Edición 33 | Trochando Sin Fronteras | Julio - Agosto de 2017

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Agosto - Septiembre 2017

Medio Informativo del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia

IO R O T I R R E DEN EL T

N E I F E D E U Q S O N A M A D L AS I V A L Y LA CONSULTA POPULAR: UN INSTRUMENTO PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO

AMBIENTE Y TERRITORIO

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VICTORIA CONSTITUYENTE EN VENEZUELA

INTERNACIONAL

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SER LÍDER SOCIAL: “ESTE ES UN TRABAJO QUE HAGO POR VOLUNTAD Y CONVICCIÓN”

NUESTRA HISTORIA

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a situación política actual demuestra la campaña de persecución y desprestigio por parte de las clases políticas dominantes, representadas en el gran capital transnacional, hacia todo aquel que no quiera seguir su modelo económico de saqueo y explotación; modelo que termina llevando a los pueblos a la miseria tanto económica, como p o l í t i c a , s o c i a l y a mb i e n t a l alrededor del mundo, generando una desigualdad sin precedentes en la historia del planeta, y que de continuarse con estas políticas de explotación, no solo de recursos naturales sino entre s e re s h u m a n o s , e s t a b re c h a social irá en aumento a pasos agigantados, como lo evidencia un artículo de prensa que estima que los 8 hombres más ricos del planeta posean más riquezas que la mitad de la población a nivel mundial[1].

Riqueza que han amasado con avasallamiento, guerras e imposiciones económicas a los países y pueblos del mundo, y quienes no son serviles a sus intereses son declarados objetivos de sus maquinarias de guerra imperiales (FMI, OTAN, etc.) en América, Medio Oriente y África.

Casos como el de Corea del Norte, el de Afganistán, Irak, Libia, Siria se suma el de Venezuela, nación con las mayores reservas petroleras del mundo, donde el gobierno ha ratificado que los recursos son estatales con el fin de darle un mejor bienestar a su pueblo, pero que ha visto como el gran capital nacional y transnacional ha intentado de todas las formas posibles desestabilizar al país tanto económica, política y socialmente, pero que gracias a un pueblo digno se ha podido sostener.

En este juego de la geopolítica mundial los medios de comunicación cumplen un papel importantísimo en la manipulación de la información y las matrices de opinión; CNN, Caracol, RCN y demás, cada vez son más descarados en sus sesgos ideológicos, tergiversando la verdad y haciendo aparecer la mentira como verdad absoluta. Un claro ejemplo de esto es el manejo que le han dado a la situación de la hermana República Bolivariana de Venezuela, en donde la ultraderecha planteo un dizque “plebiscito” para distraer la atención ante la inminente victoria de la constituyente. Estos medios junto a mandatarios de otros países, y la rancia oligarquía venezolana se

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terminando la tarea ya no solo con el accionar paramilitar, sino a través de leyes c omo la de Zidres y delimitación de páramos, que conducen al detrimento de las necesidades básicas de la p oblación y si fortale c er sus lucrativas ganancias[2].

rasgan las vestiduras hablando de democracia y garantías de derechos, como si la respuesta al intervencionismo norteamericano no fuera suficiente los más de 8 millones de votos que respaldan y apoyan la Constituyente V e n e z o l a n a y e l p ro c e s o d e construcción de la revolución bolivariana.

Tal vez no nos hemos puesto a pensar en detalle las dificultades que afrontan las comunidades de los páramos del Tama, Almorzadero, Berlín, Santurbam, Cocuy, Tota – Vijagual - Mamapacha, Guantiva - La Rusia, Sumapaz – Cruz Verde, Chingaza; estos son solo algunos de los páramos que están en la región del Centro Oriente Colombiano, p ero s e estima que a nivel nacional son más o menos medio millón de personas las afectadas por esta delimitación quienes saldrán p rá c t i c a m e n t e d e s p l a z a d a s .

Nuestra principal apuesta política como Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente MPMSPCOC siempre ha sido la permanencia en el territorio, y en relación a la situación de los páramos, que nuestros campesinos permanezcan allí con posibilidad de trabajar y alimentar al país, y que el gobierno les pague a los campesinos por cuidar los páramos, en donde la producción debe ser orgánica.

Habría que preguntarnos ¿qué tan respetados son los derechos humanos en sus países y cuáles s on los índic es de represión, penalización y criminalización 3 de la protesta social, cuántos muertos y detenidos hubo en el gobierno de Pastrana, de Uribe Vélez y de Juan Manuel Santo?, una cifra para hacernos una idea, al cierre de este editorial en lo que va corrido del año 2017 son de 185 dirigentes s o ciales y defensores de Derechos Humanos asesinados por el terrorismo de Estado a través de la guerra sucia. Y todavía tienen el cinismo de criticar a Venezuela, ojalá en Colombia tuviéramos las libertades para protestar como las hay en Venezuela.

Con esta cortina de humo, se distrae la atención del pueblo colombiano, mientras en el país se viene implementando todo un paquete de medidas legislativas, leyes y decretos que profundizan los niveles de pobreza, desempleo, tercerización laboral, los salarios más paupérrimos del mundo, paseos de la muertes en los hospitales, sumado a esto las instituciones del Estado de las que se habla independencia e imparcialidad, cada día más c o n f ab u l a d a s e n p e r s e g u i r, reprimir, judicializar y criminalizar al movimiento social y sus justas luchas, como ha ocurrido en montajes judiciales y encarcelamientos con los compañeros del Sur de Bolívar, el burdo m o n t a j e j u d i c i a l c o n e l qu e m a n t u v i e r o n va r i o s a ñ o s a Feliciano Valencia detenido en su resguardo y otro sinnúmeros de casos, y que hoy sale a la luz pública como estos fiscales están comprometidos en el tráfico y c o r r u p c i ó n d e l a p a rat o qu e llaman justicia.

Esta bandera de defender el territorio y la soberanía nacional precisamente será una de las principales agendas de movilización que el movimiento social en lo que resta del año 2017 y el 2018 agitara, más la suma de los incumplidos con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; quien tendrá la tarea de consensuar de manera unitaria con los camioneros, magisterio, el pueblo de Buenaventura, Choco, Cesar y demás levantamientos populares, para construir un pliego incluyente, convocante y movilizador, que guardando las particularidades sectoriales y gremiales, podamos pensarnos el país que soñamos.

El periódico Trochando Sin Fronteras es una publicación de la Corporación Trochando Sin Fronteras

Dirección General Eduardo Sogamoso Equipo Editorial Sandra Riveros Eduardo Sogamoso Mauricio Reyes Wilmar Castillo Marcela Cruz Colaboradores Edición N° 33 Fuerza Nacional Magisterial - Arauca Coordinadora Minero Energética del Centro Oriente Asociación Red Itoco Isaac Marín Concepto gráfico y diagramación Mauricio Reyes Rojas Recursos gráficos Camila Bolaños Foto Portada Wilmar Castillo

Contacto trochandosinfronteras@gmail.com

MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA!!!

Todo esto ocurre para favorecer los interés de la clase terrateniente, industrial y financiera de este país, y el capital transnacional, que cada día destruyen nuestros territorios, saquean nuestros recursos estratégicos para la vida, y que no solo se roban nuestros recursos, sino que también se nos están roban nuestras tierras, esta vez están

CONGRESO DE LOS PUEBLOS CONSTRUYENDO PAÍS PARA LA VIDA [1] Los 8 millonarios que tienen más dinero que la mitad de la población del mundo http://www.bbc.com/mundo/noticias-38632955 [2]Utilidades de Ecopetrol fueron de $2.2 billones en el primer semestre de 2017 http://www.elespectador.com/economia/utilida des-de-ecopetrol-fueron-de-22-billones-en-elprimer-semestre-de-2017-articulo-707079?

Las opiniones, análisis y/o similitudes expresadas por los autores, artículos, fotos o graficos, son libres y de ellos son responsables sus autores

Fundado en 2009

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INTERNACIONAL

Victoria constituyente en Venezuela Por: Marcela Cruz - Trochando Sin Fronteras

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n un contexto de sabotajes y disturbios patrocinados por la derecha nacional e internacional, los venezolanos participaron masivamente en la votación para la Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 30 de julio.

Multitudes pasaron sobre barricadas, bloqueos, guarimbas, amenazas y acciones paramilitares para llegar a los 14.500 puestos de votación habilitados por el Consejo Nacional Electoral -CNE- en todo el país.

Los venezolanos aptos para votar eran aproximadamente 19,4 millones. De esta cifra, más de 8 millones de habitantes (8,089,320, datos del CNE) ejercieron su derecho al voto para elegir a sus delegados a la Asamblea Constituyente. Esta realidad contrasta con las predicciones estadísticas y con la supuesta realidad que de la derecha presenta en los medios de comunicación: Según la encuestadora Datanálisis[1], al 29 de julio el 72,2% de los ciudadanos venezolanos rechazaba la Asamblea Nacional Constituyente[2]. El “plebiscito” que la oposición realizó el domingo 16 de julio supuestamente obtuvo 7.676.894 votos, cifra bastante difícil de creer, dada la escasa participación popular y el hecho de que muchas actas fueron quemadas justo después de culminada la votación, sin haber sido revisadas y verificadas.

encuentran países de África, Asia, Latinoamérica y Medio Oriente, tales como Rusia, Argelia, India, Sudáfrica, China, Ecuador, Bolivia, Cuba Nicaragua, Libia y Palestina. A través de tal declaración, estos 57 países c o n s i d e ra n qu e “e s a l p u e b l o ve n e z o l a n o a q u i e n c o m p e t e , exclusivamente, determinar su futuro sin injerencias externas”; así mismo, afirman que “apoyamos al gobierno c ons t it ucional de la Repúbl ica Bolivariana de Venezuela en su compromiso de preservar la paz y mantener la inst it ucionalidad democrática en el país...”.

La estrategia de desestabilización y sabotaje al proceso revolucionario ha ocasionado más de 100 y 1.500 heridos desde que iniciaron los disturbios en abril pasado. La oposición pretendía que el miedo que lograron infundir en episodios en los que han quemado personas vivas o asesinado a otras con francotiradores, evitaría la participación popular en la jornada electoral constituyente.

Por su parte, Donald Trump amenazó c o n " s a n c i o n a r d u ra m e n t e" a Venezuela si se hacía realidad la iniciativa Constituyente. Ante esta amenaza -que se cumplió días antes de las elecciones-, reaccionaron los gobiernos de Rusia, China e Irán, quienes manifestaron que enviarían apoyo militar a Venezuela para evitar una invasión por parte de Estados Unidos.

Durante las elecciones, grupos de oposición hostigaron al menos 200 centros de votación, pretendiendo impedir el sufragio. Según fuentes oficiales, 21 funcionarios del Estado fueron lesionados por arma de fuego en desarrollo de las votaciones.

El gobierno estadounidense no sólo ha tratado de demonizar el proceso bolivariano de Venezuela, sino que ha movido cielo y tierra para derrocar al gobierno y retomar el control de sus reservas petroleras y truncar las iniciativas de integración latinoamericana que tanto Chávez c omo Maduro han impulsado incansablemente con la conformación de UNASUR, ALBA, CELAC y CARICOM.

El cerco internacional Algunos países - gobernados por sectores de la derecha- anunciaron que no reconocerían los resultados de la ele c ción para la Asamblea Constituyente. En ese sentido se pronunciaron los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, España, México, Panamá y Perú. Sin embargo, movimientos sociales de esos mismos países realizaron marchas y plantones en respaldo al proceso constituyente venezolano.

En contraste con esos 10 gobiernos, 57 Estados firmaron, en el marco de la reciente reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una declaración[3] expresando su apoyo a V e n e z u e l a y e n re c h a z o a l a intervención extranjera en sus asuntos internos. Entre ellos se

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Marcha de ciudadanos después del triunfo de la constituyente en Venezuela

Asamblea Nacional Actual cesará sus funciones dado que la Constituyente será la nueva encargada de legislar con el objetivo de reformar la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela, establecida en 1999.

Uno de los objetivos centrales de la nueva legislación es la creación de una Comisión por la Verdad, la Justicia y la Paz c on p o deres plenipotenciarios cuyo fin será establecer las causas y responsables de los hechos violentos generados en los últimos meses y que ha dejado más de 100 muertos y decenas de heridos.

"Solo a través de justicia lograremos la paz para construir la igualdad, la estabilización polít ica del país y brindarle seguridad al pueblo, la paz es un derecho del pueblo", señaló el presidente Nicolás Maduro.

La economía también será tema esencial de la constituyente. El objetivo es superar la dependencia de la renta petrolera y fortalecer la producción de alimentos y otras mercancías. Así mismo, s e ha anunciado que se buscará darle rango constitucional a las misiones sociales como las de alimentación (Mercal, Pdval), salud (Barrio Adentro), educación (primaria, secundaria y universidad) y vivienda, entre otras que se implementan desde que Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999.

Lo que se viene

Por su parte, la Iglesia Católica sigue respaldando el terrorismo y a la oposición por todos los medios, llegando al punto de hacer propaganda política en las misas. Esto se complementa con la declaración del Vaticano y el Papa Francisco el pasado 3 de agosto, en el sentido de "evitar o suspender la asamblea constituyente"[4] .

Aún después de esa extraordinaria victoria electoral, a los venezolanos les esperan días de ardua lucha en defensa de su demo cracia y autodeterminación. Pese a que el pueblo eligió a sus representantes para redactar la nueva constitución, y que, además, luego de elaborada deberá ser sometida a la aprobación popular a través de referendo, la derecha sigue afirmando que se trata de una medida dictatorial al acomodo del gobierno. Y esa posición se seguirá traduciendo en la profundización de la guerra económica y la continuidad de las acciones violentas. No es gratuito que el dirigente opositor Julio Borges señalara (luego de

¿En qué consiste la Asamblea Constituyente?

Mientras la Asamblea Constituyente define el contenido de la nueva carta magna, la anterior constitución seguirá vigente, al igual que los Poderes Públicos. No obstante, la

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c ono c er los resultados de las elecciones) que "La lucha no solo va a continuar, sino que se va a profundizar con toda la fuerza y dignidad".

Tampoco es casualidad que el pasado 13 de julio se realizara una reunión en la misión estadounidense de la OEA en Washington, presidida por el exrepresentante permanente de EEUU ante este organismo, Michael Fitzpatrick, y el director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, Juan Cruz, con diplomáticos de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia, a quienes instruyeron para iniciar una fuerte campaña mediática en contra de la Asamblea Constituyente.

Consecuencia de ello, Juan Manuel Santos, pidió públicamente “desmontar la constituyente” [5].

Mike Pomp e o, Jefe de la CIA reconoció haberse reunido con los presidentes de Colombia y México para “buscar un gobierno estable y democrático en Venezuela”, dado que allí Estados Unidos tiene "profundos intereses"[6].

A estas alturas, no queda duda de las verdaderas causas de la situación en Venezuela y de quiénes están detrás del plan creado para generar caos y desestabilización para justificar una intervención directa de fuerzas extranjeras.

[1]Publicado en http://www.ntn24america.com, julio 29 de 2017 [2]Publicado en: https://elpitazo.com/ultimasnoticias/datanalisis-72-de-los-venezolanos-rechaza-laasamblea-constituyente/ [3]Publicado en http://onu.embajada.gob.ve, junio 21 de 2017 [4]Publicado en http://www.cmi.com.co, agosto 5 de 2017 [5]Publicado en: http://www.noticiasrcn.com, julio 17 de 2017 [6]Publicado en http://www.telesurtv.net/opinion/ Porla-Constituyente-si-pero-tambien-contra-Trump-y-elintervencionismo- 20170801-0028.html

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AMBIENTE Y TERRITORIO

La consulta popular: un instrumento para la defensa del territorio Por: Coordinadora Minero-Energética del Centro Oriente de Colombia desviar su papel de garante de la conveniencia social desde una perspectiva liberal y de defensa de la vida.

Claro está que en el caso de Piedras Tolima el Consejo de Estado dejó en firme los resultados de la consulta ante la demanda interpuesta por la multinacional Anglogold Ashanti.

Uno de los apartes de falló dice, “los ciudadanos se pronunciaron en el libre ejercicio del derecho fundamental de la participación en las decisiones que los puedan afectar; (...) que el procedimiento se ciñó a la normativa constitucional y legal, y fue avalado en tal sentido por el Tribunal Administrativo del Tolima, razones suficientes para negar el amparo invocado”.

Marcha carnaval en defensa de la vida y el Territorio Cumaral - Meta - Foto: Mauricio Reyes Rojas

Naturaleza social de la participación popular La participación popular para los asuntos importantes de los ciudadanos en el nivel nacional, departamental y municipal adquirió preponderancia en Colombia a partir de la Carta Política de 1991. El mecanismo de participación ciudadana o popular siguió contemplando tanto la decisión tradicional del voto para elegir representantes como acciones más directas de la sociedad para incidir en el rumbo de su desarrollo. Ese panorama coincide con la calificación de Estado social de derecho, democrático y participativo del ordenamiento constitucional.

Entre 1995 y 2011 se realizaron 32 consultas populares centradas en temáticas de organización políticoad ministrativo, creación de municipios, modificación de límites territoriales, construcción de infraestructura y promover la paz (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2011).

En 2013 se adelantó la primera consulta popular sobre extracción minera en el municipio de Piedras (Tolima), el 98% de los habitantes votaron por el No a la explotación aurífera; en diciembre del mismo año, l o s h ab i t a n t e s d e Ta u ra m e n a (Casanare) con el 96% dan un No al proyecto petrolero Odisea Tres D, (Sánchez, 2015); en C ajamarca (Tolima) el 26 de marzo de 2017, rechazaron los planes mineros con el 97,92% (Hernández, 2017); en Cumaral (Meta), el 4 de junio de 2017, respaldó el No a la explotación petrolera con el 97,04% (Romero, 2017), finalmente Arbeláez (Cundinamarca) y Pijao (Quindio) rechazaron tajantemente la explotación minero energética el 09 de julio de 2017.

La consulta muestra la participación popular en su naturaleza social, que emerge como un derecho de los ciudadanos; su reconocimiento ha sido lento, pues, comenzó con un cúmulo de restric ciones a las personas, limitación en los procedimientos para su ejercicio; algunas restricciones persisten; sin embargo, se amplío a ámbitos de cada vez más de cisión. En Colombia ha sido evidente la c omplejidad en su evolución; p ero en la actual

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estrategia permanente y se utilizarán todas las formas de persuasión. El periodista Sonny (2017) detalla acertadamente, “El efecto práctico que han tenido varias de las últimas consultas populares en Colombia y los fallos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, así como varios tribunales administrativos por demandas que se han presentado sobre los resultados de las mismas, no dejan claro hasta dónde va el poder vinculante de la voluntad de los ciudadanos expresada en este mecanismo”.

coyuntura se erige en pilar de la democracia, constituyéndose en un espacio para edificar el destino de la sociedad, de manera que converge en el doble criterio: el liberal y el de conservación - protección. Esa concordancia es una tendencia en los Estados mo dernos y se vuelve vigente desarrollar en la nación.

Un cambio legitimo Tanto el contenido social como el doble criterio reflejan dos realidades de la historia de Colombia relacionadas con la necesidad del cambio legítimo: abrir el camino para la paz. En ese sentido, después de 2013, la consulta popular se cimienta en el territorio-lo cal: Pie dras, Tauramena, Cajamarca, Cumaral, Pijao y Arbeláez, son las primeras entidades territoriales que visionaron lo que está en juego en la sociedad contemporánea y respondieron con el No.

La consulta popular es uno de los siete mecanismos de participación popular previstos por la Carta Política, la cual señala que “no podrán ser objeto de c onsulta pop ular p ro ye c t os de articulado, ni tampoco la convocatoria a una asamblea constituyente, salvo c u a n d o s e va ya a r e fo r m a r l a Constitución” Sonny (2017), agrega: “no obstante, en la práctica a finales del año anterior el entonces ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta consideró improcedente una consulta popular en la cual los habitantes del municipio de Tauramena (Casanare) dijeron 'No' a la explotación de hidrocarburos en su jurisdicción.

Ese resultado justifica la defensa de la paz y el territorio; más que un acervo económico, lo valoraron desde la cultura y la historia como territorio o lugar del morar integral y holístico del ser humano, la naturaleza, la producción y la vida. Con ello, se habilita un futuro de esperanza y de dignidad. Es la razón por donde se explica por qué los pueblos se oponen a entregar al capital nacional y transnacional la explotación de la riqueza natural no renovable, cuyas actividades van en perjuicio del bienestar de las nuevas generaciones, y optaron asumir el rescate de su vocación para defender la vida a toda costa.

Acosta indicó en esa oportunidad que “estas consultas ponen en riesgo las inversiones (...) consideramos improcedente esta consulta popular, dado que el objeto de la misma rebasa la competencia que tiene el municipio para disponer el aprovechamiento de un recurso natural no renovable que está en el subsuelo que es propiedad del Estado".

La decisión desde los territoriosmoradas ha sido mayoritaria y coherente con la conciencia social de los habitantes; sin embargo, algunos medios de comunicación, políticos y académicos proclives al statu quo del subdesarrollo, las interpretan de contener incertidumbre para la inversión y por esta vía avizoran una crisis económica.

Esto lleva al debate acerca del alcance de la consulta popular; cuando el pueblo decide y no concuerda con la línea tradicional de quienes manejan la economía, o sea, los sectores vinculados al establecimiento, y por otro lado, las manifestaciones contra la consulta se soportan en medios institucionales, políticos y económicos para entorpecer esa acción popular; en consecuencia, es la dinámica que se avizora desde adentro y fuera del Estado y será una ramificación hacia la presión, para

Pautas del ataque frente a la consulta popular En lo sucesivo descalificar las c o n s u l t a s s e c o nve r t i rá e n l a

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¿Hacia dónde?: nuevo modelo de desarrollo La c onc ep ción del libre ejercicio de la s o cie dad tiene correlación positiva con la participación de los habitantes, sujetos activos en la definición de su destino, y es resultado de los movimientos sociales y p opulares que enarb olan la democracia para encausar un sistema económico justo. En esa dirección, cabe reconocer, el orden constitucional justifica ciertas transformaciones, además representa un farol, aunque muy sobrecargado al centralismo y de políticas neoliberales.

Esto último, está en contraposición del avance de la democracia real y la justicia social; por lo tanto, las organizaciones sociales comprometidas con el diálogo de saberes para construir cohesión social deben fomentar el debate que potencie entender los obstáculos y c ómo afrontarlos efectivamente. Una hipótesis a desentrañar puede ser: el Estado debe revertir su modus operandi visiblemente a favorecer de las multinacionales, consorcios e inversores en los territorios tasados por éstos como fuente económica, además en esta óptica de empresa la responsabilidad social o moral solo queda en slogan y el modelo de desarrollo simplemente exterioriza mayor desigualdad.

Referencia Bibliográfica [1]Registrtaduría Nacional del Estado Civil (2011), http://www.registraduria.gov.co/-ConsultasPopulares,2411-.html, consulta, Mayo 30 de 2017.

[2]Sonny, G (2017) EL Nuevo Siglo , junio 2 de 2017, http://www.elnuevosiglo.com.co/ articulos/102 0 1 4 - s i g u e - i n c e r t i d u mb re - p o r - f u e r z a vinculante-de-consulta-popular Consulta Junio 2 de de 2017.

[3]Hernández, J. (2017)El espectador 26 de marzo, http://www.elespectador.com/ noticias/medioambiente/cajamarca-golpe-la-locomotoraminera-articulo-686477 Consulta mayo 31 de 2017 [4]Sánchez ,V ( 2015 ) Revista Semillas 09 octubre , http://semillas.org.co/es/revista/ consultapopular-la-decisi Consulta mayo 31 de 2017 [5]Romero, R. (2017) El Tiempo junio 5 de 2017, http://www.eltiempo.com/colombia/otrasciudades/resultados-de-consulta-petrolera-encumaral-meta-95396 Consulta Junio 5 de 2017.

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DERECHOS HUMANOS

¿Qué cambió en Colombia con la dejación de armas de las FARC? Por: Eduardo Sogamoso – Trochando Sin Fronteras

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l 26 de junio pasado las FARC-EP concluyeron el pro c es o de dejación de armas con la entrega de 7.132 tales elementos al sistema de Naciones Unidas. Se fijó como fecha el primero de agosto para trasladar esas armas fuera de las zonas veredales para su destrucción; así mismo, se continuará con la inspección de las caletas.

En Colombia la gran mayoría de los habitantes no tiene condiciones mínimas de bienestar, mientras unas cuantas familias acumulan capital y sirven de puente para que las multinacionales se apropien de los recursos naturales y de riqueza social; tal es la causa del conflicto social, político y armado que se vive en este país desde hace más de 53 años.

La guerrilla de las FARC, luego de un proceso de diálogo con el gobierno nacional, ha decido dejar las armas y continuar su lucha desde el campo legal. Pero al colombiano de a pie le generas dudas el proceso, tal vez porque el acceso a la información es muy poco o recibe información manipulada de acuerdo a los intereses de los que ostentan el poder.

En esa negociación ha salido del juego un actor armado, al cesar sus ac ciones y entregar sus armas, pero la violencia en la mayor parte del país continúa.

El paramilitarismo, entendido como un mecanismo de guerra sucia del Estado, se ha hecho evidente en los casos recientemente ventilados en los medios de comunicación, en los cuales altos funcionarios públicos, tanto civiles como militares y de policía, se han visto envueltos en investigaciones p or sus nexos c on estructuras paramilitares. Tal como lo han denunciado defensores de derechos humanos y víctimas, el paramilitarismo como una forma encubierta de actuar por parte de la fuerza pública y de sectores del poder económico, se sigue expresando en acciones violentas contra la población civil y en el control territorial en algunas regiones de Colombia..

De acuerdo a un informe presentado en el mes de enero por INDEPAZ, se evidencio la presencia de estructuras paramilitares en 344 municipios de 31 departamentos del país[1].

Por otra parte, medidas estatales como la reciente reforma tributaria y la ley de tierras, entre

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Acto de dejación de armas Mesetas - Meta Foto: Presidencia de la República

des sin resolver por parte del Estado. Es o dic e realmente el momento que vive el país.

otros actos legislativos promovidos por el Estado, sumado a las necesidades básicas insatisfechas, generan en el país una sensación de desconfianza en su dinámica social y política.

Lo anterior solo por citar algunos ejemplos, claro está, sin dejar pasar asuntos de gran calado para el país como la corrupción, el asesinato sistemático y la judicialización de líderes sociales, que hablan de las verdaderas intenciones de Paz del sistema.

Como si fuera poco, el gobierno nacional y las demás autoridades del Estado han venido incumpliendo los compromisos hechos con comunidades y movimientos sociales del país, tales como la titulación de tierras, la entrega de subsidios para los pequeños productores y la superación de la crisis de la salud. Lo mismo ha pasado con las FARC, a quienes les han bailado el indio con la implementación de los acuerdos.

La mayoría de los miembros de esa organización que se encontraban privados de la libertad a la firma del acuerdo, continúan en las cárceles, ya que los jueces les han negado la libertad en aplicación de la amnistía que ya está vigente. Más aún, varios de los que han salido en libertad, fueron asesinados en lo que va corrido del año, en departamentos como Cauca, Nariño y Chocó.

Esa Paz de la cual hablan el gobierno, los ricos y las empresas multinacionales, le es ajena a la sociedad en general. Porque el hecho de que uno de los actores armados deponga o entregue sus armas no ha propiciado que las condiciones de vida de la gente mejoren, ni que se resuelvan los problemas más sentidos. Por el contrario, esa ilusión ha sido aprovechada por todos ellos (el

gobierno, los ricos del país y las multinacionales) para afirmarse en el poder en el campo político, social, cultural, económico, religioso, etc., para garantizar que seguirán acumulando riqueza y apropiándose del territorio para sus intereses.

En ese orden de ideas, ¿qué ha cambiado con la dejación de armas por parte de las FARC? Y si no cambiado nada, ¿Cómo logrará el pueblo colombiano obtener mejores condiciones de vida?

[1]XII INFORME SOBRE PRESENCIA DE GRUPOS NARCOPARAMILITARES 2016 h t t p s : //c o l o mb i a p l u ra l . c o m / w p content/uploads/2017/02/XII-INFORME.pdf

Mientras al mundo se le vende la idea del fin del conflicto y la Paz, las comunidades del Chocó y Buenaventura debieron salir a protestar por derechos básicos insatisfechos. En pleno siglo XXI la gente debe salir a las calles a exigir cosas tan elementales como acueducto, alcantarillado, escuelas, colegios, hospitales o carreteras, entre otras necesida-

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EDUCACIÓN

Varias situaciones del paro nacional de maestros y maestras Por: Fuerza Nacional Magisterial - FUNAMA Arauca

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rente al pasado paro nacional del magisterio, queremos dar cuenta de varias miradas y situaciones (que no relativizan el asunto), sino que contribuyen a tratar de visibilizar la totalidad de este como fenómeno social importante para el sindicalismo, en el qu e s e ub i c a n l o g ro s , p e ro también vicios, invisibilizaciones y elementos que deb en superarse para recuperar una c orriente sindical unitaria, independiente y clasista.

El paro, un logro político para el sindicalismo colombiano El paro es un logro político para el sindicalismo, debido a que los trabajadores y trabajadoras de la educación, pasaron de “paros” de media jornada, a jornada completa, a recuperar el paro o huelga extendida como expresión primordial de lucha. Los do c entes susp endieron de manera colectiva actividades laborales durante 25 días o 37 días calendario, en el que se cambiaron escritorios, tableros, textos y la enseñanza en el aula, para enseñar en calles y veredas con arengas, canciones, marchas, faroles, charlas, caminatas, videos, pancartas y demás dentro de las particularidades y originalidad de cada departamento y localidad.

Lo anterior, lleva a señalar y reconocer, que la fuerza del paro residió en sus bases y que el camino es seguir gestando luchas populares profundas s i m i l a re s a : “ l a m a r c h a d e l hambre de septiembre de 1966, q u e f u n d o p r o c e s o s p a ra e l estat uto laboral docente 2277 (1979); pasando por el Movimiento Pedagógico de los años ochenta cuyo producto fue la Ley 115 de 1994 cono cida como la Le y General de Educación; hasta la defe ns a de las t rasfe re ncias presupuestales para derechos básicos en 2001, cuya derrota dio lugar a la generación del Sistema General de Participaciones”. [1] No obstante, los maestros y maestras organizados deben seguir atentos a suprimir vicios dentro del sindicato, pues aún no se evidencian mecanismos que fortalezcan la democracia sindical dentro de la FECODE. Aunque no hubo descontento generalizado por el levanta-

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zados ganaron en capacidad organizativa y en comprender que el sindicalismo debe pasar a mayores niveles de conciencia y organización.

miento del paro, no existió herramienta participativa que permitiera escuchar a las bases y tomar decisiones, tal como ocurrió en el 2015. Práctica que se considera nociva dentro del sindicalismo, pues levantar el paro sin consultar a las bases, legítima figuras patronales y caudillistas dentro del sindicalismo, debilitando la democracia sindical, pues se le da relevancia a las individualidades, o, papeles “heroicos”, poniendo en segundo plano la lucha de las bas es organizadas.

Las bases fueron superiores pese al descontento del paro 2015 No olvidemos que existió una gran derrota y traición a las bases por parte del ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación –FECODE- en el paro del 2015, que nego cio pésimamente -y solo algunos puntos-, sin previa consulta a las bases y justo en los momentos en que todo parecía favorecer la justa causa. Lo cual dejo ver las debilidades ide ológicas del ejecutivo y demás sindicatos departamentales, muestra de la crisis del sindicalismo en Colombia.

Se logro romper “las formas de comunicación dominante que gene ralmente inv isi bil izan o t e r g i ve r s a n l o s p r o c e s o s d e movilización popular, la respuesta de las bases y la del equipo del ej e cut ivo de la FEC ODE f ue inmediata, oportuna y contundente”. [2] E l e j e rc i c i o c o mu n i c at i vo popular y alternativo difundió un adecuado discurso político y pedagógico que desde las redes sociales, las calles, pueblos y veredas legitimaron la lucha del magisterio, no como lucha gremialista, de un sector, sino como una lucha común que pretende romper reglas fiscales de financiación no solo para la educación, sino para salud, agua potable y salubridad, ganando la simpatía y admiración de la mayoría de la población colombiana.

Pese a ello, quedó demostrado que los maestros y maestras de base trabajaron arduamente en el paro, estuvieron siempre alertas a los pasos de la dirigencia nacional y a la altura de la movilización. “Paramos pero no olvidamos”, fue el slogan de la Fuerza Nacional Magisterial – F U NA M A -, e x p re s i ó n d e l Congreso de Pueblos al interior d e l a F E C O D E , qu e m o s t ro capacidad de liderazgo, responsabilidad y ética, dejando a un lado el descontento para reflejar en cambio la altura de los sueños por una escuela más digna, por la dignificación de la lab or

En este sentido, se considera que los maestros y maestras movili-

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docente y el aprovechamiento de hacer del paro un escenario propicio para aportar a otra práctica sindical.

Desacuerdos e invisibilizacion de acciones del magisterio de base Existieron antes del paro profundos desacuerdos frente al pliego de peticiones radicado por la FECODE el 28 de febrero del 2017. Lo resumimos en tres aspectos: El tema de ascenso de los docentes 1278; la poca aceptación o rechazo del ejecutivo a la Vigilia p or la E ducación Pública y el manejo poco clasista del ejecutivo frente al tema de la salud para los docentes.

Por un lado los docentes del nuevo estatuto laboral, estatuto 1278 (del 2002) poseen peores c o n d i c i o n e s l ab o r a l e s qu e rep ercuten en su c ondición social como trabajadores y trabajadoras de la educación.

Estatuto que surgió no como producto de la lucha organizada (tal como la Marcha del hambre con el 2277) sino como medida jurídica que asegura una mayor regulación y control del rol do c ente en el marc o de un Estado que viene acomodando el sistema educativo al orden económico mundial del siglo XXI.

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EDUCACIÓN Gran parte de estos docentes del 1278 –que lo entregaron también todo en el paro-, volvieron a sentirse en un plano secundario e insatisfechos por las medidas tomadas por el Centro de Estudios e Investigación Docente CEID-FECODE, que impulso en el 2015 como mecanismo de ascenso, la mal denominada Evaluación de Carácter Diagnostico Formativa ECDF. Una prueba que se basa en la grabación de una clase de 40 minutos, en el que el docente invisibiliza desde el guion, luces, cámaras y acción las históricas deudas del Estado frente a la educación y monta una clase ideal que le permita puntos para clasificar a un ascenso. Hecho vergonzoso, símil a un panóptico que vigila y modela la práctica pedagógica, repercutiendo en la subjetividad de los nuevos docentes para hacerlos más flexibles a las reglas del mercado educativo.

Al contrario la mayoría de estos docentes, pese a que se enfrentan a la vergonzosa prueba, dicen NO a la implementación de la ECDF como mecanismo de ascenso y reubicación, pidiendo que se retomen lo planteado en la propuesta de ascenso del 2014 y en el paro del 2015, que es: Ascenso y/o reubicación por títulos, experiencia y tiempo de servicio.

Cuestión que es bastante triste, sobre todo porque el invento fue gestionado por ejecutivo, el cual ha tratado a toda costa de esquivar, callar e invisibilizar el d e s c o n t e n t o g e n e ra l i z a d o .

Frente a este aspecto el presidente de la federación en pleno paro hablo del tema generando expectativas falsas, pues dicho contenido no se encontraba en

táctica más para que los contratistas sigan con el negocio de la salud de los docentes. Al respecto, la Asociación de Institutores e Institutoras del Cauca –A S O I N C A - h a b u s c a d o a l contrario el fortalecimiento de la red hospitalaria con fondos docentes. También estuvieron en “37 días huelgas realizadas en abril y agosto de 2016 y enero de 2017, por la recuperación del derecho a la salud. La respuesta del ejecutivo fue deslegitimar la acción política, pagaron cuñas radiales y artículos en periódicos, ataques por redes sociales, intenta ndo desmov il izar”[3]. Una acción que demuestra el poco identidad de clase, patronalismo y clientelismo en el ejecutivo, frente otras posibilidades sobre la salud del magisterio y el rechazo a otras prácticas organizativas.

los acuerdos, lo que evidencia una actitud populista de “recoger” la insatisfacción para ganar legitimidad como individuo.

Como segundo aspecto, se resalta la acción de la Vigilia por la D efensa de la Educación Pública (en la iglesia San Francisc o de la ciudad de Bogotá), propuesta liderada por FUNAMA con otros colectivos y expresiones del magisterio.

Acción que llamo la atención de diversas comunidades y de los medios masivos de comunicación, ganando aceptación generalizada. Sin embargo, el presidente de la federación, Carlos Rivas, nombro la acción como una actividad no coordinada ni liderada por la Asociación Distrital de Educadores ADE ni la FECODE, negando dicha expresión popular y con ello otros tipos de acciones de lucha que también son alternativa s qu e p e r m i t e n m e d i r y escalonar la lucha del pueblo organizado.

¿Qué sigue?

Lo que sigue es que los maestros y maestras de base sigan alimentando la lucha, el estudio, la organización y movilización.

Una oportunidad más para que como maestros y maestras de base avancemos, discutamos, participemos y construyamos pliegos, movilización y horizontes de lucha a corto, mediano y largo plazo. Pues aunque el m a g i s t e r i o , n o o b t u vo u n a ganancia total, tampoco fue una perdida.

No obstante, en p osteriores entrevistas el presidente de la federación invitaba a la toma de v í a s , p a r qu e s e “ i g l e s i a s ” … contradiciendo su discurso y negando de tajo la propuesta de la Vigilia por la educación, por el hecho de ser una acción no planteada desde el patronismo del ejecutivo.

Frente al tema de la salud del magisterio, los docentes del Cauca que no se sumaron al paro, consideraron que la forma como se planteó este punto en el p l i e g o ra d i c a d o , n o g e n e ra n i n g u n a r u p t u ra f re n t e a l mo delo e c onómic o, pues s e b eneficia a “otro” op erador privado. Resultando ser una

Con aciertos y desaciertos el paro nacional del magisterio oxigeno una deuda histórica que el Estado tiene con la financiación de la educación pública e inversión social. “El magisterio salió a defender los Derechos de padres, niños y la comunidad en general, y a batirse en la calle para

que se entendiese que la mezquina inversión del gobierno en educación, saneamiento básico, salud y ag ua potable, no solo no e ra suficiente, sino, que la comunidad debía intervenir para mejorar y democratizar la discusión sobre esta importante inversión social manejada a su amaño por los gobiernos de t urno que viene generando el estado de c risis producto del desfinanciamiento sistemático.

Al magisterio le queda un largo camino por recorrer, haciendo el trabajo pedagógico en los concejos, alcaldías, gob er naciones, barrios y veredas a lo largo y ancho del país, para que la comunidad se empodere del tema del Sistema General de Participaciones y concurra a defender sus derechos en todas las instancias y participe en su modificación con el agravante de que el tiempo es corto y debe utilizar todos los medios posibles para llegar a la comunidad de manera precisa y clara”[4].

Finalmente trabajar de manera sistemática en la necesidad de mejorar la capacidad política y de acción para la dinamización de procesos de formación política, sectorial y técnica a las bases, activistas y dirigentes. Caminar en la derogación de leyes estatutos que atentan contra el rol docente, la educación pública y estar atento sobre todo a no multiplicar prácticas clientelistas, patronales y burocráticas que limitan el ejercicio sindical.

[1]Comunicado FUNAMA sobre la finalización del paro nacional del magisterio (29 de junio del 2017).

[2]Comunicado FUMAMA – CENTRO ORIENTE (18 de junio del 2017). [ 3 ] H U E LG A NA C I ONA L D E F E C O D E RECONOCER LOS ERRORES..... PRIMER PASO PARA AVANZAR (junio 2017) [4]Comunicado FUNAMA sobre la finalización del paro nacional del magisterio (29 de junio del 2017).

ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DE ARAUCA

Trochandosf

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@trochandosf

CONFLICTO Y PAZ

Del conflicto armado a la corrupción, ¿el nuevo problema de Colombia?

Por:Mauricio Reyes Rojas -Trochando Sin Fronteras

FOTO: Sandra Rivero

El detrás de cámaras de la caída del fiscal anticorrupción Foto: Revista Semana

T

ras la firma e implementación de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno y las negociaciones entre el ELN y el gobierno en Quito - Ecuador.En Colombia los escándalos por corrupción no cesan. Los medios de comunicación hacen su mayor esfuerzo por ocultar los escándalo en los que se ven implicados las elites políticas que ostentan el poder y que aspiran a mantenerse en él.

A puertas de una nueva contienda electoral para el 2018, los aspirantes a presidente encontrarán dos temas que estarán en las agendas políticas; la corrupción y el futuro de los acuerdos de paz. El debate estará enmarcado entre aquellos que quieren continuar la guerra y “hacer trisas los acuerdos de paz” en las palabras del Exministro Londoño, otros que quieren blindar los acuerdos con un gobierno de "Transición" y por ultimo aquellos que sostienen que sin conflicto armado lo único que le falta al país es acabar con la corrupción.

Pero que tan cierta es la teoría

Trochandosf

que la “corrupción” es el nuevo fenómeno a combatir. ¿Acabar la corrupción dará las transformaciones necesarias para vivir dignamente?

Hablar de la corrupción del país no es algo nuevo, y no es un problema estructural, este es consecuencia de mantener una línea sucesoria dentro de unas pocas familias, las cuales ostentan el poder político, económico y militar; que se preocupan por sus intereses y los de las corporaciones y empresas transnacionales las cuales buscan saquear y destruir los territorios en su afán de alimentar este sistema capitalista depredador.

Según Transparency Internacional organización no gubernamental fundada en 1993 con sede en Berlín Alemania y que opera en más de 70 países y que publicá desde 1995 el Índice de Percepción de Corrupción. Colombia se ubicaba para 2016 en el deshonroso puesto 90 con 36 puntos de 100; en Colombia esta organiza-

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dato “YO VOTO POR EL QUE DIGA URIBE”.

ción tiene una filial Transparencia por Colombia[1] la cual evalúa según el Índice de Transparencia en Entidades Públicas -ITEP-, índice que destaca a las entidades por su alto riesgo de corrupción.

Para el periodo 2015 – 2016[2] entre las que s e destacan s e encuentran la Fiscalía y el Senado, en la tabla 1 se muestran aquellas que ocupan este deshonroso ranking.

Tras este panorama pretender limitar el debate a la guerra o la corrupción es castrar las esperanzas y sueños de cientos de comunidades que luchan por defender sus territorios y construir en ellos las trasformaciones necesarias para un país en vida digna.

El estudio mide a las entidades por tres factores (Visibilidad, Institucionalidad y Control y Sanción) y en estos factores se encuentran indicadores que respaldan el análisis de cada uno de ellos, estos se quedan cortos para medir el clientelismo, el nepotismo la entrega de preventas y otras formas de robar los recursos públicos para obtener poder político en el país del sagrado corazón.

Las próximas elecciones presidenciales de 2018 serán el escenario donde las comunidades y el país deben plantear nuevas formas de hacer y participar en la política, formas que sustituyan el patronalismo y el caudillismo, formas que diariamente realizamos en los barrios y veredas, es el momento de masificar las asambleas y arreciar la movilización, es hora de construir un país diferente.

Ejemplo de este mal enquistado en la sociedad son los escándalos de corrupción que salpican al ahora precandidato Alejandro Ordoñez quien se reeligió de manera ilegal e inconstitucional.

O German Vargas Lleras el ex vicepresidente que con el dinero de los colombianos hizo su campaña electoral entregando casas y obras en todo el país, aquel que da los avales y promociona un Fiscal acorde a los intereses de las empresas multinacionales en las que anteriormente trabajo y que nombra a Fiscales Anticorrupción totalmente enlodado y untado de corrupción. O Uribe y los múltiples es cándalos de sus muchachitos (Santos, Zuluaga, Arias, María de Pilar Hurtado, Mario Uribe) o su famoso candi-

[1]Transparencia por Colombia, [En Línea] http://transparenciacolombia.org.co/ [revisado el 15 de julio de 2017].

[2]Indice de Transparencia en entidades nacionales [En Linea] http://indicedetransparencia.org.co/201 5-2016/ITN/EntidadesNacionales [revisado el 15 de julio de 2017].

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AMBIENTE Y TERRITORIO

La Jurisdicción Especial Indígena; más que un derecho de los pueblos indígenas Por: Trochando Sin Fronteras

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no de los aspectos importantes de la legislación Colombiana, es el cambio que ha tenido la Constitución Política de 1991, frente a la antigua constitución de 1886. Uno de los cambios s e materializa en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que tiene Colombia.

La constitución de 1991 prescribe en el "Art. 1º. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Repúbl ica Unitar ia, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el t rab ajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”[1]. Esto expresa la aceptación de la existencia de formas de comportamiento social como los pueblos indígenas y las comunidades negras y otras de igual importancia en el país.

También el contenido del art. 7, de manera precisa consagra “El Estado reconoce y protege la diversidad ét nica y cult ural de la Nación colombiana”[2]. Este postulado se deja ver en “art. 10 que adopta el uso oficial de las lenguas y dialectos indígenas”[3]. Igualmente con los “art. 286 y 329 se determina que los territorios indígenas son entidades territoriales y se le brinda protección”[4].

En el artículo 246 de la constitución colombiana se reconoce la Jurisdicción Especial Indígena y las de cisiones que toman las autoridades tradicional para resolver sus conflictos. Según Pedro Vallejo, investigador de las culturas indígenas en Colombia “Es una jurisdicción en la cual, los indígenas juzgan los delitos que tienen que ver con la relación de ellos en sus territorios y comunidades. Es una competencia exclusiva que tienen las autoridades indígenas. Puede darse o aplicarse p or diferentes autoridades, a través de caciques, c onc ejos creados especialmente para que cumplan esta función. Por los mayores o ancianos de una comunidad y/o los cabildos”.

Aunque se reconoce la Jurisdicción Especial Indígena en la constitución de 1991, para Aura Te g r í a C r i s t á n c h o , ab o g a d a indígena y asesora jurídica de la Asociación U'wa - ASOUWA “en la prác t ica es una norma que se desconoce por quienes administran la justicia – jueces y fiscalía-. Uno de e s o s c a s o s e s e l d e Fe l i c i a n o

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Asentamiento de la comunidad U’wa en la vereda Rio Negro - Foto: ASOU’WA

en la vere da la María, en el municipio de Piendamó , Cauca, en el momento en que se adelantaba una minga en el año 2008.

Valencia”.

Según Aura Tegria “la just icia ordinaria cree que la Jurisdicción Especial Indígena es muy pobre a la h o ra d e a p l i c a r l a s d i s t i n t a s sanciones o fallos en cualquiera de los casos. Sin embargo las decisiones de las autoridades tradicionales son mucho más duras en comparación con la just icia ordinaria. Estas sanciones van desde los cuarenta años y hasta las penas o sanciones mínimas, en las que se combina la prisión con el trabajo comunitario.

Lo importa es el peso jurídico del marco legal de esa Jurisdicción Especial Indígena que brinda el derecho fundamental de ejercer y aplicar su propia justicia”.

Una vez retenido Chaparral, fue e n t re g a d o a l a s a ut o r i d a d e s indígenas en el cabildo la María.

Donde se reunían 120 organizaciones y había unos 80 gobernadores.

Allí asumieron el cas o, en el Feliciano Valencia solo fungió como moderador. Colectivamente toman la decisión de imponerle la pena de 20 azotes y un baño con hiervas medicinales para “armonizarlo”. Esto quiere decir que la decisión en contra del cabo Jairo Chaparral fue c ole ctiva y no individual.

Por lo tanto la condena a 18 años de prisión en contra de Feliciano Valencia, fue un hecho de desconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena. Que por supuesto, fue revocada por la Corte Suprema de Justicia, quien decide absolverlo y dejarlo en libertad. Al hablar de este tema con Aura Tegría, interpreta que “La nación U´wa celebra la decisión de la corte suprema de just icia en la cual ratifica el fallo en primera instancia en el que queda en libertad el Líder indígena Feliciano Valencia. Esta es una v ic tor ia p ara los p ueblos indígenas en Colombia y la jurisdicción especial indígena”.

Desde el punto de vista no indígena, el investigador Pedro Vallejo dice “existe un desconocimiento de p ar te de la just icia ordinaria sobre lo que implica la Jurisdicción Espe cial Indígena.

Generalmente se presentan muchas diferencias, y cuando lo pueblos ancestrales reclaman competencia sobre un delito que ocurre en sus territorio o con sus integrantes, la justicia ordinaria se la niega, es allí donde tiene que entrar el Consejo superior de la judicatura o una sentencia de un tribunal superior para dirimir el caso”.

Tal es el caso de Feliciano Valencia en el que se desconoce la jurisdicción especial. Al analizarlo se puede encontrar que el cabo Jairo Chaparral no fue retenido por Feliciano; lo retuvo la guardia i n d í g e n a a l s o r p re n d e r l o e n territorio indígena portando un bolso que contenía un radio de comunicación, un uniforme y una carpa, mintió sobre su identidad y su procedencia. Todo esto sucedió

De otro lado, el investigador Pedro Vallejo dice “El caso Feliciano Valencia hay que enlazarlo con los programas que hizo el Canal Caracol refiriéndose a la Justicia Indígena, “La Flecha de la Discordia”, como los tituló. Claramente era todo un interés político del Uribismo .

Utilizaron la justicia ordinaria.

D e s g ra c i a d a m e n t e , h ay qu e

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decirlo, hay jueces que fungen y trabajan con fines políticos a favor de un partido, utilizaron sus adeptos, su seguidores para sacar del medio a Feliciano Valencia p o r qu e e n e s e m o m e n t o e ra candidato presidencial”. Esto significa que hay dos aspectos fundamentales para el caso, la influencia política y el desconocimiento en materia de Jurisdicción Especial Indígena.

Para entender un poco la justicia indígena. La interpretaremos desde el pensamiento de la nación U´wa, tienen su gobierno propio, sus normas y leyes de acuerdo a su cosmovisión, formas de convivencia y de aplicar justicia. El pueblo U'wa, tiene un mandato donde se dictan las normas que se deben cumplir, como el tipo de sanciones. En su jerarquía está una autoridad mayor (werjayá mayor), una autoridad menor (werjayá menor), el cabildo (compuesto por un gobernador o gobernadora, s e cretaría, fis cal, vo cal) y la comunidad. Sus decisiones son c ole ctivas. Los indígenas s on pueblos autónomos que defienden el territorio como parte esencial de su vida. Y que re rigen por sus planes de vida.

[1]Constitución política de Colombia art. 1.

[2]Constitución política de Colombia art. 7.

[3]Constitución política de Colombia art. 10.

[4]Constitución política de Colombia art. 286 y 329.

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AMBIENTE Y TERRITOTIO

La actividad minera en la región Bogotá Sabana: recurso estratégico para su crecimiento Por: Asociación Red Itoco

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n la región Bogotá Cundinamarca el fenómeno de la minería es tan antiguo como la presencia humana en el territorio. Su rica geografía la convierte en una importante despensa de material minero que siempre brindo condiciones para su explotación. La tendencia en el crecimiento demográfico y la urbanización de esta región ha llevado a que se presenten conflictos entre estas actividades y las dinámicas propias del poblamiento.

Cada vez más se ubiquen sitios específicos en donde se realizan actividades mineras a sus anchas.

Estas explotaciones mineras ubicadas sobre todo en ricas cuencas de arcillas y areniscas no han sido planeadas, ni cuentan con un plan que permita la recuperación de forma sistemáticas de estos terrenos por parte de los operadores. El Estado no muestra ningún interés por restaurar estas zonas, quedando en abandono y volviéndose en suelo disponible para la población más vulnerable que no cuentan con una vivienda.

Los minerales más explotados en la Sabana del rio Bogotá son las arcillas, las arenas industriales, las rocas calcáreas, el carbón, el cuarzo, los materiales de construcción y la sal.

Existiendo cerca de unas 1000 minas, el 65% de ellas activas, un 15% inactivas y el 25% de ellas abandonadas.

Esto ha llevado a que el 80 % de los deslizamientos por remoción de masas que se han presentado en la región hayan sido en zonas afectadas por la actividad minera, por ejemplo; es muy conocido el caso de un barrio en Bogotá, Villa Jackie que en el año 2009 desapareció por efecto de la actividad minera adyacente en un polígono con título minero a favor de la multinacional Holcim y operado por la mexicana Cemex. Tanto es el efecto negativo de la actividad minera abandonada y mal regulada en la región, que para expertos en el tema, la ciudad de Bogotá posee uno de los procesos de inestabilidad urbana más grandes del mundo , en el sector de Altos de la Estancia que le ha costado a la ciudad unos 300 mil millones de pesos por concepto de pro c es os de reas entamiento y mitigación del riesgo.

Lo anterior ha producido un pasivo ambiental que pone en jaque las finanzas públicas de los municipios y el distrito, así como en riesgo la capacidad de adaptación de las comunidades menos favorecidas a generar dinámicas de arraigo en el territorio. El caso del rio Tunjuelo es el más característico de las consecuencias de la explotación minera en la región, los títulos ofrecidos en el marco de una figura “Sui Generis” de

Trochandosf

ordenamiento territorial el parque minero industrial PMI, le cedieron derechos de explotación a la Holcim, Cemex y la ladrillera San Antonio propiedad del arquidiócesis de Bogotá. Entregando un ecosistema que para los años 50s era considerado como un acuífero estratégico para el suministro de agua al sur de la Sabana.

Tras innumerables casos de abuso de las compañías explotadoras y los efe ctos no civos o casionadas a infraestructuras y personas aledañas, en el año 2012 la secretaria distrital de ambiente le suspende a los operadores licencias para la extracción de agua subterránea, luego que estos últimos modificaran arbitrariamente el cauce de la quebrada la Trompeta en la localidad de Ciudad Bolívar. No obstante, a pesar de las largas peticiones del distrito en esa época al ministerio de medio ambiente, este polígono del PMI Tunjuelo aún tiene un título minero por explotar el denominado: “escuela de artillería” que faltándole apenas la licencia ambiental se proyecta como el próximo gran hueco del Tunjuelo. El problema de minería como fenómeno extractivo se despliega en la ciudad y la región a partir de las actividades de captación de materiales para la construcción, de esta manera se encuentra que en la ciudad hay unas 1.164 hectáreas afectadas por la actividad minera( Secretaría Distrital de Ambiente SDA) esta explotación se realiza en por lo menos en 107 predios, de los cuales sólo 7 cuentan con todos los permisos necesarios para ejercer estas explotaciones, demostrando la ilegalidad de la misma y la nefasta consecuencias para la ciudad, que a pesar de tomar medidas al respecto, estas por el contrario han sido insuficiente y han desperdigado esta actividad por los municipios aledaños, aun sin tener cifras oficiales del mismo.

Este pleito entre el Distrito y las mineras que se inauguran en el 2010 con la declaración de actividad restringida a estas operaciones en la ciudad de Bogotá abrió interrogantes sobre el futuro de esta actividad en la región. Rápidamente constructores y mineros abrieron camino hacia los departamentos vecinos de Tolima y Meta, que a pesar de las facilidades para la extracción traía aparejados mayores costos de las operaciones, aproximadamente aumentos de $255 pesos por tonelada a kilómetro recorrido. Este relativo blindaje que “favoreció” a la ciudad de Bogotá disperso la minería por la región adyacente y lleva a la ministerio del medio ambiente por presión de distintos actores a manifestarse a partir de una resolución, que para el abogado ambientalista Jorge Negrete debió ser un amparo urgente para

proteger a La Sabana de Bogotá como lo consagra la ley 99 de 1993, quien le da un estatus a la región como ecosistema de interés nacional.

Lo anterior tomo un giro no tan sorpresivo cuando el ministerio del medio ambiente habilita nuevas zonas de compatibilidad minera ZCM, al pasar de un poco más de 11.000 hectáreas a 18.000 hectáreas en esta nueva resolución conocida como la 2001 del 2 de diciembre de 2016 y que fue suspendida en menos de 15 días, por orden del tribunal administrativo de Cundinamarca por ir en contravía de la denominada sentencia del rio Bogotá, supervisada por la magistrada Nelly Villamizar.

La resolución establece y autoriza la consolidación de 21 ZCM en la región Bogotá- Sabana en igual número de municipios, así como terminar en un plazo establecido las explotaciones que se encuentren por fuera de las ZCM para que implementen planes que lleven estos suelos a la tradicional vocación forestal y agrícola que les corresponden. Todo lo anterior cumpliendo el mandato del artículo 60 de la ley 99 de 1993.

La región Bogotá - Sabana cuenta con cerca de 430 títulos mineros entre arcilla, carbón y materiales de construcción. Todo el debate actual empieza cuando en 1994 a un año de publicada la legislación en materia ambiental en el país, el ministerio arroja una resolución en donde asigna cerca de 11.300 hectáreas como ZCM para la región Bogotá Sabana, posteriormente en el año 2004 presenta una nueva resolución en donde se aumenta el área a 13.919 hectáreas, propuesta que posteriormente fue derogada en el 2010 por el Consejo De Estado por presentar inconsistencias.

ubicaría a 300 metros de la confluencia de los páramos Cruz verde y Sumapaz perjudicando este ecosistema estratégico, el agroparque los Soches y la quebrada Yomasa.

Se ubican también los inconvenientes que causarían las ZCM en la cuenca alta del rio Bogotá zona del nacimiento de este cauce, donde se impactarían nueve quebradas y tres bocatomas. El caso más sensible está en las ZCM entre el municipio de Soacha y el distrito de Bogotá donde se ubicaría el área de explotación más grande con un área de 4.873 ha, afectando 51 quebradas que discurren sobre esta zona. En fin son cerca de 13 los municipios los que afectaría más directamente. Una consecuencia estructural seria el socavamiento que sería objeto la formación natural rocosa del grupo Guadalupe, estratégica para la recarga de acuíferos de la sabana.

Para expertos como el geólogo Julio Ferro la res olución des c ono c e normas que protegen La Sabana y el rio Bogotá, además que las áreas de explotación fuera de las ZCM, se les da un trato benévolo pues tienen hasta cinc o años prorrogables además, para suspender las actividades en iniciar el proceso de restauración de las zonas afectadas. En ese sentido la resolución 2001 tiene efectos más regresivos frente a lo que se tenía de expectativas de las decisiones administrativas venideras y por el contrario legaliza las explotaciones desarrolladas al margen de la antigua resolución, que en esta nueva quedan vinculadas.

Se presenta un giro no tan sorpresivo cuando seis años después, en diciembre del año pasado, la resolución 2001 añade 7000 hectáreas nuevas para la explotación minera en La Sabana de Bogotá, lo que en total suma unas 18.000 hectáreas que superan la superficie de una ciudad d e l t a m a ñ o d e B u c a ra m a n g a .

Críticos de la resolución como el especialista en estos temas Julio Fierro señala que los daños producidos por esta nueva decisión perjudicarían cuencas abaste c e doras, relictos de bosques nativos, zonas de vocación agropecuaria, hitos religiosos y sitios arqueológicos.

Igualmente se plantea el riesgo que cuatro de estas ZMC impacten zonas al oriente y sur de Bogotá algunas de ellas en el contexto del perímetro urbano, a pesar de los llamados por parte de la secretaria distrital de ambiente de no incluir al distrito en estas actividades. Así mismo existe preocupación por que una ZCM se

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NUESTRA HISTORIA

Ser Líder social: “Este es un trabajo que hago por voluntad y convicción” Por: Isaac Marín Lizarazo

#SerLíderSocialNoEsDelito Líderes sociales en la Fiscalía General de la Nación - Foto: Wilmar Castillo

S

er lideresa o líder social es una nominación, un oficio o labor que los pueblos y comunidades le van asignando a personas que por sus cualidades y compromiso en la construcción del tejido social se lo han merecido; bajo esta condición, qu i e n e s va n a s u m i e n d o e s a militancia territorial, sectorial o comunitaria, van aquilatando su perfil en estas faenas y asumiendo el rol de representantes, defensores y trabajadores de sus comunidades o procesos organizativos y lo reciben con honor, asumen con responsabilidad y orgullo cada obligación que el pueblo les confía.

Esta es una forma de construir colectivamente y de fortalecer el e n t ra m a d o s o c i a l y a u n qu e muchos desprevenidos, malintencionados otros, pregunten –bueno, ¿y a usted como líder o lideresa cuanto le pagan? – Les sorprenderá que la respuesta siempre sea –“Este es un trabajo que hago por voluntad y convicción, no es por sueldo o algo más a cambio”. En verdad los líderes sociales tienen en gran medida más responsabilidades

que un alto mandatario, ser líder social es practicar la filantropía popular, su vida es pública, sus jornadas de trabajo extensas, no tienen feriados o festivos libres, y sus errores que son de humanos, son rigurosamente sancionados por sus bases.

Liderar es asumir desafíos que pasan p or la defensa de los procesos y territorios locales, la oposición a proyectos de explotación de los bienes comunes; hasta dirigir la lucha y resistencia al modelo globalizante. En otros términos, es motivar las luchas contra las agresiones de los países desarrollados hacia los países “en vía de desarrollo”, es entrar en la disputa por las materias primas, es defender lo que son bienes de consumo, bienes de uso público, es frenar la depredación que se concreta en la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados como “improductivos”: la frontera a g r í c o l a , h í d r i c a , p e t ro l e ra , minera, energética, forestal.

Esto, sobre la realidad social, quiere decir que los líderes son “la voz cantante de la gente”, la expresión de las masas que en

ac ciones c ole ctivas, en la dinámica s o cial de divers os procesos, plantean un desafío, se enfrentan al modelo económico y político imperante. Lideresas y líderes sociales emergen del seno del movimiento social y encarnan la construcción del sujeto social y político, el sujeto que confronta y pone en cuestión a la estructura del Estado con sus mismas normas e instituciones.

Siendo el líder social, procedente del seno del movimiento, llevando la voz defensora de su sector o comunidad y cuestionando la estructura de este Estado de derecho, advirtiendo las amenazas de la invasión al territorio, la explotación y el despojo. Provoca que las elites gobernantes lo s e ñ a l e n c o m o u n p e l i g ro , o mínimamente como un estorbo, un sujeto que incomoda los planes privatizadores, extractivistas y generadores de pobreza.

Entonces vienen los planes de persecución; en estos últimos 17 mes es van p or lo menos 189 líderes sociales asesinados, más de 200 judicializados, cientos de dirigentes campesinos, negros e indígenas desplazados, los

femínicidios, las agresiones y la violencia sexual a lideresas es recurrente en los territorios y la impunidad es casi total.

En medio de este “carnaval de paz”, que el gobierno publica, las posibilidades de hacer oposición desde el movimiento social y las de realizar la tarea de líder siguen estando amenazadas. No son suficientes los enormes esfuerzos que vienen realizando diversos sectores sociales buscando un camino real, sólido y duradero, que permita el resarcimiento del tejido social y la construcción de la paz; más allá del solo propósito de la terminación del conflicto armado, debe estar la superación de la violencia contra los líderes porque Ser líder social no es delito!

ACCION COMUNAL

ASOJUNTAS SARAVENA

Trochandosf

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@trochandosf