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Tapa Juan Paz Laberinto Collage y fibra sobre papel 18 cm x 21,5 cm 2009

ARTISTAS QUE PARTICIPAN EN ESTA EDICIÓN

CECILIA CANDIA Licenciada en Pintura egresada de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, donde cursa una adscripción en la cátedra de Dibujo IV. Su obra toma como disciplina germinadora el dibujo. En 2010 obtuvo una mención en La Línea Piensa, en el Museo Emilio Caraffa, Córdoba y una mención en el Premio de Arte Joven de la Fundación Williams (dibujo), en el Centro Cultural Borges, Buenos Aires.

JULIA DI RIENZO Licenciada en Pintura egresada de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, en la que actualmente trabaja como investigadora adscripta. Ha expuesto en distintos espacios culturales de Córdoba capital y en formato digital en dos encuentros internacionales. Su obra es de carácter experimental, utilizando en distintas etapas variedad de medios, técnicas y formatos. Las obras presentes en esta edición pertenecen a la serie Retratos Incompletos. Desplazamiento de la representación del rostro como núcleo fundante del retrato particular.

MARIANA DI RIENZO Licenciada en Grabado egresada de la Esc. de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el 2004 al 2010, se desempeñó como Adscripta en distintas materias del Dpto. Plástica de dicha escuela. Su obra se constituye en la intersección arte-diseño, la experimentación con materiales y procedimientos diversos. Becaria de los II Encuentros de Análisis y Producción de obra, Fundación Antorchas. Recibió el Premio Estímulo Jóvenes Creadores 2005 en Diseño de Indumentaria. Diseña y confecciona para el proyecto niño de ule. EMILSE BARBOSA Artista visual, cursó sus estudios en la Lic. en Pintura en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el 2001 realiza exposiciones individuales y colectivas. Participó del taller de análisis, producción y pensamiento en artes visuales, Lectura de Obra 06 y 09. En el 2009 participó en las 3ª residencias de trabajo para artistas en la Ciudad de las Artes, Córdoba. Actualmente integra Casa 13 (casa de artistas) como parte del equipo producción y gestión del programa de Residencias. emilsebarbosa@gmail.com

JUAN PAZ Artista visual y diseñador, cursó sus estudios la Lic. en Pintura en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el 2001 realiza exposiciones individuales y colectivas. Participó del taller de análisis, producción y pensamiento en artes visuales, Lectura de Obra 06 y 09. En el 2008 participó en las 2ª residencias de trabajo para artistas en la Ciudad de las Artes, Córdoba. Actualmente integra Casa 13 (casa de artistas) como parte del equipo producción y gestión del programa de Residencias. pazjuanpaz@gmail.com

Revista de la Universidad Nacional de Córdoba

Autoridades de la UNC Rectora: Dra. Carolina Scotto Vicerrectora: Dra. Hebe S. Goldenhersch Secretario General: Mgter. Jhon Boretto STAFF Dirección Editorial: María José Quiroga, Prosecretaria de Comunicación Institucional, UNC. Producción y edición: Leandro Groshaus Gino Maffini Ariel Orazzi Edición fotográfica: Ariel Orazzi Diseño Gráfico: Área de Diseño, Producción Gráfica y Editorial, UNC. Colaboraron en este número: Ana Sol Alderete Corrección: Mariana Pirra Revista cuatrimestral editada por la Prosecretaría de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba. ISSN: 1667-6289 Propietario: Universidad Nacional de Córdoba. Av. Haya de la Torre s/n, Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria, X5000GYA, Córdoba. Redacción: Av. Haya de la Torre s/n, Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria, C.P. 5000, Córdoba. Tel: 0351 - 4334069/70. hoy@comunicacion.unc.edu.ar Impreso en Arcángel Maggio S.A.

HACIA UNA UNIVERSIDAD MÁS INCLUSIVA Lic. Ana María Alderete SEGURIDAD

SUPERAR LAS FALSAS DICOTOMÍAS Lic. Magdalena Brocca / Ab. Valeria Plaza / Lic. Susana Morales ECONOMÍAS DELICTIVAS, COMPLICIDAD POLICIAL Y CONNIVENCIA JUDICIAL Entrevista al Dr. Enrique Font

EL MISTERIO DE LAS TRES FOTOS Dr. Horacio Javier Etchichury

HACIA UN DEFINITIVO CAMBIO DE PARADIGMA Dra. Marysel Segovia Dra. María Eugenia Valle “LOS POLÍTICOS ESTÁN SITIADOS POR LOS MEDIOS MASIVOS” Conversaciones con el Dr. Eugenio Zaffaroni CUATRO FOTOGRAFÍAS... TRES MIRADAS

ALIMENTOS

CLAROSCUROS DEL ACTUAL MODELO PRODUCTIVO Mgter. Gustavo Soto

SIGUIENDO LA HUELLA Dr. Daniel Wunderlin

UNA DIETA FUNCIONAL Dr. Pablo Ribotta Dr. Alberto León

UN DERECHO HUMANO ESENCIAL Mgter. Lidia Carrizo

UNA CARA INOCULTABLE DEL CAMPO ARGENTINO Dr. Luis Daniel Hocsman

“TOCAR LOS NÚCLEOS DUROS DEL PODER EN ARGENTINA IMPLICA DISCUSIONES DE MEMORIA”

SOBRE LA CONDICIÓN LABORAL ARGENTINA Dr. César Arese

EDITORIAL UNC

REFLEXIONES ALREDEDOR DE CUATRO FOTOGRAFÍAS Lic. Arturo Borio

HACIA UNA UNIVERSIDAD MÁS INCLUSIVA Por Lic. Ana María Alderete*

l pasado 9 de marzo, el Consejo Superior (HCS) de nuestra universidad dejó sin efecto la Ordenanza Nº 5/90 y dispuso que los gastos atendidos por la contribución estudiantil sean afrontados, desde ahora en adelante, por el presupuesto nacional otorgado a la UNC. Esta decisión marca un hito en la ampliación de derechos sociales y reafirma la responsabilidad del Estado en el sostenimiento de la educación universitaria pública y gratuita.

EL ORIGEN DE LA CONTRIBUCIÓN Durante la década del 90, la política oficial en relación a la educación superior fue adecuada, por las autoridades nacionales, a las exigencias y proyectos planteados por los organismos multilaterales de crédito. Estos cambios suponían una mirada de la educación pública desde una visión exclusivamente economicista, que centraba sus preocupaciones en parámetros de eficiencia en el manejo de los recursos. Desde esta clave de lectura, el sistema de educación superior argentino se mostraba anacrónico e ineficiente, y el derecho de la población al acceso a una educación superior de calidad como un privilegio que debía ser solventado por sus eventuales “usuarios”.

El mecanismo aplicado por el Estado Nacional para implementar algunas de las transformaciones propuestas fue el ahogo presupuestario como instrumento de presión –para que las universidades debieran salir en búsqueda de los fondos necesarios y garantizar su mínimo e indispensable funcionamiento– y las reformas legales, como la Ley de Educación Superior aprobada en el año 1995 que, entre muchas otras reformas, abrió el camino para la búsqueda de recursos que puedan garantizar el autofinanciamiento. Si bien las universidades nacionales resistieron en menor o mayor medida estas transformaciones, la implementación de las políticas neoliberales impactó de modo muy negativo en todo el sistema universitario. Con respecto a nuestra universidad, el presupuesto alcanzaba escasamente para el pago de salarios y de servicios mínimos provocando, en muchos casos, interrupción de las suscripciones a revistas científicas, disminución abrupta de compra de libros y de insumos para trabajos prácticos y un marcado retraso tecnológico. También se vio afectada la obra pública y el mantenimiento edilicio y de infraestructura. Tampoco fue posible garantizar los beneficios de salud, deportivos y académicos para una mejor calidad de vida estudiantil. En ese contexto, los aportes provenientes de la contribución estudiantil fueron utilizados para cubrir, en la medida de lo posible, esta situación.

El cambio de época trajo consigo, por parte del nuevo gobierno y las autoridades del área educativa, una concepción que recuperó la idea de una educación pública, que lejos de concebirse como un servicio disponible para quien pueda solventarlo, pueda ser entendida como el derecho inalienable de cualquier ciudadano. Es así que entre 2002 y 2010 el presupuesto educativo aumentó en un 585%; esta situación permitió que en la UNC se recuperara la función indelegable del Estado de sostener la educación pública, que nunca debería haber resignada. El Estatuto de la UNC establece en su Art. 82: “El ingreso, como así también el desarrollo de la enseñanza, serán completamente gratuitos. Serán de aplicación los principios constitucionales de gratuidad y equidad”. Estos principios deben ser interpretados, en el ámbito de lo público, como el deber indelegable del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades mediante el financiamiento genuino. A su vez, la Ley de Educación Superior Nº 24.521 establece en su Art. 4º inc. e), que son “objetivos de la educación superior: profundizar los procesos de democratización en la educación superior, contribuir a la distribución equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades”, y mediante la Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075, el Estado está comprometido a destinar al menos los recursos equivalentes al 6% del PBI al financiamiento del Sistema Educativo Nacional. Teniendo como marco estos principios, la nueva Ordenanza Nº 1/11 reafirma con fuerza la gratuidad de los estudios universitarios estatales y reconoce la indelegable función del Estado en sostener la educación superior pública. Por otro lado, proporciona nuevos canales de aportes voluntarios, no sólo para alumnos sino también docentes, egresados y otros actores, para el apoyo a programas específicos asegurando la transparencia en la administración de los recursos. Respecto de las personas jurídicas, se toma

el recaudo que sus donaciones deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo de la Facultad a la que se aporte. Se establece con claridad el destino de los fondos: “financiar, solidariamente y con criterios de equidad, becas para estudiantes, apoyo a actividades extracurriculares y a complementar, subsidiariamente, la compra de equipamiento de uso común para el mejoramiento de la enseñanza”. En síntesis, en su sesión del 9 de marzo, al discutir y aprobar la Ord. 1/11, el HCS no circunscribió su debate a la derogación de la Ordenanza 5/90, tema importante por tratarse de un instrumento testimonio de otra época, de otras realidades, de otra perspectiva y de una universidad que ya no tenemos, sino que se debatió y se tomó una clara decisión sobre la irrenunciable gratuidad de la enseñanza y el financiamiento genuino de los gastos de funcionamiento de nuestras unidades académicas. Este paso dado por el HCS es la continuación de las políticas de inclusión que se desarrollan en la UNC desde 2007, con un significativo aumento del número y montos de becas, de la especificidad de las mismas intentando llegar a aquellos que más las necesiten. La gratuidad de la enseñanza superior es una virtud de nuestro sistema educativo que nos distingue como país y que desde que se aprobó se convirtió en uno de los principales canales de movilidad social. Debemos seguir luchando por un presupuesto que permita sostener los costos de la educación pública, hacer una realidad la gratuidad y la inclusión con calidad y trabajar para sostener proyectos de desarrollo, que nos permitan crecer. Es necesario retomar estos caminos para que nuestra universidad sea cada vez más inclusiva y favorecer el ingreso y permanencia en ella de aquellos sectores más vulnerables

[*] Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la UNC.

SEGURIDAD

RECUPERANDO DERECHOS

HOY la Universidad - Mayo 2011 - pág. 3

Julia Di Rienzo. Nemeln nüyün (Palabra terremoto). Serie “Retratos Incompletos”... Detalle. Quince hexágonos de cobre plegado (diámetro 4 cm). 2010.

SEGURIDAD

l tema de la seguridad es uno de los más recurrentes en los medios masivos de comunicación y el principal problema a resolver según la consideración pública mayoritaria. Sin embargo, a la hora de ensayar respuestas o planificar posibles soluciones, comienzan a surgir posiciones que, o sostienen la necesidad de dotar a las fuerzas represivas de mayor libertad de acción –a costa de restringir derechos y garantías civiles–, o creen que el problema de inseguridad sólo será posible de resolver cuando los niveles de pobreza y desigualdad social desaparezcan o se reduzcan drásticamente. En el medio de estas dos posiciones antagónicas existe un mundo pocas veces explorado por aquellos que expresan la necesidad de afrontar el tema.

Julia Di Rienzo K´uchi Thawti (Ágil protestón/a). Tuytuy Tutamanta (Nadar de madrugada). Serie “Retratos Incompletos”... Detalle. Hoja de Gillette, sobre de papel manteca Pequeño formato, medidas variables. 2010.

En este espacio, lleno de complejidades y claroscuros que ponen en cuestión las miradas binarias, se encuentran algunas claves imprescindibles para entender y, principalmente, afrontar una problemática que, en un año electoral, seguramente estará presente en la agenda pública. Ante esta realidad, Hoy la Universidad propone un recorrido, donde docentes e investigadores de la UNC ponen en juego sus experiencias, estudios, trabajos y conceptos, a modo de compartir las mejores herramientas disponibles para un abordaje serio y efectivo de las políticas de seguridad necesarias para construir una sociedad segura, integrada y democrática.

[Hacia una discusión compleja y profunda sobre seguridad]

CONTRA FALSAS DICOTOMÍAS Y ARGUMENTOS FALACES Lic. Magdalena Brocca / Ab. Valeria Plaza / Lic. Susana Morales* a (in)seguridad no es un fenómeno nuevo en la historia argentina ni una excepcionalidad propia de nuestro país. Tampoco que el Estado procure proveer seguridad –al menos simbólicamente– a través de la política criminal: una de las funciones básicas del Estado moderno es precisamente ésta, basta analizar los estudios acerca de nuestra historia reciente para ver que es la lógica con que se han construido las diferentes estrategias de “seguridad nacional” (sea cual fuere su tiempo y lugar de implementación). Pero en la actualidad pretender definir una única noción de seguridad o inseguridad es una tarea estéril. Tanto en el plano nacional como en el internacional, el debate parece reducirse a una dialéctica entre miedo y peligro, y a la consecuente necesidad de seguridad que aquella dialéctica genera, sin importar cuáles son los objetos del temor ni la comprensión del peligro que refiere a aspectos de la vida muy disímiles. Además, según el adjetivo con el que se la acompañe (ciudadana, nacional, privada, comunitaria, humana) puede referirse a diferentes problemáticas, con distintos actores intervinientes y órbitas de aplicación. Lo que de alguna manera unifica estas nociones es el componente de temor o miedo frente a una amenaza o pérdida, el reclamo al Estado de una respuesta y la forma determinada en que el Estado actúa frente a este reclamo. En esta nota pretendemos entonces complejizar algunos lugares comunes en torno a la noción de (in)seguridad, analizando las variables que intervienen en la configuración actual del fenómeno, para poder

pensar qué respuestas estatales corresponden a determinadas demandas. Para ello es importante destacar que en Argentina –al menos en el plano nacional– y en otros países de Latinoamérica en los últimos años se verifica un proceso de abandono del modelo de Estado neoliberal y la recuperación del papel del Estado. En este sentido, se puede observar un avance en el reconocimiento de derechos en diferentes planos (asignación universal por hijo, recuperación de las paritarias, jubilaciones) y un abandono paulatino del recurso penal y represivo como única forma de resolver los conflictos sociales. En este contexto, la coyuntura nos exige actualizar nuestras lecturas para poder realizar como universitarios aportes pertinentes. Es innegable que nos encontramos en un contexto diferente al de décadas anteriores (sobre todo al de los años 90) y, además, que nuestro contexto latinoamericano es muy diferente al panorama actual europeo, en donde el auge punitivo –sobre todo ante el fenómeno inmigratorio– genera debates que si bien no nos son ajenos, no pueden de modo alguno transpolarse a nuestra realidad. El desafío, entonces, es generar reflexiones locales capaces de dar cuenta de la complejidad del proceso al que asistimos.

Entre la demagogia punitiva y las modificaciones estructurales a largo plazo Consideramos importante complejizar y a su vez especificar de qué hablamos cuando

hablamos de (in)seguridad. Así, en primer lugar pretendemos no reducir el análisis a una concepción tradicional o restringida de la seguridad, que generalmente es la que se difunde desde los medios masivos de comunicación y que subyace en la política de seguridad provincial. Desde esta mirada se analiza la cuestión en términos reduccionistas, teniendo en cuenta centralmente al delito callejero, y se dejan de lado otros delitos como los económicos o tributarios y las economías delictivas como el narcotráfico, venta de armas, robo automotor, trata de personas, etc., que por su magnitud y estructura organizativa, muchas veces son los que más violencia e “inseguridad” producen. Desde esta perspectiva se plantea el problema en términos de defensa social ya que las conductas que generan inseguridad son atribuidas generalmente a las clases populares, especialmente a los jóvenes. Roberto Bergalli (2006: 3) considera que desde esta concepción se utiliza la violencia penal hacia situaciones que básicamente no revisten esa entidad, y se la dirige a grupos de personas con características propias de una nueva marginalidad, construyendo nuevos estereotipos de criminalidad. La acción represiva hacia ciertos grupos sociales se evidencia claramente en la política de seguridad implementada en nuestra provincia, en la que los jóvenes definidos como “productores de inseguridad” son los destinatarios privilegiados de la represión policial, ingresando en la categoría de “no-personas”. Esta despersonalización constituye una sistemática negación de su condición de sujetos portadores

Este es otro riesgo sobre el que alertamos, ya que en algunos casos se amplía tanto la noción de seguridad que se la construye como un sinónimo de derechos humanos. Desde esta mirada “amplísima” y progresista de la (in)seguridad se siguen al menos dos consecuencias. Por un lado se corre el riesgo de naturalizar la identificación entre pobreza y delito al sostener que sólo la inclusión social y la eliminación de las desigualdades nos librarán del delito. Y por otro lado, el riesgo de no asumir la seguridad como un bien público que hace a la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de aquellos sectores que menos recursos tienen y no pueden pagar una costosa seguridad privada. Marginándolos en un espacio social y urbano que, por deteriorado en la garantía de derechos bá-

sicos, favorece condiciones socialmente dañinas y los convierte en víctimas de las privaciones vitales y de los delitos convencionales, además de ser el blanco preferencial para convertirse en mano de obra de las economías delictivas. De este modo, es un planteo que impide definir acciones concretas que avancen aquí y ahora en la intervención frente al problema del delito dentro de parámetros democráticos y legales. Estas posturas son insuficientes para realizar aportes sustanciales al complejo problema y sobre todo son incapaces de dialogar con la preocupación legítima que existe en nuestra sociedad, por esto es necesario superar las dicotomías que han caracterizado a las políticas públicas de seguridad: aquellas estrategias cuyas únicas respuestas son las ligadas a las instituciones

SEGURIDAD

de derechos que se concretiza, por ejemplo, en las cotidianas detenciones por contravenciones. En toda la provincia, durante el año 2010 la Policía efectuó 54.500 arrestos; cerca de la mitad (49%) afectaron a jóvenes menores de 25 años; y para Córdoba capital, el porcentaje se eleva a casi el 70%. Es decir, la política tradicional de seguridad se funda en la identificación de un sector caracterizado como los productores de la (in)seguridad –jóvenes de sectores populares– sobre los que se aplica la fuerza represiva del Estado como forma de solución a los conflictos sociales. En la vereda opuesta y como respuesta a este tipo de políticas represivas, se sostienen líneas muy generales, que sólo insisten en la necesidad de políticas sociales de inclusión o que incluso niegan el problema.

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Julia Di Rienzo. Khiskakhiska huayra ankalli (Espinoso/a viento insurgente). Serie “Retratos Incompletos”... Alfileres plateados (3 cm) en piel sintética negra brillante (11 x 7 cm). Detalle. 2010.

del sistema penal (es decir, las fuerzas policiales y los sistemas judiciales) y, por el otro, las posiciones que niegan la posibilidad de abordar el problema hasta tanto se modifiquen las condiciones estructurales y por ende carecen de estrategias para dar una respuesta política a la (in)seguridad (Betranou y Calderón, 2008: 18). La incapacidad del sistema penal para resolver conflictos La incapacidad del sistema penal para dar respuesta a estos tipos de conflictos está ampliamente probada. En primer lugar, sólo puede intervenir sobre los efectos, es decir limita su abordaje al momento de la comisión del delito, olvidando que existe un “antes” y concentra sus respuestas en un “después” limitado a la aplicación de sanciones punitivas a los infractores. A su vez, ignora los procesos socio-estructurales que generan las situaciones conflictivas, excluyendo las variables biográficas de los potenciales transgresores. Por otro lado, el supuesto de un actor como un ser racional ideal, que calcularía costos (de la pena) y beneficios (del delito), ignora los aspectos “positivos” que ciertas transgresiones tienen para esos mismos actores. Pero no se trata sólo de insuficiencia teórica, sino práctica. En Córdoba, no sólo se incrementó exponencialmente el número de detenciones por Código de Faltas, sino que además se incrementó fuertemente la población carcelaria (por delitos). Un dato a remarcar aquí es que de los 5.375 presos que había en el año 2008, 2.850 corresponden a delitos contra la propiedad y sólo 999 a delitos contra la persona. El resto corresponden a otros delitos. Y del total de presos, 2.643 estaban condenados, mientras que 2.732 eran procesados. O sea que más de la mitad aún no habían sido declarados culpables por la justicia. Además, según diferentes análisis del PNUD, no existe ninguna correlación entre aumento de la tasa de encarcelamiento y la reducción del crimen, sino por el contrario una profundización de las condiciones de violencia en la sociedad, ya que las políticas de mano dura empujan a consolidar las tramas del delito organizado. La

tasa de delitos en Córdoba en 2006 era de 4.054,40 cada 100 mil habitantes (un total de133.093 delitos) y en 2008 –últimas cifras oficiales disponibles– de 4.307,73 (143.880). Es decir, que pese a la implementación de la “guerra contra el delito” que se viene realizando en nuestra provincia1, la tasa de delitos registrados no ha disminuido. Lo que sí se puede notar es un fuerte incremento de personal policial. Si consideramos la multiplicación del presupuesto del área Seguridad, a través de la incorporación de agentes, vuelve a aparecer la poca incidencia de estas políticas sobre el fenómeno que se pretende abordar. Según un informe del diario Comercio y Justicia, el sector que más personal incorporó la gestión del gobernador Schiaretti es el de seguridad, en particular, la Policía provincial: de 18.808 agentes se pasó a 27.793. Estos 8.985 nuevos empleados representan el 47,7% más respecto de la planta existente al iniciarse la gestión. De hecho, el 44,2% de los nuevos empleados fue al área de seguridad. Consideramos entonces que las actuales formas de control y prevención de la criminalidad y de producción de seguridad implementadas en Córdoba resultan cada vez más ineficaces, ineficientes, inequitativas y violentas. Es decir, que no sólo se trata de un paradigma cuestionado en su constitucionalidad, sino que su ineficiencia está ampliamente probada. “No creció el delito, es una sensación” Hay un elemento particularmente significativo del debate, que en la criminología se plantea como la diferencia entre la inseguridad objetiva (es decir, la probabilidad de ser víctima de un delito según algunas variables como edad, sexo, situación socioeconómica, lugar de residencia) y la inseguridad subjetiva, vinculada a aquellas sensaciones que generaría el miedo al delito. La sensación de inseguridad tiene cierta autonomía respecto del delito y una lógica específica que incorpora otros elementos que complejizan su comprensión.

Miguez e Isla plantean que la sensación de inseguridad, además del miedo al delito, incorpora como elementos centrales el proceso de fragmentación social y sus efectos sobre las instituciones públicas: cómo son percibidas por la sociedad instituciones esenciales para la seguridad como la Policía y la Justicia, que son a la vez centrales a la legitimidad de un Estado de derecho (Miguez e Isla, 2010). Los medios también aparecen en la construcción de esta sensación, a través de la enfatización de delitos violentos por sobre otros y por la puesta de situaciones y modalidades delictivas locales a nivel nacional. A su vez, esta dimensión subjetiva de la inseguridad también pone sobre la mesa cuestiones vinculadas a las transformaciones y cambios profundos de la vida urbana: la redefinición de los espacios públicos que se gestionan con lógicas privadas, los modos de circulación y de encuentro, hacen del espacio urbano un espacio que se vive como potencialmente peligroso. Por último, la falta de infraestructura urbana de calidad en torno a cuestiones básicas como alumbrado y limpieza de espacios verdes, contribuyen a la idea de una ciudad hostil. Las cuestiones vinculadas al género también son constitutivas del sentimiento de inseguridad. Hay espacios que aparecen como exclusivamente masculinos y, por lo tanto, como potencialmente peligrosos. Todas estas dimensiones contribuyen a pensar que la sensación de inseguridad es más que el temor al delito. También, que es una dimensión que reclama políticas públicas que no son las mismas que reclama el problema del delito en sí, sino que son políticas de intervención urbana y simbólica que exigen trabajarse desde una perspectiva de inclusión y democratización del espacio público. Y a su vez, no hay posibilidades de que ninguna acción policial disminuya el temor si previamente no hay un aumento en la confianza hacia esa institución (Kessler, 2007). Los medios de comunicación contribuyen a la construcción de esa sensación de inseguridad. La lógica por la cual las noticias sobre el delito y la violencia ocupan un espacio importante tanto en la informa-

necesario empezar a discutir cómo se recupera la conducción política de la seguridad. Es necesario revertir el proceso de autonomización que se refleja en la discrecionalidad y arbitrariedad de estas fuerzas. El Estado necesita recuperar un rol protagónico en el diseño e implementación de políticas de seguridad en un sentido amplio y el control político de la policía para que se la reconozca como una institución capaz de intervenir frente a la cuestión de la seguridad (Saín, 2001, 2007). Un proceso de este tipo aparece en algunas iniciativas del gobierno nacional actual, con la revisión de la estructura interna de la Policía Federal y la elaboración de protocolos de intervención frente a diferentes tipos de conflicto: protesta social, trata de personas, narcotráfico y en los lugares donde se cometen delitos frente a la sistemática alteración de elementos clave, control de la comunidad sobre el accionar policial. Queda por ver qué sucede con las policías provinciales, sobre todo porque en nuestra provincia aparece siempre la salida represiva como única forma de resolver los conflictos.

ción como en la ficción, tiene una larga tradición en la historia de nuestros medios y va de la mano de la consolidación de la prensa en el país. Sin embargo, hoy, los medios constituyen un dispositivo central en la construcción de lo público, de ese espacio compartido en el que se ponen en juego, de manera contradictoria, las imágenes sobre sí mismo y sobre el orden de quienes integran una sociedad (Mata, 2011). Esta centralidad no habilita reconocer de ningún modo autonomía o soledad, no son los únicos espacios de producción de cultura y de lo público (Mata, 2011). El hecho de asumir que los medios son la causa del temor tiene consecuencias in-

mediatas centralmente: oscurecer las otras lógicas sociales y otros actores con los que se relaciona. Así, mientras se reduce a los medios la causalidad de las sensaciones de inseguridad y las estigmatizaciones, se deja de mirar las lógicas políticas (de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial) sobre las que ellas se asientan2. Discutir con la idea de una determinación de los medios sobre las sensaciones no significa, de ningún modo, dejar de reconocer el enorme poder para producir significaciones sociales hegemónicas. Tanto por su enorme ubicuidad como por la enorme modelación cultural por la cual esos medios nos interpelan desde un poder que reconocemos como legítimo en tanto nos

constituimos como público, como rasgo identitario de pertenencia. En este sentido, sí es relevante discutir las lógicas de producción informativa, la compleja relación que existe entre la actividad periodística y los condicionantes económicos y temporales de la dinámica periodística, los circuitos de producción de información, la vinculación con las fuentes (hoy, la policía), la selección de hechos, la nula profundización y contextualización. Si entendemos que los medios son una parte constitutiva del espacio público, no podemos dejar de discutir las políticas culturales que permitan que los medios también aporten a construir otras concepciones de seguridad, democráticas e inclusivas.

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La restricción neoliberal de la seguridad a la cuestión del delito impide ver hasta qué punto es una demanda social que en muchos casos está relacionada con un reclamo de más Estado. Si durante mucho tiempo el Estado se redujo casi a un Estado Policial, ¿cómo no reclamar al casi único segmento del Estado presente –la policía– en la vida cotidiana? En nuestros países existe una larga tradición de delegar a las fuerzas policiales el diagnóstico y la organización en la intervención del conflicto social. Así, la seguridad pública configuró una esfera controlada y gestionada exclusivamente por la policía, sobre la base de criterios definidos de manera autónoma y corporativa que se aplican sin la intervención ni control de otras agencias estatales. A su vez, nuestras policías heredaron de las dictaduras una organización fuertemente vertical y militarizada. Su estructura y movilidad interna guardan una impronta cerrada, que no se asienta en parámetros de profesionalidad y desempeño, sino en la definición de las cúpulas de la fuerza orientadas a su propia autoconservación. Los procesos democráticos no sólo no revirtieron estas tendencias sino que pro-

fundizaron su autonomización política y económica (Saín, 2001). La policía, como ámbito principal de selección del proceso de criminalización sobre el que se asientan las agencias judiciales y penitenciarias, cuenta con una enorme y significativa capacidad discriminatoria sobre las personas que casi siempre se reduce a un conjunto altamente vulnerables y sujeto a una criminalización estigmatizante. Sin embargo, el poder de control social de las agencias policiales no reside en los casos efectivamente conocidos y abordados, sino en el conjunto de acciones y procedimientos de controles paralelos, colaterales o puestos en práctica con el pretexto de la aplicación de la ley o de la “prevención”. Las detenciones por contravenciones, el registro de personas detenidas, la vigilancia de espacios diversos, les brinda la posibilidad de un conjunto de atribuciones arbitrarias que caen fuera de toda forma de control o revisión institucional y les proporciona un poder mucho más relevante que el atribuido formalmente. Cuando la política delega en la policía la responsabilidad de la seguridad para un fenómeno que necesita saberes y actores diversos, renuncia a intervenir en la complejidad del conflicto. En este sentido, es

SEGURIDAD

¿MÁS SEGURIDAD ES MÁS POLICÍA?

Emilse Barbosa. Estrategias 3. Crayón y tinta china s/ cartón. 2010.

¿Más represión o más Estado y más participación? En general, las políticas represivas implementadas tienen su fundamento más mediato en “el reclamo de la gente”. El incremento de las penas en el Código Penal, la construcción de más cárceles o la dotación de más armamento a la policía, se justifican porque se alega una supuesta demanda social. Creemos que también éste es un argumento falaz. La demanda social de castigo es un fenómeno que ha sido investigado desde el nacimiento de los estudios sociales y no es en sí misma negativa o positiva. En consonancia con lo que muchos autores de la criminología crítica plantean, el castigo es un fenómeno social y su análisis debe centrarse en las interacciones de actores sociales que demandan y legitiman las decisiones públicas en relación al castigo. Así, frente a una demanda de castigo de determinada comunidad, no existe una única respuesta posible por parte del Estado sino

que éstas han ido variando históricamente y de sociedad a sociedad. El reclamo social de castigar tampoco es propio de un Estado en crisis sino que es fundante de la constitución misma del Estado moderno. Al analizarlo es imprescindible considerar que el reclamo por más seguridad puede ser construido como una estrategia de los sectores dominantes para “gobernar” la conflictividad social3, pero también pueden ser demandas legítimas de sectores que reclaman al Estado una intervención eficaz para la resolución de conflictos a los que por su posición en la estructura social o en las relaciones de poder, no pueden hacer frente por sí mismos4. Así, la demanda por más seguridad y la demanda social de castigo pueden ser leídas como mayor presencia del Estado en la resolución de los conflictos, además de una política criminal que intente resolver políticamente el problema de la (in)seguridad. Más allá del tono que tome en cada momento la (in)seguridad, tanto en la dimen-

sión objetiva como en la subjetiva, es un problema real en nuestras sociedades, y como tal debe ser abordado seriamente. El problema de la (in)seguridad es un problema eminentemente político y política debe ser la respuesta que se le dé. Resulta imprescindible elaborar respuestas complejas a esta problemática. Asumir la responsabilidad política frente a la seguridad implica hacerse cargo de las demandas sociales y encararlas con seriedad. Y hacerse cargo de un fenómeno tan complejo y con tantas particularidades propias de su carácter local e histórica y socialmente situado, nunca puede partir de lecturas lineales o simplistas –como las posturas tradicionales represivas–, ni a través de la importación de políticas pensadas para otros contextos y, por supuesto, nunca podremos hacernos cargo si partimos de la negación del problema. Es necesario entonces realizar diagnósticos serios que aborden la complejidad y las diferentes aristas que constituyen el campo de la seguridad, y elaborar propuestas que

afronten integralmente este problema. Y así, reconstruir un modelo de Estado capaz de intervenir en la resolución de los conflictos con respuestas eficaces y variadas que no se reduzcan a la acción punitiva

A través de instrumentos legislativos como la actual Ley de Seguridad Nº 9.235, las cotidianas detenciones sin orden judicial que autoriza el Código de Faltas Provincial, la instalación de video cámaras en la zona céntrica, el mayor equipamiento policial de recursos humanos y armas, entre otras. 2 En este sentido, vale volver a mirar las denominadas leyes Blumberg. Según el artículo de Cal-

no elegibilidad de sus cargos, con resabios monárquicos y eclesiásticos no sólo en la conformación, sino en la lógica ritual casi litúrgica del sistema (Anitua, 2010). Más allá de que esto requiere un debate específico, pormenorizado y profundo, es necesario incluir en la discusión acerca de la (in)seguridad interrogantes en torno a su accionar y los límites que tiene por la estructura endógena y corporativa sobre la que se sustenta. En este sentido, la discusión en torno a una reforma estructural del poder judicial en clave democrática es necesaria para poder garantizar la viabilidad de las propuestas de seguridad.

zado y Van den Dooren, si bien estas leyes se sancionan en medio de la puesta en la agenda mediática y política de la seguridad y la necesidad de introducir reformas legislativas para frenarlas, su registro muestra que “el reclamo ciudadano (y mediático) no impulsó la generación de los proyectos legislados en ese período, sino que funcionaron para el aceleramiento de su sanción (…) El análisis de este material disiente con una opinión generalizada dentro del ámbito académico, que sostiene que las leyes penales sancionadas durante 2004 fueron el resultado de una iniciativa llevada adelante por Blumberg y sus asesores. Por el contrario, las discusiones de los proyectos de estas leyes fueron iniciadas meses atrás de la muerte de Axel. Todo ello complejizó el análisis del caso y nos brindó una idea sobre la función de Blumberg, quien actuó más como un factor de aceleramiento de la sanción de los proyectos de ley ya presentados”. (Calzado y Van der Dooren, 2009). 3 Doctrina de la seguridad nacional, política de tolerancia cero, modificaciones espasmódicas y populistas del Código Penal, endurecimiento de penas como las consecuencias del caso Blumberg, etc. 4 Ejemplo de esto son los reclamos de los sectores populares por una mayor protección frente a múltiples amenazas, los reclamos de sectores trabajadores por la penalización de ciertos delitos económicos o laborales, o los reclamos de los movimientos feministas por la configuración de las violencias de género como delitos, o el reclamo de juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado.

Bibliografía Anitua, G. I. (2010) Ensayos sobre el enjuiciamiento penal. Buenos Aires, Argentina, Editores Del Puerto. Bergalli, R. (2006) “Violencia y Sistema Penal. Fundamentos ideológicos de las políticas criminales de exclusión social” en Bergalli, R.; Ribera Beiras, I.; Bombini, G. Violencia y sistema penal. Buenos Aires, Editores del Puerto. Betranou, J. y Calderón, F. (2008) “Introducción” en Estado, democracia y seguridad ciudadana. Aportes para el debate. Buenos Aires, Argentina, PNUD. Font, E. (2008) “Intervención multiagencial para el abordaje del delito en el ámbito local” en Cuadernos de Seguridad. Publicación del Consejo de Seguridad Interior, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Vol. Nº 7, Agosto. Buenos Aires, Argentina.

[*] Integrantes del Equipo de Investigación: “Sistema Tecnológico de Seguridad”, dirigido por la Mgter. Ana Correa. Valeria Plaza y Susana Morales son becarias de CONICET. Magdalena Brocca y Valeria Plaza son adscriptas en la cátedra de Criminología de la Fac. de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC.

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En el debate sobre la (in)seguridad, generalmente se deja de lado a un actor central: el poder judicial, encargado de velar por el cumplimiento de las leyes y de las medidas del ejecutivo en materia de seguridad, y de “aplicar” con justicia e imparcialidad el castigo penal cuando se comete un delito. Existe la creencia respecto de que la administración de justicia favorece la impunidad. Y esto tiene su antecedente en la complicidad de este poder con los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura, y en la actualidad se alimenta con las escasas investigaciones

judiciales serias y efectivas en cuestiones en las que el poder central o la policía están involucradas: los casos de “gatillo fácil” impunes y las escasísimas sentencias a las redes de poder que participan en las economías delictivas como robo de automotor, narcotráfico, trata de personas, etc., son muestra de ello. Sumado a una lógica que resulta oscura e incomprensible para la mayor parte de la sociedad, el reclamo sobre el poder judicial se diluye a la hora de plantear soluciones. Se desvanece la importancia de su rol. Generalmente, aparece como un actor incuestionable, que pretende situarse más allá de los conflictos y debates sociales, se trata de un poder que no necesita dar explicaciones a nadie de sus decisiones debido, entre otras cosas, a la

SEGURIDAD

EL SISTEMA JUDICIAL: UNA ESTRUCTURA AUSENTE EN EL DEBATE

Juan Paz y Emilse Barbosa. Medio-Medio. Fotomontaje, fotografía digital, toma directa. Detalle. 2009.

[Entrevista al Dr. Enrique Font]

ECONOMÍAS DELICTIVAS, COMPLICIDAD POLICIAL Y CONNIVENCIA JUDICIAL Enrique Font es abogado, docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario y desde 2009 coordina la Secretaría de Seguridad Comunitaria de la provincia de Santa Fe, que desarrolla políticas y programas de participación ciudadana orientadas a la prevención del delito. Estuvo en Córdoba participando de la presentación del libro Seguridad y política criminal desde la perspectiva de los Derechos Humanos, de Valeria Plaza Schaefer y Pablo Semle, editado por la UNC. En diálogo con Hoy la Universidad, reflexiona sobre el rol del Estado y las posibilidades concretas de construir e implementar políticas públicas superadoras de las concepciones represivas.

– Eso obliga a pensar políticas públicas de seguridad involucrando más variables que la cantidad de policías. Y frente a datos más o menos fiables y concretos como la tasa de homicidios, es fundamental complejizar el fenómeno para evitar las respuestas lineales, casi automáticas. –E.F.: No tengo datos precisos de Córdoba, pero en Santa Fe o Rosario –que son las ciudades que más conozco–, el porcentaje de homicidios en ocasión de robo representa alrededor del 17%, siempre me-

nos del 20% del total. El resto, como es común en los homicidios, ocurre entre personas que se conocen, porque tienen vínculos de parentesco, de vecindad y en los últimos 10 años porque comparten participación en economías delictivas dominadas, aprovechadas o gerenciadas por la institución policial. El grueso de las víctimas y victimarios en los homicidios son varones, jóvenes entre 18 y 23 años, de sectores populares de la ciudad, pero no de todos los sectores. En Santa Fe hay 5 enclaves donde se concentran los homicidios y en Rosario 4 como mucho. Lo que coincide son estas expectativas y exclusiones, estas inclusiones culturales pero exclusiones materiales, superpuesta con la economía de cierta organización en términos de drogas, armas, captación de mujeres para explotación sexual y trata, que terminan resolviéndose de manera violenta. Un dato más: si uno desagrega estas tasas, Santa Fe ciudad tiene una de las tasas más altas de las ciudades medianas del país. Ha hecho pico de 20 homicidios cada 100 mil habitantes, cuando Buenos Aires, Rosario y me imagino que Córdoba también deben andar en 5, 6 o 7 cada 100 mil habitantes por año. O sea, una tasa que triplica o cuadruplica a otras ciudades de la provincia y eso escandaliza socialmente, pero cuando uno georeferencia este dato y a la tasa la desagrega por barrio, se da cuenta que la Santa Fe blanca e instruida tiene una tasa suiza –menos de 1 cada 100 mil– y algunos parias de barrios del sector oeste, tienen tasas mexicanas o colombianas. Ahí la otra variable, que es un dato no menor en Argentina, tiene que ver con el rol que han jugado en el gerenciamiento de economías delictivas de mayor o menor envergadura y organización, las instituciones policiales, con tolerancia y connivencia de los poderes judiciales, y en algunos casos concretos con aprovechamientos políticos de esos mecanismos de circulación de dinero y de poder, si no sería muy difícil que se sostengan. Las condiciones sociales pueden situar a grupos completos de personas en una posición en la cual su forma de construir identidad, redes, vínculos, reconocimiento y respeto en su barrio sea perteneciendo a una banda, teniendo un arma,

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– Enrique Font: La aparición de la seguridad en la agenda pública y en la de los medios responde a un fenómeno que sería ingenuo ignorar, y es que en la segunda mitad de los años 90 hubo un aumento de delitos, particularmente de los delitos oportunistas. Lo que en criminología llamaríamos los delitos de los débiles, cometidos por personas en situación de vulnerabilidad, de maneras muy rudimentarias, a veces con ciertos niveles de violencia y otras no. Hubo un aumento, pero hay que ser muy cuidadoso, porque es muy difícil medir las variaciones en los delitos, no hay en la Argentina una tradición que permita medirla; por ejemplo, la encuesta de victimización se empieza a hacer en este país cuando el delito ya es un problema y entra a la agenda política. Sin embargo, hay algunos indicadores que sí podemos tomar, como la tasa de homicidios dolosos, que es un dato bastante fiable dentro de lo que es el delito registrado, y marcan en casi todas las ciudades del país incrementos relativamente significativos. Digo relativamente significativos porque si comparamos con los restantes países de América Latina e incluso del continente y metemos a Estados Unidos en la ecuación, nos encontramos que Chile, Uruguay y Argentina son los países más bajos en delito, tomando tasas de homicidio. Por otro lado, también es cierto que de una tasa más o menos baja –2, 3 y 4 homicidios por cada 100 mil habitantes por año, depende de las ciudades– la evolución en la segunda mitad de los años 90 hace un crecimiento que llega a 10, 12, con picos de 20 y más en algunos puntos del conurbano bonaerense. Luego se ameseta y vuelve a tener una tendencia de baja, hablando de los últimos 20 años, de 1990 a 2010. También hay otro elemento vinculado a

la entrada en agenda que es la crisis de legitimidad de las instituciones policiales, que tienen quizás dos fuentes interrelacionadas, pero que son diversas. Una es propia de todo proceso de democratización: una sociedad que sale de una dictadura, comienza a reevaluar el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía. Las Fuerzas Armadas fueron objeto de una discusión explícita en la transición democrática, pero la Policía en cambio apenas si fue abordada por algunas universidades y algunos centros de derechos humanos. Una institución que en un proceso de democratización, tarde o temprano debe ser puesta en cuestión. Y la otra cosa que le hace entrar en crisis de legitimidad es el hecho del aumento mismo del delito. Vivimos en una sociedad donde la idea predominante es que la seguridad es el resultado del tipo de intervención policial. Entonces, los aumentos del delito hacen poner en cuestión si realmente esa institución está cumpliendo con su trabajo. Los que estudiamos esto sabemos que el impacto de la institución policial en términos del delito no es menor, pero no es la clave para hablar de aumentos o descensos del delito. Las intervenciones policiales no tienen un impacto significativo, porque sabemos que lo que impacta sobre los niveles de delito son fuerzas mucho más intensas en términos de tensiones que se producen entre expectativas sociales de ciudadanía, de inclusión, de acceso a bienes y la forma en que esas expectativas resultan frustradas para sectores amplios de la población.

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– La seguridad viene siendo un tema muy presente en la agenda política, mediática y social. Aparece como uno de los principales problemas ciudadanos, sin embargo da la impresión de girar casi cíclicamente sobre los mismos tópicos. ¿Cómo han evolucionado la situación y los debates en torno a esta problemática?

participando fluctuantemente en el delito. Ahora, si no hay una estructura que sostenga esa actividad y que genere recursos a partir de allí, esa actividad no se da. Pensar que el delito hace pico en los 90 en la Argentina es pensar justamente la intensificación de la cuestión social junto con el momento de máxima corrupción y degradación del Estado. – En los debates sobre la seguridad aparecen dos extremos muy alejados: por un lado, el discurso público que pide relajar leyes vinculadas a la protección de las garantías constitucionales, y por el otro, la idea de que esto no se resuelve hasta tanto no se modifiquen sustancialmente las relaciones sociales, la inequidad, la pobreza. En esa gran distancia que hay entre ambos, ¿se puede hacer algo? – E.F.: Estamos hablando de algo cuya complejidad no debe ser simplificada, pero que tampoco impide intervenir, porque esa es la otra cuestión. Yo desde hace un año soy Subsecretario de Seguridad Comunitaria de la provincia de Santa Fe y estamos llevando adelante intervenciones con mucho éxito y mucho aprendizaje. Primero seleccionamos los barrios con tasas más altas de homicidio, tras identificar dónde está el problema de los jóvenes matándose entre sí. En estos lugares tuvimos la oportunidad –antes de llegar al cargo–, a través de otro proyecto, de hacer un trabajo de investigación cualitativa de la situación, y nos encontramos con que los jóvenes en general, pero en particular los que constituían su identidad a partir de la pertenencia a una banda y participación fluctuante en el delito, tenían vínculo nulo con el Estado. El único vínculo que habían tenido, interrumpido, había sido la escuela, con una salida traumática en general o expulsiva, y les quedaba el vínculo problemático con la policía. En un contexto de mucha violencia, de hipermasculinidad, donde el dispensario o el centro cultural eran vistos como lugares femeninos y por lo tanto rechazados. También nos dimos con otro dato: una imposibilidad de moverse en la ciudad,

común a muchos de los jóvenes de sectores populares, por las prácticas policiales, donde además, los que tienen pertenencia a bandas, muchas veces ven restringida su movilidad a un pasillo o a una cuadra en el propio barrio por los conflictos con las otras bandas del propio territorio. Con fuerte presencia de armas, funcionan siempre como actores intercambiables y periféricos de economías delictivas un poco más organizadas (no en todos los casos, hay un ir y venir en eso). Y un dato más, el futuro desde la propia visión de estos jóvenes es que se termina muerto. La respuesta a cómo se imaginan en 10 años es “muerto”, otra posibilidad es “preso” y esto no lo dicen pero ir preso significa morirse joven en general. Esa es la percepción de futuro. Por otro lado, y este no es un dato menor, incluso quienes están construyendo identidad ya vinculada al delito, hacen otras cosas, su vida no es sólo el delito, tienen otros tipos de vínculos y contactos. Y también es cierto que sin ninguna intervención del Estado, de ningún psicólogo ni de nada, un porcentaje importante, por un tema de maduración y de su biografía, salen y se rescatan de esa actividad. Esos elementos te permiten pensar una intervención que responda al fenómeno tal cual como está; primero es reconocerle su identidad, salir a buscar a aquellos que son difíciles de alcanzar para el Estado, diciéndoles: “Te vengo a ver a vos porque vos perteneces a La Banda del Pasillo, a La Banda del Gauchito Gil, por eso, porque sos ése y no porque quiero que seas otro, porque te estás cagando a tiros con aquellos y por eso vengo a construir un vínculo con vos”. La segunda es un vínculo focalizado en términos de contacto, ahí la propuesta fue abrirles el juego a toda oferta que hubiera: esparcimiento, deporte. Nos dimos cuenta que resultaba muy atractivo cualquier oferta que significara salir, moverse, irse un poco a otro lado. Esto fue una política posible no desde el área de seguridad, sino desde el Gabinete Social, e involucró a todos los otros ministerios. Porque empezar a hacer esto implica repensar la política, lográs que lleguen a la actividad

deportiva del verano con el resto de los jóvenes y tenés líos con los profesores de educación física. Entonces necesitás una estrategia muy cerrada a nivel gobierno en todos sus niveles que te permita rediscutir qué hacer con el profesor de educación física. Estamos saliendo con una estrategia bastante innovadora a nivel de emprendimientos sociales, siempre pensando que tiene que competir con lo que tiene de atractivo el delito, con lo cual tiene que ser colectiva, muy flexible –pibes que a la mañana muchas veces no se van a levantar, que van a estar “dados vuelta” la mitad de las veces que los vas a buscar–, fuertemente expresiva, que tenga una fuerza estética que permita comunicar y construir identidad, y que genere vínculos y reconocimientos que no sean necesariamente los del delito. La aspiración obviamente es reforzar los procesos que ya existen: si unos cuantos zafan, que zafen algunos más, que se mueran menos, que caigan menos presos, y empezar a demostrar desde el Estado que se puede hacer una política distinta. El impacto en el barrio cuando se puede hacer eso es increíble. Y estoy hablando de una política muy pequeña, muy puntual, sin alterar las grandes variables socio-estructurales que a veces están fuera del alcance de una gestión. – En Córdoba, el auge de Blumberg fue inmediatamente después del motín de la cárcel de San Martín. O sea que mientras la realidad evidenciaba que las cárceles estaban saturadas y sobrepasadas, el apoyo a Blumberg reclamaba más policías y más detenciones; es decir, endurecer las políticas públicas porque eran demasiado garantistas. Y desde allí, el motín como prueba de la violencia de los presos y la importancia de tenerlos privados de su libertad. ¿Cómo se puede pensar una mirada diferente de la seguridad en ese marco de discusión? – E.F.: Lo primero y fundamental es lograr un acuerdo político multipartidario. Un acuerdo base, muy base de qué cosas sí y qué cosas no en materia de políticas de seguridad. Eso es algo que va a costar mucho,

tante interesante que es el “Acuerdo para una Seguridad Democrática”, que reúne a referentes de varios partidos políticos, expertos, universidades, un abanico importante. Allí lo que se planteó fue una especie de piso político a construir en la legislatura nacional, para llevar a las provincias. Lo interesante va a ser la oportunidad de cruzar eso con una experiencia concreta en territorio. Pero todo eso requiere de una madurez política que hoy parece no estar. Hay que trabajar en dos sentidos: la disputa cultural y la necesidad de mostrar resultados rápidos. Y ahí es donde las reformas de la institución policial son un punto clave, porque si hay algo en donde la policía puede influir de manera rápida es desarticulando economías delictivas: las redes de desarmaderos, los grandes esque-

mas de tratas, los puntos fuertes de venta de droga en los barrios –que además son los que te meten las armas entre los pibes–. Y no es que la institución policial no conozca estos espacios, los conocen porque es el lugar donde van a recaudar, la diferencia es que ahora les estás pidiendo que vayan a cerrar. Por otro lado, que el poder judicial se comprometa en llevar adelante investigaciones que salgan del hecho chapucero y pueda empezar a liderar investigaciones mucho más serias, por ejemplo: si se voltean 3 o 4 cocinas de pasta base en la ciudad en un período de 6 o 7 meses, ahí hay un procedimiento que depende del poder judicial y que tiene que ver con cruces de llamadas, circulación del dinero para ver a dónde fue a parar todo ese caudal de efectivo. Uno se llevaría muchas sorpresas, por

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pero sin eso va a ser imposible abordar cualquier cambio. Uno podría decir tengo los equipos, tengo la voluntad política y tengo presupuesto (que es otro de los temas importantes). Pero a todo esto hay que garantizarle viabilidad, porque la seguridad es un área donde la oposición puede fácilmente atacar a cualquier ejecutivo. Sobre todo en ciudades grandes donde el tema está fuertemente instalado y arraigado en la agenda pública. Además, encarar políticas integrales de seguridad implica encarar reformas serias dentro de los poderes judiciales y de las instituciones policiales, en los lugares donde todavía no fueron hechas. Y se trata de dos actores que tienen gran capacidad para generar conflictos importantes en materia de seguridad, por eso un acuerdo político es clave. Hoy en Argentina hay un espacio bas-

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Juan Paz. Camaleónicos. Collage y fibra s/ papel con intervención digital. 21 cm x 29,5 cm. 2010.

Dr. Enrique Font

ejemplo encontrarse con que el boom inmobiliario en las grandes ciudades tiene bastante que ver con la evasión impositiva de la soja y la cocaína. Esas son las investigaciones pendientes todavía. – Este es un año fuertemente electoral y el tema de la seguridad va a ser uno de los ejes de debate más importantes. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para dar ese debate y desarmar falsas asociaciones o argumentos falaces? – E.F.: Primero creo que pensar que se va a dar una discusión al respecto ya es un rasgo de optimismo importante. No creo que ninguno de los partidos de centro izquierda plantee nada más o menos piola en materia de seguridad. Por lo general se trata de no hablar, nadie te va a decir si va a hacer una reforma policial. Posiblemente aparezca una retórica cambiada que se podría traducir como profesionalizar la fuerza policial, educarla y equiparla mejor. Más o menos ahí se va a terminar la discusión. Sobre todo en los lugares en los que la elección esté más peleada, nadie va a hacer política por ese lado. La discusión no es fácil, sobre todo por los tiempos mediáti-

cos, y en eso creo que hay que ser muy efectistas en demostrar por qué la receta que se viene llevando adelante no funciona, como tampoco les funciona a países más desarrollados que vienen aplicando las mismas políticas, porque no reduce el delito y estamos cada vez peor. Y después, pegar en dos o tres cuestiones que pueden llegar a la sensibilidad de los que están con un pie de cada lado, por ejemplo, decir que vas a hacer un trabajo serio para combatir el delito organizado y dar algunos ejemplos te suma a los mano dura también, y a vos no te resta nada en tu discurso porque esa es una cosa que hay que hacer: cerrar desarmaderos, voltear las grandes cocinas, desactivar redes de trata. Lo fundamental –a la hora de hablar pero sobre todo cuando uno quiere pensar políticas– es abordar la especificidad del fenómeno porque las variables que intervienen son diferentes: no es lo mismo si hablamos de los delitos comunes que venimos hablando hasta acá que si uno quiere hablar de red de trata, o de evasión impositiva sistemática, o de lavado de dinero. Lo primero que tenemos que hacer es desagregar rápidamente el tema y tratar de pensar a cada uno en su fenomenología y

después ver cómo se vinculan. Los jóvenes de sectores populares vinculados al delito hoy tienen una facilidad para conseguir armas que no tenían hace diez años. Esto se vincula básicamente con el temor de una clase media baja para arriba y de ahí un impulso a la compra de armas, porque las armas que llegan a estos circuitos no bajaron de un asteroide: las fabricó alguien, otros las compraron y otros las robaron, las revendieron. También abordar el rol que cumple la policía en la circulación de armas: si hoy recorrés cualquier provincia de la Argentina te encontrás con que el nivel de control que existe en los arsenales tanto de armas propias como de las secuestradas es calamitoso. Buena parte de las armas que están apareciendo en delitos importantes han sido robadas a sus legítimos dueños o salieron (por corrupción) de los arsenales policiales de donde fueron vendidas o alquiladas. Son dos fenómenos distintos: cómo limitás o restringís la compra de armas de la sociedad civil, y cómo establecés mecanismos de control riguroso para las armas del poder judicial y la policía. Por eso hablamos de darle mucha especificidad a cada fenómeno, porque las condiciones son dis-

tintas, los actores que intervienen cambian, y la forma de intervenir también.

– ¿Cuáles son los sujetos a los que debe involucrar una discusión sobre seguridad? ¿Qué otros actores hay más allá de la policía y el poder judicial? – E.F.: Esto tiene que ver con la pluraliza-

ción o multiplicación de actores donde dar cabida a otras instancias del Estado o a la participación ciudadana y está pensado como una estrategia con la potencial capacidad para cambiar la lógica de intervención policial. Como decíamos antes, la definición con especificidad no sólo te permite entender mejor las condiciones de posibilidad del fenómeno, sino que te deja ver con más claridad la trayectoria del fenómeno, ver cuáles son las causas de fondo. En Santa Fe hicimos una experiencia con las salideras bancarias, antes del quilombo a nivel nacional del año pasado. Primero mucha especificidad, recopilación de datos, cruce de información. Sumamos a la banca pública y privada, a la Cámara de Empresas de Seguridad Privada y a las propias empresas, a la Asociación Bancaria (en representación de los trabajadores del banco), a la municipalidad por el control de las zonas adyacentes y a la fiscalía donde recaían estas causas. Lo interesante, en primera instancia, fue la contraposición de intereses y de cómo en algunos bancos el personal de la seguridad privada estaba atento a los movimientos dentro del banco y, en otros casos, se transformaban en personal de apoyo, repartiendo números, acomodando sillas, ordenando la cola. Después te encontrás con algunas estrategias más o menos razonables que están buenas para replicar. Por ejemplo, algunos bancos municipales recibían quejas de los jubilados porque los habían estafado con el dinero y descubrieron que los días de cobro se juntaban muchos taxistas en la parada para cambiarles el dinero. Lo que hicieron fue que su personal de seguridad, esos días en particular, diera un recorrido más o menos frecuente del banco a la pa-

rada y los taxistas salían rajando. Eso que parece muy básico fue una solución efectiva. Meter actores diversos te permite mirar de diferentes maneras el fenómeno y además empezás a acorralar un poco a la policía. Los bancos empiezan a compartir información respecto de quiénes hacen las salideras y cómo, ponen a disposición las filmaciones y así les van quedando pocas excusas para no responder efectivamente al problema. Metés presión a la fiscalía para que trabaje los casos de otra manera. El tema de las salideras para las áreas de comando radioeléctrico es un negocio gigantesco porque vos agarrás a un tipo con 30 mil dólares en el bolsillo y le decís “dame la plata y andate”. No es sólo el arreglo, incluso cuando no hay arreglo. Y cuando tenés estos datos también podés abordar la discusión pública. Bajás las lógicas de mano dura, tenés un discurso mucho más razonable que el resto, porque de todos estos cruces terminás sabiendo más que cada uno de los actores por separado

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– E.F.: Ahí hay una estrategia comunicacional bien utilizada, le entro al tema por las ideas que están bien instaladas y después me voy a discutir cuestiones más profundas: “Sí, estamos muy preocupados por los arrebatos y los motochorros, pero el problema es el alto grado de informalidad que tiene el mercado de motos: porque los concesionarios te venden sin patente, porque no se registran cuando se roban” y así vamos entrando a la especificidad del fenómeno. El pibe que va y roba un auto de alta gama (que se roban con un fierro y con la llave puesta porque no hay otra manera) lo larga en el estacionamiento de un centro comercial 2 o 3 días para que se enfríe por si tenía seguimiento satelital; otra parte (nodalmente conectada porque no se organizan en pirámide) es la que saca el auto del centro comercial y lo lleva al lugar donde lo van a desguazar. Entonces viene otro momento que es el de juntar las autopartes y meterlas de Gran Buenos Aires a Capital Federal para hacerlas circular en las redes de venta al público, que es la otra pata del robo de automóviles. Y en el otro extremo del robo está el mismo tipo que quiere fusilar a los pibes que roban autos comprando las autopartes en negro porque consigue mejor precio. Desarmar la especificidad de cada delito en términos de economía también te permite argumentar muy rápidamente y lo entiende cualquiera, porque lo primero para combatir el robo de autos es que los dueños de esos vehículos no compren autopartes en negro o de dudosa procedencia.

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– Sin embargo, cuando por lo general se habla en los medios de seguridad se focaliza puntualmente en los jóvenes de barrios periféricos y sectores populares…

[Código de Faltas, una herramienta para la violación de derechos]

EL MISTERIO DE LAS TRES FOTOS Dr. Horacio Javier Etchichury*

Código de Faltas (del lat. codiculus –codicilo–, y del lat. vulg. fallita), o Ley 8.431. Dícese de la norma provincial cordobesa que permite a la Policía arrestar personas sin orden de autoridad judicial, trasladarlas bajo detención preventiva y sentenciarlas a penas privativas de libertad, todo ello sin necesidad de abogado defensor. 1. TRES FOTOS a) Detención Ésta no sé quién la sacó, pero es típica. Mirá: es de noche, pero temprano todavía. A mitad de cuadra en una calle bien cerca del centro (la Fructuoso Rivera, quizá). La camioneta del CAP, con ese animal print represivo. Se ven dos policías, a lo mejor un tercero salió de cuadro. De cara a la pared, callados y serios, cuatro chicos. Cuatro gorritas, ocho brazos flacos extendidos, ocho pies separados, con zapatillas. Nacieron –a ojo te digo– un poco después del saqueo de YPF, cuando Menem posó con los Stones en Olivos. Ahora tienen la edad de tener derechos: quedaron detenidos, los cuatro, antes de llegar al centro. No hubo orden judicial. Así lo autoriza el Código de Faltas (aprobado en 1994 bajo el gobierno de Eduardo Angeloz), porque es una detención “preventiva” (Art. 123). Quizá les aplicaron el Art. 98: merodeo. Según el Código es “estar en actitud sospechosa”. No sé cómo hacer para no parecer sospechoso. No hace falta que nadie te denuncie. Basta el olfato policial. Este artículo lamentable permite detener

a la gente por la cara. Algo dijo Gustavo Vidal Lascano, cuando era Fiscal General de la Provincia. Reconoció que la figura es “polémica”. Después agregó: “Yo tendería a pensar que es inconstitucional, pero también es útil para la policía si tenés en la puerta de tu casa dos tipos que te vigilan. No me animaría a decir si hay que sacarlo o no del Código de Faltas”. Sí, como escuchaste: algo parece inconstitucional, pero él no se anima a decir si hay que derogarlo. Está en La Mañana de Córdoba del 19 de agosto de 2005. O tal vez acusaron a los cuatro pibes por el Art. 79: omisión de identificarse. O sea: no tenían el DNI, o si lo presentaron, no contestaron las preguntas formuladas por el personal policial. El DNI es el pasaporte de los pobres en Córdoba. Te lo pide el CAP, nuestra policía de fronteras. Ya sé, el derecho a circular está en la Constitución (Art. 14), que también prohíbe detenciones arbitrarias (Art. 18) y asegura el derecho a estar tranquilo, sin que el Estado te pregunte a cada paso quién sos y adónde vas (Art. 19). Lo sé y lo sabés. Pero decíselo a estos cuatro chicos. Sus detenciones son apenas cuatro de las 55 mil (sí, cincuenta y cinco mil) que hubo en 2009. No me mirés así: la Policía informó oficialmente que durante 2010 hizo una detención cada diez minutos. Está acá, ¿ves? En la tapa de La Voz del Interior del 7 de septiembre del año pasado. Diez minutos, una detención. Seiscientos segundos después, otra. Y así.

b) Prisión Uh, pero ésta es peor. Mirá bien el portón de chapa, el paredón blanqueado, el amontonamiento de mujeres y chicos. Por ahí se entra a la ex cárcel de Encausados, en Belgrano al 1300. Un edificio de casi 100 años, tétrico; en 2008 murió un joven por meningitis. Hasta la Justicia cordobesa declaró insalubre al lugar y ordenó que en 2010 lo cerraran. No importa: sigue siendo la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), donde ponen a muchos de los detenidos por faltas. Mirá cerca del portón. Los policías traen dos pibes. Veintipico de años, parece. Tienen susto en la cara: debe ser la primera vez. Seguro los levantaron por consumo de alcohol en la vía pública (Art. 61). No están borrachos, porque eso es otra falta (ebriedad escandalosa, Art. 62). Estos pibes van presos por tomar cerveza en la vereda. En la mesita de un bar, aunque sea a la vista de todos, entonces no hay falta. El problema no es el alcohol; el problema es quién lo toma. La foto no muestra ningún abogado defensor. No hay. Así es: preso, pero sin abogado. El código dice que la defensa letrada “no será necesaria en ninguna etapa del proceso” (Art. 15). Y eso se cumple. Yo también lo leí en la Constitución: “es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos” (Art. 18). No me lo digas a mí, decíselo a Juan Schiaretti. El ministro de Gobierno, Carlos Caserio, no ve problemas. Dice que el Código está en un “punto medio razonable”, que es “adecuado”. Mirá, salió en La Voz del Interior,

c) Sentencia Ah, ¿ves? En esta foto se ve a la “justicia”: un policía firmando un papel. Un gesto mecánico, un garabato más del largo día. En el Código de Faltas, la sentencia la dicta un comisario (Art. 114). Te puede dar hasta 20 días de arresto sin preguntar a nadie, a sola firma (Art. 119). El castigo por el crimen de tomar cerveza en el cordón, de no llevar documentos, de ejercer la prostitución molesta o escandalosa (Art. 45). Antes que me preguntes: Caserio tampoco ve problemas con que te juzgue un policía. La Convención Americana de Derechos Humanos dice que solamente un juez independiente e imparcial puede dictar sentencias (Art. 8). El comisario no es independiente: depende del Gobernador. No es imparcial: resuelve sobre la acusación hecha por otro policía. Y bueno, ya sé. Quince o veinte días después de la detención, los pibes vuelven a “firmar”, a notificarse de la decisión del comisario. Aunque formalmente pueden pedir que un juez (de verdad) revise la sentencia, muy pocos lo saben. Una flor de condena les

queda clavada en sus antecedentes. Ahí estará por dos años (Art. 11). Tomó una cerveza en la vereda en la madrugada del domingo 1 de mayo de 2011. Una mañana luminosa, la del jueves 2 de mayo de 2013, esa mancha sale de mi certificado. Recién entonces, podré presentar antecedentes limpios para conseguir un trabajo en blanco. Mientras tanto, llevo la marca de los condenados.

2. UNA CONVERSACIÓN – Esperá. Me parece que con tres fotos no podés destruir un código. – Son más de tres. En 2010 pudo sacarse una foto cada diez minutos. – Es igual. ¿No creés que el Código de Faltas puede servir? Necesitamos que la Policía pueda detener, que pueda actuar. Si un tipo está acuchillando a alguien, ¿tenemos que esperar la orden judicial? – ¡Para nada! Es un delito y se está cometiendo... la Policía debe actuar entonces, y está autorizada. – ¿Y entonces? ¿Por qué no prevenir? ¿Por qué no permitir que la Policía actúe antes de que el delito se cometa? – ¿Cuánto tiempo antes? Porque si está a punto de suceder, los agentes pueden intervenir. – Está bien... yo digo antes. Cuando un tipo está reconociendo un lugar para venir a robar, por ejemplo. – Pero ¿cómo hacés para saber que está preparándose para robar? ¿Cómo lo distinguís de alguien que está paseando?

– Bueno, eso se sabe. – ¿Cómo? – Si no es del barrio, si no tiene nada que hacer en el lugar... – ¿Y entonces? ¿Uno no puede ir a un barrio que no sea el de uno? – Sí, pero cuando tiene algo para hacer. – ¿Te parece que vale la pena arrestar a una persona solamente porque no tiene claro para qué fue a un barrio que no es el suyo? ¿Te parece que la Policía use su tiempo y nuestro dinero para llenar patrulleros con desorientados? – No, con los que están preparando un delito. – Ojalá se pudiera saber con tanta facilidad. – O en todo caso, si la gente quiere pasear, que lleve su DNI. Si no tiene nada que esconder, que lo muestre. – ¿Y para qué? – Para ver si no hay un pedido de detención. – Debería ser al revés. Primero hacemos la lista de las personas que queremos detener. Después salimos a buscarlas. ¿No te parece ilógico andar parando personas al azar a ver si hay que arrestarlas? ¿Qué probabilidad de acertar tenés con ese sistema? – A lo mejor, pocas. Pero cuando la Policía anda en la calle, eso sirve como disuasión. – ¿Disuasión de qué? – Disuasión contra los delitos. – Claro, pero la Policía no arresta solamente delincuentes. También a los que toman cerveza en la vereda, o a los que no tienen DNI. Entonces, el Código disuade también de ir al centro o juntarse con los

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también el 7 de septiembre pasado. Ya sé que no hay abogado defensor, si yo te lo dije. ¡Bueno, pero el ministro no ve problemas! Hablá con él, qué sé yo. Los chicos se quedan ahí uno o dos días, mientras llega su “planilla” de antecedentes. Si no tienen pedido de captura, los largan. Pero tienen que volver a los quince días, más o menos. ¿Para qué? Dame la otra foto.

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Mariana Di Rienzo. Dialéctica del valle y la montaña. Intervención “Colectivo Palomita”. Casa 13. Pliegues en papel s/pared. 240 unidades, 7,5 cm x 7,5 cm. 2010.

Mariana Di Rienzo. Dialéctica del valle y la montaña.

TU LIBERTAD DEPENDE DEL HORARIO El “hábeas corpus”, consagrado en la Constitución (Art. 43), obliga al juez de turno a prevenir o impedir detenciones injustas o ilegales, pudiendo además ordenar la libertad de la persona arrestada. Pero en Córdoba, si la detención por faltas se produce por la noche o en un fin de semana (o en día feriado), es probable que el “hábeas corpus” se tramite recién el día hábil siguiente. Durante dos o tres días, no habrá protección judicial. Sólo por una cuestión de horario. El 6 de octubre de 2010, tres organizaciones de la sociedad civil presentaron una nota al Tribunal Superior de Justicia, pidiéndole que adopte un procedimiento para tratar inmediatamente los “hábeas corpus” presentados fuera del horario de oficina. La solicitud cuenta con más de 150 adhesiones, incluyendo las de jueces, fiscales, juristas y profesionales de todo el país, y las de organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos. Casi seis meses después, el Tribunal Superior sigue sin responder a la nota.

amigos. Cosas que no son delitos. – A veces hay que sacrificarse un poco, por la seguridad de todos. – ¿Sacrificar a todos o a algunos? Porque la Policía no arresta a cualquiera. – A todos, si hace falta. – ¿Te parece casual que más del 50% de los detenidos en 2009 tengan menos de 25 años? Son datos oficiales, eh. ¿Hay algo en esa edad que los vuelva mala gente? – No, quizá no sea casualidad. Seguro habrá algunas arbitrariedades, algo de prejuicio contra los jóvenes. Puede ser. Pero eso no invalida el Código como herramienta. – Supongamos que se cometen errores. ¿Quién los controla? En este sistema no hay abogados defensores, ni hay un juez. La Policía detiene, acusa, juzga y condena. ¿Te parece sensato darle todo el poder a una sola institución? – Quizá por un tiempo. Como medida urgente, para detener la ola delictiva. Puede ser útil. – ¿Estamos más seguros con el Código de Faltas? ¿Creés que detener a una persona sin documento nos salva de un asalto, de un homicidio? Y arrestar gente por estar “en actitud sospechosa”, ¿en qué ayuda a la seguridad? Detener a una mujer que

ejerce la prostitución en la calle, ¿te tranquiliza? – Dicho así parece absurdo, claro. Pero muchas veces son la punta de un ovillo. Puede llegarse a un tratante de personas, a una banda que roba autos, a un secuestrador. – ¿Y no se puede ir directamente al ovillo? – A veces no se puede esperar. Hay que dar señales, mostrar movimiento.

3. COSAS QUE NO PASAN Supongamos que alguno de nuestros tres poderes quisiera corregir estas fotos. El gobernador Juan Schiaretti, como jefe supremo de la Policía, puede ordenar que se asigne abogado defensor a cada detenido por faltas. Parece difícil: lleva más de tres años gobernando y nunca dio esa sencilla orden. ¿Y Luis Juez, Oscar Aguad o José Manuel de la Sota? ¿Están dispuestos a garantizar el derecho de defensa de miles de cordobeses? La Legislatura tiene muchas opciones. Puede reformar o derogar el Código para asegurar que la Constitución se respete en Córdoba, que tenga vigencia incluso en la

UCA. O al menos, puede designar los jueces de faltas que reemplacen a los comisarios, algo que se viene postergando desde 1994. Legisladores de las bancadas minoritarias han intentado, en estos años, plantear la discusión. ¿Qué proponen quienes se candidatean este año a las bancas provinciales? ¿Defenderán al Código cuatro años más? El Tribunal Superior de Justicia puede actuar ya mismo. Tiene la facultad de dictar “normas prácticas” para la aplicación del Código (Art. 127). Podría ordenar que se provea abogado defensor a cada persona detenida, o que la “planilla de antecedentes” se espere en libertad. Hasta ahora, las miles de fotos parecidas a las tres que vimos no lograron conmover a ninguno de los tres poderes. Siguen aceptando que haya presos sin abogado, y sentencias sin juez. 4. COSAS QUE SÍ PASAN Muchas personas golpeadas por el Código de Faltas se organizan. Comprenden la injusticia de sus detenciones. Exigen al Estado que respete los derechos que dice sostener. A veces invocan letras de la ley;

Mariana Di Rienzo. Dialéctica del valle y la montaña.

Digamos a la Legislatura que el Acuerdo merece discutirse. Escribamos a Oscar

5. FINAL CON MISTERIO El Código de Faltas viola derechos constitucionales, afecta a miles de cordobeses y no parece que ayude demasiado a evitar delitos. ¿Por qué sigue vigente? Opción 1: Porque sirve para dar “sensación de seguridad”. Los chicos parados de espaldas a la camioneta del CAP, los arrestos masivos, la tapa del diario que dice “una detención cada diez minutos”. Esas cosas alivian el temor de la gente, siempre y cuando no se pregunten las razones del arresto. Se usa a la gente detenida para mejorar la imagen del gobierno: “Mirá cuántos presos, algo están haciendo”. Opción 2: Porque golpea a personas que no están organizadas, ni tienen demasiadas conexiones o recursos. El Código no es la única violación a sus derechos. Aunque son miles, les falta el dinero y el tiempo para formarse como un sujeto político capaz de exigir un trato justo.

Opción 3: Porque da libertad de acción a la Policía. Mejor dicho: a la cúpula, porque la organización es vertical y no hay derecho a sindicalizarse. El Código refuerza la idea estrecha de que la “seguridad” viaja en un patrullero. Permite olvidar que el crimen tiene más de una causa, y por lo tanto, más de una solución. Dejar el asunto en manos de la jerarquía policial evita ciertas preguntas. Si la economía crece, ¿por qué sigue habiendo delitos violentos contra la propiedad? ¿Acaso la buena fortuna del país no bendice por igual? ¿Y si nuestra prosperidad fuera injusta? ¿Qué tendríamos que hacer? Y peor aún: si supiéramos lo que hay que hacer, ¿nos atreveríamos? El Código nos deja soñar que el remedio consiste en agregar patrulleros

[*] Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC. Investigador del CONICET.

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Campana (presidenciapl@legiscba.gov.ar), a los legisladores, a los candidatos, para dejar claro que no toda la gente de Córdoba quiere sacrificar la libertad de los demás.

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otras, solamente su propia humanidad. La Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR) conoce el peso del Código. Y del prejuicio que convierte en falta al trabajo sexual. Tras diez años de lucha, hoy hablan alto, con su propia voz, como un sujeto frente al Estado. Algo parecido pasa con el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos. Cada noviembre esta agrupación reúne a miles de cordobeses en la Marcha de la Gorra. Se trata, apenas, de venir todos juntos al centro. Sin el “pasaporte”, sin tener que mostrarlo. Ejercen el derecho de expresarse a través del derecho a caminar libremente. Llevando en la cabeza el adorno que uno quiere. Cuando tener gorra se convierte en una protesta, ya podemos estar seguros de que vivimos bajo una ley insana. AMMAR y el Colectivo, junto a más de 40 organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, firmaron en octubre de 2010 el Acuerdo Democrático para el Cambio en Materia de Faltas. Lo enviaron al Presidente de la Legislatura, Oscar Campana, y a cada integrante del cuerpo. En 19 puntos se resumen las exigencias mínimas de estas organizaciones. Se trata, poco más o menos, de proteger el derecho de defensa y de acceso a la justicia, y de eliminar los superpoderes policiales. El texto está en http://codigodefaltas.blogspot.com

[Los límites constitucionales al poder de castigar del Estado no existen cuando quienes cometen delitos son jóvenes ]

HACIA UN DEFINITIVO CAMBIO DE PARADIGMA Dra. Marysel Segovia y Dra. María Eugenia Valle* ctualmente como sociedad nos estamos preguntando qué vamos a hacer con aquellos niños y adolescentes transgresores de la ley penal, qué se ha venido haciendo y qué se podría hacer. De cómo nos formulemos las preguntas a este problema, dependerán las respuestas o soluciones que podamos encontrar. Cuando nos interrogamos, todos partimos de un determinado contexto, construido con información e ideas propias y compartidas socialmente, que nos permiten interpretar de un modo determinado la realidad. Para una misma realidad las respuestas que nos podemos dar pueden ser diferentes y hasta contradictorias: pueden apostar a nuevas oportunidades sociales o fortalecer la estigmatización y la marginación; pueden significar, en definitiva, diversas consecuencias para los niños y adolescentes. Las representaciones sociales como los contextos de los cuales partimos son históricos y dinámicos a la vez, pero a veces llegan a naturalizarse y cristalizarse, transformándose en un obstáculo para reformular las preguntas que nos hacemos como sociedad para poder tener, de ese modo, la oportunidad de encontrar respuestas diferentes a los problemas. Es por ello que creemos importante partir de cuál es el cristal a través del cual miramos la realidad de los niños y adolescentes que cometen delitos. Consideramos que, al respecto, se vienen reiterando desde hace largo tiempo las mismas preguntas sin que se perciba que las respuestas

sean adecuadas. La propuesta sería, entonces, revisar el contexto del cual partimos para poder plantearnos actualmente preguntas distintas, que den cuenta de la complejidad del problema. BREVE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL DEBATE Hacia fines del 1700, en el marco del proceso de construcción del Estado moderno en el que los ciudadanos adultos fueron logrando establecer límites a la intervención punitiva del Estado, los niños y adolescentes quedaron fuera de esa conquista. Esto se debió, entre otros motivos, a que no eran considerados sujetos productivos y que a partir de la industrialización su tiempo era considerado distinto al de los adultos; no formaban parte del pacto social que se estaba instaurando. El niño era visto como un futuro adulto, no como un sujeto de derechos en sí mismo, apareciendo además en ese momento la escuela, que intervenía en el tiempo de la infancia para lograr el adulto que el Estado burgués necesitaba para su consolidación. Quienes se encontraban incluidos en el sistema escolar eran considerados “niños”, mientras que los que quedaban excluidos del mismo eran denominados “menores” y como tales, sujetos a control social especial por parte del Estado a través de los Tribunales de Menores. Sobre estos niños el Estado intervenía por considerar que eran proclives a la delincuencia si se encontraban en situación de vagabundeo, miseria o trabajaban en la vía publica, ya que esas situaciones eran vistas como determinan-

tes de un estado de peligrosidad de la cual la sociedad debía ser defendida. Esa intervención se fundamentó en que resultaba necesaria para la protección y asistencia de aquellos niños que se encontraban en “abandono o riesgo material o moral”, ya sea porque se los consideraba insuficientemente cuidados en sus familias, o porque de alguna manera con su conducta de deambular en la vía publica perturbaban el orden. Desde esa época, se consideró que una sentencia que estableciera la intervención del Estado en la vida del niño por un término determinado a través de medidas judiciales, que incluían la privación de la libertad, constituiría una protección temporaria. Así se sostuvo que una sentencia indeterminada en el tiempo convertía a la “protección” en algo de carácter permanente, y de esa manera se fue naturalizando la violación de derechos fundamentales que los adultos tenían garantizados en la ley. Las características con las que históricamente surgió esta intervención se mantienen aún hoy respecto a toda persona menor de 18 años que es acusada de cometer un delito. Actualmente, si bien la edad de imputabilidad –es decir, cuando una persona puede ser considerada responsable penalmente– es a partir de los 16 años, por debajo de esa edad los niños pueden ser privados de su libertad por aplicación de medidas llamadas “tutelares”, previstas en las leyes vigentes tanto en el ámbito nacional (la Nº 22.278) como provincial (la Nº 9.053). La aplicación de estas medidas permite que, según lo expresado en distintos infor-

HACIA UN PROGRESIVO CAMBIO EN LA MIRADA DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO El principal acuerdo jurídico entre casi todos los países del mundo (menos Estados Unidos) sobre una concepción del niño como sujeto de derechos –y no más como un incapaz– data de 1989 y se instrumentó a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. A partir de allí se abandonó el llamado “Paradigma del Patronato del Estado”, que

habilitaba al Estado, a través de un juez, a privar de la libertad a numerosos niños con el pretexto de protegerlos. De esta manera se dio vida al nuevo paradigma conocido como “la Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes”, dentro del cual se establecieron principios a los cuales todos los Estados debían ajustar su intervención. Algunos de esos principios eran el llamado “interés superior del niño” –entendiendo por tal a la satisfacción simultánea e integral de todos sus derechos–; la prohibición de separar al niño de su núcleo familiar por cuestiones sociales, interviniendo en estos casos el Estado con políticas de fortalecimiento familiar; y la aplicación excepcional de la privación de la libertad en caso de delitos, por un tiempo determinado y el más breve posible, limitada por garantías al igual que en el adulto. En nuestro país este paradigma comenzó a implementarse a partir de la sanción en 2005 de la Ley Nacional de Promoción y Protección de los Derechos del Niño Nº 26.061, con la que se derogó la Ley Nº 10.903 de Patronato del Estado. Allí se establecieron los derechos de los que deben

gozar todos los niños y adolescentes y la responsabilidad compartida entre Estado, familia y comunidad para garantizar su ejercicio. Asimismo, se previó la creación de un Sistema de Protección Integral de los Derechos del Niño y del Adolescente, sostenido a través de organismos administrativos nacionales, provinciales y municipales, que serían los encargados de promover los derechos de los niños y atender sus vulneraciones. También se establecieron espacios intersectoriales de concertación de políticas de infancia entre el Estado y la sociedad civil. LA APLICACIÓN PENDIENTE DEL NUEVO PARADIGMA ¿Por qué aparece como necesario un cambio en las leyes que regulan la situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal? Uno de los roles fundamentales del Estado en el nuevo paradigma es asegurar y promover el ejercicio de los derechos de los niños y jóvenes, creando las condiciones para ello. Desde este nuevo enfoque se plantea la necesidad de un Sistema de Responsabilidad Penal que parta de

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mes técnicos de diagnósticos de personalidad, condiciones familiares y ambientales, etc., el juez de menores correccional pueda “disponer” del niño ordenando, entre otras medidas, la permanencia junto a su familia, o que sea privado de su libertad en un Instituto de Menores del que no puede salir por su propia voluntad, para recibir un tratamiento llamado “tutelar” por tiempo indeterminado, hasta que se compruebe que ha adquirido condiciones para su reinserción social, pudiendo continuar esta medida aun cuando resulte inocente o no se haya probado su participación en el hecho.

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Cecilia Candia. Cosas que se pierden a la siesta. Microfibra s/ papel. 21 cm x 29,7 cm. 2011.

considerar a los niños y adolescentes en conflicto penal como personas responsables que pueden estar en condiciones de asumir las consecuencias de sus actos, y no como incapaces sujetos a tutela judicial. Algunas de sus principales características son: • Que a los niños les corresponden los mismos derechos y garantías que al adulto, pero con sanciones penales diferentes. • Que la aplicación de una sanción es sólo como consecuencia de haber sido declarado autor responsable de la comisión de un delito y no por ninguna característica referida a la personalidad, o a la mayor o menor peligrosidad del niño o adolescente. • La aplicación de un derecho penal de mínima intervención sólo para delitos graves que afecten bienes jurídicos concretos. • Un amplio catálogo de sanciones distintas a la privación de la libertad. • La privación de la libertad debe ser la última sanción a considerar y aplicarse por un tiempo determinado y el más breve posible. • La determinación por parte del Estado de una edad de imputabilidad por debajo de la cual se prohíbe el ingreso al sistema penal de un niño o adolescente. Algunas de las características mencionadas que se vinculan con el debate social instalado son la cuestión de la baja de edad de imputabilidad y el interrogante sobre si el sistema penal vigente para las personas menores de 18 es benévolo y su aplicación determina que la mayoría de los adolescentes vinculados al delito no ingresen al mismo. Al respecto podemos afirmar, siguiendo el análisis que venimos haciendo, que actualmente cualquier niño por debajo de la edad de imputabilidad vigente puede ser arbitrariamente privado de la libertad por razones ajenas al delito y que la disminución en esta edad no se relaciona con la disminución de las estadísticas delictivas, ya que la participación de los adolescentes en hechos graves es escasa dentro del promedio de delitos cometidos en el país, ni tampoco se vincula a la construcción de mayor seguridad. Las personas que se consideren inimputa-

bles bajo ninguna circunstancia deberían ingresar al sistema de justicia penal, porque el Estado ha adoptado la decisión, como barrera de política criminal, de renunciar a partir de una edad determinada a cualquier tipo de intervención estatal coactiva (expresada en la Convención de los Derechos de Niño, Art. 40, Punto 3.a y en las Reglas de las Naciones Unidas para Menores Privados de la libertad, Punto 11.a). Como hemos descripto, el sistema vigente no se caracteriza por su flexibilidad sino por el ingreso discrecional a la privación de libertad de numerosos niños menores a los 16 años, sin que exista ninguna de las garantías penales ni procesales que caracterizan el sistema penal de adultos. Los ejes que debe respetar un Sistema Penal Juvenil como el descripto, adecuado a los estándares internacionales de Derechos Humanos, no se fundamentan en que la conducta de los niños sea menos reprochable a la de un adulto, sino en que los niños y adolescentes tienen una condición jurídica (status jurídico) frente al Estado diferente a la del adulto, ya que el Estado tiene la obligación legal de asegurar el bienestar y desarrollo integral de todos los niños, incluidos aquellos a los que se le aplica la ley penal. CÓRDOBA: DEBATE SOBRE PROCEDIMIENTO PENAL JUVENIL

nósticos e informes técnicos que determinen la personalidad y nivel de peligrosidad del adolescente, junto con su contexto familiar y social, y no por el hecho cometido. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo provincial de reforma sobre el Procedimiento Penal para Adolescentes es una copia casi textual del procedimiento correccional vigente en la actual Ley Nº 9.053 a partir del Art. 47, por lo que responde al Paradigma del Patronato del Estado, que se basa en el actual Decreto Nacional del Régimen Penal de Menores Nº 22.278, considerado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por violar garantías constitucionales y principios básicos establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Mientras en el Congreso de la Nación están en debate diversos proyectos de ley para que se derogue el actual Decreto Nº 22.278 y se cree un régimen legal aplicable a las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal, coincidiendo todos en que el objetivo del proceso penal es “establecer la responsabilidad de las personas menores de 18 años de edad (…) al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito”, en Córdoba el proyecto recientemente aprobado plantea en su Art. 82 que “el objeto del procedimiento es la protección y asistencia integral de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal”. REFLEXIONES FINALES

En la Nación se están debatiendo proyectos de ley que regulen la aplicación del poder punitivo del Estado en personas menores de 18 años desde una concepción penal de acto; es decir, considerando que el niño o adolescente sólo puede ser sometido a un proceso penal y aplicársele una sanción por haber cometido un hecho delictivo encuadrado en el Código Penal y no por sus características personales. Paralelamente, en Córdoba el proyecto de ley en debate –al igual que su antecedente, la ley Nº 9.053– continúan regulando la intervención punitiva del Estado desde una concepción de derecho penal de autor; es decir, a partir de diag-

Entre las políticas públicas que deben ser implementadas desde un Estado de Derecho, las que se vinculan a un Sistema Penal Juvenil son las Políticas de Garantías que establecen límites al ejercicio del poder punitivo por parte del Estado. Éstas, necesariamente, deben coordinarse con otras políticas públicas como son las de educación, salud, cultura, o el área social, en general dentro de un marco donde el Estado extienda las políticas universales e integrales a todos los niños y adolescentes. Una sociedad y un Estado que se considere democrático y en consecuencia respetuoso de derechos, debería renunciar a

se promueven desde algunos ámbitos: ¿Ampliar la intervención coactiva del Estado para el caso de niños y adolescentes infractores a la ley penal bajando la edad de imputabilidad se traduce en mayor protección para alguien? Para los niños y adolescentes no, porque la protección no es el objeto de ningún proceso penal. Para la sociedad tampoco, porque la privación de libertad en niños por debajo de los 16 años no es ninguna novedad en nuestro país, ya que se viene haciendo desde hace mucho tiempo sin que esto haya significado disminución de la inseguridad o de las estadísticas sobre comisión de delitos. Podemos observar que el modo en que actualmente se regula el poder de castigar del Estado sobre personas menores de edad contradice de manera significativa muchas de las percepciones de gran parte de la sociedad construidas diariamente a través de los medios de comunicación. Muchas veces estas percepciones se consolidan en el imaginario social y desde ellas se proponen soluciones que promueven la violación de los derechos de los niños y adolescentes, con el falaz argumento que de esa manera se construye seguridad

Bibliografía Baratta, A. (1999) “Infancia y Democracia” en Infancia, Ley y Democracia en América Latina. Análisis del panorama legislativo en el marco de la CIDN (1990-1999), Tomo 1 (2ª ed.). Bogotá, Buenos Aires, Ed. Temis-Depalma. Beloff, M. “Responsabilidad Penal Juvenil y Derechos Humanos” en Justicia y Derechos del Niño Nº 2, UNICEF (pág. 79). Beloff, M. (1999) “Modelo de la ‘protección integral’ de los derechos del niño y de la ‘situación irregular’: un modelo para armar y otro para desarmar” en Justicia y Derechos del Niño Nº 1, UNICEF. García Méndez, E. y Bianchi, M. del C. (comps.) (1990) Ser niño en América Latina, de las necesidades a los derechos. Galerna, UNICRI. García Méndez, E. y Beloff, M. (comps.) (1999) Infancia, ley y democracia en América Latina (2ª ed.). Santa Fe de Bogotá-Buenos Aires, Ed. TemisDepalma. Larrandart, L. “El Control de la Infancia y la doctrina de la situación irregular - La realidad Argentina” en Nullum Crimen. Revista de Ciencias Penales y Criminológicas, Año II, Nº 2, Dic. 1993. Pinto, G. (2001) “Defensa Jurídica de niñas, niños y adolescentes a partir de la convención sobre los Derechos del Niño” en Justicia y Derechos del Niño Nº3, UNICEF. Gomes da Costa, A. C. (s/d) De Menor a Ciudadão. Ed. FCBIA.

[*] Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC.

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aplicar el sistema penal a los niños inimputables por debajo de una edad determinada. De esa manera asumiría que es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia que esos hechos (delictivos) hayan sido posibles en la vida de esos niños. Un verdadero Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil es parte de la Política Criminal y de la Política de Seguridad de un Estado y requiere de la comprensión de los múltiples factores que inciden en la comisión de delitos por parte de personas en desarrollo, y de una intervención punitiva respetuosa de los derechos y garantías fundamentales Implica, entre otras cuestiones, considerar la relación existente entre la seguridad personal y el acceso a derechos a través de políticas sociales, en el marco de lo que algunos llaman “Seguridad Humana”, la que se refiere no sólo a la seguridad de no ser víctimas de delitos sino también de gozar de una determinada cantidad de derechos y de un estándar mínimo y razonable de bienestar y calidad de vida. En este sentido, no debemos olvidar que el Estado hace 21 años asumió un indelegable compromiso de ampliar y garantizar el acceso a derechos de todos los niños y adolescentes. A modo de cierre, nos volvemos a plantear algunas de las preguntas que a diario

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Cecilia Candia. Dream I. Microfibra s/ papel. 15 cm x 20 cm. 2010.

[Conversaciones con el Dr. Eugenio Zaffaroni]

“LOS POLÍTICOS ESTÁN SITIADOS POR LOS MEDIOS MASIVOS” El pasado 3 de marzo la Universidad Nacional de Córdoba distinguió con el título de Doctor Honoris Causa al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Eugenio Zaffaroni. Hoy la Universidad convocó al doctor Jorge Perano para entablar un diálogo acerca del fenómeno de la inseguridad, los debates políticos que este tema genera, el rol de los medios de comunicación, las particularidades de la legislación penal vigente y la polémica mediática por la responsabilidad penal de los jóvenes menores de edad.

Fotografía: Ariel Orazzi

CONVERSACIONES

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− Entendemos, o al menos hay varios autores que entienden, que la seguridad puede ser abordada desde muy distintos puntos de vista, de hecho se habla de seguridad pública, privada, laboral, ciudadana, etc., y de las distintas contextualizaciones que se vienen realizando sobre este mismo tema. También se habla de seguridad objetiva y subjetiva, entendiendo por objetiva −a grandes rasgos− a la comisión de delitos, y por seguridad subjetiva a esta sensación de inseguridad que genera en las personas. ¿Usted entiende que en la construcción teórica y en la realidad fáctica, tiene algún tipo de influencia directa esta sensación de inseguridad subjetiva? − Yo no hablo de seguridad, seguridad es una abstracción que se ha inventado y prefiero siempre hablar de cosas concretas. Las cosas concretas no son prevención, frecuencia de delitos (incluso a esta frecuencia tampoco la conoce nadie porque el delito es otra abstracción). En lo concreto lo que se maneja como amenaza, y lo que puede ser temible por supuesto, es la seguridad física, es decir la integridad de la vida. La violencia lesiva u homicida, la violencia en todo sentido, incluso aquella que abarca una cantidad de muertes que no son mostradas. En este sentido hay un marco objetivo que a nadie parece interesarle mucho porque no se investiga, de modo que no tenemos perfiles de víctimas ni de victimarios, identificación de circunstancias de riesgo, no se dedica un peso a investigaciones y como no se conoce el fenómeno real, mal se lo puede prevenir. Por lo tanto mi primera observación es que en toda esta construcción de realidad a nadie le interesan los muertos. Si interesasen los muertos en serio lo primero que habría que hacer es una investigación de campo sobre la situación actual. En segundo término hay una terminología mediática que es la que nos construye la realidad, gracias a un discurso que instala el pánico moral, o sea el terror ante el delito. Lo que me llama poderosamente la atención es que es el mismo discurso desde México, con 20 mil muertos, decapitados, castrados, etc. en el año pasado,

hasta Argentina que tenemos un índice de 5 y tantos cada 100 mil muertos por homicidio doloso, Uruguay que tiene un poquito menos que nosotros y Chile. Este discurso es un discurso que se baja desde Estados Unidos a partir de los años 80 con las administraciones republicanas, y tiende a convertir al Estado en un Estado gendarme, en un Estado que se ocupa exclusivamente de la represión. Así, Estados Unidos está instalando una suerte de stalinismo. A raíz de esto ellos poseen inversiones siderales en el sistema penal que nosotros por supuesto no podemos tener, ningún país del mundo las puede tener, pero recibimos esa propaganda cada vez que en un país hay una tendencia hacia un Estado social, hacia un Estado más providente, que se ocupa un poco más del bienestar de la gente. Cuando se instala un poder que se orienta con los intereses de las corporaciones internacionales, un Estado que no interviene para nadie, que dice que los pobres se tienen que morir porque son pobres y no que se fortalezcan para hacerse ricos, cuando pasa eso este discurso desaparece; cuando tenemos una dictadura militar este discurso está prohibido. Es un manejo político. Por supuesto hay un dato de realidad pero ese dato, repito, no le interesa a nadie. − Cuando usted sostiene que el delito es una abstracción… − Lo que quiero decir con que es una abstracción es porque, si alguien me puede decir qué tiene que ver una injuria con la violación de una mujer, se lo voy a agradecer. Lo único que tienen en común es que están en el Código Penal, entonces no hablemos de delito en abstracto. − También hay algunos teóricos que sostienen que el delito es una construcción social, una construcción de poder político, en la cual intervienen muchos actores sociales. − Claro que es una construcción de poder, si vemos qué es lo que nos muestran como delito, nos muestran como “el delito” solamente el del chico del barrio precario,

ahora no nos muestran como delito el de la macro estafa que vivió la Argentina en los años 90 que causó millones de víctimas y cuyas consecuencias estamos pagando aún hoy. − Y en esta construcción colectiva del delito, ¿cuál es la participación de la sociedad en general y el lugar de la prensa en esa construcción? − La sociedad es víctima de esta construcción, nosotros no nos enteramos de la realidad por contacto directo con ella, yo no tengo contacto directo con lo que está pasando en la Libia de Khadafi en estos momentos, me entero porque hay una construcción a través de los medios masivos que seleccionan lo que me muestran. Sería largo hablar de cómo los medios masivos seleccionan la realidad, y esa realidad se construye como lo hace toda nuestra realidad, hay determinadas cosas que las vamos dando por presupuestas y no las cuestionamos. Cuando se da por presupuesto que con la represión prevengo el delito, que el delito nos está matando a todos, que salimos a la calle y nos matan en la esquina, se instala una sensación de pánico que se da por presupuesta y esto instala un mundo paranoico. El resultado de un mundo paranoico produce varios efectos, hay efectos reproductores de lesiones, todo ese mundo paranoico reproduce delito; no nos olvidemos que cada mensaje de esos es un mensaje que se tira a una sociedad, con una población heterogénea, con distintas condiciones subjetivas de cada uno, en la cual hay muchas personas con una salud mental bastante abollada y el clásico mensaje de Bernardo Neustadt de que “entran por una puerta y salen por la otra”, algo que le aseguro no pasa. Ese viejo mensaje es un mensaje de instigación porque para algunos produce miedo, pero para otros es: “hacé cualquier cosa que no te va a pasar nada”. − Existe una relación entre políticas sociales y penales, en el sentido de que cada vez que el Estado social se retira, ese lugar es ocupado por un Estado penal. Las consecuencias en políticas públicas

− ¿No existe el riesgo que la aplicación de políticas de seguridad pública terminen revictimizando a los sectores más vulnerables que, por otra parte, son los seleccionados por el sistema? − Esas son las medidas que desde la lógica spenceriana se quieren tomar, que en definitiva lo que busca es controlar a esos sectores, insisto que no les importa absolutamente nada la realidad. Por ejemplo, el mensaje que se mandó con el fenómeno Blumberg fue que el secuestro de personas era una actividad rentable. Hay tres clases de secuestro: está el secuestro que se parece al robo, que es el secuestro express; el secuestro bien hecho, desde el punto de vista criminal, que necesita una organización muy fuerte, muy técnica, muy precisa, si es que no actúa con cobertura oficial; y el secuestro estúpido, el secuestro bobo, el secuestro del que cree (como resultado de esa propaganda) que secuestrar a una persona es fácil, entonces secuestra al vecino, después el vecino lo reconoce y el delincuente lo mata. Ese es el secuestro más peligroso para la víctima y es el que incentiva el discurso que sostiene que cualquiera puede secuestrar y que además el secuestro es muy rentable. Yo no sé cuántos muertos se habrá cobrado el “caso Blumberg”, pero habría que investi-

“Las políticas de represión terminan en masacre siempre, es inevitable”. − Si bien no se pueden dar recetas genéricas, ¿cuáles serían a su criterio los lineamientos que debería tener la política pública policial en un Estado democrático? − Primero deberíamos cambiar el modelo general de policía de ocupación territorial que copiamos de los Borbones para pasar a una policía de base comunitaria, para lo cual tenemos que hacer lo contrario a lo que aconseja Estados Unidos y lo mismo que ellos hacen; o sea, imitar a Estados Unidos y no hacer lo que ellos nos dicen que hagamos. Cuando ellos dicen “centralicen policías” nosotros tenemos que descentralizar. Nunca copiamos la policía del condado de Estados Unidos, creo que debemos aproximarnos a eso, no digo sheriff

electo, pero más o menos. Yo veo el fenómeno de Argentina, por ejemplo, con la policía bonaerense con 50 mil efectivos y estoy totalmente seguro que por más que uno ponga a San Francisco de Asís a manejar esa policía, se le descontrola. Creo que tenemos que ir pensando, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en una transferencia de policías de seguridad a los municipios; si pensamos en términos reales, los municipios del Gran Buenos Aires institucionalmente son municipios, pero en la realidad sociológica son gobernaciones, municipios con más de un millón y medio de personas, es más que una provincia en términos poblacionales, entonces mínimamente tenemos que darle al intendente el poder que tiene un gobernador, la posibilidad de manejar policía de seguridad, no digo la policía de investigaciones criminales ya que eso debe mantenerse centralizado, pero la policía de seguridad de calle sí, porque es mucho más sencillo controlar a 3 mil personas que a 50 mil. Y por otro lado va a ser un interés inmediato de la manifestación terciaria del Estado, que está en contacto directo con la población de la que será responsable y destinataria de los reclamos que se le dé en cuanto al servicio de seguridad pública. − ¿Podemos decir en el ámbito penal que todo lo que sea macro, numéricamente hablando, podría ser desaconsejable? Pienso en macro-cárceles, macro-estructuras de seguridad… − Correcto, pensemos en el macro−hospital y nos pasa lo mismo, ya no funciona. Es caro, es difícil de controlar, requiere una infraestructura enorme, cualquier inconveniente que haya perturba el funciona-

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− Cuando se habla de neoliberal a mí no me gusta la expresión, porque el pensamiento liberal es una expresión respetable; estos gobiernos son directamente spencerianos, genocidas, de alguna manera se avanza aunque sea una catástrofe.

garlo. Si hay que criminalizar a ese sector social lo van a hacer, porque es el sector excluido. O hay una política de inclusión o hay una política de represión. Las políticas de represión terminan en masacre siempre, es inevitable. Estas políticas son propias de Estados autoritarios por más que se disfracen de democráticos, terminan produciendo masacres que tienen distintas características: gatillo fácil, ejecuciones, desaparición de personas, que inevitablemente terminan en una total autonomización de fuerzas policiales que operan directamente al margen de la autoridad política, o funcionalmente a esa autoridad política que sólo quiere el control de esos sectores.

CONVERSACIONES

para algún tipo de gobiernos de tinte neoliberal o que se sienten referenciados en el llamado Consenso de Washington…

EN PERMANENTE COMPROMISO CIENTÍFICO, ACADÉMICO Y POLÍTICO

sido director del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, instituto que pertenece a la ONU. Pero por sobre todas las cosas es una persona con un permanente compromiso científico-académico-político. Su clara perspectiva en defensa de los derechos humanos y la persona ha sido –y es– el eje de su prolífica producción literaria. Sólo por nombrar algunos de sus textos más influyentes, En busca de las penas perdidas es, sin duda, libro de consulta obligada para todos los que de alguna manera intentamos deconstruir la conformación y actuación de los sistemas penales, para luego volver a construirlo desde otra perspectiva y con otras bases teóricas. En otro de sus textos, El enemigo del derecho penal, nos comparte allí sus reflexiones filosóficas, criminológicas y sociales sobre las profundas y devastadoras consecuencias humanas que conlleva la adopción de políticas de tolerancia cero como elementos de control de la violencia social. En Estructuras judiciales aborda las cuestiones atinentes a los modelos de magistraturas, a las funciones del Poder Judicial –manifiestas y latentes–. Por supuesto que no vamos a detallar la innumerable cantidad de obras en las que ha trabajado, ya sea de carácter dogmáticopenal, como criminológicas; serían largas las páginas que dedicaríamos a ello. Sin embargo, lo que es claro en la perspectiva de Zaffaroni es la permanente invitación a la reflexión entre la proposición pretendidamente aséptica de un derecho penal que se dice encargado de resolver los conflictos sociales, y la forma de selectividad natural que todos los sistemas penales del mundo han demostrado en su operatividad cotidiana. A partir de tales reflexiones, su obra toda conforma la más importante construcción sistemática orientada a la contención y reducción del poder punitivo

CONVERSACIONES

cadémico, categórico, erudito, indiscutible, audaz, controvertible, provocador, pero por sobre todas las cosas, sensible, crítico, humilde. Sin duda algunas de esas y muchas otras cualidades que serían inacabables de enumerar posee el Prof. Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni. Su enamoramiento por el abordaje de los temas sociales que forman y transforman la vida de las personas, registran remotos antecedentes. Es una de las mentes más lúcidas que tiene nuestro país, posee una dilatada y riquísima tradición en la forma en que ha abordado –y aborda– las cuestiones sociales, en especial, la cuestión del conflicto social. Desde la perspectiva judicial, integra el máximo tribunal de justicia del país –como lo es ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación–, habiendo sido hace tiempo atrás juez y vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires. Desde la perspectiva política, se ha desempeñado como convencional constituyente en la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, siendo fundamental su actuación a los fines de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a la nueva constitución. Ha sido también convencional constituyente de la ciudad de Buenos Aires en el año 1996; Diputado de la ciudad de Buenos Aires e interventor del Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). También ha sido autor de proyectos de reformas a los códigos penales argentino, ecuatoriano, costarricense. Desde la perspectiva académica, ha obtenido numerosísimas distinciones como doctor Honoris Causa en diversas universidades –nacionales y extranjeras–, entre las que se encuentra la UNC, y es el único latinoamericano que ha obtenido el Premio Internacional de Criminología. También ha

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Por Jorge Perano

miento de una máquina inmensa, en lugar si uno tiene pequeñas unidades cualquier cosa que suceda afecta a una unidad pero no afecta al total. La obra macro es propia de los años 50 o 60, el criterio actual es manejar unidades pequeñas con control personal. En una cárcel lo vemos, en la medida en que hay mayor interacción satisfactoria entre el preso y el personal se crean vínculos éticos de mayor corresponsabilidad y por lo tanto no son tan necesarios mayores mecanismos de seguridad externa o mecánicos. − Recién aludió usted a cifras de criminalidad. Por estos días la Ministra de Seguridad ha comunicado públicamente que los índices de criminalidad bajaron. Si tenemos en cuenta que las estadísticas oficiales emanadas de la Dirección Nacional de Política Criminal también indican eso, pero al mismo tiempo hay más personas presas, ¿cómo se puede explicar que bajen los delitos pero, al mismo tiempo, la cantidad de personas alojadas en instituciones penitenciarias aumente? − Lo que sucede es que el número de pre-

sos no tiene nada que ver con la frecuencia delictiva, son dos cosas independientes; tampoco tiene nada que ver la frecuencia delictiva con el número de denuncias, depende de otros factores. En Argentina el número de presos no depende de las penas ni del Código Penal, depende de lo que cada provincia haga con su ley de excarcelación, eso nos altera totalmente el índice de prisionalización. Nosotros tenemos cerca de un 70% de presos sin condena y eso nos está indicando que un 70% depende de la ley local de excarcelación. Si la provincia de Buenos Aires, que es la que mayor número de presos tiene, modifica su ley de excarcelación nos modifica el número de presos de todo el país; solamente la provincia de Buenos Aires tiene más presos que el Estado Nacional. − ¿Entonces no atribuye esta diferencia en los índices a que los jueces estén condenando a penas más largas como efecto de la reincidencia? − No, estamos manteniendo el índice de condenados en alrededor del 30%, por eso cuando se habla en nuestro país del tratamiento y de la resocialización, en realidad

se habla por el 30% de condenados que tenemos, el 70% restante está en un depósito. − Una problemática que también es recurrente en la sociedad es la cuestión de la responsabilidad penal juvenil, teniendo en cuenta que tanto en el Senado de la Nación como en la Legislatura Unicameral de Córdoba se están debatiendo proyectos sobre el tema. ¿A su criterio, son compatibles con una ley de responsabilidad penal juvenil las medidas tutelares? − Lo que primero debo decir es que existe una construcción mediática que busca crear la imagen de que entre la franja de 14 y 16 años estamos llenos de homicidas; es mentira, absolutamente mentira. ¿Cuántos homicidios hay protagonizados por pibes de 14 a 16 años? No pasan de 20 por año en un universo de cerca de 2 mil, es más, diría que esa franja etárea está sub-representada; esta construcción que genera escándalo da lugar a esa aberración técnica que llaman “baja de imputabilidad”. En segundo lugar, desde los 16 años nosotros tenemos responsabilidad penal, ate-

− Cualquier nombre, cualquier interpretación y cualquier discurso, si voy a meter en prisión a alguien antes tengo que hacerle un proceso como me lo harían a mí, como se lo harían a usted, como se lo pueden hacer a cualquier otro ciudadano; antes que aplicarle a un chico cualquier medida privativa de la libertad hay que probarle que hizo lo que dicen que hizo, con fiscales, abogado defensor y un juez. Terminemos con la historia del juez de menores que dice “yo soy el padre”; usted no es el padre, usted es el Estado. − En el ámbito legislativo se suelen confundir estas nociones… − En el ámbito legislativo algunos se confunden, otros se asustan, otros oportunamente se montan en el discurso represivo sin importarles los daños irreversibles que pueden ocasionar en muchos pibes y otros atemorizados votan cualquier cosa para que no se les vengan encima los medios masivos. Este es un fenómeno político general, los políticos están sitiados por los medios masivos y las campañas de bombardeo continuo de noticias rojas. A veces los técnicos tenemos nuestro grado de

− En un sistema de responsabilidad penal juvenil, ¿qué principios y garantías deben ser iguales a la de los adultos, y qué medidas y garantías deben ser distintas? − Las garantías procesales deben ser parejas. Todo ciudadano si se le asocia cualquier consecuencia por la comisión de un delito hay que probarle que es autor o responsable de ese delito, tenga la edad que tenga. Los adolescentes y los niños tienen que haber llegado al derecho penal de garantías del S. XVIII lo que en definitiva dice la convención internacional es eso, respecto de las garantías que los adultos tienen en materia procesal. En materia de consecuencias penales evidentemente no pueden ser iguales ya que el adolescente se encuentra en un momento psicológicamente evolutivo y la esfera emocional y afectiva no está totalmente desarrollada. Si yo a los 16 años me agarraba a piñas con un compañero de colegio me ponían amonestaciones, si ahora en la reunión del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho le tiro un tizazo al decano llaman a un psicólogo. ¿Por qué? Porque se supone que uno tiene un grado de madurez, no de inteligencia; desde los 13 años tenemos el número de neuronas necesarias pero en la esfera afectiva claramente hay diferencias

[*] Abogado especialista en criminología, titular de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC. Integrante del Observatorio en Prácticas de Derechos Humanos de la UNC e investigador en la misma institución. Defensor Público Oficial en la Justicia Federal.

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− Más allá que dogmáticamente tenga cualquier nombre...

responsabilidad porque no sabemos ser sinceros y a veces algunos políticos (yo no hago antipolítica) tienen un considerable grado de responsabilidad porque no tienen la suficiente valentía.

CONVERSACIONES

nuada, un tercio menos, lo que sea, pero en definitiva es responsabilidad penal igual que todo el mundo. La franja de 14 a 16 años es en la que se aplica las llamadas medidas sin proceso, en las cuales se está incurriendo en una grave violación de los derechos humanos; las medidas pueden llegar a ser las internaciones en institutos de menores, y esto, por más que al chico lo traten bien y lo cuiden, es privación de la libertad.

CUATRO FOTOGRAFÍAS...

TRES MIRADAS

UNA CARA INOCULTABLE DEL CAMPO ARGENTINO Dr. Luis Daniel Hocsman*

Qué nos sugieren estas imágenes, acaso dislocadas de una realidad que quiere mostrarse “moderna”, libre de males propios de otra época? Pues, no. Claramente son una muestra del presente. Distintas escenas en un mismo escenario en donde domina la más absoluta precariedad de condiciones laborales. En un extremo de la muestra, visiones de un campamento, una tienda o carpa, o apenas un improvisado techo de campaña, con niños que acomodan lo que habrá servido de cobijo en el descanso nocturno luego de una suma ininterrumpida de trabajo a destajo, presurosos para reiniciar la jornada. Sugiere “trabajo infantil”, una mujer y más niños al fondo de la imagen hacen que sea un componente de un trabajo de dimensión familiar. Nada nuevo para quienes conocen la historia del trabajo campesino o indígena en todo el continente. En otra parte de la secuencia de imágenes, una suerte de panteón moderno. Tienta recurrir a la simple metáfora de “nicho mortuorio”, sólo que de chapa. Remite también a lo que muestra la historia contemporánea en tiempos de surgimiento del capitalismo, en que el denominado “sistema de camas calientes” era una sucesión de cuerpos en reposo, apenas dispuestos a ser devorados por la máquina emergente de la fábrica. Así, estos nichos modernos, campestres en este caso, son apenas un espacio indigno para la reposición de la vida. Otra imagen, la del retrete, más indigno aún, sin siquiera una letrina, ni nada que guarde el más elemental espacio de intimidad. Como síntesis: trabajadores rurales soportando condiciones de hacinamiento en

esas casillas de chapa, sin –además– otras condiciones de infraestructura tales como electricidad, suministro de agua corriente, baños, ni qué decir de provisión de agua potable. De lo observado se desprenden interrogantes que tienen, en un planteo lógico y consecuente, respuestas derivadas: si esas son las condiciones materiales –aquellas que no pueden ocultarse sino tras vallas, cercos o el aislamiento geográfico–, ¿cómo son las condiciones “contractuales”? Seguramente plagadas de arbitrariedades, desde las modalidades y temporalidad del pago, hasta cuestiones de organización de proceso productivo vinculadas al disciplinamiento de la mano de obra, donde intervienen una variedad de castigos y sanciones. El conjunto de imágenes nos remite a noticias recientes, de apenas iniciado 2011, tras la “detección” de casos de explotación de mano de obra en condiciones de “esclavitud/servidumbre” en distintos establecimientos y/o emprendimientos agrícolas de Argentina. No nos detenemos en estas líneas en el porqué de esa emergente –por cierto muy tardía– intervención de los organismos oficiales (Administración Federal de Ingresos Públicos y Ministerios de Trabajo), ni en el papel del gremio cuya función es velar por los derechos de estos trabajadores, o bien luchar por y con ellos. Fundamentos que rondan el ocultamiento, la dilación, la negligencia o la especulación política de baja estofa. Noticias recientes para hechos y condiciones que con el apelativo de “trabajo esclavo” remiten a condiciones de otra época. No son sino la condición misma del capitalismo, aquel que pretende exoti-

zar lo que no quiere asumir como propio, como constitutivo de su condición intrínseca, de optimización de la inversión; o mejor dicho, minimizar ésta a la menor cantidad y calidad que sea posible, fundamentada en su más pura lógica consistente en la extrema avidez de lucro, en todos los espacios. No por “novedoso” o sorprendente, como acaso pretende demostrarse, es nuevo. Como ocurre cuando cada tanto se nos “sorprende” con la muerte de un niño por desnutrición o la más elemental enfermedad evitable en algún hospital público norteño o del conurbano bonaerense. Son condiciones estructurales, en un orden social donde las formas de organización capitalista valorizan todo lo que encuentran y apropian a su paso. No son las formas de organización del trabajo típicamente capitalistas las que ese orden social presenta como virtuosas en una justa retribución de esfuerzos y capacidades; es decir, el pago de un salario por la venta de la energía humana, y una retribución suficiente como para que el trabajador propietario de esa energía pueda con el paso de los años poner en disposición del capital un trabajador igualmente dotado de fuerza y conocimientos como para ser reemplazado generacionalmente. No es ese el caso de los trabajadores rurales temporarios. Es válido preguntarnos cómo estos trabajadores llegan a semejantes condiciones. Y la respuesta no es alejada de las jóvenes cuyo destino encuentra otro “trabajo esclavo”, como la prostitución. La respuesta está en el deterioro creciente de sus condiciones de vida en el interior del país, o en el despojo de sus tierras en donde desde el siglo previo campesinos e indígenas en-

70, exponencialmente desde los 90, multiplicado este “agronegocio” con los beneficios del cambio monetario y elevación de precio internacional luego del año 2001, más y más expansión de la frontera agrícola de monocultivos para exportación, y el contrapunto de incesante despojo y apropiación de territorios campesinos. Imágenes que no son resabio esclavista, sino la cara inocultable del campo argentino

[*] Director del Doctorado en Estudios Sociales Agrarios del Centro de Estudios Avanzados y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.

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provincias extra-pampeanas, ahora más impactadas que en casi 150 años de historia, desde la constitución de Argentina como nación agroexportadora. En un campo sustentado en un modelo de similares características. Sólo que la policromía de vacas, maíz y trigo ha cedido al “verde soja”. El resto es ya bien conocido, no es novedad ni noticia, es lo que domina el paisaje pampeano y extra-pampeano, salvo en los reductos resistidos por campesinos empecinados en Santiago del Estero, y en cada uno de esos rincones en los cuales se reproduce la vida, cuando no se está en… otra vez, las imágenes que acompañan esta nota. Expansión de la superficie cultivada, “cosecha récord”, año tras año, incesantemente desde mediados de la década del

MIRADAS

contraron su destino trashumante por una u otra cosecha, en un casi ininterrumpido circuito de migraciones temporarias como cosecheros de frutas, yerba mate, caña de azúcar, algodón, etc.; sembradores y labradores de tabaco y hortalizas; poblando geografías, transitando respectivamente por caminos y vías férreas –cuando éstas existían– de Mendoza o San Juan, Alto Valle de Río Negro y Tucumán, Misiones y Corrientes, Salta y Jujuy, Chaco, nuevamente Salta y Corrientes, Buenos Aires; regresando sí, en algunos meses para reponer su fuerza de trabajo, ya no en esas casillas de chapa o lonas. La fuente actual e inagotable de estos trabajadores está en los mismos espacios, las

SOBRE LA CONDICIÓN LABORAL ARGENTINA Dr. César Arese*

or decreto nacional, 2011 fue declarado “Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le hizo honor lanzando una batería de inspecciones, colocando en escena mediática el llamado “trabajo esclavo”. Tal como las fotos que acompañan esta nota, ellas hacen visibles y reconocibles a sujetos trabajadores jurídicamente poco existentes. Desde Grecia o Roma, cuyos esclavos y constructores físicos no eran ciudadanos, pasando por una Revolución de Mayo que excluía a esclavos, nativos y a “vagos y mal entretenidos” (desocupados), hasta el desconocimiento contemporáneo de ciudadanía laboral, mutatis mutandi, la cuestión parece la misma: la lucha por una ciudadanía social del trabajador ocupado o autónomo o, en otros términos, por el trabajo decente. El concepto de trabajo decente elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pone énfasis en el empleo productivo, justamente remunerado y en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana. Debe cumplir con cuatro condiciones: a) Respetar los principios y derechos fundamentales en el trabajo y las normas internacionales del trabajo, entre los que se priorizan la eliminación del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil, el trato igual y la libertad sindical. b) Asegurar oportunidades de empleos e ingresos adecuados. c) Otorgar protección social.

d) Lograr el diálogo social. Se debe comenzar entonces por erradicar el trabajo esclavo que, si bien persiste en el mundo, asume formas menos ostensibles en el ámbito nacional. Los convenios de OIT Nº 29 de 1930 y Nº 105 de 1957, lo definen como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. Las características esenciales son la coacción y la negación de la libertad traducidos en, por ejemplo, “la privación de cualquier derecho o ventaja o privilegio como ascensos, traslados, acceso a un nuevo empleo, adquisición de determinados bienes de consumo, vivienda o participación en programas universitarios”. Podría pensarse en el Código Penal para solucionar las cosas. Es posible que algunas formas de trabajo forzoso sean tratadas como reducción a la servidumbre, pero la mayoría no quedaría enredada en esa figura. Los casos concretos suelen verificarse en los sectores de indumentaria, calzado, rural e industria ladrillera que han ocupado a la AFIP. Pero también en el trabajo doméstico con más o menos formas abiertas de “criadas” o el sometimiento a condiciones agudas de acoso moral, desconocimiento de jornada, remuneraciones y condiciones de trabajo. En estas actividades, la voluntariedad puede suprimirse cuando los trabajadores son inducidos a engaño y víctimas de falsas promesas, se les retienen los documentos de identidad o se les obliga a permanecer a disposición de

un empleador, se instituye la servidumbre o el sometimiento directo por deudas o se explota la necesidad extrema de grupos sumergidos económicamente y sin escapatoria social. La Comisión de Expertos de la OIT ha ampliado considerablemente el concepto de trabajo forzoso a casos que no se aprecian tan cinematográficos sino bastante sutiles. Otro extremo de trabajo forzoso es la trata ilegal de personas. El Art. 121 del Código Penal responsabiliza al que “captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación”. No es necesario aclarar que la prostitución femenina y masculina lograda con personas menores y mayores bajo condiciones de negación de la libertad directa o indirecta, mediante diversidad de medios desde la coacción personal hasta el transporte a zonas alejadas, el aislamiento, la dependencia económica de la víctima, el aprovechamiento de la descomposición del entorno afectivo o familiar, también son trabajos en aborrecible “relación de dependencia”. Igualmente, el trabajo infantil, entendido como el despliegue de actividades laborales por debajo de los 18 años, sigue aniqui-

la cobertura de la seguridad social por encima del 60% y erradicar el trabajo infantil. Se avanzó palpablemente, pero sólo uno de los objetivos (desempleo) se ha cumplido hasta ahora. A modo de cierre, viene a cuento recordar que en 2011 vence el “Programa para el Trabajo Decente 2008/2011”, suscripto por OIT, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Ministerio de Trabajo de la Nación, que fijó propósitos similares de difícil cumplimiento en lo que queda del año. Pero, en fin, el trabajo indecente recibe el escrache y la repulsa pública; la condición laboral argentina es motivo de diagnósticos y pronósticos, y el trabajo decente es un valor instalado. De esto se habla y ya es muy importante

1 La cifra surge de sumar los 635 mil accidentes y enfermedades anuales registradas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en 2009 a la proyección hipotética de siniestros de quienes se encuentran en condición irregular (36%).

[*] Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC.

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ción, son fogonazos mediáticos imprescindibles. Las soluciones penales también son necesarias y ejemplificativas. Pero frente a quiebres estructurales, las soluciones son igualmente estructurales. Se trata de cambiar un modelo de ponderación del trabajo que hasta hace poco tiempo (los 90) consideraba la exclusión como una falla genética del sistema. La respuesta refleja es, entonces, cambiar el sistema político, económico y social. No hay dudas. Pero entre el inmediatismo y las respuestas imprescindibles, debe pensarse en cumplir un programa sostenido de inspección técnico laboral coordinado entre las provincias y el gobierno federal, destinado a cambiar el estado de cosas. Por ejemplo, frente al trabajo agrario en condiciones ilegales, se han generado en Santa Fe y Córdoba, reglamentos administrativos de condiciones mínimas de trabajo en campamentos rurales, ahora imprescindibles para que sean habilitados como centros de ocupación decentes. Llegar a todos los lugares de trabajo, urbanos y rurales; verificarlos, sancionar, asegurar el cumplimiento de las condiciones legales y decentes de trabajo; garantizar el derecho de los trabajadores de organizarse, negociar y hasta llegar al conflicto, son tareas profundas que producen cambios parciales pero definitivos. En ese sentido, el gobierno nacional fijó los “Objetivos de Desarrollo del Milenio 2003/15” en disminuir el desempleo por debajo del 10%, la irregularidad en tasas inferior al 30% y los ingresos inferiores a la canasta básica por debajo del 30%; ampliar

MIRADAS

lando socialmente a generaciones de niños. Las únicas ocupaciones de los pibes son jugar y estudiar. Ciertamente, la Asignación Universal para la Inclusión Social de 2009 ha sido el primer gran paso contra el trabajo infantil, pero convengamos que la reinserción lúdica y educativa de quienes viven misérrimamente y en la pobreza, es utópica si sólo depende de inyecciones de fondos a hogares humildes. Estos casos extremos de explotación laboral son prioritarios y deben ser atacados en forma inmediata. Pero no son los más extendidos. En realidad, los otros centros de gravedad sobre los que debería girar un sistema destinado a alcanzar el trabajo decente son: • La supresión de un millón de siniestros laborales por año, que son una verdadera hecatombe de la que no se termina de tomar conciencia1. • La erradicación definitiva del trabajo irregular, es decir, total o parcialmente no registrado, hoy por el 33,6 % de trabajadores sumergidos, es decir, al margen de la protección laboral y de la seguridad social y del ejercicio de la libertad sindical. • La generación de puestos suficientes de calidad, adaptables a la evolución económica y sus cambios y, en consecuencia, de trabajadores formales y capacitados. • La extensión de la seguridad social cualquiera sea la condición laboral si se necesita cobertura de salud, educación, vivienda, etc. Las fotos del peor mundo del trabajo que transmite la AFIP a través de los medios de difusión cada vez que hace una inspec-

REFLEXIONES ALREDEDOR DE CUATRO FOTOGRAFÍAS Lic. Arturo Borio*

uatro instantáneas caracterizadas por encuadres apaisados sin horizontes, colores fríos, perspectivas engañosas, clausuradas, inexistentes. Personas, congeladas por la cámara, anónimas, ingenuas, inocentes, esquivas, sonrientes, difuminadas, apenas sombras. Cuatro instantáneas dominadas por líneas verticales que compartimentan el encuadre como rejas. Fragmentos claustrofóbicos de ambientes expulsivos. Nichos en los que no se duerme el sueño eterno, deslumbrantes contenedores de nietos, bisnietos, tataranietos de aquellos dueños primigenios de estas tierras, explotados, cuyas vidas habitan para siempre en los paisajes nativos reflejados en filmes como “El viaje hacia la muerte del viejo Reales” de Gerardo Vallejos, “El familiar” de Octavio Getino o “Las aguas bajan turbias” de Hugo del Carril. Cuatro instantáneas prácticamente sin rostros que exponen la piel oscura que individualiza, personifica, resignifica el dolor profundo y el justificado resentimiento del hombre explotado. ¿Lo fotografío? ¿Cómo estructurar la composición, cómo desafiar el derrotero de estos hombres, mujeres y niños aplastados contra fondos… sin cielo? ¿Una perspectiva? ¿Cuál… quizás aquella que alumbre un claro en el bosque… final? ¿Cuatro instantáneas? ¿Quién las tomó? ¿Fotógrafo que sorprende, sin agredir al agredido, pues es sólo uno de ellos, uno que también comparte las fatigas y el maltrato diario? ¿Testimonio atrapado por la minicámara de alguno de sus teléfonos celulares? ¿Sólo un juego para recordar un instante o plasmar la denuncia silenciada? ¿Nada más que la inquietud de un “voyeur”, ansioso por reconocer lo mani-

fiesto? ¿Una cámara infiltrada en el “campamento” que dispara según lo permita el deambular caprichoso de las miradas del guardia? Cuatro instantáneas. ¿Quién encargó las fotos? ¿En qué medio se publicaron? ¿Alguna de ellas formó parte del contexto de una nota periodística que denuncia el trabajo esclavo? ¿Quién permitió la entrada del fotógrafo al “campamento”? ¿Debió sobornar a un guardia? ¿Cuánto cobró por las tomas? ¿Le pagaron?... ¿Hasta cuándo vamos a guardar nuestro grito dentro del pecho? Cuatro instantáneas. ¿Quiénes las han mirado? ¿Quiénes las han podido observar detenidamente, contemplar hasta el hastío, hasta que la bronca comience a buscar un canal de expresión certero? ¿Quiénes? ¿Todos? ¿Sentados en un ómnibus o en una 4x4? Durante los últimos dos meses fotos similares han ocupado hasta la primera plana de los diarios cuyos dueños han signado, desde siempre, el devenir de una clase excluida, de trashumantes que por generaciones cumplen el mismo derrotero sin horizontes aunque, paradójicamente, la vastedad de la pampa húmeda sea el principal escenario de su trabajo a destajo. Cuatro instantáneas. ¿Dónde quedaron los reclamos y propuestas de Bialet Massé? ¿Y la restitución de la Ley del Peón Rural anulada, obvio, por la dictadura militar? ¿Qué mesa puede permitir un enlace entre el Grito de Alcorta y la silbatina al presidente en el predio de la Rural? El mar verde que asalta las banquinas se está devorando a estos hombres trashumantes, envenena a las familias que habitan en sus orillas y, como una marea ineluctable, la soja destruye cada minuto

los últimos montes, quizás el terruño de muchos de estos seres explotados que habitan las fotografías. DESCANSO EN NICHOS DESLUMBRANTES Los “dormideros” marcan una fuerte diagonal que vuelve muy dinámica la composición. El punto de fuga es un árbol cuyas ramas como brazos clausuran la mirada. Las tapas de los nichos crean un ritmo llamativo tanto por la variedad de sus posiciones como por las tonalidades que reflejan. En un plano muy próximo a la cámara se encuentra el protagonista principal, un hombre joven acostado en su nicho y cuyas manos sostienen un teléfono celular que sin duda lo conecta con sus seres queridos. Sonríe y nos brinda una sensación de bienestar que contrasta con la impresión que nos causa este tipo de alojamiento. Otros hombres repiten esta acción a distintas distancias de la cámara motivándonos a observarlos, atentamente. LOS MENSÚ DEL SIGLO XXI ¿Hacia dónde mira esa mujer situada a la derecha de la composición, al fondo, delgadísima, agostada, casi inerme?… pero los Mensú de Horacio Quiroga reaparecen en los dos púberes que atan con destreza la

Fotografías: AFIP

LOS DESTERRADOS EN SU TIERRA Las formas triangulares de las “carpas” ocupan el lugar del sotobosque y nos conducen en un recorrido zigzagueante hasta el fondo de la composición. Los jirones de tela que penden de ellas contrastan con la esbeltez del pinar cuyo follaje morigera la exposición del hambre y las míseras condiciones de vida. El logotipo de la AFIP se destaca impreso en el chaleco del trabajador sentado en uno de los centros de interés de la foto. Quizá esté relacionado con el censo de tareferos, recolectores de yerba mate, realizado en Misiones recientemente, ya que más de una vez se ha denunciado una cuasi esclavitud en los precarios campamentos. Me pregunto, de ser así: ¿habrán sido blanqueados luego del censo? ¿Significa un verdadero cambio en su quehacer cotidiano? Los pies descalzos, fuertemente plantados en la tierra del niño que observa con atención a los mayores, me insinúan lo contrario. Mientras el ojo perfectamente circular del bidón, acecha. EXCUSADO Escusado: Separado del uso común: un lugar escusado. / Oculto, disimulado: una

puerta escusada. / Retrete. Se dice también excusado. / Sinónimos: Reservado, escondido, servicio, wáter. (Diccionario Santillana de la Lengua Española). Un monte achaparrado cierra como agresiva barrera el espacio en el que observamos tres estructuras semejantes a excusados. Pero no es la denominación que les corresponde porque, como arriba se indica, el excusado es un lugar reservado, un retrete alejado de la vivienda, que permite una cierta intimidad. Un marcado tono irónico revaloriza la foto al incluir un pulcro y contrastante cartel, con cuidada tipografía, que nos indica: BAÑOS - DUCHAS. El excusado del medio ocupa un lugar central en la composición y concentra la atención reforzado por la ubicación próxima del cartel mencionado. Además, nos sorprende una mano que ingresa por el costado derecho del encuadre sosteniendo una cámara y con el gesto de disparar. Sin duda, enfoca el cartel y sus particulares soportes. El fuera de cuadro se torna intrigante: ¿quién es el fotógrafo?

[*] Docente e investigador del Dpto. de Cine y TV de la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.

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quido transparente que finalmente reposa –sueño de miles de niños explotados– en un sofisticado envase diseñado para contener y vender el exquisito perfume.

MIRADAS

“ponchada”. Su proximidad a la cámara ha obligado a borrar digitalmente sus rostros. Esta intervención carga de una tensión diferente a la tarea que los ocupa, en este caso para trasladar un “colchón” de ramas de yerba mate denominada “ponchada” mediante el uso de una especie de macro pañuelo o, tal vez, sólo envuelven sus pobres pertenencias. La suave luz tamizada por el follaje de los pinos no logra disimular la ignominia de los niños trabajando, lejos de cualquier escuela. Otra vez la “carpa” nos confirma las condiciones de supervivencia que estas familias enfrentan cada jornada. Su estructura triangular divide el espacio en dos áreas bien diferenciadas: las figuras jóvenes y ágiles dinamizan el área izquierda mientras que las líneas estáticas y coloridas del grupo a la derecha resaltan entre la verticalidad de los árboles. La tierra roja, feraz, pierde su encanto salvaje para volverse una con los pies descalzos. Inevitablemente, estas imágenes se vuelven nocturnas, las reminiscencias de un documental sobre los pequeños recolectores de flores de jazmín en Egipto se agolpan en secuencias de niños sacados a empellones de sus cálidas camas a la medianoche, de pequeños como aves con sus brazos desplegados y sus manitos tomando delicadamente los pimpollos de una interminable plantación de jazmines, de niños exhaustos, apilados, adormilados en chirriantes acoplados de camiones que regresan al pueblo cuando el sol despunta. Luego, millones de pétalos son procesados en laboratorios inmaculados hasta convertir la esencia de las flores en un lí-

ALIMENTOS a provisión de alimentos a nivel mundial está atravesando una situación dramática. Según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 2050 se duplicarán las actuales necesidades de abastecimiento de la población, por el crecimiento demográfico pero también por las mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos de Asia y América Latina. Mientras crece la demanda, se estima también que cerca del 90% de las tierras arables del planeta ya están sembradas, con el agravante de que la generación de biodiésel está absorbiendo una buena porción de los granos que antes se destinaban exclusivamente a la alimentación humana. Es decir, por las perspectivas de agotamiento de las reservas de petróleo, la generación de energía está compitiendo con la producción para la alimentación humana. Incluso varias de las crisis internacionales que están ocurriendo –como la de Egipto– encuentran una de sus raíces en el encarecimiento de los alimentos y el impacto que eso genera en naciones que no alcanzan a autoabastecerse. En el plano interno, si bien por un lado el elevado precio internacional de los commodities impacta positivamente en las arcas nacionales, presiona también sobre los productores, quienes se vuelcan a los granos más rentables, como la soja. Esto a su vez genera la disminución

Julia Di Rienzo. Rekoyla Fane (Falsedad pesada) Serie “Retratos Incompletos”... Pocillo (5,5 cm x 6,5 cm), cuchara (12 cm) y carretel (30 cm x 37 cm) envueltos en hilo sintético blanco. Detalle. 2010.

o desaparición de cultivos o explotaciones agropecuarias e industriales menos rentables desde el punto de vista económico, pero importantes desde una perspectiva social y ambiental. El alza de los commodities presiona también sobre el valor de los alimentos en el mercado interno, que suben por encima del nivel general de inflación, generando así un fuerte perjuicio a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Por todo ello, la calidad de los alimentos, su producción y su accesibilidad resultan no sólo problemas para países sin capacidad de autoabastecerse, sino también para las naciones que, como Argentina, en buena medida aún se insertan en la economía mundial como productoras de materias primas. En ese marco, Hoy la Universidad convocó a docentes e investigadores de la UNC para abordar algunos de los temas vinculados a la producción de alimentos que se debaten en el mundo. Por un lado, la soberanía y la seguridad alimentarias, dos conceptos centrales tanto en el plano político como económico para los países de América Latina. Además, otros dos ejes: la generación de alimentos funcionales como una decisión política estratégica en momentos en que se alargan cada vez más las expectativas de vida; y un abordaje de la problemática del acceso a los alimentos.

[Agronegocios y Soberanía Alimentaria en Argentina]

CLAROSCUROS DEL ACTUAL MODELO PRODUCTIVO Mgter. Gustavo Soto* a producción nacional de alimentos está caracterizada por un modelo productivo denominado “Revolución Verde”, que desde hace más de 50 años se implementa en nuestro país, y que produjo profundas transformaciones en el agro argentino. Su base teórica es el postulado neo-malthusiano según el cual el flagelo del hambre a nivel mundial radica en la escasez de la oferta de alimentos y que sólo un aumento en la incorporación de tecnología externa a las unidades de producción podría resolver esta situación. Su lógica de producción, basada en la aplicación masiva de pesticidas (herbicidas, insecticidas y fungicidas), fertilizantes, uso de semilla mejorada genéticamente y generalización de la utilización de tractor y maquinaria agrícola (Barsky, 1988; Obstchatko, 1988) generó incrementos más que significativos en la producción agraria nacional, por vía del aumento de la superficie sembrada y de la productividad por hectárea debido a estas transformaciones tecnológicas implementadas, lo que permitió situar a Argentina entre los primeros proveedores de alimentos de origen vegetal y animal en el mundo. Este proceso de modernización y transformación productiva del agro argentino ocurrió fundamentalmente en la pampa húmeda, entre las décadas de los años 50 y hasta los años 80. Es la época de “Argentina, el granero del mundo”, cuando el país producía los alimentos básicos para su población, en las distintas regiones productivas del país: cereales; carnes vacuna, ovina, caprina y porcina; frutas de todo tipo; algodón; tabaco; caña de azúcar; etc.

Si bien es cierto que este modelo productivo provoca un cambio notable del paisaje −que ya había comenzado hace siglos−, al modificar completamente el ecosistema natural de la estepa pampeana, el disturbio o alteración ecológica es inferior si lo comparamos con la alteración ecológica que vendría una década después, a partir de 1990. A principios de este último período se produjo otro cambio significativo en el modelo productivo nacional, la llamada “Neo-Revolución Verde”, que por medio de la innovación tecnológica de la “labranza cero” o siembra directa ligada a la aparición de la soja transgénica resistente al herbicida Glifosato (conocido comercialmente como Roundup) permitió la expansión sin límite de este cultivo, frecuentemente asociado al trigo, permitiendo la sucesión de dos cultivos anuales, uno de verano (soja) y otro de invierno (trigo). Esta expansión ocurrió desde la

zona pampeana hacia la región extrapampeana, desde el puerto de Buenos Aires hacia el noreste, norte y noroeste de la geografía nacional, como siguiendo o imitando las ondas expansivas de una piedra arrojada a un estanque de agua. Si a ello agregamos el hecho del corrimiento de las isohietas de Este a Oeste, es decir un aumento de las lluvias en la región subhúmeda y semiárida, nos encontramos frente a una interrelación de factores que permitió la denominada “expansión de la frontera agrícola”. Este fenómeno de expansión −también conocido como “agriculturización”− produjo tal vez la mayor transferencia de capital natural a capital económico en la historia de nuestro país. La más clara muestra de este proceso de expansión de la agricultura es el incremento exponencial del cultivo de soja. En efecto, este cultivo prácticamente inexistente en las estadísticas hasta 1980 con

CUADRO 1 Evolución de la producción nacional de soja, expresada en miles de toneladas 60000 50000 40000 30000 20000 10000 1960

1970

1980

1985

2005

2010

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)

de alimentos para el consumo interno. Las estadísticas dan cuenta1 que miles de pequeños tambos desaparecieron de la zona húmeda por el avance arrollador de este cultivo. Desde el punto de vista ecológico el ecosistema chaqueño fue el más afectado por este proceso, el cual es el más extenso y con mayor biodiversidad de América del Sur luego del Amazonas, una extensa región habitada por miles de familias campesinas y aborígenes que han visto reducido su hábitat por la deforestación masiva de miles de hectáreas. El nuevo modelo agroalimentario global Este enfoque productivo nacional de materias primas agropecuarias se corresponde con uno a escala mundial y que impera desde los inicios del S. XXI. Es el nuevo modelo agroalimentario global que tiene características propias que lo diferencian del anterior, denominado “de des-

pojo” (Rubio, 2008). El mismo comienza y se expande con la participación de Estados Unidos en la guerra con Irak, con la consecuente suba del precio del barril de petróleo, sumiendo al líder militar mundial en una grave crisis energética. A ello debe sumarse la crisis financiera en la que incursiona Estados Unidos −la crisis de las hipotecas−, lo que originó la fuga de buena parte de los capitales especulativos. Como su nombre lo indica, estos capitales se refugian en bienes que, se estima, mantendrán o aumentarán su precio en el corto y mediano plazo; pueden dirigirse al oro, al petróleo, a las hipotecas inmobiliarias, o a alimentos que cotizan en el mercado internacional. A la crisis energética y financiera le sigue la crisis alimentaria, debido al fuerte aumento de los insumos agropecuarios derivados del alto precio del petróleo (agroquímicos, fertilizantes, combustibles), y a que “los fondos de inversión que no encontraron condiciones de rentabilidad en el sector inmobiliario,

ALIMENTOS

casi 3 millones de toneladas, aumentó casi 100% en 5 años llegando a 5,6 millones de toneladas en 1985, y en sólo 20 años la producción nacional creció un 700% llegando a las 37 millones de toneladas en el año 2005. En la actualidad producimos más de 50 millones de toneladas de este grano y dicha producción representa más del 50% de la producción total de cereales y oleaginosas del país, que casi llega a los 100 millones de toneladas (GRAIN, 2009), en una carrera que parece no tener fin, pues aparentemente hasta la Patagonia argentina en su zona de riego −el valle del Río Negro− sería afectada por este cultivo, una región históricamente productora de frutas de excelente calidad con destino tanto al mercado interno como al externo (Aranda, 2011). Este fuerte proceso de agriculturización significó un avance de las prácticas agrícolas sobre áreas dedicadas a la ganadería vacuna de carne y a la producción de leche, y sobre áreas de economías regionales que en buena medida proveían

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Julia Di Rienzo. Rekoyla Fane (Falsedad pesada). Serie “Retratos Incompletos”... Pocillo (5,5 cm x 6,5 cm), cuchara (12 cm) y carretel (30 cm x 37 cm) envueltos en hilo sintético blanco. Detalle. 2010.

se orientaron hacia el terreno alimentario, convirtiendo a los granos como el trigo, la soja, el maíz y el arroz en objetos de especulación, con lo cual los precios de los alimentos se dispararon a un nivel sin precedentes. En un solo día el precio internacional del arroz subió 10% y un promedio de 50% en dos semanas” (Rubio, 2008: 40). En este contexto internacional no sólo aumentan los precios de los alimentos porque –como ya analizamos– son el destino de parte de los capitales especulativos, sino por el alza de la demanda por parte de los países asiáticos, fundamentalmente China e India, que empiezan a crecer a tasas del 9 o 10% al año. Finalmente, y para completar el panorama, si a ello le sumamos el hecho de que en los últimos años los alimentos destinados a seres humanos y animales compiten en su destino final con la industria reciente de los agro-combustibles, coincidimos plenamente con Rubio (2008) cuando expresa que “la época de los precios bajos de los bienes agropecuarios y la desvalorización artificial de ellos, ha terminado” (Rubio, 2008: 41). Esto significa que se ha iniciado un ciclo de altos precios de los alimentos que no sabemos cuándo concluirá. La soberanía alimentaria La situación que hemos analizado anteriormente pone en riesgo la “soberanía alimentaria” de Argentina. ¿Cuál es el alcance de este término? Según la organización Vía Campesina, es “el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (CLOC Vía Campesina, 2007). En contraposición a esta conceptualización, el actual modelo de producción de

alimentos imperante en Argentina, que busca la maximización de la ganancia en el corto plazo, genera graves consecuencias negativas ambientales y sociales. Entre las primeras se encuentran la deforestación (Córdoba en particular, y Argentina en general, poseen una de las tasas de deforestación anual más altas del planeta2), la generalización de procesos erosivos, el desgaste de los suelos por la generalización del monocultivo, entre otras. A estos problemas ambientales generados por el modelo imperante deben sumarse las graves consecuencias sociales, entre los que se ubica la expulsión o éxodo rural-urbano. Esta grave situación está ocasionada por dos factores: el primero de ellos es la muy fuerte reducción de la mano de obra rural ocasionada por la generalización de la siembra directa. Ello genera una pérdida de fuentes laborales que constituían una importante fuente de ingresos económicos para las familias de pequeños productores que habitaban la región semiárida argentina y que, junto a otras actividades productivas, les permitían su supervivencia. El segundo factor que influye sobre el flujo de éxodo rural es la pérdida gradual de la tierra a través del arriendo y/o la venta a empresarios nacionales o extranjeros, ávidos de este recurso para incrementar sus ganancias3. El noreste y norte provincial son testigos de estos procesos, donde los trabajos de mi equipo de investigación han podido constatar las consecuencias que las familias campesinas han sufrido por la generalización de este proceso de agriculturización (Cáceres et. al., 2010). Son las consecuencias de haber adoptado un modelo productivo que nos está llevando paulatinamente a un proceso de pauperización de amplios sectores de la población rural. Una amplia región del país que hace dos décadas atrás producía alimentos para miles de familias y para los mercados locales, con sectores de bosque que proveían de productos forestales maderables y no maderables y productos no forestales (plantas alimenticias y medicinales) se está convirtiendo paulatinamente en un océano verde de soja. La duda que se plante-

aba hace pocos años atrás Miguel Teubal (2006) –“¿de granero del mundo a republiqueta sojera?”– parece irse lamentablemente develando. En la generalización de este modelo imperan los intereses comerciales e industriales, muy lejos de los intereses de las mayorías, como lo señala una parte del concepto de soberanía alimentaria. Así se explica cómo un país que produce 100 millones de toneladas de granos mantiene a buena parte de su población en la marginación, el hambre y la pobreza. Nos debemos como país una política agraria integral que contemple los intereses de las mayorías y no el afán de lucro de las minorías. Debemos detener la deforestación de nuestras últimas masas boscosas para evitar la pérdida de la biodiversidad, incluyendo la biodiversidad cultural que ella encierra. ¿Cómo se logra eso? Con una política de ordenamiento territorial, ampliamente participativa, que decida qué hacer, cómo hacerlo y para quién hacerlo. Las familias campesinas tienen un rol importante en la soberanía alimentaria, pues aportan buena parte de la canasta familiar argentina, como se observa en el siguiente cuadro. CUADRO 2 Participación de las explotaciones familiares en el total del país, en distintos rubros.

Rubro Caprinos Porcinos Colmenas Pollos parrilleros Bovinos de tambo Hortalizas Frutales Cultivos bajo cubierta Flores

Porcentaje 82,4 61,5 38,2 61,4 32,8 59,4 31 48,1 60

Elaboración propia a partir de datos de Obstchatko, 2009

También hacen falta planes de recolonización de tierras ociosas y/o públicas que devuelvan a los pequeños productores la tierra arrebatada, con asistencia técnica y ayuda crediticia pública; planes de reforestación con políticas de revalorización de la madera noble; devolución de la tierra

[*] Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.

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aborigen a sus ancestrales ocupantes; apoyo institucional a las ferias verdes que comercialicen los productos de la agricultura familiar en los mercados locales, entre otras medidas de políticas públicas que son el camino para fortalecer la soberanía alimentaria nacional. No hay que olvidar que la soberanía alimentaria es una cuestión de soberanía, y esta última, como lo expresaba Bodin hace más de cuatro siglos, “es el poder absoluto de los ciudadanos… es un poder perpetuo de una República, no delegado, inalienable e imprescriptible”

1 Según estadísticas de la Secretaría de Agricultura, en 1983 existían 40 mil tambos en alrededor de 4 millones de hectáreas, con una superficie media de pocos más de 100 hectáreas. El 91% de los mismos estaba en la región pampeana y daba cuenta del 90% de la producción de leche. En 1998 se habían reducido a 30.500 y estimaciones posteriores indican que en 1996 quedaban 22 mil, observándose una reducción del 28%. (Wehbe y Citivaresi, 2001). 2 La tasa de deforestación en Argentina es seis veces mayor que el promedio mundial. En cuatro años el desmonte de bosques nativos creció casi 42%. La tala arrasó con más de 1 millón de hectáreas, la mayoría ahora con soja. Se pierde un promedio de 821 hectáreas de bosques por día, 34 hectáreas por hora, según datos de la Fundación Proteger. 3 Los dueños de la tierra son cada día menos y el negocio agropecuario está cada vez más concentrado. El grupo que encabeza la lista de terratenientes es el del empresario textil italiano Luciano Benetton, poseedor de 900 mil hectáreas (dos veces el tamaño del Gran Buenos Aires y 40 veces la superficie de Capital Federal), donde unas 270 mil ovejas producen cerca de 1 millón de kilos anuales de lana y pastan 9 mil vacunos y mil caballos. El grupo Cresud, cuyo principal accionista es el financista húngaro George Soros, posee 468 mil hectáreas, de las cuales 115 mil están ubicadas en la región pampeana. Bunge y Born es la tercera empresa en la lista y la primera nacional, con un total de 260 mil hectáreas, 110 mil de las cuales están en la provincia de Buenos Aires. De hecho, si se suman las propiedades de los primeros cuatro terratenientes del país (el cuarto en el ranking es el grupo de Amalia Lacroze de Fortabat, con 220 mil hectáreas), se alcanzan casi los 2 millones de hectáreas, una extensión similar a la de Bélgica. En la zona más fértil y más cara del país −la pampeana−, la tendencia concentradora se agudiza: de los casi 80 mil propietarios, los primeros 1.250 acaparan 9 millones de hectáreas, un 35%. En 1996, los 50 propietarios más importantes de la provincia de Buenos Aires contaban con 2,4 millones de hectáreas, un 15% más que a finales de los 80 (Latoracca, Montero y Martínez, 2004).

ALIMENTOS

Bibliografía Aranda, D. (2011) “La soja desembarca en la Patagonia” en Página 12. [En línea] http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-163678-2011-03-08.html Barsky, O. (1988) La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. Bodin, J. [En línea] http://www.cem.itesm.mx/derecho/sitioobservatorio/info/islas/38_A_Guide/16-LaRepblica-Jean-Bodin.pdf Cáceres, D. M.; Soto, G; Ferrer, G.; Silvetti, F. y Bisio, C. (2010) “La expansión de la agricultura industrial en Argentina Central. Su impacto en las estrategias campesinas” en Cuadernos de Desarrollo Rural Vol. 7, Nº 64, pp. 89-117. Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones de Campo. La Vía Campesina (2007). [En línea] http://www.movimientos.org/cloc/show_text .php3?key=741 GRAIN (2009) “Soja [soya]. Las consecuencias inevitables de un modelo genocida y ecocida” en Revista Biodiversidad Nº 61. [En línea] http://www.grain.org/biodiversidad/?id=445 Latoracca, M.; Montero, H. y Martínez, M. (2004) “Hambre en el país de la tierra” en El Dipló. Le monde diplomatique Nº 62. Obstchatko, E. (1988) La transformación económica y tecnológica de la agricultura argentina. Ediciones Culturales Argentinas. ——————(2009) Las explotaciones agropecuarias familiares en la República Argentina. Un análisis a partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002. Buenos Aires, Proinder. Serie Estudios e Investigaciones 23. INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Censo Nacional Agropecuario 2002. Rubio, B. (2008) “De la crisis hegemónica y financiera a la crisis alimentaria. Impacto sobre el campo mexicano” en Argumentos Vol. 21, Nº 57. México, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Teubal, M. (2006) “Soja transgénica y crisis del modelo agroalimentario argentino” en Realidad Económica 167. Buenos Aires. Wehbe, M. y Citivaresi, H. M. (2001) La producción láctea regional y la reestructuración en el sistema agroalimentario. Impactos y estrategias en la región sur de Córdoba. Río Cuarto, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Mariana Di Reinzo. Del Proyecto Conjuro 10-07. El ramo. Lirios en origami, papel obra 70 gr., Alt. 35 cm. 2010.

[Trazabilidad alimentaria, una puerta para mejorar la competitividad]

SIGUIENDO LA HUELLA Dr. Daniel Wunderlin*

LA CIENCIA Y LA TRAZABILIDAD En la actualidad, la ciencia puede ayudar a evaluar la trazabilidad de un producto mediante una serie de mediciones y análisis que permiten crear una especie de huella digital de ese producto. Ese concepto de huella digital se puede aplicar a alimentos producidos en distintas regiones (vino argentino, español, australiano, californiano, etc.), o en una misma región bajo diversos procedimientos (carne de animales alimentados en corral con gramíneas o animales alimentados con pasturas naturales), alimentos del mismo tipo procedentes de distintas especies (por ej. vinos malbec, cabernet sauvignon, syrah, etc.), combinaciones de procedencia y especie (malbec sanjuanino, mendocino, cordobés, etc.). El concepto de huella digital también es aplicable a otros productos no alimenticios (plásticos elaborados en base a derivados de petróleo o en base a productos naturales-biodegradables), a determinaciones forenses (procedencia de explosivos, drogas de abuso, tóxicos, etc.), geológicas (origen de productos de minería, etc.), antropológicas (origen de restos humanos, cacharros, etc.). Como puede verse, distintas disciplinas científicas contribuyen, cada una desde su especialidad, a la construcción de esta huella dactilar. Esto último refuerza el mo-

derno concepto de interdisciplina que se impone en la ciencia en el ámbito nacional e internacional. En efecto, biólogos, geólogos, bioquímicos, matemáticos, químicos, físicos, antropólogos, médicos, ingenieros, nutricionistas, informáticos y especialistas de otras disciplinas contribuyen con una parte de la huella dactilar. A su vez, como toda huella dactilar, para poder sacar información de ella es necesario sistematizar su estudio, generar bases de datos de composición y origen, desarrollar métodos matemático-estadísticos para su análisis, desarrollar programas para su visualización y presentación de resultados, contar con laboratorios confiables que aporten resultados validados para aportar a esa base de datos, y un sinfín de profesiones y disciplinas científicas que deben concurrir en un objetivo común: sentar las bases para identificar alimentos de manera inequívoca, del mismo modo que puede identificarse a un individuo a partir de sus huellas digitales, su información genética, sus características antropológicas, etc. EN EL MUNDO El constante aumento del comercio mundial de alimentos ha llevado a distintos países a establecer normas y reglamentos para garantizar la inocuidad de los alimentos que consumen. En particular, la Unión Europea (EU) ha establecido normas que incluyen la declaración del origen de muchos alimentos en su rótulo, debiendo el proveedor contar con los elementos necesarios para demostrar tal procedencia a requisitoria de las autoridades. Es decir, la declaración de origen está dejando de ser voluntaria y está pasando a ser exigida. Esto enfrenta a muchos productores con el dilema de seguir produciendo alimentos para un mercado tan exigente como el europeo, o derivar sus productos a mercados menos exigentes pero a un precio significativamente menor. La importancia otorgada por la Comisión Europea (EC) a la trazabilidad de alimentos se vio reflejada en la inclusión de este tema en su programa de subsidios científicos (FP6), de lo cual resultaron varios proyectos, entre

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tos sino también a cualquier bien o producto sobre el cual se quiera determinar su origen y su historia de vida. En la industria, se restringe en la actualidad a una cadena de documentos que registran el origen y los movimientos de un producto. Cada etapa en una cadena de comercialización debe ser capaz de determinar la procedencia de un bien y el destino del mismo luego de su venta (un paso hacia atrás y un paso hacia adelante). Este concepto limita la utilidad de la trazabilidad, ya que muchas veces algunos eslabones de la cadena cumplen con los requisitos de registrar todos los movimientos y procesos de sus mercaderías, mientras que otros lo cumplen parcialmente, defectuosamente o no lo cumplen.

ALIMENTOS

egún la norma ISO 8402, la trazabilidad o rastreabilidad es la “aptitud para rastrear la historia, la aplicación o la localización de una entidad mediante indicaciones registradas”. Según el Artículo 3 del Reglamento Europeo 178/2002, es “la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo”. Según el Comité de Seguridad Alimentaria, la trazabilidad son “procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer la historia, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas”. El término trazabilidad se deriva del vocablo inglés Traceability, entendiéndose como tal la capacidad para seguir un “rastro” hasta llegar al origen del mismo. En alimentos, este término se entiende como la capacidad para determinar el origen, la trayectoria y las transformaciones de un alimento “desde la granja al tenedor” (from farm to fork). La trazabilidad surge en los alimentos como una necesidad de localizar el origen de productos defectuosos o portadores de algún tipo de infección, transmisores de enfermedades, etc. En ese contexto, ante una situación de intoxicación alimentaria, se puede determinar rápidamente el origen del alimento causante de la misma, impidiendo que el mismo se siga distribuyendo, exponiendo a más personas a dicha intoxicación. Es decir, la trazabilidad se comienza a usar en alimentos como una medida de prevención para evitar o disminuir el riesgo de enfermedades de transmisión alimentaria (ETAs). La trazabilidad también se usa en el comercio de alimentos para garantizar la procedencia de un dado producto que, por su origen, tiene una característica distintiva y, por ende, un precio superior (whisky escocés, carne argentina, aceite de oliva español, champagne francés, etc.). La trazabilidad no sólo se aplica a alimen-

Son múltiples los ejemplos de utilización del concepto de trazabilidad y, en particular, el análisis de “huellas digitales” para desactivar intentos de fraude en el mercado internacional de alimentos y bebidas. Puedo citar el de los resultados presentados por un organismo de control alemán en una conferencia. Sus científicos determinaron que una partida de vino espumante italiano (prosecco), supuestamente procedente del norte de Italia, estaba fabricado a partir de vino blanco chileno. ¿Cómo lo hicieron? Analizando la composición de isótopos de hidrógeno y oxígeno más la suma de metales presentes en el vino. Esa composición es nítidamente distinta entre los vinos chilenos y los italianos, porque los vinos chilenos parten de uvas cultivadas en zonas muy próximas al Océano Pacífico, en suelos con distinta geología y bajo distintas condiciones de temperatura, lluvia, radiación solar, etc. Inmediatamente surgió mi pregunta: ¿Y cómo saben que ese vino no era mendocino? El alemán que dictaba la conferencia me contestó: porque Mendoza tiene la cordillera de los Andes entre el Pacífico y sus viñedos, su distancia al Océano Atlántico es mucho mayor que la que tienen los chilenos del Pacífico y, por último, su suelo no es exactamente igual al chileno, mucho menos al italiano! Por supuesto me sorprendió ver la cantidad de información sobre Argentina que tenían en su base de datos y le pregunté si podíamos acceder a ella, la respuesta fue tajante: NO, es secreta. Si la difundimos todos sabrán como los controlamos y buscarán el modo de burlar nuestros métodos. Es decir, no nos queda más remedio que construir nuestra propia huella dactilar, almacenándola en bases de datos para poder defender y certificar el origen de los alimentos argentinos, tanto los que se exportan como los que consumimos aquí. Desde la perspectiva de una empresa que quiera exportar sus productos alimenticios, declarando su procedencia como un valor agregado, será necesario contar con

su propia huella dactilar para poder asegurar y defender ese origen, y también para poder detectar adulteraciones de sus productos por parte de terceros inescrupulosos. La Denominación de Origen Controlado de Vinos es un ejemplo donde se puede aplicar esta huella dactilar para garantizar el origen y la variedad de vino que se comercializa. Ejemplos de aplicación de huellas dactilares en alimentos y bebidas argentinos Caso 1: Vino argentino, ¿mendocino, sanjuanino o cordobés? Este gráfico permite ver que se puede distinguir entre vinos de las tres regiones a partir de su contenido en litio (Li -µg/L). También puede verse que la variación en

el contenido en litio está asociada con la región de origen pero no con la variedad, ya que distintas variedades de vino (malbec, cabernet o syrah) muestran valores similares de litio para una misma región de origen (Córdoba, Mendoza o San Juan). Caso 2: Vino sanjuanino, ¿joven o añejo? Aquí puede verse como aumenta el contenido de dietilsuccinato a medida que el vino se añeja. El dietilsuccinato se forma por reacción entre el ácido succínico presente en el vino con el alcohol (etanol) del mismo. Esta medida permite evidenciar fraudes en el etiquetado de vinos que se vendan como “reserva” y en realidad son vinos jóvenes. La medida es similar para distintas variedades de vino (malbec, cabernet o syrah).

CASO 1 Contenido de litio (Li) en vinos malbec, cabernet y syrah procedentes de Córdoba, San Juan y Mendoza 320

Promedio

300

Variación estándar

280 260

San Juan

240 220 200 180 160 140 120

Mendoza

100 80 60 40

Córdoba

20 0 MALBEC

CABERNET

SYRAH

CASO 2 30 Promedio

Variación estándar

26 24 22 20

dietilsuccinato

¿Para qué se está usando la huella digital en el comercio mundial?

18 16 14 12 10 8 6 4 2 2004

2005

2006

AÑO DE PRODUCCIÓN

2007

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Conclusiones Es posible establecer huellas dactilares que permitan diferenciar la procedencia y variedad de distintos alimentos y bebidas. Las mismas también pueden usarse para determinar otras características, como ser la edad de vinos o la alimentación del ganado destinado a producción de carne. Si bien no se presentan en esta nota, estos parámetros sirven para diferenciar alimentos argentinos de otros similares producidos en Europa, los que fueron analizados en el marco del proyecto TRACE. Es decir, la diferenciación de alimentos argentinos es posible, aprovechemos esta oportunidad para garantizar su calidad y nuestra presencia en el mundo con productos de jerarquía y procedencia demostrada

WAC2011. Wine Active Compound, UNESCO Chair Culture & Traditions of Wines Beauné (Francia), 24-26 Marzo 2011. Fabani, M.P.; Toro, M.E.; Vázquez, F.; Díaz, M.P. and Wunderlin, D.A. (2009) “Differential Absortion of Metals from Soil to Diverse Vine Varieties; Consequences to Evaluate Wine Provenance” en J. Agric. Food Chem, 57, pp. 74097416. Fabani, M.P.; Arrúa, R.C.; Vázquez, F.; Díaz, M.P.; Baroni, M.V. and Wunderlin, D.A. (2010) “Evaluation of Elemental Profile Coupled to Chemometrics to Assess the Geographical Origin of Wines from Three Areas of Argentina” en J. Agric. Food Chem, 119, pp. 372-379. Fabani, M.P.; Ravera, M.A.J.; Wunderlin, D.A. “Assessment of Wine-Age Based on Colour Parameters and Concentration of diethyl succinate. A Case Study: Red Wined from the Valley of Tulum (San Juan-Argentina)”. 4° Meeting TRACE project EU. 23-25/4/2008- Torremolinos (España). Accesible en http://www.trace.eu.org/je/spain/swf/TRACE _meeting4_SAT_fabani.php Fabani, M.P.; Ravera, M.A.J.; Wunderlin, D.A. “Assessment of Wine Variety Based on VOCs Composition and Chemometrics. A Case Study: Red Wines from the Valley of Tulum (San Juan-Argentina)”. 4th Annual Meeting and Conference: Lost without TRACE. Torremolinos España (Abril-2008). Accesible en http://www.trace.eu.org/je/spain/meeting/trac e_m4_tp_fabani.php Fabani, M.P.; Ravera, M.A.J.; Wunderlin, D.A. “Markers of typical red wine varieties from the Valley of Tulum (San Juan-Argentina) based on VOCs profile and chemometrics”. ASSET 2011, Food Integrity and Traceability Conference, Queens University, Belfast (Irlanda), 21-24 Marzo 2011. Lima, B.; Tapia, A.; Luna, L.; Fabani, M.P.; Schmeda-Hirschmann, G.; Podio, N.S.; Wunderlin, D.A. and Feresin, G.E (2009) “Main Flavonoids, DPPH Activity and Metal Content Allow Determining the Geographical Origin of Propolis from the Province of San Juan (Argentina)” en J. Agric. Food Chem, 57, pp. 26912698. Wunderlin, D.A. and Ostera, H.R. “Tracing provenance: Diferentiating Argentinean from European Foodstuffs”. Anual Meeting TRACE project EU. 1-3/4/2009- Freising (Alemania). Accesible en: http://www.trace.eu.org/je/germany/flash.php?file=2SWunderlin An international comparison: TRACE in Argentina. Final Meeting TRACE project EU. 12/12/2009. Bruselas (Bélgica). http://www.trace.eu.org/je/belgium/lectures/L 4-9.php

ALIMENTOS

ellos el proyecto TRACE (www.trace.eu.org), del cual participó nuestro grupo de investigación, aportando datos y perspectivas de diversos alimentos argentinos. La Organización para la Estandarización Internacional (ISO) ha establecido la norma ISO 22005, relativa a la trazabilidad en la cadena alimentaria. Los principales objetivos de esta norma son: • Asegurar la seguridad alimentaria y objetivos de calidad. • Documentar la historia y origen de los productos . • Facilitar la alerta y el retiro de los productos. • Identificar los responsables en la cadena de alimentos. • Facilitar la verificación de información específica acerca de un producto. • Comunicar la información relevante a los clientes y consumidores.

Bibliografía Baroni, M.V.; Nores, M.L.; Díaz, M.P.; Chiabrando, G.A.; Fasano, J.P.; Costa C. and Wunderlin, D.A. (2006) “Determination of VOCs Patterns Characteristic of Five Unifloral Honey by SPME-GC-MS Coupled to Chemometrics” en J. Agric. Food Chem, 54:19, pp. 72357241. Baroni, M.V.; Arrúa, R.C.; Nores, M.L.; Faye, P.F.; Díaz, M.P.; Chiabrando, G.A.; Wunderlin, D.A. (2009) “Composition of Honey from Córdoba (Argentina): Evaluation of North-South Provenance by Chemometrics” en J. Agric. Food Chem, 114, pp. 727-733. Baroni, M.V.; Inga, C.M.; Furlan, G.; Podio, N.; Fabani, M.P.; Peral-García, P.; Badini, R. and Wunderlin, D.A. “Tracing Irrigation Water from Five Different Regions of Argentina”. VI° Meeting TRACE project EU. 23-25/4/2008- Torremolinos (España). Accesible en: http://www.trace.eu.org/je/spain/meeting/trac e_m4_tp_baroni.php Baroni, M.V.; Podio, N.S.; Ostera, H.A.; PeralGarcía, P.; Cagnoni, M.; Badini, R.; Inga, M.; Hoogewerff, J. and Wunderlin, D.A. “Elemental profile coupled to stable isotope analysis and chemometrics: a powerful tool to assess the geographical origin of Argentinean beef”. ASSET 2011, Food Integrity and Traceability Conference, Queens University, Belfast (Irlanda), 21-24 Marzo 2011. Baroni, M.V.; Di Paola-Naranjo, R.; Podio, N.S.; García Ferreira, C.; Wunderlin, D.A.”Antioxidant properties of three argentinean red wines varietals determined by in vivo assays”. WAC2011. Wine Active Compound, UNESCO Chair Culture & Traditions of Wines Beauné (Francia), 24-26 Marzo 2011. Di Paola-Naranjo, R.D.; Baroni, M.V.; Podio, N.S.; Rubinstein, H.R.; Fabani, M.P.; Badini, R.G.; Inga, M.; Ostera, H.A.; Cagnoni, M.; Gallego, E.; Peral-García, P.; Hoogewerff, J.; Wunderlin, D.A. (2001, enviado) “Fingerprints for Main Varieties of Argentinean Wines: Terroir Differentiation by Inorganic, Organic and Stable Isotopic Analyses Coupled to Chemometrics” en J. Agric. Food Chem. Di Paola-Naranjo, R.D.; Baroni, M.V.; Podio, N.S.; Rubinstein, H.R.; Fabani, M.P.; Badini, R.G.; Inga, M.; Ostera, H.A.; Cagnoni, M.; Gallego, E.; Peral-García, P.; Hoogewerff, J. and Wunderlin, D.A. “Terroir diferentiation of Argentinean red wines by inorganic, organic and stable isotopes analyses coupled to chemometrics”. ASSET 2011, Food Integrity and Traceability Conference, Queens University, Belfast (Irlanda), 21-24 Marzo 2011. Di Paola-Naranjo, R.D.; Baroni, M.V.; OtaizaGonzález, S.; Ruiz-Smania, M.; Wunderlin, D.A. “Phenolic compounds and antioxidant activity of three varieties of Argentinean red wines”.

[Promoción de una alimentación adecuada]

UNA DIETA FUNCIONAL Dr. Pablo Ribotta y Dr. Alberto León*

n un mundo globalizado, con gran heterogeneidad de culturas y civilizaciones, existen necesidades básicas comunes y compartidas que suponen grandes retos para la comunidad académica y científica: combatir la desnutrición, la malnutrición y aumentar la protección contra ciertas enfermedades derivadas fundamentalmente de los malos hábitos alimentarios. Todos temas complejos y de alta prioridad, que necesitan abordarse de forma integral entre los miembros de dicha comunidad. El desarrollo de productos beneficiosos, viables y atractivos para los ciudadanos, evaluados nutricionalmente por científicos y avalados por las autoridades sanitarias y las organizaciones que promueven la salud, es una de las políticas que han comenzado diferentes países alrededor del planeta. Con una realidad de grandes contrastes, con más de 500 millones de personas que pasan hambre y un gran número que muere diariamente de desnutrición, frente a 1.000 millones de ciudadanos que pade-

cen sobrepeso u obesidad, ciertos alimentos básicos y con bajo nivel de complejidad, dinámicos y adaptados a las necesidades de distintos colectivos poblacionales, desempeñan un papel primordial en la nutrición y en la salud de los países tanto desarrollados como subdesarrollados. Entre las políticas públicas que en muchas regiones se están adoptando se incluye la de priorizar la promoción de la salud, no sólo para prolongar la longitud de la vida, sino para mejorar su calidad. Una forma efectiva de contribuir a la prevención de las enfermedades prevalentes es la promoción de estilos de vida saludables, incluyendo una alimentación adecuada. A medida que aumenta la expectativa de vida de la población, adquieren mayor relevancia las enfermedades crónicas no transmisibles, como son la hipertensión arterial, la artrosis, la artritis, la diabetes, las enfermedades coronarias, las bronquiales obstructivas, las cerebro-vasculares y los diferentes tipos de cáncer.

Actualmente se observa en los consumidores una creciente tendencia a elegir los alimentos que se asocian con su salud y bienestar. Esta situación se aprecia claramente en la oferta de productos cuya rotulación destaca que contienen cierto tipo de fibra dietética, que son integrales, que poseen ácidos grasos omega (w)-3, antioxidantes u otros componentes que el consumidor común está aprendiendo a reconocer como un aporte saludable. Las nuevas tendencias en nutrición centran su interés en la relación entre la alimentación y la salud. En tal sentido, la nutrición actual se orienta a proveer de alimentos que, además de los nutrientes, contienen otros compuestos biológicamente activos que aportan un beneficio adicional. Así nació el concepto de “alimentos funcionales”, en cuya elaboración no sólo se contempla la calidad nutricional, tecnológica y sensorial, sino también que contengan naturalmente –o se hayan incluido en ellos– componentes bioactivos. Estos compuestos, en su mayoría, se

HACIA UN “ENVEJECIMIENTO SALUDABLE” El marcado crecimiento económico que se produjo en Japón luego de la Segunda Guerra Mundial generó un incremento en la calidad de vida de su población, que se reflejó en un aumento considerable de la expectativa de vida. Sin embargo, el envejecimiento de sus habitantes produjo un aumento considerable de las patologías tales como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, osteoporosis, distintos tipos de cáncer y obesidad. Este cuadro, que origina altísimos costos para los sistemas de salud, motivó al gobierno japonés a promover el desarrollo de un sistema de alimentación, que incluya alimentos que provean un real beneficio en la salud de los consumidores, más allá del

aporte nutricional. Es así como, luego de varios estudios clínicos, se propusieron los alimentos FOSHU (Food with specified health uses), el origen de los ahora llamados alimentos funcionales. Este concepto se aplica a aquellos alimentos que tienen uno o más componentes que satisfactoriamente demuestran que afectan beneficiosamente a una o más funciones determinadas del organismo, además de sus efectos nutricionales fundamentales, de manera que sean relevantes tanto para mejorar el estado de salud y bienestar como la reducción del riesgo de alguna enfermedad. Es importante recalcar que los alimentos funcionales deben consumirse como parte de una dieta habitual, y no en la forma de comprimidos, cápsulas u otras formas farmacéuticas que contengan los compuestos bioactivos, ya que estos productos son clasificados como “nutracéuticos”, cuya finalidad es aportar cantidades muy altas de los agentes bioactivos, generalmente con un objetivo terapéutico y no de mantención

de salud y reducción de riesgos de enfermedades. Los compuestos químicos bioactivos que estos alimentos aportan al organismo ejercen funciones bioquímicas y fisiológicas beneficiosas que, en términos globales, contribuyen a lograr un “envejecimiento saludable”, a través de la reducción del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles prevalentes en nuestra sociedad. En otras palabras, se conoce que la dieta ingerida cumple un rol fundamental en la contribución de la mejora de la calidad de vida, por lo que el diseño de alimentos es una herramienta imprescindible para mejorar este aspecto. CATEGORÍAS DE ALIMENTOS FUNCIONALES La base del desarrollo de estos alimentos es la incorporación de compuestos bioactivos de efecto reconocido, tales como ciertos tipos de fibra dietética, prebióticos, ácidos grasos (w)-3, antioxidantes u otros,

ALIMENTOS

encuentran presentes en los alimentos vegetales y poseen estructuras químicas muy diversas.

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Julia Di Rienzo. Sach'arara ch'ilikuti n (Arboleda pequeña o Bosque pequeño). Serie “Retratos Incompletos”... Cúmulo de esferas (1 cm de diámetro) hechas de tierra amasada y semillas de ceibo, vaso de vidrio (5 cm de alto x 4 cm diámetro x 2 cm base) con agua. 2010.

medidas que pueden complementarse con el reemplazo de parte de las grasas saturadas por otras más saludables, la reducción del aporte de sodio, la adición de almidones resistentes a la digestión o el incremento de su porcentaje por modificaciones en la tecnología de elaboración, entre muchas otras alternativas. El desarrollo de alimentos funcionales ha producido un gran nicho para alimentos mejorados o nuevos. Los tipos de alimentos desarrollados o en desarrollo incluyen bebidas energéticas y para deportistas, alimentos con cereales para niños, productos panificados, derivados lácteos –especialmente productos fermentados–, derivados cárnicos y alimentos para animales. Estos alimentos poseen variados mecanismos de acción y ofrecen diferentes tipos de beneficios. Una posible categorización es de acuerdo a su modo de operación: fortificación de vitaminas y minerales, reducción de colesterol, fibra alimentaria, probióticos, prebióticos, antioxidantes y fitoquímicos. Algunos ejemplos de productos fortificados con vitaminas y calcio son las bebidas a base de frutas enriquecidas con calcio, y las lácteas con calcio y ácido fólico. Se ha comprobado que el suministro de ácido fólico durante el embarazo reduce el riesgo de espina bífida o algún otro defecto del conducto raquídeo del recién nacido; mientras que el calcio, no sólo los niveles en la dieta sino también la eficiencia de su absorción, ha sido reconocido en la prevención de la osteoporosis. Varios ingredientes de los alimentos se asocian con la inhibición de la absorción del colesterol, el que es considerado el mayor factor relacionado a las enfermedades cardiovasculares. Los ácidos grasos w3 y los fitoesteroles son incluidos en esta categoría. Algunos ejemplos de este tipo son las margarinas, bebidas lácteas o helados que contienen fitoesteroles esterificados con ácidos grasos o ácidos grasos w-3. La fibra alimentaria comprende a los carbohidratos de la parte comestible de plantas que son resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado humano, con completa o parcial fermenta-

ción en el intestino grueso. Incluye polisacáridos, oligosacáridos, lignina y sustancias asociadas a vegetales. Entre los efectos beneficiosos producidos por la ingestión de fibra alimentaria a nivel intestinal se incluye el aumento de volumen de las heces, la reducción del tiempo de tránsito y el aumento de la motilidad. Esto reduce la presión necesaria para la propulsión de las heces, previniendo la formación de divertículos. Esta propiedad llevó a su empleo en el tratamiento del síndrome de intestino irritable, constipación y diverticulosis. La mayor parte de los polisacáridos que integran la fibra alimentaria transitan por el intestino delgado sin ser degradados, en tanto que a nivel del colon pueden ser metabolizados por las bacterias y ejercer diversos efectos fisiológicos. Entre los efectos más importantes podemos mencionar: favorecer la resistencia a la colonización por bacterias y virus patógenos; ejercer un efecto protector sobre el colon, lo que disminuye el riesgo asociado a la presencia de carcinógenos; generar ácidos grasos protectores –como el butírico– y acidificar el contenido del colon; y disminuir la generación de potenciales agentes promotores de tumores. La disminución del pH del contenido intestinal y la concentración de ácidos biliares secundarios se relaciona con un menor riesgo de cáncer colorectal. Se ha observado que los alimentos altos en fibra alimentaria soluble –tales como avena, cebada, centeno, soja, porotos y lentejas– reducen la glucemia e insulinemia postprandial, gracias a lo cual pueden ayudar a mejorar el control de pacientes diabéticos. Estos alimentos tienen una velocidad de digestión más lenta, especialmente por la acción de los componentes solubles en agua. Además, la viscosidad dificulta la difusión de los nutrientes hacia el epitelio intestinal, retardando su absorción. Entre los alimentos altos en fibra alimentaria podemos mencionar pastas, productos de panificación y jugos de frutas enriquecidos. Un probiótico puede ser definido como un suplemento alimenticio microbiológico vivo que afecta benéficamente el huésped, mejorando el perfil de su flora in-

testinal. Estos microorganismos ingeridos logran llegar vivos al intestino delgado, donde interaccionan con las bacterias de la microflora endógena. Además colonizan el intestino grueso y estabilizan la flora intestinal al adherirse a la mucosa del intestino para impedir la actividad de muchos microorganismos dañinos. Por tanto, estas bacterias acidolácticas tienen también propiedades inmunomoduladoras, en la medida en que estimulan la producción de anticuerpos y refuerzan el sistema inmune. Los probióticos forman el mayor grupo de alimentos funcionales a nivel mundial. Los ejemplos más comercializados son los yogures naturales o las leches fermentadas adicionados con diferentes cepas de bacterias. En este grupo de alimentos se ha ido incorporando en los últimos años a los prebióticos. Éstos son ingredientes no digeribles de la dieta, principalmente oligosacáridos, que estimulan el crecimiento o la actividad de uno o más tipos de bacterias benéficas en el colon. Esto ha generado la producción de alimentos que combinan características pre y probióticas. Es conocido el hecho de que los radicales libres pueden dañar el ADN a través del estrés oxidativo, lo que puede generar ciertas enfermedades como diferentes tipos de cáncer. Los antioxidantes son sustancias que pueden proteger a las células contra el daño causado por las moléculas inestables conocidas como radicales libres. Si bien estas moléculas no ejercen un rol nutricional, puesto que no se trata de sustancias indispensables para el organismo, su consumo supone una protección adicional contra la acción nociva de sustancias provenientes de la dieta y del entorno ambiental que afectan la salud de la población. Las sustancias antioxidantes incluyen vitamina E, carotenos, vitamina C y algunos fitoquímicos. Los ejemplos de alimentos que incorporan antioxidantes son productos de panificación, barras de cereales, bebidas de frutas y lácteas. Los vegetales son ricos en micronutrientes pero también contienen una gran variedad de componentes bioactivos, denominados fitoquímicos, que poseen

Hoy en día la investigación, el desarrollo y la innovación en el área de los alimentos funcionales son prioritarios en diversos países, y en muchas regiones se cuenta con normas específicas propias. Es el caso de la Comunidad Europea, Asia y Norteamérica, con organismos dedicados a su fomento y normativa. A partir de los primeros desarrollos en alimentos funcionales, los diversos países y agrupaciones de países fueron incorporando el término de alimentos funcionales en sus legislaciones y normativas de alimentos, aunque a la fecha aún no hay consenso acerca de cuál es la definición universal. En Japón, el Ministerio de Salud y Bienestar ha formulado normas para la aprobación de estos alimentos desde mediados de la década de 1980, y los productos aprobados pueden llevar un rótulo de aprobación ministerial. La principal dificultad al legislar sobre esta materia surge de la declaración (alegación) de efectos beneficiosos para la salud que se pueden obtener de su consumo, que debe basarse en la evidencia científica que avale estas propiedades. La identificación de estos alimentos se lleva a cabo a través de la incorporación de alegaciones de salud en el rótulo de los alimentos. Según el Codex Alimentarius, “Proclama Alimentaria” o “Mensaje Saludable”

La regulación en relación con los alimentos funcionales está siendo constantemente revisada y modificada, y constituye uno de los temas de mayor dinamismo en los organismos regulatorios y en la industria alimentaria. A nivel de Mercosur, el rotulado nutricional es obligatorio para todos los alimentos y bebidas que son producidos, comercializados y envasados en los países miembros, aunque hay ciertas excepciones. Con respecto a la legislación referente a alimentos funcionales se encuentra en pleno desarrollo. Brasil cuenta desde 2002 con un “Reglamento Técnico de Sustancias Bioactivas y Prebióticos aislados que hagan referencia a propiedades funcionales y relacionadas con la salud”. Esta norma establece los procedimientos necesarios para asegurar la inocuidad de los productos, realizar sus registros y regular su comercialización. Nuestro país avanza sobre la reglamentación de alimentos funcionales y nutracéuticos a través de la Comisión Nacional de Alimentos (Conal). Este organismo ha conformado un Grupo de Trabajo Técnico para Probióticos y Prebióticos que está abocado a evaluar la definición y los parámetros de estos productos. El grupo ha establecido normas para su funcionamiento y está trabajando en la definición para alimentos probióticos, tomando como base la normativa internacional

[*] Docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.

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ROTULADO Y LEGISLACIÓN

es cualquier representación que afirma, sugiere o implica que un alimento tiene ciertas características relacionadas con su origen, propiedades nutricionales, naturaleza, producción, procesamiento, composición o cualquier otra cualidad. El tema de las declaraciones de propiedades de los alimentos es relevante para todos los grupos de la población, ya que muchos consumidores de diferentes condiciones fisiológicas y/o patológicas optan por incorporar en su dieta alimentos con una función determinada relacionada con su salud. La Unión Europea ha legislado sobre esta materia, con el objetivo de asegurar un correcto etiquetado de los productos con mensajes o alegaciones, como medio de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores y de facilitar su elección informada de productos. Si bien no existe una normativa armonizada acerca del etiquetado nutricional y las proclamas, hay unanimidad en que deben estar basadas en investigación científica, no ser ambiguas y ser claras para el consumidor. El objetivo de los mensajes debe ser proteger la salud y los derechos de los consumidores. Diversas normas emanadas desde 2002 por el Parlamento Europeo prohíben las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables que sean falsas, engañosas o no estén científicamente comprobadas y/o que pueden tener efectos negativos sobre la salud de los consumidores. De esta manera, se ha creado un listado armonizado de las declaraciones y las condiciones para su autorización en toda la Unión Europea, definida con valores precisos y cuantificables. En Estados Unidos, la Food and Drug Administration (FDA) exige, desde 1990, el etiquetado nutricional para la mayoría de los alimentos con mensajes relacionados con la salud. Los atributos funcionales de alimentos o sus constituyentes se comunican a través de los mensajes saludables aprobados por la FDA, siempre que existan evidencias científicas públicamente disponibles y haya suficiente consenso científico entre los expertos de que dichas alegaciones están respaldadas por pruebas.

ALIMENTOS

estructuras químicas muy diversas, tales como carotenoides, isoflavonas, cumestanos, polifenoles diversos, fitoestanoles, ácido linoleico conjugado, epigalocatequina galato, entre otros miles de compuestos que ejercen una actividad biológica beneficiosa. Existe gran cantidad de evidencia que avala que el consumo regular de estos compuestos bioactivos presenta una asociación positiva con respecto a la disminución del riesgo de desarrollar, entre otras, enfermedades cardiovasculares, cáncer, osteoporosis, hiperlipidemias y neurodegeneración. Algunos ejemplos de productos que contienen fitoquímicos son bebidas, caramelos, chocolates y quesos untables adicionados con algunos de estos componentes bioactivos.

[Reflexiones sobre el acceso a la alimentación]

Julia Di Rienzo. Awax ch'in (Tejedor/a silencioso/a). Serie “Retratos Incompletos”... Sistema circulatorio tejido al crochet en hilo de algodón rojo (adulto promedio). Detalle. 2010.

UN DERECHO HUMANO ESENCIAL Mgter. Lidia Carrizo* odos los seres humanos tienen “derecho a una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada y suficiente”, ligado de forma directa con el derecho a la vida. Por ello, desde la perspectiva de derechos, se expresa que “las personas deben tener acceso en todo momento a los alimentos necesarios para llevar una vida activa y sana, a lo largo de su ciclo vital”. Paradójicamente, el derecho a la alimentación aún no es suficientemente considerado y/o valorado, ni por los titulares –todos los ciudadanos– ni por el garante –el Estado–; similar situación ocurre con otros derechos sociales y económicos. También se podría expresar que es un derecho fundamental de las personas el de “no sufrir hambre y malnutrición en todas

sus expresiones biológicas”. El no cumplimiento constituye una violación de derechos humanos. Por otra parte, el derecho humano a la alimentación debe ser garantizado sin ningún tipo de discriminación de origen nacional, social, raza, género, lenguaje, religión, entre otros; en este sentido los alimentos nunca deberían ser usados como instrumentos de presión política y/o económica. ¿POR QUÉ DEBEMOS OCUPARNOS DE LA PROBLEMÁTICA? Existe consenso en afirmar que la Seguridad Alimentaria1 es un factor de desarrollo económico, de bienestar emocional y

psicológico y, por el contrario, situaciones de inseguridad y vulnerabilidad alimentaria conllevan a pérdidas de productividad y crecimiento económico, imposibilitado por el insuficiente desarrollo físico e intelectual de las personas, disminución del rendimiento laboral, de los ingresos que se obtienen, de la capacidad cognitiva y las capacidades sociales para enfrentar el desafío de vivir en una sociedad moderna y globalizada. Lamentablemente, en la última década la problemática alimentaria se ha instalado en la agenda social de nuestro país de la manera menos deseada, asociada a una profunda crisis económica, a una amplia franja poblacional en situación de pobreza e indigencia nunca registrada en la Argentina, altas tasas de desempleo o empleo in-

El acceso por parte de las personas y de las familias a los alimentos que les permitan cubrir las necesidades nutricionales a lo largo de su vida, está ligado a la posibilidad de comprar o producir alimentos en cantidades suficientes. La crisis del año 2001 ubicó a amplios sectores sociales en una situación de inaccesibilidad de alimentos nutricionalmente adecuados para llevar una vida saludable y activa. El empleo, los ingresos y precios siguen constituyendo actualmente los factores determinantes de la crisis de producción alimentaria de los sectores con más desventaja social. En este contexto podemos reconocer diferentes etapas: desde 2001 a 2005 como la más crítica por inusual, por la emergencia, por su magnitud social; con posterioridad se recuperan algunas variables macroeconómicas que hacen aflorar el optimismo, la posibilidad futura, pero es insuficiente, no alcanza a todos los sectores con igualdad de oportunidades, ahondando brechas sectoriales que se profundizan. El INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) por ese tiempo señalaba que el 44% de la población se encontraba

destinado por la mujer a buscar los componentes de menor costo del consumo cotidiano y un desarrollo aún no muy generalizado del cultivo de pequeños huertos familiares. IMPACTO EN LOS NIVELES DE CONSUMO Y NUTRICIÓN Uno de los cambios más relevantes en los patrones de consumo es el aumento de alimentos de mayor contenido calórico, un descenso del consumo de alimentos fuentes de proteínas frente a la constancia en el consumo de carbohidratos, indicadores inequívocos de un deterioro en los niveles de consumo en los sectores sociales más afectados por los problemas de acceso. Son numerosos los estudios que trazan la situación preocupante que viven los sectores medios empobrecidos junto a los sectores más pobres, en cuanto al tipo, calidad y frecuencia de alimentos a los que pueden acceder. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) del Ministerio de Salud, realizada en el año 2005 y cuyos datos se disponen desde 2007, es una herramienta oportuna para inferir el impacto de la crisis del año 2001; leer, reflexionar y analizar como línea de base sobre la situación de desigualdad e inequidades nutricionales que afecta a un grupo poblacional vulnerable, como son las mujeres en edad fértil, las mujeres embarazadas, los niños/as entre 0-6 años. Las deficiencias nutricionales más relevantes son el bajo peso, el retraso en la talla y la anemia. El sobrepeso y la obesidad adquieren categorías de expresión de la malnutrición. El bajo peso y el retraso de crecimiento de la talla para la edad del niño/a son problemas más prevalentes en las provincias del NOA y NEA, coincidiendo con las regiones con mayor población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). La anemia afecta principalmente a los niños menores de dos años y a las mujeres embarazadas de todas las regiones del país. El sobrepeso y la obesidad emergen en edades tempranas en los niños/as y las mu-

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ACCESO A ALIMENTOS NUTRICIONALMENTE ADECUADOS

bajo la línea de pobreza y un 17% era indigente, lo que proyectaba la magnitud de las personas que no podían acceder a la canasta básica de alimentos, vulnerándose uno de los derechos más fundamentales. Posteriormente, transitando el período 2008-2009 vuelve al escenario primero una nueva crisis combinada de alzas de precios de los alimentos, y después una crisis financiera y económica de carácter global afectando el ingreso de los argentinos, el acceso a los alimentos, retrasando la recuperación con una drástica caída de la actividad productiva y el empleo, creando una nueva inestabilidad en los hogares y acentuando los niveles de pobreza e indigencia. Si bien el país muestra un crecimiento económico promisorio, aún queda pendiente lograr que todo ciudadano que resida en la Argentina acceda a los alimentos básicos en todo momento de su ciclo de vida. Esta situación sin duda crea una crisis de equidad, es decir de distribución desigual de los alimentos materializada en los patrones de consumo de los diferentes sectores sociales, y en las brechas de inequidad para acceder a una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada. Por otra parte, la concentración poblacional ocurrida en las dos últimas décadas en las áreas urbanas de las principales ciudades del país ofrece un panorama de riesgo, ya que la pobreza unida a la inseguridad alimentaria crónica2 pasará a ser un problema social cada vez más importante. Las medidas orientadas a reducir la situación injusta de pobreza contribuirán a resguardar el derecho a la alimentación, ya que las personas u hogares pobres no tienen los medios suficientes para asegurar el acceso a los alimentos, aunque éstos estén disponibles. Es alta su vulnerabilidad a la ocurrencia de acontecimientos que escapan a su control, variaciones repentinas de precios, cambios de políticas, factores climáticos, etc. Se han observado y documentado las respuestas individuales de los afectados para esta situación, específicamente en el ámbito de lo alimentario: los patrones de consumo han experimentado cambios, incrementando las calorías adquiridas por unidad de gasto; el aumento en el tiempo

ALIMENTOS

formal, a rupturas en la trama social, conmocionando a la sociedad y dejando como resultado una Argentina heterogénea y con brechas de inequidad nunca socialmente experimentadas. En ese contexto, se reconocía y aún persiste la idea de que Argentina no posee un problema de disponibilidad interna de alimentos básicos (sí de sustentabilidad), sino que la dificultad radica en la accesibilidad por parte de la población, en especial la más desfavorecida económica y socialmente, que la crisis afectó a lo largo y ancho del territorio nacional. Por lo cual, se está frente a una problemática compleja, pero no menos importante, que es la dificultad para el acceso a un derecho esencial para la vida.

Julia Di Rienzo. Awax ch'in (Tejedor/a silencioso/a). Serie “Retratos Incompletos”... Sistema circulatorio tejido al crochet en hilo de algodón rojo (adulto promedio). Detalle. 2010.

jeres en edad fértil. Esta malnutrición se presenta tanto en los sectores con Necesidades Básicas Insatisfechas como en los con Necesidades Básicas Satisfechas. La información que provee la mencionada encuesta sobre consumo de alimentos indica que los riesgos de ingesta insuficiente en macro y micronutrientes son indicadores de la desigualdad en el acceso. Los nutrientes más críticos son las proteínas de mayor valor biológico en las regiones más afectadas por la crisis; le siguen el hierro, el calcio y la vitamina A. En cuanto al patrón alimentario, no muestra diferencias entre el grupo de alimentos seleccionados por las mujeres y por los niños/as; el consumo de grupos de alimentos preferidos por las mujeres en edad fértil no muestra diferencias con el grupo de mujeres embarazadas, a pesar del aumento de exigencias nutricionales que este momento del ciclo de vida determina con respecto a cuando la mujer no está cursando un embarazo.

Podríamos concluir que la ENNyS nos aporta elementos para afirmar la importante brecha de inequidad de los ciudadanos argentinos que residen en distintas regiones, en un esfuerzo memorable en el año 2005 por parte del Ministerio de Salud de la Nación, en llevar a cabo por primera vez en el país un estudio diagnóstico sobre Nutrición y Salud. Si bien en el caso de los adolescentes, los adultos y adultos mayores, no se cuenta con estudios nacionales de magnitud, los existentes evidencian iguales situaciones de falta de equidad en el acceso a una alimentación que les permita llevar una vida sana y activa. Se observan con preocupación los patrones de consumo actuales, por lo que se deben promover cambios por un lado en el sector de los que no tienen, para que accedan a derecho, y también entre los que tienen acceso, porque su consumo los conduce a una alimentación que pone en riesgo a la salud exponiéndolos a enferme-

dades crónicas o degenerativas, dependientes del estilo de vida que adopten. A PESAR DE AVANZAR AÚN PERSISTEN… El escenario actual se caracteriza por una mayor incertidumbre y vulnerabilidad de los hogares a la inseguridad alimentaria. A pesar de señales de reactivación económico-social, el proceso tendería a ser lento; la recuperación de índices sociales requiere más tiempo que los económicos, lamentablemente la situación dejaría secuelas perdurables que recién están siendo reconocidas. De no corregirse los niveles de desempleo preocupantes que aún existen, además de una nueva acentuación de un ciclo inflacionario, amenaza a los ingresos de las familias y por ende pone en serio riesgo el acceso a alimentos básicos. Por lo que no es conveniente conformarse viendo a Argentina en los documentos técnicos inter-

nacionales en el grupo de países con baja vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria nutricional, porque es un imperativo la plena concreción o realización del derecho de cada ciudadano a una alimentación saludable. Favorablemente, en esta última década también se visualizan cambios en las concepciones del rol del Estado y sus políticas públicas; un Estado que recupera la inicia-

tiva tomando una direccionalidad distinta a la década de los 90. Sería promisorio si se avanzara hacia un modelo de desarrollo económico y social más inclusivo y equitativo

[*] Docente e investigadora de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC.

1 Seguridad Alimentaria: es el derecho de toda persona, en todo momento, al acceso físico y económico de alimentos suficientes en cantidad, calidad e inocuidad, culturalmente aceptados, que le permitan llevar una vida activa y sana. 2

Inseguridad alimentaria crónica, deriva de una dieta persistente insuficiente a causa de la incapacidad continuada de los hogares para adquirir los alimentos necesarios, a través de las compras en el mercado por medio de la producción.

SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DESDE LA LÓGICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

tenencia de las tierras atenta contra la posibilidad de la autoproducción de alimentos, que es uno de los ejes de obtención de los mismos en CM rurales. La producción orgánica es altamente valorada y por lo tanto las tierras juegan un papel fundamental. Las condiciones de vida difíciles no son condicionantes de desnutrición cuando los PO pueden disponer de alimentos tradicionales, como por ejemplo, quínoa o amaranto. Otro de los ejes de la SAN es el acceso a los alimentos absolutamente determinado por las posibilidades económicas. Es importante tener en cuenta que para mejorar la calidad de vida, hombres y mujeres se han visto forzados a trabajar fuera de sus comunidades. Esto ha dificultado la transmisión de los saberes alimentarios y distorsionado la comensalidad familiar y comunitaria. Por otra parte, la valoración de los alimentos es otro indicador de la SAN. Cuando se pueden consumir alimentos valorados por la cultura de pertenencia, se ponen en juego las preparaciones coquinarias aprendidas ancestralmente, aquellas que les permitieron mantener la salud a múltiples generaciones a lo largo de la historia de estos pueblos. La pérdida de significado de la comida ancestral asociada a ser indio, empobrecido y así, indeseable, tiene correlación inversa con la valoración social de la alimentación urbana y occidental, hecho fortalecido por la publicidad de medios, promovida ésta como deseable y moderna. Además la utilización biológica de

los nutrientes, puede alterarse por la medicación alopática que ha reemplazado y no complementado la medicación ancestral. La búsqueda de sus plantas medicinales ha sido cercenada al acotar las áreas geográficas donde se pueden mover. Las modernas tecnologías alimentarias si bien contribuyeron a mejorar la disponibilidad, conservación y oferta; desarrollaron en algunos casos productos alimenticios desbalanceados, a veces privados de nutrientes y/o ricos en azúcares simples, sodio y grasas. Así también la utilización de fertilizantes, herbicidas, pesticidas, conservantes, se aleja sustancialmente de las prácticas alimentarias de los PO, no metabólicamente preparados para su consumo. Estos y otros motivos han reproducido en estas poblaciones la transición epidemiológica como en América Latina. Como refiere Rodolfo Pastore, la finalidad trascendente de la economía social y solidaria tiene que ver con la reproducción ampliada de la vida, ésta tomada desde el concepto de los PO que no es consumir de más sino el buen vivir para todos. Por lo tanto, no hay economía social ni solidaria sin cultura, contribuyente ésta para la soberanía y seguridad alimentarias

[*] Docente de la UNC. [**] Docente de la UNER (Universidad Nacional de Entre Ríos). [***] Alumna de la UNER.

ALIMENTOS

oberanía y Seguridad Alimentaria no son conceptos diferentes sino complementarios, sobre todo cuando a pueblos originarios (PO) nos referimos. La alimentación forma parte esencial de la cultura y como la lengua, es un elemento clave en la identidad de los pueblos y de las etnias. Los PO en la Argentina han sufrido la pérdida de su soberanía alimentaria, al ver acotados a zonas generalmente improductivas los espacios geográficos donde obtuvieron históricamente sus alimentos. En consecuencia, el estilo de vida y los hábitos alimentarios sufrieron modificaciones, aculturización y pérdida de identidad, que incidieron de manera nefasta en su situación de salud y en su propio reconocimiento como integrantes de una cultura particular. Con la llegada del winka el azúcar, harinas refinadas y aceites hidrogenados entre otros, pasaron a formar parte de la dieta diaria y sustituyeron progresivamente el uso de alimentos propios. La práctica agrícola de monocultivo dramáticamente cambió la ecología así como la salud de los PO. Un aspecto a resaltar en Comunidades Mapuche (CM) es la concepción del proceso salud-enfermedad como una responsabilidad social. Ellos lo entendieron antes que las políticas de salud y la comunidad médica se preocuparan de instalar el concepto de salud comunitaria. Si se tiene en cuenta que la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) se ve determinada por la disponibilidad de alimentos, el perpetuo problema de la

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Dra. Nilda Isabel Brutti * / Lic. Cristina Isabel Possidoni ** / Daiana González ***

Cecilia Candia. Mapa mental con ocurrencias. Microfibra s/ papel. 32 cm x 44 cm. 2008.

[Construcción de políticas públicas de memoria en Córdoba]

“TOCAR LOS NÚCLEOS DUROS DEL PODER EN ARGENTINA IMPLICA DISCUSIONES DE MEMORIA”

– Emiliano Fessia: Ese es un eje que atraviesa no sólo esta construcción de una política pública sino muchas otras construcciones de política pública, después de años de un Estado neoliberal, reducido a su mínima expresión en lo social, que avanzó centralmente en su faz represiva, que se replegó en las funciones básicas de salud, educación, justicia y que dejó, al menos discursivamente, que el mercado sea el organizador social. Desde 2003 en adelante se ha reinstaurado la discusión social en muchos sectores y en instituciones –como la universidad misma– sobre estas luchas históricas: frente a una posibilidad real de construcción de políticas públicas diferentes, ¿qué se hace? Fue un eje novedoso que nos obligó a repensar nuestras prácticas y cambiarlas, nos obligó a tener un aprendizaje político acerca de que el Estado no es algo monolítico, reconocer sus fisuras y tomar la decisión –más allá de los posicionamientos ideológicos con respecto a los gobernantes de turno– de que hay que disputar el Estado. Y ahí sí hubo una decisión fuerte, por lo menos acá en Córdoba, de darle cauce a una demanda histórica. La gran mayoría de las marchas del 24 de marzo terminaban en Plaza San Martín, con un cordón policial sobre el

Pasaje Santa Catalina, y nunca faltaba la denuncia acerca de que la D2 había sido un centro clandestino, que tenía que ser abierto a la sociedad, que la sociedad conociera, etc. Esta discusión sobre qué hacer con el Estado ha dividido aguas por todos lados. Nosotros tomamos la postura de que hay que disputar una política pública construyéndola. Luego de eso fue necesario discutir qué era una política pública de memoria. Y ahí seguimos estando, en esa construcción/discusión, con una certeza que no es simple de tramitar al interior de los organismos ni de las organizaciones más cercanas en la lucha por “Memoria, Verdad y Justicia”, acerca de que una institución no necesariamente es igual a la retórica de los organismos, a la práctica de los organismos y no tiene que serlo, aunque indudablemente no sólo esta permeada sino construida en gran medida por esta práctica histórica. – Ludmila da Silva Catela: El Estado argentino, desde el retorno de la democracia, siempre tuvo una interferencia en el tema de la memoria y los derechos humanos. Mejor o peor, pero cuando uno compara con otros países acá se dio el Juicio a las Juntas –con todas las debilidades que eso pudo tener–; inclusive durante el gobierno de Menem, por exigencia internacional, fue el momento en el que más indemnizaciones hubo, se terminó con el Servicio Militar Obligatorio. No por Menem, sino porque había presiones sociales y civiles sumamente interesantes. Entonces, comparados con otros países como Brasil, Paraguay, Bolivia o Chile, que nunca juzgaron a los represores –y nunca los juzgarán, por lo menos en Bra-

sil–, ellos nos tienen como una referencia optimista y positiva. Para mí el gran cambio con el gobierno de Néstor Kirchner fue que esa idea de que había que hacer algo con el pasado se generó en una política de Estado, en sintonía y en diálogo con los organismos de derechos humanos, algo que en los otros gobiernos no se dio de esa forma. Una relación de mucho respeto y también reconociéndolos como un actor central del juego político, sin restarles autonomía, como diciendo: “Ustedes pueden participar, nosotros queremos generar con esto una política de Estado, pero queremos que ustedes sean los actores y tengan autonomía para decidir sobre ciertas cosas”. Eso asociado a un montón de otras medidas, algunas simbólicas –como descolgar los cuadros del Colegio Militar– y otras menos simbólicas y mucho más fuertes, como decirle a la ciudadanía que la fecha del 24 de marzo debe ser recordada como un hito en el panteón de lo nacional. Algo que al principio fue visto con sospechas, inclusive dentro de los organismos, pero que a medida que pasan los años se ve que genera diferentes reflexiones, que inevitablemente para los colegios es una fecha a conmemorar. Después hay que ver qué pasa al interior de las escuelas, pero desde las más reaccionarias a las más progres tienen que hablar del 24 de marzo. Eso es increíble, porque además genera políticas de memoria adentro de la escuela. El tema del feriado, que también pudo ser mal visto, sin embargo llama a preguntarse por qué es feriado y cuán importante es esto para que sea feriado. Y eso sumado al retorno de los juicios, si bien no es el Ejecutivo en sí mismo sino la Justicia. Pero decididamente creo que una

MEMORIA

– Algunos de los reclamos que largamente venían sosteniendo los organismos de derechos humanos y buena parte de la sociedad civil parecen tener un ahora cauce institucional, con sus propios tiempos, pero hay avances. ¿Cómo evalúan este momento en que el Estado asume y se hace cargo de esas exigencias? ¿Qué desafíos les ha ido abriendo este nuevo momento?

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La masiva movilización del 24 de marzo en Córdoba, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, reinstaló el debate acerca de los campos clandestinos de detención utilizados por la última dictadura que actualmente se constituyeron en espacios de memoria. ¿Cómo trabajar las reivindicaciones de los organismos desde las instituciones públicas? ¿Qué proyectos desarrollar en cada sitio, para quiénes, con qué objetivos? ¿Qué impacto generó la muerte del ex presidente Néstor Kirchner? Hoy la Universidad dialogó con los directores de tres espacios de memoria de la ciudad de Córdoba para reflexionar sobre estos temas.

Archivo Provincial de la Memoria. Sala: vidas para ser contadas.

sociedad no se puede construir sólo con memoria, que la justicia es central. Por más que soy antropóloga y creo que la justicia simbólica tiene tanto peso como la justicia formal, esta última tiene la cuestión de lo pedagógico: esto no sólo no tiene que volver a pasar, sino que estas personas que cometieron un crimen tienen que estar en una cárcel. Y creo que es doblemente justo que estas personas estén en una cárcel común, aquellos que se creyeron diferentes hoy son un igual a la hora de ser castigados. Si bien hay otras formas de justicia, creo que el castigo en este caso –porque es un crimen de lesa humanidad– es central. O lo mismo pasa a la hora de abrir los archivos. Cuando empezamos a pensar en la apertura de los archivos en Argentina, Brasil nos llevaba años luz, y hoy por hoy estamos casi igual en términos de lo que significan los archivos como institución. Porque ésta es otra cuestión: así como se instauró el 24 de marzo, el Estado ha resuelto que esto tiene que tener instituciones. No un organismo de derechos humanos sino una institución pública abierta, abierta al conflicto también, que me parece que es importante. De hecho a veces acá demandan que se cuenten otras memorias y nosotros respondemos a eso de diferentes formas. Yo les digo que acá

hay otras memorias, porque acá están todos los documentos de la Policía, por lo que de alguna forma están. Entonces, para mí hay varios pilares fuertes en la cuestión de la memoria y el Estado a partir de 2003; la primera es la institucionalización en espacios como museos, archivos, centros de documentación. Todos ellos cargados de contenidos –porque también podrían haber sido creados como un título solamente. Además, a nivel de todo el territorio –porque en todas las provincias hay archivos diferentes pero existen–, ya que puede ser más fácil hacerlo en Córdoba o Santa Fe, pero es mucho más difícil hacerlo en Jujuy o en Catamarca, o en la Rioja. La segunda cuestión es la Justicia, sin dudas. Y la tercera es la educación, porque el Estado nacional tuvo una política fuerte de querer imprimir en las escuelas ciertas miradas sobre el pasado. Y esa es una batalla que tiene sus riesgos, porque el hecho de que el Estado en cierta forma estatice la memoria tiene los riesgos de las contramemorias. Nunca se manifestaron tanto los de Memoria Completa como en este momento. Pero creo que todo eso es positivo, que es importante, que el conflicto también es importante. Porque me parece que el gran aprendizaje, sobre todo de los organismos de derechos humanos,

es “No a la venganza” y “No a la imposición de una memoria única”. El reconocimiento de que hay diferentes formas de percibir el pasado y que lo importante es no transformarlo en un tabú sobre el cual no se puede hablar, como fue durante muchos años en Alemania, sino algo con lo que hay que enfrentarse, debatir, para que también la consigna de “Nunca Más” no sea meramente una consigna. Y también para esa otra cosa que los organismos intentan todo el tiempo, que es el lazo con el presente. – Mario Paredes: En 2003 la aparición de Néstor Kirchner llega a cambiar toda la política nacional en materia de memoria. Me estaba acordando la famosa frase de De la Sota y años después apareció Schiaretti con otra política. Creo que obligó a que muchos sectores políticos tuvieran que reacomodarse en nuevos rumbos. Hoy es difícil que alguien te desconozca el tema de memoria o de derechos humanos, cualquiera sea la corriente política de la que hablemos, aunque internamente piense otra cosa. Creo que fue un quiebre, ojalá que nunca más se vuelva a revertir. – E.F.: La política de memoria se puede ver en un cambio estructural del Estado en

Ludmila da Silva Catela

varios ámbitos, por ejemplo la ley de democratización de medios de comunicación. Ni memoria ni medios se desanclan de una visión general, según la cual si vas a discutir políticas públicas profundamente vas a discutir siempre con la dictadura. Y ahí se vuelve más claro algo que algunos sectores de izquierda separan –“derechos humanos de ayer” y “derechos humanos hoy”, dicen–, falsamente, porque es una trampa ideológica. Si decimos que el fin último de la dictadura militar fue la imposición del neoliberalismo en todas sus dimensiones –culturales, políticas, económicas, sociales–, al discutir un rol nuevo del Estado necesa-

riamente el núcleo duro va a llegar sobre muchas leyes que vienen de la dictadura, reforzadas en la democracia. Entonces, las políticas públicas de memoria se tornan potentes en la medida que se discute el caso Graiver, es un ida y vuelta, de hecho la ley de democratización de medios fue entendida también como la ley de la dictadura versus la ley de la democracia. Y si se va por la Ley de Entidades Financieras pasaría lo mismo. Tocar los núcleos duros del poder en Argentina con una visión de democratización social implica indudablemente discusiones de memoria. Hay una búsqueda de construir un nuevo

modelo distinto al neoliberalismo –como creemos que hay en Argentina desde 2003–, eso hizo que muchos actores que se mantuvieron prescindentes o consideraban que era un “pasado pisado”, tuvieran que incorporarlo en la agenda pública por la presión social, de arriba y de abajo. Pero a la vez eso se vuelve tensionante y contradictorio con qué modelos políticos –aun estos actores que construyen política pública de memoria– están viendo para la educación, el trabajo, la vivienda. A partir del kirchnerismo hay una disputa de modelo de Estado, y una primera victoria es la de haber desarrollado políticas

MEMORIA

Doctora en Antropología Cultural y Magíster en Sociología por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigadora del CONICET en el Museo de Antropología de la UNC. Es autora del libro No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de familiares de desaparecidos. La Plata: Ediciones Al Margen, 2001–2002–2009. (Editado también en portugués por HUCITEC); ha compilado junto a Elizabeth Jelín: Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad. (Madrid y Buenos Aires: Siglo XXI, 2002). Coordina la Editorial del Archivo Provincial de la Memoria Ediciones del Pasaje. Actualmente se desempeña como Directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba.

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i primera relación con este espacio fue un día que pasé por acá y vi una placa –bien estilo placa– que decía: “Este Cabildo Histórico fue un centro de concentración”, o algo así. Creo que era de diputados, del 96, para los 20 años. Como antropóloga –y como santafesina– siempre estaba atenta a las marcas de memoria en la ciudad. Así me enteré de que esto había sido un centro clandestino de detención y, sin dudas, lo que me asombró fue que estuviera en pleno centro. Mi pregunta fue: ¿cómo? Y de alguna manera, es la misma pregunta que nos seguimos haciendo en este espacio. Los primeros días como directora del sitio fueron de sensaciones muy ambiguas. Por un lado, la desolación de estar en semejante edificio, todo destruido; éramos solamente tres. Y también la desolación de pensar que en este edificio en ruinas, que había sido un centro clandestino de detención, atendían a víctimas del delito. Por otro lado, cierta sensación de plenitud cuando venían personas que habían estado presas acá y entre el dolor, el llanto y demás nos contaban todo lo que habían vivido; y se iban muy mal, pero dos o tres semanas después volvían ya estructurados y derechos a visitarlo desde otro lugar. Fue muy impactante, ese encuentro con las víctimas, que venían a reencontrarse con esa parte de su identidad, terrible y a su vez compulsivamente necesario. Encontrarse con la escalera, el patio, y esa cosa de “pero yo me lo hacía enorme y no es tan grande”. Y también eso de compartir, que fue único, porque una vez que esto se modificó, ya se viene desde otro lado. Muchas veces, apenas la persona entra, hasta corporalmente uno se da cuenta si estuvo en este lugar o no, es increíble. Y un gran aprendizaje, el de respetar el silencio del otro, los tiempos del otro.

Espacio para Memoria y la Promoción de Derechos Humanos “La Perla” .

públicas de memoria. Pero, ¿qué va pasando en otros ámbitos? A fin del año pasado, con la aprobación de una Ley de Educación provincial que en teoría traducía la nueva Ley de Educación nacional, en el punto de educar en “memoria y derechos humanos” –textual de la ley nacional– se puso “valores”, mucho más abstracto. Y luego lo que fue la represión, algo que no se puede avalar. Como en cualquier otra política, entra en juego qué modelo de Estado querés. No es que se respetan los derechos humanos sólo porque se tienen buenas políticas de memoria –y es cierto que el actual gobierno de Córdoba es uno de los gobiernos con el que más se pudo avanzar en el país, eso no se puede negar, el compromiso dado por la Legislatura y el actual Ejecutivo, la autonomía, el presupuesto–. Y eso, que es verdad, entra en juego con una discusión de modelo de Estado, que es algo que no sólo tensiona a los organismos y a quienes trabajamos en los sitios, sino a todo el juego de actores políticos. – Tras esta decisión política de disputar el Estado, más en lo cotidiano, ¿cómo fueron penetrando y ensanchando esas grietas? ¿Qué dificultades y potencialidades advirtieron?

– L.daS.C.: Lo que más nos costó fue defender la autonomía de estos lugares, queríamos poder discutir el presupuesto, que la Comisión Provincial de la Memoria fuera el ente que regulara y no la Secretaría o el Ministerio. Y bueno, esa es una disputa dura, porque evidentemente el Estado está muy acostumbrado a ser vertical, pero la Comisión siempre fue un resguardo para nosotros. La Comisión es la que decide, el diálogo político nuestro como funcionarios del Estado es con la Comisión y es quien aprueba el balance, el personal, pero también con quien discutimos la política de los sitios. Eso cuesta dentro del Estado, porque es como ser un tanto anarquista y rebelde para lo que se acostumbra en el aparato político. – E.F.: Una definición clara que teníamos cuando se conformó la Comisión era que queríamos autonomía, pero también que el Estado no se desentendiera. Era necesaria la inclusión de los tres poderes del Estado provincial, esté quien esté de gobernador, para que no se desentendieran de la construcción de esta política. El concepto de autonomía es lo que siempre está en juego, una autonomía relativa, es decir, basada en las relaciones, donde en esa relación el Estado no puede estar

ausente –por ejemplo en la Comisión. No es una concepción de autonomía absoluta como si estuviéramos por fuera del poder y las decisiones del poder no nos tocaran. Aprendimos con las Madres y las Abuelas desde un primer momento que lo que había que hacer era interpelar al Estado. Si uno lo mira a la distancia, desde ir a golpear a un cuartel, hacer las presentaciones a la Justicia, pasando por los reclamos al alfonsinismo y al menemismo, su acción siempre fue interpelar al Estado, siempre se sentaron con algún actor estatal y desde el lugar del reclamo, la exigencia y la justicia; y fueron construyendo. – L.daS.C.: Igual… me parece que quienes argumentan la cuestión de la cooptación siempre ponen en el medio el tema del dinero. Y entrar en esa discusión es dar por sentado que la única mirada que podemos tener de la política es la clientelar. “Yo te doy plata entonces vos respondés a lo que yo digo”, y me parece que el gran aprendizaje es que uno está en la estructura del Estado, tiene un presupuesto, pero puede discutir abiertamente con ese Estado. Lo interesante de este momento es que los propios organismos están nuevamente en esta relación diciendo que hay otras formas de relacio-

Emiliano Fessia

narse con el Estado que no sea el clientelismo político. – E.F.: Estoy convencido que casi todas las organizaciones sociales, a la hora de buscar financiamiento estatal o fuentes internacionales privadas o públicas, en algún punto interactúan con sectores del Estado. Asumirlo como política, no sé si con el modelo de esta Comisión, pero con realidad, nos sacaría del falso dilema acerca de que el Estado coopta o las organizaciones son plenamente autónomas. Y no es para nada

simple, pero es productivo. La materialidad de los sitios, con nuestros diferentes procesos, arroja que evidentemente disputar el Estado es productivo para la ampliación de la mirada. El Estado es potencialmente universal. Estela Carlotto lo sintetizaba en una frase muy buena: “Una fecha roja en el calendario, se diga lo que se diga, es un pizarrón en una escuela, en todas las escuelas”. Luego, qué es lo que se está diciendo o no del 24 de marzo, bueno, esa es la disputa de memorias. Muchos sectores se negaron al 24 de marzo instituido, porque ya nadie iba

a hablar de eso. La realidad es que la discusión se potenció, las marchas aumentaron en número. Los que se querían ir de turismo se siguen yendo; no venían, no vienen, ni van a venir a las marchas. – M.P.: Una cosa que me gustaría señalar es que con el paso del tiempo se ha ido consolidando la Comisión y, con vistas a futuros gobiernos de la provincia, pienso que va a ser muy dificultoso cambiar el rumbo de las políticas de memoria. Quedan muy condicionados.

MEMORIA

Licenciado en Comunicación Social por la UNC. Desde 1996 es integrante de la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.). De 2006 a 2008 fue representante de H.I.J.O.S. en la Comisión Provincial de la Memoria y desde 2008, Director del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en el ex CCDTyE La Perla.

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os fotos... la primera es como un collage de imágenes, que es leer testimonios de papel, e imaginar. En eso, el libro de Roberto Reyna sobre La Perla, con esos dibujos que me quedaron siempre. Después la imagen de mi tío que falleció antes de que yo supiera que había pasado por ahí. Y en este collage de un proceso muy largo también aparecen las primeras marchas a La Perla. La más fuerte es la vez que llegamos hasta la puerta y veíamos que los soldados bajaban como Rambos, haciendo tumba carnero por esa montaña, apuntando. Ahí esa mezcla que se daba en los escraches: de tensión, de liberación, el grito, y que en un momento estaba tan tensa la cosa –eso sí lo tengo patente, cada vez que paso por la puerta me acuerdo de esa imagen–, que las viejas nos agarraron a todos los pendejos, nos retaron como a niños, nos mandaron al fondo, se apretaron los pañuelos y se pusieron ellas al frente de los milicos, con armas largas y todo... primera imagen de La Perla. El segundo collage es después de la declaración de Buenos Aires –10 de diciembre de 2006–, Kirchner que dice: “El próximo 24 de marzo La Perla pasa a ser espacio de memoria”, y bueno, ir en enero con los militares aún ahí, con la Justicia, como Comisión. Y luego, como coordinador del sitio, la imagen que tengo es de estar solo con Pablo González, recorriendo esos edificios con una cinta métrica, tomando los planos que no teníamos. Entrando en esa zona interna y externa de las creencias, de que no existen las brujas pero que las hay las hay, y decir: “Compañeros, somos compañeros, cuídennos y guíennos para saber qué hacemos con esto”. Una misma pregunta que se va regenerando y que ojalá no se pierda nunca: ¿Qué hacemos con esto? Y que las respuestas vayan cambiando. Si logramos hacer eso, está bien hecho el trabajo de memoria. Que nuestros hijos y nuestros nietos, cuando lleguen acá se pregunten: “¿qué hacemos con esto?”, y que las respuestas que busquen sean las de su momento histórico, no olvidando nunca lo que esto fue.

Apertura del Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Campo de La Ribera.

– L.daS.C.: Condicionados por la Comisión y también por el peso público de instituciones como los sitios. No va a ser fácil cerrar La Perla, La Ribera o el Archivo Provincial de la Memoria de un día para el otro. Siempre está la disputa por el recurso, pero creo que los sitios hoy tienen un lugar en la sociedad cordobesa. – Esta dinámica que ha adquirido la institucionalización que impulsan los organismos ¿puede ser una especie modelo para otras organizaciones? – M.P.: En el caso de la Comisión hay una cuestión de mucho peso, que es la presencia de los organismos de derechos humanos, que han consolidado su imagen en la sociedad desde mucho antes de la aparición de Kirchner, creo que eso es lo que marca la diferencia. No sé si eso lo pueden hacer otras instancias sociales, quizás va a costar un poquito más. – E.F.: Creo que eso se logra. Las cámaras empresariales y los consejos laborales, de la paz social, o las religiones con estructuras grandes, siempre han tenido estas instancias intermedias de interlocución pública con el Estado. Es la vieja historia

de las luchas y los sectores dominantes lo tienen muy claro, tienen agrupaciones de clase o gremiales. La Sociedad Rural tiene 200 años en la Argentina, nació antes que cualquier sindicato. Insisto en que creo que el concepto de autonomía es lo que está en juego. – L.daS.C.: Yo considero que puede servir para otras organizaciones. La cuestión es cuántas organizaciones civiles tienen tanta legitimidad como los organismos de derechos humanos como para demandarle eso al Estado. Porque de hecho el Estado no es por su bondad que se decidió a dar una política de memoria, fue una presión constante que hizo que, en un momento fértil, se diera esa conjunción. Creo que uno debería escribir sobre la experiencia de la Comisión para que otras organizaciones pudieran funcionar de esa forma, porque creo que sería mucho más transparente el Estado con este tipo de asociaciones con la sociedad civil, que no sean meramente las del subsidio. Esta comisión es de derechos humanos, pero podría ser de asuntos indígenas y ser realmente productiva en el sentido de brindar autonomía, pero también un espacio donde el Estado esté involucrado y no ser

sólo una dependencia del Estado. Es un modelo, un gran taller de experiencias, que uno debería intentar reproducir. LOS ESPACIOS DE MEMORIA – Los espacios de memoria se abrieron en casi todo el país y muestran perfiles muy diferentes. ¿Qué debates se fueron dando para la definición de lo que debían ser estos tres espacios en Córdoba, incluso con las especificidades que tiene cada uno de ellos? – L.daS.C.: El primer punto de partida fue la ley que creó los espacios de memoria, que estableció que uno de ellos sería un archivo, que va a estar emplazado en lo que fue un centro clandestino de detención, etc.; esas cosas van marcando lo que acá tenemos que hacer. La segunda cuestión, que fue una discusión muy interesante, es que tenemos que contar lo que pasó acá, pero ese no puede ser el único relato. Un poco lo que dice Tzvetan Todorov, entre la literalidad y lo ejemplar. Esto sí va a tener un componente literal sobre lo que aquí pasó, pero también debe ser ejemplar, debe permi-

Mario Paredes

uando salí en libertad, que ya estábamos en plena campaña para las elecciones del 83, yo militaba en el PJ obviamente y mi primer contacto no fue con La Ribera, sino más arriba, con la Unidad Básica de Colonia Lola. En el pasado sí había tenido más contacto con Maldonado y las proximidades de Campo de La Ribera. En cuanto a la primera imagen como director de La Ribera, lo que más me preocupó –y que ahora ya todo el equipo lo tiene asumido– fue garantizar la continuidad de la relación con el territorio y de cómo profundizarla, porque este sitio se recuperó con la lucha de docentes, de vecinos, de la Red Social de la Quinta. El 21 de marzo pasado, por ejemplo, con motivo de conmemorar la semana de la memoria reunimos a todos los jardines de infantes de la zona y presentamos una obra de teatro con el tema de la identidad de la tierra a la que asistieron más de 300 chicos. Y el miércoles 23 lo hicimos con los secundarios de la zona, con una obra de los chicos del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, fueron más de 400. Es decir que la propuesta es profundizar el vínculo y expandirlo a organizaciones próximas de territorios cercanos.

ción, no tenemos un discurso cerrado y que lo que contamos hoy no necesariamente es lo que vamos a querer contar de acá a cinco o diez años. Porque eso tiene que ver con las preguntas generacionales, con el tipo de debate que hay en la sociedad. Entonces, si la sociedad puede debatir el casamiento entre personas del mismo sexo, eso implica que nosotros también podamos preguntarnos por lo que pasó con los homosexuales durante la dictadura y en los centros clandestinos, preguntas que no nos hacíamos cuando abrimos el Archivo. En ese sentido, está bueno aplicar la teoría de la memoria a la práctica: la memoria es un trabajo, por lo tanto está siempre en

construcción y no es una definición normativa. No se trata de que “el sitio de memoria debe ser tal cosa”, sino que se construye en diálogo con otros y esos otros son básicamente los más jóvenes, o las escuelas por ejemplo. También hay algo importante, que es el territorio donde están enclavados los sitios. No es lo mismo el Archivo que está en pleno centro, casi sin vecinos, que Campo de La Ribera o La Perla. Ahí también hemos discutido que cada sitio tenga su identidad propia, que no sea un modelo que cae de arriba al que hay que responder, pero que a su vez dialoguen entre sí. Siempre decimos que así como los centros clandestinos no estuvieron aislados

MEMORIA

tirle a un joven pensar cuál es la relación que tiene hoy con la policía, a un alemán pensar en el Holocausto y a un paraguayo reflexionar sobre el golpe de estado en su país. Que sirva para pensarnos como humanidad agredida por lo que fueron las dictaduras. Y en ese sentido, la conformación del equipo de trabajo del Archivo Provincial siempre fue muy interesante, con un 50% que viene de los organismos y otro 50% que viene básicamente de la universidad, con un alto compromiso. Ese diálogo entre esos dos mundos fue central para lo que hoy es el Archivo. De todas formas, lo que siempre nos gusta decir como equipo de trabajo es que éste es un espacio de memoria en construc-

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Comenzó a militar como estudiante de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Luego de recibirse en 1972, pasó al frente territorial, a la Juventud Peronista y luego a Montoneros. Su lugar de trabajo político era la zona de los Tinglados, Maldonado y Müller, que colindan con el Campo de La Ribera. Lo detuvieron cuando el Navarrazo y nuevamente a fines de enero de 1976. Estuvo en el ex D2 y en la cárcel de San Martín, razón por la cual fue testigo en la causa UP1 (Córdoba, 2010). Fue trasladado a las cárceles de La Plata, Caseros y finalmente Rawson. Tras su liberación –dos meses antes del regreso a la democracia– retomó su militancia en el peronismo y contra el menenismo. Participó de la construcción de la Asociación de Ex Presos Políticos y en 2006 integró la Comisión Provincial por la Memoria. Desde 2010, es director del Sitio de Memoria Campo de La Ribera.

LA MUERTE DE NÉSTOR KIRCHNER Más allá de la innegable perseverancia y resistencia de los organismos de derechos humanos y de buena parte de la sociedad civil para exigir –durante años y muchas veces en soledad– “Memoria, Verdad y Justicia” acerca de lo acontecido en la última dictadura militar, los últimos dos gobiernos nacionales ofrecieron un claro y contundente apoyo a esos reclamos. Por eso quisimos conocer las sensaciones y el análisis de los directores de los Espacios de Memoria sobre la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. –M.P.: Fue una pérdida política muy fuerte que vamos a ir sintiendo cada vez más a lo largo del tiempo. A veces la pienso como la pérdida de Evita, porque uno pone militancia y pelea, pero esa inteligencia política es una ausencia que vamos a sentir. En los 50, un actor social que no había aparecido era la mujer y Evita lo puso en la calle. En los 70 aparecimos nosotros, la juventud de aquella época, que hasta entonces no era considerada políticamente nada más que a la hora de ir a votar. Después de eso se perdió la participación de la juventud, que se desanimó y se desencantó, y que recién ahora volvió a aparecer, a ganar la calle, y uno del otro, los sitios tampoco lo estén. Las personas con las que cada sitio se vincula, también van determinando perfiles diferentes. En el trabajo con jóvenes, por ejemplo, acá se organizan visitas guiadas con las escuelas, en cambio en Campo de La Ribera se trabaja con talleres de oficios y recreación con los jóvenes del mismo barrio. –M.P.: Afortunadamente hemos logrado una buena relación con la sociedad y cada uno va respondiendo, entre otras cosas, a la geografía y a la población que tiene. Eso nos va moldeando a nosotros como espacio, no es solamente lo que definimos y proyectamos, sino también lo que va planteando la gente. El tema pasa

a eso lo generó Néstor Kirchner. –E.F.: Me encontré con algo que nunca me imaginé que me iba a encontrar. Primero llorando, pero llorando desde las más profundas tripas y preguntándome “¿por qué lloro?”. Lo sigo masticando para saber de dónde viene: creo que se me murió un líder político. Algo que había vivido con Evo Morales cuando fui a la asunción en Tiahuanaco: la función del líder, que no es el dirigente político, que no es el presidente, sino que tracciona dimensiones del ser que van más allá. La llegada de este tipo en 2003, de lo que él encarnaba, fue la posibilidad de abrirse, de ver que se puede hacer política a gran escala manteniendo convicciones, y con pragmática y relaciones de fuerza al mismo tiempo. Para un militante, eso es mucho, por lo menos para mí es mucho. El tipo para mí representa esa figura: se puede, y se puede sin dejar de ser lo que uno es, que es una de las trampas que te impusieron en los 90, que la política te transforma, te aliena, te convierte en una máquina de poder y dejás de ser un luchador “puro”.

prendo la televisión para ver la hora y veo “se murió Kirchner”. Y empecé a llorar, a llorar y a llorar. Y tenía que hablar en una conferencia donde gran parte trabajaba sobre la política de Kirchner, y cuando lo tuve que decir, me recontra quebré. Y fue muy loco, porque después una de las personas que estaba en ese encuentro se paró y me dijo: “Me da envidia que un argentino pueda llorar a un presidente”. Y era raro, porque yo decía: “Bueno, pero yo nunca lloré por un presidente”, tenía esa sensación ambigua. Y también lo que me pasó en Colombia fue descubrir el amor que le tenían a Kirchner afuera del país. Desde la gente común que en la calle me decía “Ay, se murió y era tan bueno!”, pero a su vez en los diarios la pregunta acerca de quién iba a reemplazar a la persona que realmente pensó en América Latina, que dialogó, que podía establecer puentes entre países que no dialogaban, o sea había una mirada profunda como político. Una muerte siempre es terrible, extrema, pero revela lo que siente una sociedad. La manifestación, toda la gente que fue, mostró algo que no necesariamente se percibía.

–L.daS.C.: Yo no estaba en Argentina, estaba en Colombia, y de repente por cómo uno puede dar respuesta a esas demandas. El de La Ribera es un espacio bastante nuevo, pero nuestra preocupación principal es cómo empalmar la memoria con los derechos humanos de hoy. Es una zona bastante marginal, con mucha presencia de drogas, ¿como hacés para contener a esos chicos? Por eso, parte de la propuesta tiene que ver con talleres para jóvenes. Y la gente que se ha seleccionado tiene como denominador común su experiencia de trabajo en la zona, ya sea en el área de investigación, de cultura, de educación, además de gente que es propiamente de la zona. Todo eso nos facilita el diálogo. Y ahora creo que va la universidad también, con las cátedras itinerantes, nos puede

aportar muchísimo. Yo me desespero por ver a la gente de la universidad en la zona, sobre todo porque nos van a ayudar con un trabajo que solos no hubiéramos podido abarcar. – L.daS.C.: También hay una particularidad que tenemos los sitios de memoria en Córdoba –y es algo que nos dice todo el mundo, de diferentes provincias– y es que somos muy osados en cuanto a las cosas que nos hemos animado a hacer. Yo lo veo como algo super positivo y a veces intento pensar qué conformación histórica hay en Córdoba para que se den esas cosas, porque en otros sitios ni siquiera se puede discutir al respecto, y les parece un horror que vengan niños, o juntarse a

¿Qué análisis hacen de lo que pasó el último 24 de marzo? – L.daS.C.: Lo que más me sorprendió de la marcha –que viene siendo una constante– era la cantidad de jóvenes; o sea, no de jóvenes veinteañeros, sino de 15, los hijos de mis amigos que van a la secundaria y que son unos tiernos, gente de la escuela secundaria, con toda esa ternura que tiene, con un tono festivo pero comprometido. Por otro lado vi una gran fragmentación, nunca vi tantas banderas de tantas organizaciones. Es bueno porque se multiplicó la participación política y eso es increíble, es notable y una marcha te muestra eso, pero también te muestra esa gran fragmentación. Y después, ver a una murga con jóvenes adelante de las Madres y de las Abuelas, esa mezcla del dolor con la alegría, no deja de conmoverme cómo se conjugan esas dos cosas, que lo hacen de una manera muy dialéctica: estoy en una murga pero me bordo el traje con el pañuelo de las Abuelas, es sencillamente maravilloso porque ahí está la política. Yo no busco en los jóvenes el compromiso con la política formal, me parece que los jóvenes nunca dejan de participar en política, están siempre participando, porque que alguien decida bordarse el traje de la murga de una forma y no de otra, poniendo el pañuelo de las Madres, es una de esas victorias políticas de las que perduran, que no es la

– E.F.: Para mí fue muy importante saber que hubo marchas en el interior de la provincia, simultáneas. Eso muestra la potencia del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y saber que la marcha del 24 de marzo volvió a ser algo así como la metáfora de los sectores políticos activos en la ciudad de Córdoba, sigue siendo la más diversa, la más grande y donde las tensiones sociales que toman las militancias por los distintos derechos se condensan. Ojalá que se mantenga, ya desde hace varios años que se mantiene una marcha unificada con una división en un punto, con discursos diferenciados –el discurso armado por la Mesa de Trabajo y los organismos por un lado, y el discurso de los partidos de izquierda por otro, no es una novedad este año. El repudio al genocidio quizá está siendo el piso, la base que cada vez más compartimos, y ojalá eso implique nunca más ruptura del orden democrático. Y otra parte del análisis está vinculada al discurso de la Mesa de Trabajo durante el acto y a su impacto público. Fue un discurso largo, pero que reveló la multiplicidad de miradas sobre lo político. La gran trampa de La Voz del Interior es haber sintetizado la diversidad de actores que construyeron ese discurso de manera consensuada, pese a las retóricas diferentes, las diversas luchas, las formas de narrar y de decir las cosas. Creo que por la denuncia de todo lo que nos falta y los derechos que se vulneran, se hizo menos fuerte todo lo que vamos logrando. En Córdoba juzgamos a Videla. Para muchos podrá pasar como un juicio más, pero lo logró la sociedad cordobesa con toda su complejidad. Eso creo que podría haber estado más potenciado. Y después, la retórica y la tónica militante no difirieron mucho de los últimos 5 años, sólo que hubo una forma de titular del medio hegemónico provincial –la idea de que se rompe un pacto con el gobierno– que

Julia Di Rienzo. Arandu sãso (Sabiduría libre) Repüapew Müchalen (Vía láctea doblada) Juku Warani (Búho constelación) Serie “Retratos Incompletos”... Mapa estelar del cielo del sur impreso sobre papel A0, plegado (9 cm x 22 cm x 30 cm). 2010.

rearma y condiciona todos los movimientos políticos posteriores. Esa construcción de un supuesto pacto la había hecho la misma Voz del Interior el año pasado, y la rompe la misma Voz este año. Nunca hubo pacto; hay construcción de políticas públicas en relación a la construcción de espacios de memoria. Para muchos sectores que juegan electoralmente, haber construido esta política de derechos humanos es haber pactado. No, hay una idea de construcción de una política pública que ojalá perdure más allá de quien esté gobernando, y más allá de que estemos acá nosotros o no. Entonces, hubo una lectura coyuntural marcada por lo electoral en ese título, obviamente, que obligó a todos los actores a salir a decir lo que tuvimos que salir a decir. De todos modos hay que reconocer también el modo en que tomó estado público. Antes se podía ningunear la marcha, no darle la primera plana, decir “no fueron tantos”. Hoy es tan fuerte que hay que trabajarlo desde otro lugar. – L.daS.C.: En el medio de la marcha Diego Tatián me preguntó: “¿y cuántos años más se va a conmemorar esto?”. Yo al principio pensé: “¿qué me pregunta?”. Y él enseguida hizo la siguiente reflexión: “35 años es mucho, ¿en qué otro lugar del mundo se conmemora con una marcha de esta magnitud, con esta presencia?”. Yo nunca me había puesto a pensar. Habrá, no digo que no haya, pero hace unos 10 o 15 años atrás uno pensaba que, tras los indultos, nunca más iba a haber una marcha, una manifestación, y sin embargo...

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EL 24 DE MARZO

política de lo inmediato, oportunista, sino de una marca muy profunda.

MEMORIA

compartir la comida en un picnic como parte de una actividad, o hacer música en La Perla. Y eso tiene que ver con la osadía, con la creatividad de la gente que trabaja en los sitios, porque en eso hay que reconocer que los tres sitios tienen grupos de trabajo increíbles. Pero también con una trayectoria de los organismos de derechos humanos, muy reflexivos y muy críticos sobre ellos mismos, que está traducido en la Comisión. Lo importante, creemos, es que las personas puedan venir a estos espacios y hacerse una pregunta, no llevarse un paquete cerrado de cómo debe ser la memoria.

Intervención urbana “Bicicletas vacías”, del artista Fernando Traverso. Campo de La Ribera.

ros Prohibidos. Biblioteca de Lib . l de la Memoria cia vin Archivo Pro

Celebración del Carnaval 2011. Archivo Provincial de la Memoria.

Feria de Derechos, Conmemoración Día Internacional de los Derechos Humanos. Espacio La Perla. Organizado por los tres sitios de memoria y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Participaron más de 80 organizaciones.

Sala Presentes. Espacio La Perla.

“El Calzonazo”, intervención audiovisual sobre la experiencia de un grupo de presas políticas de Córdoba que en plena dictadura se negaron a requisas vejatorias, reivindicando –además– las luchas históricas y actuales de las mujeres contra todo tipo de violencia.

Liliana Felipe. Co nmemoración Día Internacional de Derechos Huma los nos. Espacio La Perla. Organizad sitios de memo o por los tres ria y la Mesa de Trabajo por los Derechos Huma nos.

Mural colectivo. Campo de La Ribera.

rias de Vida. Ca Muestra Histo

era mpo de La Rib

Hoy la Universidad agradece al Archivo Provincial de la Memoria, y a los Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos La Perla y Campo de la Ribera, por las imágenes que ilustraron esta nota.

[Últimos Títulos]

EDITORIAL UNC

VIDAS Y AUSENCIAS. DESTINATARIOS DE LA REPRESIÓN. CÓRDOBA, 1969-1983 Silvia Romano, Norma San Nicolás, Marta O. Palacios, Malvina González Lanfir Coedición con Archivo Nacional de la Memoria 2010, 254 p. ISBN 978-950-33-0841-7 Este libro presenta una reconstrucción, todavía fragmentaria, del universo de víctimas de la represión ilegal y el terrorismo de Estado que en los años 60 y 70 participaron directa o indirectamente en la vida política, social y cultural de Córdoba. Recupera y muestra aspectos de sus identidades, que se articula con información de carácter público sobre sus trayectorias y las circunstancias en que fueron desaparecidas o asesinadas. Las imágenes del subconjunto de personas hasta ahora identificadas en registros audiovisuales de archivo enfatizan su participación en el espacio público y las re-sitúan en los contextos históricos captados por las cámaras de la televisión. Nombres, trayectorias e imágenes son testimonios de la ausencia y, al mismo tiempo, “prueba de existencia” de aquellos cuyos cuerpos, historias e identidades la dictadura buscó borrar, hacer desaparecer.

EL BICENTENARIO DESDE UNA MIRADA INTERDISCIPLINARIA. LEGADOS, CONFLICTOS Y DESAFÍOS AA.VV Colección Bicentenario 2011, 420 p. ISBN 978-950-33-0846-2 La presente publicación constituye una parte de las múltiples producciones realizadas en ocasión del Congreso El Bicentenario desde una mirada interdisciplinaria: Legados, conflictos y desafíos, organizado por la Universidad Nacional de Córdoba en conmemoración del Bicentenario de Mayo. Con la presencia de trescientos cincuenta asistentes se presentaron más de doscientas ponencias y posters a cargo de casi seiscientos docentes, investigadores, estudiantes y no-docentes de la UNC, de otras universidades y de la comunidad en general. Con una mirada puesta en las tres dimensiones de la temporalidad: el pasado bisecular, el presente como experiencia y el futuro como horizonte de expectativas, se vincularon ejes temáticos con las circunstancias que hicieron de nuestro país lo que es, con sus debilidades y fortalezas. Como ámbito de investigación, producción de conocimientos y formación intelectual, la Universidad Nacional de Córdoba se propone con esta publicación contribuir al debate y la reflexión sobre temas centrales que movilizan a la sociedad; en este caso, la discusión del presente a partir de los complejos legados de la historia.

TEXTOS REUNIDOS II. 1972 - 1975 Agustín Tosco 2011, 544 p. ISBN 978-950-33-0860-8 El conjunto de documentos reproducidos en el presente libro cubre el período que se extiende desde septiembre de 1972 −cuando Tosco regresa a la ciudad de Córdoba tras ser liberado de la cárcel de Rawson− hasta su muerte el 5 de noviembre de 1975. Completa la tarea iniciada hace más de dos años con la publicación del primer volumen -Textos reunidos 19531972-, con la intención de poner a disposición de investigadores y público en general una recopilación lo más completa posible de uno de los dirigentes más lúcidos del sindicalismo argentino, cuyos textos nunca fueron otra cosa que meros instrumentos al servicio de su lucha social y política. Enemigo del sectarismo y partidario constante de la “unidad en la lucha”, militante convencido del carácter emancipatorio que debía asumir la brega proletaria, el legado de Agustín Tosco presenta múltiples facetas, siempre abierto a una recuperación creativa y crítica por parte de nuevas generaciones de militantes obreros clasistas, democráticos y antiburocráticos.

Av. Haya de la Torre S/N - PB Ciudad Universitaria X5000GYA - C贸rdoba - Argentina

Revista HOY la Universidad - Número 5 - Mayo 2011