
16 minute read
Marco conceptual
02.
Marco conceptual
Advertisement
El proceso de envejecimiento de la población es una de las múltiples facetas de desarrollo humano a la cual están expuestas las personas, más allá de las dinámicas demográficas humanas. El creciente aumento de los grupos de la tercera edad a nivel regional, nos invita a pensar sobre la importancia de identificar las principales problemáticas que enfrentan las personas adultas mayores, el comprender que la vejez es una construcción social y el establecer a dónde queremos llegar cómo sociedad. Lamentablemente dicha tasa de crecimiento se centra en países en donde existe una alta incidencia de pobreza, persistentes condiciones de desigualdad y la baja cobertura de los sistemas de protección social, entre otros. (Arroyo, 2011).
El abordaje integral de este estadio de vida, responde a la necesidad imperiosa de reconocer el concepto de vejez desde una dimensión, biológica, psicológica, social y cultural. En esa línea, lo biológico guarda relación con el desarrollo cronológico de las personas y los cambios morfo funcionales que ello conlleva, lo psicológico implica el desarrollo de procesos básicos del pensamiento y los cambios de la personalidad conforme la persona crece. Finalmente, lo social y cultural implica lo socio demográfico (crecimiento poblacional), lo sociopolítico (nivel de participación e integración social), y lo económica política (recursos y condiciones socioeconómicas).
Lo biológico, debe ser entendido como un proceso universal de deterioro físico expresado por la “acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares” (OMS, 2015, pág. 12), que con el tiempo pueden influir en el aumento de los riesgos de enfermedades o en la disminución de las capacidades de los individuos. Los cambios fisiológicos que enfrentan las personas no son homogéneos, éstos sólo se asocian de manera leve a la edad de las personas, sin ser un determinante. La evidencia muestra que los cambios en las personas están fuertemente relacionados con el entorno y el comportamiento de las mismas. Consecuentemente, más allá de las modificaciones biológicas que sufren los individuos, la vejez conlleva a otros cambios en sus roles y posición en la sociedad y su interacción con otros individuos (OMS, 2015).
Desde el campo de la psicología, “algunos autores gerontólogos o psicólogos prefieren utilizar el término envejecimiento en lugar del termino vejez” (Ramos, 2009, pág. 51). Si bien, las personas adultas mayores, al igual que cualquier otra persona, enfrentan modificaciones personales y psicológicas en su proceso de crecimiento, existen factores de corte social que pueden marcar la garantía de sus derechos, siendo estas: condiciones laborales inadecuadas, la pobreza, la violencia, el aislamiento, la soledad, el comportamiento de la sociedad frente a la vejez y la exclusión; dichos factores aumentan los niveles de vulnerabilidad a los que pueden estar expuestos por el simple hecho de experimentar una transición biológica.
En ese sentido, aun cuando los derechos humanos son inherentes a todas las personas, independientemente de su edad, su sexo, su etnia, su orientación sexual, entre otros aspectos; en la realidad, para algunos segmentos de la población existen barreras sociales, culturales, económicas y físicas, que imposibilitan su desarrollo. Este es el caso de las personas adultas mayores, a quienes en el Ecuador al igual que en muchos países del mundo, se concibe erróneamente como disminuidas e incapaces de aportar a la sociedad.
Por consiguiente, “la vejez puede ser tanto una etapa de pérdidas como de plenitud, todo depende de la combinación de recursos y la estructura de oportunidades individuales y generacionales a las que están expuestas las personas en el transcurso de su vida, de acuerdo a su condición y posición dentro de la sociedad”. (CEPAL, 2011, pág. 1).

Dado que esta etapa de la vida se caracteriza por la heterogeneidad de sus características; una forma de determinar quién es adulto mayor, es partiendo de la edad cronológica. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores – 2015 – define a la persona mayor o adulta mayor como “aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna del país determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años” (OEA, 2015).
Para el caso del Ecuador, en el marco de la Constitución de 2008, se consideran personas adultas mayores a quienes han cumplido los 65 años de edad, dicha definición etaria permite delimitar la población objetivo potencialmente beneficiaria de planes, programas y proyectos orientados al acceso
a servicios, la generación de espacios públicos inclusivos, la sensibilización de la sociedad para la modificación de comportamientos, el acceso a ingresos, entre otros factores, que son fundamentales a la hora de mejorar la calidad de vida. Así pues, el accionar del Estado debe dirigirse a crear condiciones que permitan a las personas adultas mayores enfrentar las limitaciones propias de esta etapa de la vida.

Dicha postura institucional de la política pública se fortalece mediante la aplicación del enfoque de derechos en donde, cualquier cambio paradigmático, se sustenta en garantizar sujetos de derecho, que no sean solo beneficiarios, sino que disfruten de ciertas garantías y determinadas responsabilidades respecto de sí mismos, su familia, su sociedad y entorno; de esta forma, se dejaría de lado la concepción predominante de la vejez y los adultos mayores como “una etapa de carencias de todo tipo: económicas, físicas y sociales, las primeras expresadas en problemas de ingresos, las segundas en falta de autonomía y las terceras en ausencia de roles sociales que desempeñar” (CEPAL, 2011, pág. 2).
En referencia a las conclusiones levantadas en el marco de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento,
“en los próximos 50 años se va casi a cuadriplicar el número de personas de edad, pasando de unos 600 millones a casi 2.000 millones (...). Para 2050 una de cada cinco personas será una persona de edad y se prevé que para 2150 una tercera parte de la población del mundo tenga 60 años o más. En algunos países desarrollados y países con economías en transición ha descendido la tasa de natalidad por debajo del nivel de reemplazo y el número de personas de edad supera ya al de niños (Naciones Unidas, 2002).
Conforme el Panorama Social de América Latina 2017, las personas adultas mayores en el continente y el Caribe representan el 11% de su población; a nivel mundial el porcentaje es del 12% y nos encontramos por debajo de otras regiones como Europa (24%), América del Norte (21%) y El Este Asiático y Oceanía (16%) (CEPAL, 2018). Si bien, no somos la región más
envejecida si se debe considerar que la región está envejeciendo a un ritmo acelerado; se calcula que para 2030 los adultos mayores representarán el 17% y para 2050 el 25% (CEPAL, 2018). No obstante, en América Latina y el Caribe, se observan que el proceso de transición demográfica tiene diferencias importantes entre países.
Coyunturalmente, existe un aumento de la esperanza de vida en la región; esto tiene como consecuencia el incremento de la proporción de la población adulta mayor y la prolongación de la vejez, es decir, hoy en día el 11% de la población adulta mayor tienen una edad igual o superior a los 80 años, cifra que aumentará en los próximos años; se espera que para 2030 los mayores de 80 años serán el 15% de la población adulta mayor en la región y para 2050 alcanzará el 26%. (CEPAL, 2018).

El aumento del número de personas adultas mayores, debido a la prolongación de la vida y al descenso de la mortalidad, involucra afectaciones directas en el desarrollo y economías de los países, en las relaciones familiares y comunitarias -proceso multidimensional-. Este escenario plantea la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas que enfrenten la problemática del envejecimiento de manera intersectorial e integral.
Problemáticas del envejecimiento
Las condiciones de bienestar de las personas de 65 años o más, se derivan de sus características individuales, del entorno y de todas aquellas vivencias en las etapas previas de la vida que posibilitan o no la generación de reservas patrimoniales y funcionales. Si bien, pueden existir factores de riesgos asociados a la edad, las personas adultas mayores se ven expuestas a problemáticas sociales que pueden afectar o agudizar la condición de vulnerabilidad; entre las principales se encuentran: la pobreza, la feminización, la soledad y la discapacidad. Cada una de dichas problemáticas merece un análisis de sus causas, a fin de identificar los elementos del entorno que deben ser fortalecidos o modificados para mejorar sus condiciones de vida. (Mateu Gil & et.al., 2007)
Diversos estudios han evidenciado que existe una mayor probabilidad de ser pobre durante la vejez, sobre todo en los países en desarrollo. Así pues,
aquellas personas que durante las etapas previas de la vida contaban con recursos para solventar su subsistencia, cuando se enfrentan a la viudez, desvinculación laboral, incremento en gasto de salud, y/o pérdidas de ingresos, tienen menor posibilidad de recuperarse; particularmente cuando no cuentan con apoyos desde las instituciones estatales. (Huenchuan & Guzmán, 2006)
Sumado a ello, cabe destacar que las personas mayores en situación de pobreza son más propensas a una salud precaria, al aislamiento y la soledad, esto debido a que no cuentan con los recursos para cubrir necesidades básicas, entre ellas relacionadas a la salud, y pierden espacios de relacionamiento. Por ende, las necesidades de protección y ayuda, más allá de los procesos patológicos concretos, deben orientarse a reducir todos los factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad y la dependencia. (Mateu Gil & et.al., 2007).
En cuanto a la feminización del envejecimiento, es de especial relevancia mencionar que las mujeres tienen mayores posibilidades de llegar a la vejez. Dicha situación, sumada a las condiciones de vida en las etapas de vida anteriores, pueden influir negativamente en su salud y en la existencia de mayores condiciones discapacitantes, lo que incide sobre las necesidades de cuidado. Pese a que las mujeres son quienes más cuidan a lo largo de sus vidas, son las que menos cuidados reciben. (Mateu Gil & et.al., 2007).

En definitiva, las mujeres están expuestas a una vida de discriminación por razones de género, a lo que se suman las exclusiones relacionadas con la edad. Así, a muchas se les niega el acceso al mercado laboral formal, por tanto, trabajan como cuidadoras de niños por fuera de su familia o de otros integrantes de las familias de forma no remunerada generando relaciones de intercambio de trabajo por alimentos y/o vivienda. De esta forma, las condiciones de salud, el limitado acceso a recursos económicos, la discriminación por razones de género y la soledad conllevan a que las mujeres enfrenten una mayor degradación de su calidad de vida. (PNUD, 2017).
Independientemente de las condiciones socieconómicas y el sexo, uno de los problemas sociales que se acrecienta en las personas adultas mayores

es la soledad. Con el pasar del tiempo, el porcentaje de personas adultas mayores que viven solos ha aumentado, si bien esto no necesariamente se percibe como negativo por parte de todas las personas adultas mayores; lo cierto es que cuando existen mayores necesidades de cuidado, contar con redes de apoyo (familiares o de otro tipo) es fundamental. A esto se suma el temido y doloroso sentimiento de soledad o soledad subjetiva, ésta última relacionada con el vínculo con sus familiares, el sexo (las mujeres tienden a sentir más soledad, a esto se debe añadir que la mayor esperanza de vida tienen además consecuencias en la soledad objetiva), estado civil (las personas solteras, viudas y separadas son más propensas a este sentimiento) (Mateu Gil & et.al., 2007).
En relación a la discapacidad; las condiciones discapacitantes afectan en mayor número a las personas adultas mayores por el desgaste de su condición física. Las personas que cuentan con mayores recursos económicos pueden acceder a servicios de cuidado, mientras que las personas de escasos recursos pueden tener un mayor grado de vulnerabilidad y de dependencia o requerimiento de ayuda externa para desarrollar actividades diarias. (Aranco & et. al. , 2018) Cabe destacar que las personas en esta etapa de la vida: “no siempre son dependientes a causa de su decadencia física, sino que lo son frecuentemente debido a la forma cómo son categorizados socialmente y a las presiones que se ejercen sobre ellos. (…) son las condiciones sociales de carencia de servicios y las ideas contenidas en el modelo médico tradicional las que restan oportunidades para que el “viejo” se mantenga activo y autovalente”. (Zabala & et. al., 2006, pág. 54) .
Es decir, no solo es el deterioro físico, sino que además son las condiciones sociales, la carencia de servicios y los prejuicios que minimizan su funcionalidad. Así, existen prácticas que afectan en el ejercicio de sus derechos 1 como son: el abandono, el maltrato, la negligencia, la discriminación múltiple y la discriminación por edad en la vejez (OEA, 2015).
1 Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las Persona Mayores.
En resumen, las consecuencias sociales del envejecimiento, son numerosas y afectan a varios ámbitos del desarrollo social, por consiguiente, los estados tienen un reto por cumplir para garantizar condiciones de vida adecuada y digna, eso implica: transformar el modelo actual de estructura social, fortalecimiento de la independencia en contraposición a la dependencia generada por condiciones de vida inadecuadas, desarrollo de mecanismos de participación social, fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento de los mecanismos de pensiones dignas y el acceso a los servicios.
Envejecimiento activo y saludable
El término de envejecimiento activo fue adoptado en la 52° Asamblea Mundial de la Salud en 1999, con la intención de reconocer en el proceso de envejecimiento factores más allá de los sociosanitarios. (OMS, 1999) En 2002, la Organización Mundial de la Salud, OMS, presentó el documento Envejecimiento activo: un marco político en el cual define al envejecimiento activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (OMS, 2002); de esta manera, el envejecimiento activo difunde un mensaje amplio que contempla el bienestar físico, social y mental durante el ciclo de vida, considera la participación en la sociedad según las necesidades, deseos y capacidades de cada persona adulta mayor, e insta a los Estados a proporcionar protección, seguridad y cuidados de acuerdo a las necesidades de asistencia (OMS, 2002).
i) personales, o aquellos relacionados con factores biológicos y psicológicos. ii) conductuales, referidos a hábitos como la práctica de actividad física, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la alimentación, la salud bucal, el consumo de medicamentos y el cumplimiento terapeútico iii) sociales, que incluyen el apoyo de otras personas familiares o no, la violencia y abuso, y la educación y alfabetización iv) del entorno físico; relacionados con la seguridad, la accesibilidad y la vivienda. v) de los sistemas de salud y servicios, que tienen que ver con la presencia o ausencia de un enfoque de promoción de la salud y prevención de enfermedades; el acceso a servicios curativos de calidad y a servicios de salud mental, la asistencia de larga duración o sistemas de apoyo como son la asistencia institucional en residencias y en centros de cuidados paliativos. vi) económicos, que consideran a los medios de vida, es decir a
los ingresos, la protección social y el trabajo. (OMS, 2002).

Tal como se observa, el envejecimiento activo, va más allá de la condición física (estar activo) y la participación en el mercado laboral; éste tiene como objetivo ampliar la esperanza de vida saludable y por ende la calidad de vida para todas las personas adultas mayores. Por ello, considera además las necesidades de atención cuando existen condiciones discapacitantes y/o de doble vulnerabilidad (OMS, 2002).
En consecuencia, las políticas y los programas del envejecimiento activo reconocen la necesidad de fomentar y equilibrar la responsabilidad personal (el cuidado de la propia salud), los entornos adecuados para las personas de edad y la solidaridad intergeneracional. Así, buscan que las personas y las familias planifiquen su vejez y se prepararen para ella; además que emprendan esfuerzos personales para adoptar prácticas de salud positivas y personales en todas las etapas de la vida. Cabe detallar que en cuanto a los entornos, se busca que los mismos sean favorables, es decir que “hagan que las decisiones saludables sean decisiones fáciles” (OMS, 2002).
En concordancia con lo antes mencionado, la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, recogen todos estos elementos para definir el envejecimiento activo. Así, en el Artículo 12 señala:
Las expectativas de las personas de edad y las necesidades económicas de la sociedad exigen que las personas de edad puedan participar en la vida económica, política, social y cultural de sus sociedades. Las personas de edad deben tener la oportunidad de trabajar hasta que quieran y sean capaces de hacerlo, en el desempeño de trabajos satisfactorios y productivos, y de seguir teniendo acceso a la educación y a los programas de capacitación. La habilitación de las personas de edad y la promoción de su plena participación son elementos imprescindibles para un envejecimiento activo. Es necesario ofrecer sistemas adecuados y sostenibles de apoyo social a las personas de edad (Naciones Unidas, 2003, pág. 5).
Por otro lado, la definición de envejecimiento saludable es un término que se ha modificado en las últimas décadas. (Fernández - Ballesteros, 2011). La OMS en 2015, en el Informe Mundial sobre Envejecimiento y Salud, incluye en el concepto de envejecimiento saludable dos elementos fundamentales, por un lado, el curso de vida, que invita a analizar a los individuos de forma dinámica y en un contexto o macro estructura en permanente transformación; y por otro, las perspectivas funcionales, relacionadas con los atributos que posibilitan a la persona ser y hacer lo que considera importante. (OMS, 2015) (Blanco, 2011).
Así, la OMS define al envejecimiento saludable como “el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez”. Promover la capacidad funcional involucra: i) fomentar y mantener la capacidad intrínseca y ii) facilitar que las personas que tienen la capacidad funcional disminuida hagan las cosas que son importantes para ellas (OMS, 2015).
Desde el enfoque de envejecimiento saludable las políticas parten de reconocer las necesidades y carencias de las personas adultas mayores; además, de las inequidades existentes que limitan el ejercicio de sus derechos. Así, éstas se orientan a nivelar las capacidades funcionales, a reducir brechas de inequidad reconociendo la diversidad y a promover su derecho a tomar decisiones sobre los aspectos que afectan sus vidas. (OMS, 2015).
Con los elementos mencionados, el envejecimiento activo y saludable recoge los elementos de los dos enfoques antes descritos. Así, se entiende por envejecimiento activo y saludable al:
Proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. El concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a individuos como a grupos de población (OEA, 2015, pág. 4).
En consecuencia, el paradigma de envejecimiento activo y saludable, invita a los distintos actores de la sociedad a generar acciones para, por un lado, la promoción, la protección y el ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores; y por otro, promover conductas y hábitos a lo largo de la vida que permitan envejecer con reservas patrimoniales y funcionales, considerando el contexto de las personas y comunidades.
