C o n c l u s ió n y R e c o m en d a c i o n e s

El hecho de que el 10.66% de Sonora esté protegido significa que llevamos una tercera parte del camino recorrido hacia conservar el 30% para 2030. Es imperante acelerar el paso pues el tiempo se agota para muchas especies y, cada año que pasa, el cambio climático afecta más, tanto a ecosistemas enteros como a personas, agravando la situación de las comunidades más vulnerables a las sequías, incendios forestales e inundaciones. Esperamos que este reporte sirva para establecer una línea base y estimular la implementación de la meta 30x30 en nuestro estado.

Proteger un total de 3,490,669.59 hectáreas, 19.34% del estado en los próximos siete años puede parecer imposible, pero hay que reconocer que nunca antes ha habido tanta conciencia ambiental entre la población, en especial en las comunidades ganaderas y forestales del estado, que ya buscan transitar a modelos más sustentables de producción. Si se les apoya con la capacidad técnica de instituciones académicas y organizaciones ciudadanas, y se ejerce voluntad política decidida es posible alcanzar y hasta superar la meta.

Para alcanzar la ambiciosa meta de tener el 30% de la superficie estatal bajo algún esquema de manejo y conservación recomendamos las siguientes acciones:

Reactivar Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Sonora con participación de representantes de los 3 niveles de gobierno, academia y sociedad civil organizada.

Realizar una serie de reuniones con expertos para determinar las áreas prioritarias para conservar, utilizando el creciente número de estudios científicos, de la mano de la experiencia en campo de expertos de gobierno, ONG y centros de estudios.

Impulsar la creación de nuevas áreas protegidas estatales y dotarlas de Programas de Manejo y recursos suficientes para su operación efectiva.

Colaborar con el gobierno federal y los gobiernos municipales para la creación de nuevas ANP competencia de esos otros niveles de gobierno.

Fortalecer e impulsar la conservación voluntaria de predios privados y sociales con estímulos financieros para su manejo.

Impulsar y fortalecer en la legislación estatal el concepto de corredores biológicos y la conectividad ecosistémica a través de las ANP y cualquier otro esquema de conservación del territorio.

Impulsar la reactivación del Fondo Ambiental Estatal como mecanismo para incentivar la conservación de predios.

No se trata de designar como ANP cualquier parte del estado en un afán de completar una meta numérica, se requiere una estrategia de gran alcance que ayude a determinar las prioridades. Como revela nuestro estudio, los decretos pueden no agregar hectáreas de conservación cuando estos se establecen en sitios ya protegidos, además hay zonas en las que el impacto humano es tan grande que dejaron de ser representativas de sus ecosistemas originales, todo lo cual debe tomarse en cuenta al proponer nuevas ANP. Si queremos realmente ser estratégicos, debemos conservar porciones de todos los ecosistemas presentes en el estado, dichas porciones deben ser lo suficientemente grandes para soportar procesos bioclimáticos complejos y deben estar bien conectadas entre sí por corredores ecológicos. Más aún deben

Por último, es importante resaltar que aun cuando el alcance de este reporte se limita a un análisis de la superficie nominalmente protegida, la conservación efectiva con resultados tangibles en campo, requiere mucho más que una designación en el papel. A la par del esfuerzo por aumentar los territorios protegidos, es necesario crear y fortalecer estructuras financieras (ej. mayor presupuesto, fideicomisos, etc.) de gobernanza (programas de manejo, polígonos, planes de acción, consejos asesores) y de manejo (instituciones consolidadas con oficinas, guardaparques, vehículos, etc.) lo suficientemente robustas para que las ANP puedan ejercer una conservación real y no sólo nominal. Actualmente, las ANP existentes carecen de personal suficiente, de presupuesto para vigilancia y monitoreo, de capacidades de defensa legal efectiva y de una visión estratégica de escala estatal que rija y coordine sus acciones, pero en la medida en la que la sociedad valora más los espacios naturales por los múltiples beneficios que aportan, el gobierno estatal debe reaccionar adecuadamente, priorizando la conservación en la planeación y el presupuesto.