6
LOCALES / VIERNES, 7 DE JUNIO DE 2013 El periódico de Puerto Rico
Nuevos señalamientos contra Luis Gutiérrez
Limazo rojo a Carmen Yulín
REDACCIÓN, EL VOCERO
El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Suárez, indicó que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, debía abrir el diálogo con los legisladores de su distrito para trabajar en equipo por el bienestar de los sanjuaneros.
El congresista de origen puertorriqueño le dio un contrato –aprobado por el Comité de Administración de la Cámara de Representantes federal– al cabildero Doug Scofield, exjefe de su gabinete, para tareas relacionadas con personal y relaciones públicas. Sin embargo, además de ese trabajo, quedó al descubierto que algunos de los clientes del ahora cabildero fueron favorecidos de una forma u otra por Gutiérrez. "Parece el clientelismo clásico de Chicago", dijo Kathy Kiely, gerente de la organización sin fines de lucro que busca la transparencia gubernamental Fundación Sunlight, al portal electrónico del USA Today. De acuerdo con el artículo, Scofield fue jefe de gabinete de Gutiérrez hasta que abandonó el puesto en el 2002 para unirse a la campaña para gobernador de Illinois de Rod Blagojevich. Cuando Blagojevich ganó, Scofield comenzó a trabajar en la nueva administración, pero renunció en marzo de 2003. Semanas después, Gutiérrez comenzó a pagarle a Scofield $5,500 mensuales de su cuenta de la oficina del Congreso para la forma-
sado varias veces en la última década por el panel de administración y de la oficina de finanzas, que rinde cuentas de Cámara. "(Ellos) nunca han tenido un problema con esto", dijo. Rivlin indicó que Scofield y el congresista son "amigos" y Scofield ayuda al personal a aprender "cómo escribir en la voz del congresista". Asimismo, algunos de los clientes de Scofield recibieron el apoyo de Gutiérrez.
EL VOCERO / Archivo / Ángel L. Vázquez
El congresista Luis Gutiérrez alegadamente pagó a un cabildero de Chicago más de $500 mil en fondos públicos para que trabajara lado a lado con su personal del Congreso para beneficio de sus clientes, según un reportaje investigativo publicado en USA Today.
LUIS GUTIÉRREZ
ción y "desarrollo de mensajes no legislativos", muestran los registros de gastos, y lo ha pagado casi todos los meses desde entonces. El contrato es claro en que Scofield puede participar solamente en actividades no legislativas. En mayo de ese año, Scofield se registró como cabildero en Illinois. Informes de gastos del Congreso muestran que los $72 mil que Gutiérrez pagó a Scofield en 2012 para la capacitación, fue casi cinco veces más que cualquier otro miembro del Congreso dedicado a los adiestramientos. El director de comunicación de Gutiérrez, Douglas Rivlin, dijo que el contrato de Scofield ha sido revi-
"Aunque técnicamente no es ilegal, es por lo menos desagradable para un exempleado estar al mismo tiempo en la nómina de un miembro (del Congreso) y representar a clientes en su distrito que están solicitando y obteniendo servicios del congresista. El conflicto de intereses es evidente", dijo, por su parte, la directora de Public Citizen, Lisa Gilbert. El cabildero también será coautor de las memorias de Gutiérrez, que se publicarán en otoño. A la portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González, no le sorprenden las alegaciones. "No es la primera vez que Gutiérrez se ve involucrado en escándalos éticos. El cuatrienio pasado hubo señalamientos de su campaña y siempre ha estado, o con querellas éticas, o con señalamientos públicos, por la manera en que efectúa su trabajo. Es una cosa detrás de la otra", sostuvo.
Aplazado el estatus en el Congreso REDACCIÓN, EL VOCERO
La audiencia pública para discutir el proyecto de status en el Congreso (HR-2000), convocada por el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal, fue pospuesta para mediados de julio. La audiencia fue pautada inicialmente para la próxima semana y fueron convocados los dirigentes de las colectividades políticas: el gobernador, Alejandro García Padilla, presidente del Partido Popular Democrático (PPD); Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP), y Rubén Berríos Martínez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). El anuncio sobre la audiencia surgió a dos semanas de que Pier-
luisi presentara en la Cámara federal la medida, que busca que Puerto Rico sea admitido como el estado 51 de Estados Unidos. La posposición se adujo a dificultades para cuadrar calendario de los asistentes.
Aprueban enmienda de Pierluisi La Cámara de Representantes federal aprobó la enmienda presentada en el Hemiciclo por Pierluisi, al proyecto de ley que establece las asignaciones del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) para el año fiscal 2014, la cual busca proveer más fondos para operaciones de intervención de drogas en Puerto Rico del Servicio
de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés). "En el 2011, debido a la falta de fondos, CBP cerró una unidad de patrullas marinas de crítica importancia en San Juan – la misma que en el 2010 interceptó más de 7,000 libras de drogas. Actualmente CBP no tiene autoridad en ley para utilizar simultáneamente fondos de la cuenta nacional de gastos y de la cuenta específica de Puerto Rico para sus misiones en la Isla. Mi enmienda busca proveer la flexibilidad y la discreción que la agencia necesita para utilizar diferentes fuentes de fondos y así poder cumplir con sus responsabilidades en Puerto Rico", expresó Pierluisi.
REDACCIÓN, EL VOCERO
"La alcaldesa tiene que abrir ese marco de comunicación con los representantes, con los legisladores, con los recursos adicionales en la Rama Legislativa. La comunicación en equipo tiene que existir, por eso los sanjuaneros votaron por un cambio de equipo", manifestó Suárez en entrevista con NotiUno. "Ese equipo tiene que tener comunicación, tiene que coexistir…de eso se trata este asunto", sostuvo. Por otra parte, Suárez dijo que no entendía jeringonza y que tampoco lo hablaba. Al preguntársele sobre el incidente en que la alcaldesa habló a los padres de The School of San Juan en jeringonza, dijo: "es una situación en la que hay que ir trabajando". "La comunicación tiene que existir", reiteró.
Quebrada desde el 2008 la ACT REDACCIÓN, EL VOCERO
Una organización vinculada al Partido Nuevo Progresista (PNP), desmintió ayer que la pasada administración dejase insolvente a la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) a causa de la APP del Expreso De Diego (PR-22) y la PR-5. La organización Alianza Progresista reveló que "al cierre del 2008 la ACT tenía $83 millones en préstamos con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), pero también una línea de crédito por $400 millones con Citigroup. La línea de crédito tenía fecha de vencimiento temprano en el 2009 y el BGF no tuvo otra opción que asumir dicha línea, ya que la ACT no tenía fuente para repagarla y la banca privada no estaba en posición de extenderla". Lo correcto—dijeron en comunicación enviada a los medios—es que al cierre del 2008, el balance en préstamos con el BGF de la Autoridad de Carreteras era de unos $483 millones, aproximadamente. El dinero del negocio se utilizó para repagar deuda, agregó. "Las agencias de crédito avalaron la transacción. Específicamente, los informes de las agencias de crédito concluyeron que la cantidad de deuda a retirarse gracias a la APP era proporcional a los ingresos, lo que no afectaba la condición de crédito y financiera de la ACT", se dijo. "La deuda total de la ACT durante el cuatrienio anterior tuvo un aumento neto de $87 millones (1.3%), gracias a que con la APP se pudo saldar $1,087 millones en deuda", se insistió.