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defensor del pueblo

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Miguel Donayre Pinedo ESPAÑA, GUATEMALA Y PERÚ

Uno de los testimonios más descarnados sobre la condición humana fue la obra de Fray Bartolomé de Las Casas, “Brevísima relación de las destrucción de las Indias”, un duro alegato a favor de otros seres humanos que sufrieron los agravios y muertes de los poderosos en uno de los hemisferios del dominio español. Este atroz relato supuso un aldabonazo de lo que ocurría en el continente americano. Con ese mismo atisbo de registro, testimonio y de llamada de atención se pueden leer los informes anuales del Defensor del Pueblo en los tiempos de eclipse de los derechos fundamentales. Estos informes son una cartografía y un termómetro de lo que ocurre en un país y de cómo se desarrolla y evoluciona la compleja, y muchas veces tensa, convivencia de la ciudadanía con el Estado. Bajo esta singladura, este estudio presenta el papel de los Defensores del Pueblo de España, Guatemala y Perú, que también son Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), dentro de los contextos de justicia de transición, y se nos muestra a la institución del Defensor del Pueblo como un actor relevante dentro del mapa de caminos de la justicia transicional. Pues a pesar de que muchos de los informes pergeñados por los Defensores del Pueblo han tenido un protagonismo muy significativo en momentos complejos de la vida política, sin embargo, su importancia ha sido minimizada.

JUSTICIA DE TRANSICIÓN, INDICADORES Y DEFENSOR DEL PUEBLO

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JUSTICIA DE TRANSICIÓN, INDICADORES Y DEFENSOR DEL PUEBLO ESPAÑA, GUATEMALA Y PERÚ

Miguel Donayre Pinedo

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JUSTICIA DE TRANSICIÓN, INDICADORES Y DEFENSOR DEL PUEBLO ESPAÑA, GUATEMALA Y PERÚ

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

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JUSTICIA DE TRANSICIÓN, INDICADORES Y DEFENSOR DEL PUEBLO TEXTO PARA CONTRAPORTADA

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TEXTO PARA CONTRAPORTADA

ESPAÑA, GUATEMALA Y PERÚ

MIGUEL DONAYRE PINEDO

defensor del pueblo

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Valencia, 2017

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En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Director de la Colección

Guillermo Escobar

© Miguel Donayre Pinedo

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Hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados.

Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia. Solo así es posible el olvido verdadero. La memoria es memoria si es presente y así como Don Quijote limpiaba sus armas, hay que limpiar el pasado para que entre en su pasado. Y sospecho que no pocos de quienes preconizan la destitución del pasado en general, en realidad quieren la destitución de su pasado en particular.

Juan Gelman A lawyer who has not studied economics and sociology is very apt to become a public enemy.

Louis Brandeis En efecto, en boca de todos están estas sentencias: hay tantas opiniones como cabezas; cada cual abunda en su opinión; no hay menos desacuerdo entre cerebros que entre paladares. Ellas muestran suficientemente que los hombres juzgan de las cosas según la disposición de su cerebro y que más bien las imaginan que las entienden.

Baruch Spinoza

Para Sonia, en una de las paradas del viaje.

Su buen humor ha sido imprescindible para esta larga marcha A la memoria de la nonna Natividad y sus historias

Prólogo Guillermo Escobar En Un mundo feliz, Aldous Huxley (y luego otras distopías, como la hoy recuperada de Margaret Atwood) nos advertía en 1931 de la creciente especialización del trabajo, como parte de la alienación y del encubierto autoritarismo propios del siglo XX, en los que aún vivimos, y vamos a peor. Dice uno de sus personajes: “Porque todos los detalles, como todos sabemos, conducen a la virtud y la felicidad, en tanto que las generalidades son intelectualmente males necesarios.

No son los filósofos, sino quienes se dedican a la marquetería y los coleccionistas de sellos, los que constituyen la columna vertebral de la sociedad”. Años más tarde, Isaiah Berlin introducía en 1953 su famosa distinción entre los erizos (que “relacionan todo con una única visión central, un sistema más o menos congruente o consistente, en función del cual comprenden, piensan y sienten un único principio universal, organizador, que por sí solo da significado a todo lo que son y dicen”) y los zorros (que “persiguen muchos fines, a menudo inconexos y hasta contradictorios; su pensamiento es desparramado o difuso, ocupa muchos planos a la vez, aprehende la esencia misma de una vasta variedad de experiencias y objetos por lo que estos tienen de propio, sin pretender, consciente o inconscientemente, integrarlos o no integrarlos en una única visión interna, inmutable, globalizadora”). Más recientemente, en 2007 Nicholas McBride, en Letters to a Law student señala que los juristas deben parecerse más al zorro que al erizo, pues “necesitan saber mucho de diferentes cosas”. Yo no estaría tan de acuerdo con el profesor de Cambridge: es cierto que los juristas deben conocer otras disciplinas (me he ocupado del tema en mi trabajo “El futuro de la dogmática de los derechos”), y por ello no pueden ser solo juristas, pero también sería bueno que no perdieran la perspectiva general, sin la cual van dando bandazos, bajo el riesgo permanente de la provisionalidad y la contradicción. Lamentablemente, este es el tipo de jurista hoy predominante, cada vez más sometido a las reglas del mercado y, en el ámbito universitario, a los dictados de las anónimas comisiones de acreditación, que valoran sin leerlos y al peso articulitos escritos rápido y bien “colocados”, antes

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que el esfuerzo de reflexión pausada y de largo alcance. En relación con mi disciplina, uno de los primeros constitucionalistas europeos, Gustavo Zagrebelsky constata con tristeza que ya no se hace Derecho constitucional, solo “técnica constitucional”. Todo esto viene a cuento porque la obra que prologo procede de un rara avis universitario, y quizás por ello ha llegado a un resultado también poco habitual.

Miguel Donayre es una persona de vasta cultura (algo cada vez más difícil de encontrar), español de dos mundos, con conocimientos de materias no jurídicas, experiencia en la práctica del Derecho, y que disfruta leyendo y escribiendo, sin la obsesión de mis colegas por acumular puntos para el disfrute de los nuevos inquisidores de la cultura.

Frente a viento y marea, su primer mérito es haber tratado con solvencia tres temas poco estudiados, y haberlos entrelazado de manera impecable, con un entramado coherente y convincente: zorro y erizo a la vez, lo que demuestra que ambas facetas no son incompatibles.

Veamos los tres temas: a) La justicia, el valor “clásico” del Derecho (al menos desde Platón) y uno, si no el primero, de los “valores superiores” del ordenamiento jurídico español, según proclama el artículo 1.1 de la Constitución, pionera en este punto. Curiosamente, pese a esta “superioridad”, de la justicia nadie habla, con la falsa excusa de que es imposible definirla, cuando hay decenas de tratados sobre ella, en su mayoría coincidentes, y no sería difícil deducir de la misma Constitución una determinada concepción de la justicia, abierta pero no totalmente abierta, que permitiera dotarla de consecuencias jurídicas. En mi opinión, la justicia ha sido víctima, al menos en España, del positivismo legalista todavía imperante, pero también de la reducción de la justicia a los derechos humanos, con el sesgo individualista que ello implica, por mucho que las doctrinas del carácter objetivo de los derechos hayan contribuido en parte a mitigar esta situación.

Todavía peor: ni siquiera se ha avanzado en la doctrina en sacar partido a la necesaria conexión entre derechos fundamentales (de Derecho constitucional) y derechos humanos (de Derecho internacional), en las cuatro direcciones posibles, que naturalmente incluyen pero sobrepasan las previsiones del artículo 10.2 CE y sus correlativos extranjeros: comprensión del Derecho positivo, determinación del catálogo de los derechos, interpretación de los derechos y crítica del

Prólogo

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Derecho positivo. Así, la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 60/147, de 2005, sobre Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, y con más clara fuerza vinculante, la Convención de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, en vigor en España desde el 23 de diciembre de 2010, crea nuevos derechos (véase sobre todo su art. 12) de rango supra-legal (art. 31 de la Ley 25/2014), se aplica a los crímenes de la guerra civil (como ha dicho el Comité de la Desaparición Forzada, cuya competencia España reconoce), y todavía se espera su aplicación.

La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gutiérrez Dorado y Dorado Ortiz contra España, Auto de 27 de marzo de 2012) no es excusa para no hacerlo, pues sirve para ampliar derechos, nunca para reducirlos (lean el art. 53 CEDH). El pacto de silencio de la transición, plasmado en la Ley de amnistía de 1977 (que hoy consideraríamos inconstitucional) y avalado por el lamentable Auto 187/2004 de nuestro Tribunal Constitucional, ha continuado en la judicatura, y ahí está el caso Garzón para demostrarlo (aunque al final fue “perdonado”, STS 101/2012). La Ley 52/2007, llamada de Memoria Histórica, incumplida en todo caso en muchos de sus preceptos, como bien afirma Donayre, es solo una solución parcial, de reparación moral y económica, que no reconoce en serio derechos subjetivos, al menos el más importante: el acceso a la justicia penal, con el consiguiente deber (y no “política pública”) estatal de investigar.

Miguel Donayre acierta al poner el acento en la perspectiva de la justicia, sin descender a los detalles de Derecho positivo español, tarea quizás interesante para futuras investigaciones y en todo caso ya abordada con solvencia en el muy importante libro de Bartolomé Clavero, España, 1978. La amnesia constituyente (2014). El autor del libro que prologamos nos habla de derechos como exigencias de la justicia, no tanto como derechos fundamentales o subjetivos judicialmente accionables, y quizás tenga razón, pues nos encontramos, al menos desde el “constitucionalismo imperante” (Clavero) ante derechos más morales que jurídicos, y en Derecho (donde se trata de convencer) no conviene nadar demasiado a contracorriente. Que no haya derechos jurídicos (aunque sí seguramente derechos humanos

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y en todo caso, sin duda, demandas de justicia), no impide a nuestro autor argumentar, denunciar y proponer. b) Los indicadores. El denunciado positivismo legalista (solo se atiende a la ley, apenas a la realidad social, con olvido del art. 3.1 del Código Civil), unido al también criticado individualismo de los derechos, olvida la fundamental problemática de las vulneraciones de los derechos o, más correctamente, de las intervenciones (intervenciones en sentido estricto y omisiones) sobre los mismos (categoría que todavía algunos confunden con la de límite, y cuya autonomía conceptual he defendido en trabajos anteriores), concepto que remite a un dato de hecho, aunque tenga relevancia jurídica. En sentido amplio, la intervención (también llamada injerencia, afectación o restricción) sobre un derecho es aquella acción u omisión realizada por un obligado (público o privado) del derecho y que afecta negativa y significativamente a una o más de las facultades que integran su contenido. Esta materia parece ajena a los intereses de la mayoría de la doctrina: después de leer un manual de Derecho constitucional o de derechos fundamentales, el lector se entera de lo que dice la ley o la jurisprudencia del Tribunal Constitucional pero nada sabe ni cuándo ni cómo ni por qué se incumplen los derechos en su país. De esta forma, los futuros juristas quizás aprendan a llevar bien los pleitos (“técnica constitucional”) o, mejor dicho, algunos pleitos, pero, a menos que aprendan en otros sitios, poco ayudarán a la causa de la justicia y al progreso colectivo.

El individualismo, al que en materia de derechos se une el judicialismo (de “positivismo jurisprudencial” habló el maestro Pedro de Vega, esto es, reducir el Derecho a lo que hacen los tribunales), tiene efectos perniciosos, y con él no avanzamos. La doctrina debería esforzarse por identificar y exponer las intervenciones más frecuentes sobre los derechos, y en especial las que tienen un carácter estructural, sistémico o patológico, en línea con el “estado de cosas inconstitucional” del que habla la jurisprudencia constitucional colombiana. Para ello necesitamos, como bien plantea Donayre, construir indicadores de derechos humanos, una materia que empieza a abrirse paso en el soft law internacional y que de momento no ha interesado a la doctrina jurídica.

Prólogo

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c) El Defensor del Pueblo es una institución clave para avanzar en todo cuanto venimos hablando: es la única institución del Estado que asume en exclusiva la garantía de los derechos (aunque su práctica se reconduce, erróneamente a mi juicio, hacia la buena administración), y no solo eso: es también la única que puede utilizar la justicia (esto es, no solo el Derecho positivo estrictamente considerado) como parámetro de control, analizar las vulneraciones sistemáticas (los tribunales resuelven casos concretos, y ahí se quedan) de los derechos y proponer cambios, inclusive legislativos. Se trata de una institución poco atendida por la doctrina (de la clase política mejor no hablar): existen numerosos estudios que nos cuentan su funcionamiento pero muy pocos que “bucean” en sus aportaciones al avance de los derechos y menos aún en sus posibilidades futuras; el centro universitario que avala este libro y la nueva colección en la que se integra son una excepción.

Donayre, buen conocedor del Ombudsman, expone experiencias exitosas de garantía de los derechos propios de la justicia transicional en Guatemala y Perú, así como la más escasa (aunque nunca es tarde) aportación del Defensor del Pueblo de España, poniendo bien de manifiesto la utilidad de estas instituciones para cubrir “agujeros negros” del sistema de protección de los derechos, uno de cuyos ejemplos más significativos es la justicia transicional.

Nuestro autor aborda estos tres difíciles y novedosos temas con rigor y solvencia, entrelazándolos a la perfección y con apertura de miras, más allá de las estrechas lentes del pensamiento jurídico dominante. Nos llama a la vez la atención sobre la utilidad del examen de la experiencia comparada, que por contraste nos produce sonrojo: en Guatemala y Perú la justicia (en su doble sentido de valor y administración) ha funcionado mucho mejor. En España los constitucionalistas conocedores de la realidad latinoamericana se cuentan con los dedos de una mano, y sobrarían dedos. Haríamos bien en aprender de Iberoamérica y de sus avances (con sus sombras, claro está), en este y otros campos: lean si no la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya solvencia está fuera de toda duda.

En definitiva, un trabajo importante y original, por su metodología y por su temática, que arroja buenas pistas para continuar (o iniciar) el trabajo siempre dificultoso de mostrar las vulneraciones sistemáticas

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de los derechos humanos y a partir de ahí articular respuestas contra ellas, en garantía de auténtica justicia y de no repetición.

Agradecimientos A lo largo de estos años muchas personas han colaborado de manera consciente e inconsciente con esta reflexión. Su apoyo se ha manifestado a través de vivencias, experiencias, libros, material bibliográfico y discusiones. Todo ello tiene un valor incalculable, aunque lo escrito aquí es totalmente responsabilidad mía y están exonerados de toda culpa. Primero, quiero dar las gracias a los amigos y amigas de la Defensoría del Pueblo de Perú durante el periodo de Jorge Santistevan De Noriega y Walter Albán Peralta. En consecuencia, quiero rendir un sentido homenaje póstumo a Jorge Santistevan, defensor del pueblo con las ideas muy claras y un alto grado de sensibilidad con las víctimas del conflicto armado interno en Perú. Gracias a Samuel Abad, Roberto Pereira, Willy López, Rocío Villanueva, Yolanda Falcón, compañeras y compañeros de la Defensoría del Pueblo. En el SNV-Programa Amazonía, mi agradecimiento a Hans Heijdra, pues aprendí mucho con él. Un homenaje también póstumo a José López Parodi y su sueño por una floresta mejor y más justa; a Armando Guevara Gil en Lima, por su cálida amistad; a Rafael Meza, compañero de muchos entuertos. Gracias a Gabriel García Villacréz por su compromiso con los desposeídos de la floresta. A los amigos y amigas kukumas del Pacaya, Samiria y del Marañón; a los quechuas del Napo; a los uitoto y bóoraa, yaguas del Ampiyacu y Putumayo. A los amigos y amigas kichwa lamistas de Lamas en San Martín, Perú.

A Leonardo Tello Imaina en Nauta por su terquedad para conservar la memoria de sus ancestros. En Guatemala, a Carlos Martínez, de la Auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos (en adelante, PDH) de Quetzaltenango, quien me facilitó los IA del PDH. A David Bahamondes en Ciudad de Guatemala. En España, a María José Pastor Alfonso, del Gabinete del Defensor del Pueblo de España. A Pilar Lozano y Visitación Molina, de la Biblioteca del Defensor del Pueblo, por su apoyo valioso e imprescindible. En Lima, a Alfonso Castro Niño y Willy Cáceres Mayorga. A Elsa Rengifo Salgado, por su apoyo con materiales desde Iquitos. A Jesús Peña e Irene Arambarri, por su desinteresada colaboración desde Bogotá. A Ernestina Reyes desde El Salvador. A Antonio Rovira Viñas por su amistad durante mi paso por la Universidad Autónoma de Madrid. A Emilio Silva, de la Asociación

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Miguel Donayre Pinedo

para la Recuperación de la Memoria Histórica, por su tesón en esta tarea de la memoria. A Óscar Franco Alonso, por cerrar los últimos flecos de esta densa historia. A Manuel Henríquez Castillo, Manel, por las largas tertulias sobre la memoria. A los consejos de Guillermo Escobar Roca como director de la tesis doctoral y amigo. También quiero agradecer los comentarios oportunos y muy sugerentes del tribunal en la defensa de la tesis doctoral conformada por José María Espinar Vicente, Encarnación Carmona Cuenca, Rafael Escudero Alday, José Luis Muñoz de Baena y José Manuel Sánchez Saudinós. En la parte final de la corrección, mi reconocimiento a Judit de Diego, pues su trabajo ha sido clave en la mejoría del texto. Y, cómo no, al apoyo invalorable de Sonia Franco Alonso, Fofó, por su paciencia, aliento y a su shungo (cuore) valiente en estos años de lecturas, de viajes por la memoria y de experiencias compartidas. Finalmente, a la beca de investigación de FODHEMFO-01-6907215, pues, sin ella, no hubiera podido hacer nada.

Índice Prólogo..................................................................................................... 11 Agradecimientos........................................................................................ 17 Acrónimos y siglas.................................................................................... 25 Prefacio..................................................................................................... 27

Capítulo I

JUSTICIA TRANSICIONAL: UNA CARTOGRAFÍA DE MUCHOS ITINERARIOS 1.1. NOCIONES................................................................................ 31 1.2. MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL............................................................................................ 45 De la justicia retributiva.................................................................... 47 De la justicia restaurativa.................................................................. 48 De la justicia transicional.................................................................. 51

1.3. ITINERARIO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL.................... 52 1.4. OBLIGACIONES ESTATALES DE DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.................................... 53 1.5. MECANISMOS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL................. 58 Derecho a la justicia.......................................................................... 61 De la justicia universal...................................................................... 69 De la Corte Penal Internacional......................................................... 70 Justicia de género.............................................................................. 72 El derecho a la verdad....................................................................... 73 Derecho a obtener reparación........................................................... 78 Iniciativas de conmemoración........................................................... 83 De las garantías de no repetición....................................................... 85

1.6. OTROS ESPACIOS INSTITUCIONALES DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL........................................................................ 87 1.7. ESCOLIO.................................................................................... 93 1.8. POST SCRIPTUM: EL PROCESO DE COLOMBIA................... 94

Capítulo II

JUSTICIA DE TRANSICIÓN: EL CONTEXTO, EL TEXTO Y LAS ACTUACIONES DE LOS OMBUDSMEN 2.1. CONTEXTO ESPAÑOL............................................................. 99 2.2. CONTEXTO GUATEMALTECO............................................... 111 2.3. CONTEXTO PERUANO............................................................ 119

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Índice

El impacto diferenciado de la violencia............................................. 122

2.4. CARTOGRAFÍA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO..................... 128 Ombudsman nórdico (sueco, finlandés y danés)................................ 130 Ombudsmen del sur de Europa: España y Portugal........................... 133 Acogida del Ombudsman en España................................................. 134 El Defensor del Pueblo antes de la Constitución de 1978.................. 135 La ley de amnistía: Ley 46/1977, de 15 de octubre............................ 143 Constitución y Ley Orgánica del Defensor del Pueblo....................... 147 De la discusión constitucional sobre el Defensor del Pueblo.............. 149

2.5. ZONA DE CONTACTO: OMBUDSMEN EN AMÉRICA......... 153 I Congreso del Ombudsman en Caracas............................................ 157 Ombudsmen centroamericanos......................................................... 160 Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala.......................... 164 Ombudsmen andino-amazónicos: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia..................................................................................................... 166 El Defensor del Pueblo o la Defensoría del Pueblo de Perú: contexto peruano............................................................................................. 168

2.6. LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS (INDH) Y LA JUSTICIA DE TRANSICIÓN................ 171 La acreditación.................................................................................. 176 Las INDH y la justicia de transición.................................................. 184

2.7. LAS ACTUACIONES DE LAS INDH EN LA JUSTICIA DE TRANSICIÓN DE ESPAÑA, GUATEMALA Y PERÚ................. 190 2.8. LOS INFORMES DE LOS OMBUDSMEN / INDH................... 191 2.9. INFORMES ANUALES Y LEGISLACIÓN.................................. 195 España.............................................................................................. 198 Guatemala......................................................................................... 205 Perú................................................................................................... 212

ANEXOS CAPÍTULO II..................................................................... 224

Capítulo III

OMBUDSMAN, INDICADORES Y LA JUSTICIA DE TRANSICIÓN 3.1. INTRODUCCIÓN...................................................................... 231 3.2. EL USO DE LOS INDICADORES............................................... 233 3.3. SUPERVISIÓN DE LAS INDH.................................................... 234 3.4. LOS INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS................... 237 Bibliografía general................................................................................... 267