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TRATAMIENTO PENAL DE LA DELINCUENCIA SEXUAL Comparativa entre los sistemas norteamericano y europeo

Directora

Margarita Roig Torres

Profesora Titular de Derecho penal Universitat de València

Valencia, 2014


Copyright ® 2014 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web http://www.tirant.com/mex/

© Margarita Roig Torres y otros

© TIRANT LO BLANCH MÉXICO EDITA: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Leibnitz 14 Colonia Nueva Anzures Delegación Miguel Hidalgo CP 11590 MÉXICO D.F. Telf.: (55) 65502317 infomex@tirant.com http://www.tirant.com/mex/ http://www.tirant.es ISBN: 978-84-9053-655-1 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.


Índice Presentación.............................................................................................. 9 Margarita Roig Torres Profesora Titular de Derecho Penal Universitat de València

Tratamiento de la delincuencia sexual en EEUU........................................ 13 Ana Teresa Carazo Johanning Subdirectora, Centro para la Administración de Justicia Florida International University

Los delitos sexuales en Italia. Problemas y perspectivas............................. 33 Alberto Cadoppi Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Parma

Algunas especialidades en el proceso penal por delitos sexuales................ 59 Esteban Solaz Solaz Magistrado especialista en el orden penal. Doctor en Derecho Audiencia Provincial de Castellón

Tratamiento práctico de los delitos contra la libertad sexual. Especial referencia a los abusos sexuales a menores................................................... 79 Adoración Cano Cuenca Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia

Delincuencia sexual: reforma y ejecución penal......................................... 111 Cristina Rodríguez Yagüe Profesora Contratada. Doctora de Derecho penal Universidad de Castilla-La Mancha

¿Qué podemos hacer con los delincuentes sexuales? ¿Qué opina al respecto la ciudadanía?....................................................................................... 161 Tàlia González Collantes Doctoranda y Licenciada en Derecho y en Criminología por la UV

María del Carmen Jiménez Antolín Psicóloga y profesora asociada de Psicología de la UV

Yolanda Sáez Díaz Doctoranda y Licenciada en Psicología y en Criminología por la UV

Cristina López López Doctoranda y Licenciada en Psicología y en Criminología por la UV


PRESENTACIÓN Margarita Roig Torres

Profesora Titular de Derecho Penal Universitat de València

En los últimos años un grupo de profesores del Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de Valencia, venimos desarrollando un Proyecto de Investigación sobre “Derecho penal de la peligrosidad y medidas postdelictuales para prevenir la reincidencia en delitos Sexuales y de violencia de Género” (DER2012/38983), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. En el marco de este proyecto realizamos en mayo de 2012 un «Seminario Internacional sobre las Medidas de Prevención de la Reincidencia en la Violencia de Género», en el que contamos con la intervención de expertos de nuestro país y de reconocidas Universidades extranjeras. Mas tarde, con el fin de abordar el primer segmento de delincuencia, los días 21 y 22 de marzo de 2013 celebramos el “Congreso Internacional sobre el Tratamiento Penal de la Delincuencia Sexual”, que al igual que el anterior tuve el orgullo de dirigir dado el distinguido prestigio de todos sus ponentes. El objetivo en ambos fue analizar estos delitos y sus medidas de prevención desde una vertiente legal y práctica, tanto en el ámbito nacional como, sobre todo, en el Derecho comparado. La delincuencia sexual es uno de los sectores de criminalidad que genera una mayor preocupación social y también uno de los que más reformas ha experimentado en los últimos años. Como es sabido, la LO 5/2010, de 22 de junio, introdujo la medida de libertad vigilada aplicable a los condenados por estos delitos para su cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad. Además, el Proyecto de reforma del Código penal actualmente en trámite prevé para estas infracciones la llamada custodia de seguridad, una medida que en caso de llegar a buen puerto permitiría internar de nuevo al condenado a continuación de la prisión. Amén del incremento de las penas de estos delitos operado en los últimos años, especialmente en las conductas que atañen a menores. Todas estas disposiciones forman parte del ya consagrado como “Derecho penal de la seguridad”, donde el estado


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busca dar respuesta a la inseguridad de los ciudadanos como objetivo prioritario de la política criminal, sacrificando en algunos casos principios esenciales de nuestro ordenamiento punitivo. Bien es cierto que algunas de esas normas son producto de directrices europeas que prescriben un endurecimiento de la respuesta frente a este tipo de conductas. Por otra parte, mediante esa dinámica represiva el legislador sigue la senda de otros países, que aplican a los delincuentes sexuales sanciones extremadamente duras, como sucede en el sistema británico donde en algunos casos conllevan penas de cadena perpetua, imponiendo incluso el cumplimiento de por vida, sin posibilidad de revisión salvo por motivos compasivos. Aunque a raíz de la postura adoptada por el Tribunal Europeo en la reciente sentencia del caso Vinter, de 9 de julio de 2013, esa regulación habrá de ser corregida. En general, se advierte pues una tendencia a aumentar los mecanismos de control y el castigo de esos infractores en aras de la seguridad y la tranquilidad ciudadana. A la vista de la extraordinaria importancia del tema y de la proliferación de las modificaciones legislativas abordadas en este campo, nos pareció de sumo interés conocer el tratamiento que se da a estos delitos en otros países, con el fin de cotejarlo con nuestro ordenamiento y de valorar las vías más adecuadas para evitar la reiteración delictiva. Para ello, invitamos a eminentes especialistas en la materia, tanto nacionales como extranjeros: Dña. Ana Carazo Johanning, Subdirectora del Centro para la Administración de Justicia de la Universidad Internacional de Florida. D. Alberto Cadoppi, Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Parma. Dña. Shlomit Wallerstein, Profesora de Derecho penal de la Universidad de Oxford. Dña. Maria Luisa Cuerda Arnau, Catedrática de Derecho penal de la Universitat Jaume I de Castelló. D. Esteban Solaz Solaz, Magistrado de la Audiencia Provincial de Castellón. D. Pedro Castellano, Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. Dña. Adoración Cano, Fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia. Y, D. Enrique Orts Berenguer, Catedrático de Derecho penal de la Universitat de Valencia y Director del Instituto de Criminología y Ciencias Penales de la Universitat de Valencia. Asimismo, se presentaron diversas comunicaciones sobre el tema elaboradas por profesionales de distintos ámbitos. Entre ellas, se se-


Presentación

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leccionaron aquellas que se consideraron de mayor interés, exponiéndose en la última sesión del Congreso. La intervención de personas destacadas tanto del ámbito teórico como de la praxis judicial, nos permitió obtener una visión global no sólo de la regulación de estos delitos y de las medidas adoptadas para prevenir la reincidencia, sino también de su operatividad práctica. Además, la participación de profesores de otras Universidades nos aportó información sumamente útil de cara a la valoración de nuestra regulación y de las reformas que se están acometiendo en este ámbito. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los ponentes que participaron en el Congreso, no sólo por los interesantes conocimientos que nos aportaron, sino también por su absoluta disposición a facilitar la organización del acto. Además, quiero hacer extensivo mi reconocimiento a Enrique Orts Berenguer, que como Director del Instituto de Criminología y Ciencias Penales de la Universitat de Valencia nos prestó una constante ayuda. Del mismo modo mi gratitud es también para Tàlia González Collantes, Secretaria del Congreso, que se ocupó con total profesionalidad de todas las gestiones. Igualmente, quiero hacer mención a las instituciones patrocinadoras: el Instituto de Criminología y Ciencias Penales de la Universitat de Valencia, el Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Proyecto de investigación concedido, la Universidad de Valencia, la Facultad de Derecho y el Departamento de Derecho penal. En esta pequeña obra he querido recoger algunas de las consideraciones realizadas por los ponentes a lo largo del Congreso, en la medida en que tengo la certeza que aportarán algo de luz respecto al tema de la delincuencia sexual y proporcionarán ideas para la mejora del sistema actual. Asimismo se incorporan dos de las comunicaciones que se expusieron.


TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA SEXUAL EN EEUU Ana Teresa Carazo Johanning

Subdirectora, Centro para la Administración de Justicia Florida International University

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. MANIFESTACIONES DE LAS TENDENCIAS AL CASTIGO. 1. Sanciones, medidas post-condenatorias y leyes de depredadores sexuales violentos. 2. Los Registros públicos de delincuentes sexuales. Obligaciones de inscripción, información de cambios de domicilio a autoridades policiales, limitaciones laborales y residenciales. 3. La represión de los instintos sexuales del agresor, terapias anti-andrógenos.

I. INTRODUCCIÓN El tratamiento de la delincuencia sexual en los Estados Unidos ha tenido variaciones en cuanto a su enfoque en las últimas décadas. Cambios que se han manifestado no sólo desde el punto de vista de la criminalización de conductas y su penalidad sino que también han tenido un impacto directo en el tratamiento mismo de los condenados por delitos sexuales. Los cambios en el enfoque han venido teniendo un gran impacto y sus consecuencias están siendo cada vez más evidentes en la medida en que cada vez es mayor y más notable la introducción de controles y limitaciones en el ámbito social o de desenvolvimiento del delincuente sexual. Es decir, cada vez es más evidente la existencia de una expansión del control que se ejerce sobre el delincuente y su ámbito social que se traduce en la imposición de una amplia gama de controles e intervenciones que son impuestas en sentencia algunas y otras lo son post-condena o post-cumplimiento de condena. Esta expansión de controles que ocurre en los Estados Unidos no deja de ser producto de una tendencia general de castigo que se manifiesta en la imposición de sanciones más fuertes y que es producto también de factores únicos que se han venido argumentando, no necesariamente presentes en otras reformas penales similares, pero que han servido de fundamento para el castigo de delincuentes sexuales,


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como lo son la enfermedad mental, el desorden mental y la personalidad psicópata, que básicamente están ligados a afectaciones de la capacidad volitiva que hacen que el sujeto sea peligroso y sin capacidad de autocontrol1. La existencia de estos controles y sanciones más fuertes es explicable igualmente dentro de una perspectiva de “daño penal” (penal harm) o de “intención de causarle dolor al agresor con el fin de reforzar la sanción y producir un efecto disuasorio”2, presente en los Estados Unidos en virtud del impacto que en el medio social han tenido los casos que han dado lugar a los movimientos políticos y sociales que han promovido con éxito las reformas legales que con posterioridad mencionaremos. Por otra parte, además, este enfoque del tratamiento de los delincuentes sexuales con mayores controles y sanciones más fuertes es inteligible como contraposición a anteriores perspectivas que tendían a minimizar el impacto de los delitos sexuales en las víctimas. Con anterioridad a este enfoque de peligrosidad criminal, los Estados Unidos se encontraban en un estadio que algunos autores han dado en llamar el período de los “malos viejos tiempos” (bad old days)3. Período durante el cual tanto la legislación penal norteamericana como los mismos agentes de la ley enviaban mensajes inconsistentes o contradictorios sobre la violencia sexual y los delitos sexuales. Algunas conductas eran consideradas como una molestia, otras como tratables y una minoría como infracciones que merecían sanciones equivalentes a las de otros delitos serios. Gradación del daño o de la peligrosidad de las conductas que si bien perduró por un periodo significativo de tiempo, es difícil de encontrar dentro de los esquemas de castigo predominantes en la actualidad. Es el caso, por ejemplo 1

2

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Véase al efecto Heller v Doe, 509 U.S. 312, 1993; Allen v. Illinois, 478 U.S. 364,1986; Minnesota ex rel. Pearson v. Probate Court of Ramsey City, 309 U.S. 270, 1940. Véase por ejemplo, CLEAR, T. R., “Harm in American penology: Offenders, victims and their communities”, Albany NY, State University of New York Press, 1994, página 14. También ver CULLEN, Francis, “Assessing the penal harm movement”, Journal of Research in Crime and Delinquency, 32 (3), páginas 338358. LEON, Chrysanthi, “Sex offender punishment and the persistence of penal harm in the US”, International Journal of Law and Psychiatry, 324, 2011, página 177.


Tratamiento de la delincuencia sexual en EEUU

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de los hechos violentos ocurridos en el hogar, hoy constitutivos de delitos de violencia doméstica, o la violación con la aceptación del “date rape”. Resumiendo las manifestaciones de las tendencias al castigo de mayor relevancia en cuanto al tratamiento de la delincuencia sexual en los Estados Unidos – privaciones de libertad prolongadas (en algunos casos indeterminadas), – prolongadas privaciones de libertad como pena, – prolongadas privaciones de libertad con una finalidad de protección social y de prevención de conductas delictivas postcumplimiento de condena, – internamientos civiles, – creación de registros públicos federales de agresores o delincuentes sexuales, – obligación de reportar domicilio ante autoridades policiales, – restricciones a áreas de residencia, – prohibiciones para el ejercicio de ciertas labores y/o profesiones, – terapias con anti-andrógeno

Esta presentación pretende abordar el tratamiento de la delincuencia sexual en los Estados Unidos desde la lógica histórica que ha dado lugar a privaciones de libertad prolongadas (en algunos casos indeterminadas), tanto como pena como con una finalidad de protección social y de prevención de conductas delictivas post-cumplimiento de condena; a los internamientos civiles; a la creación de registros públicos de agresores o delincuentes sexuales tanto a nivel estatal como federal; a la obligación impuesta a los condenados por delitos sexuales e inscritos en los registros públicos de reportar los cambios de domicilio a las autoridades policiales correspondientes; al establecimiento de restricciones a áreas residenciales (imposibilidad de residir dentro de determinados perímetros aledaños a escuelas y colegios); a prohibiciones para el ejercicio de ciertas labores y/o profesiones; y a otras medidas como las terapias con anti-andrógenos cuya finalidad es la


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reducción o eliminación de los instintos sexuales del agresor (también llamada castración química). En estas líneas no se pretende ser exhaustivo en el abordaje del tema sino más bien presentar un panorama general de la situación actual.

II. MANIFESTACIONES DE LAS TENDENCIAS AL CASTIGO Estadisticas oficiales en cuanto a delincuencia sexual en los Estados Unidos que influyen en las políticas de castigo – 728,436 delincuentes sexuales privados de libertad – 62% de los delincuentes arrestados por delitos sexuales son re-arrestados – 1 de cada 4 niñas sera víctima de un delito sexual antes de cumplir los 16 años – 1 de cada 4 niños sera víctima de un delito sexual antes de cumplir los 16 años

Conviene recordar que cada cultura, a lo largo de la historia, ha buscado definir los comportamientos sexuales inaceptables o delictivos de manera que los mismos reflejen las creencias y costumbres prevalentes. Es en función de esos valores que las sociedades hacen las correspondientes determinaciones y correlaciones de sanciones y penalidades a imponer a los delincuentes sexuales, que no suelen ser ni uniformes ni estáticas y que, por el contrario, tienden a variar y a evolucionar entre culturas y generaciones4. No siendo los Estados Unidos una excepción, es necesario tenerlo presente al analizar el tratamiento que se le ha dado a la delincuencia sexual tanto en relación con la imposición de sanciones como con el establecimiento de medidas tendientes a la prevención de la reincidencia.

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EAST, W.N., “Sexual Offenders-A British view”. Yale Law Journal, 55, April 1946, página 528.


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Las estadísticas oficiales que son utilizadas para justificar las políticas de castigo vigentes en los Estados Unidos indican que hoy día hay 728,436 privados de libertad por delitos sexuales; el 62% de los delincuentes sexuales que cometen abusos a menores son arrestados nuevamente por reincidencia; el promedio de menores afectados por un delincuente sexual de menores en serie es de 360 a 380 y se estima que 1 de cada 4 niñas será víctima de un depredador sexual de menores antes de cumplir los 14 años y que 1 de cada seis niños lo será antes de cumplir los 16 años; y que cada año desaparecen en los Estados Unidos 2,100 menores. Consecuentemente, la visión que se tiene del delincuente sexual es de que es un monstruo5 y que por tanto las medidas a tomar son aquellas que permitan mantener al sujeto controlado y alejado. Lejos están las consideraciones de resocialización, o reinserción social.

1. Sanciones, medidas post-condenatorias y leyes de depredadores sexuales violentos La década de los 90 presenta cambios significativos en el tratamiento de los delincuentes sexuales peligrosos, establecimiento de sanciones y de medidas post-condena. Opera un cambio en la política criminal en materia de delitos sexuales que fundamentalmente se basa en la rehabilitación y el tratamiento del delincuente y comienzan a aparecer leyes contra los depredadores sexuales violentos que reflejando descontentos sociales importantes imponen penalidades altas, incluyendo, en algunos casos, la cadena perpetua y los internamientos indefinidos. Esos cambios se inician en la costa oeste de los Estados Unidos, específicamente el estado de Washington en 1990 con la llamada Ley de Protección de la Comunidad (Community Protection Act) y han continuado hasta épocas mas recientes con la entrada en vigor en el 2007 de la Ley Adam Walsh de Protección a la Infancia.

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Véase al efecto DOUARD, John, “Loathing the sinner, medicalizing the sin: why sexualy violent predators are injust” International Journal of Law and Psychiatry, 30, 2007, páginas 36 a 48 y SCHULTZ, Pamela, “Not monsters: analyzing the stories of child molesters”, Rowman & Littlefield Publishers, enero 2005, páginas 20-25.


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La Ley de Protección a la Comunidad se produce como consecuencia de dos casos que causaron sensación en la comunidad pues fueron realizados por delincuentes sexuales, uno en libertad condicional y otro recientemente liberado. La ley promovida por la Comisión Especial estructurada por el Gobernador Gardner introduce dos conceptos importantes y que posteriormente se desarrollarán con más detalle. El primer concepto es el de los registros de delincuentes sexuales y el segundo el relativo a las medidas de internamiento civil involuntario o internamiento civil. Ambos conceptos merecen ser destacados desde un inicio pues han sido importantes medidas en el tratamiento de la delincuencia sexual en los Estados Unidos que tienen como finalidad y objetivo la ubicación y control de los delincuentes sexuales y la exclusión de los delincuentes sexuales violentos (peligrosos) mediante la prolongación de los encarcelamientos de las personas condenadas por este tipo de delitos (pese a haber cumplido la pena impuesta) y el internamiento de los imputados por delitos sexuales pero encontrados no culpables por razones de incapacidad. Todo ello en razón de su peligrosidad. En la actualidad, la normativa que hace posible la prolongación de la privación de libertad del condenado por delitos sexuales y el internamiento civil de un delincuente sexual peligroso se encuentra en las llamadas leyes contra Depredadores Sexuales Violentos (Sexually Violent Predators Acts), conocidas por sus siglas en ingles SVPA. Se argumenta que estas leyes, amén de su carácter regulatorio, son manifestaciones expresas de un disgusto social en contra el delincuente sexual, un temor a la reincidencia y a ser contaminado por los delincuentes sexuales6. De igual manera se sostiene que la concepción de que el delincuente sexual o de que el agresor sexual es un monstruo se encuentra presente en la legislación norteamericana vigente que regula el internamiento civil involuntario de los mismos7. Conforme a este cuerpo normativo un delincuente sexual puede permanecer privado de libertad pese a haber cumplido la totalidad de la pena impuesta si por sus condiciones de peligrosidad así se re6

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Véase al efecto, KRISTERVA, Julia, “Powers of Horror: An Essay on Abjection”, 1982, páginas 358-259. Véase por ejemplo SCHULTZ, Pamela, “Not monsters: analyzing the stories of child molesters”, Rowman & Littlefield Publishers, enero 2005, páginas 20-25.


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quiere. Al efecto, se establecieron procedimientos de seguimiento y evaluación de los delincuentes sexuales en los centros de reclusión. Si después de evaluarlos se considera que por razones de peligrosidad no es conveniente su puesta en libertad, treinta días antes de la fecha en que deben ser liberados, las autoridades deben notificarles la apertura de un procedimiento que conlleva la formalización de la solicitud por parte de la fiscalía de la jurisdicción que corresponda a las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales correspondientes y la realización de un proceso sumario. En cumplimiento de las normas del debido proceso, se procede a la realización de una audiencia oral y pública en sede judicial en donde son evacuadas las pruebas que sustenten la peligrosidad del delincuente sexual y la petitoria fiscal para la continuación de la privación de libertad y las pruebas que la defensa aporte a fin de que la autoridad judicial correspondiente tome la decisión respecto al internamiento solicitado. En diecisiete (17) de los cincuenta (50) estados de los Estados Unidos y en el Distrito de Columbia (Washington DC) una persona que haya sido condenada por uno o más delitos sexuales violentos puede ser internada civilmente, en contra de su voluntad, al termino del cumplimiento de la pena impuesta si ésta padece de un desorden mental que pueda hacer factible su reincidencia. Estos estados son: New Jersey, Kansas, Virginia, Washington, Illinois, Florida, California, Massachussets, Wisconsin, Minnesota, Iowa, North Dakota, Arizona, Missouri, South Carolina y Texas. Otros estados como New York y Maine están considerando leyes similares. Si bien en 1992, en Foucha v. Lousiana, la Corte Suprema estableció que una persona encontrada no culpable por razones de incapacidad o enfermedad mental y sujeta a una medida de internamiento por razones de su enfermedad mental tiene derecho a su libertad y a que cese su privación de libertad si ya no se encuentra mentalmente enferma, aun cuando pueda ser una persona peligrosa por otras razones8, en lo que a delitos sexuales se refiere, la situación es diferente. En Kansas v. Hendricks la Corte Suprema estableció que una persona que haya sido encontrada no culpable de haber cometido un delito sexual por razones de incapacidad o enfermedad mental, o una persona

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Foucha v. Louisiana, 504 U.S. 71, 82-83 (1992).


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encontrada culpable de haber cometido un delito sexual (delincuente sexual) puede ser internada civilmente de manera preventiva9 luego de haber descontado su sentencia condenatoria. En términos generales, las leyes vigentes obligan al Estado a demostrar que el delincuente sexual reúne los estándares de peligrosidad establecidos en 1983 por la Corte Suprema en Barefoot v. Eselle. Al efecto, debe establecerse que el delincuente sexual ha mostrado tener una anormalidad mental o un trastorno de personalidad que le predispone a la violencia sexual y que ha mostrado ser peligroso y estar en necesidad de tratamiento10. Aunque debiera ser fundamental para la demostración de peligrosidad el probar la existencia de una enfermedad mental, en 1997, en Kansas v. Hendricks, la Corte Suprema definió que el Estado lo que debe establecer es que la persona “sufre” de una “anormalidad mental” o un “desorden de personalidad” que afecta su capacidad cognitiva, emocional o volitiva de tal manera que hace que sea altamente posible su reincidencia11. Es decir, para el caso del delincuente sexual, no es necesario establecer la existencia de una enfermedad mental para su confinamiento o internamiento civil indefinido, sino únicamente la existencia de una anormalidad mental o de un desorden de personalidad, teniendo entonces el delincuente sexual un derecho a la libertad disminuido frente a los otros tipos de delincuentes, pues si tiene una “anormalidad mental” aunque no esté “mentalmente enfermo” puede permanecer internado civilmente, privado de su libertad, como lo establecen las leyes contra Depredadores Sexuales Violentos. No obstante, en Kansas v. Hendricks la Corte Suprema de los Estados Unidos no llegó a aclarar la diferencia entre “anormalidad mental” y “enfermedad mental”, sí reconoció que las limitaciones a la capacidad volitiva son un estado mental lo cual permite que se de la dualidad de que una persona pueda ser encontrada no culpable por razones de incapacidad mental y peligrosa más allá de su propio control.

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Kansas v. Hendricks, 521 U.S. 346 (1997). Barefoot v. Estelle, 462 U.S. 880,919 (1983) cita tomada del escrito de Amicus Curiae presentado por la APA. Kansas v. Hendricks, 521 U.S. 358-359 (1997).


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Por otra parte, además, al analizar la constitucionalidad de la Ley de Depredadores Sexuales Violentos de Kansas (Kansas Sexually Violent Predator Act) de 2002, en Kansas v. Crane, la Corte Suprema de los Estados Unidos definió cuándo a un delincuente sexual se le puede prolongar su condición de privación de libertad o bien cuándo procede el internamiento civil involuntario. Esencialmente la Corte Suprema dijo que ello es procedente cuando el desorden mental del delincuente sexual le hace sustancialmente, aunque no completamente, incapaz de controlar su comportamiento sexual trasgresor. Veamos los textos legales y la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Ley de Depredadores Sexuales Violentos de Kansas define al “depredador sexual violento” como: “… cualquier persona que haya sido condenada por o acusada de haber cometido un delito sexual violento y que sufre de una anormalidad mental o desorden de personalidad que hace que la persona sea propensa a involucrarse en la comisión de actos depredadores de violencia sexual”12.

Si bien la ley no define lo que es un desorden de personalidad si establece lo que es anormalidad mental, lo cual es, según lo indica expresamente normativa, “…una condición congénita o adquirida que afecta la capacidad emocional o volitiva que predispone a la persona a cometer delitos sexuales violentos en grado tal que hace que esa persona se constituya en un peligro para la salud y la seguridad de otros”13.

Al declarar la constitucionalidad de la ley, en el caso Kansas v. Crane, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció que el Estado sólo tiene que probar una limitación en la capacidad volitiva sustancial del delincuente sexual para dar sustento al internamiento o a la continuación de la privación de libertad y que un delincuente sexual puede ser internado civilmente cuando el desorden mental le hace sustancialmente, aunque no completamente, incapaz de controlar su comportamiento sexual trasgresor14.

14 12 13

Ley de Depredadores Sexuales Violentos de Kansas, 1994, Sección 59-29a02 (a). Ley de Depredadores Sexuales Violentos de Kansas, 1994, Sección 59-29a02 (b). Kansas v. Crane 534 U.S. 407 (2002).


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Consecuentemente, conforme a la normativa vigente en los Estados Unidos, una misma persona que es condenada por delitos sexuales, pues fue encontrado culpable en un juicio en donde se determinó que tenía la suficiente capacidad de controlar su comportamiento y que por ende es jurídicamente responsable de sus actuaciones y acreedor de la pena a imponer, después de haber cumplido la pena en su totalidad y sin haber cometido otro delito sexual, puede determinársele que se encuentra volitivamente impedida para controlar su comportamiento transgresor sexual y que es persona peligrosa (aunque no enferma mental) y que por lo tanto debe permanecer privada de libertad indefinidamente.

2. Los Registros públicos de delincuentes sexuales. Obligaciones de inscripción, información de cambios de domicilio a autoridades policiales, limitaciones laborales y residenciales Los programas de Registro de Delincuentes Sexuales se crean con el objetivo de que las autoridades tengan capacidad para dar seguimiento a los delincuentes sexuales que se encuentran en libertad, pudiendo establecer su residencia, paradero y actividades. Los registros contienen además de los datos personales, fotografías y lugar de residencia de la persona, una descripción de las actividades por las cuales fueron condenados. La inscripción en estos registros es de carácter permanente y los mismos contienen información relativa a todos los sentenciados por delitos sexuales, incluyendo aquellos que hayan cumplido ya su condena, tanto mayores como menores de edad. La información contenida en estos registros, en la mayoría de los casos, está disponible al público. En algunos casos, al público le es posible acceder a la información allí contenida a través del Internet. En muchas jurisdicciones los delincuentes sexuales inscritos en estos registros están sujetos a restricciones laborales, de residencia o de alojamiento e inclusive de reporte periódico a las autoridades de su sitio de residencia. Los delincuentes sexuales en libertad condicional pueden tener restricciones aun mayores y que no necesariamente se aplican a otros en sus mismas circunstancias. En algunos estados estas limitaciones


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incluyen (o existen propuestas con apoyo importante para que se incluyan), limitaciones o restricciones de estar en presencia de menores, vivir en las inmediaciones de escuelas, colegios o guarderías, poseer juguetes que puedan ser atractivos a niños y jóvenes y, se han llegado a proponer limitaciones al uso y acceso al Internet. Es el estado de California el que, en 1947, crea por primera vez en la historia de los Estados Unidos un programa de este tipo de registro de delincuentes sexuales. Sin embargo, la posibilidad de difundir públicamente la información contenida en los registros al ser liberado un delincuente sexual no se hace realidad sino hasta cincuenta (50) años más tarde. Esto no ocurre sino hasta que el estado de Minnesota inicia el proceso de implementación efectiva de los registros que se conocen en la actualidad. Antes de 1991 no existían registros debidamente organizados que recopilaran la información de los delincuentes sexuales, de manera que, cuando en 1989, un niño de 11 años de edad Jacob Wettering es secuestrado en San José, Minnesota, su búsqueda es organizada, sale a la luz pública que las autoridades no contaban con una lista debidamente estructurada de los delincuentes sexuales ni de su ubicación que les sirviera de base para sus investigaciones. El niño nunca fue encontrado, pero a raíz de su desaparición, se promulgó en 1991, en Minnesota, la Ley de Registro de Delincuentes Sexuales (Minnesota Sex Offender Registration Act). La información base de este nuevo registro surge de la recopilada en las investigaciones del caso Wetterling que hubo de ser generada, clasificada y codificada. El desarrollo de los registros continúa su proceso de avance y en 1994 se promulgan a nivel federal la Ley de Respuesta a Niños Perdidos (Missing Child Response Act), y la llamada Wetterling (Wetterling Act). La primera vino a establecer la obligación de establecer políticas y protocolos para dar una respuesta inmediata a los casos de niños perdidos, la obligación de cooperación de los organismos federales con las entidades estaduales y locales en estos temas, el diseño e implementación de evaluación de los detenidos por delitos violentos de previo a que se realicen las audiencias de excarcelación, el establecimiento de una red de comunicación e intercambio de información inter-agencial para la prevención de los delitos que incluye policías estatales, federales y sector privado. La segunda vino a exigir a todos los estados de la unión americana la promulgación de legislación estatal que obligara a los delincuentes sexuales a inscribirse en los registros


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de delincuentes sexuales estatales que para ese efecto la ley federal les obligó a construir. Es decir la Ley Jacob Wetterling de Delitos contra los Niños y de Registro de Delincuentes Sexuales Violentos (Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Act-Federal 1994 Omnibus Crime Bill) obligó a los estados no sólo a la creación de los primeros programas de registro de delincuentes sexuales, sino a su efectiva puesta en marcha. Veamos un ejemplo Página Informativa conteniendo información de registro

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Veamos un ejemplo Pagina Informativa conteniendo información de registro

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ga a la inscripción en el registro de los delincuentes sexuales, yo seguimiento está a cargo del estado de New Jersey, el que de notificar a la comunidad la llegada de un delincuente sexual


Tratamiento de la delincuencia sexual en EEUU

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mendequas, era un delincuente sexual, tenía antecedentes penales por delitos sexuales y al igual que otros dos delincuentes sexuales vivía cerca de la casa de la familia Kanka sin que la familia hubiese tenido conocimiento de sus antecedentes penales. El hecho causó conmoción no sólo a nivel estatal sino a nivel nacional y, a raíz del mismo, un representante republicano ante la Asamblea General de New Jersey, Paul Kramer, promueve ese mismo año siete proyectos de ley que luego formaron un único cuerpo legal y que se conocen hoy día como la Ley Megan (Megan’s Law). Estas normas fueron aprobadas un mes después de que ocurriera la violación y el asesinato de Megan Kanka. La Ley Megan obliga a la inscripción en el registro de los delincuentes sexuales, crea una base de datos cuyo seguimiento está a cargo del estado de New Jersey, el que además tiene la obligación de notificar a la comunidad la llegada de un delincuente sexual al vecindario. Esta ley estable además la condena de cadena perpetua, sin posibilidad de beneficio de libertad condicional, para todos los acusados de un segundo delito sexual. Si bien los proyectos de Kramer generaron controversia, su principal respuesta ante las críticas fue la de que “Megan Kanda estaría viva hoy” si sus proyectos de ley hubiesen sido ley en el momento en que esos hechos ocurrieron. Las correspondientes normas estatales establecen qué información es la que se pondrá a disposición y cómo debe difundirse. Sin embargo, normalmente la información que se incluye es la relativa al el nombre del delincuente, la foto, la dirección, de residencia y sitio donde trabaja, el día de encarcelamiento, el tipo de delito y la fecha en que es puesto en libertad. Frecuentemente la información es publicada y difundida a través de las paginas web de cada estado, pero también se difunde a través de periódicos, folletos informativos o panfletos y otros medios de difusión que estén a disposición de la autoridades locales. Como se indicara anteriormente, a nivel federal, el equivalente de la Ley Megan es la Ley Wetterling (Wetterling Act). Esta ley, amén de obligar a los Estados a la promulgación de las leyes de registro de delincuentes sexuales, establece obligaciones para los condenados por delitos sexuales en perjuicio de menores (la ley los llama delitos sexuales contra la infancia). Dentro de esas obligaciones se encuentra el deber de informar a las autoridades locales de cualquier cambio de


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