Indígenas Embera Katio del Alto San Jorge

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Introducción Con el fin de propiciar la reflexión política y social sobre la situación por la que actualmente atraviesan diversas comunidades étnicas de Colombia como las indígenas, el Secretariado Nacional de Pastoral Social – Cáritas Colombiana, con el apoyo de la Diócesis y Pastoral Social de Montelíbano y el Grupo de Trabajo por Colombia –GTC (conformado por diversas Cáritas adscritas a la organización Cáritas Internacionalis), presenta el caso de la población indígena Embera Katío, pertenecientes al Resguardo Quebrada Cañaveral del Alto San Jorge en Córdoba, Departamento del Cáribe Colombiano.

Hacemos una aproximación a su realidad a partir de los diálogos con la comunidad y la escucha consciente de sus diversos testimonios, para tratar de clarificar su problemática y algunas de sus causas y afectaciones, así como su búsqueda por el reconocimiento político y social de su comunidad, el restablecimiento integral de sus derechos y el logro de mayores garantías para preservar su cultura, identidad y opciones de bienestar y calidad de vida.

En un contexto de conflicto armado persistente y problemas sociales y políticos de orden estructural como el que aún sufre Colombia, la búsqueda continua de esta comunidad por rescatar la esencia de su pueblo y territorio, de sus familias, valores y tradiciones, y por recomponer su tejido social sobre el dialogo y reconocimiento mutuo del otro, es un ejemplo de reconciliación con la vida, con el futuro y con la época en que vivimos.

Que este sencillo documento no solo represente una herramienta de trabajo, sino también un homenaje a las comunidades étnicas que en Colombia persisten en la búsqueda comprometida de la paz desde sus territorios, así como un llamado fraterno a las instituciones locales, regionales y nacionales para avanzar en condiciones estructurales a favor de estas, a los grupos armados y en conflicto, para promover el diálogo y la reconciliación desde el respeto a la dignidad de estos pueblos, y una invitación a la comunidad internacional, para proseguir con su acostumbrada solidaridad a las mismas, en uno de los momentos más cruciales y sensibles para la búsqueda de la paz y la reconciliación en Colombia.

Secretariado Nacional de Pastoral Social – Cáritas Colombiana

1. La información presentada en este documento es tomada de los diálogos con la comunidad descrita, y del Plan de Salvaguarda del pueblo Embera Katío del Alto San Jorge, resguardo quebrada cañaveral, realizado por los lideres indígenas con la asesoría de la Organización Indígena de Colombia ONIC en diciembre 2012. También recoge la información suministrada por algunos líderes de la junta directiva del Cabildo Indígena Mayor del resguardo Cañaveral Alto San Jorge.

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Contenido I. Características del territorio: ¡Colombia, país pluriétnico y multicultural!…5 II. Problemáticas: ¡Conflicto armado, exclusión y crisis humanitaria persistente en el territorio!...7 III. Algunas causas del problema…12 IV. Afectaciones a la vida digna y demás derechos indígenas...14 4

V. Experiencia de incidencia política del Cabildo Mayor Indígena frente a su problemática...16 VI. Papel de la Iglesia...19

Fotografías: Secretariado Nacional de Pastoral Social.

Caritas Colombiana.

I. Características del territorio: ¡Colombia, país pluriétnico y multicultural!

“Somos Embera y venimos de la naturaleza, somos hijos del agua, del okendo, de nuestra madre tierra, por eso la defendemos. Somos pueblos indígenas con historia y cultura propia, somos del territorio, de la naturaleza, tenemos gobiernos propios, lengua propia y tradiciones ancestrales. Nos alimentamos de la selva, de la montaña y de lo que cultivamos, somos verdaderos y auténticos Embera”.

I Congreso Nacional del Pueblo Embera -2006 En medio de sus problemas y conflictos, Colombia aún es un país pluriétnico y multicultural, ocupando el tercer lugar en número de comunidades indígenas (con aproximadamente 90 comunidades) y el noveno en población indígena a nivel continental.

Sin embargo, debido a su gradual proceso de extinción cultural, hoy los indígenas solo representan el 3.43% de la población nacional, con aproximadamente 1´392.623 habitantes agrupados en alrededor de 71 organizaciones, similar proporción de mujeres (49.5%) y hombres (50.5%) y demográficamente muy joven (40% son menores de 15 años) con presencia importante en regiones como el Caribe Colombiano.

En el Caribe se encuentra el Departamento de Córdoba, conformado por un 76% de mestizos y blancos, 13% de afrodescendientes (aprox. 192.051), y 10% de indígenas (apróx. 141.064), siendo además un territorio de fuerte vocación ganadera y en segundo plano agrícola; también con industrias como la pesquera, hidroeléctrica, maderera, manufacturera, e industrias en crecimiento como la minería, a partir de la explotación de ferroníquel y carbón.

Los indígenas zenúes que habitaron en la época precolombina, los negros traídos del África durante la colonia, los inmigrantes especialmente de Líbano y Siria y los colonizadores españoles aportaron elementos genéticos, históricos y folclóricos al Deparamento. Los mestizos se encuentra en mayor proporción en la zona del medio y bajo Sinú, mezclados con inmigrantes sirio-libaneses, los

afrodescendientes hacia la zona costera y los indígenas en la zona del alto Sinú y San Jorge, donde también hay mulatos (mezcla de negro y blanco) y zambo (mezcla de negro e indio), así como indígenas Embera Katio y Senú.

Córdoba aún conserva tres (3) municipios con igual número de resguardos indígenas, aunque no hay registro de territorios colectivos de comunidades afrodescendientes.

Los indígenas Embera: ¡sabiduría, tradición y riqueza ancestral!

Los Embera o ẽpẽrá, también llamados Chocó, son un pueblo amerindio que habita algunas zonas del litoral pacífico y zonas adyacentes de Colombia, el este de Panamá y el noroeste de Ecuador.

Se conocen como Emberá katío a los que habitan en el alto Sinú y el alto Río San Jorge, Departamento de Córdoba y en Urabá; en Colombia, Emberá chamí a los que viven en las cordilleras occidental y central de los Andes colombianos, Departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle; Chocoes o simplemente Emberá a los que habitan las cuencas del río Baudó y del bajo San Juan, municipios de Istmina, Alto Baudó y Pizarro; el río Curiche, municipio de Juradó en el Chocó (Colombia); y en la Comarca Emberá-Wounaan en el Darién (Panamá); y como eperara siapidara o epená, a los de la costa pacífica de los Departamentos de Valle, Cauca y Nariño en Colombia.

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En Panamá se les acostumbra llamar Emberá (con tilde), que significa “La gente del maíz”, y en Ecuador son llamados épera y habitan en la provincia de Esmeraldas, concretamente en el cantón Eloy Alfaro, parroquia Borbón y las cuencas de los ríos Cayapas y Santiago.

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La región del Alto San Jorge se ubica en el sur del Departamento de Córdoba, compuesta por los Valles de los ríos Sinú y San Jorge, donde se ubican mayoritariamente los asentamientos indígenas y de colonos. El territorio indígena tiene 2815 hectáreas y se caracteriza por un sistema de serranías y valles medianamente estrechos, y fue constituido en resguardo indígena el 19 de febrero de 1.985, pero no solo es un territorio colectivo sino que conserva tierras de propietarios y poseedores individuales, con presencia permanente de colonos desde la década del 70.

Son 15 asentamientos dispersos, con una población estimada de 684 indígenas pertenecientes a 164 familias, conformadas por 49% de mujeres y 51% hombres, mayoritariamente en edad infantil y juvenil, muchos de ellos con problemas de exclusión del sistema de salud (aprox. 394 indígenas) y falta de documentos legales (aprox. el 13% de ellos), distribuidos así:

a) Sector Ibudó: comprende las comunidades asentadas en la vereda Tres Playitas o Ibudó: Barranco, Origuiadó y Egorobadó, Soledad o Biduadó, San Felipe y Rogero, este último es un predio campesino por reconocer. Estas comunidades son los lugares más próximos habitados por grupos de familias a los límites del Resguardo. b) Sector Dochama: comprende las comunidades de Dochama, Batatado y El Bosque. c) Sector Narindó – Mongaradó: Comprende las comunidades de Mongaradó, Narindó, Candelaria, Nueva Estación y la comunidad Santa Elena. Estas comunidades están compuestas por pocas familias. d) Sector Nejondó – Dopawara: comprende las comunidades de Nejondó y Dopawará. e) Sector casco urbano y dispersos: Se incluyen aquí las familias que están habitando en los cascos Urbanos de los municipios Puerto Libertador, Montelíbano, y el Municipio de San José de Uré, y en Departamentos como Antioquia También, se hace referencia a los que no se incluyen en los anteriores sectores y cuyas familias recientemente se han desplazados a estos sitios, que están ubicados en Taraza, Río sucio, Puerto López en Antioquia; y Río verde y Tierra Alta en Córdoba.

II. Problemáticas: ¡Conflicto armado, exclusión y crisis humanitaria persistente en el territorio!

Cuando un pueblo indígena desaparece, se extingue para siempre todo un mundo, con su cultura, cosmovisión, idioma, conocimientos ancestrales, y prácticas tradicionales que contribuyen al desarrollo sostenible y equitativo, y a la ordenación adecuada del medio ambiente.

La pervivencia digna de los pueblos indígenas de Colombia está en las manos de todos y todas. ¡¡Reaccionemos!!

Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC Según el informe de derechos humanos 2013 de TECHO COMUN (una de las plataformas nacionales de la sociedad civil de la que hacen parte algunas organizaciones indígenas), los pueblos indígenas aún son víctimas de ataques por parte de distintos grupos armados. Por lo menos 34 pueblos indígenas se encontrarían en peligro de extinción, y el número de asesinatos de indígenas aumentó 9% entre 2010 a 2011, y entre enero y julio de 2012, con el asesinato de 54 indígenas.

“Hace seis años mataron a mi hijo mayor, lo acusaron de ser guerrillero , dicen que murió en un enfrentamiento, pero no fue así, tengo miedo de denunciar porque también le pueden hacer daño a mi esposa e hijos.”* “El desplazamiento continúa afectando de manera desproporcionada a los pueblos indígenas debido a factores como la exclusión, presiones generadas por proyectos mineros y deficiente protección jurídica de sus territorios colectivos. La ONIC reporta que entre enero y junio de 2012 se produjeron 24 desplazamiento masivos, representando un total de 8.845 personas indígenas desplazadas “como consecuencia de combates entre la fuerza pública y grupos armados insurgentes, acciones violentas por parte de grupos paramilitares, bombardeos, presencia y accidentes de MAP/MUSE, restricciones a la libre movilidad, estigmatización e incursiones armadas”.

“Así mismo la actividad minera ha afectado el acceso a tierras cultivables junto con prácticas como fumigaciones y contaminación generada por la explotación de recursos naturales, afectando su seguridad alimentaria y situación de empobrecimiento, por lo que el 70% de los niños indígenas sufren de malnutrición crónica y entre enero y julio de 2012, la ONIC reportó la muerte de 15 de ellos debido a desnutrición infantil y falta de atención en salud. En materia de educación la tasa de analfabetismo se eleva a un 14,4% para la población indígena, por encima del promedio nacional (6.3%)”

“Aquí no podemos sembrar, pasamos mucha hambre, no podemos salir al monte a cazar por que podemos pisar una mina, no podemos beber agua, ni pescar, ni cocinar con esta agua por que baja muy sucia por la minería.”* Sobre la problemática son reiterados los fallos, conceptos y recomendaciones de la Corte Constitucional Colombiana, como de organismos de los sistemas interamericano y universal de derechos humanos , y de organizaciones de la sociedad civil como la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC, y Autoridades Indígenas de Colombia –AICO. (Ver Mapa 1 siguiente página)

* La identidad de las personas que brindaron los testimonios que se citan en este documento, ha sido reservada por razones de seguridad.

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Mapa 1. Mapa a mano alzada de la ubicaciòn actual de las comunidades

LA APARTADA Rio San Jorge

MONTELIBANO

Rio San Pedro Rio San Jorge

PUERTO LIBERTADOR

Villa Nueva

Tierradentro

Dopawará

Narindó

SAN JOSÉ-URE

Mongaradó Candelaria

La Rica

San Juan Versalles

Santa Elena Nueva Estación Egorobadó

El Bosque

Juan José Soledad -Biduadó

Negondó Dochama

Barranco-Origuiadó

Rogero-Platanera

Tres Playitas -Ibudó

San Felipe

Batatado

Cabecera municipal Corregimiento Comunidad Resguardo Carretera Límite Rio Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4

Resguardo Quebrada Cañaveral

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Mapa 2. Detalle del territorio de ampliación del Resguardo Embera Katío del Alto San Jorge, aún en concertación entre el Cabildo Mayor, las comunidades y PNN Paramillo, desde el año 2007. Tomado de IGAC Y PNN Paramillo.

Montelíbano

Tierralta

Puerto Libertador Ampliación Resguardo Cañaveral

PNN PARAMILLO

Resguardo Cañaveral Alto San Jorge Propuesta de Ampliación del Resgurado

Taraza

Zona de ampliación del Resgurado Municipio Colombia PNN Paramillo Límite del PNN Paramillo

Varias son las dinámicas que afectan la vida en el territorio, para la comunidad Embera Katio del Alto San Jorge:

al DIH y a los derechos ndividuales y colectivos de la población Embera que han sido sistemáticas y recurrentes.

a. Continúa el conflicto armado, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la crisis por el desplazamiento forzado

c. Se consolidan sin dialogo con la comunidad, los intereses económicos sobre el territorio:

El conflicto armado en la zona no permite a la población indígena gozar de sus derechos territoriales. Los enfrentamientos armados entre las FARC y las AUC por el control territorial y el narcotráfico desde finales de los noventa, ha hecho que los Embera Katío del Alto San Jorge se desplacen hacia zonas cercanas a los ríos San Jorge y Uré y cerca de los cascos urbanos y cuando la población decide retornar a su resguardo en el 2002, se encuentran que aproximadamente un 60% de sus tierras han sido sembradas con minas antipersonal y se han perdido las semillas tradicionales. Muchas familias se desplazaron entonces a Departamentos como Antioquia, Chocó y Risaralda, y otras fueron recibidas en predios o parcelas individuales, donde viven en situación de hacinamiento.

Con este fin se elaboró un estudio socioeconómico con el gobierno para ampliar el territorio, solicitud que cursa actualmente en el Ministerio del interior.

b. Prosigue el involucramiento de la población en el conflicto armado y la ausencia de medidas de protección, prevención y reparación integral para la comunidad.

Este involucramiento se da mediante el señalamiento y persecución a miembros de la comunidad, asesinato selectivo a líderes indígenas, amenazas, confinamiento de familias y comunidades por las guerrillas, paramilitares y presencia de minas antipersonal, así como controles a la movilidad y circulación de personas, bienes y alimentos, la ocupación de escuelas y viviendas, infracciones

Persisten en el territorio las fumigaciones de cultivos ilícitos sin el lleno de los requisitos de consulta previa, ocupación por actores armados ilegales y mestizos dedicados a cultivos de coca, así como a la extracción ilegal y selectiva de maderas finas y fauna.

También se presenta la extracción ilegal de oro con responsabilidad de los grupos armados ilegales, en zonas como Riosucio, las Claritas, la quebrada San Antonio en Dochama, y San Juan Nejondó, limitando el acceso de la comunidad a opciones de subsistencia a partir de la cacería, pesca, acceso a agua, madera y otros, generando conflicto social, económico, y armado de los grupos que defienden los interés por el control del territorio, así como procesos de recolonización abrupta e impuesta del desde 1976.

“Los grupos armados ejercen autoridad en nuestro territorio, como si fueran autoridades legales, y nos han forzado ha salir y a cambiar de costumbres y cultura viviendo fuera del territorio Embera.”* Cerca al territorio hay empresas que generan contaminación (Cerromatoso, Carbón Caribe, GECELCA) y los afectan en términos de movilidad y acceso al mismo, afectando a sus niños, su agua y cultivos, empresas con las que no han tenido ejercicios de consulta previa, a pesar de conocer su presencia en el territorio.

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Cronología de la comunidad Embera Katio del Alto San Jorge, sobre violaciones históricas a la vida, libertad e integridad contra su resguardo Jaibana asesinado que dejó cuatro huerfanas. Se perdió un lider importante de la medicina tradicional indígena.

Alberto* German Bailarín Domicó

Comunidad y familias Luís Sapia Domicó Wiliam Domicó Cirilo Enrique Domicó

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Armando Domicó Domicó Familias

Gobernador Mayor del Resguardo Cañaveral y fue docente, asesinado.

Coordinador de Salud, asesinado.

Desplazamiento masivo del Resguardo Quebrada Cañaveral hacia los predios de Egorobadó y Biduadó.

Gobernador Mayor del Resguardo Cañaveral, asesinado.

Fue miembro de Tierra Alta, Asesinado.

Fiscal del Cabildo Mayor Resguardo Cañaveral, asesinado.

Promotor de salud, asesinado.

Desplazamiento masivo Embera de las últimas familias que se habían quedado en el resguardo Cañaveral

Miguel*

Retención con amenazas de los paramilitares a dos horas de camino en corregimiento Tierradentro. En el año 2001, Miguel* fué detenido en Juan José por Paramilitares. Se desplazó al casco urbano.

José Yomar Jumi Jumi

Menor de 12 años asesinado. Este hecho es uno de los resultados de las cuatro retenciones que tuvo el lider Feliciano en su comunidad.

María*

Lesiones por arma de fuego a la menor.

Juan*

Herido por enfrentamientos.

Luisa*

Herido por enfrentamientos.

Pedro*

Lesión por minas antipersonal al menor, en Chimuarro, en Tamana a una hora de tres playitas al otro lado del rio.

Todas las familias

Fumigación de cultivos ilícitos, rastrojos y montañas en las comunidades del alto Uré.

Todas las familias

Fumigación de cultivos en recuperación de las comunidades del alto Uré. Cementerio, rastrojeras, potreros, montaña.

Todas las familias

Amenaza y orden de desalojo a las comunidades Embera y campesinos.

Mando de territorio de los mismos paramilitares -aguilas negras y paisas, entre Antioquia y Córdoba.

Dochamá en la parte del filo y Nejondó Narindó

Fumigaciones de áreas que afectaron varios cultivos de Pancoger.

La Comunidad

Enfrentamientos, lanzas morteros en la escuelas y los predios.

Daniel*

Una esquirla de un mortero que cayó en la comunidad, hirió al menor en la pierna al rozarlo al momento del impacto.

Dochama, Batatadó y el Bosque

Fumigaciones de áreas que afectaron varios cultivos de Pancoger.

Nejondó

Bombardeo con artefactos.

Guillermo Jarupia Domicó

Murió al pisar una mina antipersonal.

José Sapia

Murió al pisar una mina antipersonal.

Luis Angel Majoré Domicó José Ramiro Sapia Majoré Luisa* Elias Domicó

Asesinado como falso positivo.

Menor de edad asesinado.

Lesiones por arma de fuego. 3375571 20 de febrero 1979.

Asesinado

Carlos*

Lesiones por arma de fuego

José*

Lesiones por arma de fuego

Manuel*

Lesiones por arma de fuego al menor

Manuel Guasaruca Chiniwa

La guerrilla asesina un lider Embera, en Bosque Alto Uré.

Wilson Manuel Majore Jumi

Muerto por desconocidos (fecha por confirmar)

La Comunidad Dopawara Jóven de la comunidad

*Seudónimos

Siembra de minas antipersonales.

Fumigación de una hectárea de plátano y una de ají Afectaciones a las familias.

Jóven desaparecido a la edad de 15 años cuando se movilizaba de Taraza Antioquia hacia el municipio de Puerto Liberador, en la comunidad de Soledad. Nació en 1993.

Existe denuncia de desaparición del muchacho en la personería.

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III. Algunas causas del problema: El resguardo indígena está ubicado en una zona de interés estratégico para colonos y grupos armados ilegales (corredor para el paso del narcotráfico, recursos naturales renovables y no renovables).

Ausencia histórica de la oferta social del Estado en los territorios indígenas, evidenciado en falta de programas de prevención y atención en salud, alimentación, apoyo al fortalecimiento organizativo y protección de las tradiciones y la cultura indígena.

Ausencia de políticas públicas articuladas (nacional, departamental y local) y de priorización presupuestal para ofrecer a la comunidad un entorno protector y de acceso a derechos.

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No es claro el cumplimiento y observancia institucional a los fallos, conceptos y recomendaciones de la Corte Constitucional Colombiana y organismos de los sistemas interamericano y universal de derechos humanos en materia de prevención, protección y reparación a derechos de las comunidades indígenas, como tampoco la atención a las solicitudes que organizaciones de la sociedad civil como la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC, y Autoridades Indígenas de Colombia han venido haciendo frente a este tipo de problemáticas.

No se evidencia articulación entre las instituciones públicas del orden local, departamental y nacional, para atender la problemática de esta comunidad.

No son claras las políticas integrales, concretas y con enfoque étnico para prevenir las violencias contra la comunidad, evitar la revictimización, el abandono, el aumento de la impunidad, y crear entornos protectores para disminuir su vulnerabilidad familiar, cultural, social y económica.

Lo comunidad no evidencia la existencia de un plan integral para el reconocimiento y reparación de los daños individuales y colectivos generados contra ellos.

No es clara la existencia canales de dialogo interinstitucional, para promover la participación de la comunidad en espacios de participación y formulación de política pública a nivel local, departamental y nacional.

“Cuando nos enfermábamos podíamos curarnos con las plantas del monte, pero no se encuentran aquí. No contamos con dinero para comprar las medicinas cuando se enferman los niños y tampoco para viajar a un centro de salud en Montería.”* 13

“Mis hijos no están estudiando, ya no hay maestros en la comunidad, lo que gano jornaleando es para la comida y no me alcanza para darles educación.”*

IV. Afectaciones a la vida digna y demás derechos indígenas: Los Embera Katío han sido expulsados de forma sistemática y violenta de sus territorios y viven en situación de desarraigo, abandono permanente, exclusión social y política, y desconocimiento de su identidad y derechos.

Se ha perdido la gobernabilidad y cohesión comunitaria, las familias se van por imposibilidad de volver con garantías de protección y no repetición a su territorio, generando dispersión de su población, debilitamiento de su proceso organizativo y extinción cultural.

La vida antes y después del despojo ha cambiado dramáticamente. Se vive con temor y desconfianza, se han debilitado los liderazgos y la dinámica de una vida en comunidad y se ha perdido la capacidad de resiliencia.

Carecen de espacios permanentes de participación, diálogo y concertación con instituciones locales, departamentales y nacionales,

Situación actual de hacinamiento, sin espacios para su recreación, integración comunitaria, prácticas ancestrales ni posibilidad de acercarse a sus lugares sagrados.

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Cuentan con un fallo de tutela para acceder al derecho a la etnoeducación, escuela y docentes que no se ha cumplido en su totalidad, y por ello la infancia y jóvenes no se están educando de forma permanente bajo sus propios saberes ancestrales y enfoque étnico-cultural.

Estigmatización y discriminación permanente, acusados de forma reiterada de pertenecer a uno u otro grupo armado o ser informantes.

No se conocen condenas penales por los asesinatos presentados durante el despojo… sensación permanente de impunidad.

Aun no hay un plan claro del gobierno para la restitución de su territorio, o para la ampliación y asignación del sitio donde se han instalado.

En sus tierras ahora hay campesinos y ganadería, así como cultivos de uso ilícito controlados por las FARC.

Las FARC solo los deja ingresar al resguardo despojado, bajo sus condiciones de movilización.

Los grupos armados enamoran a sus mujeres para tratar de utilizarlas de muchas formas. Por la falta de políticas, programas y un entorno protector de la mujer, hay riesgo de perder el tejido familiar, la protección a las nuevas generaciones y los valores culturales que ellas protegen.

En los predios despojados aún viven cuatro familias totalmente expuestas al conflicto, y se evidenció que en esa zona están haciendo exploraciones y haciendo concesiones.

Existe riesgo de extinción jurídico-cultural, pues siendo menor el número de indígenas en la zona por su situación de disgregación y el desplazamiento forzado, temen que se les despoje de su reconocimiento como comunidad indígena autóctona.

Se evidencia la presencia de viudas y huérfanos en situación de vulnerabilidad física y socioeconómica, así como de ancianos abandonados, hay riesgo de perder la sabiduría de los mayores y su tradición oral por falta de políticas, programas y un entorno protector para ellos y las familias.

“La paz será posible en nuestra comunidad cuando no haya desplazamiento forzado y asesinatos, cuando se respeten los derechos indígenas y su territorio, la paz será posible cuando la minería no afecte la pesca.”*

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V. Experiencia de incidencia política del Cabildo Mayor Indígena frente a su problemática.

Pese a que no ha habido una atención estatal articulada, integral y permanente, la comunidad Embera Katío empieza a lograr apoyos y acompañamientos, especialmente de algunas organizaciones no estatales. En este sentido el Cabildo Indígena Mayor ha sido partidario de seguir dialogando e incidiendo ante diversas instituciones, para avanzar en la búsqueda de soluciones a sus problemática.

DIFICULTADES PRESENTADAS:

1. Los diálogos con el Ministerio del Interior para avanzar en la

protección para la restitución colectiva o la reasignación ampliada de su territorio, aun no logran concretar compromisos reales de apoyo.

2. El dialogo con el Programa Presidencial de Acción contra

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Minas Antipersonal – PAIMA para tratar de avanzar en un proceso integral de desminado del territorio, procesos de formación y sensibilización sobre el tema y la orientación y atención a sus víctimas de mina antipersonal, aún debe clarificar las acciones de seguimiento y atención integral a esta problemática desde las necesidades de su comunidad.

3. El acercamiento al sistema judicial colombiano ha podido

avanzar con fallos judiciales para cuatro (4) familias de indígenas asesinados, pero no con el resto de las familias victimizadas.

4. A pesar de la insistencia del cabildo, aún no se logra que la

Fiscalía General de la Nación avance plenamente frente a las nuevas denuncias e investigaciones de indígenas asesinados, por la situación de indocumentación de las víctimas a raíz de su desplazamiento forzado.

5. La búsqueda de dialogo con empresas como Carbón Caribe, para analizar el tema del respeto ambiental al territorio, no ha logrado respuesta de su parte.

6.Con la oficina regional de la Unidad de Tierras ha habido

algunos acercamientos, pero aún deben conducir a compromisos claros frente a su problemática de restitución y reparación integral, así como de orientación y acompañamiento integral.

7. Con las entidades municipales de Puerto Libertador y

Departamentales de Córdoba se han dado algunos diálogos que aun no generando compromisos para tratar de buscar soluciones de fondo a su problemática.

“Yo sueño con un territorio más amplio, un maestro indígena, que un niño que uno vio crecer sea un médico tradicional y creo que es posible si hay ayuda y unión”.*

OPORTUNIDADES SURGIDAS: 1. Con la asesoría de la Organización Indígena de Colombia –ONIC, se ha logrado la formulación del plan de salvaguarda para pueblos en riegos de exterminio cultural, de acuerdo a lo ordenado por la Corte Constitucional y se espera continuar con este apoyo.

2. Se han empezado a sumar algunas solidaridades con acciones externas de países como Holanda en el tema de seguridad alimentaria, OXFAN Alemania con la donación de alimentos y mercados, CICR con algunas brigadas de salud, la organización “Desarrollo y Paz” de Canadá con asesoría en el tema gobernabilidad y apoyo a algunos gastos de movilización de la comunidad, así como con Organizaciones nacionales de carácter no gubernamental como CINEP y participar de la mesa “Tierra y Territorio” para documentar su caso, la organización Pensamiento y Acción Social y la iglesia Católica a través de Cáritas Colombiana.

3. La interacción con la Defensoría del Pueblo –

Regional Córdoba, ha facilitado participar de algunos procesos de formación y orientación sobre el tema de concesiones y exploraciones minero-energéticas en el Caribe, así como de algunas orientaciones frente a su problemática social.

4. Se logró tutelar el derecho a la etnoeducación, ahora se espera la implementación total del fallo por parte del gobierno, en términos de apoyo presupuestal, físico, didáctico, logístico, de infraestructura y talento humano (docentes) para avanzar.

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PENDIENTES URGENTES: 1. El acatamiento y observancia concreta según el caso, tanto de los

fallos judiciales y normas nacionales, como de los reiterados fallos, conceptos y recomendaciones de organismos de los sistemas interamericano y universal de derechos humanos, para garantizar la etnoreparación colectiva e integral, y por ende avanzar hacia: a. El desminado integral del territorio, con medidas efectivas para evitar la siembra de minas antipersonal. b. Restitución del territorio despojado en condiciones de retorno seguro y digno, o la entrega y ampliación del territorio que ocupan actualmente. c. Garantías de protección y reconocimiento político y cultural, para promover sus liderazgos, cohesión social y procesos organizativos. d. Inclusión en espacios de construcción de políticas públicas articuladas (nacional, departamental y local) con enfoque étnico, para evitar nuevas violencias y exclusiones, y para crear entornos protectores en términos socioeconómicos y culturales

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e. Superación de la impunidad con condena efectiva de los actores involucrados en las violaciones a sus derechos, recuperación de su memoria y la verdad, incluyendo la memoria cultural. f. Garantía del derecho a la consulta previa como forma de evitar la repetición de daños y proteger el territorio indígena de intereses externos de orden económico. g. Mayor articulación de los gobiernos, local, departamental y nacional, para brindar una oferta social coherente y una priorización efectiva de la inversión social, mediante programas permanentes de prevención y atención en salud, seguridad alimentaria, agua y medio ambiente, así como de apoyo a sus procesos organizativos y de protección a la cultura indígena.

2. La realización de un plan de manejo de medios para propiciar el

cubrimiento imparcial e integral de los medios de comunicación a su problemática, como parte de su contribución social a la verdad, la recuperación de su memoria y el reconocimiento como comunidad.

3. El seguimiento de su problemática por parte de la comunidad

internacional y organismos de los sistemas interamericano y universal de los derechos humanos para avanzar hacia mayores solidaridades frente al problema.

4. El fortalecimiento del trabajo en red con otras comunidades

indígenas, actores y sectores sociales, así como plataformas locales, regionales, nacionales de derechos humanos.

(Ver Mapa 2 página 8)

VI. Papel de la Iglesia Con el apoyo de las organizaciones Cáritas que hacen parte del Grupo de Trabajo por Colombia – GTC, la Diócesis y Pastoral Social de Montelibano y el Secretariado Nacional de pastoral Social – Cáritas Colombia, vienen realizando un acompañamiento a la comunidad, que se complementa con aportes de otras organizaciones pero se focalizan prioritariamente en:

De esta manera se busca promover pastoralmente, la búsqueda del bien común, la promoción y defensa de la dignidad humana, el goce integral de los derechos humanos, el cuidado de los bienes de la creación y el desarrollo humano integral y solidario, desde el dialogo permanente con las comunidades y con las instituciones que pueden aportar a transformar estas realidades.

Formación para la mayor comprensión de la legislación en materia de restitución de tierras y medidas de etnoreparación.

Orientación jurídica para la actuación de la comunidad en el marco de disposiciones legales.

Fortalecimiento del trabajo en redes para incidir en el diseño del plan de reparación colectiva de estas comunidades indígenas.

Orientación y acompañamiento para la preparación de acciones de incidencia política y en la opinión pública frente a su problemática.

La participación de la comunidad en espacios de dialogo nacional como el Congreso Nacional de Reconciliación, y con plataformas internacionales como el Grupo de Trabajo por Colombia – GTC.

“Dar a conocer la situación del pueblo Embera a las instituciones nacionales e internacionales es una puerta para que se reconozca nuestro territorio y sea posible para las comunidades índigenas, recuperar sus costumbres y vivir con dignidad ”*

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El Secretariado Nacional de Pastoral Social / Caritas Colombiana es un organismo eclesial, sin ánimo de lucro, dependiente de la Conferencia Episcopal de Colombia que busca la verdad, la reconciliación, la justicia y la caridad en las relaciones y estructuras básicas de nuestra sociedad.

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Hacemos parte de la red “Caritas Internationalis”, confederación mundial que trabaja desde1950 en la lucha contra las estructuras que originan situaciones de pobreza y opresión, para fomentar una sociedad basada en la solidaridad y la justicia social.

El Grupo de Trabajo por Colombia -GTC-, acompaña el proceso construcción de la paz, fortalecimiento de la democracia y la reconciliación en Colombia, a través de la definición de objetivos y promoción de estrategias y prácticas comunes entre los miembros* para animar el fortalecimiento de la labor de la Cáritas Colombiana.

El GTC desarrolla en estrecha relación con los diferentes órganos de la Iglesia Católica y con otras instituciones nacionales e internacionales, estrategias de sensibilización, incidencia política, educación y movilización para aportar a la transformación social de la realidad colombiana.

Para mayor información y para mantenerse al tanto de nuevas publicaciones y noticias del Secretariado Nacional de Pastoral Social/ Caritas Colombiana, por favor registrarse en: www.pastoralsocial.org Cr. 58 N° 80-87. Barrio Entre Ríos.

Bogotá, C.P. 111211 - Colombia Tel: +571 4377150 412 Fax: +571 4377171 Email: snpscol@cec.org.co *Cáritas miembro de GTC