Lazos de Unidad #134

edición

134

Órgano Informativo CUT Antioquia ISSN 1900 - 1843 - Medellín, octubre del 2021 - Edición 134

Gracias a la movilización sindical y al acompañamiento de la CUT Antioquia, los trabajadores del municipio de Medellín lograron una victoria frente a Daniel Quintero

Comite Ejecutivo CUT Antioquia Jaime Montoya

Direccion de la revista

Esteban Gulfo Romero

LAZOS DE UNIDAD

Presidente

Vicepresidente

Danilo Pulgarín Henao Secretario

Comité editorial

Manuel Ignacio Vaca Tesorera

Pedro Pablo Barbosa Fiscal

María Rosalba Vasco Dir. Dpto Comunicaciones

Germán de Jesús Marín Dir. Dpto DD.HH y Solidaridad

Jaime Montoya

Danilo Pulgarín

Claudia Arboleda

Fernando Pérez

Rosalba Vasco

José J. Vásquez

Deivis Norberto Correa

Dir. Dpto Seguridad Social y Salud en el Trabajo

Fernando Alcides Pérez Dir. Dpto Educación

Rita Patricia Callejas Dir. Dpto de la Mujer

Never Ortíz Palacio

Dir. Dpto de la Juventud y Menor Trabajador

Gilberto Torres Espitia Dir. Dpto Organización

Rosa América Peñaloza Dir. Dpto Relacionales Laborales

Nestor Darío Monsalve C.

Dir. Dpto Asuntos Relacionados con las Multinacionales

Román Montoya Pérez.

Dir. Dpto de Relaciones con Sectores Sociales

Comision de quejas y reclamos

Diseño y diagramación: Yamid López

CUT ANTIOQUIA Central Unitaria de Trabajadores subdirectiva Antioquia

Contenido No son empresarios, son hampones

4

Jaime Montoya - Presidente CUT Antioquia

Luchar sí sirve

5

CUT Comunicaciones

Encuentro de jóvenes CUT Antioquia CUT Comunicaciones

7

Se agudiza desnanciación de la Milena Fuentes, Educación pública

8

Los derechos Humanos y la ENS democracia

12

Saldremos también a denunciar la CUT corrupción

16

Denuncia de trabajadores CUT Antioquia despedidos

20

Ronald Domínguez

Soportar el dolor Pascual Gaviria

Actividades CUT Antioqua CUT Nacional

22 24

Editorial

¡No son empresarios, son hampones!

Jaime Montoya Presidente

Uno de los graves problemas que han conducido a Colombia a la crisis económica y social que hoy viven sus habitantes es el escaso desarrollo productivo que no permite la creación de riqueza, la acumulación de capital nacional y fuentes de generación de empleo. El modelo económico neoliberal, desde 1989, le asesta el golpe mortal a los empresarios nacionales, tanto del campo como de la ciudad, al convertir a este rico país en un importador neto de productos, bienes y servicios, que sus gentes están en plena capacidad de producir, pero a los que el Estado no les genera las condiciones necesarias para su fomento. Estos empresarios productores nacionales son absolutamente necesarios si se quiere superar la crisis.

La corrupción es exacerbada por ese modelo neoliberal, que la escaló desde el paradigma de “hecha la ley, hecha la trampa” hasta el “hacer la trampa dentro de la misma ley”, armando todo un entramado para secuestrar y saquear los recursos de la Nación, tanto en su presupuesto como en el patrimonio, objetivos de concesiones y privatizaciones. De esta corrupción

participan no solo políticos, sino altos funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, muchos “cogidos con las manos en la masa”, hoy criminales confesos o condenados, rutilantes estrellas de las cárceles.

A esa cloaca le faltaba el elemento que va a relacionar a los “mismos con las mismas” con los encargados de la contratación del país, apareciendo una especie de “empresarios”, emprendedores especializados en estructurar los “negocios nancieros”, protegidos por el “gran poder”, con licitaciones hechas a su medida.

Son estos los encargados de “robar para los mismos con las mismas” los recursos del Estado que deberían, al menos, calmar la miseria y el hambre de más del cincuenta por ciento de la población colombiana. Estos no son empresarios, son unos hampones criminales que gozan de la complacencia del gran poder.

La licitación del MinTIC, en donde están perdidos 70 mil millones de pesos, que según Juan Carlos Cáceres, testigo de la Fiscalía: “Esos dineros públicos nunca fueron destinados a la compra de equipos tecnológicos o alguna inversión similar. En vez de eso, la plata fue usada para comprar viviendas, carros y otras propiedades de lujo”. Es solo una gota en la mar de corrupción. Basta enumerar algunos escándalos que implican a tales “empresarios”: Carrusel de la Contratación en Bogotá, testaferros en la Dirección Nacional de Estupefacientes, escándalo de la Salud en Colombia, de la DIAN con devolución del IVA, Termorrío, Interbolsa, desfalco a Colpensiones, Juegos Nacionales de Ibagué, Cartel de la Hemolia en Sucre, Bolívar y La Guajira, las libranzas en Colombia, Recar, Llanopetrol, Cartel de las Regalías en Córdoba, la Chatarrización, Odebrecht, Triple A y Operación Acordeón en Barranquilla, Cartel de Alimentos en Fuerzas Militares, el PAE, Fonade o de la “Mermelada Tóxica”, Electricaribe y la corrupción durante la pandemia. Este debate en contra de la corrupción también deben tenerlo los empresarios y depurar sus las. ¡Colombia tiene que proteger a los empresarios que propenden por el desarrollo Nacional!

LUCHAR SÍ SIRVE

La negociación del incremento salarial para los funcionarios de la Alcaldía de Medellín ha sido un suplicio. Daniel Quintero y su administración, llamados supuestamente “independientes”, ofrecieron mucho menos de lo que ofreció en su momento Duque: 0.5+IPC. Una miseria.

Los trabajadores del municipio, organizados en diferentes sindicatos, varios agrupados en la CUT Antioquia, realizaron mítines al frente de la Alpujarra y denunciaron la tacañería de Quintero en medios de comunicación.

Gracias a la presión y al acompañamiento de nuestra Central, la Alcaldía cedió y se rmó un acuerdo por 2%+IPC, lo que benecia considerablemente la vida de los trabajadores.

Luchar sí sirve.

El Paro Nacional, el Paro Estudiantil, el Paro del sector judicial, las movilizaciones de los campesinos y productores nacionales, demuestran que movilizarse, luchar y protestar de manera pacíca y democrática trae sus réditos.

Felicitaciones a los compañeros trabajadores del municipio de Medellín.

El Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabjadores CUT, Subdirectiva Antioquia, lamenta de manera profunda y sentida el fallecimiento del señor Heriberto Barbosa, padre de nuestro compañero y amigo, Pedro Pablo Barbosa. De corazón nos unimos a la familia en este momento de tristeza.

Rechazamos el vil asesinato de la profesora María Nancy Ramírez Pulgarín, de la subdirectiva de nuestro sindicato lial Adida en el municipio de Santa Rosa de Osos.

Exigimos celeridad en las investigaciones para dar con los culpables.

ENCUENTRO DE JÓVENES CUT ANTIOQUIA El 8 y el 14 de octubre, la Central Unitaria de Trabajadores subdirectiva Antioquia, realizó su primer encuentro de jóvenes sindicalistas, el primero en Medellín y el otro en Urabá.

En los eventos se determinaron las bases de un necesario relevo generacional que se debe dar al frente de las organizaciones sindicales y en nuestra

central.

En los eventos participaron el presidente nacional de la CUT, Francisco Máltes y el secretario general, Diogénes Orjuela, además de nuestro presidente Jaime Montoya, los directivos Girlesa Congote, Claudia Arboleda y Never Ortíz, director del departamento de la Juventud.

Se agudiza la desfinanciación de la educación pública Por: Milena Fuentes Rojas, docente de IE Salinas (Caldas)Licenciada en pedagogía infantil, Especialista en psicoanálisis. Ronald Domínguez, docente de IE María Auxiliadora (Caldas), licenciado en ciencias naturales, Master en Matematicas

A pesar de la lucha dada por el magisterio colombiano y la comunidad educativa en el 2001, el congreso de la republica aprobó el acto legislativo 01 del 2001, que cambio la fórmula para el cálculo de las transferencias de recursos a los departamentos y municipios, destinados a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, establecida en los artículos 356 y 357 de la constitución política de 1991 y la ley 60 de 1993, dando inició a una carrera acelerada en la des nanciación de estos servicios básicos para el pueblo Colombiano. De la misma manera y sin tener en cuenta que esta reforma constitucional se estableció como transitoria asegurando que expiraría el 31 de diciembre de 2008, volviendo a la fórmula del situado scal para los cálculos de estos recursos, en el inicio del segundo mandato del presidente Uribe Vélez el ministro de hacienda en ese entonces Alberto Carrasquilla, envió un mensaje de urgencia al congreso alertando la necesidad de prorrogar el acto legislativo 01 de 2001. El congreso, que como siempre en su mayoría es controlado por el ejecutivo y legisla de espaldas al pueblo, obedeciendo las imposiciones del Fondo Monetario Internacional-FMI, aprueba el acto legislativo 04 del 2007, sin resistencia del

“

magisterio por el golpe recibido en la lucha del 2001, prorrogando el acto legislativo 01 de 2001, siete años mas, hasta el 31 de diciembre de 2015, incrementando el recorte a las transferencias que ya había superado en ese momento los 80 billones de pesos.

A medida que se acercaba el año 2015, en el cual expiraba el acto legislativo 04 de 2007, el Comité Ejecutivo de FECODE, fue alertado en sus Juntas Nacionales en varias ocasiones acerca de la necesidad de preparar un paro del magisterio para obligar al gobierno a presentar al congreso un proyecto de reforma constitucional, que volviera al situado scal como fórmula para el cálculo de las transferencias, pero hubo oídos sordos a esta alerta. Si bien en el 2015 se convocó a un paro nacional del magisterio, no apareció por ninguna parte la exigencia de un proyecto de reforma Constitucional en este sentido. Transcurrió el 2016 y el gobierno aplicó este acto legislativo (04 de 2007) que no estaba vigente y en momentos que el recorte a las transferencias superaba los 170 billones de pesos. Solo en el pliego de peticiones de 2017 el comité Ejecutivo de FECODE, acata introducir la exigencia al gobierno de presentar al congreso un proyecto de reforma constitucional a las transferencias, pliego que fue negociado al calor de la lucha en medio de un paro contundente del magisterio, donde se llegaron a unos acuerdos entre ellos el de la presentación del proyecto de reforma constitucional al Congreso de la República, pero que el gobierno incumplió. En la negociación del pliego en el 2019 vuelve y se

“

retoma esta reivindicación, el gobierno se compromete con ella, pero reincide en el incumplimiento; mientras tanto el gobierno seguía y sigue aplicando una norma sin vigencia, el acto legislativo 04 de 2007, pauperizando la calidad de la educación.

Se da el estallido social del 21N de 2019, se conforma el Comando Nacional de Paro, donde FECODE hace parte de él con gran peso político, se presenta un pliego de exigencias al gobierno donde se incluye la reivindicación de la reforma Constitucional a las transferencias, aparece la pandemia y ante la negativa del gobierno de negociar el pliego, el CNP extracta los puntos más urgentes y presenta un pliego de emergencia. Lo extraño es que en ese pliego de emergencia no se da lugar a la urgencia de una reforma constitucional a las transferencias; no consideraron la educación la salud, el agua potable y el saneamiento básico una reivindicación urgente para el pueblo colombiano.

En el paro del 28A de 2021 que desencadenó en estallido social, donde el magisterio participó, aunque no lo esperado, se retoma el pliego de emergencia, aunque la base magisterial se preguntaba ¿que hay en el pliego de emergencia para la nanciación de la educación? A pesar de a beligerancia del movimiento, donde se combinaron la movilización con los bloqueos de vías (satanizados estos últimos por algunos integrantes del CNP lo que contribuyó a un debilitamiento de la lucha), el gobierno se negó a negociar. Ante esta negativa un sector del CNP liderado por las centrales sindicales declararon la suspensión del paro a la cual se sumaron los representantes de FECODE, y ordenaron al magisterio volver a las actividades pedagógicas; con el magisterio laborando, FECODE Y Gobierno se sientan a la mesa a negociar el `pliego de peticiones presentado al inicio del año 2021. ¿Qué podía esperarse de una negociación en frio? (con los maestros laborando), cuando la experiencia nos lo ha demostrado que las negociaciones en esas condiciones conducen a muy poco o a nada para los trabajadores; la consecución de las reivindicaciones de un pliego y la rma de un acuerdo favorable a los trabajadores se logra negociando al calor de la lucha, ej.: paro nacional del magisterio del 2017.

En los acuerdos FECODE- GOBIERNO rmados

Movilización en defensa de la educación Pública

en 2017, 2019 y 2021, la reivindicación fundamental ha sido la nanciación de la educación a través de una reforma Constitucional a las transferencias, que proyecte a 10 años la recuperación de los billones de pesos recortados en 2 décadas, pero el gobierno ha dilatado y sigue dilatando.

Mientras no se logre la nanciación de la educación mediante esta reforma constitucional no será posible estatuto de la profesión docente que se retomó desde el 2008, ampliación de cobertura en los 3 grados de preescolar acordado en el 2017, y raticados en 2019 y 2021 por el incumplimiento del gobierno, amortización de la deuda al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del MagisterioFOMAG- por pasivo pensional, compromiso incumplido desde que se creó el fondo mediante la ley 91 de 1989, calidad y oportunidad en la salud del magisterio y sus familias, descongelamiento del ascenso en el escalafón, salario profesional y otros acuerdos rmados pero que no tiene la garantía de su nanciación.

Consecuencia de lo anterior tenemos los resultados de la negociación de 2021: Se rma un acuerdo donde el gobierno promete nuevamente cumplir lo que no ha cumplido en dos negociaciones anteriores, y otras reivindicaciones nuevas que contenía el pliego fueron rotundamente negadas por el gobierno.

Repasando el acuerdo rmado entre el Gobierno Nacional y FECODE en el presente año, contempla

temas como los referentes a la revisión del sistema general de participaciones, que pretende el incremento de los recursos a la educación pública. A su vez incluye el tema de la educación preescolar con enfoque de incrementar la cobertura en atención integral en 3 grados de preescolar y la jornada única con garantías para que esta se efectúe bajo preceptos de calidad y sin poner en riesgo las garantías laborales de los docentes.

Por otro lado, el estatuto de la profesión docente forma parte de este paquete de negociaciones, el ascenso y reubicación salarial congelado hasta el momento y del que hace parte la situación de los 8000 docentes de la tercera cohorte de la evaluación diagnostico formativa desde 2018. También, las convalidaciones de títulos, las garantías en la prestación de los servicios de salud en donde el gobierno se compromete a hacer vericación del buen cumplimiento de dichos servicios en cualquier lugar del país. Al igual que el cumplimiento por parte del gobierno al del FOMAG de amortizar la deuda del pasivo pensional y el pago de sanciones moratoria; planes y programas de vivienda, y juegos del magisterio 2022.

Si comparamos estos acuerdos con los del 2017 y 2019, prácticamente son los mismos a excepción de la bonicación pedagógica y la nivelación salarial que se ha venido cumpliendo.

No obstante, lo anterior, en varios puntos que se consideran de esencial importancia no se logró realizar acuerdo por las partes. Así, el tema de la formación docente, la inclusión del Covid 19 como enfermedad profesional, los derechos de carrera de los maestros afrodescendientes, indígenas y raizales y la progresividad en la nivelación salarial de los docentes en los próximos años fueron consideradas por el gobierno

como temas hacia los cuales no se compromete.

Frente a esto y teniendo en cuenta que estos acuerdos vienen siendo incumplidos desde el año 2017, FECODE en este proceso y después de haber convocado a los docentes a 43 días de paro en este 2021, debe pronunciarse contundentemente hacia a un gobierno nacional que lleva más de un lustro dilatando asuntos urgentes como la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que garantice la nanciación de la educación, a pesar de haberse comprometido con la rma de los acuerdos 2017 y 2019, mas de una década de dilación del estatuto docente, la baja calidad en el sistema de salud por incumplimiento de los pliegos de condiciones de los contratos, y otros puntos que no avanzan por incumplimiento del gobierno.

Es urgente entonces la preparación de una lucha contundente del magisterio para garantizar el cumplimiento de lo rmado e incumplido reiterativamente, poniendo al centro una reforma estructural a la constitución en los artículos 356 y 357, con el n de que se direccionen recursos que atiendan con calidad, eciencia y ecacia asuntos urgentes como son: la renanciación de la educación pública, salud, agua potable y el saneamiento básico y garantice el cumplimiento de los otros acuerdos incumplidos.

COLECTIVO NACIONAL SINDICAL CLASISTA “GUILLERMO MARÍN” EQUIPO MAGISTERIAL “LUIS FELIPE VÉLEZ” DIRECCIÓN NACIONAL SEPTIEMBRE DE 2021

Los derechos humanos, la democracia, la paz y la libertad sindical: agendas en crisis Por: Viviana Colorado López, Ana María Amado Correa y Luisa Parra Rodríguez

Durante el último año, la crisis mundial desatada por la pandemia generó una tragedia social, política, económica, humana y sanitaria que también impactó la agenda y la situación de derechos humanos. Para el caso colombiano hemos visto cómo se han profundizado algunos problemas estructurales, entre ellos la pobreza, la inequidad, la desigualdad, la precarización laboral, la discriminación, la violencia y el autoritarismo; tal como quedó plasmado en el informe “El desgobierno del aprendiz: Autoritarismo, guerra y pandemia.Balance del segundo año de gobierno de Iván Duque Márquez”, presentado por más de quinientas organizaciones sociales y no gubernamentales.

En medio de este contexto, la violencia antisindical sigue siendo un grave obstáculo para la consolidación de la paz, el ejercicio de las libertades sindicales, la defensa de los derechos humanos y las garantías democráticas. Este tipo de violencia sistemática y selectiva persiste, tal como lo dejan ver algunos indicadores de Sinderh, (la base de datos de la ENS), pese a la existencia de recomendaciones internacionales al Estado colombiano y a la implementación de medidas por parte de la institucionalidad, las cuales, desde el año 2011, trazaron como meta la eliminación de la violencia antisindical, la superación de la impunidad y el fortalecimiento del programa de protección a sindicalistas. Entre tales medidas se encuentran las contempladas en: i) la Misión de Alto Nivel de la Organización Internacional del trabajo (OIT, 2011);

Honor a

ii) los compromisos raticados por parte del Gobierno en el Plan de Acción Laboral (PAL) (Obama-Santos, 2011); iii) el informe del PNUD “Reconstruir el pasado, construir el futuro. Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados, 1984-2011” (PNUD, 2011); iv) la Resolución 2628 del 13 de junio de 2012, “Hoja de Ruta en derechos humanos y laborales” (Parlamento Europeo, 2012); y v) las recomendaciones del Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales (OCDE, 2016), entre otras.

Al respecto, se puede armar que, pasada una década en la cual se identican esfuerzos en la puesta en marcha de algunas acciones, y, aunque se identica una tendencia decreciente en la violencia antisindical en comparación con periodos anteriores, los avances e impactos de tales medidas son parciales, pues no se han logrado transformar los problemas de fondo relacionadas con la persistencia de la violencia antisindical, la ausencia de garantías, el acceso a la justicia por parte de las víctimas y la reparación colectiva e integral al movimiento sindical más perseguido en el mundo.

Según el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y Somos Defensores, entre el 1 de enero y el 3 de noviembre de 2020 fueron asesinados 251 líderes y lideresas sociales. Incluso, la pasiva reacción del gobierno colombiano ante lo altos índices de victimización contra personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos ha encendido alertas internacionales, por ejemplo, en marzo de

JAIME RIOS

2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una condena por el asesinato de líderes sociales (CIDH, 2020) y, por su parte, Michel Forst, relator especial de la ONU, calicó este tipo de violencia como crímenes políticos. A su vez, la ONG Human Rights Watch publicó, en febrero del 2021, el informe “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas. Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia” En medio de este contexto adverso, la violencia antisindical sigue al día, y peor aún, es hoy un obstáculo para que los sindicatos ejerzan la libertad sindical y la defensa de derechos.

Así fue raticado en el informe de Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional , para el año 2020, en el cual Colombia ocupa el tercer lugar entre los peores países para trabajadores y trabajadoras en el mundo. Dice el informe: Colombia sigue siendo uno de los peores países en cuanto a la violación de los derechos sindicales, con un tremendo historial de impunidad frente a los asesinatos de sindicalistas. Entre enero de 2019 y marzo de 2020 fueron asesinados 14 líderes sindicales. Se registraron asimismo cuatro intentos de homicidio, un caso de desaparición forzosa y 198

casos de amenazas de muerte. La mayoría de los casos no han sido resueltos y el Gobierno sigue sin combatir ecazmente la cultura de impunidad presente en el país, mientras que el sistema judicial continúa siendo deciente y carece de los recursos necesarios. Los sectores más afectados por esta violencia y total menosprecio de la vida humana son la educación, el transporte, la minería y el sector energético.

Cabe mencionar que, mientras se agrava la situación de derechos humanos, la respuesta y el deber del Estado frente a protección y garantías sigue siendo insuciente y no logra responder a los problemas estructurales y situaciones de riesgo que enfrentan hoy personas que ejercen el liderazgo social y la defensa de derechos, entre ellas sindicalistas.

Asimismo, un riesgo adicional en el marco de la pandemia ha sido la marginación del debate público y las agendas relacionadas con la defensa de derechos humanos, las libertades y la democracia, la exigibilidad en la implementación de los acuerdos de paz, y la lucha por la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Durante la pandemia persiste la violencia antisindical en Colombia Según el Sistema de Información de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical (Sinderh), en Colombia, por más de tres décadas, sindicalistas y sindicatos han sido víctimas de distintas formas de violencia, siendo este fenómeno una de las formas más graves de exclusión padecida por el movimiento sindical. Desde el 1 de enero de 1971 hasta el 31 de diciembre de 2020 se han registrado al menos 15.317 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre éstas, 3.277 homicidios, 428 atentados contra la vida, 253 desapariciones forzadas, 7.541 amenazas de muerte y 1.952 desplazamientos forzados. Del total de violaciones, 11.916 han sido contra hombres y 3.401 cometidas contra mujeres. A 955 dirigentes sindicales les ha sido arrebatada su vida.

La violencia antisindical aún no es tema del pasado.

Según Sinderh, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 se registraron al menos 130 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, entre ellas: 18 homicidios, 2 desapariciones forzadas, 10 atentados contra la vida, 82 amenazas y 4 detenciones arbitrarias. Del total de casos de violencia, 120 fueron contra hombres y 10 fueron contra mujeres. Sara Yaneth Fernández Moreno, secretaria de la junta directiva de la Asociación de

Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea), fue herida de gravedad mientras se encontraba en su residencia. Las primeras versiones de las autoridades indicaron que se trató de un intento de robo, sin embargo, los hechos siguen siendo confusos, teniendo en cuenta el contexto y la amenaza recibida días antes contra diferentes organizaciones, entre ellas Asoprudea.

Como se observa en la Tabla 1, el contexto reciente de violencia antisindical se caracteriza por un entramado de prácticas de persecución y de exterminio, cuyas víctimas han sido hombres y mujeres sindicalistas. Aunque prevalecen las amenazas, reviste suma gravedad la ocurrencia de 18 homicidios de sindicalistas, 2 desapariciones forzadas y 10 atentados contra la vida, gran parte de ellos líderes e integrantes de organizaciones sindicales rurales y docentes sindicalizados. A continuación, se enuncian algunos de los casos que fueron documentados durante el último año: Durante el año 2020 la ENS identica una continuidad en las hipótesis explicativas de la violencia antisindical, que ha venido planteando en los últimos años, entre las cuales se encuentran: i) la tendencia decreciente en el registro de casos, ii) la violencia antisindical focalizada en activistas y dirigentes sindicales y iii) la reactivación de la violencia antisindical en el sector rural. Ahora, aunque la violencia antisindical muestra una disminución en los casos documentados, es preciso llamar la atención sobre el incremento de la persecución contra la dirigencia, el liderazgo y el activismo sindical, que para el año 2020 representa el 88,46% del total de casos documentados, pues esto indicaría la existencia latente del riesgo, que podría incidir en el incremento de vulnerabilidad para las y los sindicalistas.

Por otra parte, resultan muy graves las amenazas y otros hechos de violencia de los que han venido siendo objeto sindicalistas y sindicatos. El 1 de mayo de 2020 fue publicada una investigación en la revista Semana que revelaba carpetas secretas, producto de interceptaciones ilegales a líderes sociales, políticos, periodistas y sindicalistas. Entre ellos, Humberto Correa, secretario de derechos humanos de la CGT. Como consecuencia, el líder sindical se vio forzado a salir del país junto con su familia.

Otro fenómeno que reviste gravedad son los permanentes señalamientos contra Fecode por parte del partido de gobierno, Centro Democrático, los cuales generan un ambiente de riesgo y un factor de

CUT ANTIOQUIA Central Unitaria de Trabajadores subdirectiva Antioquia

persistencia de la violencia antisindical contra maestros y maestras sindicalistas.

Asimismo, en el último año, se registraron hechos de violencia contra 23 organizaciones sindicales ubicadas en 22 departamentos del país, sin embargo, en seis de ellos se concentra el 73,07% de los casos: Bogotá (25), Cauca (23), Meta (17), Nariño (12), Huila (11), y Atlántico (7). En cuanto a la concentración por sectores económicos, encontramos un primer foco de violencia contra sindicatos del sector educación (43), seguido de minas y canteras (31), rural (28) y otros servicios comunales (15). La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), fueron algunas de las organizaciones foco de

la violencia antisindical.

Para el caso de Antioquia, en Sinderh se documentaron 3 casos, un asesinato, un atentado y una amenaza. Sin embargo, adicionalmente Adida reporta 36 casos de amenazas contra maestras y maestros sindicalizados.

Por otra parte, y siguiendo la tendencia histórica, predominan los casos sin información sobre presuntos responsables (80). Sin embargo, de los casos que se tiene algún indicio, son los grupos paramilitares los principales presuntos victimarios (28), entre ellos las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Se han registrado 12 casos en los cuales el presunto responsable son organismos estatales, en 4 casos se presume la responsabilidad de la guerrilla y 2 casos por parte del empleador.

Impunidad crónica frente a crímenes contra sindicalistas Desde el año 2011, en el marco de las medidas del PA L , s e i m p l e m e n t a r o n m e d i d a s p a r a e l fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación frente a la investigación de crímenes y hechos de violencia cometidos contra sindicalistas, dicha capacidad instalada da cuenta de avances muy limitados en relación con los resultados y cambios esperados. En general, frente a delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, “se tiene que la impunidad sigue superando el 90,0% en los casos de sindicalistas” . En el periodo reciente, a partir del análisis de las sentencias que fueron emitidas entre los años 2011 y 2019, se evidencia que la superación de la impunidad, aún no se ha logrado debido a factores como: i) la identicación de los autores materiales del crimen, pero no los determinadores, beneciarios y/o autores intelectuales; ii) no se realiza un análisis de contexto que permita dilucidar la existencia de patrones y metodología criminal; iii) se ha avanzado en la identicación de los móviles del crimen, pero esto no repercute en la construcción de medidas de reparación que garanticen la no repetición, y iv) ha disminuido la capacidad de la rama judicial para evitar la impunidad sin que exista una política consistente de fortalecimiento institucional.

Ahora bien, entre los años 2011 y 2014, dentro del programa de la OIT, los Juzgados 10º y 11º Penales del Circuito Especializado de Bogotá y el 56 Penal del Circuito Ordinario de Bogotá tenían competencia para investigar los casos de los sindicatos y sindicalistas. Sin embargo, el 27 de junio de 2014 se le quitó dicha competencia al segundo de ellos (11º) y el

7 de julio de 2016 la del tercero Al incluirse de nuevo la competencia del Juzgado 11º, el 1 de noviembre de 2017 tercero (Consejo Superior de la Judicatura, 2017), solo serán estos los dos únicos despachos que tramitan y fallan los crímenes contra sindicalistas.

Peor aún, su competencia solo tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2021.

Faltan garantías para la protección integral y colectiva de sindicalistas Pese a los esfuerzos realizados por mejorar su operatividad, el programa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sigue presentando falencias en su estructura, enfoque, ecacia y seguimiento debido a que las medidas y los esquemas establecidos siguen siendo insucientes e inecaces para cumplir los objetivos de protección a sindicalistas trazados en el PAL. Por ejemplo, desde el 2018 se destinaron recursos para la implementación de la ruta de protección colectiva a nivel nacional (UNP, 2018), sin embargo, para el 2020 el balance de gestión había sido apenas del 4% (UNP, 2020).

De manera que, después de una década de creada la entidad, sigue presente la falta de efectividad de las medidas implementadas por esta. La tardanza en los trámites de evaluación del riesgo y de asignación de medidas, la falta de mecanismos de seguimiento y evaluación, desagregados por sector poblacional, y la falta de inclusión de un análisis de contexto son ejemplos de las falencias persistentes. Pero no solo eso, desde el 2014, tan solo tres años después de creada la UNP, la entidad ha estado involucrada en escándalos de corrupción y malversación de fondos.

Se han conocido manejos presupuestales y administrativos decientes ; cobros informales a escoltas para ingresar, mantener sus puestos o mejorar sus condiciones de trabajo y hasta la ltración de información a grupos criminales sobre esquemas de seguridad por parte de miembros de la entidad. Se concluye que, pese al incremento de presupuesto, las instituciones no han fortalecido de manera efectiva la protección de sindicalistas y activistas sindicales. Inclusive durante el periodo reciente, han sido sistemáticos los retiros parciales y totales de esquemas de protección a sindicalistas.

Muestra de ello, es lo sucedido durante la pandemia con dirigentes sindicales de Fecode, entre ellos, Isabel Olaya, Martha Alfonso, Domingo Ayala, a quienes se le retiraron parcialmente las medidas de seguridad. A Luis Edgardo Salazar le fue entregado un botón de pánico. Mientras que, Juan Carlos Martínez le retiraron el esquema de protección.

Saldremos también a denunciar la corrupción y la impunidad que la acompaña, el nuevo paquetazo de Duque, la Reforma Tributaria y el hecho de que Duque: Ni Dialoga, Ni Negocia Por: Comunicaciones CUT

El poder de los dogmas impacta también en Occidente. Un caso que podría verse como menor, pero que no es tan distinto, es el de rechazar la vacuna aduciendo el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.

De manera pacíca, como lo ha hecho siempre, el Comité Nacional de Paro, CNP, llama al pueblo colombiano para que, con su presencia en las calles, exija soluciones a los más graves problemas que lo aquejan. El próximo 28 de septiembre saldremos, especialmente, para demandar, del Congreso de la República, el trámite de los 10 proyectos de Ley que, a través de las bancadas de oposición y alternativas, presentó el Comité Nacional de Paro, y que, recogen las más importantes peticiones expresadas en el pliego de emergencia y por las que se congregaron, millones de colombianos, en

las poderosas movilizaciones sociales que comenzaron en noviembre de 2019 y se raticaron a partir del paro del 28 de abril de 2021.

Los proyectos de Ley, a los cuáles no dan trámite, los partidos de gobierno en el Congreso de la República, tienen como única nalidad beneciar a millones de compatriotas que, acosados por la crisis económica, el Covid-19 y las políticas del gobierno, no encuentran salida para sus esenciales necesidades. Los proyectos de Ley presentados se reeren a: “Una renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares; gratuidad universal para todas y todos los estudiantes en la educación superior pública para hacer efectiva la matricula cero; fortalecimiento de la red pública de salud y

dignicación y formalización laboral para enfrentar la pandemia; apoyos para la reactivación económica de las MiPymes y la generación de empleo; apoyos para la reactivación del sector agropecuario; derogatoria del decreto 1174 de 2020 sobre piso de protección social; acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género; garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacíca; reforma al estatuto de la juventud (Ley 1622 de 2013), para hacerlo más efectivo e incentivar la participación política de la juventud; y la reforma a la policía”. De igual manera, reclamamos continúe el trámite del proyecto de Ley 073 sobre Salud.

Y, contrario a lo solicitado por el Comité Nacional de Paro y las bancadas de la oposición y alternativas, el gobierno hace aprobar a pupitrazo limpio la reforma tributaria y el presupuesto general de la nación que aumenta en 10% el pago de la deuda externa e interna mientras se reduce el presupuesto del sector agropecuario, entre otros, al igual que pretende congelar los gastos del Estado, en funcionamiento necesario para el cumplimiento de sus obligaciones, por 10 años.

Quienes, a lo largo y ancho del país, acompañaron los justos reclamos y desde diversos sectores sociales participaron de las múltiples jornadas programadas por el CNP y otras expresiones de la sociedad colombiana, reclaman que, de una parte, el gobierno nacional cese en el trámite de iniciativas que golpean los intereses y derechos de millones de compatriotas como sucede con los proyectos de Ley 099, de grave afectación para los jóvenes ya que les impone una reforma laboral que los obliga a trabajar por salarios inferiores al mínimo, el 413 de 2021 sobre mercado de capitales que entrega el ahorro pensional para el disfrute de los grandes consorcios nancieros mientras encarece la administración de los recursos de los trabajadores.

De igual manera el gobierno pretende hacerle creer a la opinión pública que la renta básica y la matrícula cero están resueltas con la reforma

tributaria. Nada más mentiroso. Se habla de matrícula cero universal pero no se destinan los recursos que puedan cubrirla y la renta básica de la que habla el gobierno no pasa de ser un aumento insuciente en el llamado Ingreso Solidario.

El gobierno mientras tanto se niega a dar soluciones a las peticiones de diversos sectores que enfrentan graves situaciones frente a sus derechos económicos y sociales como sucede con varios sectores del agro, el comercio y el transporte. Por la vía de los proyectos de ley que tiene que ver con recursos y presupuesto, se debilita y asxia la educación pública en todos sus niveles, áreas y modalidades educativas. Los proyectos de Ley 021 y 130 de 2021 buscan, el uno, poner los recursos de la educación pública a merced e los operadores privados, y el otro,suprimir los títulos académicos para ejercer en la educación preescolar.

Además, no se asigna un solo pesos para bioseguridad en 2022.

De otra parte, exigimos cese totalmente la política que de manera sistemática viene ejecutándose contra dirigentes, líderes y lideresas sociales que participaron en las jornadas de protesta adelantadas. Se reseñan, diariamente, la persecución y eliminación de ciudadanos en clara violación del derecho a la vida, los derechos humanos y demás derechos democráticos.

Le dijo al país, el gobierno nacional que, mientras no cesarán las protestas y se levantarán los cierres totales de vías, no negociaría el pliego de emergencia. Señaló el CNP que no había voluntad de negociar, por parte del Gobierno Nacional, el pliego de emergencia. Y los hechos nos dieron la razón. Aunque, por voluntad de las comunidades, cesaron las protestas y los cierres totales de vías, el gobierno nacional no tramitó el pliego de emergencia, tampoco las garantías mínimas para el ejercicio de la protesta social pacíca y nada resolvió en las mesas regionales y sectoriales que se constituyeron. Se conrmó así que, Duque, ni Dialoga, Ni Negocia. Ahora, parece, las mayorías gobiernistas del Congreso de la República seguirán el antidemocrático ejemplo del gobierno nacional.

Eso lleva al Comité Nacional de Paro a concluir que debe seguir en las calles, exigiendo el trámite de los proyectos de Ley y que, si no se logra encontrar escenarios para las soluciones que se requieren, deberá promover, se saque del gobierno, a quienes mal gobiernan a Colombia.

Foros CUT Antioquia Los primeros jueves de cada mes, en la sede de Sintraemsdes sindicato de trabajadores de Empresas Públicas de Medellín, el departamento de comunicaciones de la CUT Antioquia realiza un taller del sector para todos los sindicatos aliados y sus responsables.

Desde escritura, redes sociales, videos, comunicación oral, los talleres han contribuido a mejorar las comunicaciones de los sindicatos.

Con apoyo internacional se realizó un Foro de Derechos Humanos y el cumplimiento de acuerdos en las empresas multinacionales.

CUT ANTIOQUIA comunica

Para estar informado de todo lo que ocurre con los trabajadores organizados en Antioquia, sigue nuestros medios ociales:

www.cutantioquia.org Cut Antioquia @CutAntioquia CUT Antioquia 321 8523795 Lazos de Unidad radio Lunes 7:00 pm - 910 AM Todelar La voz del río grande

cutantioquia@gmail.com cutantioquia@cut.org.co 4489649 Ext: 101

La CUT denuncia despidos de trabajadores sindicalizado en USTI y SINALTRAINBEC La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) subdirectiva Antioquia continúa denunciando los atropellos que se vienen cometiendo contra los trabajadores y las organizaciones sindicales tanto a nivel nacional como departamental, donde se evidencia una fuerte persecución contra dirigentes sindicales y trabajadores en general.

Los más recientes son los hechos denunciados por la Unión Sindical de los Trabajadores de la Industrias (USTI) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Bebidas, Alimentos, Sistema Agroalimentario, Anes y Similares de Colombia (SINALTRAINBEC).

La Junta Nacional de USTI denuncia los despidos a los que fueron sometidos sus aliados Freddy García, Margarita Pérez y Alexis Cano de la empresa Vehículos del Camino y Zoraida Zapata de la empresa Plásticos TRUHER.

También fue despedido Sergio Andrés Céspedes, presidente en Antioquia de SINALTRAINBEC, de la empresa multinacional Domino’s Pizza, desconociendo sus fueros sindical y circunstancial.

Coherentes con nuestra lucha por trabajo decente, digno y estable, rechazamos rotundamente estos hechos y nos solidarizamos con los sindicatos, los trabajadores y sus familias.

De igual manera respaldamos las acciones de tipo legal que se emprendan para resarcir los derechos que han sido vulnerados y exhortamos a las autoridades competentes para que frente a situaciones de vulneración de derechos laborales como estos, se tomen las decisiones pertinentes.

Soportar el dolor Por: Pascual Gaviria.

En marzo de 2018, durante la campaña presidencial, Iván Duque respondió de manera categórica a una pregunta sobre la posibilidad de acudir a un procedimiento de muerte asistida. “¿Si tuviera una enfermedad terminal pediría la eutanasia?”. El NO fue muy rápido, era un interrogante sencillo para el entonces senador, denido por la posición de su partido, sus aliados políticos (entre ellos agrupaciones religiosas) y su convicción personal. Lo siguiente fue una explicación para cubrir las consecuencias de que el jefe del Ejecutivo estuviera en contra de un derecho concedido por la Corte Constitucional.

“Pienso que es Dios quien decide sobre la vida, entre otras razones, porque tuve la experiencia personal con mi papá”, dijo el candidato. Y contó la historia del tratamiento a su padre en una condición crítica, cuando los doctores le preguntaron si quería rmar un documento para autorizar que no se realizara una reanimación —ya se habían hecho tres— en caso de que se llegara de nuevo a esa urgencia. “Lo pensé tanto, hasta que nalmente dije no”. Luego de eso su papá tuvo dos semanas de lucidez antes de morir: “Allí pudimos aprovecharlo, disfrutarlo, y después ya se dio su desenlace trágico. Pero no me hubiera sentido bien como ser humano sin esas dos semanas”.

Los políticos suelen pensar que lo que es aceptable para ellos debe ser obligatorio para los demás. En julio de este año el Ministerio de Salud expidió una resolución donde dejó claras las condiciones para adelantar un procedimiento de eutanasia en el país: presencia de una enfermedad terminal, sufrimiento asociado a esa enfermedad, consentimiento informado, capacidad mental del paciente, inexistencia de alternativas razonables de tratamiento. Que un comité certique la existencia de esas condiciones (con los elementos

subjetivos que pueden surgir en el análisis) no es nada fácil. Por eso no se han hecho más de 160 procedimientos desde 1997, cuando se dio la primera sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema.

Un reciente fallo de la Corte amplió el derecho para acceder a una muerte digna. El tribunal constitucional consideró que existían barreras “irrazonables y desproporcionadas” por la falta de una regulación legal sobre el derecho. Se decidió entonces retirar la condición de existencia de una “enfermedad en fase terminal” para acceder a la eutanasia; esa exigencia “termina por agravar, de facto, las citadas barreras”, dijo la Corte.

Basado en esa decisión, un comité técnico aprobó el procedimiento de eutanasia a Martha Liria Sepúlveda que debía realizarse el pasado 10 de octubre. En su concepto se cumplían las nuevas condiciones descritas por la Corte en el comunicado que anunció el sentido del fallo. La IPS Incodol, que ha realizado casi una tercera parte de los procedimientos de eutanasia en el país, tenía todo dispuesto para la mañana del 10 de octubre.

Llevan diez años en procesos de cuidados paliativos y muerte digna.

Pero apareció el Ministerio y sus recatos políticos.

Al parecer no les gustó el reportaje donde Martha decía públicamente que había tomado una decisión y que no estaba dispuesta a continuar una vida con el sufrimiento que causa la esclerosis lateral amiotróca. Al Ministerio le pareció que la señora estaba muy sonriente para tener un intenso sufrimiento y psíquico y que gozaba de su comida favorita más de la cuenta. Con el poder de sanción sobre las IPS, presionaron de manera directa a Incodol y exigieron un nuevo comité que con la guillotina del castigo cambió el concepto inicial. La política se impuso sobre el fallo de la Corte Constitucional y los conceptos médicos que avalaron la eutanasia. El chantaje contra derechos.

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Al Ministerio le pareció que la señora estaba muy sonriente para tener un intenso sufrimiento y psíquico y que gozaba de su comida favorita más de la cuenta. Con el poder de sanción sobre las IPS, presionaron de manera directa a Incodol y exigieron un nuevo comité que con la guillotina del castigo cambió el concepto inicial.

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Actividades sindicales destacadas

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en URABÁ Nuestra Central hizo su primer encuentro de jóvenes sindicalistas y de la CUT Antioquia en tan importante región para el Departamento.

Más información

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En defensa de UNE Nuestra Central y sindicatos liales estuvieron presentes en los debates contra la venta de UNE. Siempre en defensa del patrimonio.

www.cutantioquia.org

PARO NACIONAL 28S A pesar de la lluvia, estuvimos presentes y miles de personas más en el Paro Nacional del 28 de septiembre contra el paquetazo de Duque y en respaldo a nuestro pliego de emergencia.

Foro por los DDHH. Presente en el seminario de Derechos Humanos y cumplimiento de acuerdos por parte de empresas multinacionales.

Nos capacitamos para defender a los trabajadores del sector.

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Servicios CUT Antioquia

Atención laboral Los trabajadores reciben orientación y asesoría jurídica frente a los problemas laborales que encuentran en la empresa.

Asesoría sindical La CUT Antioquia asesora a sindicatos en movilizaciones, protestas, mitines y demás acciones que sean en defensa de los trabajadores antioqueños.

Comunicaciones Desde nuestras redes sociales y de periodismo, visibilizamos las luchas de los trabajadores en el departamento.

Educación sindical Seminarios, cursos o conferencias son una especialidad de la CUT Antioquia para todas las organizaciones sindicales. Son completamente gratuitas.

Investigación sindical La CUT Antioquia estudia, investiga y difunde temas de interés nacional y regional para brindar elementos para el debate para todos los sindicalistas.

En defensa de los

TRABAJADORES Afilíate