1_9788491695912 by Editorial Tirant Lo Blanch

Este trabajo tiene como objeto el estudio de ese modelo de ejecución penitenciaria que explícitamente dibuja el legislador del 2015 en el Código penal e implícitamente se articula en la legislación y praxis penitenciarias. En este camino, los estándares europeos elaborados en el seno de los distintos órganos del Consejo de Europa, particularmente del Consejo de Ministros a través de sus Recomendaciones, del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las penas y tratos inhumanos o degradantes y, de manera más tibia, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos acompañarán dando luz a posibles propuestas y modiﬁcaciones en un sistema que, como veremos por su carácter perpetuo de facto, nos parece inconstitucional.

Cristina Rodríguez Yagüe

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

CRISTINA RODRÍGUEZ YAGÜE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Y DE LARGA DURACIÓN

La introducción en 2015 de la prisión permanente revisable en el Código penal español aparentemente no vino acompañada del diseño de un sistema de ejecución penitenciaria propio, pues hasta el momento la LOGP permanece inalterada. Sin embargo, sí que existe un modelo de cumplimiento para esta nueva pena indeterminada, que además evidencia el claro riesgo de convertirla en perpetua, sin posibilidad práctica real de revisión. Ese modelo tiene una parte visible, la que el propio legislador plasma en el Código penal al configurar una red de períodos de seguridad para el acceso a los permisos de salida, tercer grado y libertad condicional, junto con algunas especificidades en cuanto al proceso y órganos competentes de su concesión. Pero además, existe una parte menos visible, la recogida en la legislación penitenciaria, pero significativamente en la praxis y política penitenciarias existentes contra la delincuencia muy grave, que ya se están aplicando para los condenados a penas de prisión de muy larga duración.

monografías

LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Y DE LARGA DURACIÓN

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Y DE LARGA DURACIÓN

CRISTINA RODRÍGUEZ YAGÜE

Valencia, 2018

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Índice Prólogo.................................................................................................... 9 Introducción............................................................................................ 13

Capítulo I

LA CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE EJECUCIÓN PENITENCIARIA POR LA PUERTA DE ATRÁS PARA LAS PENAS DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Y DE LARGA DURACIÓN........................................................................................... 17

Capítulo II

ASPECTOS DE LA EJECUCIÓN CON INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD................... 27 1. CENTROS DE DESTINO............................................................ 27 1.1. El destino de cumplimiento................................................... 27 1.2. El tipo de establecimiento..................................................... 42 2. LOS CRITERIOS DE SEPARACIÓN INTERIOR........................ 47 3. ACCESO AL TRATAMIENTO..................................................... 62

Capítulo III

EL SISTEMA DE EJECUCIÓN DISEÑADO POR EL LEGISLADOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Y DE LARGA DURACIÓN.............................. 89 1. LA CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA EN GRADOS Y LOS REGÍMENES DE CUMPLIMIENTO........................................... 89 1.1. La identificación del condenado a penas de prisión permanente revisable y de larga duración con un interno peligroso. 91 1.1.1. Aislamiento a través de la clasificación en primer grado..................................................................... 91 1.1.2. Aislamiento a través de limitaciones regimentales...... 100 1.1.3. El incremento del control a través de la categorización como FIES................................................................. 101 1.2. La excepcionalidad del acceso al tercer grado....................... 108 1.3. El régimen “realmente” ordinario como forma de cumplimiento de las penas de prisión de larga duración y prisión permanente revisable............................................................ 123 2. EL ACCESO A LOS PERMISOS DE SALIDA............................... 123

Índice

3. LA EXCLUSIÓN DEL DISFRUTE DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS............................................................................... 141 4. EL ACCESO A LA LIBERTAD CONDICIONAL Y AL PROCESO DE REVISIÓN DE LA PENA EN LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE.................................................................................. 151

Capítulo IV

LAS (ÚNICAS) POSIBILIDADES DE EXCEPCIÓN AL SISTEMA DE LEGE LATA..................................................................................... 191 1. RAZONES HUMANITARIAS...................................................... 191 1.1. Tercer grado humanitario..................................................... 192 1.2. Libertad condicional humanitaria......................................... 195 2. PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD.................................................. 205 3. POSIBILIDAD DE SALIDAS TRATAMENTALES........................ 208

Capítulo V

LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Y DE PRISIÓN DE LARGA DURACIÓN............................................................................ 211 1. UN NUEVO Y CUESTIONABLE ESCENARIO COMPETENCIAL ENTRE EL TRIBUNAL SENTENCIADOR Y EL JUEZ DE VIGILANCIA PENITENCIARIA................................................. 211 2. LA DIFÍCIL TAREA DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA: ENTRE LA SEGURIDAD DINÁMICA Y LA FALTA DE RECURSOS....................................................................................... 216 3. LA APARICIÓN DE UN NUEVO ACTOR EN LA EJECUCIÓN PENAL: LA VÍCTIMA................................................................. 219

Capítulo VI

UNA REFLEXIÓN FINAL.................................................................... 227 Bibliografía.............................................................................................. 231

Prólogo La ausencia de toda esperanza es la nota común que sirvió a Dante como admonición para los que entraban al infierno y a Jorge Semprún en su reflexión para considerar que los gulags soviéticos eran comparables en crueldad a los campos de concentración nazis. Los preceptos que el CP dedica a la regulación del régimen penitenciario de la prisión permanente revisable tienen el triste sino de ser una legislación sobre la desesperanza. Los pocos artículos que el legislador dedica a esta materia no tienen otro fin que endurecer: endurecer los criterios para el acceso al tercer grado, endurecer la obtención de permisos de salida y endurecer la posibilidad de alcanzar la libertad condicional. En todos estos supuestos se incrementan los denominados periodos de seguridad, garantizando que, por ejemplo, y en el mejor de los casos, el penado tarde ocho años en obtener su primer permiso de salida. El legislador, que como sabemos no fue otro que el Partido Popular a través de su mayoría absoluta, se propuso no sólo crear una pena con una duración imprevisible, sino también con un régimen de ejecución que la hiciera aún más dura. No se trataba sólo de privar a la persona de su libertad durante un largo e incierto tiempo, sino además dificultar los contactos con el exterior que van propiciando los permisos penitenciarios y la progresión en grado como preparación para la reinserción en la sociedad. A este ensañamiento por acción, el legislador añade otro por omisión; no sé bien si consciente o inadvertido: no establece ninguna previsión específica en la legislación penitenciaria destinada a regular la prisión permanente revisable. Aparentemente se trata de una opción neutra, que no endurece, ni suaviza la vida en prisión de los condenados. El gran mérito de este libro es mostrarnos que esta ausencia de regulación específica no es en absoluto neutral y que sirve para alimentar aún más la desesperanza. Valga un ejemplo como muestra. Aparentemente la inexistencia de regulación acerca del módulo en que los internos han de cumplir su pena no habría de tener relevancia alguna en su cumplimiento. Sin embargo, esta opción tiene graves consecuencias. La convivencia con otros penados que cumplen su pena en tiempo determinado, aumenta su desaliento y les debilita psíquicamente. Por esta razón es necesario una actuación positiva, que si bien no implica necesariamente que

Adán Nieto Martín

se establezcan módulos especiales donde convivan aislados, sí al menos evite estos daños colaterales. Como mantiene la autora, tras un análisis de las diversas opciones, los condenados a prisión permanente revisable deberían ser destinados a los módulos de respeto, con que cuentan la mayoría de los establecimientos penitenciarios, y que permiten un ambiente más favorable al tratamiento. A lo largo de toda la obra, la autora a la par que pone de manifiesto los diversos perjuicios que implica aplicar la legislación ordinaria sin mayores reflexiones, se esfuerza por establecer las bases de una política de ejecución que minimice daños al tiempo que incremente que incremente positivamente las posibilidades de resocialización. Esta es, por otro lado, la exigencia básica que se deriva del soft law internacional en la materia, especialmente la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa (2003) 23 sobre gestión por las administraciones penitenciarias de los condenados a cadena perpetua: la estancia en prisión de estos condenados debe estar rodeada de previsiones específicas, que aumenten las posibilidades de resocialización y eliminen los efectos devastadores que sobre la personalidad tienen las penas de larga duración. Esta sería la conclusión que habría que extraer también del art. 25.2 de la Constitución: el mandato de resocialización exige de la Administración una intervención especial sobre este tipo de reclusos destinada a compensar los desequilibrios que origina una pena de estas características. Y esta es finalmente la conclusión que debe extraerse de la jurisprudencia de la Corte de Estrasburgo, pese a la decepcionante actuación del TEDH en relación a las penas indeterminadas y de larga duración, que como ha expuesto con agudeza el juez Pinto de Albuquerque, se debe a que los casos más importantes se han referido al Reino Unido y la Corte ha intentado siempre contemporizar y no irritar demasiado a los ariscos jueces ingleses (STEDH, Hutchinson v. Reino Unido, 17.1.2017, voto particular, par. 35-40). En efecto, la CEDH condiciona la admisibilidad de las penas largas de duración indeterminada a tres requisitos: el primero de ellos a la posibilidad de recobrar la libertad; el segundo a que la posibilidad de obtener la libertad esté en manos del penado (STEDH, 9 de julio de 2013, Vinter y otros c. Reino Unido, par. 122); el tercero a que exista un programa de ejecución orientado a la resocialización (STEDH, James, Wells y Lee c. Reino Unido. 18.9.2012, par. 208 ss, 218). Ni la segunda, ni la tercera de las exigencias de la jurisprudencia europea se

Prólogo

cumplen debido a la ausencia de una regulación específica y ad hoc en el marco de la legislación penitenciaria. No hay normativa penitenciaria que elimine los daños colaterales de aplicar la normativa estándar, ni prevea prestaciones positivas que permitan hacer real la posibilidad de recuperar la libertad. Pero más allá de la cuestión relativa a la constitucionalidad de la medida, la falta de previsión y aun de debate de una regulación penitenciaria específica muestra que al legislador de 2015 le importaba bien poco el tratamiento de las formas de criminalidad violenta más graves y que en realidad lo único que buscaba era un “pelotazo” electoral. El que en este caso los réditos electorales se busquen introduciendo una pena que destroza la personalidad, muestra un sadismo legislativo y una indiferencia ante el dolor ajeno espeluznantes. No hay ni tan siquiera en la implantación de la cadena perpetua rastro de una “amarga necesidad”. Siempre he pensado que los colegas que dedican sus esfuerzos al derecho penitenciario están hechos de “otra pasta”. Tienen un nivel de empatía y sensibilidad especial, que les hace leer la árida reglamentación penitenciaria desde la piel del que día a día está sometido a prisión. Quizás las figuras y el ejemplo de Concepción Arenal o Victoria Kent sigan siendo determinantes en este punto. Cristina Rodriguez Yagüe desde que era una alumna nos demostró a todos que pertenecía a esta estirpe, su estudio y compromiso incansable con el derecho penitenciario está alentado por el potente motor de la solidaridad y la indignación por los que sufren. Lo saben muy bien los alumnos de nuestra Facultad que la siguen en masa en sus vistas a centros penitenciarios. Por esta razón, la autora del libro me sorprendió cuando me anunció hace un par de años que pensaba dedicarse a investigar el régimen de cumplimiento de la prisión permanente revisable: entrar a discutir su régimen de aplicación — le dije— es tanto como empezar a legitimarla. Esta monografía muestra lo equivocado que estaba. Ahondar en el régimen de ejecución de esta pena sirve para confirmar aún más su inconstitucionalidad, como bien se encarga de exponer la autora en la parte final de su obra. Ojalá que quienes están llamados a decidir acerca de la constitucionalidad de esta pena lean, y pronto, este trabajo. Adán Nieto Martín Ciudad Real, 18 de octubre de 2017

Introducción El legislador presentó como una de las medidas estrella previstas en la LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código penal, la incorporación de una nueva pena privativa de libertad, la prisión permanente revisable, prevista para los delitos más graves contra la vida: el asesinato agravado (art. 140 y 140 bis), el asesinato terrorista (art. 573 bis), el regicidio (art. 485), la muerte de un Jefe de Estado extranjero o persona protegida internacionalmente por un Tratado (art. 605.1) y los delitos de genocidio (con resultado de muerte, agresión sexual o lesiones de las previstas en el art. 149) y lesa humanidad (con resultado de muerte) (arts. 607.1 y 607 bis 2). Sin embargo esta pena, de duración indeterminada, aunque sometida a un proceso de revisión en un plazo temporal de entre 25-35 años según los supuestos, no viene acompañada de una reconsideración del sistema de penas contemplado en el Ordenamiento español, de gran dureza no solo gracias a la reforma de la LO 7/2003, de 30 de junio, sino proveniente ya del propio Código penal de 1995. Al contrario, se introduce en un sistema que prevé penas de prisión de hasta 40 años y la posibilidad de su cumplimiento íntegro con la excepcionalización de figuras determinantes para llevar a cabo el mandato constitucional resocializador previsto en el art. 25.2 como el acceso al tercer grado, el disfrute de permisos, los beneficios penitenciarios o la libertad condicional. Pese a no haber estado prevista en la dictadura franquista, pues desapareció de nuestro Código penal en 1928, ni se planteó por el legislador su incorporación al texto penal, ya en democracia, en las décadas más cruentas de la actuación del terrorismo de ETA en nuestro país, curiosamente llega en un momento de reducción de las tasas de criminalidad, incluso de aquella más grave para la cual se configura. De ahí que el legislador no pueda argumentar su necesidad ni desde razones preventivo-generales negativas —y mucho menos especiales— y tenga que acudir a vagas y cuestionables reflexiones sobre la prevención general y una, por lo visto, demanda de la sociedad de fortalecimiento de la confianza en la Administración de Justicia a través “de un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como justas”.

Introducción

Una de las cuestiones que más ha llamado la atención de esta reforma son las ausencias. En concreto, no deja de ser muy llamativa la ausencia de una reforma paralela, ya prevista en las propias disposiciones finales, ya tramitada de manera independiente como proyecto de reforma penal, en el sistema de ejecución. Al contrario, la tan aclamada reforma vino en esta materia desnuda, sin prever la modificación de precepto alguno de la Ley Orgánica General Penitenciaria o de su desarrollo reglamentario, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto a la prisión provisional, lo que ha creado importantes lagunas, cuando no importantes contradicciones entre estas normas. Dos años después, y ya con un condenado a esta pena y algún otro sujeto en prisión provisional con solicitud por parte de la Fiscalía de aplicación de la prisión permanente revisable, el Ministro del Interior ha anunciado una revisión de la legislación penitenciaria. Y la propia Administración Penitenciaria reconoce en su Instrucción 4/2015, referida a los aspectos de la ejecución penal afectados por la reforma del Código, que las diferencias que esta nueva pena puede plantear en el modelo de ejecución penal harán necesario abordar sus especificidades en una Instrucción ex profeso específica, “que se dictará en su momento”. Mientras tanto, y en tanto dure este silencio legislativo, el modelo de ejecución de esta pena continúa siendo el contemplado en la LOGP de 1979, si bien con las especialidades que, en forma de períodos de seguridad “mínimos” de cumplimiento dentro de la prisión, se han establecido antes del acceso a figuras fundamentales como permisos, tercer grado o libertad condicional, junto a la conversión de esta última, ya como forma de suspensión, en el mecanismo de revisión de lo que no es sino una pena indeterminada. Este trabajo tiene como objeto el estudio de ese modelo de ejecución penitenciaria que explícitamente dibuja el legislador de 2015 en la configuración de esta nueva pena en el Código penal. Pero no solo. Este modelo tiene un molde a partir del cual ha sido construido, tanto en su parte visible, la recogida en los preceptos referidos a la prisión permanente revisable, como en la menos aparente, la praxis penitenciaria, que es el sistema de ejecución penal de las penas de prisión de larga duración contempladas para la delincuencia de mayor gravedad.

Introducción

No solo la similitud en muchas de sus características, sino también sus efectos e impacto sobre el individuo, justifican este estudio conjunto del sistema de ejecución de las penas de prisión permanente revisable y de las penas de prisión de larga duración. En este camino, los estándares europeos elaborados en el seno de los distintos órganos del Consejo de Europa, particularmente del Consejo de Ministros a través de sus Recomendaciones, del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las penas y tratos inhumanos o degradantes y, de manera más tibia, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos acompañarán dando luz a posibles propuestas y modificaciones en un sistema que, como veremos por su carácter perpetuo de facto, nos parece inconstitucional. Quiero aprovechar para agradecer la tutela del Profesor Dirk Van Zyl Smit y su ayuda en el estudio de los estándares europeos en materia de cadena perpetua y penas de larga duración durante mi estancia en la Universidad de Nottingham durante los meses de junio, julio y agosto de 2015 en el marco del Programa Estatal de Estancias de movilidad en el extranjero José Castillejo para jóvenes doctores para la realización del Proyecto “El sistema de ejecución de las penas de larga duración y de la prisión permanente revisable a la luz de los estándares europeos e internacionales de Derecho penitenciario”. Asimismo quiero agradecer a mi compañero Francisco Javier de León Villalba, investigador principal del Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad “Penas de prisión de larga duración. Un modelo aplicativo desde una perspectiva transversal” [DER 2013-41655-R (2014-2017)], que me permitiera formar parte de este interesante proyecto, fruto del cual es también esta monografía. Y también me gustaría destacar la tutela y confianza manifestada durante todos estos años de los profesores Luis Arroyo Zapatero, Adán Nieto Martín y Nicolás García Rivas así como del resto de mis compañeros de área y del Instituto de Investigación de Derecho penal europeo e internacional. Este libro está dedicado a mis dos pequeños, Alberto y Pablo, compañeros valientes de estancias en tierras alemanas y, en esta ocasión, inglesas, por todo el tiempo que este y otros trabajos les han ido quitando. A su lado todo es, sin duda, mucho más fácil.

Capítulo I

LA CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE EJECUCIÓN PENITENCIARIA POR LA PUERTA DE ATRÁS PARA LAS PENAS DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Y DE LARGA DURACIÓN El modelo de ejecución diseñado por el legislador en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) de 1979 en torno al principio de individualización científica quiso configurar un sistema de cumplimiento único para todas las penas de prisión1, que con base en el sistema progresivo y por ello conformado en diversos grados que modulasen el régimen de vida asignado al penado, lo mejoraba al dotarlo de un carácter individualizado, científico, flexible y profesional2. En este nuevo sistema, y frente al progresivo, el modelo de vida no se determina por criterios estáticos, objetivos y no susceptibles de modificación por el penado, como los referidos a la naturaleza y extensión de la pena o a la tipología delictiva de su autor, sino que se decide a partir de la evaluación de criterios de naturaleza subjetiva referidos al penado y a su evolución3. De ahí que el artículo 72 de la LOGP, que lo configura, establezca que “siempre que de la observación y clasificación correspondiente de un interno resulte estar en condiciones para ello, podrá ser situado inicialmente en grado superior, salvo el de la

Al que se pretendió adecuar, aunque 16 años más tarde, el sistema de penas, una de las mayores novedades que incorporó el Código penal de la democracia de 1995, tal y como señala su Exposición de Motivos. Sobre sus elementos, véase RODRÍGUEZ YAGÜE, C.: El sistema penitenciario español ante el siglo XXI, Tecnos, Madrid, 2013, pp. 51 y ss. Más detenidamente sobre el sistema de individualización científica, su origen y características, véanse los trabajos de FERNÁNDEZ BERMEJO, D.: Individualización científica y tratamiento en prisión, Premio Victoria Kent, Ministerio del Interior, Madrid, 2013; y de LEGANÉS GÓMEZ, S.: La evolución de la clasificación penitenciaria. Premio Victoria Kent, Ministerio del Interior, 2004.

Cristina Rodríguez Yagüe

libertad condicional, sin tener que pasar necesariamente por los que le preceden”, sin que en ningún caso pueda mantenerse “a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor a su progresión”. Solo el acceso a la libertad condicional, que desde su configuración original ha estado vinculado a la exigencia de la satisfacción de las ¾ partes de la conducta, requería el cumplimiento de una parte de la condena. Sin embargo este modelo de gran flexibilidad y basado fundamentalmente en el pronóstico individualizado de resocialización del interno se resquebraja, primero, con la llegada del Código penal (CP) de 1995 con la inclusión de la cuestionada figura del cumplimiento íntegro del art. 78, y, con más fuerza, con la reforma operada por la criticada LO 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, que partiendo del torticero presupuesto de que el cumplimiento fuera de la prisión —tercer grado o libertad condicional— no es cumplimiento ni íntegro ni efectivo de la pena de prisión, introduce el período de seguridad para el acceso al tercer grado en el art. 36.2, eleva los máximos de cumplimiento en supuestos de acumulación delictiva del art. 76 hasta los 40 años en los casos más graves e introduce dentro de la figura del cumplimiento íntegro el tercer grado y los permisos de salida, contemplando también la exclusión de los beneficios del adelantamiento de la libertad condicional para terrorismo y delincuencia organizada4. A través de estas reformas, duración de la condena y naturaleza delictiva, elementos más propios del sistema progresivo, reaparecen como variables determinantes para la clasificación y el acceso a figuras penitenciarias imprescindibles para el sistema de ejecución. Ese retorno al sistema progresivo iniciado para las penas de prisión de larga duración en las reformas precedentes facilita que sea este el modelo de ejecución seleccionado por el legislador para la nueva pena privativa de libertad, la prisión permanente revisable, incorporada a través de la LO 1/2015, de 30 de marzo, dentro del catálogo de penas del Código. Porque precisamente el legislador casi se limita a eso, a incorporarla en el listado del art. 33 del CP, pero sin aportar definición 4

Sobre ello, FERNÁNDEZ BERMEJO, D.: “El sistema de ejecución de condenas en España: el sistema de individualización científica”. Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXV, 2015, pp. 125 y ss.

La ejecución de las penas de prisión permanente revisable y de larga duración

alguna de la misma. Más bien hay que acudir al Preámbulo de la Ley para encontrar una suerte de definición, puesto que en él se califica a la prisión permanente revisable como “una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión: tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, acreditada la reinserción del penado, este puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no comisión de nuevos hechos delictivos5”. Sí en cambio concentra el legislador sus esfuerzos en dibujar para su ejecución un profuso sistema de períodos de seguridad para el acceso a figuras penitenciarias como los permisos de salida, el tercer grado o a la libertad condicional —a la que concede también el papel de revisión de la pena—; períodos diferenciados a través de elementos meramente objetivos y cuantitativos: número de delitos, cuantía de la pena; y naturaleza delictiva (si se trata o no de terrorismo) y que le sirven para multiplicar las posibles formas de ejecución, sustituyéndose ese modelo único diseñado por la LOGP por un confuso modelo construido fundamentalmente por criterios temporales. No hay que olvidar que la introducción de la prisión permanente revisable no se ha realizado en el contexto de una revisión general del sistema de penas y, en concreto, de las privativas de libertad. Por el contrario, los países que tienen en su Ordenamiento la cadena perpetua y que, por ello, han sido utilizados en la justificación de la introducción de esta figura en España, tienen penas de prisión con un límite general máximo situado en los quince años6.

Como bien señala CERVELLÓ DONDERIS, V., aunque, frente al Anteproyecto de 2012, finalmente el listado de penas del art. 33 haya recogido la prisión permanente revisable, esta carece de contenido propio, regulado y diferenciado, por lo que acaba siendo una privación de libertad de duración indeterminada, con un proceso de revisión por el mismo tribunal sentenciador, caracterizándose su ejecución “por un continuo bloqueo a eventuales salidas de la prisión por el endurecimiento que sufre en el acceso a cualquier figura de excarcelación”. “Prisión permanente revisable II”. González Cussac, J.L. (Dir): Comentarios a la Reforma del CP de 2015. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 227. Como acertadamente recuerda TAMARIT SUMALLA, J.M, quien añade que el mantenimiento de los límites máximos de hasta 40 años es uno de los factores

Cristina Rodríguez Yagüe

De una lectura rápida de los preceptos referidos a estos períodos de seguridad7, pudiera deducirse que el legislador se hubiera conformado con diseñar una pena a través de la determinación de sus (muy largos) períodos de cumplimiento, olvidándose en cambio de establecer el modelo de ejecución que debe asignarse a los que sean condenados a prisión permanente revisable, idea que se refuerza ante la ausencia de cualquier previsión de modificaciones de la legislación penitenciaria en las Disposiciones Finales de la LO 1/2015, de 30 de marzo. La propia Administración penitenciaria es consciente de las implicaciones que en materia de ejecución tiene la introducción de esta pena, reconociendo en su Instrucción 4/2015, sobre Aspectos de la ejecución penal afectados por la reforma del CP en la LO 1/2015, de 30 de marzo, que “dadas las diferencias que en el modelo de ejecución penal puede suponer el cumplimiento de una pena de duración indeterminada, aunque no indefinida, hará necesario abordar sus especificidades con una Instrucción ex profeso específica, que se dictará en su momento” (Disposición transitoria segunda). Ante tal omisión, también podría pensarse que al legislador le basta con la remisión implícita al sistema actual de ejecución configurado por la LOGP, dándolo por válido como hasta ahora parece haber hecho con las penas de prisión de larga duración (¡de hasta 40 años!), una vez llevado a cabo su endurecimiento mediante las reformas operadas en los arts. 36, 76 y 78 CP. O bien podía pensarse que, dados los plazos temporales existentes —ya para la entrada en vigor, ya para la imposición de las primeras condenas— contaría con tiempo suficiente para abordar una segunda gran reforma, la del modelo de ejecución de la legislación penitenciaria8.

que convierte al nuestro en uno de los países con mayor dureza punitiva de Europa occidental. “La prisión permanente revisable”. Comentarios a la reforma penal de 2015. Parte General. Quintero Olivares (dir). Aranzadi, Navarra, 2015, p. 96. Artículos 36.1 respecto al acceso a permisos de salida y tercer grado, art. 92 para la revisión de la pena y acceso a la libertad condicional y art. 78 bis respecto al acceso a tercer grado y revisión de la pena y acceso a la libertad condicional en los supuestos de acumulación de condenas. En este sentido CASTILLO FELIPE, R. se pregunta si el legislador no se ha encargado hasta el momento de los aspectos procesales porque no espera una excesiva aplicación de la misma, si es porque ha considerado que por los amplios