Advertencia de Powell sobre las tasas causa pánico en mercados

Jerome Powell, presidente del banco central más importante del mundo, advirtió al Senado de Estados Unidos que es posible que el banco central suba las tasas de interés más allá del 5.25 por ciento que estaba programado para este año.

“Es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más elevado de lo previsto hasta ahora”, dijo Jerome Powell ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, ante esta situación económica.

Con todo esto, el peso mexicano, que ha estado en buenos números por el diferencial de tasas de interés que hay entre Estados Unidos y México, se depreció este martes, debido al temor de que el principal socio comercial del país caiga en recesión por los efectos de una política monetaria más restrictiva para hacer que la inflación estadounidense regrese a su objetivo de 2.0 por ciento.

El índice de referencia S&P 500 cayó un 1.53 por ciento, a 3 mil 986.37 puntos, por debajo de los 4 mil enteros; el Dow Jones Industrial retrocedió 1.72 por ciento, a 32 mil 856.46 enteros, y el Nasdaq perdió 1.25 por ciento, a 11 mil 530.33 unidades.

Las acciones estadounidenses cayeron este martes después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunciara al Congreso que es probable que las tasas de interés suban “más alto” ante la persistente inflación que hay en todo el país.

Gilberto Félix Bours Presidente

de Consejo

Sergio García Vargas Director General

César Tovar Longoria Director Editorial

Matamoros, la narrativa de la derecha y el dilema para AMLO

Plata o plomo exprés

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Narcotráfico: parar la guerra en casa

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Tarea del Comité Técnico para implementación de la reforma electoral arla u rey

La golpeada imagen internacional de México recibió una nueva abolladura.

El fin de semana, cuatro estadounidenses cruzaron la frontera en Matamoros, Tamaulipas, y acabaron siendo víctimas de un secuestro. Siguieron dos días de silencio, pero para el lunes, el asunto había escalado: el FBI estaba encabezando la búsqueda y la noticia dominaba todos los medios en Estados Unidos.

El desenlace no fue feliz. Ayer [lunes] encontraron a las víctimas, dos de ellas muertas, una más seriamente herida, una ilesa.

La hipótesis de la fiscalía tamaulipeca es que se trató de una confusión. Dado lo que se sabe hasta ahora sobre el incidente, no parece una teoría descabellada.

Pero no es buena noticia: sugiere que, en una ciudad como Matamoros, casi cualquier persona puede ser víctima de un crimen atroz solo por estar en mal lugar y en mal momento.

Eso alimenta la narrativa, impulsada por la derecha estadounidense y reforzada por parte del aparato de inteligencia, de México como país sin ley, dominado por grandes bandas criminales, con instituciones paralizadas por la corrupción. Es decir, la historia contada por los fiscales en el juicio a García Luna, traída al tiempo presente.

Esto sucede además justo cuando la crisis del fentanilo empieza a ser usada proactivamente por los republicanos como garrote contra la administración Biden. Se han multiplicado los llamados a medidas de mano dura contra los “cárteles” en México, incluyendo la posible designación de las bandas criminales mexicanas como organizaciones terroristas y la autorización del uso de la fuerza militar estadounidense en territorio mexicano.

Lo segundo probablemente no suceda, pero hay presión creciente para lo primero. ¿Qué significaría una designación de ese tipo? Desde la perspectiva de los vecinos, implicaría poder utilizar en contra del grupo en cuestión el arsenal legal e institucional que utiliza el gobierno de Estados Unidos en el combate al terrorismo: entre otras cosas, la persecución de proveedores y clientes por “apoyo material al terrorismo”, el congelamiento de una gama amplia de instrumentos financieros, restricciones migratorias a los miembros del grupo en cuestión, etc. Asimismo, pondría al grupo específico no sólo en la mira de las agencias de persecución del delito (DEA, ICE, etc.), sino de toda la comunidad de inteligencia (CIA, NSA, etc.).

Pero como ya han comentado otros (bit.ly/3Jlh0gV), esos poderes adicionales probablemente se utilizarían más dentro de Estados Unidos que en el extranjero. Para México, el asunto tendría más costos que beneficios. Habría restricciones para algunas formas de financiamiento estadounidense y para ciertos programas de cooperación. Pero, sobre todo, tendría un costo reputacional enorme: reforzaría la narrativa de la derecha estadounidense que describe a México como un estado fallido, trata al terrorismo y al narcotráfico como fenómenos gemelos, y utiliza esos argumentos para exigir el cierre de la frontera. Sería el anti-nearshoring perfecto.

Para conjurar esa posibilidad, el presidente López Obrador podría a) endurecer un poco su discurso en materia de seguridad y b) tener algunos gestos simbólicos en materia de combate a los grupos criminales y control del fentanilo.

Pero eso le implicaría separarse de su discurso de diferenciación con el pasado. No puede decirse distinto si empieza a hablar muy parecido a los gobiernos que le precedieron. Eso tendría costos políticos, pero sobre todo le generaría una dificultad psicológica seria. No creo ser injusto si digo que es de ideas fijas. La flexibilidad no es lo suyo. En conclusión, el presidente está en un dilema mal ajustado a su temperamento. Y el costo puede ser para el país.

Correo electrónico: alejandrohope@outlook.com Twitter: @ahope71

No, no fue un secuestro arlos

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Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente López Obrador tomó una llamada del gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, misma que fue reproducida en vivo en los altavoces del salón en Palacio Nacional.

Después del veredicto en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos, muchos se preguntan hasta dónde llegará nuestro vecino del norte en sus tareas de persecución de organizaciones criminales mexicanas. Especulan quién podría ser el mexicano de alto perfil a ser sentado en el banquillo neoyorquino. Otra serie de reflexiones muy distintas se cuestionan sobre cuál debe ser el alcance y límites de las instituciones de justicia norteamericanas en la investigación de ciudadanos en nuestro territorio.

En los últimos días, se le ha dado vuelo a una discusión sobre una posible intervención militar estadounidense en México; una incursión cuyo objetivo sería combatir a las organizaciones criminales que trafican fentanilo.

A pesar de la relevancia que pueden tener las preocupaciones sobre la política externa, hay una sola pregunta a la que deberíamos de estar destinando todo nuestro tiempo:

¿CÓMO PODEMOS REDUCIR

LA VIOLENCIA EN EL PAÍS?

Esto es esencial para la orientación de la política antinarcóticos. La historia mexicana reciente nos ha demostrado que el encarcelamiento o muerte de líderes de cárteles es ineficaz para reducir la violencia. Parece ser imposible combatir el aumento en las tasas de homicidios y de desapariciones con cada líder criminal tras las rejas. De hecho, hay analistas que estudian el fenómeno del incremento de violencia derivado de cada organización decapitada, esto a partir de la teoría de que los miembros de la organización bajo ataque se reorganizan rápidamente en entidades pequeñas, menos disciplinadas y más crueles.

Otra política que debemos de analizar es la militarización de la seguridad pública. No tenemos que esperar a una intervención militar extranjera para valorar el efecto de la intervención militar nacional sobre los índices de violencia. ¿Qué ha logrado la participación cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad? ¿Ha logrado reducir homicidios?, ¿feminicidios?, ¿desapariciones? ¿Son las Fuerzas Armadas una fuente de violencia en sí mismas? ¿Los eventos ocurridos en Nuevo Laredo hace unos días que apuntan a la ejecución de personas inocentes en manos de soldados es un caso único? ¿Puede el Estado mexicano corregir los errores de sus agentes cuando cometen delitos? ¿Son los soldados, por el hecho de serlo, inmunes a la corrupción a la que están sujetos sus pares en los cuerpos policiales?

En algún momento de nuestra historia reciente, Ciudad Juárez, Chihuahua, llegó a tener la tasa de homicidios más alta del país y una de las tasas de homicidio más altas en el mundo. Ciudad Juárez padecía de, al menos, tres homicidios al día. En contraste, en la ciudad vecina del norte, en El Paso, Texas, los homicidios se contabilizaban como uno al año. Tres homicidios al día contra uno al año. Si ahí también transita y se vende droga ¿qué explica los diferenciales en violencia de uno y otro lado de la frontera? ¿Pueden los miembros de organizaciones criminales cambiar su conducta de forma automática con sólo atravesar una línea imaginaria? ¿Qué impacto tiene la forma en que intervienen autoridades de seguridad y justicia en cada país?

Debemos valorar si nuestra política exterior e interior nos va a proveer más paz. El ejemplo de Ciudad Juárez muestra que lo que hagan las autoridades puede modificar los niveles de violencia. Seguir combatiendo el narcotráfico sin un criterio de consecución de paz sería una aproximación equivocada. Twitter: @LaydaNegrete

Villareal informó que los cuatro ciudadanos estadounidenses que habían sido secuestrados en Matamoros ya habían sido localizados. Sin embargo, el saldo distó de ser positivo, ya que dos de ellos habían perdido la vida, uno estaba herido y otro (asumo que la mujer) estaba ileso. Me llama la atención que todo lo ocurrido alrededor de este violento acto sea descrito como un secuestro, siendo que nada alrededor de la mecánica criminal observada, indica que esto haya sido, precisamente, un secuestro. La siguiente es la mejor definición de secuestro que les puedo compartir: La captura y retención de una(s) persona(s) en una ubicación desconocida con la

El pasado 2 de marzo, en uso de las facultades que tiene conferidas en la Constitución, el presidente de la República promulgó el llamado Plan B de la reforma electoral, que fue aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 22 de febrero.

Por lo anterior, el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de su Consejo General, y conforme a sus atribuciones de crear comités técnicos para atender, cumplir y dar seguimiento a actividades o programas específicos que requieran una atención especial, determinó la creación del Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023. Este Comité, integrado por las y los 7 consejeros electorales que permanecemos en funciones después del 3 de abril, tendrá tareas específicas y determinantes para la institución, ya que las diversas modificaciones al marco normativo electoral están relacionadas con el diseño y la estructura organizacional del INE.

El Comité tendrá de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes atribuciones:

Identificar los instrumentos normativos y administrativos del INE a los cuales deberán realizarse las adecuaciones respectivas que vayan acorde con las reformas legales electorales;

Identificar las medidas, las adecuaciones administrativas y el costo que tendrá la reestructuración orgánica y ocupacional del Instituto, así como la adecuada planificación de los trabajos que deberán llevarse a cabo de conformidad con los artículos transitorios de la reforma electoral.

Proponer en su oportunidad al Consejo General, los lineamentos necesarios para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura de las unidades técnicas y administrativas de la Institución de conformidad con el artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto, y intención de obtener una concesión monetaria o política a cambio de su libertad. Desde el momento de su captura, se puede apreciar (en el video que circula en redes sociales) a un comando armado que arrastra a tres hombres afroamericanos por la calle dejando un rastro de sangre tras de ellos. Estas tres personas son arrojadas como bultos a la parte trasera de una camioneta tipo pickup en donde ya los esperaba su compañera, una mujer de raza negra también.

Establecer un plan de trabajo, así como un cronograma que deberá seguir puntualmente para llevar a cabo esta ardua e importante labor para cumplir con las modificaciones que ha establecido la reforma.

Los trabajos de este Comité Técnico concluirán una vez que el Consejo General del Instituto, en su oportunidad, haya aprobado todas las adecuaciones normativas, operativas, procedimentales y estructurales que correspondan para el cumplimiento del Decreto de referencia.

No obstante, el INE presentará una controversia constitucional y seguirá promoviendo las acciones legales que considere oportunas con la finalidad de controvertir la constitucionalidad de dicho decreto de reforma. Asimismo, es importante referir que la estructura del Instituto no será modificada hasta en tanto no concluyan los trabajos del referido Comité Técnico con el objetivo de no generar algún riesgo en la operación de las actividades institucionales, pero, sobre todo, para garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores de la institución.

El INE tiene una enorme tarea por delante, esperaremos la resolución definitiva de las autoridades jurisdiccionales competentes, pero sin lugar a dudas, el INE estará a la altura de este nuevo reto tal y como siempre lo ha hecho y seguirá garantizando elecciones libres, auténticas y en paz.

Pregunta: ¿Qué secuestrador acribillaría a tres de sus cuatro rehenes para posteriormente tratar de negociar su libertad a cambio de un rescate?

El secuestro de cuatro ciudadanos afroamericanos en nuestro país llama la atención de forma desmedida (como ya pudimos verlo), se involucra a un gobierno extranjero (Joe Biden mandó a su embajador a ver a López Obrador), existe una gran presión política sobre nuestras autoridades (y curiosamente, nuestra policía es sumamente efectiva bajo presión), las víctimas no hablan español al igual que sus familias que viven en otro país, pagar un rescate es muy complicado si no se lleva a cabo localmente… en fin, no sé qué fue lo qué pasó, pero esto no fue un secuestro.

Consultor en seguridad y manejo de crisis

@CarlosSeoaneN