1_9788491908845 by Editorial Tirant Lo Blanch

VIGENCIA ORDINARIA DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS, ULTRAACTIVIDAD Y CONTRACTUALIZACIÃ“N JUDICIAL DE SUS CONDICIONES DE TRABAJO

ColeCCión laboral (Fundada por IGNACIO ALBIOL MONTESINOS) Consejo científico:

JOSÉ MARÍA GOERLICH (Director) ÁNGEL BLASCO PELLICER JESÚS R. MERCADER UGUINA FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL REMEDIOS ROQUETA BUJ

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

VIGENCIA ORDINARIA DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS, ULTRAACTIVIDAD Y CONTRACTUALIZACIÃ“N JUDICIAL DE SUS CONDICIONES DE TRABAJO

ERIK MONREAL

Valencia, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-884-5 MAQUETA: Innovatext Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant. com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/ index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

ÍNDICE

Capítulo Primero Premisas de la regulación legal I. Consideraciones generales................................ 11 II. Claves normativas del régimen de aplicación temporal del convenio colectivo...... 13 III. Plazo máximo de ultraactividad del convenio colectivo....................................................... 14 IV. La ultraactividad de los convenios colectivos y la estructura de la negociación colectiva.......................................................... 15 Capítulo Segundo Vigencia ordinaria y denuncia del convenio colectivo I. Consideraciones generales................................ 23 II. Entrada en vigor y aplicación retroactiva de los convenios colectivos. Prórroga automática de los mismos................................... 24 III. Vigencia ordinaria y renovación ante tempus del convenio colectivo................................ 27 IV. La denuncia del convenio colectivo............ 30 1. Problemática del desistimiento tácito de la denuncia... 30 2. Forma, requisitos y plazo de la denuncia .................... 31 2.1. El papel del convenio colectivo.......................... 31 2.2. Problemática de la denuncia tácita del convenio colectivo............................................................. 33 3. Legitimación para denunciar un convenio colectivo.... 36 4. El registro de la denuncia del convenio colectivo......... 40 Capítulo Tercero Régimen jurídico de la ultraactividad del convenio colectivo I. Consideraciones generales................................ 43

Índice

II. Contexto de la regulación legal.................. 47 III. Naturaleza del “pacto en contrario” previsto en el artículo 86.3.4º ET.............................. 49 1. El pacto en contrario contenido en los convenios colectivos denunciados antes de la Ley 3/2012.............. 51 2. Conexión entre la remisión al convenio colectivo de los términos de su vigencia una vez denunciado –art. 86.3.1º ET– y el pacto en contrario del artículo 86.3.4º ET................................................................. 53 3. Relevancia práctica y manifestaciones posibles del pacto en contrario..................................................... 54 IV. Dies a quo de la ultraactividad legal del convenio colectivo.............................................. 56 V. Ultraactividad del convenio colectivo, deber de negociar y concurrencia con otros convenios colectivos.............................. 58 1. Denuncia del convenio colectivo y deber de negociar el convenio colectivo sustitutorio............................... 58 2. Presupuestos de la ultraactividad del convenio colectivo.. 60 2.1. Ultraactividad del convenio colectivo y abandono de la unidad de negociación..................... 60 2.2. Ultraactividad del convenio colectivo y dinámica de la comisión negociadora del convenio colectivo sustitutorio........................................ 62 2.3. Ultraactividad del convenio colectivo y reglas, legales y/o pactadas, sobre estructura de la negociación colectiva y concurrencia entre convenios colectivos............................................... 64 2.3.1. Ultraactividad del convenio colectivo y convenios colectivos posteriores del artículo 83.2 ET................................. 64 2.3.2. Ultraactividad del convenio colectivo y reglas sobre concurrencia del artículo 84 ET......................................... 71 3. Ultraactividad y concurrencia entre convenios colectivos: regla general..................................................... 73 VI. Adopción de acuerdos parciales de modificación del convenio colectivo ultraactivo..... 76 VII. Solución extrajudicial de discrepancias surgidas durante la negociación de la renovación del convenio ultraactivo..... 78

Índice

9 Capítulo Cuarto Escenarios posibles de la regulación legal sobre cumplimiento del plazo máximo de ultraactividad de los convenios colectivos

I. Consideraciones generales................................ 83 II. Cumplimiento del plazo máximo legal de ultraactividad de los convenios colectivos e inexistencia de convenio colectivo de ámbito superior.................................................. 84 1. La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2014 y la tesis de la contractualización de las condiciones de trabajo....................................................... 85 1.1. Antecedentes de la sentencia.............................. 85 1.2. Relevancia práctica de la sentencia..................... 88 1.3. Naturaleza de las condiciones de trabajo susceptibles de contractualizarse............................. 91 2. La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2014 y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional..................................................................... 94 3. Valoración crítica de la tesis jurisprudencial de la contractualización de las condiciones de trabajo............... 97 3.1. Contractualización y configuración del convenio colectivo como fuente del Derecho del Trabajo.................................................................... 99 3.2. Contractualización y función reguladora de las normas estatales y de los convenios colectivos... 102 3.3. Contractualización y política legislativa de cesión de espacios de regulación desde la ley al convenio colectivo ............................................. 105 3.4. Contractualización y causa y objeto del contrato de trabajo....................................................... 110 3.5. Contractualización y teoría sobre los convenios colectivos extraestatutarios................................ 114 4. Contractualización judicial de las condiciones de trabajo contenidas en los convenios colectivos fenecidos y derecho a la negociación colectiva como garantía institucional................................................................. 119 4.1. Contractualización y dispositividad del régimen legal sobre vigencia del convenio colectivo......... 120 4.2. Contractualización y convenios colectivos del artículo 83.2 y 3 ET........................................... 121

Índice

III. Cumplimiento del plazo máximo de ultraactividad de los convenios colectivos y existencia de convenio colectivo de ámbito superior.............................................................. 125 1. Significado de la expresión legal “convenio colectivo de ámbito superior” y problemas asociados a la existencia de varios convenios colectivos de ámbito superior........ 127 2. Problemas asociados a la aplicación del convenio colectivo de ámbito superior........................................... 132 2.1. Procedimiento para aplicar las condiciones de trabajo contenidas en el convenio colectivo de ámbito superior.................................................. 133 2.2. Problemas asociados a que el convenio colectivo de ámbito superior no cubre la totalidad de las materias reguladas en el convenio colectivo fenecido.............................................................. 135 Valoración personal.................................................................. 143

Capítulo Primero

Premisas de la regulación legal

I. CONSIDERACIONES GENERALES La duración de los convenios colectivos, como la legitimación exigida a sus negociadores o las reglas sobre estructura y concurrencia entre convenios colectivos, constituye uno de los elementos medulares del régimen jurídico del derecho a la negociación colectiva. Este derecho está consagrado al más alto nivel en el artículo 37.1 de nuestra Carta magna (CE) y es objeto de desarrollo legislativo –originando así un modelo legal de negociación colectiva, la estatutaria– mediante el Título III del Real Decreto-Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET). En concreto, el régimen jurídico legalmente previsto para regular el asunto de la duración del convenio colectivo está dispuesto de forma expresa en los artículos 85.3.d) ET1 y 86 ET2. 1

Art. 85.3 ET: “Sin perjuicio de la libertad de contratación a que se refieren los apartados anteriores, los convenios colectivos habrán de expresar como contenido mínimo lo siguiente: (…) d) Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo mínimo para dicha denuncia antes de finalizar su vigencia”. Art. 86 ET: “1. Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios, pudiendo eventualmente pactarse distintos periodos de vigencia para cada materia o grupo homogéneo de materias dentro del mismo convenio. Durante la vigencia del convenio colectivo, los sujetos que reúnan los requisitos de legitimación previstos en los artículos 87 y 88 podrán negociar su revisión. 2. Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de las partes. 3. La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio. Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que se hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaerán a partir de su denuncia. Las partes podrán adoptar acuerdos parciales para la modificación de alguno o algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las condiciones en las que, tras la terminación de la vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en la empresa. Estos acuerdos tendrán la vigencia que las partes determinen. Mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83, se

Erik Monreal

La vocación de la negociación colectiva es encauzar de la forma más armónica posible, a través de reglas normativas y obligacionales, el desarrollo de las relaciones laborales en los distintos sectores y ámbitos de la producción durante el tiempo de la vigencia de los convenios colectivos al efecto negociados. La ley garantiza la estabilidad de las reglas contenidas en los convenios colectivos estatutarios cuando previene que estos productos de la autonomía colectiva “obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia” –art. 82.3.1º ET–. Pero estas garantías de estabilidad, como el propio régimen de la aplicabilidad de los convenios colectivos durante su vigencia, tienen además que ser coherentes con los imperativos económico-financieros, sociales y de otra naturaleza existentes en todos los ámbitos funcionales y territoriales donde estos instrumentos normativos que emanan de la autonomía colectiva despliegan su vigencia. Y el caso es que estos imperativos están sometidos a un imparable proceso de cambio o transformación que es inherente a las sociedades de capitalismo avanzado. En este contexto evolutivo, nuestro legislador tiene claro que el objetivo último de la negociación colectiva no puede ser conseguido mediante una foto fija de un régimen jurídico establecedor de las condiciones de trabajo y definitorio de la propia organización del mismo, sino a través de un sistema dinámico que permita la renovación cabal de estos contenidos, incluso durante el tiempo de la duración ordinaria del convenio colectivo –art. 86.1.2º ET–, al hilo de las modificaciones que

deberán establecer procedimientos de aplicación general y directa para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el transcurso del procedimiento de negociación sin alcanzarse un acuerdo, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia jurídica que los convenios colectivos y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91. Dichos acuerdos interprofesionales deberán especificar los criterios y procedimientos de desarrollo del arbitraje, expresando en particular para el caso de imposibilidad de acuerdo en el seno de la comisión negociadora el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral por las partes; en defecto de pacto específico sobre el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral, se entenderá que el arbitraje tiene carácter obligatorio. Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación. 4. El convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último, salvo los aspectos que expresamente se mantengan”.

Premisas de la regulación legal

va experimentando el sustrato socioeconómico sobre el que se asientan estos productos de la autonomía colectiva.

II. CLAVES NORMATIVAS DEL RÉGIMEN DE APLICACIÓN TEMPORAL DEL CONVENIO COLECTIVO La duración del convenio colectivo es un extremo que está ordenado por nuestro legislador sobre la base de cuatro presupuestos legales. En primer lugar, los convenios colectivos tienen una duración determinada –art. 82.3 ET– que depende en cada caso de lo que decidan sus partes negociadoras –art. 86.1 ET–. Nuestra doctrina judicial es muy reveladora en este sentido cuando afirma que el artículo 82.3 ET es una norma “… claramente expresiva de que el convenio, en cuanto tal, no obliga más allá de su vigencia y ámbito de aplicación” 3. En segundo lugar, la vigencia ordinaria del convenio colectivo –art. 86.2 ET– comprende, o puede hacerlo, dos fases. La primera alcanza hasta que el convenio colectivo llega a su término final sin haber mediado previamente denuncia del mismo. La segunda fase se activa solo si los negociadores del convenio colectivo así lo quieren –“salvo pacto en contrario”, reza el art. 86.2 ab initio ET– y se inicia el mismo día fijado como término final del convenio colectivo, prolongándose dicha segunda fase de su vigencia de año en año durante tantos años como decidan quienes estén en condiciones de legitimación para denunciar el convenio colectivo en cuestión. En tercer lugar, los convenios colectivos tienen una vigencia extraordinaria, o vigencia ultraactiva, que se inicia, si el convenio colectivo no dice otra cosa –art. 86.3.1º ET–, desde el mismo día en que el convenio colectivo es denunciado –art. 86.3.4º ET–. Esta ultraactividad se prolonga, también salvo pacto en contrario –art. 86.3.4º ET–, durante no más de un año a contar desde ese día. En cuarto lugar, el legislador atribuye a las partes negociadoras del convenio colectivo la facultad de gobernar ellas mismas esta dinámica temporal, pudiendo establecer pautas negociadas sobre vigencia ordinaria y extraordinaria completamente distintas, incluso opuestas, a las legales –art. 86.3.1º y 2º ET–. 3

Vid., STSJ País vasco 01.06.2015 (rec. núm. 821/2015).

Erik Monreal

III. PLAZO MÁXIMO DE ULTRAACTIVIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO En un contexto normal, el día que se cumple la duración prevista del convenio colectivo constituye el punto de arranque de dos mecanismos legales alternativos que garantizan la nota de continuidad y permanencia, en su caso adaptada y/o renovada, de la regulación convencional en cada ámbito de actividad. Llegado el término final del convenio colectivo, efectivamente, y siempre a salvo de la posibilidad de que las partes negociadoras decidan abandonar y cancelar definitivamente la unidad de negociación que da soporte objetivo a ese convenio colectivo, se produce o bien la prórroga anual ordinaria del convenio colectivo, excepto si las partes han pactado o pactan otra cosa antes de que se cumpla la duración prevista, o bien un proceso de sucesión entre convenios colectivos, en los términos dispuestos en los artículos 82.4 ET4 y 86.4 ET. En el segundo caso, para garantizar la conservación de los contenidos convencionales mientras dura el proceso de sucesión entre el viejo y el nuevo convenio colectivo, esto es, para que no existan vacíos de regulación convencional mientras dura la fase de negociación del convenio colectivo sustitutorio, nuestra legislación prevé desde hace tiempo un periodo adicional de aplicabilidad del convenio colectivo5, lo que se denomina como ultraactividad del convenio colectivo denunciado y vencido. Hasta la reforma de 2012, la ultraactividad del convenio colectivo operaba de manera temporalmente ilimitada, salvo pacto en contrario. La experiencia práctica ha venido demostrando sobradamente durante todos estos años que la ultraactividad ilimitada del convenio colectivo hace menos comprometida su denuncia y favorece a quien quiere conservar las condiciones pactadas –que no siempre serán los trabajadores–, perjudicando en la misma medida a quien quiere cambiarlas6 –que no siempre serán los empresarios7–. El sentido de la última reforma legal en este punto,

Art. 82.4 ET: “El convenio colectivo que sucede a uno anterior puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquel. En dicho supuesto se aplicará, íntegramente, lo regulado en el nuevo convenio”. Como explica F. Durán López: ‘Ultraactividad: sentido y alcance. Una propuesta de contractualización limitada de condiciones laborales pactadas colectivamente’, RL, núm. 9, (2014). Vid., S. González Ortega: ‘Vigencia y ultraactividad de los convenios colectivos’, TL, núm. 76, (2004). Vid., L. E. De la Villa Gil: ‘Ultraactividad agotada y aplicación empresarial selectiva del convenio fenecido’, en AA.VV., El Derecho a la negociación colectiva. Liber

Premisas de la regulación legal

que limita a un año la ultraactividad del convenio colectivo, salvo pacto en contrario, tiene esta lectura. Está claro que el contenido de los convenios colectivos residualmente aplicables porque están en fase de ultraactividad a menudo no se corresponde ni con las necesidades de las empresas y tampoco necesariamente con las de los trabajadores comprendidos en la correspondiente unidad de negociación y por tanto estos convenios colectivos no pueden cumplir eficazmente con la función institucional que tienen asignada en nuestras relaciones laborales. La última intervención del legislador pretendió, por tanto, dinamizar en este aspecto la práctica negocial para que los convenios colectivos lleven a cabo una adecuada organización de las relaciones de trabajo, garantizando su eficacia durante su tiempo de vigencia en sus respectivos ámbitos de aplicación.

IV. LA ULTRAACTIVIDAD DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS Y LA ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA La inadecuada estructuración o vertebración de los convenios colectivos en España constituye una característica genética, heredada y adherida a nuestro sistema de relaciones laborales desde el inicio mismo del régimen democrático. Esta vertebración errática entre convenios colectivos y niveles negociales causada, entre otros factores, por la regla legal de la ultraactividad ilimitada de los convenios colectivos ha contribuido en una medida bastante significativa a enquistar en nuestro ordenamiento de la negociación colectiva unidades de negociación que con el paso del tiempo han resultado claramente perjudiciales para el proceso de ajuste de los convenios colectivos tanto a nuestra realidad productiva como a la realidad territorial de nuestra forma de Estado, imposibilitando la consiguiente modernización y racionalización de la estructura de la negociación colectiva8.

amicorum. Profesor Ojeda Avilés, (J. Gorelli Hernández, coord.), Consejo andaluz de relaciones laborales, 2014, con cita literal al profesor Ojeda, manifestando que la ultraactividad favorecerá a los trabajadores cuando el trend económico y legal sea a la baja, mientras que favorecerá a los empresarios cuando la tendencia sea al alza y el próximo convenio pretenda subidas muy fuertes. Similarmente, J. M. Goerlich Peset: ‘La reforma de la negociación colectiva: procedimiento negociador’, en AA.VV, La reforma del sistema de negociación colectiva y el análisis de las cláusulas de revisión salarial, XIX y XX Jornadas de estudio de la

Erik Monreal

Esto que se afirma es especialmente perceptible en el caso de los convenios colectivos de ámbito sectorial provincial, calificados por algunos como auténticos reinos de taifas9. Desde la reforma del mercado de trabajo efectuada en el año 1994 y durante casi veinte años, hasta la reforma de la negociación colectiva efectuada por RD-Ley 7/2011, los convenios colectivos sectoriales provinciales han tenido garantizada su aplicación preferente sobre los convenios colectivos del mismo sector pero de mayor ámbito territorial, esto es, autonómico y/o nacional. Y junto a ello, una vez denunciado el convenio provincial como paso previo a su sustitución por otro del mismo ámbito, la unidad de negociación constituida en ese ámbito provincial tenía garantizada su pervivencia durante todo el tiempo que perdurase la negociación del nuevo convenio del mismo ámbito provincial porque la mera existencia de un proceso negociador, por mucho que se alargase en el tiempo, bastaba para entender aplicable la prohibición de concurrencia por parte de un convenio posterior, prevista como regla general en el artículo 84 ET. En el Capítulo III se analizará más detalladamente la problemática que rodea a la regla legal referente a la prohibición de concurrencia entre convenios colectivos cuando se da la particularidad de que uno de ellos está en fase de ultraactividad. Lo que ahora interesa señalar es que semejante panorama normativo ha originado en nuestro ordenamiento estatal un grado intermedio de centralización de la negociación colectiva causante de tensiones inflacionistas en el precio del trabajo10, absolutamente disfuncionales para la economía interna de las empresas y, en última instancia, también para la política macroeconómica del Estado11. Modificar los términos de esta dinámica siempre ha estado en la mano de los agentes sociales más representativos, tal y como vienen manifestándolo cara al público desde el ya lejano Acuerdo interconfederal para

negociación colectiva, Sevilla, 2006 y La Coruña, 2007, explica que hoy se considera que la ultraactividad es una institución que tiene efectos nocivos sobre la estructura contractual, sobre los contenidos negociales y sobre el propio proceso negociador. Vid., F. Navarro Nieto: La estructura de la negociación colectiva: Marco jurídico y disciplina contractual, Albacete, 2009, quien considera que los sindicatos provinciales están más atentos a la conservación del propio poder dentro de la estructura sindical que a la racionalización del sistema de negociación. Vid., F. Durán López: ‘Ultraactividad: sentido y alcance…’, cit., afirmando que la precedente regulación de la ultraactividad era la causa más significativa de la evolución (inflacionista) de los costos laborales. Vid., al respecto, J. I. Pérez Infante: ‘Las reformas de la negociación colectiva desde una perspectiva económica: naturaleza y resultados’, TL, núm. 120, (2013).

Premisas de la regulación legal

la negociación colectiva, de abril de 1997, que apostaba por potenciar el convenio colectivo sectorial estatal. Sin embargo, no es difícil intuir la resistencia al cambio mostrada en este extremo por parte de las organizaciones sindicales de base provincial12. Y ante este panorama, evidencias como la renuncia ex ante que hacen los propios interlocutores sociales a dotar de eficacia ejecutiva a los compromisos adquiridos al más alto nivel sobre estructuración y articulación de los convenios colectivos –incluidas las medidas consistentes en fortalecer el deber legal de negociar, tan lacónicamente regulado en el art. 89.1 ET–, apostando en su lugar por la senda de las recomendaciones a los negociadores de ámbito inferior13, sin eficacia alguna más que la meramente endoasociativa14, son circunstancias que parecen haber quedado instaladas en la médula de los procesos de negociación en la cumbre y que impiden hablar de una voluntad real, más allá de declaraciones cosméticas15 o del significado político del acuerdo interconfederal finalmente adoptado16, de nuestros agentes sociales más representativos en el panorama estatal o de Comunidad autónoma de 12

Similarmente, I. García Perrote: ‘La reforma de la regulación legal de la negociación colectiva: estructura y contenido, en AA.VV, La reforma del sistema de negociación colectiva y el análisis de las cláusulas de revisión salarial, cit., subraya que pese a que parece unánime la opinión de la deseable desaparición de los convenios provinciales, el caso es que ni desaparecen ni parece haber visos de que ello pueda suceder, algo que probablemente se deba a la pérdida de poder e incluso riesgo de desaparición que la eliminación de los convenios provinciales podría suponer para las organizaciones empresariales y sindicales de ámbito provincial. Sobre el carácter obligacional del AINC’97, I. García Perrote: ‘La reforma de la regulación legal de la negociación colectiva: estructura y contenido’, cit.. Vid., F. Valdés Dal-Ré: ‘El Acuerdo interconfederal para la negociación colectiva 2002, desde la perspectiva jurídica’, en AA.VV., Nuevas relaciones laborales y negociación colectiva, XV Jornadas de estudio sobre negociación colectiva, Madrid, 2002, matizando que esta responsabilidad solo se predica respecto de las organizaciones sindicales confederadas con la estructura a la que pertenecen. De sucesivos e inocuos Acuerdos interconfederales para la negociación colectiva, o meras declaraciones de intenciones, generalistas, habla M. A. Falguera Baró: ‘La reforma de la negociación colectiva, ¿para qué?’, La factoría, núm. 54, (2011). Vid., J. Cruz Villalón: ‘La nueva hornada de Acuerdos interconfederales para la negociación colectiva: 2002, 2003 y 2004’, en AA.VV, Nuevos problemas de la negociación colectiva, XVI Jornadas de estudio de la negociación colectiva, Madrid, 2003, explicando que los sucesivos Acuerdos interconfederales para la negociación colectiva que empezaron a ser adoptados desde el año 2002 tienen gran significado político porque apuestan por un contexto de negociación colectiva sin injerencias estatales y por su valor pedagógico, porque transmiten el mensaje a los poderes públicos y a la sociedad en general de que los propios interlocutores sociales son capaces de fijar por sí solos las pautas de desarrollo de los procedimientos y de los propios contenidos de la negociación colectiva.

Erik Monreal

gobernar ellos mismos, desde arriba y con carácter vinculante, el proceso de adecuación de la estructura de la negociación colectiva a la realidad que marca nuestra actualidad socio productiva. Ante un contexto como el descrito, tanto la reforma laboral efectuada por el RD-Ley 7/2011 –en el origen de esta reforma estuvo el fracaso del Primer Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, del año 2010, adoptado por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT17– como la reforma efectuada por la Ley 3/2012 incluyeron, en relación con el derecho a la negociación colectiva, diversas medidas normativas que convergían en el objetivo –no declarado expresamente– de arrinconar al convenio colectivo sectorial de ámbito geográfico provincial18. Por un lado, desde el año 2011 la concurrencia descentralizadora respecto de los convenios colectivos de ámbito estatal prevista y regulada en el viejo artículo 84.2 ET pasa a quedar exclusivamente permitida, pese a los defectos técnicos en la redacción del artículo 84.3 ET19, solo a los convenios colectivos de ámbito geográfico autonómico, salvo pacto en contrario adoptado en la cumbre conforme a lo previsto en el artículo 83.2 ET. Desde ese año 2011, por tanto, lo que puedan establecer los convenios colectivos de ámbito estatal/autonómico vincula plenamente a los sujetos colectivos existentes en las unidades de negociación provinciales20, salvo pacto en contra adoptado ex artículo 83.2 ET. Por otro lado, una novedad de la Ley 3/2012 consistió en reconocer en el artículo 84.2 ET una prioridad aplicativa temporalmente incondicionada de los convenios colectivos de ámbito

Según explica M. E. Casas Baamonde: ‘Reforma de la negociación colectiva en España y sistema de relaciones laborales’, Cuadernos de Relaciones laborales, núm. 2, (2014). Explicando que ahora se considera que el convenio colectivo provincial es poco apropiado desde el punto de vista económico y de diseño general de nuestras relaciones laborales porque la ley favorece bien un sistema centralizado (convenio estatal), o descentralizado (empresa), pero en ningún caso intermedio (provincial), J. Cruz Villalón: ‘Estructura y concurrencia de niveles negociales dentro de un nuevo marco normativo’, en AA.VV., Estructura de la negociación colectiva, XXVII Jornadas de estudio sobre negociación colectiva, Madrid, 2014. Vid., al respecto, S. del Rey Guanter: ‘La estructura de la negociación colectiva: el papel del convenio de empresa’, en AA.VV., La reforma laboral de 2012, XXV Jornadas de estudio sobre negociación colectiva, Madrid, 2012, explicando que cuando el legislador se refiere a los convenios “en el ámbito” de una Comunidad autónoma puede interpretarse que está incluyendo a todos los ámbitos que pueden darse en la misma, y muy especialmente el provincial. En el mismo sentido, J. Cruz Villalón: ‘Estructura y concurrencia de niveles negociales dentro de un nuevo marco normativo’, cit. Vid., S. González Ortega: ‘La negociación colectiva en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral’, TL, núm. 115, (2012), hablando de que los convenios provinciales están destinados a perder protagonismo.

Premisas de la regulación legal

empresarial sobre cualquier otro convenio de ámbito superior, limitada a una serie de materias que constituyen el núcleo de la organización del trabajo en cualquier ámbito de actividad. Estas dos medidas descritas han resultado efectivamente determinantes, tal y como reconoce la Audiencia Nacional21, para propiciar la activación de un proceso de sustitución de convenios colectivos sectoriales de ámbito geográfico provincial por otros convenios colectivos negociados tanto a escala empresarial como a escala autonómica y/o nacional22. Estas dos reglas expuestas –apuesta por los convenios colectivos estatales/autonómicos y potenciación de la negociación colectiva al nivel de empresa– se instalan en la misma lógica de restar protagonismo a los convenios colectivos de ámbito territorial provincial, promoviéndose, por un lado, una importante centralización de la negociación colectiva a escala estatal/autonómica cuando se trata de convenios colectivos de ámbito supraempresarial, mientras que a niveles inferiores, por otro lado, se favorece el protagonismo del convenio de empresa23. Pues bien, a mi modo de ver, esta misma lógica de postergación de los convenios colectivos de ámbito geográfico provincial puede apreciarse también en la modificación de la regla de la ultraactividad de los convenios colectivos efectuada por la Ley 3/2012. Esta Ley hizo que la ultraactividad legal de los convenios colectivos dejase de ser ilimitada en el tiempo, manteniéndola exclusivamente durante un año desde el día de la denuncia del convenio colectivo, salvo pacto en contrario. Si transcurre ese año y no se ha logrado un nuevo convenio colectivo sustitutorio del primero o, en su caso, un laudo

Vid., SAN 28.09.2016 (rec. núm. 211/2016): “… el legislador decidió, en la nueva regulación de la negociación colectiva, iniciada por el RDL7/2011 y continuada por el RDL 3/2012, actualmente Ley 3/2012, restringir de nuevo el margen de intervención de la autonomía colectiva para establecer la estructura de la negociación y en lugar de permitir la prevalencia de convenios sectoriales de ámbito territorial limitado, como hizo en el año 1994, ha reducido las posibilidades de inaplicación de la regla <prior in tempore> del art. 84 ET al ámbito autonómico, lo cual comporta, por una parte, una reducción de las oportunidades de descentralización de la negociación colectiva y una incentivación de la fórmulas centralizadoras de la negociación colectiva (…) y ha impuesto la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales en relación con determinadas materias”. F. J. Calvo Gallego: ‘El impacto de las últimas reformas laborales sobre la estructura de la negociación colectiva’, TL, núm. 120, (2013), considera que las reformas de 2011 y 2012 buscan postergar a medio y largo plazo a los convenios sectoriales provinciales y fortalecer a la negociación sectorial más centralizada. Vid., al respecto, S. del Rey Guanter: ‘La estructura de la negociación colectiva: el papel del convenio de empresa’, cit.

Erik Monreal

arbitral el convenio colectivo denunciado cae definitivamente y, en su lugar, pasa a aplicarse el convenio colectivo de ámbito superior. A mi juicio, por mucho que la regla anterior tenga inmediatamente por objeto directo la renovación de los contenidos de los convenios colectivos, la caída definitiva del convenio colectivo consecuencia del fin de su término de ultraactividad y la consiguiente aplicación del convenio colectivo de ámbito superior puede provocar, aunque no necesariamente lo hará en todos los casos, la caída también definitiva de la correspondiente unidad de negociación24. Más adelante habrá ocasión de comprobar que la caída del convenio colectivo por transcurso de su plazo máximo legal de ultraactividad y la consiguiente aplicación del convenio colectivo de ámbito superior es una regla legal muy problemática como consecuencia de que puede no existir coordinación entre ambos convenios colectivos y el de ámbito superior puede no cubrir u ocuparse de la totalidad de las materias reguladas en el convenio colectivo fenecido, lo que entre otras consecuencias comportará que sea difícil afirmar que la unidad de negociación correspondiente al convenio fenecido ha quedado definitivamente amortizada. Ahora,

En el mismo sentido, afirmando que el fin de la ultraactividad permite la neutralización de la unidad claudicante y, en poco tiempo, su desaparición del mapa convencional, al aportar al empresario argumentos de oposición a su resurgir, C. Molina Navarrete: ‘<Caducidad> de la <garantía de ultra-actividad> normativa de los convenios: ¿En serio es una <cuenta atrás> hacia el <abismo laboral> español?’, TL, núm. 121, (2013). También, S. Olarte Encabo: ‘La ultraactividad de los convenios colectivos antes y después del 8 de julio de 2013. Debate doctrinal y primeras interpretaciones judiciales’, RL, núm. 12, (2013), habla de pérdida de especifidad de la unidad poco eficiente. En la misma línea, T. Sala Franco: ‘La duración y la ultraactividad de los convenios colectivos’, AL, núm. 10, (2013); F. Durán López: ‘Ultraactividad: sentido y alcance…’, cit., afirmando éste último que en otro caso, la sucesión entre convenios colectivos que ha tenido lugar por mandato de la ley se vería seriamente condicionada; y A. Cámara Botía y J. Gil Plana, Denuncia y ultraactividad del convenio colectivo, Valencia, 2015. En contra, Mª. E. Casas Baamonde, M. Rodríguez-Piñero y F. Valdés DalRé: ‘El agotamiento de la ultraactividad del convenio colectivo’, RL, núm. 9, (2013), manifestando que con la desaparición del convenio no desaparece la unidad de negociación ni la obligación de negociar que adquiere un contenido propiamente material, y no meramente formal; en el mismo sentido contrario, J. Gorelli Hernández: ‘Sobre la eficacia de los convenios colectivos una vez agotada su vigencia’ (I y II), Aranzadi doctrinal, núms. 6 y 7, (2014); Mª. E. Casas Baamonde: ‘Reforma de la negociación colectiva en España…’, cit., habla de que en estos casos la unidad no decae porque sigue tratándose de revisar un convenio colectivo ya vencido; C. L. Alfonso Mellado: La ultraactividad de los convenios colectivos: una propuesta integral, Albacete, 2015, justificando su opinión contraria en que la aplicación del convenio superior es una solución transitoria legalmente arbitrada para evitar el vacío de regulación.