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Master Thesis ǀ Tesis de Maestría submitted within the UNIGIS MSc programme presentada para el Programa UNIGIS MSc at/en Interfaculty Department of Geoinformatics- Z_GIS Departamento de Geomática – Z_GIS University of Salzburg ǀ Universidad de Salzburg

Aplicabilidad del SIG en legalización de asentamientos de origen informal. Caso La Libertad, Pereira, Colombia.

Aplicability of GIS in the legalization of informal settlements. Case Study La Libertad, Pereira, Colombia. by/por

SONIA VIVIANA TAMAYO OSORIO 01122818 A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the degree of Master of Science– MSc Advisor ǀ Supervisor: Carlos Mena PhD

Pereira - Colombia, 3 de septiembre de 2019

Compromiso de Ciencia Por medio del presente documento, incluyendo mi firma personal certifico y aseguro que mi tesis es completamente el resultado de mi propio trabajo. He citado todas las fuentes que he usado en mi tesis y en todos los casos he indicado su origen.

Pereira, 3 de septiembre de 2019 (Lugar, Fecha)

(Firma)

AGRADECIMIENTOS

Los logros son la confabulación de instantes del universo que hacen que coincidamos con personas en algún momento y lugar que, como un destello, logran iluminar nuestra existencia.

Muchas gracias a las arquitectas Luz Piedad Noreña Méndez y Doretty Correa Quejada con quienes sostuve interminables y gratas charlas alrededor de la ética en procesos de planificación urbana, siempre concebida desde la estética y la responsabilidad social. Ellas han sido mis maestras, amigas y cómplices en este sueño por una ciudad más inclusiva y justa, sus enseñanzas en lo personal y lo profesional me permitieron llegar hoy a este resultado.

Agradezco a Laure Collet y a Jenny Correa quienes respondieron a todas mis preguntas y orientaron este proceso académico con todo profesionalismo y amabilidad. A Harol Obando Aguirre presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Libertad en Pereira quien dispuso de su tiempo y conocimientos del territorio para compartirlos en esta investigación destacando el compromiso con la comunidad que representa.

Por supuesto a mis padres que me entregaron todo lo necesario para mantener la pasión y entrega por las causas que emprendo, y a mis hijos Felipe y Santiago quienes siempre iluminan mi camino para que todo sea posible y mágico.

..Y a ti Luisedo, sin tu apoyo permanente, tu respaldo y tu tiempo para acompañarme en esta investigación y en la vida, este logro no habría sido posible. El universo ha permitido que coincidiéramos y gracias infinitas doy por eso.

Asentamiento La Libertad, Pereira, Colombia. 2018

” El derecho a una vivienda digna es más que cuatro paredes y un techo, en efecto, es el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad. Los SIG pueden ser un instrumento eficiente en la búsqueda de estas metas con su demostrada capacidad de apoyar técnicamente el balance entre los instrumentos de gestión del suelo, el desarrollo armónico de los territorios y la justicia social.”

Sonia Viviana Tamayo Osorio

,

tamayo.viviana@gmail.com http://oneplusone.blogspot.es

RESUMEN

El asentamiento La Libertad forma parte del 26.4% del territorio con viviendas informales en el municipio de Pereira - Colombia, una realidad que requiere la intervención del Estado para regularizar la tenencia de la tierra, asegurar el saneamiento básico, la infraestructura vial y la existencia de suficientes espacios públicos y colectivos.

Esta investigación demuestra la aplicabilidad de los Sistemas de Información Geográfica en el proceso de legalización urbanística del asentamiento La Libertad para la generación de un modelo de análisis urbano que involucre variables técnicas, legales y sociales.

Se utilizó una metodología que incluía fases de diagnóstico, evaluación y análisis territorial para modelar las condiciones urbanas y agrupar las variables en subsistemas. El SIG se utilizó a lo largo de todo el proceso, incluyendo herramientas de conversión, análisis espacial y análisis multicriterio, que se utilizaron durante la fase de diagnóstico para ponderar los criterios y delimitar el área en la que se podría avanzar en el proceso de legalización urbana.

Durante el proceso se obtuvo el mapa de uso actual, que diagnostica la realidad del territorio en 5 subsistemas. El mapa de usos potenciales permitió evaluar los usos actuales frente a su potencialidad. El mapa de conflictos de uso permitió analizar la pertinencia de su permanencia. Además, se identificaron y cuantificaron las áreas que deben ser cedidas para satisfacer las necesidades urbanas colectivas deficitarias.

Se generó un Mapa Modelo de Legalización Urbana con la conformación espacial óptima, en el que la carretera principal requiere más de 5 veces el área que ocupa actualmente, y más del 59% de las áreas ocupadas por la vivienda deben ser suprimidas para dar paso a usos colectivos que están en déficit.

Estos resultados demostraron la aplicabilidad del SIG con datos, mapas y análisis, a la legalización urbana del asentamiento La Libertad en la ciudad de Pereira Colombia para el año 2017.

Palabras claves: Asentamiento, Territorio, Legalización, SIG

ABSTRACT

The settlement La Libertad is part of 26.4% of the territory with informal housing in the municipality of Pereira - Colombia, a reality that requires state intervention to regularize land tenure, ensure basic sanitation, road infrastructure, and sufficient public and collective spaces.

This research demonstrates the applicability of Geographic Information Systems in the process of urban legalization of La Libertad settlement for the generation of an urban analysis model that involves technical, legal and social variables.

A methodology that included phases for diagnosis, evaluation and territorial analysis was used to model the urban conditions and to group the variables in subsystems.

The GIS was used throughout the process including conversion tools, spatial analysis and multi-criteria analysis, which were used during the diagnostic phase to weight the criteria and delimit the area in which the urban legalization process could be advanced.

During the process, the current use map was obtained, which diagnosed the reality of the territory in 5 subsystems. The map of potential use allowed an assessment of present uses versus their potentiality. The map of conflicts of use allowed an analysis of the pertinence of their permanence. Additionally, the areas that must be ceded to satisfy collective urban needs in deficit were identified and quantified.

An Urban Legalization Model Map was generated with the optimal spatial conformation, in which the main road requires more than 5 times the area it currently occupies, and more than 59% of the areas occupied by housing should be suppressed to give way to collective uses that are in deficit.

These results demonstrated the applicability of GIS with data, maps and analysis, to the urban legalization of the settlement La Libertad at Pereira City - Colombia for the year 2017.

Keywords: Settlement, Territory, Legalization, GIS

TABLA DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................3 RESUMEN ..............................................................................................................5 ABSTRACT .............................................................................................................6 TABLA DE CONTENIDO.........................................................................................7 LISTA DE FIGURAS ............................................................................................. 16 LISTA DE TABLAS ................................................................................................ 17 1.

2.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 18 1.1.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ....................................................... 18

1.2.

OBJETIVOS ............................................................................................. 19

1.2.1

Objetivo General ................................................................................ 19

1.2.2

Objetivos específicos ......................................................................... 20

1.3.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .......................................................... 20

1.4.

HIPÓTESIS .............................................................................................. 20

1.5.

JUSTIFICACIÓN ...................................................................................... 20

1.6.

ALCANCE ................................................................................................ 22

MARCO TEORICO ......................................................................................... 24 2.1.

LA INFORMALIDAD Y EL DERECHO A LA CIUDAD .............................. 24

2.2.

ORDENAMIENTO Y ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO ....................... 28

2.3.

ANÁLISIS MULTICRITERIO (AMC) ......................................................... 32

2.4.

LOS SIG EN TERRITORIOS INFORMALES ........................................... 34

2.5.

DINÁMICA POBLACIONAL EN PEREIRA ............................................... 38

3. METODOLOGIA ............................................................................................. 42 3.1.

LOCALIZACIÓN ÁREA DE INVESTIGACIÓN ......................................... 42

3.1.1

Límites del área de legalización urbanística. ..................................... 43 7

3.1.2 3.2

FLUJOGRAMA PREVISTO PARA LA METODOLOGIA .......................... 50

3.2.1 3.3

Justificación de la metodología propuesta ......................................... 51

DESARROLLO METODOLOGICO .......................................................... 52

3.3.1

Diagnóstico territorial ......................................................................... 52

3.3.1.1

Recopilación y análisis. ............................................................... 52

3.3.1.2

Generación de información primaria ........................................... 56

3.3.1.3

Creación de la base de datos SIG .............................................. 57

3.3.1.4

Diagnóstico territorial .................................................................. 58

a)

Determinantes del área de legalización urbanística: ................... 59

b)

Selección y ponderación de criterios ........................................... 63

c)

Cesiones obligatorias .................................................................. 65

3.3.1.5

Modelo actual del territorio .......................................................... 69

3.3.2

Evaluación territorial .......................................................................... 70

3.3.2.1

El SIG .......................................................................................... 70

3.3.2.2

Determinación uso potencial del territorio ................................... 70

3.3.3

4.

Determinantes territoriales ................................................................. 44

Análisis territorial del modelo de legalización urbanística. ................. 73

3.3.3.1

El SIG .......................................................................................... 73

3.3.3.2

Análisis de conflictos del territorio ............................................... 73

3.3.3.3

Modelo de legalización urbanística ............................................. 74

RESULTADOS ............................................................................................... 76 4.1.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL ............................................................... 76

4.1.1.

Subsistemas ...................................................................................... 76

4.1.1.1.

Subsistema normativo ................................................................. 76

4.1.1.2.

Subsistema catastral ................................................................... 85

4.1.1.3.

Subsistema restricciones ............................................................ 87

4.1.1.4.

Subsistema infraestructura.......................................................... 91 8

4.1.1.5.

4.1.2.

4.2.

6.

Subsistemas .................................................................................... 108

4.2.1.1.

Subsistema normativo ............................................................... 108

4.2.1.2.

Subsistema catastral ................................................................. 109

4.2.1.3.

Subsistema restricciones .......................................................... 109

4.2.1.4.

Subsistema de infraestructura................................................... 110

4.2.1.5.

Subsistema participativo ........................................................... 110

4.2.2.

5.

Modelo actual del territorio .............................................................. 105

EVALUACION TERRITORIAL ............................................................... 108

4.2.1.

4.3.

Subsistema participativo ............................................................. 98

Uso potencial de la legalización urbanística .................................... 111

ANALISIS TERRITORIAL ...................................................................... 114

4.3.1.

Análisis de conflictos del territorio.................................................... 114

4.3.2.

Modelo de legalización urbanística .................................................. 119

DISCUSION .................................................................................................. 125 5.1.

DIAGNOSTICO TERRITORIAL ............................................................. 125

5.2.

EVALUACION TERRITORIAL ............................................................... 126

5.3.

ANALISIS TERRITORIAL ...................................................................... 128

CONCLUSIONES ......................................................................................... 130

7. REFERENCIAS ............................................................................................ 134 8.

ANEXOS ....................................................................................................... 142 8.1.

ANEXO 1. Cuestionario Tipo 1 - Participación Comunitaria .................. 143

8.2.

ANEXO 2. Cuestionario Tipo 2 - Iniciativa del proceso .......................... 145

9

GLOSARIO

Asentamiento. Áreas residenciales en las cuales los habitantes no ostentan derecho de tenencia sobre las tierras o viviendas en las que habitan; suelen carecer de servicios básicos e infraestructura urbana y las viviendas pueden no cumplir con las regulaciones de construcción y planificación.

Área Bruta (AB). Es el área total del predio o predios objeto de la licencia de urbanización o delimitado(s) por un plan parcial, antes de descontar cualquier afectación: suelo protección, vías y cesiones.

Análisis Multicriterio (AMC). Conjunto de técnicas que se orientan a apoyar la toma de decisiones, teniendo como fin determinar diversas alternativas cuando se evidencian múltiples criterios y conflictos

Área Neta Urbanizable (ANU). Es el área resultante de descontar del área bruta, las áreas para la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las redes primarias de servicios públicos y las áreas de conservación y protección de los recursos naturales y paisajísticos y las preexistencias.

Actuación Urbana Integral (AUI). Programas y proyectos derivados de las políticas y estrategias contenidas en el plan de ordenamiento territorial de una zona geográfica.

Banco

Interamericano

de

Desarrollo

(BID).

Organización

financiera

internacional.

Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE). Entidad adscrita a la Federación de Cafeteros de Colombia que realiza estudios independientes tanto en café, como educación, desarrollo regional y políticas públicas.

Computer Aided Design (CAD). Abreviatura en idioma inglés para diseño asistido por computador.

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Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Es la máxima autoridad colombiana de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia.

Dirección Operativa de Prevención y Atención de Desastres (DOPAD): Dependencia responsable de la gestión del riesgo a nivel municipal, adscrita a la Alcaldía de Pereira, Colombia.

Equipamiento Colectivo (EQ): Son los espacios físicos que soportan las actividades sociales y comunitarias de la población, tales como la recreación, la educación, la salud, la seguridad, el culto, etc., además de otras actividades que tienen que ver con el comercio, la cultura y la administración pública y los grandes equipamientos que constituyen los servicios de nivel ciudad como plazas de mercado, de ferias, terminales de transporte, mataderos, entre otros.

Espacio público (EP): Es el constituido por las áreas requeridas para la recreación pública activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares.

Estratificación socioeconómica: Es una clasificación en estratos de los inmuebles residenciales. Se realiza con base en las características de las viviendas fundamentándose en que el significante vivienda-entorno expresa un modo socioeconómico de vida demostrable.

Geodatabase. Estructura de datos nativa de ArcGIS® que se utiliza para la edición y administración de datos geográficos.

11

Geoportal. Sitio en internet cuya finalidad es ofrecer a los usuarios el acceso a una serie de recursos y servicios basados en la información geográfica.

Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE): Iniciativa a través de la cual se definen lineamientos para la gestión de información geográfica, para armonizarlos, disponerlos y reutilizarlos por el Gobierno Colombiano y la Sociedad.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC): Entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). Índice de Precios al Consumidor (IPC): Medida del cambio (variación), en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares de Colombia conocido como canasta.

Isoprecios. Espacio de terreno en el cual el precio del suelo es constante mostrando la espacialización económica en los diferentes sectores de la ciudad.

Join Photographic Experts Group (JEPG): Estándar de codificación y compresión de imágenes digitales.

Mejoramiento integral. Tipo de tratamiento urbanístico que rige las actuaciones de planeamiento para la regularización de los asentamientos humanos de origen informal, para su conveniente integración a la estructura de la ciudad.

Mejoramiento Integral de Barrios (MIB). Programa que se aplica en las zonas con tratamiento urbanístico de mejoramiento integral, busca mejorar las condiciones de vida de la población pobre y de extrema pobreza, mediante la renovación de su entorno habitacional, mediante el ordenamiento urbano del barrio,

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la legalización y regularización del mismo, y la ejecución de obras de infraestructura básica y equipamiento.

Nueva Agenda Urbana (NAU). Guía de la Organización de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades.

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Objetivos de desarrollo adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2000 con horizonte a 2015.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Objetivos de desarrollo adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015 con horizonte a 2030.

Organización de Naciones Unidas (ONU). Organismo internacional conformado por 193 países. Facultado para mantener la paz y seguridad internacional, así como para realizar y fomentar la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estimulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Plan parcial. Instrumento de planificación por el cual se desarrollan y se complementan las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, para áreas determinadas del suelo urbano o de expansión.

Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Es el instrumento técnico y normativo conformado por objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo de los municipios colombianos.

Raster. Mapa de bits. Archivo de datos que representa una rejilla rectangular de píxeles o puntos, denominada matriz.

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV). Remuneración mínima que todos los trabajadores en Colombia tienen derecho a recibir. Se establece para 13

periodos de un año y su periodicidad de pago es mensual. Se fija teniendo en cuenta factores como el costo de vida de cada región, la contribución de los salarios al PIB, la capacidad económica de las empresas y los empleadores, la tasa de inflación y la actividad y las condiciones de cada región, entre otros.

Sistema de Información Geográfico (SIG). Sistema que integra tecnología informática, personas e información geográfica para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, transformar y presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin de satisfacer múltiples propósitos.

Sociedad de Mejoras de Pereira (SMP). Entidad privada sin ánimo de lucro con sede en Pereira, Colombia que, promueve iniciativas, proyectos y planes de ciudad que pretendan el desarrollo cívico, social, cultural, económico y ambiental en la ciudad.

Tratamiento urbanístico. Instrumento de planificación que determina las intervenciones que se pueden realizar en el territorio, el espacio público y las edificaciones, mediante respuestas diferenciadas para cada condición existente, como resultado de la valoración de las características físicas de cada zona y su función en el modelo territorial, con los propósitos de consolidar, mantener, revitalizar, mejorar y generar espacios adecuados para el desenvolvimiento de las funciones de la ciudad.

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM). Cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos.

United States Dollars (USD). Abreviatura en idioma inglés para la moneda de los Estados unidos de América.

Vía Arteria Secundaria (VAS). Vías que canalizan y distribuyen cl volumen vehicular desde o hacia las vías principales.

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Vivienda De Interés Prioritaria (VIP). Es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (70 SMMLV)

Vivienda de Interés Social (VIS). Es aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMMLV).

Zona homogénea geoeconómicas urbana (ZGEU). Espacio geográfico de una región urbana con características similares en cuanto a su precio.

Zona

de

protección

forestal

(ZP).

Zona

que

debe

ser

conservada

permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables.

15

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Estadística de porcentaje de crecimiento de la población en Pereira. Año 2017 ......................... 38 Figura 2. Estructura poblacional de Pereira. Año 2017 .............................................................................. 40 Figura 3. Mapa de localización general ..................................................................................................... 42 Figura 4. Mapa de localización municipal .................................................................................................. 45 Figura 5. Mapa de localización mejoramiento integral - asentamiento La Libertad ................................... 47 Figura 6. Mapa de espacio público - sector asentamiento La Libertad ...................................................... 49 Figura 7. Mapa amenaza y riesgo - sector asentamiento La Libertad ........................................................ 50 Figura 8. Flujograma de la metodología propuesta ................................................................................... 51 Figura 9. Mapa de estratificación socioeconómica .................................................................................... 60 Figura 10. Mapa de zonas homogéneas geoeconómicas ........................................................................... 61 Figura 11. Mapa sectores normativos ....................................................................................................... 78 Figura 12. Mapas determinantes de legalización urbanística .................................................................... 81 Figura 13. Mapa de área neta ................................................................................................................... 84 Figura 14. Mapa estado propiedad de edificaciones ................................................................................. 86 Figura 15. Mapa vulnerabilidad y riesgo geotécnico ................................................................................. 88 Figura 16. Mapa de amenaza .................................................................................................................... 89 Figura 17. Mapa de pendientes del terreno .............................................................................................. 90 Figura 18. Áreas de terreno con pendientes > 60% ................................................................................... 91 Figura 19. Fotografía uso de la Carrera 11 sector asentamiento La Libertad ............................................. 92 Figura 20. Sección vial carrera 11- avenida Matecaña ............................................................................... 93 Figura 21. Mapa de infraestructura vial .................................................................................................... 95 Figura 22. Mapa de espacio público .......................................................................................................... 96 Figura 23. Mapa de equipamiento colectivo ............................................................................................. 97 Figura 24. Mapa de acceso a servicios públicos domiciliarios .................................................................... 98 Figura 25. Rangos de edad ........................................................................................................................ 99 Figura 26. Nivel de escolaridad ............................................................................................................... 100 Figura 27. Niños por vivienda .................................................................................................................. 100 Figura 28. Adultos mayores de 60 años ................................................................................................... 101 Figura 29. Uso principal de la edificación ................................................................................................ 101 Figura 30. Conocimiento de legalización urbanística ............................................................................... 102 Figura 31. Tenencia de la vivienda .......................................................................................................... 102 Figura 32. Participación en procesos de mejoramiento barrial ................................................................ 103 Figura 33. Responsabilidad procesos de mejoramiento barrial ............................................................... 103 Figura 34. Inicio de proceso de legalización urbanística .......................................................................... 104

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Figura 35. Responsabilidad de las cesiones obligatorias.......................................................................... 104 Figura 36. Mapa del modelo de uso actual .............................................................................................. 106 Figura 37. Uso actual del territorio ......................................................................................................... 108 Figura 38. Mapa del modelo de uso potencial del territorio.................................................................... 112 Figura 39. Uso potencial.......................................................................................................................... 113 Figura 40. Mapa del conflicto de uso del territorio ................................................................................. 114 Figura 41. Uso equipamiento colectivo adecuado versus uso inadecuado .............................................. 118 Figura 42. Mapa del modelo de legalización urbanística ......................................................................... 121 Figura 43. Usos modelo de legalización urbanística ................................................................................ 121 Figura 44. Mapa de áreas de lotes de uso residencial ............................................................................. 123 Figura 45. Áreas mínimas de vivienda unifamiliar ................................................................................... 123

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Datos fuente base de datos SIG ................................................................................................... 54 Tabla 2. Sistema de referencia para el municipio de Pereira ..................................................................... 57 Tabla 3. Cálculo de cesiones obligatorias .................................................................................................. 67 Tabla 4. . Clasificación Uso Actual del territorio ........................................................................................ 69 Tabla 5. Clasificación de conflictos de uso ................................................................................................. 74 Tabla 6. Sectores normativos .................................................................................................................... 78 Tabla 7. Tratamientos urbanísticos sector 14 ............................................................................................ 80 Tabla 8. Matriz de decisiones .................................................................................................................... 82 Tabla 9. Uso y estado de las edificaciones ................................................................................................. 85 Tabla 10. Áreas edificaciones informales .................................................................................................. 86 Tabla 11. Áreas viviendas .......................................................................................................................... 87 Tabla 12. Acceso a servicios públicos ........................................................................................................ 98 Tabla 13. Uso actual del territorio ........................................................................................................... 107 Tabla 14. Tipos de propiedad .................................................................................................................. 109 Tabla 15. Uso potencial ........................................................................................................................... 113 Tabla 16. Zonas de conflicto de uso ........................................................................................................ 116 Tabla 17. Conflicto Adecuado Residencial ............................................................................................... 117 Tabla 18. Equipamiento colectivo adecuado vs inadecuado .................................................................... 118 Tabla 19. Usos modelo de legalización urbanística ................................................................................. 122 Tabla 20. Requerimientos en Área neta urbanizable ............................................................................... 128

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1. INTRODUCCIÓN

Los procesos de legalización de asentamientos informales requieren como punto de partida bases científicas sólidas para adelantar procesos que respondan a las necesidades de la ciudad informal colombiana. En la actualidad no existe un ejercicio científico documentado con esta temática y menos en ciudades intermedias o pequeñas. Incluso en ciudades de mayor tamaño como Bogotá que ha desarrollado normas distritales que incluyen procedimientos para los procesos de legalización, se enfrenta a grandes problemáticas para adelantar el estudio técnico, el cual puede demorarse más de 2 años, tal como es descrito de insólito por parte de un órgano de control (Personería de Bogotá D.C., 2013). Ahora bien, la tensión palpable entre los derechos constitucionales y los lineamientos urbanos ambientales y de infraestructura para el crecimiento ordenado de los territorios genera contradicciones y tensiones (Decastro, Hoyos, y Umaña, 2011, pp.18-20), haciéndose evidente la necesidad de una alta capacidad de respuesta con procesos teóricos documentados y probados.

La presente investigación pretende demostrar que a partir del uso de los sistemas de información geográfico SIG es posible generar un modelo que permita contar con una mejor interpretación del territorio y que se pueda optar por la mejor conformación espacial posible y equilibrada en beneficio de sus habitantes y de la sociedad.

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Una conformación espacial materializada en asentamientos precarios cuyos hogares no cuentan con seguridad en la tenencia de la tierra, saneamiento básico, espacios públicos, infraestructura vial ni equipamientos colectivos, es reflejo de la pobreza y las desigualdades sociales que convierten a estos hogares en víctimas y causantes de desastres naturales (Simoni y Szalachman, 2007). Se requiere abordar soluciones en primer término desde la legalización urbanística como primer 18

paso para superar la informalidad. No obstante, el mismo estado caótico del territorio se refleja a su vez en una equivocada interpretación del territorio que surge de información que no siempre es pertinente ni suficiente para obtener análisis de datos espaciales, estándares, modelos y métodos, que conduzcan a propuestas de legalización efectivas (Abramo, 2011).

El asentamiento La Libertad en la ciudad de Pereira, Colombia, objeto de la presente investigación, es una muestra representativa de estos territorios (Castellano-Caldera y Pérez-Valecillos, 2013). La investigación pretende demostrar que los sistemas de información geográfico son aplicables en la legalización del asentamiento de origen informal.

Se incorporan criterios propios de estas

dinámicas urbanas que van desde la identificación del territorio, de zonas para la infraestructura vial y de servicios, lineamentos ambientales, así como zonas de amenaza y riesgo para determinar conflictos y potencialidades del suelo resultantes del proceso de legalización (Alcaldía de Pereira, 2016a). Una mejor interpretación de estos territorios al incorporar escenarios predictivos (Fernándes, 2011) con acciones de mejoramiento produce una conformación espacial más equilibrada entre el modelo de ocupación de la ciudad, los quereres de sus habitantes y los intereses de los propietarios del suelo.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Se tiene como objetivo general de la investigación Demostrar que los sistemas de información geográfico son aplicables en la legalización del asentamiento de origen informal La Libertad de la ciudad de Pereira – Colombia para el año 2017.

19

1.2.2 Objetivos específicos 

Realizar un análisis urbanístico del asentamiento, que involucre las variables normativas, técnicas, jurídicas y participativas.



Demostrar la aplicabilidad de los SIG en el análisis y generación de un modelo de legalización urbanística.

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

La investigación responderá a la siguiente pregunta: ¿Cómo demostrar que los sistemas de información geográfico son aplicables en la legalización del asentamiento de origen informal La Libertad de la ciudad de Pereira – Colombia para el año 2017?

1.4. HIPÓTESIS

La hipótesis planteada para la investigación es: 

Los sistemas de información geográfico permiten el conocimiento de la informalidad y las posibilidades más convenientes para la legalización urbanística del asentamiento de origen informal La Libertad de la ciudad de Pereira – Colombia para el año 2017.

1.5. JUSTIFICACIÓN

EL 26.4 % del territorio de la ciudad de Pereira es de origen informal (Espinosa y Karina, 2012), informalidad a la vista de todos que se aborda desde la arquitectura, las humanidades, la economía o el derecho, pero requiere de un eje articulador que involucre todas las particularidades de la ciudad informal y genere respuestas pertinentes a los actores externos que pretenden actuar en beneficio de la sociedad (Galfioni, Degioanni, Maldonado, y Campanella, 2013).

20

Esta investigación analiza los sistemas ambientales, sociales y de infraestrctura mediante la aplicación de los SIG en ambientes no planificados pero ya consolidados y ocupados. En consecuencia, es conveniente la investigación ya que contribuye a la configuración de una ciudad más incluyente, facilitando el acceso a la tierra a los ocupantes a quienes por décadas la ciudad les ha dado la espalda y que requieren de condiciones de vida dignas.

Lo anterior apunta en primer lugar a que los dueños de la tierra sobre la que se asientan los moradores del asentamiento La Libertad conozcan el potencial de ese territorio y el de sus habitantes que hasta ahora desconocen, logrando así involucrar al sector privado en la consolidación de la ciudad formal para el bienestar de quienes lo habitan y para el ordenamiento de la ciudad.

De otro lado, la

población que ocupa el asentamiento podría contar con la propiedad del suelo que ocupan, con acceso a servicios públicos en las mismas condiciones que la ciudad formal, al igual que la oportunidad de poder contar con espacios públicos y equipamientos colectivos. Para la administración municipal, podrían contar con un modelo de intervención que utiliza la tecnología SIG, la misma que utilizan para la planeación de la ciudad formal pero ahora orientándola a los territorios hasta ahora no intervenidos pero que son casi la cuarta parte de los barrios de la ciudad.

A través de esta investigación se pueden resolver problemas como el de determinar la conformación territorial óptima del asentamiento permitiendo usos compatibles del suelo acorde al estado actual de la ocupación al igual que da paso al acceso a la legalización de la propiedad.

Una vez los moradores logren el acceso a la propiedad, pasan a ser parte de la ciudad formal con las obligaciones y derechos que ello conlleva. Pueden acceder a créditos en el sistema financiero para mejora o permuta de sus viviendas y el municipio puede sanear los cobros de impuesto predial en todo el asentamiento.

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1.6. ALCANCE

Se requiere abordar tanto el estado de arte de la informalidad como los análisis que faciliten el diagnostico, evaluación y generación de una propuesta de formalización en el asentamiento La Libertad.

Mediante la aplicación de herramientas SIG se pretende i) Diagnosticar y evaluar los subsistema normativo, catastral, de restricciones, infraestructura y participativo en el asentamiento La Libertad; ii) Identificar la zona de informalidad urbana susceptible de legalizar a partir de la selección y ponderación de criterios; iii) Generar el modelo actual, el modelo potencial y el modelo de análisis de los conflictos del territorio; iv) Crear un modelo de legalización urbanística como escenario predictivo para acciones de mejoramiento integral. Las herramientas a utilizar involucran técnicas cualitativas como la entrevista, análisis documental y técnicas cuantitativas de descripción, inferencia, significación y predicción (Hueso González, Sempere, y Josep, 2012) incluyendo evaluaciones multicriterio a partir de las determinantes de la legalización de asentamientos informales (Decreto 4260, 2007).

Siendo así, el producto esperado es un modelo de legalización urbanística a partir del involucramiento de variables técnicas, jurídicas y sociales demostrando que los SIG son aplicables para el análisis y generación de estos modelos.

Los resultados deben llegar a evidenciar mediante representaciones gráficas la mejor conformación espacial posible y equilibrada entre el modelo de ocupación de la ciudad, y la realidad de la informalidad urbana en el asentamiento de origen informal La Libertad de la ciudad de Pereira – Colombia

De igual modo, se espera que los resultados de la investigación sirvan a la comprensión de las posibilidades del ordenamiento de asentamientos informales, teniendo en cuenta capacidad de las herramientas SIG para integrar en mapas las

22

distintas dimensiones de la informalidad urbana y su potencialidad como soporte tĂŠcnico para alcanzar territorios ordenados y sostenibles.

23

2. MARCO TEORICO

2.1. LA INFORMALIDAD Y EL DERECHO A LA CIUDAD

Se estima que en el mundo la cantidad absoluta de residentes urbanos que viven en tugurios continúa aumentando, debido en parte al crecimiento de las ciudades y a la ausencia de políticas efectivas relacionadas con el suelo y las viviendas, situación que es más evidente en países afectados por conflictos.

De hecho, la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó en su informe 2015a de logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados en 2000, que: Las evidencias recopiladas en 44 países muestran que la reducción de tugurios requiere una combinación de enfoques complementarios, desde la concientización al aumento de financiamiento para proporcionar servicios básicos, junto con reformas a las políticas y el fortalecimiento institucional (p.

61).

Este crecimiento urbano sin precedentes durante la presente era ha convocado a un llamado universal para lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En ese sentido La Asamblea General de la ONU refrendó en el año 2016 la Nueva Agenda Urbana (NAU) cuyo horizonte temporal se extenderá hasta 2030 con miras a lograr que la forma física de las ciudades sea un medio para que todas las personas tengan acceso igualitario a los beneficios y oportunidades que brindan las ciudades siendo el vehículo para el goce de la igualdad de derechos para todas las personas (ONU, 2015a).

De hecho, la NAU determina 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se constituyen en el plan para abordar algunos de los retos que afronta el mundo. En este sentido el objetivo 11 denominado “Ciudades y comunidades sostenibles” determinó que: Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en 24

transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva (ONU, 2015b, ¶.

3).

En el mismo sentido los ODS consideraron el uso las tecnologías de la información y las comunicaciones como fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y empoderar a las comunidades en numerosos países.

Por otra parte, la Constitución colombiana determina la función social y ecológica de la propiedad: Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda (Constitución Política de Colombia, 1991, art.51).

Estas obligaciones están plasmadas en la ley de ordenamiento territorial para garantizar la utilización del suelo haciendo efectivos los derechos a la vivienda y a los servicios públicos, velando por la defensa del espacio público, protección del medio ambiente y prevención de desastres (Ley 388, 1997). La materialización de estos preceptos es reglamentada por el gobierno nacional (Decreto 4260, 2007).

No obstante estas normas no han sido implementadas eficazmente debido, entre otros, a la poca capacidad de gestión de las administraciones, mencionado así en un análisis de la situación actual de este instrumento en América Latina (Costa y Hernández, 2010).

El estudio menciona que la ciudad informal fue desconocida ya que, hasta mediados del siglo XX, la planificación en las grandes ciudades solo abordó la ciudad formal reglamentando las edificaciones. Posteriormente se genera una reacción frente a la crisis urbana y se sientan las bases para regular los mercados del suelo y favorecer a las personas de menores ingresos, pero el hecho de disponer de leyes o instrumentos o incluso de disponer de tecnología, por sí solos no arreglan el problema de la informalidad urbana, debido principalmente a la poca 25

capacidad de gestión y de capacidad institucional de las administraciones municipales.

De igual manera se evidencian problemas con la operacionalización de los intentos de formalización que han titulado lotes en zonas de riesgo, o con restricciones ambientales, o sobre áreas para vías u otros usos no conformes, incluso se ha llegado a titular tierra sin urbanizar asumiendo que existían usos residenciales consolidados.

Diversas investigaciones, entre ellas Pérez (2013), señalan la relación entre el problema de acceso a la tierra, el crecimiento demográfico y la planificación inadecuada. Los residentes demarcan lotes, construyen sus viviendas sin contar con servicios públicos, vías, equipamientos, desconociendo la vulnerabilidad del suelo o condicionantes de protección y propiedad (Fernándes, 2011). Al paso del tiempo las edificaciones se amplían y los gobiernos prestan servicios públicos básicos estimulando el crecimiento urbano inadecuado.

La ciudad de Pereira,

Colombia, cuenta en el año 2012 con 108 asentamientos informales que equivalen al 24.6% de barrios.

Estos territorios se localizan principalmente en las zonas

periféricas en condiciones de riesgo y en medio de pocas oportunidades económicas para la población, de falta de control por parte de las autoridades y de la ausencia de políticas públicas que solucionen el problema de fondo (Espinosa y Karina, 2012).

Los territorios informales disponen de instrumentos de planificación para permitirles su incorporación y acceso a la ciudad como son el mejoramiento integral, la legalización urbanística y la titulación predial, siendo el Mejoramiento Integral un tipo de tratamiento urbanístico del suelo que determina el tipo de intervención en el territorio de forma tal que brinde las condiciones óptimas para la población. Este tipo de tratamiento puede complementarse con procesos de legalización urbanística y titulación predial. Son 3 Instrumentos distintos pero concurrentes, que pueden o no traslaparse (Ley 388, 1997).

26

La legalización urbanística es determinada como el proceso mediante el cual se reconoce la existencia de los asentamientos precarios para su incorporación al sistema de planeación urbana local (Decreto 564, 2006). Pero, de otro lado, se determina que la titulación de predios públicos ocupados ilegalmente por vivienda de interés social podrá adelantarse de manera independiente a los procesos de legalización urbanística y no requieren de licencias urbanísticas de subdivisión (Ley 4825, 2011).

Fue así como la titulación de predios en el sector del asentamiento La Libertad tuvo inicio en el año 1997 cuando el municipio de Pereira declaró la expropiación por vía administrativa de los inmuebles de propiedad de Ferrocarriles Nacionales en liquidación para continuar así con la transferencia de la propiedad a los ocupantes.

Entre las consideraciones citadas en este acto administrativo de expropiación, se cita que las construcciones y ocupaciones de hecho a lo largo de la vía férrea, se generaron por el abandono total, sin ejercicio de acto de señor y dueño por parte del titular del derecho de propiedad. Eso ocasiona, con esta conducta, un grave problema para el Municipio de Pereira además de afectar considerablemente la calidad de vida de los habitantes por no disponer de servicios públicos domiciliarios, ni elementales derechos generadores de bienestar propios de una vida digna como lo reconoce y ordena la Constitución Política de Colombia (Resolución 713, 1997).

Los lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento integral de barrios expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES, menciona como un eje problemático a la deficiencia en la concordancia entre las normas nacionales y locales para adelantar intervenciones integrales en los barrios, relacionados con el tratamiento MIB, la legalización urbanística y la titulación de predios fiscales (CONPES, 2009).

27

2.2. ORDENAMIENTO Y ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO

El ordenamiento territorial no es otra cosa que el involucramiento de la sociedad en su propio desarrollo (Hernández Peña, 2010). Este ordenamiento implica directamente a los grupos sociales por ser el territorio, el lugar donde se desarrollan las actividades cotidianas. En Colombia ha cobrado una especial relevancia ya que es el aparato de estado en sus distintos niveles que determina la norma aplicable y ejerce el control del territorio, promoviendo con ello un tal o cual modelo de desarrollo. Ciertamente, el ordenamiento es tan complejo como el orden deseado que pretenda alcanzarse, pero partiendo de lo que la sociedad quiere que se haga en su territorio y sumado a la complejidad del ordenamiento en un país que, como Colombia, permanece en un conflicto permanente y que se agrava por la conflictiva relación entre naturaleza y sociedad.

El mismo artículo de Hernández Peña (2010) refiere el ordenamiento como un poderoso instrumento, tanto así que fue una herramienta de la colonización española en su política de subyugación para dominar y afianzar su poder en las tierras conquistadas, legitimando un modelo de ocupación europeo que trascendió incluso en la mentalidad particular respecto al manejo del paisaje y de los recursos naturales.

De ahí que debe hoy en día concebirse el ordenamiento como un instrumento en el que prevalezca la vocación del territorio a sabiendas de que es posible contar con criterios técnicos para subsanar los conflictos de uso del suelo apuntando hacia la sostenibilidad ambiental la cual se encuentra desde el nivel nacional hasta el nivel local.

Refiere Hernández Peña (2010) que ante todo, debe concebirse el ordenamiento como un instrumento que permite, a través de un ejercicio prospectivo, generar un modelo de ocupación territorial donde se fortalecen las vocaciones de los territorios, y es posible tener criterios técnicos para subsanar los conflictos en el uso de los suelos, armonizando y salvando zonas de interés ambiental y cultural. En este sentido, el ordenamiento no debe concebirse como una obligación más, sino como 28

un instrumento que permita construir sobre un territorio un orden deseado y orientado hacia el horizonte de una sostenibilidad ambiental.

Siendo, así las cosas, la zonificación del territorio tiene una estrecha relación con el ordenamiento en virtud al aumento de las actividades económicas y a la creciente presión sobre los recursos naturales por lo que se hace imperativo incluir temas como la zonificación ambiental y estructura ecológica principal en la formulación de ordenamiento de territorios ocupados e informales.

En el marco de procesos de ordenamiento, la zonificación es el instrumento para la identificación de áreas geográficas con una combinación de características físicas, biológicas, sociales e institucionales que describan la heterogeneidad y particularidad de la zona. La definición y análisis por zonas acompañado del uso de los SIG han dado paso el análisis espacial de los criterios en las Unidades Ecológicas del Paisaje, constituyéndose así la zonificación ambiental como una herramienta para el ordenamiento ambiental que requiere de la definición e integración de criterios biofísicos, socioeconómicos y de gobernabilidad (López Rodríguez, Lozano-Rivera, y Sierra-Correa, 2012).

Las normas urbanísticas para el ordenamiento territorial tanto de orden nacional como local son complementarias y en ambas esferas se contempla el concepto de mejoramiento integral como un tipo de tratamiento que se le otorga a los territorios con deficiencias urbanísticas que deben completar su ordenamiento en materia de infraestructura vial, servicios públicos domiciliarios, equipamientos comunitarios, espacio público, condiciones ambientales y su calidad habitacional (Ley 388, 1997).

Es así como el POT del municipio de Pereira determina, como uno de los objetivos de la política de vivienda de interés social y prioritaria, la formalización de los asentamientos humanos a través de la legalización urbanística como instrumento que complementa el mejoramiento integral de barrios (Alcaldía de Pereira, 2016a).

La aplicación del tratamiento de mejoramiento integral conlleva derechos que benefician a la población beneficiada, pero también conlleva el deber de ceder 29

porciones de suelo o cesiones obligatorias con destino a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas tales como vías, zonas verdes o zonas para equipamientos colectivos.

Los cálculos de estas áreas de cesión están

determinados en el POT el cual fija: i. En los casos que se generen elevaciones de densidad habitacional y/o poblacional Para cualquier uso del suelo se cederá el 15% del Área Neta Urbanizable (ANU). ii. En los casos que no se modifique o se reduzca la densidad habitacional y/o poblacional Para el uso residencial: Se cederán 5 m2 por habitante. Para otros usos del suelo: Se cederá un 8% del Área Construida (AC) (Acuerdo 035, 2016, art.547).

Lo anterior, bajo la premisa de no permitirse la compensación en dinero ni la entrega en otro sitio. Los suelos propicios para la entrega de estas áreas de cesión están determinados, entre otros, por las pendientes del terreno y accesibilidad.

No obstante, la norma aplicable no menciona quién es el sujeto responsable de este pago, pero sí es claro que la aplicación de otros instrumentos permite esta financiación. En efecto, en virtud a que el incremento del aprovechamiento del suelo por acciones distintas a las del propietario, genera beneficios

que dan

derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes (Constitución Política de Colombia, 1991), el municipio de Pereira determinó entre las formas de pago de la participación de la plusvalía, la ejecución de obras para la

adecuación

de

asentamientos

urbanos

con

desarrollos

incompleto,

constituyéndose en un instrumento de financiación de programas de mejoramiento de asentamientos urbanos con desarrollo incompleto o inadecuado.

En el mismo sentido, el municipio de Pereira cuenta con el Fondo de aprovechamientos económicos del espacio público al cual llegan los recursos provenientes del aprovechamiento económico del espacio público como mecanismo de financiación para la adquisición de los suelos necesarios para ser destinados a espacios públicos (Acuerdo 078, 2009).

30

De otro lado, el POT del municipio de Pereira determina que para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, el área mínima de lote para la vivienda de interés social prioritario será de 45 m2, mientras que el área habitable para la vivienda de interés prioritario en tipología multifamiliar debe ser mínimo de 42 m2 (Acuerdo 035, 2016)

Para hacer efectivo este precepto, existen en Colombia mecanismos de reajuste de tierras clasificados como instrumentos de gestión del suelo. Pueden ser utilizados para las actuaciones urbanísticas que requieran una nueva definición predial y con su aplicación se logra una mejor configuración del globo de terreno que la conforma (Ley 388, 1997, art. 45).

Este instrumento ya ha sido aplicado en Alemania para

implementar de proyectos urbanos, así como para juntar pequeños lotes agrícolas y mejorar su eficiencia. También países como Francia, Corea y Finlandia han adelantado procesos exitosos de trasformación urbana con este mecanismo. En el caso de Latinoamérica y particularmente en Colombia este instrumento se ha aplicado en menor medida, esencialmente porque las ciudades se encuentran en permanente construcción y consolidación, y las marcan sustancialmente los distintos grados de aceptación del control del estado en el desarrollo del territorio y de conceptos de propiedad, así como otros factores culturales, sociales y económicos que son únicos en cada contexto (Rojas y Rave, 2013).

Las mismas autoras mencionan que uno de los retos mayores en la aplicación de este instrumento, es lograr mediar entre los intereses de cada propietario para lo cual se hace indispensable el papel protagónico de los gestores y diseñadores en la búsqueda de un plan como unidad en medio de la autonomía y condiciones de cada propietario. No obstante, también mencionan la dudosa efectividad de este instrumento en zonas donde los propietarios de los predios carecen de capacidad financiera para participar en el proyecto.

Los avances en materia normativa debido a la conjugación de políticas y programas en materia de mejoramiento integral, legalización urbanística, financiación del suelo e instrumentos de gestión tendientes a la incorporación al desarrollo urbano de asentamientos precarios son la oportunidad y el reto para los territorios de ponerse 31

en sintonía con el contexto internacional, específicamente con la Agenda Hábitat de 1996 (Vergel Tovar, 2010).

2.3. ANÁLISIS MULTICRITERIO (AMC)

El vertiginoso crecimiento de la informalidad urbana y la complejidad del fenómeno evidencia que debe ser resuelto desde distintas perspectivas, motivo por el cual la aplicación del SIG de forma integrada con el AMC cobra especial relevancia para la toma de decisiones.

Una decisión se selecciona entre múltiples alternativas, no obstante, la toma de decisiones es todo un proceso que va desde la identificación y la formulacón de las posibles soluciones, hasta la evaluación y selección óptima.

Siendo así, las

alternativas se constituyen en el marco de las decisiones, y de otro lado, el criterio es la base medible para la decisión. El criterio puede ser de tipo factor o de tipo restricción, y puede estar relacionado con los atributos de una o varias decisiones (Garcés, 2015).

El mismo autor menciona que, con la teoría de la decisión en la década de los sesenta, aparece el enfoque multicriterio como un enfoque revolucionario para el momento, superando así el planteamiento convencional de gran contenido de lógica interna y a un criterio único. A partir del desarrollo tecnológico actual, surgen entonces las técnicas de evaluacion multicriterio dentro del concepto de análisis de la información geográfica.

El AMC es definido como un conjunto de técnicas que se orientan a apoyar la toma de decisiones, teniendo como fin determinar diversas alternativas cuando se evidencian múltiples criterios y conflictos (Gómez Delgado y Barredo Cano, 2005).

En este sentido durante la Reunión de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA), (De Pietri, Dietrich, Carcagno, y de Titto, 2013) señalaron la evaluación multicriterio (EMC) como la técnica que asiste los procesos de decisión a fin de generar las alternativas que se generan de múltiples criterios

32

en conflicto a partir de ponderar y compensar las variables previae nte inventariadas y clasificadas que influyen de manera positiva o negativa, dicho de otra manera aptitud o impacto sobre el objeto de decisión.

En el AMC intervienen todas las variables relacionadas con la decisión que deba analizarse para plantear una metodología acorde al objetivo buscado basándose en las herramientas del SIG. La elección de las variables es un proceso previo a la investigación, lo que exige un conocimiento profundo del fenómeno que se pretende analizar. De igual forma es importante la selección de los criterios y de las variables ya que influirán directamente en el resultado esperado. De Cos Guerra (2007), señaló: Es importante, asimismo, tener en cuenta la existencia de dos tipos de criterios,

según la naturaleza de la variable: los condicionantes

correspondientes a variables de naturaleza continua actúan como factores y por tanto se tratan en

la fase de estandarización siguiendo los principios

de la lógica difusa (Gale y Atkitson, 1979), mientras que las variables discretas constituyen restricciones y

su funcionalidad en el método

puede encuadrarse en los principios de la lógica booleana (p.7).

En el mismo sentido, Garcés (2015) sostiene que: Los criterios pueden ser de dos tipos: factores y limitantes. Un factor es un criterio que realza o detracta la capacidad de asentamiento de una alternativa específica para la actividad en consideración; éste por lo tanto debe ser medido en una escala continua. El criterio de tipo limitante restringe la disponibilidad de algunas alternativas en función de la actividad evaluada; con este tipo de criterio se excluyen varias categorías de la capa analizada para la evaluación, es decir, se crea una capa binaria en la cual un código representa las alternativas susceptibles de ser elegidas para la actividad, y otro la no disponibilidad para la actividad (todos los criterios que se incluyan deben tener una representación espacial o cobertura). A su vez, un factor es un criterio que mejora o reduce la aptitud de una alternativa específica para la actividad en consideración. Por lo tanto, se mide comúnmente en una escala continua (p.40).

33

Las etapas básicas para el AMC descritas por Jiménez Caldera (2016) son las siguientes: 

Definición y estructuración del problema, el cual gira en torno al escenario de evaluación.



Descripción de alternativas potenciales, referidas a las posibles situaciones o escenarios de evaluación, o elementos sobre los cuales se decide.



Elección de conjuntos de criterios de evaluación, recomendablemente profusa, legible y operativa; es decir, que abarque los múltiples intereses de los actores claves.



La identificación de un sistema de preferencia para la toma de decisiones y elección de un proceso de agregación, que puede ser mediante asignación de pesos, en las que se resalta la importancia relativa de los diferentes criterios de evaluación, generalmente en decisiones donde no se comprometen varios actores; y mediante procesos interactivos, donde en la conformación de variables de evaluación están incluidos tanto actores como los decisores.

Es así como el AMC se constituye en una herramienta metodológica de gran importancia para identificar y analizar territorios para la obtención de un objetivo específico, destacándose la potencialidad de permitir ponderaciones y la graduación en la estandarización de los factores, posibilidades que se materializan en el aporte de los SIG para detectar y analizas problemas sociales que se materializan en el territorio y plantear soluciones para superarlos.

2.4. LOS SIG EN TERRITORIOS INFORMALES

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han probado ser eficientes en contextos urbanos informales. En Mozambique, han permitido planificar y evaluar

34

territorios similares a los asentamientos considerados en la presente investigación indicando que: La aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica (TIG) en el campo urbano está sirviendo a Ingeniería Sin Fronteras de Cataluña (ESFCat) en Mozambique, en dos aspectos muy concretos: planificar y evaluar.

Las particularidades de los contextos urbanos informales –alta densidad poblacional, irregularidad de las parcelas, falta de certificados de tenencia habitacional e indefinición de los espacios públicos y privados– hacen de especial utilidad, para la planificación de nuevas infraestructuras, las bases de datos georreferenciados, y en concreto los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Además, la elaboración de una línea base de información de las condiciones de vida de la población, sirve para evaluar el impacto real a mediano y largo plazo, agregando a esta complejidad territorial, el alto movimiento y relevo de población, que hacen de estos asentamientos informales, a menudo, espacios transitorios (Pérez Casas, 2009, p. 2).

Sin embargo, el mismo estudio es claro en mencionar que el mayor reto está en el obstáculo que pueden significar los niveles político o institucional ya que de ellos depende la aprobación final y el proceso de legalizar la tenencia del suelo, dificultades idénticas tanto en Mozambique como en Colombia.

El fenómeno de la informalidad está estrechamente ligado a la segregación socioespacial de las ciudades latinoamericanas. Estudios de segregación urbana mediante el uso de los SIG mencionan que esta herramienta permite otorgar relevancia al componente social y logra posicionar al SIG para adelantar estudios urbanos en ámbitos informales (Erba, 2007). Estas experiencias han permitido realizar una reconstrucción analítica pero diferenciadora de los aglomerados urbanos que a su vez están en estrecha relación con la totalidad del territorio, dando paso a una interpretación territorial de la segregación. La aplicación del SIG en este contexto, permitió la asignación de recursos con base en variables de riesgo y de necesidades básicas de sus habitantes.

35

Investigación como la realizada desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en la que Palma Herrera (2015) generó una metodología con base a SIG y a Metodologías de Evaluación Multicriterio (EMC) obteniendo un modelo territorial para crear escenarios que ayudan a distribuir equitativamente una oferta de servicios públicos y privados con base a la accesibilidad. Es así como la aplicación de técnicas de EMC ha permitido la evaluación de alternativas que se adaptan a la formulación de propuestas sobre el ordenamiento de los territorios como son la identificación de potenciales espacios para usos residenciales, tal como se menciona en una investigación aplicada en la ciudad de Resistencia en Argentina en la que se concluye que: Cabe destacar también la importancia de las herramientas SIG y la técnica EMC, particularmente en considerar varios aspectos de la realidad y permitir con ello, construir un indicador de capacidad de acogida del territorio para una determinada actividad. De este modo, incluyendo factores de dimensiones variadas, es posible avanzar en planes de ordenamiento territorial donde el desarrollo sostenible sea un aspecto a ser atendido, de manera tal que, el escenario futuro del crecimiento de la ciudad y la instalación de nuevas áreas residenciales en particular, pueden ser definidos según los criterios empleados, garantizando condiciones ambientales y de accesibilidad factibles dentro de los marcos definidos por los planificadores (Da Silva y Cardozo, 2015, p. 37).

Durante el Seminario Internacional de Gestión de la Ciudad y el Territorio de Bogotá D.C. en 2015, se propuso un modelo para la incorporación de SIG en la planificación de la vivienda (Cuervo López, 2015), en el que la autora muestra que, mediante una selección de variables, es posible fundamentar la sistematización del hábitat como apoyo a las fases de diagnóstico, formulación y propuestas de intervención de territorios destinados a usos de vivienda.

Ordenar un territorio habitado requiere especial cuidado para obtener la espacialización de conflictos socioambientales y socioeconómicos. Resultados obtenidos en la ciudad de Río Cuarto (Argentina), presentan una propuesta metodológica para obtener esa espacialización como insumo para correlacionar 36

estos resultados con otras fuentes de información, sosteniendo que detectar conflictos de uso del suelo permite prevenir situaciones derivadas del proceso de urbanización (Galfioni et al., 2013).

La metodología planteada en ese caso de estudio argentino determina un camino metodológico basado en los siguientes pasos: 1. Localizar el foco y área del conflicto socio ambiental, recurriendo a la búsqueda de fuentes de referencias externas, textos legales, trabajo empírico, experiencias en laboratorio, que permitan establecer el alcance espacial de los efectos negativos del conflicto 2. Establecer la dinámica o desarrollo temporal del conflicto, el cual puede encontrarse en etapa de latencia, definida por la existencia de un problema que requiere la atención del Estado; o en etapa de activo que inicia con la formulación de una demanda por algún actor social a través acciones de protesta para solicitar una respuesta por parte de alguna autoridad; y la etapa de la resolución del conflicto. 3. Definir los agentes ambientales involucrados en el conflicto los cuales pueden ser: el sector privado, el sector público, las instancias técnicas-científicas y la ciudadanía, que incluye actores individuales y grupales. 4. Identificar las acciones de demanda o protesta realizadas por los agentes ambientales demandantes, que pueden ser declaraciones

públicas,

prensa,

radio,

televisión,

reclamos

telefónicos,

manifestaciones activas, y/o cortes de vías de circulación terrestre, demandas legales y denuncias policiales y/o juicios 5. Relacionar y analizar las causas que explican las acciones realizadas por los agentes ambientales demandados que generan la situación de conflicto. 6. Determinar los tipos de uso de suelo en conflicto y su área de influencia. 7. Analizar las consecuencias o efectos negativos producidos sobre el ambiente y sobre la comunidad de forma tal que se obtenga el grado de desarticulación entre ambas. Sobre el enfoque metodológico y conceptual, se procede a la identificación, clasificación y comprensión de los conflictos socio ambientales objeto del estudio.

En el municipio de Manizales – Caldas en Colombia, se propone una metodología basada en Sistemas de Información Geográfica y técnicas numéricas para generar modelos predictivos en entornos con problemas ambientales urbanos (LondoñoLinares, Cifuentes-Ruiz, Blanch, y De Felipe Blanh, 2007), ciudad a la cual también 37

se le elaboraron mapas por medio SIG a asentamientos informales asociados a factores incidentes analizados por medio del método multicriterio de Análisis de Componentes Principales ACP (Cifuentes Ruiz, 2009).

Ahora bien, el uso de los SIG permite la utilización de una metodología flexible que se adapta a la realidad de distintos tipos de territorios al agrupar zonas por rangos particulares y con distintos tipos de criterios físicos, económicos o sociales hasta determinar la aptitud y uso potencial del territorio. Estas zonas agrupadas y analizadas se convierten en la base de la planificación y de las propuestas del ordenamiento territorial (Pérez Robalino, 2013).

2.5. DINÁMICA POBLACIONAL EN PEREIRA

La creciente urbanización es un hecho generalizado, sin embargo, teniendo como base las cifras oficiales para Colombia respeto a estimaciones y proyecciones de población 1985 -2020, Pereira exhibe una desaceleración en su crecimiento urbano, contando en el año 2017 con una población estimada de 474,356 personas y para el año 2020 una proyección de 481,129 (DANE, 2017). La figura 1 evidencia la desaceleración abrupta en el 1990 y su posterior estabilización a partir del 2000.

% de Crecimiento Población en Pereira 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

Figura 1. Estadística de porcentaje de crecimiento de la población en Pereira. Año 2017

Si bien Pereira registra un crecimiento poblacional, la desaceleración impacta el modelo de ocupación determinado para la ciudad tendiente a una ciudad más 38

equilibrada. Es así como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente en la ciudad de Pereira (Acuerdo 035, 2016) determina como uno de los objetivos de la política de vivienda formalizar los asentamientos de origen informal.

Ahora bien, los documentos técnicos de soporte para la formulación del POT cuantifican como indicador para esta política que cada hogar está conformado por 3.44 personas (Alcaldía de Pereira, 2016a) y de otro lado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) calculó en la encuesta de hogares de calidad de Vida 2008 un promedio de 1.1 hogares por cada vivienda (DANE, 2015).

Igualmente, el POT determina la exigencia de vivienda de interés prioritaria (VIP) para áreas sujetas al tratamiento de desarrollo un mínimo el 20% del área útil del proyecto inmobiliario (Acuerdo 035, 2016, art.304).

Lo anterior encaminado a

reducir el déficit de vivienda de interés social (VIS) y prioritaria de la ciudad, el cual implica que también se atienda el aumento demográfico de los años venideros y disminuyan, en un período razonable, las carencias existentes.

Todas son

soluciones encaminadas a atender el déficit de vivienda considerando que este déficit únicamente se atenderá con vivienda nueva.

El mismo POT determina para el año 2012 un déficit cuantitativo de vivienda VIP Y VIS de 7,639 unidades para el suelo urbano y una Demanda Futura de Vivienda Urbana de todos los estratos de 24.683 unidades, de las cuales 16,175 (estratos 1, 2 y 3) corresponderían a tipologías de vivienda VIP Y VIS. Calculándose así en el año 2012 un requerimiento de vivienda VIP y VIS de 23.814 unidades (Alcaldía de Pereira, 2016a).

La ventana de oportunidades abierta con el denominado bono demográfico aumenta la probabilidad de que la población que demanda bienes y servicios pueda ser atendida a un menor costo, no obstante, no ha sido aprovechado debido en gran parte a la deficiencia en la aplicación de las políticas públicas que deberían propiciar un mayor acceso a la ciudad formal (Alcaldía de Pereira, Observatorio de Políticas Públicas, 2015).

39

El Programa de iniciativa ciudadana “Pereira Cómo Vamos" que analiza indicadores técnicos suministrados por fuentes oficiales y la Encuesta de Percepción Ciudadana, arroja en su informe del año 2017 que Pereira pertenece al grupo de ciudades mayores según el grupo de Sistema de Ciudades DNP (Jiménez, 2017). La figura 2 exhibe la estructura poblacional.

Figura 2. Estructura poblacional de Pereira. Año 2017

De otro lado, la ciudad e Pereira fue seleccionada en el año 2008 como una de las ciudades piloto para implementar un programa de Mejoramiento Integral de Barrios en el marco de la operación de crédito de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1951 OC-CO, programa que incluyó entre sus fases la legalización urbanística de un asentamiento. En este contexto el Banco Interamenrica de Desarrollo contrató la evaluación final del programa de consolidación de la política de vivienda de interés social y desarrollo territorial, el cual demostró que entre los beneficios que generan la formalización del suelo está la mejoría el apoyo a las acciones de ordenamiento urbano y la facilitación de procesos de mejoramiento del entorno cuando éstos se realizan en el marco de programas de legalización urbanística y regularización.

40

Finalmente, algunas alcaldías, así como una de las gobernaciones consultadas, enfatizan en la ordenación urbanística que resulta de la titulación, estableciendo la evaluación que: El cambio más importante es el orden que se le ha dado o se le está dando al municipio, en tanto que ya hay una mayoría de personas con sus predios titulados, que nos permite reordenar la ciudad, ya como barrios y no como invasiones (CRECE, 2014, p. 210).

41

3. METODOLOGIA 3.1. LOCALIZACIÓN ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Pereira ocupa un lugar privilegiado dentro de la geografía colombiana. Se localiza en el centro del llamado triángulo de oro por estar en medio de las 3 más grandes ciudades del país como son Bogotá D.C., Medellín y Cali. En la figura 3 se presenta la localización general en el contexto colombiano de la zona de estudio de la presente investigación.

Figura 3. Mapa de localización general

El portal oficial de la Alcaldía de Pereira describe que: El Municipio de Pereira está localizado a 4 grados 49 minutos de latitud norte, 75 grados 42 minutos de longitud y 1,411 metros sobre el nivel del mar; en 42

el centro de la región occidental del territorio colombiano, en un pequeño valle formado por la terminación de un contra fuerte que se desprende de la cordillera central. Su estratégica localización central dentro de la región cafetera, lo ubica en el panorama económico nacional e internacional, estando unido vialmente con los tres centros urbanos más importantes del territorio nacional y con los medios tanto marítimos como aéreos de comunicación internacionales (Alcaldía de Pereira, 2017, ¶. 1).

El asentamiento La Libertad, se localiza en la Comuna El Ferrocarril a una altura de 1,404 metros sobre el nivel del mar con coordenadas geográficas 75°43'58.65"W y 4°48'58.09"N en la cuenca del río Otún. El territorio objeto de estudio tiene un área de 4653.09 m2. Limita por el Norte con la carrera 11, desde la calle 69 hasta la calle 73 y por el Sur con predios de la Sociedad de Mejoras de Pereira (SMP) contiguo al aeropuerto Internacional Matecaña.

3.1.1

Límites del área de legalización urbanística.

Para determinar esta delimitación se atendieron las disposiciones de superior jerarquía relativas al área objeto en la que puede aplicarse el instrumento de legalización urbanística, las cuales están dadas por los siguientes precedentes del Decreto 564 (2006), así: 

La ocupación está dada por viviendas de interés social, término que define aquella unidad habitacional cuyo valor no excede los 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) (Ley 1450, 2011).



Aquella porción de terreno que presenta construcciones que, por su origen informal, los poseedores no han formalizado la propiedad del terreno por haber ocupado un predio que no les pertenece.



La porción de terreno a la que le sea aplicable una norma urbanística compatible con el uso residencial en condiciones de mejoramiento integral.

43



La porción de terreno que presenta condiciones de desarrollo incompleto e inadecuado en los que se ubica población en situación de pobreza y vulnerabilidad, expuesta a los fenómenos de la informalidad dada inicialmente por haber sido ocupada sin los requisitos de ley a los cuales se somete toda construcción, esto es, la solicitud de licencia de urbanización o de construcción, la dotación de servicios públicos y la construcción de las obras de urbanización, al igual que la cesión obligatoria anticipada de áreas de cesión gratuitas para espacios públicos y equipamientos colectivos.

3.1.2

Determinantes territoriales

La clasificación del suelo del municipio de Pereira establecido en el POT (Acuerdo 035, 2016) determina que el asentamiento La Libertad se localiza en suelo urbano, en predios contiguos al aeropuerto internacional Matecaña y a los predios del antiguo zoológico Matecaña propiedad de la SMP. Es por lo anterior que en esos predios se desarrolló un instrumento de gestión del suelo denominado Plan Parcial, mediante el cual se formuló el ordenamiento de una importante pieza urbana de la ciudad dentro de la cual se localiza un sector del este asentamiento (Decreto 683, 2016). En la figura 4 se muestra en el contexto municipal la localización de la zona de estudio.

44

Figura 4. Mapa de localización municipal

El asentamiento La Libertad fue elevado a la categoría de “Barrio” por el Concejo de la ciudad, no obstante, esta norma no cuenta con delimitación alguna y no determina un instrumento para acceder a la propiedad del suelo ni a condiciones urbanísticas de acceso a la ciudad (Acuerdo 26, 1985).

En el año 2006, la alcaldía de Pereira adelanta la delimitación de los barrios de la ciudad y con apoyo de la comunidad se fijan unos linderos geográficos de este asentamiento.

El asentamiento La Libertad inicia su conformación en el año 1968 con la construcción de precarias viviendas que se localizaron en un principio a los lados de la antigua banca del ferrocarril cuya construcción fue determinada a comienzos del siglo XX por instrucciones impartidas desde la Asamblea departamental de 45

Caldas (Ordenanza 24, 1911) , ferrocarril que operó por 47 años y fue desmontado en el año 1972 por orden presidencial dejando la banca del ferrocarril abandonada en plena época de la bonanza cafetera en la región, convirtiéndose el sector en un sitio propicio para construir viviendas ahora sobre la abandonada franja sin el control de alguna entidad (Callejas Marulanda y Aguirre Montoya, 2017).

En esencia, el asentamiento La Libertad se convierte en un caso típico de crecimiento espontaneo de la ciudad con construcciones ilegales por parte de personas que, ante la crisis económica, la necesidad de vivienda y el conflicto armado colombiano generaron zonas de refugio con hábitat espontaneo (Rivera Pabón, 2013).

Es así como el barrio La Libertad, reconocido en 1.985 por el Concejo Municipal, cuenta en el año 2006 con 2,8 hectáreas. No obstante, la formulación del plan parcial Matecaña mediante el cual se planificó la zona, determina como instrumento de gestión del suelo para el asentamiento, un área de 0,5 hectáreas en calificada como tratamiento urbanístico de mejoramiento Integral (Decreto 683, 2016).

El

mismo POT, determina como complemento a este tipo de tratamiento, la formalización de los asentamientos humanos a través de la legalización urbanística (Acuerdo 035, 2016, art.166).

Los Tratamientos Urbanísticos son los que determinan la forma de intervención del territorio y definen la proyección de cada sector. Siendo así, el Tratamiento denominado por el POT como Mejoramiento Integral, es el que busca consolidar los usos y las edificaciones en zonas de desarrollo incompleto de forma tal que brinde las condiciones urbanísticas necesarias a los habitantes y que logren la articulación con el tejido urbano del territorio (Acuerdo 035, 2016, art.309).

Este Tratamiento de Mejoramiento Integral es aplicable si el asentamiento La Libertad cumple las siguientes condicionantes normativas:

46

a) Poseer déficit de espacio público y/o equipamientos colectivos. b) Insuficiencia en la prestación de servicios públicos domiciliarios básicos, acueducto, alcantarillado y energía. c) Problemas de accesibilidad y desarticulación con la malla vial. d) Deterioro ambiental por inadecuado saneamiento básico, indebido uso del suelo de laderas por banqueos no técnicos, entre otras. e) Condiciones precarias y deficitarias en las unidades habitacionales.

En la figura 5 se muestra la zona determinada con tratamiento de mejoramiento integra en la zona de estudio.

Figura 5. Mapa de localización mejoramiento integral - asentamiento La Libertad

El ordenamiento territorial colombiano determina el urbanismo como una función pública que persigue, entre otros, posibilitar a los habitantes del acceso a las vías 47

públicas, transporte, espacios públicos, equipamientos colectivos, vivienda y servicios públicos (Ley 388, 1997).

Es así como el POT determina que el sistema de espacio público y sus componentes, se definen como estructurantes, a partir de los cuales se desarrollará la estructura física urbana en la ciudad. De igual forma, el mismo plan define los equipamientos colectivos como el conjunto de edificaciones de carácter y propiedad pública destinados a proveer servicios que satisfacen necesidades colectivas (Acuerdo 035, 2016, art.152).

En este propósito el mismo documento contiene la cartografía (Acuerdo 035, 2016, art.1) que determina los sistemas de espacios públicos y de equipamientos colectivos generales en los mapas “13 Sistema de equipamiento del suelo urbano y de expansión urbana” y “14 Servicio de acueducto y saneamiento del suelo rural”, de los cuales se espacializa lo pertinente a la zona de estudio. En la figura 6 se indica la localización de los sistemas de espacios públicos y de equipamientos colectivos generales.

48

Figura 6. Mapa de espacio público - sector asentamiento La Libertad

Como variables determinantes de la legalización urbanística en el marco del tratamiento de mejoramiento integral para el asentamiento La Libertad, se especifican los riesgos, amenazas y restricciones para la zona objeto del estudio.

Estas determinantes, las analiza el

POT

en los mapas “19 Restricciones

aeronáuticas”, “29 Amenazas por inundación y fenómenos de remoción en masa urbano y de expansión urbana” y “30 Amenazas por torrencialidad urbano y de expansión urbana” (Acuerdo 035, 2016, art.1),

seleccionado en cuanto a lo

pertinente en la figura 7.

49

Figura 7. Mapa amenaza y riesgo - sector asentamiento La Libertad

3.2

FLUJOGRAMA PREVISTO PARA LA METODOLOGIA

El flujograma de la metodología corresponde a la línea de pasos de acciones que implican el proceso de elaboración de la investigación “Aplicabilidad del SIG en legalización de asentamientos de origen informal. Caso La Libertad, Pereira, Colombia” se presenta en la figura 8.

La propuesta metodológica para desarrollar la investigación conduce a un modelado

de

las

condiciones

urbanísticas

implicando

descomponer

las

dimensiones territoriales, sociales y jurídicas en un conjunto de variables para luego ser analizadas conjuntamente.

50

Figura 8. Flujograma de la metodología propuesta

3.2.1

Justificación de la metodología propuesta

La metodología planteada pretende demostrar que los SIG son aplicables en la legalización de asentamientos de origen informal aplicando lineamientos de planificación y evaluación de territorios en condiciones similares a las descritas por Pérez Casas (2009) y Medina Peñaloza (2015). Esta metodología se desarrolla por fases iniciando con la generación de la información tanto primaria como secundaria a partir de las cuales se diseña y produce una base de datos geográfica.

Posteriormente se generan los análisis que permitan el conocimiento del territorio desde cada uno de los componentes requeridos y evidenciados en el asentamiento informal para posteriormente en la etapa de análisis y con el apoyo del AMC generar los mapas de modelo de la legalización urbanística en el territorio apto para ello en cada uno de los subsistemas y acorde a las condicionantes normativas.

La utilización del AMC durante la etapa de análisis se propone en virtud a que una zona de legalización urbanística contiene diversos criterios que generan alternativas de delimitación de la zona de intervención y cuya ponderación se hace necesaria para optar por la delimitación más acertada (Pineda, Bosque, Gómez, y Plata, 2009).

51

La utilización de esta herramienta metodológica permite contar con la totalidad de estos criterios requeridos en un proceso de esta índole, reduciendo el factor de error que pudiera generarse por la sobrevaloración o ausencia de algún criterio.

La propuesta metodológica en un área pequeña como la del objeto de estudio, permite verificar la información recopilada y generar análisis más precisos (Sánchez, Jiménez, Velásquez, Piedra, y Romero, 2004).

3.3 DESARROLLO METODOLOGICO

La metodología para adelantar la investigación se desarrolla en tres fases: diagnóstico territorial, evaluación territorial y análisis de las determinantes de legalización urbanística.

3.3.1

Diagnóstico territorial

La fase de diagnóstico comprende la recopilación, análisis, generación y sistematización de la información existente con el apoyo de los SIG (Tamayo Rosero, 2012).

3.3.1.1

Recopilación y análisis.

En esta fase se realizó la búsqueda y análisis de la información disponible relacionada con el asentamiento objeto de la investigación, visitando las distintas instituciones públicas y privadas y los geoportales especializados.

Es así como se evaluó la pertinencia, calidad e importancia de los datos, conformando una base de datos geográfica a partir de la siguiente información:

Información espacial que hace parte del POT de la Ciudad de la cual se encuentra en formato shape y es de uso público.

52



Cartografía en formato CAD que hace parte el Plan Parcial Matecaña (Decreto 683, 2016) la cual es aportada por la SMP en calidad de promotora del Plan Parcial.

Esta es posteriormente clasificada, estandarizada y convertida a

formato shape. 

Cartografía en formato CAD que hace parte del Levantamiento Topográfico y listado con atributos prediales del estudio adelantado por la SMP con el fin de determinar las áreas ocupadas en los predios propiedad de esa entidad que incluye tanto la parte formal de las edificaciones como la informal (Bernal Garzón, 2017). Esta información es posteriormente clasificada, estandarizada y convertida a formato shape.



La base predial catastral capturada de pantalla a través de consulta generada en el Geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, información capturada en imágenes tipo raster (JPEG) y posteriormente digitalizada para ser clasificada, estandarizada y convertida a formato shape (IGAC, 2017).



La división predial, es publicada por la alcaldía de Pereira en Portal Geográfico del municipio en el que se puede consultar la espacialización de los predios con los atributos de ficha predial catastral y área del predio. La ficha predial catastral se utiliza como identificador único para integrar las bases de datos alfanumérica y geográfica (Alcaldía de Pereira, 2016b).



Listado de las viviendas localizadas en zonas de alto riesgo geotécnico e hidrológico en el asentamiento La Libertad, denominado Inventario Zero, el cual fue suministrado por la Dirección Operativa de Prevención y Atención de Desastres -DOPAD- en el año 2015. Ésta es posteriormente estandarizada y normalizada con la asignación de la correspondiente ficha predial catastral.



Para determinar el valor de las viviendas presentes en el área de investigación se partió del indicador que mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país, el cual es denominado por el DANE como el Índice de precios al consumidor – IPC. El 53

valor presente se obtiene de multiplicar el valor inicial por el resultado de la divisiĂłn entre el IPC inicial y el IPC de la fecha del valor inicial, asĂ­:

đ?‘‰đ?‘… = đ?‘‰đ??ť

IPC(f) đ??źđ?‘ƒđ??ś(đ?‘–)

Siendo IPC(f) el IPC de la fecha a la que se quiere actualizar el valor, đ??źđ?‘ƒđ??ś(đ?‘–) el IPC correspondiente a la fecha del valor inicial y đ?‘‰đ??ť el valor inicial en pesos.

Se obtuvo el valor del metro cuadrado de suelo en la zona objeto de la investigación. Adicionalmente este valor arrojado es contrastado con el valor catastral determinado por la autoridad catastral el cual oscila entre el 60% y el 100% del valor comercial de la vivienda (Ley 1450, 2011). 

Diagnóstico socioeconómico de las zonas homogÊneas geoeconómicas urbanas - ZGEU 2000 – 2012 adelantado por la autoridad catastral IGAC el cual presenta en un plano los isoprecios a nivel catastral y estima los valores comerciales para edificaciones y terrenos (Alcaldía de Pereira, 2016a).

La tabla 1 es la relaciĂłn de datos fuente seleccionados para la conformaciĂłn de la base de datos SIG durante la fase de DiagnĂłstico.

Tabla 1. Datos fuente base de datos SIG Id

Dato

Formato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amenaza movimiento en masa Amenaza torrencialidad Ă reas aferentes bocatomas Ă reas amenaza Ă reas protegidas SINAP Cuencas Microcuencas Suelos de protecciĂłn Zonas de manejo especial PerĂ­metro urbano

Shp Shp Shp Shp Shp Shp Shp Shp Shp Shp

11 12

Estaciones SITP Red ciclorutas

Shp Shp

Fuente POT(componente ambiental) POT(componente ambiental) POT(componente ambiental) POT(componente ambiental) POT(componente ambiental) POT(componente ambiental) POT(componente ambiental) POT(componente ambiental) POT(componente ambiental) POT(componente clasificaciĂłn del suelo) POT(componente movilidad) POT(componente movilidad)

AĂąo de publicaciĂłn 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

54

Id

Dato

Formato

13 14 15 16 17 18 19 20 21

Red peatonal Red vial SITP Zona prioridad peatonal Mejoramiento Integral Planes parciales Sectores normativos Subsectores normativos Acueducto red matriz

Shp Shp Shp Shp Shp Shp Shp Shp Shp

22

Shp

23

Acueducto tanques almacenamiento Bocatomas

24

Interceptores colectores

Shp

25

Restricción Uso ruido aeronáutico Zona reservada acueducto saneamiento Barrios Comunas Clasificación del suelo

Shp

Espacio público efectivo existente Espacio público efectivo propuesto Equipamiento urbano

Shp

Zonas de protección áreas receptoras Base predial catastral Isoprecios Índice de precios al consumidor – IPC Inventario ZERO - Viviendas en riesgo Estratificación socioeconómica Zonas homogéneas geoeconómicas urbanas - ZGEU 2000 – 2012 Base predial catastral Cargas urbanísticas Delimitación unidades de gestión División predial

Shp

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43

Fuente

Año de publicación 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

JPEG SHP XLS

POT(componente movilidad) POT(componente movilidad) POT(componente movilidad) POT(componente movilidad) POT(componente normativo) POT(componente normativo) POT(componente normativo) POT(componente normativo) POT(componente servicios públicos) POT(componente servicios públicos) POT(componente servicios públicos) POT(componente servicios públicos) POT(componente servicios públicos) POT(componente servicios públicos) POT(división política) POT(división política) POT(espacio público y equipamiento) POT(espacio público y equipamiento) POT(espacio público y equipamiento) POT(espacio público y equipamiento) POT(espacio público y equipamiento) Alcaldía de Pereira Alcaldía de Pereira DANE

XLS

DOPAD-Alcaldía de Pereira

2015

JPEG JPEG

Alcaldía de Pereira Alcaldía de Pereira

2015 2016

JPEG DWG DWG

IGAC Plan Parcial Matecaña Plan Parcial Matecaña

2011 2016 2016

DWG

Plan Parcial Matecaña

2016

Shp

Shp Shp Shp Shp

Shp Shp

2016 2016 2016 2016 2016 2006 2006 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2016 2018

55

Id 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Dato Espacio público Especies patrimoniales Localización general Obras y acciones ambientales Red de acueducto Red de energía Suelos de protección Topografía Tratamientos urbanísticos Usos del suelo Vías y volúmenes Atributos prediales División predial Topografía

3.3.1.2

Formato DWG DWG DWG DWG DWG DWG DWG DWG DWG DWG DWG XLS DWG DWG

Fuente Plan Parcial Matecaña Plan Parcial Matecaña Plan Parcial Matecaña Plan Parcial Matecaña Plan Parcial Matecaña Plan Parcial Matecaña Plan Parcial Matecaña Plan Parcial Matecaña Plan Parcial Matecaña Plan Parcial Matecaña Plan Parcial Matecaña Sociedad de Mejoras de Pereira Sociedad de Mejoras de Pereira Sociedad de Mejoras de Pereira

Año de publicación 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017

Generación de información primaria

Durante esta etapa metodológica se diseñaron 2 cuestionarios de tipo cerrado por ser una herramienta que permite relacionarse con un gran número de personas con preguntas estandarizadas que proporcionan datos más confiables y permiten el control del marco de referencia de la investigación (Senn, 1990). El cuestionario N° 1 tuvo como finalidad obtener información de la propia comunidad en la cual se delimita el área objeto de estudio para conocer el conocimiento y participación en el proceso de legalización urbanística y a lo que perciben como condiciones de hábitat, abordando algunos componentes de condiciones del hogar y la vivienda.

El segundo cuestionario tuvo como finalidad obtener información de actores representativos de la comunidad, la administración pública y a propietarios del suelo referente a la iniciativa que pudieran tener frente a un proceso de legalización urbanística en la zona objeto de estudio.

Se determinó diligenciar el cuestionario tipo 1 en el 100% de edificaciones que ocupan la zona determinada como delimitación del área de estudio apta para la legalización urbanística. Los datos resultantes fueron espacializados e hicieron parte del análisis. El cuestionario tipo corresponde al anexo 1.

56

El cuestionario tipo 2 se adelantó en entrevista al representante del propietario del suelo, al representante de la comunidad y a 2 representantes del sector público en cabeza de la alcaldía de Pereira. El cuestionario tipo corresponde al anexo 2.

3.3.1.3

Creación de la base de datos SIG

Durante esta etapa se vectorizó la información que se encontraba en formato de imagen. Se estandarizó y normalizó la información espacial con sus atributos, la cual se alimenta con los datos alfanuméricos recopilados y con los levantados en campo, mediante el diligenciamiento de los cuestionarios, los cuales fueron digitados, normalizados y espacializados. Los archivos que se encuentran en formato CAD fueron clasificados y se generaron las respetivas topologías para obtener archivos shape normalizados. También durante esta etapa se verificó la georreferenciación de la cartografía del plan parcial Matecaña, la cual se elaboró inicialmente en un sistema de coordenadas distinto al determinado para la investigación, así como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Sistema de referencia para el municipio de Pereira

Posteriormente se creó una geodatabase, como modo de almacenamiento de los datos para facilitar el acceso y administración.

57

3.3.1.4

Diagnóstico territorial

Esta etapa consideró la zona objeto de estudio como un territorio conformado por distintos subsistemas a virtud a sus componentes y funciones particulares. Es así como se consideraron los siguientes 5 subsistemas: 

Subsistema normativo: Enfocado en las variables que corresponden a las disposiciones normativas que tienen rango de ley o carácter reglamentario relacionadas con la zona de terreno que puede ser determinada como susceptible de adelantar un proceso de Legalización urbanística.



Subsistema catastral: Contiene la información relativa a los bienes inmuebles como edificaciones y predios, con la respectiva descripción física, económica y estadística de las propiedades a través de un código único de identificación.



Subsistema de restricciones: En este subsistema se agruparon las variables que corresponden a restricciones de tipo ambiental, de riesgo y de pendiente del terreno las cuales condicionan las actividades que se desarrollen sobre esos suelos.



Subsistema de infraestructura: Corresponde a las variables que son el soporte físico para el uso del suelo como las vías y los servicios públicos.



Subsistema participativo: Se enfoca en las variables de tipo social que permiten identificar los actores en el asentamiento y el grado de participación en el proceso.

1) Subsistema normativo:

Conformado por las determinantes del área de

legalización, que dieron paso a la selección y ponderación de criterios y al subsiguiente cálculo de las cesiones obligatorias. Estas variables son i) el nivel de las condiciones del desarrollo urbano, ii) el valor de las viviendas, iii) la informalidad de las edificaciones y iv) el tratamiento normativo aplicable. Estas 4 variables iniciales del subsistema normativo se consideraron como los 4 58

criterios tenidos en cuenta en la aplicación de la técnica del AMC que arroja la delimitación del área de la intervención por ser premisas de obligatorio cumplimiento.

Posteriormente el subsistema contempla las variables

reglamentarias referentes a cesiones de suelo que son requeridas de forma obligatoria para el uso de espacios públicos, equipamientos colectivos y parqueaderos de vehículos las cuales fueron aplicadas en el territorio resultante de la aplicación de la técnica del AMC.

a) Determinantes del área de legalización urbanística:

Corresponde a los lineamientos de orden nacional (Decreto 564, 2006) y municipal (Acuerdo 035, 2016) que deben ser considerados para que el área sea susceptible a la aplicación de la Legalización urbanística y cumpla con los deberes urbanísticos de un desarrollo. Estos lineamientos se basan normas de orden nacional y municipal. o Vivienda de Interés Social – VIS: Esta determinante corresponde al valor de cada una de las viviendas existentes en el área objeto de la legalización, el cual no debe superar el valor de una vivienda de interés social – VIS. El cálculo del valor de las viviendas partió del término VIS, el cual define a aquella unidad habitacional cuyo valor no excede los 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes - SMMLV (Ley 1450, 2011).

Este valor de la VIS fue calculado con la tasa de cambio del peso colombiano - TRM vigente al 31 de enero de 2018, arrojando que una VIS tiene un valor máximo de $37,082.45 dólares americanos.

Ahora bien, en Colombia se aplica la

estratificación socioeconómica a los inmuebles residenciales, la cual tiene como una de sus finalidades identificar geográficamente sectores con distintas características

socioeconómicas

para

orientar

el

ordenamiento

territorial

clasificando así técnicamente las diferentes viviendas y entorno (Ley 505, 1999).

Par esta clasificación, existe una metodología unificada establecida por el DANE y aplicado por las alcaldías municipales, contempla variables como el valor catastral de la vivienda, el entorno urbano y el contexto urbanístico. Entre otras Pereira se 59

encuentra clasificado como una cabecera municipal Tipo I por tener más de 200,000 habitantes (Resolución 106, 2005).

Esta clasificación contempla 6 estratos, así: estrato 1 (bajo-bajo) que corresponde a la clasificación más baja para los inmuebles de menor valor y que están en marginalidad; estrato 2 (bajo); estrato 3 (medio-bajo); estrato 4(medio); estrato 5 (medio-alto) y estrato 6 (alto).

La información más reciente de la estratificación de la ciudad puesta a disposición por parte del municipio en el portal de la Alcaldía de Pereira comparte un mapa de estratificación publicado en diciembre 29 de 2015. En la figura 9 se evidencia que el asentamiento La Libertad se encuentra en su totalidad clasificado en Estrato 1 (Bajo-bajo).

Figura 9. Mapa de estratificación socioeconómica

60

De otro lado, el diagnóstico socioeconómico de las zonas homogéneas geoeconómicas urbanas - ZGEU 2000 – 2012

(Alcaldía de Pereira, 2016a),

evidencia que la totalidad de construcciones que se encuentran al interior del tratamiento de mejoramiento integral del asentamiento La Libertad están determinadas en la ZGEU N° 20. Este análisis determinó para el año 2012 para la zona N° 20 un valor de $66,500 por metro cuadrado de suelo o $23.38 USD. La figura 10 muestra la distribución de las zonas homogéneas geoeconómicas en la zona objeto de la investigación.

Figura 10. Mapa de zonas homogéneas geoeconómicas

El Índice de precios al consumidor – IPC a diciembre de 2012 fue de 111.82 mientras que para enero de 2018 fue de 139,72 (DANE, 2018), obteniendo que el metro cuadrado de suelo en el la zona objeto de la investigación, es:

61

139.72

�� = 66,500 111.82; �� = 83,092.29 (m2 de suelo) a enero de 2017 De otro lado, el valor catastral determinado por la autoridad catastral para el aùo 2017 por metro cuadrado de construcción y suelo es de $243,580. Siendo así el valor catastral de una vivienda de 54 m2 determinada como årea para una vivienda de interÊs social es de $13,153,351.91.

Ahora bien, la norma vigente determina que el valor catastral de una construcciĂłn oscila entre el 60% y el 100% de su valor comercial (Ley 1450, 2011, art.24), lo que permitiĂł obtener el mĂĄximo valor comercial posible de una vivienda de 54 m2 en el asentamiento La Libertad.

Se tuvo en cuenta que tanto los datos arrojados de la estratificaciĂłn socioeconĂłmica como de las zonas homogĂŠneas geoeconĂłmicas seĂąalan que la totalidad de las viviendas de la zona objeto de la investigaciĂłn corresponde a tipologĂ­as unifamiliares con alturas de uno y dos pisos.

Lo anterior teniendo en cuenta el POT del municipio de Pereira seùala que los suelos destinados para la construcción de vivienda y la habitación permanente de la población en una edificación localizada al interior del perímetro urbano pueden estar constituidas por las siguientes tipologías de ocupación residencial en el modo de casa o apartamento, para una, dos, tres o múltiples familias respectivamente (Acuerdo 035, 2016). 

Unifamiliar



Bifamiliar



Trifamiliar



Multifamiliar

o FormalizaciĂłn de la propiedad: Esta determinante es la que permitiĂł la identificaciĂłn del estado de formalizaciĂłn de la propiedad de cada uno de los predios Se calculĂł con tĂŠcnicas de geoprocesamiento espacial superponiendo las coberturas correspondientes al lĂ­mite del asentamiento La Libertad con el 62

atributo de estado inicial y actual de la propiedad de las construcciones al interior de dicho perímetro. o Usos y tratamientos urbanísticos del suelo: Se agrupó y organizó la información referente a la destinación asignada al suelo de conformidad con las actividades que pueden desarrollarse al igual que las posibles intervenciones que se pueden realizar en el territorio, el espacio público y las edificaciones. El diagnóstico de la relación entre los usos y el tratamiento del suelo se realiza mediante el cruce de los datos geográficos y alfanuméricos de forma tal que se produjo información detallada, medible y verificable respecto a lo que normativamente es posible adelantar en el territorio objeto de la investigación. o Desarrollo incompleto: Por medio de técnicas de geoprocesamiento espacial se superpusieron el límite del asentamiento La Libertad con las construcciones y su atributo de origen de la adquisición y estado de formalización de la propiedad,

la

calificación

de

estratificación

socioeconómica

de

las

construcciones destinadas a usos residenciales y el valor comercial de esas viviendas para así determinar en qué grado el asentamiento se encuentra ocupado por población en situación de pobreza y vulnerabilidad expuesta a los fenómenos de la informalidad.

b) Selección y ponderación de criterios

En virtud a que es indispensable en primer término evaluar el cumplimiento de los lineamientos de orden nacional con el propósito de definir detalladamente el área susceptible a la aplicación de la legalización urbanística, se optó por utilizar la técnica del AMC de sumatoria lineal ponderada, la cual es un procedimiento aritmético estadístico que permitió evaluar un territorio igual a la totalidad del área del asentamiento La Libertad hasta circunscribirlo únicamente al territorio dentro del mismo asentamiento que reunió las condiciones requeridas para adelantar un proceso de legalización urbanística.

63

Los 4 criterios tenidos en cuenta en la aplicaciĂłn del AMC corresponden a cada uno de los 4 requisitos que debe reunir el territorio para ser susceptible de la legalizaciĂłn urbanĂ­stica tales como el nivel de las condiciones del desarrollo urbano, el valor de las viviendas que se encuentran dentro del rango de vivienda de interĂŠs social, la informalidad de las edificaciones y el tratamiento normativo aplicable (Decreto 564, 2006).

El AMC por ser una tĂŠcnica compensatoria empleada para el procesamiento de los criterios de forma intuitiva y de fĂĄcil implementaciĂłn (Barba-Romero y Pomerol, 1997), permitiĂł su adaptaciĂłn a las circunstancias de aplicaciĂłn de las normativas urbanĂ­sticas.

Con esta tĂŠcnica se integraron datos con un valor asignado acorde a los requerimientos del uso del suelo, que para este caso fueron los del uso residencial en un contexto de legalizaciĂłn urbanĂ­stica.

La obtenciĂłn del nivel de adecuado, se obtiene de la sumatoria de la multiplicaciĂłn del valor de cada criterio por el peso que previamente se la ha dado, asĂ­:

đ?‘&#x;đ?‘– =

∑đ?‘›đ?‘—=1 đ?‘Š đ?‘— = đ?‘‰đ?‘–đ?‘—; siendo đ?‘&#x; el nivel adecuado de la alternativa đ?‘–; đ?‘Š el peso del criterio đ?‘—, y đ?‘‰el valor ponderado de la alternativa đ?‘– en el criterio đ?‘—.

Se elaborĂł la matriz de decisiones con los datos del ĂĄrea de delimitaciĂłn de la totalidad del asentamiento La Libertad y con los datos del ĂĄrea determinada por la norma aplicable como tratamiento de mejoramiento integral al interior del mismo asentamiento La Libertad asignĂĄndole los pesos a cada uno de los criterios acorde a su incidencia

Criterio 1: Este criterio permite definir los sectores dentro del asentamiento La Libertad que estån ocupados por viviendas de interÊs social – VIS, permitiendo dirigir la legalización urbanística a los sectores de menores eståndares en materia de provisión de vivienda. Es un criterio creciente, en atención a que a mayor número de VIS mayores son las posibilidades de la aplicación de las normas que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad.

64

Siendo así, el criterio 1 está dado por el porcentaje de viviendas que se encuentran dentro del rango de vivienda de interés social, siendo 0 la evaluación para el rango entre 0% y 30%, 1 para el rango entre 30% y 60%, 2 el rango entre 60 y 90% y 3 el rango entre 90% y 100%.

Criterio 2: Es el criterio que mide la informalidad de las edificaciones dentro del asentamiento La Libertad permitiendo evidenciar el estado de legalización de la construcción ante las autoridades responsables del registro de la propiedad para ostentar un título de propiedad legítimo. Es un criterio que define el porcentaje de edificaciones sin formalizar en el área objeto del análisis, siendo 0 la evaluación para el rango entre 0% y 30% de las edificaciones, 1 para el rango entre 30% y 60%, 2 el rango entre 60 y 90% y 3 el rango entre 90% y 100% de las edificaciones

Criterio 3: Determinado por el tratamiento normativo aplicable (Acuerdo 035, 2016), siendo evaluado en 3 cuando el tratamiento corresponde al de mejoramiento integral el cual es el más acorde para adelantar un proceso de legalización urbanística; en 1 cuando el tratamiento urbanístico es de consolidación con el cual se podría optar a un proceso de legalización superando trámites adicionales ante las autoridades y de acuerdo a la disponibilidad de éstas y evaluación 0 aplicable a otros tratamientos urbanísticos que definitivamente no permiten un proceso de legalización urbanística.

Criterio 4: Es el nivel de las condiciones del desarrollo urbano incompleto dado por la exposición a los fenómenos de la informalidad al combinar las variables de informalidad de las construcciones, estratificación socioeconómica y valores comerciales de las viviendas. Su evaluación es de 0 a 3, siendo más alta la calificación cuando más incompleto sea el desarrollo.

c) Cesiones obligatorias

En primer término, se calcula el área bruta y el área neta urbanizable de la zona objeto de legalización con las técnicas de geoprocesamiento espacial. Lo anterior

65

teniendo en cuenta que las áreas para las cesiones obligatorias deben localizarse al interior del área neta urbanizable: 

Área Bruta (AB):

Es igual a la zona delimitada como tratamiento de

mejoramiento integral dentro del asentamiento La Libertad.

AB = 4,870.24 m2 

Área neta urbanizable (ANU): Es igual al área bruta a la que se le resta el área requerida para vías del plan de ordenamiento territorial (VPOT) y el área de zona de protección forestal (ZP).

ANU = AB − VPOT − ZP ANU = 2,184.50

El cálculo se realizó a partir del análisis espacial de las coberturas de la zona delimitada como tratamiento de mejoramiento integral dentro del asentamiento La Libertad, las de vías proyectadas y las zonas de protección como resultado de los suelos con pendientes superiores al 60%.

En segundo término, se calculó el número de habitantes dentro del área de legalización utilizando el indicador de 3.44 personas por vivienda (Alcaldía de Pereira, 2016a) teniendo en cuenta que el área cuenta con 57 edificaciones destinadas a vivienda y 1 edificación destinada a equipamiento colectivo.

Contando con el valor de la variable número de habitantes se procedió a calcular las áreas de cesión obligatoria en los porcentajes en que son requeridos por el POT (Acuerdo 035, 2016) y como se describe en la siguiente tabla en la que EP=Espacio público y EQ=Equipamiento colectivo.

66

Tabla 3. CĂĄlculo de cesiones obligatorias Requerimiento normativo

CesiĂłn obligatoria

POT Elevando

Ă rea

requerida

espacio

para

pĂşblico

y

equipamiento colectivo

la

Valor calculado (m2)

densidad

habitacional existente: 15 %

đ??¸đ?‘ƒ + đ??¸đ?‘„ = đ??´đ?‘ đ?‘ˆ Ă— 15%

del Ă rea neta urbanizable

đ??¸đ?‘ƒ + đ??¸đ?‘„ = 327.67 đ?‘š2

(ANU). En pendientes no mayores del 60%.

Manteniendo o reduciendo la

densidad

existente:

5

habitacional m2

por

đ??¸đ?‘ƒ + đ??¸đ?‘„ = 5đ?‘š2 Ă— 22 â„Žđ?‘Žđ?‘?. đ??¸đ?‘ƒ + đ??¸đ?‘„ = 985 đ?‘š2

habitante.

1 celda por cada 3 viviendas Ă rea

requerida

parqueaderos

para

mĂĄs 1 celda por cada 10 viviendas

(Viv).

Celda

đ?‘‰đ?‘–đ?‘Ł đ?‘ƒ=( Ă— 10.35đ?‘š2) 3 đ?‘‰đ?‘–đ?‘Ł +( Ă— 10.35đ?‘š2) 10

mĂ­nima: 4.5 m x 2.3 m đ?‘ƒ = 255.64đ?‘š2

2) Subsistema Catastral: La informaciĂłn espacial de este subsistema se determinĂł a partir de los datos prediales recopilados, por ser elementos bĂĄsicos en la planificaciĂłn. Mediante tĂŠcnicas de geoprocesamiento y contando con el cĂłdigo de identificador Ăşnico denominado ficha predial catastral, se incluyeron en la base de datos SIG permitiendo asĂ­ la georreferenciaciĂłn y diagnĂłstico de tenencia del suelo y de construcciones y los tipos de edificaciones.

Las dos bases de datos – la alfanumÊrica y la geogråfica- estån integradas a travÊs de un identificador único para los terrenos, como elementos båsicos de planificación.

3) Subsistema de Restricciones: Existen consideraciones fĂ­sicas que deben atenderse en virtud a que el POT determina que para el tratamiento urbanĂ­stico de mejoramiento integral los equipamientos colectivos deben estar ubicados en terrenos con pendientes menores a 25% y que solamente serĂĄ permitido en pendientes entre el 25% y 60% cuando no exista otro lugar para ello, caso en el que se deberĂĄn presentar los estudios tĂŠcnicos. adicionalmente el mismo POT 67

determina que en todas las laderas con pendientes superiores al 60%, los únicos usos permitidos son las obras de estabilización, las redes de servicios públicos, la recreación pasiva y el bosque protector (Acuerdo 035, 2016).

Por lo anterior se calcularon las pendientes de terreno a partir de las curvas de nivel para los rangos 0% a 25%, 25% a 40%, 40% a 60% y mayores a 60%. Y se consideraron las coberturas del POT con atributos ambientales restrictivos, así como riesgo geotécnico e hidrológico identificados en los estudios de la SMP (Bernal Garzón, 2017).

Posteriormente se superpusieron con las coberturas de edificaciones a las cuales le fueron vinculados los atributos alfanuméricos provenientes del inventario de edificaciones en riesgo lo que requirió de una previa normalización de atributos para proceder a su cruce y diagnosticar el estado de vulnerabilidad y riesgo en cada una de ellas al igual que los materiales de construcción y acceso a servicios públicos básicos.

Subsistema de Infraestructura: Este subsistema es el cruce con técnicas de geoprocesamiento de las coberturas que evidencian la realidad actual del territorio y las coberturas que plantean de las normas por ser el soporte físico para el uso del suelo en el territorio. Comprende la información geoespacial y alfanumérica de las vías actuales y proyectadas cuyas dimensiones se obtuvieron de las secciones viales previstas para la ciudad en el POT (Acuerdo 035, 2016), las cuales fueron especializadas y georreferenciadas. De la misma forma se obtuvieron y procesaron los datos de servicios públicos básicos; espacios públicos y equipamientos colectivos presentes en el asentamiento generados a partir de los estudios realizados por la SMP (Bernal Garzón, 2017).

4) Subsistema Participativo: La Participación tanto de los habitantes como de otros responsables de la iniciativa del proceso de legalización urbanística requirió la captura de información primaria mediante el diseño y aplicación de 2 tipos de cuestionarios y su posterior georreferenciación y tabulación. El primero de ellos fue aplicado a los habitantes de la totalidad de las viviendas al interior

68

de la zona de Mejoramiento Integral. El segundo cuestionario fue aplicado a actores responsables de la iniciativa del proceso de Legalización urbanística tanto en el sector privado como público del municipio de Pereira.

3.3.1.5

Modelo actual del territorio

Con base en el diagnóstico elaborado con apoyo del SIG se obtuvo un modelo actual del territorio para la legalización urbanística dentro del asentamiento La Libertad.

El modelo se obtuvo al superponer las capas de los componentes de los 5 subsistemas que permitieron los cruces de información entre el perímetro del asentamiento La Libertad con los usos predominantes que hacen parte de la descripción física y económica de los predios y construcciones, infraestructura vial, de movilidad y servicios públicos básicos, pendientes del terreno, sus tipologías, el riesgo, la vulnerabilidad confrontados con variables como el estado de formalización de la tenencia hasta arrojar una clasificación por grupos de usos actuales del territorio objeto de estudio.

Tabla 4. . Clasificación Uso Actual del territorio

Grupo 1 2 3 4

Clasificación de Uso Actual Vías principales Vías peatonales Residencial titulado Residencial informal Equipamiento colectivo titulado Equipamiento colectivo informal Taludes Pend> 60% del Municipio Taludes Pend> 60% de la SMP

69

3.3.2

Evaluación territorial

La evaluación territorial del área de la investigación en función del diagnóstico y de las condicionantes de la legalización urbanística, se desarrolla retomando lo señalado en (Pérez Robalino, 2013) en cuanto a que la agrupación de zonas por sus particularidades hasta determinar su uso potencial son la base del posterior modelo planificación. Para ello, la presente investigación contempló en primer término el almacenamiento de la información y superposición de capas, la determinación del uso potencial del territorio a partir de las coberturas de cada una de los 5 subsistemas para posteriormente realizar la evaluación de la aptitud de las zonas acorde a su potencialidad para generar el mapa de uso potencial del área objeto de la investigación.

3.3.2.1

El SIG

La determinación del modelo de legalización urbanística para el asentamiento La Libertad comenzó desde la creación de la geodatabase, como almacenamiento de la información con la cual se generó nueva información a partir de superposición de capas y la utilización de la técnica del AMC.

3.3.2.2

Determinación uso potencial del territorio

El uso potencial se determinó a partir la información arrojada durante la etapa de diagnóstico en lo referente a los requerimientos normativos para un territorio ideal.

Utilizando técnicas de análisis espacial del SIG conectando secuencias de herramientas con las coberturas de cada uno de los 5 subsistemas.

Durante esta etapa se evaluaron los suelos potencialmente aptos para cada uno de los usos actuales identificados en la fase de diagnóstico en el modelo actual del territorio teniendo como base las normas aplicables para cada uno de ellos. Es así como se evalúa la potencialidad en virtud a los requerimientos normativos que

70

tienen los suelos actualmente dispuestos para los usos residenciales, viales, equipamientos colectivos y suelos de protección.

Esta determinación involucró el uso de coberturas que recogen las variables geográficas de cada uno de los 5 subsistemas y su relación con los usos del suelo presentes en el territorio. 

Subsistema normativo: Para esta evaluación se toma información de usos y tratamientos urbanísticos del suelo.



Subsistema catastral: Se construye a partir de la conformación catastral de las edificaciones informales y del suelo que ocupan.



Subsistema restricciones:

Se conforma con las capas generadas de

edificaciones en riesgo, capa de suelo de protección, capa de pendiente del terreno. 

Subsistema Infraestructura: Se conforma con el polígono determinado para el uso proyectado de vías y de acceso a servicios públicos de las edificaciones; de espacios públicos y de equipamientos.



Subsistema social: Se conforma con el atributo de nivel de participación de los ocupantes de las edificaciones y de los propietarios del suelo.

Siendo así, durante esta etapa se evaluó la aptitud de cada una de las zonas teniendo como base la disponibilidad de suelo para los usos determinados como potenciales utilizando técnicas de geoprocesamiento que permitieron evaluar: 

La delimitación del área objeto de legalización definitiva teniendo en cuenta que la política de vivienda en Pereira determina este instrumento como un complemento al tratamiento urbanístico de mejoramiento integral y de programas de mejoramiento integral de barrios.

71



Las zonas de reserva para el desarrollo de los sistemas generales de infraestructura vial y servicios públicos domiciliarios, proyectados para el sector.



Las zonas de protección ambiental determinadas como áreas para la protección de laderas y vertientes cuando corresponden a suelos con pendientes superiores al 60% o áreas protegidas (Alcaldía de Pereira, 2016a).



Las zonas de amenaza y riesgo no mitigable.

 La identificación de los usos del suelo, la cual se realiza teniendo en cuenta la destinación otorgada al suelo urbano acorde a la clasificación de actividades determinada en el POT (Acuerdo 035, 2016).  Uso Residencial: Es la destinación a la actividad propia de la vivienda que se desarrolla en inmuebles dispuestos como lugar de habitación permanente.  Espacio público: Se define como de carácter permanente y que debe estar articulado con la conectividad, la movilidad, los equipamientos y los servicios públicos. Se define la clasificación de espacio público efectivo al conformado por zonas verdes, parques, plazas, plazoletas y calles peatonales.  Equipamiento colectivo:

son el conjunto de edificaciones de carácter y

propiedad pública destinados a proveer a los ciudadanos de los servicios que satisfacen las necesidades colectivas. Se deben localizar en terrenos con pendientes inferiores al 25%; únicamente se permitirá la ubicación en pendientes mayores al 25%, y menores al 60%, cuando no exista otro lugar para su ubicación y sea necesario para la comunidad que lo accede; en estos casos se deberán presentar los estudios técnicos necesarios. 

La ocupación por vivienda informal objeto de legalización urbanística, como aquella cuyo valor no sobrepasa lo determinado para la vivienda de interés social, lo cual en Colombia equivale a 135 smmlv 72

Al final de esta etapa se generó el mapa de uso potencial del territorio el cual contiene las zonas que son potencialmente aptas para los usos actuales del territorio.

3.3.3 Análisis territorial del modelo de legalización urbanística.

Durante esta fase se tuvo en cuenta el modelo actual del territorio generado durante la etapa de diagnóstico territorial al igual que las potencialidades de los usos y normativas aplicables determinadas durante la etapa de evaluación territorial utilizando el siguiente procedimiento:

3.3.3.1

El SIG

El análisis se realizó a partir de la información espacial y alfanumérica normalizada y almacenada en la geodatabase durante la fase de diagnóstico, y de los temas que surgieron como resultado de diferentes consultas y operaciones de análisis, asociadas con las coberturas implementadas.

3.3.3.2

Análisis de conflictos del territorio

Los conflictos se determinaron superponiendo las coberturas del uso actual del territorio y el uso potencial en materia de legalización urbanística. El resultado de este paso permite, luego de una comparación de usos, generar un mapa de conflictos donde se ubican las áreas de uso adecuado e inadecuado, refiriéndose a la concordancia entre uso actual y potencial.

Los conflictos se clasificaron como adecuado (A) e inadecuado (I) en materia de legalización urbanística. Es adecuado cuando el uso actual y el uso potencial son compatibles e inadecuado cuando el uso actual es diferente a lo determinado potencialmente en la legalización urbanística. La tabla 5 permite la apreciación de la clasificación de conflictos de uso.

73

Tabla 5. Clasificación de conflictos de uso Uso potencial

Área neta urbanizable

Uso actual

Área neta urbanizable

Vías Zona de principales protección Residencial Equipamiento Espacio colectivo público

Vía Parqueaderos peatonal

Vía principal

A

I

I

I

I

I

I

Talud Pendiente>60%

I

A

I

I

I

I

I

Residencial

I

A

A

A

A

A

A

Equipamiento colectivo

I

A

A

A

A

A

A

Espacio público

I

A

A

A

A

A

A

Vía peatonal

I

A

A

A

A

A

A

Parqueaderos

I

A

A

A

A

A

A

La utilización de las herramientas SIG de geoprocesamiento permitió tanto la clasificación como la cuantificación de cada celda de la matriz de conflictos.

3.3.3.3

Modelo de legalización urbanística

El modelo de legalización se elaboró para el territorio que fue seleccionado como más conveniente utilizando la herramienta metodológica del AMC mediante las ponderaciones y graduación de los factores definidos como requisitos para determinar un área de legalización y determinados durante la fase de diagnóstico territorial.

Con base en el diagnóstico, la evaluación del estado actual y potencial y el análisis de los conflictos presentados, se genera la propuesta de modelo de legalización urbanística del territorio del asentamiento La Libertad.

El proceso para elaborar la propuesta valoró mediante herramientas SIG de geoprocesamiento de los problemas identificados como conflictos de uso del suelo y las potencialidades de cada subsistema hasta permitir seleccionar por medio de la toma de decisiones geoespaciales la mejor conjugación de variables urbanísticas para resolver al problema planteado provocado por la ocupación informal del territorio.

74

Esta superposición permitió identificar inicialmente los grandes grupos de suelo para la legalización urbanística acorde a la potencialidad del territorio y la posterior cuantificación y espacialización de los usos principales atendiendo las obligaciones urbanísticas en cuanto a cesiones obligatorias resultantes de las operaciones geográficas.

75

4. RESULTADOS

4.1. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

El diagnóstico del territorio comprende la caracterización de los cinco subsistemas identificados con cada uno de sus componentes al igual que las determinantes de delimitación del área de intervención para aplicar el instrumento de legalización urbanística en el asentamiento La Libertad.

El diagnóstico del subsistema

normativo permitió identificar la zona al interior del asentamiento La Libertad que corresponde al límite del área de legalización, el cual está determinada con la zona definida como tratamiento de mejoramiento integral.

4.1.1. Subsistemas

4.1.1.1.

Subsistema normativo

a) Determinantes área de legalización urbanística o Vivienda de Interés Social - VIS Se calculó que el máximo valor comercial posible de una vivienda de 54 m2 en el asentamiento La Libertad es de $ 21,922,253.18 equivalente a $7,707.87 USD. Es decir $405,968 por m2 o $142.74 USD, valor inferior a los $37,082.45 USD que es valor de la vivienda de interés social.

Determinándose de esta forma que las viviendas dentro del límite determinado con tratamiento de mejoramiento integral al interior del asentamiento la Libertad al igual que todo el asentamiento, tienen un valor menor al límite de vivienda de interés social - VIS.

76

o Formalización de la propiedad:

Se estableció que el asentamiento La Libertad cuenta con 355 predios en su totalidad de origen informal, 58 de ellos al interior de la zona demarcada como mejoramiento integral.

El 75% de los predios fueron formalizados posteriormente con la entrega de títulos de propiedad por parte de la administración municipal, pero sin utilizar el instrumento de legalización urbanística. o Desarrollo incompleto:

Está presente en todo el asentamiento La Libertad al haber surgido de forma espontánea sobre los terrenos de la vía férrea sin mediar ningún tipo de autorización o cumplimiento de alguna regla urbanística. Es una consolidación urbanística espontanea cuyo único objetivo fue construir un sitio de habitación y no proyectar zonas urbanas con provisión de espacios para las infraestructuras urbanas. o Usos y Tratamientos urbanísticos del suelo Las normas aplicables para el suelo urbano y de expansión de Pereira, se sintetizan en las fichas normativas correspondientes a los diferentes sectores normativos en los que está sectorizada la ciudad. En total se identifican en la ciudad 21 sectores normativos, de los cuales 4 de ellos hacen presencia en el polígono delimitado como asentamiento La Libertad tal como se identifica en la figura 11.

77

Figura 11. Mapa sectores normativos

En el asentamiento La Libertad, los sectores normativos se encuentran en un 59.51% concentrados en el tratamiento de consolidación con un uso destinado principalmente al residencial seguido del comercial, industrial y de servicios y de equipamientos; en menor proporción se encuentra el tratamiento de suelo de protección.

Tabla 6. Sectores normativos

SECTOR TRATAMIENTO USO NORMATIVO 12 Consolidación Residencial Comercial, 14 Consolidación Industrial, Servicios 16 Consolidación Equipamiento Suelo de 17 Suelo de protección protección Total

Área (m2)

%

16,468.94

59.51

6,515.08

23.54

1,436.81

5.19

3,252.44

11.75

27,673.27 100.00

78



Sector normativo 12: Cubre el 59.51% del asentamiento La Libertad y establece la aplicación del tratamiento de consolidación de uso residencial. En este sector la totalidad de las edificaciones se encuentran formalizadas por haber estado localizadas sobre un predio público el cual el municipio realizó la trasferencia de la propiedad a los ocupantes a partir del año 1997. Siendo así, este sector con edificaciones formalizadas ya cuenta con un loteo reconocido e incorporado malla de la ciudad, es decir que ya cuenta con una legalización urbanística.



Sector normativo 14. Cubre el 23.54 % del asentamiento La Libertad y establece que este sector se desarrolle mediante el instrumento de plan parcial, el cual ya determinó el tratamiento de mejoramiento integral para esa área dentro del asentamiento La Libertad. Este tratamiento determina consolidar los usos y las edificaciones existentes para el uso residencial al igual que utilizar el instrumento de legalización urbanística como complemento al tratamiento del suelo.

El cálculo de área del sector normativo 14 dentro del perímetro del asentamiento la Libertad es de 6,515.08 m2, no obstante, el área calculada para esta norma en la Actuación Urbana Integral – AUI aprobada, es de 5,314.55 m2.

La

diferencia de 1,200.53 m2 se debe a que la delimitación de los sectores normativos obedece a una planificación intermedia trazada sobre cartografía escala 1:2000, mientras que la delimitación adelantada para la AUI, obedece a cartografía producida a partir de levantamiento topográfico de precisión directamente sobre el terreno. Por lo tanto, en el sector normativo 14 dentro del polígono del asentamiento La Libertad, se asumirá la delimitación y datos cartográficos de la fuente de mayor precisión como es el levantamiento topográfico de la AUI. La Actuación Urbana Integral – AUI aprobada clasificó el sector normativo 14 en 3 zonas claramente diferenciados en el siguiente cuadro:

79

Tabla 7. Tratamientos urbanísticos sector 14

SECTOR NORMATIVO 14

TRATAMIENTO Espacio publico Suelo de protección Mejoramiento integral Total

Área (m2)

.%

438.96

8.26

5.35 4,870.24 5,314,55

0.10 91.64 100.00

La zona de Espacio público al interior del sector normativo 14 con un área de 438.96 m2 tiene como objetivo consolidar el desarrollo de una estructura que garantice el equilibrio entre las múltiples actividades comerciales, de servicios y las condiciones ambientales presentes del plan parcial Matecaña, las cuales son distintas a las que se incluyen dentro del perímetro de la legalización urbanística.

El segundo tratamiento dentro del sector normativo 14 corresponde al de Suelo de protección con un área de 5.35 m2, definido para coberturas vegetales protectoras, no permite ningún uso de vivienda y no es permitida la legalización urbanística en ese sector.

De otro lado la zona demarcada con tratamiento de mejoramiento integral al interior del sector normativo 14 con un área de 4,870.24 m2, determina que es complemento a dicho tratamiento la aplicación del instrumento de la legalización urbanística por presentar desarrollo incompleto que debe completar su ordenamiento en materia de infraestructura vial, servicios públicos domiciliarios, equipamiento comunitario, espacio público y condiciones ambientales. 

Sector normativo 16: Cubre el 5.19 % del asentamiento La Libertad estableciendo para esta zona la consolidación del aeropuerto internacional Matecaña como principal equipamiento de trasporte en la región. Determina expresamente que no se permite ningún tipo de vivienda. Sobre este sector se localizan 9 edificaciones con uso residencial sin formalizar adyacentes a la zona de tratamiento de mejoramiento integral las cuales por este hecho no es posible incluir dentro del perímetro de la legalización urbanística.

80



Sector normativo 17. Cubre el 11.75 % dentro del asentamiento La Libertad y está destinado exclusivamente a suelos de protección para ser usado en coberturas vegetales protectoras. Por lo consiguiente no es permitido ningún uso de vivienda y no es permitida la legalización urbanística en ese sector. En la figura 12 se muestran las determinantes de legalización urbanística en el asentamiento La Libertad.

Figura 12. Mapas determinantes de legalización urbanística

81

b) Selección y ponderación de criterios Se elaboró la matriz de decisiones para la totalidad del asentamiento La Libertad y para el área determinada por la norma aplicable como tratamiento de mejoramiento integral al interior del mismo asentamiento La Libertad.

Tabla 8. Matriz de decisiones 1

2

3

Peso (W)

2 0

1 5

2 5

15

100

3

1

0

2

6

105

33%

3

2

3

3

11

210

66%

315

100%

Alternativa (i)

Límite del Asentamiento La Libertad Límite Tratamiento mejoramiento integral 2 al interior del Asentamiento La Libertad 1

4

Nivel adecuado

Valor ponderad o de la alternativ a

Criterio (j)

Ri

La alternativa 1 corresponde a la totalidad del territorio del asentamiento La libertad, mientras que la alternativa 2 corresponde al territorio clasificado como tratamiento de mejoramiento integral al interior del asentamiento La Libertad.

Para el criterio 1 se le asignaron 3 puntos tanto a la alternativa 1 como a la alternativa 2 teniendo en cuenta que ambos territorios están ocupados por viviendas de interés social – VIS en el rango entre 90% y 100%. De otro lado, al criterio 2 que evalúa el grado de informalidad de las edificaciones se le asignó 1 punto para la alternativa 1 en consideración a que entre 30% y 60% de las edificaciones están sin formalizar; mientras que a la alternativa 2 se le asignaron 2 puntos dado que entre 60 y 90% de las edificaciones están sin formalizar.

Referente al criterio 3, se tiene una puntuación de 0 para la alternativa 1 teniendo en cuenta que el tratamiento urbanístico determinado en la mayor parte de ese sector no permite adelantar un proceso de legalización urbanística, mientras que la totalidad del territorio de la alternativa 2 es apto para este tipo de procesos por lo cual se le asignaron con 3 puntos. Por último, el criterio 4 que evalúa el desarrollo

82

urbano es asignado con 2 puntos para la alternativa 1 y con 3 puntos para la alternativa 2 por tener un desarrollo urbano más incompleto.

EL valor que resulta como adecuado, en este caso es la alternativa 2 ya que consiguió un 67% frente a la alternativa 1 que solo obtuvo un 33% arrojando que el territorio enmarcado por el límite tratamiento mejoramiento integral al interior del asentamiento La Libertad es el adecuado para adelantar el procedimiento de legalización urbanística.

c) Cesiones obligatorias

Al calcular el área bruta y el área neta urbanizable de la zona objeto de legalización en el área determinada con tratamiento de mejoramiento integral dentro del asentamiento la Libertad se obtuvo que, área bruta (AB): 4,870.24 m2 y área neta urbanizable (ANU): 2,184.50 m2. En la figura 13 se indica el área neta de terreno al interior de la zona de tratamiento de mejoramiento integral en el asentamiento La Libertad.

83

Figura 13. Mapa de área neta

En segundo término, se determinó que la zona objeto de la investigación es habitada por 197 personas y que se requieren las siguientes áreas de cesión obligatorias:

Área requerida para espacio público y equipamiento colectivo: Elevando la densidad habitacional existente se requiere de 327.67 m2 mientras que manteniendo o reduciendo la densidad habitacional existente se requiere de 985 m2.

Área requerida para parqueaderos: 255.64m2

84

4.1.1.2.

Subsistema catastral

Se encontró que existen 57 edificaciones informales destinadas a vivienda, 1 edificación informal destinada a equipamiento colectivo, 60 edificaciones formalizadas destinadas a vivienda y 1 edificación formalizada destinada a equipamiento colectivo.

En total se localizan en el suelo determinado como tratamiento de mejoramiento integral dentro del asentamiento La Libertad 58 edificaciones informales y 61 edificaciones formales.

Tabla 9. Uso y estado de las edificaciones

Estado de la edificación

Uso Uso vivienda

equipamiento colectivo

Total edificaciones

Formal

60

1

60

Informal

57

1

58

Totales

117

2

118

Las 58 edificaciones informales son anexidades de las edificaciones ya formalizadas conformándose en total 60 viviendas y 1 equipamiento colectivo usado como caseta comunal del barrio La Libertad. En la figura 14 se muestra el estado de la propiedad de las edificaciones en el área objeto de la investigación.

85

Figura 14. Mapa estado propiedad de edificaciones

En cuanto a las áreas de las edificaciones informales, se tiene que el mayor porcentaje se encuentra en un rango entre 20 y 54 m2.

Tabla 10. Áreas edificaciones informales Rango de áreas

Cantidad de

%

Predios

Total Área (m2)

%

Menor de 20 m2

16

27.59%

166.12

10.72%

20 a menor de 54 m2

38

65.52%

1,151.68

74.34%

54 a menor de 118 m2

4

6.90%

231.40

14.94%

Totales

58 100.00%

1,549.20 100.00%

86

Por otra parte, a razón que las 58 edificaciones informales se encuentran haciendo parte de otra construcción que se localizada sobre un suelo del que ya están legalizados los títulos de propiedad conformando así una sola unidad de vivienda, se calculan las áreas tanto informales como formales para el total de las 61 unidades de vivienda arrojando que ninguna de ellas tiene menos de 20 m2 y que la gran mayoría tienen un área igual o mayor a 54 m2.

Tabla 11. Áreas viviendas Rango de áreas

Cantidad de Predios

%

Total Área

%

Menor de 20 m2

0

0,00%

0

0.00%

20 a menor de 54 m2

31

50.82%

1,369.13

38.59%

54 a menor de 118 m2

30

49.18%

2,178.68

61.41%

Totales

61

100.00%

3,547.82

100.00%

4.1.1.3.

Subsistema restricciones

El subsistema restricciones se conforma con las capas generadas de edificaciones en riesgo, capa de suelo de protección y capa de pendiente del terreno.

La información del Inventario Zero, luego de ser normalizada en ingresada a la base de datos SIG, especializando los atributos asignados a cada una de las viviendas, arrojó que, de las 58 edificaciones sin formalizar localizadas en la franja determinada como mejoramiento integral, 36 de ellas están graduadas con vulnerabilidad media y clasificadas en riesgo mitigable de tipo geotécnico. Estas 36 edificaciones se encuentran construidas en mampostería simple y cuentan con los servicios públicos de acueducto, energía y aseo. De otro lado, existe una edificación graduada con vulnerabilidad alta y clasificada es riesgo mitigable de tipo geotécnico a la cual la DOPAD recomendó adelantar obras de mejoramiento en dicha vivienda. Las 22 edificaciones o mejoras restantes no obtuvieron análisis de riesgo por parte de la entidad responsable de esta actividad. En la figura 15 se indica el tipo de vulnerabilidad y de riesgo geotécnico de las edificaciones.

87

Figura 15. Mapa vulnerabilidad y riesgo geotécnico

De otro lado, la información cartográfica del POT evidencia que la totalidad de las 58 edificaciones o mejoras se localizan sobre el suelo determinado como de amenaza y riesgo definido como de riesgo alto mitigable por fenómenos de remoción en masa. De igual forma evidencia la misma fuente que 49 de las 58 edificaciones están expuestas a avenidas torrenciales por depósitos fluvio volcánicos, como se evidencia en la siguiente imagen. En la figura 16 se muestra el tipo de amenaza a que están expuestas las edificaciones en la zona objeto de la investigación.

88

Figura 16. Mapa de amenaza

Respecto a los suelos de protección, se evidencia que como resultado de la AUI en el predio de mayor extensión que conforma la pieza urbana, se determinó suelo de protección por pendientes mayores a 60% en un polígono al oriente del suelo determinado como de mejoramiento integral dentro del asentamiento, pero que no afecta ninguna de las edificaciones no formalizadas. Igualmente, el POT determinó como suelo de protección otro polígono al extremo sur occidente, que tampoco interfiere en las 58 edificaciones no formalizadas.

Ahora bien, al interior del área de terreno delimitada como mejoramiento integral y susceptible de legalización urbanística al interior del asentamiento La libertad las pendientes del terreno predominantes en las que se encuentra cada edificación, se evidencia que el 85% se localiza en pendientes de terreno entre 0 y 25%, el 10%

89

se localiza en el rango de 25% a 40% y el 5% en el rango mayor a 40%, como se presenta en la figura 17.

Figura 17. Mapa de pendientes del terreno

Del mismo modo, como resultado del análisis de pendientes del terreno, se evidencia que la presencia de pendientes de terreno superiores al 60% localizadas principalmente en la parte posterior de las edificaciones informales y dos sectores que limitan con la vía carrera 11. En total conforman 21 polígonos con un área total de 922.62 m2.

De los 21 polígonos de terreno con pendientes superiores al 60%, 3 son propiedad del municipio de Pereira y 18 propiedad de la SMP, tal como se presenta en la figura 18.

90

371,76

400,00 350,00

186,36

181,61

250,00 200,00 150,00

50,00

7,42

100,00

0,00 0,02 1,22 1,56 1,80 2,15 4,11 4,63 5,81 6,78 10,89 12,37 16,97 18,01 18,17 19,89 21,34 29,73

Área (m2)

300,00

0,00

Municipio

SMP Propietario

Figura 18. Áreas de terreno con pendientes > 60%

De acuerdo al POT del municipio de Pereira, estas pendientes de terreno superiores al 60% deben ser establecidas como suelos de protección del recurso forestal y los recursos naturales renovables asociados a él.

4.1.1.4.

Subsistema infraestructura.

El subsistema de infraestructura está conformado por las áreas utilizadas actualmente para vías, espacio público y equipamientos colectivos. Cuenta con los atributos de acceso a servicios públicos básicos en cada una de las edificaciones informales localizadas al interior del polígono de tratamiento MIB dentro del asentamiento La Libertad. 

En lo referente a la infraestructura actual para vías vehiculares, se tiene que el polígono que determina la zona de estudio se encuentra colindando al norte con la vía denominada Carrera 11. Corresponde a una franja de terreno que tiene un carril mixto con ancho irregular de 5 metros en promedio más andenes izquierdo y derecho de 80 centímetros en promedio cada uno, para un total de una sección irregular con promedio de 6,60 metros.

91

Por el carril mixto circulan peatones, bicicletas, vehículos particulares y 3 rutas de servicio público las cuales se distribuyen así: 

RUTA13. Horario: 7:30 a.m. 8:00 a.m. 8:30 a.m. 5:00 p.m. 5:30 p.m. 6:00 p.m.



RUTA13A. Horario: 7:30 a.m. 8:00 a.m. 8:30 a.m. 5:00 p.m. 5:30 p.m. 6:00 p.m.



RUTA 26. Horario: De 6:30 a.m. a 8:00 a.m. cada 10 minutos. De 11:30 a.m. a 2:00 p.m. cada 10 minutos. De 4:30 p.m. a 6:30 p.m. Cada 10 minutos.

La figura 19 muestra la situación actual del uso de la vía Carrera 11 en su paso por el asentamiento La Libertad.

Figura 19. Fotografía uso de la Carrera 11 sector asentamiento La Libertad

Respecto a la misma Carrera 11, la planificación de la ciudad determinó una nueva sección vial para este corredor.

Hace parte del POT del municipio de Pereira el mapa del sistema vial del suelo urbano y de expansión urbana el cual está acompañado del cuadro que detalla las 92

secciones y perfiles de las vías urbanas y de expansión urbana.

En estos

documentos se define la vía principal que bordea la zona objeto de estudio como carrera 11 - avenida Matecaña.

Entre los parámetros establecidos para esta vía se encuentran: 

Código SIG= 56



Longitud tramo: 564.49 m.



Jerarquía: Vía arteria secundaria - VAS



Prioridad: Mediano plazo



Proyecto vial: Construcción complementaria



Sección total: 12.40 m.

Las jerarquías y las secciones viales fueron planeadas acorde a la funcionalidad requerida, y se determinó que aquellas vías que deban completar la construcción deben tener en cuenta la totalidad de los elementos del perfil vial, en especial, las calzadas, los separadores, los andenes, los sardineles, las zonas verdes y demás elementos que lo conforman (Alcaldía de Pereira, 2016a).

La vía proyectada además de ser una vía arteria secundaria, pertenece a la jerarquía de ciclo ruta segregada bidireccional al igual que a la red peatonal en categoría ambiental. La figura 20 muestra las particularidades que de la sección vial proyectada para la carrera 11 – avenida Matecaña.

Figura 20. Sección vial carrera 11- avenida Matecaña

93

El lado de la sección vial planificada e identificada como del lado izquierdo, corresponde al frente de las edificaciones del área objeto de la presente investigación.

EL POT no determina vías locales o de ningún otro tipo de jerarquía al interior del polígono de tratamiento MIB del asentamiento La Libertad.

Dentro del polígono que determina la zona de estudio también se evidencia una sección de 70 cm de ancho perteneciente a una vía peatonal o pequeño corredor que sirve de acceso a una vivienda que se encuentra por fuera del área de investigación. A este pequeño corredor peatonal se accede por la Carrera 11 al sur de la zona de mejoramiento integral.

También se considera importante evidenciar que existe una vía paralela a la carrera 11 denominada carrera 11 bis con una sección total de 15.40 m., la cual no afecta ni altera la carrera 11 existente. Esta vía está planificada en el marco del plan parcial Matecaña y se localizada al sur del área objeto de la presente investigación.

(Decreto 683, 2016). En la figura 21 se muestra la infraestructura vial de la zona objeto de la presente investigación.

94

Figura 21. Mapa de infraestructura vial

En cuanto a espacios públicos, la zona objeto de estudio no cuenta en su interior con espacios destinados para ese fin en ninguna de sus categorías (naturales o artificiales).

Rodeando el sector sur de la zona de estudio se evidencia la zona proyectada para espacio público del municipio de Pereira en el marco de lo aprobado en el plan parcial Matecaña, (Decreto 683, 2016), tal como lo muestra la figura 22.

95

Figura 22. Mapa de espacio público



La infraestructura de equipamiento colectivo en la zona de tratamiento de mejoramiento integral se conforma por una edificación a la cual se le da el uso de caseta comunal. La sección de la edificación formalizada con frente a la vía de la carrera 11 cuenta con la nomenclatura N° 71-25. La sección informal de la caseta comunal corresponde a la parte posterior, tal como la totalidad de viviendas del área.

En la figura 23 se muestra el equipamiento colectivo

existente en el área objeto de la investigación.

96

Figura 23. Mapa de equipamiento colectivo

La Infraestructura proyectada para los servicios públicos domiciliarios básicos fue determinada por el instrumento de planificación de plan parcial aprobado para la zona, el cual no contempló ningún retiro o franja en la zona de tratamiento MIB para los servicios de acueducto, alcantarillado y energía.

En lo referente al acceso a estos servicios públicos en las 61 edificaciones existentes en la zona de tratamiento MIB, se tiene que 37 de ellas cuentan con el servicio de acueducto, aseo y energía eléctrica.

97

Tabla 12. Acceso a servicios públicos

SPDB

Con servicio

Sin Dato

Total

Acueducto

38

23

61

Aseo

38

23

61

Energía eléctrica

38

23

61

La figura 24 muestra la espacialización de los atributos arriba descritos.

Figura 24. Mapa de acceso a servicios públicos domiciliarios

4.1.1.5.

Subsistema participativo

El subsistema participativo pretende determinar el grado de involucramiento y la intención de participar en un proceso de legalización urbanística de parte de la comunidad, del propietario del suelo y del sector público.

98

En lo referente a los resultados arrojados utilizando el cuestionario tipo 1, se tiene que, respecto a la edad de las personas entrevistadas, que el 7,5% está entre los 10 y 20 años, el 44.8% entre los 21 y 40 años, el 37.3% entre los 41 y 60 años, el 9% más de 60 años y el 1,5% no respondió a la pregunta. Evidenciándose una predominancia de entrevistados con edades entre 21 y 40 años, tal como se evidencia en la figura 25.

35

44,8% 30

30

37,3% 25

Personas

25 20 15 10

9,0% 6

7,5% 5

1,5% 1

5 0 a. 10 – 20 años b. 21 – 40 años c. 41 – 60 años

d. Más de 60 años

e. No sabe / No responde

Edad en años

Figura 25. Rangos de edad

Respecto al nivel de escolaridad entre los entrevistados, la figura 26 muestra que el 55.2% tiene solamente formación primaria, el 40.3% ha culminado el bachillerato, el 1% posee un nivel de educación universitario o técnico y el 2% no respondió a la pregunta.

99

Personas

40 35 30 25 20 15 10 5 0

55,2% 37 40,3% 27

3,0% 2

1,5% 1

0,0% 0

Escolaridad

Figura 26. Nivel de escolaridad

De otro lado, en cuanto al número de niños por vivienda, se determinó que en el 26.9% de las viviendas donde se realizó el cuestionario no hay ninguno, en el 41.8% existen entre 1 y 3 niños, en el 31.3% existen más de 3 niños y ninguna en ninguna de las viviendas se dejó de responder la pregunta, tal como se presenta en la figura 27.

41,8% 28

30

Viviendas

25 20

31,3% 21

26,9% 18

15 10

0,0% 0

5 0 a. Ninguno

b. Entre 1 y 3

c. Más de tres

e. No sabe / No responde

Niños

Figura 27. Niños por vivienda

En las 67 viviendas informales del asentamiento La Libertad se reporta que el 41.8% no tiene ningún adulto mayor de 60 años, el 43.3% tiene entre 1 y 3 adultos mayores, el 7.5% tiene más de 3 adultos mayores por vivienda y el 7.5% no 100

responde a la pregunta. La figura 28 evidencia la distribución adultos mayores de 60 años.

35

Viviendas

30

41,8% 28

43,3% 29

25 20 15 7,5% 5

7,5% 5

c. Más de tres

e. No sabe / No responde

10 5 0 a. Ninguno

b. Entre 1 y 3

Adultos > 60 años

Figura 28. Adultos mayores de 60 años

De otro lado, se tiene que el 73.1% de las edificaciones está siendo usada exclusivamente como vivienda, no existe edificación dedicada exclusivamente al comercio, el 22.4% de las edificaciones tienen un uso mixto, en 2% de las edificaciones no se respondo a la pregunta y existe 1 edificación dedicada equipamiento comunal, tal como puede apreciarse en la figura 29.

60

Edificaciones

50

73,1% 49

40 30

22,4% 15

20 10

3,0% 2

1,5% 1

d. No sabe / No responde

e. Otro

0,0% 0

0 a. Vivienda b. Comercio

c. Ambos

Uso

Figura 29. Uso principal de la edificación

En cuanto al conocimiento que tienen las personas entrevistadas en cada una de las 67 edificaciones informales, en la figura 30 de muestra que el 67.2% considera que es la legalización de la propiedad mediante las escrituras públicas, en el 22.4% 101

se considera que es la legalización de las normas que rigen el barrio, en el 7% se manifiesta que no saben o no responden y en ninguna edificación se manifiesta que es otra cosa.

67,2% 45

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

22,4% 15

Personas

a. Legalizar la b. Legalizar las propiedad de la normas que rigen el vivienda mediante barrio escrituras

10,4% 7

c. No sabe / No responde

0,0% 0 d. Otro. Cuál:

Tipo de conocimiento

Figura 30. Conocimiento de legalización urbanística

En relación al tema de la tenencia de las viviendas en las cuales se realizó la entrevista, en la figura 31 es posible evidenciar que el 49.3% tiene la habita en modalidad de arrendador, el 44.8% es propietario, el 4.5 manifiesta no saber y 1 vivienda tiene otra modalidad.

35

49,3% 33

44,8% 30

30

Viviendas

25 20 15 10

4,5% 3

5

1,5% 1

0 a. Arrendada

b. Propia c. No sabe / No responded. Otro. Cuál:

Tipo de tenencia

Figura 31. Tenencia de la vivienda

La figura 32 presenta que en las viviendas en las que se adelantó el cuestionario, el 20.9% de los encuestados manifestaron que sí han participado en procesos de

102

mejoramiento barrial, el 74.6% manifiesta no haber participado y, 4.5% dicen no saber o no respondieron y ninguno manifestó otra forma de participación.

74,6% 50

60

Personas

50 40 30

20,9% 14

20

4,5% 3

10

0,0% 0

0 a. Si

b. No

c. No sabe / No responde d. Otro. Cuál:

Participación

Figura 32. Participación en procesos de mejoramiento barrial

Y, por último, ante la pregunta referente a de quién considera que es la responsabilidad del mejoramiento del barrio, se tiene que en el 8% de las viviendas se considera que es responsabilidad de la nación, en el 39% de la Alcaldía, en el 3% consideran que es responsabilidad de la junta de acción comunal, en el 1,5% de los habitantes del barrio, en el 11% de todos y en el 5% de las viviendas no saben o no responden, tal como lo muestra la figura 33.

Personas

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

58,2% 39

11,9% 8

a. Nación

4,5% 3

1,5% 1

b. Alcaldía c. Junta de d.

Acción Habitantes Comunal del barrio

11 5 e. Todos f. No sabe / No responde

Responsable

Figura 33. Responsabilidad procesos de mejoramiento barrial

Ahora bien, respecto a los resultados arrojados utilizando el cuestionario tipo 2 que pretendió determinar el grado de involucramiento e intención de participar en un proceso de legalización urbanística en el asentamiento La Libertad por parte de 103

actores representativos del sector privado y público, la figura 34 muestra que la totalidad de los entrevistados manifestaron no conocer inicio de proceso de legalización urbanística en el asentamiento La Libertad.

100% 4

Personas entrevsitadas

4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

0% 0

0% 0

0% 0

0% 0

a. Alcaldía b. c. de Pereira Propietario Comunidad de los afectada terrenos

0% 0

d. Todos

e. Ninguno f. No sabe / No responde

Actor

Figura 34. Inicio de proceso de legalización urbanística

Respecto a la pregunta de quién es el responsable de asumir las cesiones obligatorias resultantes de aplicar el tratamiento de mejoramiento integral como complemento de la legalización urbanística, 2 actores consideraron que debe ser la alcaldía de Pereira, 1 considera que deben ser asumidas por el propietario del terreno, mientras que el restante considera que debe ser la comunidad afectada,

Personas entrevistadas

tal como se evidencia en la figura 35.

2,5

100% 2

2 1,5

50% 1

50% 1

1 0% 0

0% 0

0% 0

d. Todos

e. Ninguno

f. No sabe / No responde

0,5 0 a. Alcaldía de b. Propietario c. Comunidad Pereira de los afectada terrenos

Actor

Figura 35. Responsabilidad de las cesiones obligatorias

104

4.1.2. Modelo actual del territorio

El modelo actual del territorio del asentamiento La Libertad se presenta con un área total de 2,767 hectáreas que se extiende a lo largo de la antigua franja del ferrocarril en una longitud de 994,339 metros en la que hacen presencia 355 predios con un uso predominantemente residencial con valores que las enmarcan dentro del rango de viviendas de interés social.

Dentro del asentamiento se identifican 268 lotes que por encontrarse inicialmente en predios de propiedad pública de la antigua franja del ferrocarril han sido formalizados y cuentan con títulos de propiedad. No obstante, queda un remanente de 58 edificaciones sin formalizar concentradas en predios de propiedad de la SMP (suelo privado) en el que los poseedores no han logrado obtener esa propiedad ya que el hecho de ser construcciones surgidas por fuera del orden legal en predio privado no es permitido que exista un mercado inmobiliario formal que se autorice y registre la venta y compra entre los dueños del suelo y los poseedores de las construcciones. Vale la pena mencionar que este remanente de 58 edificaciones informales es una anexidad de la edificación ya formalizada que conforman en total 60 viviendas unifamiliares y 1 equipamiento colectivo al interior de la zona demarcada como tratamiento de mejoramiento integral dentro del asentamiento La Libertad

En las 58 edificaciones informales dedicadas al uso residencial, se estima una población de 197 personas. Estas edificaciones cuentan con la puerta de acceso por el frente formalizado de la vivienda sobre la vía carrera 11 la cual tiene una sección total de 6.6 metros incluidos los andenes.

En este polígono de las 58 edificaciones sin formalizar no existe espacio público natural ni artificial y se puede apreciar un único equipamiento colectivo usado por la junta de acción comunal del barrio La Libertad. La totalidad de ellas se localizan sobre un suelo al cual la norma fija la aplicación del tratamiento de mejoramiento

105

integral, el cual determina consolidar los usos actuales incluido el residencial de una manera que brinde las condiciones urbanísticas necesarias para su población.

La clasificación del riesgo de las 58 edificaciones informales localizadas en tratamiento MIB, indican que 37 de ellas se encuentran en riesgo mitigable de tipo geotécnico, 36 de ellas con vulnerabilidad media y 1 con vulnerabilidad alta. Las 37 edificaciones cuentan con los servicios públicos básicos domiciliarios. Las 21 edificaciones restantes no merecieron análisis de riesgo por parte de la entidad responsable de esta actividad. Lo anterior es compatible con el análisis de las pendientes del terreno, el cual identifica que solo 3 edificaciones se localizan en el rango entre 40 y 60%, el resto están por debajo de estos rangos.

La figura 36 refleja el estado actual de uso del suelo.

Figura 36. Mapa del modelo de uso actual

106

Los usos actuales del territorio de 4,870.24 m2 definido como área de estudio para la legalización urbanística del asentamiento La Libertad en tratamiento de mejoramiento integral están clasificados en 4 grupos.

Tabla 13. Uso actual del territorio Id 1

2

3

4

Uso Actual Vía principal Vía peatonal Subtotal vías Residencial titulado Residencial informal Subtotal residencial Equipamiento colectivo titulado Equipamiento colectivo informal Subtotal equipamientos colectivos Taludes Pend> 60% del municipio Taludes Pend> 60% de la SMP Subtotal Taludes TOTAL

Área (m2) 394.98 4.83 399.81 1,928.80 1,549.50 3,478.30 30.84 38.68 69.51 536.64 385.98 922.62 4,870.24

% 8.11% 0.10% 8.21% 39.60% 31.82% 71.42% 0.63% 0.79% 1.43% 11.02% 7.93% 18.94% 100.00%

El suelo destinado actualmente a la vía principal o carrera 11 es un predio público que ocupa un área de 394.98 m2 mientras que la única vía peatonal identificada se encuentra en suelo privado y tiene un área de 4.83 m2, siendo el área para vías el 8.21% del total. De otro lado se tiene que las construcciones destinadas a uso residencial corresponden a un 71.42% del total de construcciones. Entre las construcciones destinadas a usos residenciales se tiene que 1.928.80 m2 se encuentran debidamente formalizados mientras que 1,594.50 m2 corresponde a construcciones informales por encontrarse sobe suelo de un tercero.

La figura 37 muestra como los equipamientos colectivos presentes en el área igualmente tienen un sector titulado con un área de 30.84 m2 y un área informal sobre suelo de un tercero privado de 38.68 m2 ocupando en total el 1.43% del área de estudio. De otro lado se evidencia la presencia de áreas sin ningún tipo de edificación con pendientes de terreno superiores al 60% que ocupan el 18.94% del área de estudio de las cuales el 11.97% son predios públicos y el 8.61% corresponde a predios privados.

107

Uso actual 4.000,00

3.478,30

3.500,00

Área (m2)

3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 922,62

1.000,00 399,81

500,00

69,51

0,00 Area (m2) Vías

Residencial

Equipamiento colectivo

Taludes Pend>60%

Figura 37. Uso actual del territorio

4.2. EVALUACION TERRITORIAL

La evaluación es posible gracias al diagnóstico generado con el soporte de la base de datos SIG que permitió determinar la incidencia de cada uno de los subsistemas y determinantes de la legalización urbanística y la ponderación de los criterios seleccionados.

4.2.1. Subsistemas

4.2.1.1.

Subsistema normativo

La evaluación de las variables normativas genera como área objeto de la legalización urbanística en el asentamiento La Libertad. el polígono definido con tratamiento de mejoramiento integral el cual tiene un área de 4,870.24 m2 delimitado por el norte con la calzada sur de la carrera 11 por el sur y por el oriente con predios de la SMP destinado a espacio público y por el occidente con la vía carrera 11 en la intersección con la vía diseñada que conduce al aeropuerto Matecaña.

108

4.2.1.2.

Subsistema catastral

El diagnostico catastral permite un análisis a nivel de tipos de propietarios de los predios existentes al interior del área de legalización urbanística.

Tabla 14. Tipos de propiedad Propietario Destinación Viviendas Equipamiento colectivo Zonas de protección Vía principal

Predios Municipio de Pereira 0

Vía peatonal Total

Área (m2) 0.00

Predi os SMP 57

1

30.84

3

Área (m2)

Área (m2)

Total

1.549.50

Predios Poseed ores 60

1,928.80

3,478.30

1

38.68

0

0.00

69.51

536.64

19

385.98

0

0.00

922.62

3

394.98

0

0.00

0

0.00

394.98

0 7

0.00 962.45

1 78

4.83 1,978.99

0 60

0.00 1,928.80

4.83 4,870.24

El análisis conduce principalmente a evidenciar que se individualizan 145 predios sobre los cuales se localizan 60 viviendas, 57 de las cuales tienen problemas de legalización pues solo una parte de la vivienda cuenta con títulos de propiedad y la otra parte de la misma vivienda es informal. Solo 3 viviendas tienen título de propiedad para el total del área e su predio

4.2.1.3.

Subsistema restricciones

En virtud a que las 36 edificaciones evaluadas por la autoridad competente fueron graduadas con vulnerabilidad Media y clasificadas en riesgo mitigable, permite que sean incluidas sin restricciones en el proceso de legalización urbanística mientras sean prevista las acciones de mitigación.

Respecto a la restricción de suelos con pendientes superiores al 60% para que sean urbanizadas, es exigible que deben ser zonas destinadas a suelos de protección, lo cual tras un proceso de legalización urbanística se legaliza el uso y se hace posible la trasferencia a la autoridad competente para su administración y cuidado.

109

4.2.1.4.

Subsistema de infraestructura

La actual vía principal o carrera 11 está conformada por una calzada vehicular y andenes irregulares. no obstante, el POT prevé que esa vía se convierta en una vía de mayor sección pasando de tener 307.05 m2 en la zona del área de legalización a 2,108.98 m2. Esta ampliación afecta suelo hoy destinado a andenes, viviendas y al equipamiento colectivo.

La zona de estudio no posee áreas destinadas a espacio púbico y únicamente cuenta con 1 equipamiento colectivo que quedaría con un área de 49.87 m2 luego de la ampliación vial. Estos datos contrastan con el requerimiento normativo de entre 327.67 m2 a 985.00 m2 para espacios públicos y equipamientos colectivos sumados a los 255.64 m2 requeridos para parqueaderos.

4.2.1.5.

Subsistema participativo

La legalización urbanística requiere del conocimiento y aceptación del proceso de legalización por parte de por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de los propietarios o poseedores de los inmuebles incluidos en la legalización.

Las

encuestas arrojaron una participación activa en procesos comunitarios del 68% lo que se percibe que es posible contar con por lo menos la participación de 31 propietarios o poseedores de viviendas.

La vinculación del propietario del suelo privado también es factible en virtud a las respuestas entregadas durante la encuesta realizada al director ejecutivo de la SMP.

La participación de la administración municipal no está prevista por parte de la alcaldía del municipio de Pereira. No obstante, se encuentra entre las obligaciones de la secretaría de vivienda que, en caso que el trámite de legalización sea iniciado por los propietarios o poseedores de los inmuebles, dicha entidad deba dar inicio al proceso de legalización.

110

La delimitación precisa del área de estudio correspondiente al tratamiento de mejoramiento integral al interior del asentamiento La Libertad, se ratificó al momento de diagnosticar las condiciones del desarrollo urbano, el valor de las viviendas, la informalidad de las edificaciones y la normatividad urbana aplicable con el apoyo de la técnica de análisis multicriterio.

4.2.2. Uso potencial de la legalización urbanística

A partir del diagnóstico del uso actual del suelo se genera la potencialidad en el que se fija el área de legalización urbanística del asentamiento La Libertad como un polígono de 4,870.24 m2 con tratamiento urbanístico de mejoramiento integral el cual es ocupado por 61 edificaciones formales y 58 edificaciones informales las cuales conforman en total 60 viviendas unifamiliares y 1 equipamiento colectivo que puede apreciarse en la figura 38.

111

Figura 38. Mapa del modelo de uso potencial del territorio

Los usos potenciales del territorio de 4,870.24 m2 definido como área de estudio para la legalización urbanística del asentamiento La Libertad están también clasificados en 4 grupos.

112

Tabla 15. Uso potencial Id 1

2

3

4

Uso Potencial Vía principal Vía peatonal Subtotal vías Residencial titulado Residencial informal Subtotal residencial Equipamiento colectivo titulado Equipamiento colectivo informal Subtotal equipamientos colectivos Zonas de protección del Municipio Zonas de protección de la SMP Subtotal Taludes TOTAL

Área (m2) 2,108.98 0.00 2,108.98 585.13 1.549.50 2,134.63 11.19 38.68 49.87 321.69 255.08 576.77 4,870.24

% 43.30% 0.00% 43.30% 12.01% 31.82% 43.83% 0.23% 0.79% 1.02% 6.61% 5.24% 11.84% 100.00%

Lo anterior evidencia un área para vías que corresponde al 43.3% del área de legalizar, un área urbanizable ocupada por edificaciones con usos residenciales equivalente al 43.83%, edificaciones para uso de equipamiento colectivo equivalente al 1.02% y zonas de protección que ocupan el 11.84% del territorio objeto de la legalización urbanística, distribución que puede apreciarse en la figura 39.

2.500,00 2.108,98

2.134,63

2.000,00

Área (m2)

1.500,00 1.000,00 576,77 500,00 49,87 0,00 Vías

Residencial Equipamiento Zona de colectivo protección

Figura 39. Uso potencial

A partir de la base potencial del territorio se hace posible modelar los escenarios que deben tener en cuenta las cesiones obligatorias para espacios públicos y 113

equipamientos colectivos cuya área prevista se encuentra entre 327,.67 m2 y 985.00 m2 y de otro lado se requiere suelo para parqueaderos con un área mínima de 255.64 m2

4.3. ANALISIS TERRITORIAL

4.3.1. Análisis de conflictos del territorio

El resultado de la comparación entre el mapa de uso potencial para la legalización urbanística con el mapa de uso actual del suelo y aplicando la clasificación de conflictos acorde a la tabla desarrollada en la etapa metodológica, se obtuvo el modelo de conflicto de uso del territorio representado en la figura 40.

Figura 40. Mapa del conflicto de uso del territorio

114

El área del análisis corresponde a 4,870.24 m2 definida como área bruta equivalente al total del área de legalización urbanística dentro del asentamiento La Libertad.

El área neta urbanizable corresponde al área objeto de desarrollo

urbanístico de legalización la cual corresponde a 2,184.50 m2, resultante de descontar las áreas de reserva para futuras afectaciones de la red vial principal y las zonas de protección ambiental del área bruta y es la base del cálculo de las cesiones obligatorias para espacio público y equipamientos colectivos.

El conflicto de tipo A – Adecuado, tiene un área de 3,112.95 m2 la cual corresponde al 63.92% del área objeto de la legalización urbanística. Se identifican en esta tipología los usos concordantes con la potencialidad permitida que los suelos presentan. Este uso se localiza en áreas con pendientes de terreno mayores a 60% que se destinan a zona forestal y áreas de uso residencial y de equipamiento colectivo que pueden conservar el mismo uso en el marco de la legalización urbanística.

EL conflicto de tipo I – Inadecuado, ocupa un área de 1,757.29 m2 que corresponde al 36.08% del área objeto de la legalización urbanística. Se identifican en esta tipología los usos no concordantes con la potencialidad permitida que los suelos presentan. Este uso inadecuado se localiza en áreas destinadas a la ampliación de la vía principal o carrera 11 que está siendo ocupada por edificaciones de uso residencial, equipamiento colectivo, taludes con pendientes mayores a 60% y una vía peatonal.

Las zonas de conflicto también se discriminan teniendo en cuenta el estado de formalización en cada lote presente en el área de estudio al igual que el actual propietario como puede apreciarse en la tabla 16.

115

Tabla 16. Zonas de conflicto de uso %

Área neta urbanizable (m2)

Parqueaderos

18.73%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

345.85

16.40%

214.94

100.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

361.83

100.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

394.98 0.00 560.79 361.83

1,343.67

63.71%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

585.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,928,80

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

1.549.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,549,50

19.65

0.93%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00

11.19

0.00

0.00

0.00

0.00

30,84

Equipamiento colectivo informal - SMP

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

38.67

0.00

0.00

0.00

38,67

Espacio público Vía peatonal - Municipio

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.83

0.23%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00 4,83

Parqueaderos Totales

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

2,108.97

100%

214.94

Uso Uso actual

Vía principal - Municipio Vía principal - SMP Taludes - municipio Taludes - SMP Residencial titulado a terceros Residencial informal SMP Equipamiento colectivo titulado al Municipio

Vías principales

Zona de protección Municipio

Zona de protección SMP

100% 361.83

100% 585.13

Totales

Vía peatonal

Área (m2)

Equipamiento colectivo titulado al Municipio Equipamiento colectivo informal SMP Espacio público

%

Residencial informal - SMP

Área (m2)

394.98

potencial

Área neta urbanizable (m2)

%

Residencial titulado a terceros

Área (m2)

0,00 1,549.50 11.19 38.67 0.00 0.00 0.00 4,870.24 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Como puede evidenciarse en la tabla, las zonas de conflicto de uso calculadas, demuestran que solo el 18.73% del área que debe ser destinada para la vía principal está siendo ocupada por esa vía, por el contrario, el 16.45% está ocupada por taludes en suelo propiedad del municipio de Pereira, el 63.4% está siendo ocupada por construcciones de uso residencial tituladas a terceros, el 0.93% está ocupada por un equipamiento colectivo y el 0.23% está ocupada por una vía peatonal.

De otro lado, la totalidad de las zonas que deben ser destinadas a zonas de protección están ocupadas por los taludes con pendientes superiores al 60%.

Al interior de la zona determinada como área neta urbanizable se identifica que las zonas que pueden ser destinas a usos residenciales y para usos de equipamientos colectivos están siendo utilizadas en un 100% por construcciones con este mismo uso.

Sin embargo, no existe ninguna zona dentro del área neta urbanizable

destinada actualmente a espacios públicos, vías peatonales o parqueaderos.

La información arrojada presenta dentro del territorio determinado en conflicto de tipo A – Adecuado, la presencia de edificaciones de uso residencial, así: Tabla 17. Conflicto Adecuado Residencial Uso Residencial titulado a terceros Residencial informal - SMP Total

A-Adecuado I-Inadecuado Área m2) % Área m2) % 585.13 27.41% 1,343.67 100.00% 1,549.50 72.59% 0.00 0.00% 2,134.63 100.00% 1,343.67 100.00%

Lo anterior se traduce en que en suelos aptos para la legalización urbanística el 27.41% del área se encuentra ocupada por usos residenciales con construcciones debidamente tituladas y el 72.59% corresponde a construcciones sin formalizar que continúan en predios de propiedad de la SMP.

Entre tanto, el 100% de los usos residenciales presentes en los usos no compatibles o I-Inadecuados han sido debidamente titulados a favor de terceros.

117

Ahora ben, los datos que se presentan en la tabla 18 demuestran que dentro del territorio determinado en conflicto de tipo A – Adecuado, también se detecta la presencia de edificaciones usadas para equipamiento colectivo.

Tabla 18. Equipamiento colectivo adecuado vs inadecuado Uso

A-Adecuado I-Inadecuado Área m2) % Área m2) % 11.19 22.44% 19.65 100.00% 38.67 77.56% 0.00 0.00% 49.86 100.00% 19.64 100.00%

Equipamiento colectivo titulado al Municipio Equipamiento colectivo informal - SMP Total

El uso de equipamiento colectivo debidamente titulado corresponde al 11.19% de la edificación mientras que el 77.56% es una edificación sin formalizar propiedad de la SMP. La misma edificación con otra parte localizada en una zona determinada con tipología de conflicto I - Inadecuado está en un 100% titulada a favor del

0,00

19,65

11,19

Área (m2)

38,6704

municipio de Pereira, relaciones que pueden apreciarse en la figura 41.

Equipamiento colectivo titulado Equipamiento colectivo informal al Municipio SMP

A-Adecuado

I-Inadecuado

Figura 41. Uso equipamiento colectivo adecuado versus uso inadecuado

Se evidencia que la totalidad del conflicto de tipo I - Inadecuado para la legalización urbanística se agrupa en la zona determinada para la vía proyectada carrera 11, la cual ocupa un área de 2,108.97 m2. De esta área proyectada para la carrera 11, se evidencia que el 18.73% es ocupada por la actual vía, el 16.40% por zonas de 118

taludes con pendientes superiores al 60% propiedad del municipio de Pereira, el 0.93% está ocupada por el equipamiento colectivo debidamente titulado al municipio de Pereira, el 0.93% lo ocupa una vía peatonal y 63.71% se encuentra ocupada por edificaciones de uso residencial debidamente tituladas a terceros propietarios.

4.3.2. Modelo de legalización urbanística

Con base en el diagnóstico, la evaluación del estado actual y potencial y el análisis de los conflictos presentados dentro del área determinada como mejoramiento integral al interior del asentamiento La Libertad, se genera la propuesta de modelo de legalización urbanística dentro de la zona normativamente apta para adelantar el proceso, territorio en el que la comunidad habitante respondió en un 74.6% haber sido partícipes de procesos de mejoramiento barrial. De otro lado, ninguno de los consultados en representación del propietario del suelo y del sector público conocen de inicio de proceso de legalización urbanística en el asentamiento La Libertad.

En este contexto se determinan dentro del territorio 3 grandes grupos de suelo para la legalización urbanística: i) Áreas de reserva para vías principales, ii) para zonas de protección ambiental y iii) área neta urbanizable la cual contiene las zonas determinadas para los usos residencial, equipamiento colectivo, espacio público y parqueaderos.

Vías principales: Corresponde a la carrera 11 la cual está proyectada para tener un área de 2.108,97 m2 al interior de la zona de legalización urbanística y determinada para la ampliación de esta vía al pasar de tener una sección actual total de 6,60 metros a 15,40 metros. La ampliación de esta vía requiere de la totalidad de la actual vía peatonal, un 38,43 % de las edificaciones existentes y un 37,49% de los taludes con pendientes superiores al 60%.

Zonas de protección ambiental: Corresponde a 21 polígonos con un área total de 576,77 m2, que por sus características de pendientes mayores al 60% se 119

consideran de amenaza alta y riesgo alto no mitigable y tienen restringida la posibilidad de urbanizarse.

Área neta urbanizable: Es el área conformada por 3 grandes polígonos que suman 2.184,50 m2 la cual es apta para la urbanización y que actualmente es ocupada por usos compatibles como son el residencial y el equipamiento colectivo. No obstante, esta es la misma área que debe proveer los espacios para suplir el déficit de suelo para parqueaderos el cual se estima en 255, 64 m2 y el déficit para espacio público y equipamiento colectivo de 985 m2 si se mantiene la densidad de viviendas.

Al interior del área neta urbanizable se hizo necesario disminuir el área residencial para dar cabida a las áreas faltantes para parqueaderos, así como para espacios públicos y equipamientos colectivos las cuales corresponden a las cesiones obligatorias de suelo que deben ser cedidas y que se encontraron ocupadas por unidades de vivienda unifamiliares.

Esto implica que el área residencial del modelo de legalización está conformada por 60 lotes que se encuentran ocupados por edificaciones en tipología de vivienda unifamiliar.

Siendo así, el modelo de legalización urbanística está definido en 5 usos del suelo clasificados en vías principales, zonas de protección, parqueaderos, espacios públicos y equipamientos colectivos y usos residenciales, tal como se presenta en la figura 42.

120

Figura 42. Mapa del modelo de legalización urbanística

La figura 43 muestra la clasificación de los 5 usos del suelo y sus correspondientes áreas.

2.500,00

2.108,98

Área (m2)

2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00

1.034,87

893,99

576,77 255,64

0,00

Figura 43. Usos modelo de legalización urbanística

121

Los usos determinados dentro del modelo de legalización se distribuyen en los porcentajes presentados en la tabla 19.

Tabla 19. Usos modelo de legalización urbanística Uso del suelo de legalización Vías principales Zonas de protección ambiental Parqueaderos Espacio público y equipamiento colectivo Residencial Total

Área (m2) 2,108.98 576.77 255.64 1,034.87 893.99

% 43.30% 11.84% 5.25% 21.25% 18.36%

4,870.24

100.00%

Dentro del modelo de legalización las vías principales o carrera 11 ocupan la mayor área de legalización con un porcentaje del 43.30% seguido por el 21.25% para espacio público y equipamiento colectivo y el 18.36% para usos residenciales, en menor proporción el área destinado a parqueaderos con 11.84% y 5.25% para zonas de protección ambiental.

En total los 5 usos ocupan 4,870.24 m2

correspondientes al 100% de la zona de legalización urbanística dentro del asentamiento La Libertad.

El modelo también permite identificar que las áreas de los 60 lotes de edificaciones unifamiliares que permiten el uso residencial, tienen áreas que oscilan entre 4.28 m2 y 77.73 m2. En la figura 44 se muestra la clasificación por área de los lotes resultantes.

122

Figura 44. Mapa de áreas de lotes de uso residencial

La figura 45 evidencia que, de los 60 lotes ocupados con viviendas unifamiliares, únicamente el 23.33% cumple con la determinante de contar con un área igual o superior a 45 m2 para ser ocupada por una vivienda de esta tipología.

Figura 45. Áreas mínimas de vivienda unifamiliar

123

El acondicionamiento de estos lotes para el cumplimiento de la norma que condice a hacer efectivo el derecho a una vivienda digna puede ser atendida en la fase de gestión y diseño urbano del proyecto, mediante la asignación de tipologías bifamiliares y trifamiliares en el marco de la implementación de instrumentos de gestión del suelo como el reajuste de tierras.

124

5. DISCUSION

5.1. DIAGNOSTICO TERRITORIAL

La recopilación y análisis de la información, así como la generación de información permitieron la implementación del SIG a través del manejo de la geodatabase para caracterizar y diagnosticar el territorio objeto de la investigación.

Las figuras

presentan los mapas y tablas de caracterización de los subsistemas y las variables de las determinantes de legalización al igual que el mapa que refleja el modelo actual del territorio.

Durante la fase de diagnóstico se generaron los primeros elementos estructurantes, mencionando la particularidad del diagnóstico del subsistema normativo el cual produjo la identificación exacta del perímetro del área de investigación. Dicho perímetro, hasta antes de esta fase, correspondía al concepto, pero no a la identificación georreferenciada dentro del territorio del asentamiento La Libertad.

La utilización de la técnica del AMC, probó su efectividad para delimitar con exactitud la zona de intervención en un proceso de legalización urbanística. El uso de esta técnica para ponderar criterios que son esencialmente determinantes jurídicas, produjo la delimitación de la zona de intervención más recomendable, en el menor tiempo y atendiendo rigurosamente la normatividad aplicable.

No obstante, durante esta fase se debió sortear con el hecho de contar con información cartográfica originada con distintos niveles de precisión y de sistemas de georreferenciación, lo cual una vez sorteado se apreció como área objeto de investigación la surgida de la información fuente de mayor precisión como fue el levantamiento topográfico elaborado por la SMP.

La versatilidad de los SIG para adelantar tareas de asignar, transformar y proyectar información georreferenciada de distintas fuentes permitió la comunicación entre las variables de la legalización y el territorio como aporte a un territorio que se 125

transforma permanentemente por las mismas condiciones de su origen espontaneo e informal.

El diagnóstico del subsistema catastral permitió delimitar y cuantificar con precisión las edificaciones formales e informales y las unidades de vivienda y equipamientos colectivos. De igual forma se diagnosticaban comparativamente los subsistemas de restricciones, infraestructura y participativo permitiendo una posterior evaluación de esta condición particular de la informalidad. Estos análisis geoespaciales se enmarcaron en el subsistema normativo que pudo contar con determinantes como son los valores de las viviendas y las zonas obligatorios para espacios públicos, equipamientos colectivos y zonas de parqueaderos, que podrían desencadenar en su legalización urbanística.

La selección y ponderación de criterios de legalización urbanística permitió que la zona objeto de investigación determinada como tratamiento de mejoramiento integral al interior del asentamiento La Libertad, fuera revalidada al ser comparada con un límite de perímetro más amplio como es el de la totalidad del asentamiento del cual ya se disponía de la información a partir de la generalización de los subsistemas.

Esta revalidación apuntaló la decisión referente a la zona de

tratamiento de mejoramiento integral de 4,870.24 m2 como zona objeto de investigación dentro del asentamiento La Libertad.

Determinar la propiedad del suelo y de las edificaciones informales presentes es uno de los componentes más arduos de obtener, debido a que estos datos son propiedad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi los cuales no siempre están actualizados, además de tener costos para su acceso.

5.2. EVALUACION TERRITORIAL

El diagnóstico del territorio utilizando el SIG permitió adelantar el análisis del territorio al sintetizar la información espacial acorde a los atributos y particularidades de informalidad de la zona objeto de investigación al confrontar la

126

realidad actual con la potencialmente determinada por las normas para cualquier asentamiento informal en el municipio de Pereira que pretenda legalizarse.

Al evaluar cada uno de los 5 subsistemas, se hizo posible explicar el hecho de que existen 60 viviendas consolidadas cada una como unidad familiar. No obstante 57 de ellas cuentan con un porcentaje de la edificación sin legalizar, caso que ocurre de idéntica forma con el único equipamiento colectivo presente en la zona del estudio.

Esta condición particular obedece a que, en años anteriores, el gobierno municipal entregó a los ocupantes de las viviendas los títulos de propiedad únicamente de la parte de la edificación que se localizaba sobre predio público, dejando fuera del acto de formalización de la propiedad a la otra fracción de la misma vivienda, desconociendo la integralidad de la misma edificación como unidad familiar.

A los usos de vivienda y equipamientos colectivos se suman complementariamente los usos del suelo que deben destinarse para las vías principales y complementarias al igual que para el espacio público y las zonas de protección. Es en estos usos donde se evidencia que la franja determinada obligatoriamente para vía principal la cual deberá ser ampliada acorde a las normas vigentes, corresponde en su mayoría a la zona ocupada por la porción legal de las edificaciones, dejando como zona apta para edificar a la porción que se encuentra sin formalizar de las mismas viviendas. El análisis territorial también conduce a presentar la totalidad a taludes con pendientes superiores al 60% como zonas de protección en las cuales no existen edificaciones y que están determinadas como zonas de riesgo no mitigables precisamente por la pendiente del terreno.

El análisis territorial genera la realidad potencial del territorio en los anteriores términos, evidenciándose que en un área neta urbanizable en la cual se localizan 60 viviendas debe además disponerse del suelo para parqueaderos y para suplir el déficit contabilizado para espacios públicos y equipamientos colectivos.

127

5.3. ANALISIS TERRITORIAL

El análisis que permitió determinar las zonas de conflicto del suelo para modelar el territorio de legalización se convirtió en el instrumento con el cual la realidad informal urbana puede llegar a convertiré en un territorio formal al ser equilibrado con las normas que lo regulan.

El uso del SIG como herramienta de análisis permitió dilucidar el hecho de encontrar que el 63.71% de las edificaciones destinadas a vivienda y que cuentan con títulos legales, deben ser suprimidas para darle paso a la ampliación de la vía principal o carrera 11 y que por el contrario el 100% de las edificaciones destinadas a vivienda y que no con títulos legales son las que pueden permanecer una vez dadas las condicionantes de la legalización urbanística. Esto se traduce en que la norma obliga a que los frentes de acceso a las viviendas son las que deben desaparecer y permanecen las partes posteriores o traseras de las edificaciones.

Hecho que puede parecer contradictorio pero que corresponde a la realidad y a la potencialidad evidenciada.

Adicionalmente es posible analizar que el área que queda determinada como urbanizable se encuentra ocupada por el 100% de las edificaciones informales la cual debe ceder suelo para el déficit calculado de espacio público, equipamiento colectivo y parqueaderos lo que claramente determina que ese suelo faltante está hoy ocupado y debe liberarse.

Este requerimiento de 1,290.51m2 equivale a

desplazar el 59.08% del área ocupada por viviendas y equipamiento colectivo localizado en suelo apto para ello pero que hacen parte de una zona con déficit en otros usos.

Tabla 20. Requerimientos en Área neta urbanizable Área urbanizable

Área (m2)

%

Edificaciones en suelo apto para urbanizar

2,184.50

100.00%

Suelo requerido para suplir déficit de otros usos

1,290.51

59.08%

893.99

40.92%

Suelo restante para uso residencial y otro equipamiento colectivo

128

El modelo de legalización propuesto contiene las variables requeridas para consolidar la estructura urbana del asentamiento de origen informal localizado en tratamiento de mejoramiento integral al interior del asentamiento La Libertad y así dar paso a una posterior elaboración de la propuesta de loteo que acorde a las normas deberá ser socializada y aceptada por lo menos el 51% de los propietarios o poseedores de los inmuebles, teniendo en cuenta que la misma investigación arrojó una participación activa del 68% de la comunidad.

El resultado deja en evidencia variables como el tamaño de los lotes residenciales resultantes que, adicionales a las de zonificación, orienta a los gestores y diseñadores a tomar decisiones estructurales para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna.

En el momento de demostrar que los sistemas de información geográfico son aplicables en la legalización del asentamiento de origen informal La Libertad de la ciudad de Pereira – Colombia para el año 2017 se evidencia la pertinencia del SIG como sistema que estructura todo el proceso hasta lograr el modelo de legalización urbanística.

No obstante, la construcción del SIG requiere de datos precisos para poder aprovechar al máximo las bondades que ofrece el geoprocesamiento en beneficio de resultados óptimos. Sin embargo, la metodología aplicada debió partir de algunos datos catastrales digitalizados a partir de imágenes lo que implicó un recurso de tiempo adicional e imprecisiones propias de este tipo de procesamiento al no disponer de datos vectoriales. Los datos catastrales requieren una alta precisión ya que convalidan la propiedad del suelo. Este obstáculo podría haberse salvado al generar convenios o propiciar la participación en la investigación de las entidades públicas originadoras de estos datos.

129

6. CONCLUSIONES Quedó demostrado que los sistemas de información geográfico son aplicables en la legalización del asentamiento de origen informal La Libertad de la ciudad de Pereira – Colombia para el año 2017, lo anterior teniendo en cuenta que el uso de los SIG en las fases de diagnóstico, evaluación y análisis territorial del modelo permitieron comprender e integrar cada una de las dimensiones normativas, técnicas, ambientales y sociales que hacen parte del proceso de legalización urbanística en la zona de mejoramiento integral del asentamiento La Libertad. El modelo generado que evidencia la posibilidad que tienen sus 197 habitantes de residir en un territorio equilibrado a través de la delimitación de las zonas de protección, la generación de un sistema efectivo de espacio público y de equipamientos colectivos y el acceso a un sistema de movilidad y de servicios públicos por los que propende la norma aplicada a través de la metodología utilizada.

La geodatabase implementada con los datos geográficos y atributos permitió evidenciar el fenómeno de la realidad del asentamiento informal a partir de una información sistémica producida desde distintas fuentes y su confrontación con la potencialidad del territorio para generar un modelo de legalización urbanística que respondiera a las condicionantes territoriales actuales y requeridas a partir de la abstracción del territorio.

La disponibilidad de la información primaria y secundaria fue fundamental para el proceso de investigación. En primer término, la comunidad se mostró receptiva y dispuesta a brindar la información durante las visitas de campo y el diligenciamiento de los formularios que permitieron conocer el grado de participación en procesos de mejoramiento barrial, lo que demuestra un punto a favor en los procesos de legalización urbanística los cuales requieren del concurso activo de la comunidad involucrada.

En segundo término, la participación de la SMP en calidad de

propietarios de la tierra en la que se localiza la totalidad del suelo sin formalizar con el aporte de apreciaciones respecto al proceso al igual que del levantamiento topográfico que permitieron adelantar un diagnóstico certero del territorio. De otro 130

lado, la disponibilidad de la cartografía temática normativa del POT a través de un portal público facilitó la utilización del SIG como herramienta para acceder al conocimiento y para la aplicación de procesos de diagnóstico, evaluación y análisis del territorio. No obstante, no es posible que con la misma facilidad se acceda a la cartografía básica del territorio en las escalas y formatos adecuados como tampoco a la cartografía resultante del plan parcial Matecaña el cual fue el instrumento que delimitó la zona de mejoramiento integral.

Los asentamientos de origen informal han surgido de forma espontánea e irregular a lo largo de la historia de la ciudad lo que ha producido un subregistro de los elementos, en especial los catastrales, generando rezagos al momento de afrontar la situación de incorporarlos legalmente al tejido urbano de la ciudad, lo que implica un esfuerzo mayor al intentar comprender estos territorios con miras a brindarles una solución. De ahí que el SIG se convierta en una herramienta que permite situar en primer renglón de acceso los datos georreferenciados de los asentamientos informales para darle prelación a la solución que debe ofrecerse a estas comunidades que los habitan.

La potencialidad del SIG para integrar distintas dimensiones y plasmarlas en mapas y tablas, permitir la comprensión y apropiación posterior por parte de los dueños de la tierra, de la administración municipal y de los habitantes que puede reflejarse en la eficiente y oportuna toma de decisiones al momento de gestionar el territorio.

El posible observar que la ampliación de la vía principal o carrera 11 es una directriz del POT del municipio de Pereira, como también lo fue la titulación a los habitantes, de la sección de los predios que están sobre esa franja de ampliación.

Dos

decisiones de la administración municipal que se superponen en cuanto al uso del territorio y que requieren en un primer momento ser identificadas para poder plantear soluciones, las cuales es posible enfrentar desde la legalización urbanística a la que se le deben sumar los instrumentos de financiación para gestionar los recursos tanto para la ampliación de la carrera 11, adquisición de edificaciones, construcción y adquisición de suelo para suplir el déficit de espacios

131

públicos equipamientos colectivos y parqueaderos al igual que para la ejecución de obras de mitigación del riesgo.

Es posible evitar reprocesos y/o interpretaciones deficientes de la realidad territorial si las entidades públicas o privadas cumplen con estándares de georreferenciación y modelos de datos que permitan adelantar procesos de planificación y gestión del territorio

Es recomendable publicar y poner a disposición de toda la ciudadanía la cartografía que hace parte de los planes parciales que se aprueban, ya que estos son el instrumento por el cual se desarrolla y complementan el POT. Lo anterior en virtud a que la información cartográfica que se generó como producto del plan parcial Matecaña que dio origen a la delimitación de la zona de tratamiento de mejoramiento integral dentro del asentamiento La Libertad no se publica a pesar de ser parte integral del decreto que lo aprobó. Los complejos trámites de obtención de esta información dificultan su acceso, aunado a que los formatos en los que se entregan son imágenes de baja resolución y de difícil interpretación.

El instrumento de legalización urbanística es una herramienta poderosa para rescatar de la informalidad a los habitantes y para ordenar el territorio, no obstante, en el caso del asentamiento La Libertad, tanto los propietarios del suelo como los habitantes del sector desconocen el concepto, motivo por el cual no dan inicio a las acciones pertinentes a las cuales tienen derecho. Se hace imperativo para la administración municipal la creación de una base de información espacial con la delimitación de los asentamientos informales presentes en el territorio acompañada de socialización del concepto de legalización urbanística entre los actores de cada uno de esos territorios.

Queda evidente la articulación que puede y debe darse entre el SIG y los instrumentos de planificación y gestión de los territorios para asegurar la ejecución efectiva de los proyectos. La búsqueda de una transformación del territorio que asegure el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos

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adecuados, seguros y asequibles en barrios informales requiere de alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.

El derecho a una vivienda digna es más que cuatro paredes y un techo, en efecto, es el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad.

Los SIG pueden ser un

instrumento eficiente en la búsqueda de estas metas con su demostrada capacidad de apoyar técnicamente el balance entre los instrumentos de gestión del suelo, el desarrollo armónico de los territorios y la justicia social.

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8. ANEXOS

Durante la etapa metodológica se diseñaron 2 cuestionarios de tipo cerrado. El cuestionario Tipo 1 denominado Participación Comunitaria y el cuestionario Tipo 2 denominado Iniciativa del proceso.

EL cuestionario Tipo 1 se practicó mediante entrevista personal elaborada en cada una de las 61 edificaciones registradas. EL valor de 67 visitas obedece a que en 7 viviendas hubo manifestación de ser habitadas por más de 1 familia.

El cuestionario Tipo 2 se practicó mediante entrevista personal elaborada a 4 personas:

1. Director ejecutivo de la Sociedad de Mejoras de Pereira. Representante de propietarios del suelo.

2. Presidente de la Junta de Acción Comunal del asentamiento La Libertad 3. Servidora pública de la Secretaría de Planeación del municipio de Pereira.

Abogada especialista en derecho urbano, administrativo y gestión pública.

4. Servidora pública de la Secretaría de Planeación del municipio de Pereira.

Ingeniera especialista en políticas y mercados del suelo.

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8.1. ANEXO 1. Cuestionario Tipo 1 - Participaciรณn Comunitaria

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8.2. ANEXO 2. Cuestionario Tipo 2 - Iniciativa del proceso

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