facultado para pedir al Senado la aprobación de una declaración de política general.

Artículo 50.-Cuando la Asamblea Nacional apruebe una moción de censura o cuando desapruebe el programa o una declaración de política general del Gobierno, el Primer Ministro deberá presentar la dimisión del Gobierno al Presidente de la República.

Artículo 51.-La clausura del período ordinario de sesiones o de los períodos extraordinarios quedará aplazada de pleno derecho para permitir, en caso necesario, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 49. Con tal fin se procederá preceptivamente a sesiones suplementarias.

TÍTULO VI De los tratados y acuerdos internacionales Artículo 52.-El Presidente de la República negociará y ratificará los tratados.

Será informado de toda negociación encaminada a la concertación de un acuerdo internacional no sujeto a ratificación.

Artículo 53.-No podrán ser ratificados ni aprobados sino en virtud de una ley los tratados de paz, los tratados de comercio, los tratados o acuerdos relativos a la organización internacional, los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública, los que modifiquen disposiciones de naturaleza legislativa, los relativos al estado de las personas y los que entrañen cesión, canje o accesión territorial.

No surtirán efecto sino después de haber sido ratificados o aprobados.

Ninguna cesión, canje o accesión territorial será válida sin el consentimiento de las poblaciones interesadas.

Artículo 53-1 La República podrá concertar con los Estados europeos que están unidos por compromisos idénticos a los suyos en materia de asilo y de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, acuerdos que determinen sus respectivas competencias para el examen de las solicitudes de asilo que le sean presentadas. No obstante, aunque la solicitud no entre en el ámbito de su competencia en virtud de estos acuerdos, las autoridades de la República estarán siempre facultadas para dar asilo a todo extranjero perseguido por su acción en favor de la libertad o que solicite la protección de Francia por cualquier otro motivo.

Artículo 53-2 La República podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de acuerdo con las condiciones previstas por el tratado firmado el 18 de julio de 1998.

Artículo 54.-Si el Consejo Constitucional, requerido por el Presidente de la República, por el Primer Ministro, por el Presidente de cualquiera de las dos asambleas o por sesenta diputados o por sesenta senadores, declara que un compromiso internacional contiene una cláusula contraria a la Constitución, la autorización para ratificar o aprobar el referido compromiso internacional sólo podrá otorgarse previa revisión de la Constitución.

Artículo 55.-Los tratados o acuerdos debidamente ratificados o aprobados tendrán, desde el momento de su publicación, una autoridad superior a las leyes, a reserva, para cada acuerdo o tratado, de su aplicación por la otra parte.

TÍTULO VII Del Consejo Constitucional Artículo 56.-El Consejo Constitucional estará compuesto por nueve miembros, cuyo mandato durará nueve años y no será renovable. El Consejo Constitucional se renovará por tercios cada tres años. Tres 44

de sus miembros serán nombrados por el Presidente de la República, tres por el Presidente de la Asamblea Nacional y tres por el Presidente del Senado. Además de los nueve miembros arriba mencionados, los ex-Presidentes de la República serán miembros vitalicios de pleno derecho del Consejo Constitucional.

El Presidente será nombrado por el Presidente de la República. Tendrá voto de calidad en caso de empate.

Artículo 57.-Las funciones de miembro del Consejo Constitucional serán incompatibles con las de ministro o miembro del Parlamento. Una ley orgánica determinará las demás incompatibilidades.

Artículo 58.-El Consejo Constitucional velará por la regularidad de la elección del Presidente de la República. Examinará las reclamaciones y proclamará los resultados del escrutinio.

Artículo 59.-El Consejo Constitucional se pronunciará, en caso de impugnación, sobre la regularidad de la elección de los diputados y de los senadores.

Artículo 60 (Modificado 28/03/2003).-El Consejo Constitucional velará por la regularidad de las operaciones de referéndum previstos en los artículos 11 y 89, y proclamará los resultados.

Artículo 61.-Las leyes orgánicas, antes de su promulgación, y los reglamentos de las asambleas parlamentarias, antes de su aplicación, deberán ser sometidos al Consejo Constitucional, el cual se pronunciará sobre su conformidad con la Constitución. Con el mismo fin, podrán presentarse las leyes al Consejo Constitucional antes de su promulgación por el Presidente de la República, el Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Senado o sesenta diputados o sesenta senadores.

En los casos previstos en los dos apartados anteriores, el Consejo Constitucional se pronunciará en el plazo de un mes. No obstante, a petición del Gobierno, y si existe urgencia, este plazo podrá reducirse a ocho días. En estos mismos casos, la remisión al Consejo Constitucional suspenderá el plazo de la promulgación.

Artículo 62.-No podrá ser promulgada ni entrar en vigor una disposición declarada inconstitucional.

Las decisiones del Consejo Constitucional no son susceptibles de recurso. Se imponen a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales.

Artículo 63.-Una ley orgánica determinará las normas de organización y funcionamiento del Consejo Constitucional, el procedimiento que se seguirá ante él y, en particular, los plazos para someterle impugnaciones.

TÍTULO VIII De la autoridad judicial Artículo 64.-El Presidente de la República es el garante de la independencia de la autoridad judicial. Le auxiliará el Consejo Superior de la Magistratura. Una ley orgánica determinará el estatuto de los magistrados y fiscales. Los magistrados serán inamovibles.

Artículo 65.-El Consejo Superior de la Magistratura será presidido por el Presidente de la República. El Ministro de Justicia será su vicepresidente nato y podrá suplir al Presidente de la República. El Consejo Superior de la Magistratura estará compuesto de dos salas, una para los magistrados y otra para los fiscales. La sala de los magistrados comprenderá, además del Presidente de la República y el Ministro de Justicia, cinco magistrados y un fiscal, un consejero de Estado, designado por el Consejo de Estado, y tres personalidades que no pertenezcan ni al Parlamento ni a la carrera judicial, designados 45

respectivamente por el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional y el Presidente del Senado. La sala de los fiscales comprenderá, además del Presidente de la República y el Ministro de Justicia, cinco fiscales y un magistrado, el consejero de Estado y las tres personalidades mencionados en el apartado anterior. La sala de los magistrados del Consejo Superior de la Magistratura formulará propuestas para los nombramientos de los magistrados del Tribunal de Casación (1), los de primer presidente de tribunal de apelación y los de presidente de tribunal de gran instancia. Los demás magistrados serán nombrados con su dictamen favorable. Se pronunciará como consejo de disciplina de los magistrados bajo la presidencia del primer presidente del Tribunal de Casación. La sala de los fiscales del Consejo Superior de la Magistratura emitirá su dictamen sobre los nombramientos referentes a los fiscales, a excepción de los cargos que se provean en Consejo de Ministros. Emitirá su dictamen sobre las sanciones disciplinarias referentes a los fiscales, bajo la presidencia del Fiscal General del Tribunal de Casación. Una ley orgánica determinará las condiciones de aplicación del presente artículo.

Artículo 66.-Nadie podrá ser detenido arbitrariamente. La autoridad judicial, garante de la libertad individual, asegurará el respeto de este principio en la forma prevista por la ley.

TÍTULO IX Del Alto Tribunal de Justicia Artículo 67.-Se instituye un Alto Tribunal de Justicia. Se compondrá de miembros elegidos, en su seno y en igual número, por la Asamblea Nacional y por el Senado después de cada renovación total o parcial de dichas asambleas. El Tribunal elegirá a su Presidente entre sus propios miembros. Una ley orgánica fijará la composición del Alto Tribunal y sus normas de funcionamiento, así como el procedimiento aplicable ante él.

Artículo 68.-El Presidente de la República no será responsable de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones sino en caso de alta traición. Sólo podrá ser acusado por las dos asambleas mediante un voto idéntico en votación pública y por mayoría absoluta de sus miembros. Será juzgado por el Alto Tribunal de Justicia.

TÍTULO X De la responsabilidad penal de los miembros del Gobierno Artículo 68-1 Los miembros del Gobierno serán responsables penalmente de los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones y tipificados como delitos en el momento en el que los cometieron. Serán juzgados por el Tribunal de Justicia de la República. El Tribunal de Justicia de la República estará vinculado por la tipificación de los delitos, así como por la determinación de las penas, tal como resulten de la ley.

Artículo 68-2 El Tribunal de Justicia de la República estará compuesto por quince jueces : doce parlamentarios elegidos, en su seno y en igual número, por la Asamblea Nacional y por el Senado después de cada renovación total o parcial de estas asambleas y tres magistrados del Tribunal de Casación, uno de los cuales presidirá el Tribunal de Justicia de la República. Cualquier persona que se considere ofendida por un delito cometido por un miembro del Gobierno en el ejercicio de sus funciones, podrá presentar denuncia ante una comisión de admisión. Esta comisión ordenará bien su archivo bien su traslado al Fiscal General del Tribunal de Casación con el fin de que se recurra al Tribunal de Justicia de la República. El Fiscal General del Tribunal de Casación podrá recurrir también de oficio al Tribunal de Justicia de la República con el dictamen favorable de la comisión de admisión.Una ley orgánica determinará el modo de aplicación del presente artículo.

Artículo 68-3 Lo dipuesto en el presente título será asimismo aplicable a los hechos cometidos antes de su entrada en vigor.

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TÍTULO XI Del Consejo Económico y Social Artículo 69.-El Consejo Económico y Social emitirá, a requerimiento del Gobierno, su dictamen sobre los proyectos de ley, de ordenanza o de decreto, así como sobre las proposiciones de ley que le sean sometidos. El Consejo Económico y Social podrá designar a uno de sus miembros para que exponga ante las asambleas parlamentarias el dictamen del Consejo sobre los proyectos o proposiciones que le hayan sido sometidos.

Artículo 70.-El Consejo Económico y Social podrá también ser consultado por el Gobierno sobre cualquier problema de carácter económico o social. Se le someterá todo plan o proyecto de ley de bases de carácter económico o social para que se pronuncie sobre él.

Artículo 71.-Se establecerán mediante ley orgánica la composición del Consejo Económico y Social y sus normas de funcionamiento.

TÍTULO XII De las entidades territoriales Artículo 72 (Modificado 28/03/2003).-Las colectividades territoriales de la República son los municipios, los departamentos, las regiones, las colectividades de estatus particulares y las colectividades de ultramar regidas por el artículo 74. Las demás colectividades territoriales serán creadas por ley, si llega el caso, en lugar de una o varias de las colectividades mencionadas en el presente párrafo. Las colectividades territoriales tratarán de tomar las decisiones para el conjunto de competencias que puedan ser ejecutadas de la mejor manera posible en su escala. En las condiciones previstas por la ley, estas colectividades se administran libremente por los consejos elegidos y disponen de poder reglamentario para el ejercicio de sus competencias. En las condiciones previstas por ley orgánica, y excepto cuando se trate de las condiciones esenciales en el ejercicio de una libertad pública o de un derecho constitucionalmente garantizado, las colectividades territoriales o sus agrupaciones pueden, cuando, según el caso, la ley o el reglamento lo hayan previsto, derogar, a título experimental y para un tema y una duración limitados, las disposiciones legislativas o reglamentarias que rigen el ejercicio de sus competencias. Ninguna colectividad territorial puede ejercer tutela sobre otra. Sin embargo, cuando el ejercicio de una competencia necesite el concurso de varias colectividades territoriales, la ley puede autorizar a una de ellas o a uno de sus agrupamientos a organizar las modalidades de su acción común.

En las colectividades territoriales de la República, el representante del Estado, representante de cada uno de los miembros del Gobierno, tiene a su cargo los intereses nacionales, el control administrativo y el respeto de las leyes.

Artículo 72-1 (Añadido 28/03/2003).-La ley fija las condiciones en las que los electores de cada colectividad territorial pueden, para ejercer el derecho de petición, solicitar la inscripción en el orden del día de la asamblea deliberante de su colectividad, de un asunto relevante de su competencia. En las condiciones previstas por la ley orgánica, los proyectos de deliberación o de acción que dependen de la competencia de una colectividad territorial pueden, para su iniciativa, ser sometidos, por la vía del referéndum, a la decisión de los electores de esta colectividad. Cuando se prevé crear una colectividad territorial dotada de un estatuto particular o modificar su organización, puede ser decidido por ley consultar a los electores inscritos en las colectividades interesadas. La modificación de los límites de las colectividades territoriales también puede dar lugar a la consulta de los electores en las condiciones previstas por la ley.

Artículo 72-2 (Añadido 28/03/2003).-Las colectividades territoriales gozan de recursos de los que pueden disponer libremente en las condiciones fijadas por la ley. Pueden recibir todo o parte de los 47

impuestos de toda naturaleza. La ley puede autorizarlos a fijar las tasas en los límites que determine.

Los ingresos fiscales y otros recursos propios de las colectividades territoriales representan, para cada categoría de colectividades, una parte determinante del conjunto de sus recursos. La ley fija las condiciones en las cuales rige este reglamento. Toda transferencia de competencias entre el Estado y las colectividades territoriales se acompaña de la atribución de recursos equivalentes para éstas y dedicadas a su ejercicio. Toda creación o extensión de competencias que tenga como consecuencia la de aumentar los gastos de las colectividades territoriales ha de ir acompañada por recursos determinados por la ley. La ley prevé dispositivos destinados a favorecer la igualdad entre las colectividades territoriales.

Artículo 72-3 (Añadido 28/03/2003).-La República reconoce, en el seno del pueblo francés, las poblaciones de Ultramar, en un ideal común de libertad, igualdad y fraternidad. Guadalupe, Guyana, Martinica, Reunión, Mayotte, San Pedro y Miquelon, las islas Wallis y Futura y la Polinesia francesa están regidas por el artículo 73 para los departamentos y las regiones de ultramar y para las colectividades territoriales creadas en aplicación del último párrafo del artículo 73, y por el artículo 74 para las otras colectividades. El estatuto de la Nueva Caledonia está regido por el título XIII. La ley determina el régimen legislativo y la organización particular de los territorios australes y antárticos franceses.

Artículo 72-4 (Añadido 28/03/2003).-Ningún cambio, para toda o parte de una colectividad mencionada en el segundo párrafo del artículo 72-3, de uno respecto a otro de los regímenes previstos por los artículos 73 y 74, pueden intervenir sin que el consentimiento de los electores de la colectividad o de parte de la colectividad interesada haya sido recogido de forma previa en las condiciones previstas en el párrafo siguiente. Este cambio de régimen está decidido por una ley orgánica.

El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno durante la duración de las sesiones o a propuesta conjunta de ambas asambleas, publicadas en el Diario oficial, puede decidir consultar a los electores de una colectividad territorial situada en ultramar sobre un tema relativo a su organización, a sus habilidades o a su régimen legislativo.Cuando la consulta trata sobre un cambio previsto en el párrafo precedente y se organiza a propuesta del Gobierno, éste hará, en cada asamblea, una declaración que vendrá seguida por un debate.

Artículo 73 (Modificado 28/03/2003).-En los departamentos y las regiones de ultramar, las leyes y los reglamentos son aplicables de pleno derecho. Pueden ser adaptados según las características y exigencias particulares de estas colectividades. Estas adaptaciones pueden ser decididas por estas colectividades en las materias donde ejercen sus competencias y están habilitadas por la ley. Para derogar el primer párrafo y para considerar sus especificidades, los colectivos regidos por el presente artículo pueden ser habilitados por la ley, fijar ellas mismas las reglas aplicables en su territorio, en un número limitado de materias que derivan del dominio de la ley. Estas reglas no podrán tratar sobre la nacionalidad, los derechos cívicos, las garantías de las libertades públicas, el estado y la capacidad de las personas, la organización de la justicia, el derecho penal, el proceso penal, la política extranjera, la defensa, la seguridad y el orden públicos, la moneda, el crédito y los cambios, así como el derecho electoral. Esta enumeración será precisada y completada por una ley orgánica. La disposición prevista en los dos párrafos precedentes no es aplicable al departamento y a la región de La Reunión. Las habilitaciones previstas en el segundo y tercer párrafos se deciden, a demanda de la colectividad afectada, en las condiciones y bajo las reservas previstas por una ley orgánica. No pueden intervenir cuando afecten a condiciones esenciales del ejercicio de una libertad pública o de un derecho constitucionalmente garantizado. La creación por ley de una colectividad, en sustitución de un departamento o de una región de ultramar, o la institución de una asamblea deliberante única para estas 48

dos colectividades, no puede realizarse sin que haya sido contemplado, según las formas previstas en el segundo párrafo del artículo 72-4, el consentimiento de los electores inscritos en estas colectividades.

Artículo 74 (Modificado 28/03/2003).-Las colectividades de ultramar regidas por el presente artículo tienen un estatuto que contempla los intereses propios de cada una de ellas en el seno de la República.

Este estatuto se define por una ley orgánica, adoptada tras la emisión de un dictamen por parte de la asamblea deliberante, que fija: -- las condiciones en las que las leyes y los reglamentos son aplicables; -- las competencias de la colectividad; bajo reserva de aquellas ya ejercitadas por ella, la transferencia de competencias del Estado no puede tratar sobre los asuntos enumerados en el cuarto párrafo del artículo 73, precisado y completado, en su caso, por la ley orgánica; -- las reglas de organización y de funcionamiento de las instituciones de la colectividad y el régimen electoral de su asamblea deliberante; -- las condiciones en las cuales sus instituciones son consultadas con los proyectos y las proposiciones de ley y los proyectos de ordenanza o de decreto que contiene disposiciones particulares a la colectividad, así como sobre la ratificación o la aprobación de empeños internacionales concluidos en los asuntos que dependen de su competencia.

La ley orgánica también puede determinar, para estas colectividades que son dotadas de la autonomía, las condiciones en las cuales: -- el Consejo de Estado ejerce un control jurisdiccional específico sobre ciertas categorías de actos de la asamblea deliberante que interviene como titular de las competencias que ejerce en el dominio de la ley; -- la asamblea deliberante puede modificar una ley promulgada posteriormente a la entrada en vigor del estatuto de la colectividad, cuando el Consejo constitucional, requerido por las autoridades de la colectividad, haya constatado que la ley había intervenido en el dominio de competencia de la colectividad; -- la colectividad, a favor de la población, puede adoptar medidas justificadas por las necesidades locales, en materia de acceso al empleo, de derecho de establecimiento para el ejercicio de una actividad profesional o de protección del patrimonio.

-- la colectividad puede participar, bajo el control del Estado, en el ejercicio de las competencias que conserva, en el respeto de las garantías acordadas por el conjunto del territorio nacional para el ejercicio de las libertades públicas.

Las otras modalidades de la organización particular de las colectividades derivadas del presente artículo están definidas y modificadas por la ley después de consultar a su asamblea deliberante.

Artículo 74-1 (Añadido 28/03/2003).-En las colectividades de ultramar citadas en el artículo 74 y en Nueva Caledonia, el Gobierno puede, en las materias que son competencia del Estado, ampliar por reglamentos, con las adaptaciones necesarias, las disposiciones de naturaleza legislativa vigente en la metrópoli, bajo reserva de que la ley no haya expresamente excluido, para las disposiciones en causa, el recurso al procedimiento. Los reglamentos son adoptados en consejo de ministros tras el dictamen de las asambleas deliberantes interesadas y del Consejo de Estado. Entran en vigor desde su publicación.

Caducan en ausencia de una ratificación por parte del Parlamento en el plazo de dieciocho meses después de esta publicación.

Artículo 75.-Los ciudadanos de la República que no tengan estatuto civil de derecho común, único estatuto contemplado en el artículo 34, conservarán su estatuto personal mientras no hayan renunciado a él.

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Artículo 76 Derogado.

TÍTULO XIII Disposiciones transitorias en relación con Nueva Caledonia Artículo 76.-Las poblaciones de Nueva Caledonia están llamadas a pronunciarse antes del 31 de diciembre de 1998 sobre las disposiciones del acuerdo que se firmó en Nouméa el 5 de mayo de 1998, publicado el 27 de mayo de 1998 en el Journal Officiel de la República Francesa. Podrán participar en la votación aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la ley nº 88-1028 de 9 de noviembre de 1988. Las medidas necesarias para la organización de la votación se adoptarán mediante decreto en Consejo de Estado y tras deliberación del Consejo de Ministros.

Artículo 77 (Nueva redacción 20/07/1998).-Tras la aprobación del acuerdo en la consulta prevista por el artículo 76, la ley orgánica, adoptada tras dictamen de la asamblea deliberante de Nueva Caledonia, con el fin de garantizar la evolución de Nueva Caledonia conforme a las orientaciones definidas por este acuerdo y según las modalidades necesarias a su aplicación, establecerá: -- las competencias del Estado que habrán de transferirse, de forma definitiva, a las instituciones de Nueva Caledonia, el escalonamiento y las modalidades de estas transferencias, así como la repartición de los gastos originados por éstas; -- las reglas de organización y funcionamiento de las instituciones de Nueva Caledonia, de modo especial las condiciones en las cuales ciertas categorías de actos de la asamblea deliberante podrán someterse, antes de su publicación, a la fiscalización del Consejo Constitucional; -- las reglas relativas a la ciudadanía, al sistema electoral, al empleo y al derecho civil consuetudinario; -- las condiciones y plazos en los que las poblaciones afectadas de Nueva Caledonia habrán de pronunciarse sobre el acceso a la plena soberanía.

Las otras medidas necesarias para la aplicación del acuerdo al que se hace referencia en el artículo 76 se definirán por ley.

Artículo 78 a 87.-(Derogados 04/08/1995) TÍTULO XIV De los acuerdos de asociación Artículo 88 (Modificado el 04/08/1995).-La República podrá concluir acuerdos con los Estados que deseen asociarse a ella para desarrollar sus civilizaciones.

TÍTULO XV De las Comunidades europeas y de la Unión europea Artículo 88-1 (Añadido 26/06/1992).-La República participa en las Comunidades Europeas y en la Unión Europea, compuestas por Estados que han elegido libremente, en virtud de los Tratados que las instituyen, ejercer en común ciertas competencias.

Artículo 88-2 (Modificado 25/03/2003).-De acuerdo con criterios de reciprocidad y del modo previsto por el Tratado de la Unión Europea, firmado el 7 de febrero de 1992, Francia concede las transferencias de competencias necesarias para el establecimiento de la unión económica y monetaria europea. De acuerdo con los mismos criterios y del modo previsto por el Tratado que instituye la Comunidad Europea, en su redacción correspondiente al tratado firmado el 2 de octubre de 1997, se pueden conceder las transferencias de competencias necesarias para la determinación de las normas relativas a la libre circulación de personas y a los aspectos que a ella se refieran. La ley fija las normas relativas a la orden de detención europea en aplicación de los actos adoptados con fundamento en el Tratado de la Unión europea.

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Artículo 88-3 (Añadido 26/06/1992).-De acuerdo con criterios de reciprocidad y del modo previsto por el Tratado de la Unión Europea, firmado el 7 de febrero de 1992, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales sólo podrá concederse a los ciudadanos de la Unión residentes en Francia, quienes no podrán ejercer las funciones de alcalde o teniente de alcalde ni participar en la designación de electores senatoriales y en la elección de los senadores. Una ley orgánica votada en los mismos términos por las dos asambleas determinará el modo de aplicación del presente artículo.

Artículo 88-4 (Modificado 25/01/1999).-El Gobierno someterá a la Asamblea Nacional y al Senado, en el momento de su transmisión al Consejo de la Unión Europea, los proyectos o propuestas de actos de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea que contengan disposiciones de índole legislativa.

Asimismo, el Gobierno podrá presentar a dichas cámaras los otros proyectos o propuestas de actos, así como cualquier documento que emane de una institución de la Unión Europea. Según modalidades fijadas por el reglamento de cada asamblea, se podrán votar resoluciones, incluso fuera de los períodos de sesiones, sobre proyectos, propuestas o documentos mencionados en el apartado anterior.

TÍTULO XVI De la reforma Artículo 89.-La iniciativa de la reforma de la Constitución corresponde conjuntamente al Presidente de la República, a propuesta del Primer Ministro, y a los miembros del Parlamento.

El proyecto o proposición de reforma deberá ser votado por las dos asambleas en términos idénticos.

La reforma será definitiva después de ser aprobada por referéndum. No obstante, el proyecto de reforma no será sometido a referéndum cuando el Presidente de la República decida someterlo al Parlamento convocado en Congreso; en este caso, el proyecto de reforma sólo quedará aprobado si obtuviere mayoría de tres quintos de los votos emitidos. La Mesa del Congreso será la de la Asamblea Nacional. No podrá iniciarse ni proseguirse ningún procedimiento de reforma mientras sufra menoscabo la integridad del territorio. No podrá la forma republicana de gobierno ser objeto de reforma.

Artículos 90-92.-Derogados 04/08/1995.

TÍTULO XVII Derogado 04/08/1995.

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