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Alfonso Galán Muñoz

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

ALFONSO GALÁN MUÑOZ FUNDAMENTOS Y LÍMITES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS TRAS LA REFORMA DE LA LO 1/2015

La presente obra trata de dar una visión global, congruente y práctica del sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica establecido en nuestro ordenamiento tras la reforma realizada por la LO 1/2015. A lo largo de las páginas que la componen se analizan tanto los fundamentos generales que, conforme a la normativa vigente, abren la puerta a la posible responsabilidad penal de dichas entidades, como los límites que delimitan sus controvertidas responsabilización y sanción penales, prestando especial atención, para hacerlo, tanto a la polémica jurisprudencial y doctrinal relativa a la fundamentación y naturaleza de su responsabilidad y sanción, como a cuestiones tales, como la referida al papel y los efectos que la introducción de la referencia legislativa a los denominados «Programas de cumplimiento» ha tenido en dicho sistema. Se consigue así dar una visión global y actualizada del panorama normativo vigente en nuestro país referido a este tema, al tiempo que se analizan algunas cuestiones prácticas relativas a la aplicación del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, con el fin de conseguir explicar por qué y de qué manera nuestro ordenamiento jurídico ha superado y relegado al olvido el viejo principio penal de Societas delinquere nec punire potest, por más que algunos se empeñen en tratar de mantenerlo con vida.

monografías

FUNDAMENTOS Y LÍMITES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS TRAS LA REFORMA DE LA LO 1/2015

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

FUNDAMENTOS Y LÍMITES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS TRAS LA REFORMA DE LA LO 1/2015

Prof. Dr. ALFONSO GALÁN MUÑOZ Profesor titular de Derecho Penal Universidad Pablo de Olavide

Valencia, 2017

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A la memoria de mis tíos, Tinín y Dora. Mi añorado puerto seguro.

Índice

I. ORÍGENES Y FUNDAMENTOS DEL CUESTIONAMIENTO DEL VIEJO PRINCIPIO SOCIETAS DELINQUERE NEC PUNIRE POTEST.................................................................... 19

II. EL CAMINO HACIA EL RECONOCIMIENTO NORMATIVO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL................................................................................ 29 1. La controvertida interpretación del sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica del art. 31 bis CP en su versión de la LO 5/210: ¿Hetero- o autorresponsabilidad?........................ 34 2. «Esos irreductibles germanos»: Discurso de resistencia y propuestas alternativas al reconocimiento de una verdadera responsabilidad penal de la persona jurídica................................. 48

III. LA LEY ORGÁNICA 1/2015: LA IRRUPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.. 67 1. La Administración de Justicia ante la responsabilidad penal de la persona jurídica. Fiscalía General del Estado vs Tribunal Supremo....................................................................................... 80 1.1. La Circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado, sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas conforme a la reforma del Código penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015........................................................ 80 1.2. El Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma de la LO 1/2015.......... 84 2. La acogida doctrinal a los posicionamientos de la Administración de Justicia: Un ejemplo de gatopardismo.......................... 97

IV. LOS PILARES NORMATIVOS DE LA POSIBLE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA..................... 119 1. Primer nivel de responsabilidad: La responsabilidad penal de la persona jurídica por los hechos delictivos realizados por sus dirigentes.................................................................................. 121 1.1. Los modelos de organización y gestión preventivos o Compliance programas como condición de la ausencia de responsabilidad penal de la persona jurídica por los delitos de sus dirigentes.......................................................... 129

Índice

1.2. Otros requisitos para la ausencia de responsabilidad penal de la persona jurídica por los delitos de sus dirigentes.................................................................................... 147 2. Segundo nivel de responsabilidad: La responsabilidad penal de la persona jurídica por los hechos delictivos realizados por sus subordinados............................................................................ 159 3. Las propuestas doctrinales de interpretación del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la aprobación de la LO 1/2015 y sus problemas............................................. 175 3.1. Un sistema de responsabilidad de la persona jurídica por hecho ajeno, pero con culpabilidad o punibilidad propias.................................................................................. 176 3.2. La implantación de una «cultura defectuosa de cumplimiento normativo» como posible fundamento de la conducta típica de las personas jurídicas................................ 189 3.3. La existencia de defectos preventivos como posible fundamento de un injusto propio de la persona jurídica........ 198

V. A LA BÚSQUEDA DEL FUNDAMENTO PROPIO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.. 211 1. Deberes preventivos y delitos ajenos: Los referentes básicos del hecho objetivo fundamentador de la posible responsabilidad penal de la persona jurídica...................................................... 212 2. Normas preventivas de conducta, infracción y responsabilidad penal de la persona jurídica...................................................... 225 3. El fundamento subjetivo de la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Dolo o imprudencia de las personas jurídicas?.. 240 4. La ¿pena? de la persona jurídica. Naturaleza, funcionamiento y efectos de la sanción impuesta a la entidad penalmente responsable de un delito............................................................... 257 5. La serie infracción, culpabilidad y sanción colectivas como fundamento del sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas................................................................ 282

EPÍLOGO: LAS SOMBRAS DEL SISTEMA. PROBLEMAS Y CUESTIONES PENDIENTES EN EL SISTEMA ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA............................................. 293 Bibliografía............................................................................................... 305

PRÓLOGO Tras la introducción, realizada por la reforma del Código penal que operó la LO 5/2010, de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la polémica doctrinal sobre la naturaleza y efectos de esta forma de responsabilidad no ha cesado e incluso ha crecido en intensidad tras la posterior reforma operada por LO 1/2015, que introdujo en el Código penal novedades y modificaciones importantes en el régimen establecido en el 2010. Esta polémica ha trascendido también a la praxis, dando lugar a la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y a algunas sentencias del Tribunal Supremo, que muestran severas discrepancias entre sí respecto al sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido tras dichas reformas en el vigente Código penal. En este ámbito cada vez más complejo y enrarecido, se sitúa la presente monografía de Alfonso Galán Muñoz, en la que, a partir de la vigente regulación, se expone una completa teoría dogmática sobre el fundamento y los límites de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para ello se enfrenta, en primer lugar, con las opiniones de quienes todavía consideran que, independientemente de que en el Código penal, después de las reformas antes citadas, se hable claramente de responsabilidad penal y de penas, sigue estando vigente el viejo principio «societas delinquere non potest», por lo que en ningún caso se puede hablar de una verdadera responsabilidad penal, sino de una responsabilidad distinta, más próxima a la civil o a la administrativa, que siempre ha existido. Curiosamente, ninguno de los que así opinan cuestiona que la persona jurídica deba responder también por los delitos que cometan en su ámbito las personas físicas individuales que actúen en su nombre o representación o ejerza funciones de control o vigilancia de sus actividades, sólo que niegan que esta responsabilidad sea de naturaleza penal, que, según ellos, únicamente puede predicarse de la persona física. Son varios los argumentos que se exponen en favor de esta teoría, que Alfonso Galán rechaza, no sólo porque se basan en una concepción puramente ontológica de los elementos de la teoría general del delito,

Francisco Muñoz Conde

tanto de la acción (típica y antijurídica), como de la culpabilidad, hoy ampliamente superada por una concepción normativa de estos conceptos, sino también porque ignoran completamente la necesidad político criminal de que sea el Derecho penal, como ultima ratio del Ordenamiento jurídico, el que responda con su propio arsenal, preventiva y retributivamente, a los graves hechos que cada vez más frecuentemente se cometen a través de, o usando fraudulentamente, la pantalla de la persona jurídica como una argucia más para buscar la impunidad y dificultar la persecución y condena penal. Si ya hace tiempo la doctrina civil y posteriormente la penal elaboraron la teoría del «levantamiento del velo» para desenmascarar a quienes se valían de la persona jurídica para cometer hechos ilícitos, fraudulentos y delictivos, hora es ya que se dé el siguiente paso de incriminar también la persona jurídica misma y exigirle responsabilidad por esos hechos, tanto más cuando en el mundo económico y de las actividades de riesgo son las grandes empresas el grupo más nutrido, importante y poderoso. Como indica Alfonso Galán desde la primera página de su monografía, la «sociedad de riesgo» en la que, según afortunada expresión del sociólogo alemán Ulrich Beck, hace ya tiempo que vivimos, obliga a modificar algunos planteamientos teóricos tradicionales para controlar efectivamente ese riesgo y evitar que los grandes grupos económicos, que son los principales protagonistas y causantes del riesgo, queden en la más completa impunidad o se conviertan en lo que se ha venido a denominar como la «irresponsabilidad organizada». Por tanto, una vez que se acepte que los principales agentes de estos factores de riesgo (las citadas grandes empresas en forma de personas jurídicas) deben ser también responsables de los mismos, la cuestión de si esa responsabilidad debe ser también una responsabilidad penal o denominarse con otro nombre, parece una cuestión puramente semántica sin mayores consecuencias prácticas. Y la mejor prueba de ello es que son muchos los Derechos penales de los países jurídica y económicamente más avanzados, y ya desde hace tiempo los pertenecientes al sistema anglosajón del Common Law, los que se han inclinado por introducir en sus legislaciones penales la responsabilidad penal de las personas jurídicas; si bien hay que reconocer que a esa tendencia se resiste todavía el Derecho penal alemán, en el que muchos de cuyos principales autores, a los que

Prólogo

Alfonso Galán llama los «irreductibles germanos», han construido un verdadero «discurso de resistencia» frente a la tendencia casi universal hacia la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A ellos añadiría yo también algunos «irreductibles hispanos», que en esta como en otras tantas materias siguen tan fielmente los planteamientos de la doctrina alemana, a los que sin miedo a errar se les podría calificar como los «mejores penalistas alemanes en lengua española». Desde luego a los no muy versados en las elaboradas construcciones de la dogmática penal alemana, se les hace difícil distinguir, por ejemplo, entre una multa administrativa y una penal impuesta a una persona jurídica en base a que en su seno se haya cometido un delito fiscal o medioambiental. Desde el momento en que la Administración puede imponer a la persona jurídica sanciones que materialmente en nada o en muy poco se diferencian de las que pueden imponer por un Tribunal de la Jurisdicción penal, la discusión teórica sobre si esa responsabilidad es penal o administrativa, suena a algo así como a la discusión medieval sobre «el sexo de los ángeles». Es más, recuerda a la vieja fábula en la que dos conejos discuten sobre si los perros que los persiguen son galgos o podencos, con el resultado de que la discusión termina con que los perros, que sean galgos o podencos es igual, terminan por alcanzar a los conejos y devorarlos. Parece, por tanto, que una vez más nos encontremos aquí, como tantas otras veces suceden en el ámbito del Derecho, y no sólo penal, ante una discusión doctrinal puramente teórica sin ninguna consecuencia práctica importante. A mi juicio, una vez que el legislador español ha optado, siguiendo la línea ya trazada por otros legisladores de países vecinos en el ámbito europeo, por exigir también responsabilidad penal a las personas jurídicas, la tarea de la dogmática, tanto en la teoría como en la praxis, debe consistir en analizar con detenimiento los presupuestos y límites de la regulación penal vigente, asumiendo con modestia, pero también con una actitud crítica, la decisión político criminal adoptada por el legislador, elaborando y desarrollando los conceptos que sean necesarios para que esa decisión y la regulación legal a la que da origen pueda aplicarse en la realidad, y no sea un mero canto de cisne, pura propaganda electoral sin ninguna eficacia práctica. Y para ello, me parece especialmente importante y necesario que la mejor y

Francisco Muñoz Conde

más joven doctrina penal española, de la que Alfonso Galán es uno de sus más cualificados representantes, se dedique, con profundidad y conocimiento, a la elaboración de una dogmática autónoma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mirando al futuro y sin sentirse especialmente vinculada al viejo principio del «societas delinquere non potest», cuya misma formulación latina, procedente del viejo Derecho romano, indica que no parece especialmente adecuado para afrontar con eficacia los graves problemas que hoy amenazan a nuestras sociedades de riesgo. Es claro que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un «cuerpo extraño» en un Derecho penal basado en la responsabilidad individual de la persona física, y que, por eso, provoca «irritaciones» y desajustes en el sistema penal tradicional basado en el principio de culpabilidad, cuya exigencia de dolo o imprudencia (culpa), como conceptos de la psicología individual, solo puede atribuirse a un ser humano. Pero ello sólo es un obstáculo en la medida en que se pretenda fundamentar la responsabilidad penal de la persona jurídica en los mismos principios en los que se basa la responsabilidad individual, pero no cuando, como sostiene Alfonso Galán, se la considere como una responsabilidad autónoma distinta a la responsabilidad de los individuos que actúan en su nombre o representación, o están encargados del control y vigilancia de sus actividades o de la de sus subordinados. Para algunos autores esta responsabilidad autónoma se basa en una culpabilidad propia de la persona jurídica, basada en defectos estructurales de su funcionamiento u organización, a partir de la constatación de la realización de un hecho típico y antijurídico realizado en el ámbito de la persona jurídica. Otros autores consideran que la responsabilidad penal se basa en un injusto propio derivado de la existencia de defectos preventivos y no en la comisión del hecho delictivo mismo. Alfonso Galán, en cambio, considera que esta responsabilidad penal se deriva directamente de los deberes preventivos que el Estado ha impuesto a la persona jurídica para obligarla a involucrarse y a colaborar en la prevención de los delitos que se realicen en su seno. Estos deberes se establecen en los diferentes apartados del art. 31 bis del Código penal (establecer programas de cumplimiento, crear un oficial de cumplimiento, implantar medidas disciplinarias) y pretenden reducir significativamente el riesgo de la comisión de delitos. El centro de gravedad de la responsabilidad recae, por tanto,

Prólogo

para Alfonso Galán, en la creación y ejecución de un programa de cumplimiento (la ya famosa «compliance»), y es la ausencia o mal funcionamiento de este programa lo que determina la responsabilidad penal la persona, cuando, en base a esa ausencia, la persona individual comete un delito. Naturalmente, esta afirmación requiere que se precise con la mayor exactitud posible el programa de cumplimiento, no bastando con que haya cualquier defecto o carencia, si la misma no ha incrementado el riesgo de comisión del delito. Aparece aquí uno de los ingredientes que ya Roxin considera básico en su teoría de la imputación objetiva, el incremento del riesgo, lo que, unido a la posibilidad de reducirlo y con ello evitar el delito, constituye para Alfonso Galán el verdadero fundamento objetivo de la responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica. El fundamento subjetivo, dolo o imprudencia, se deriva, a su juicio, de la incorrecta interactuación, al menos negligente, de las personas físicas que actúan en el ámbito de la persona jurídica, y es, por tanto, una responsabilidad imprudente. Pero es interesante destacar aquí que para Alfonso Galán la actuación dolosa de las personas individuales que hacen una utilización de la persona jurídica meramente instrumental, convirtiéndola en una pantalla creada exclusivamente para la comisión de un delito, modalidad que según algunos y el mismo Tribunal Supremo en su sentencia 154/216, queda excluida del ámbito de la responsabilidad penal de la persona jurídica, debe incluirse, tanto por razones procesales, como materiales, en el ámbito del Derecho penal referido a las organizaciones criminales, lo que puede parecer discutible, pero que él fundamenta de manera clara y convincente, apoyándose en los preceptos del Código penal que determinan la disolución de sociedades declaradas ilícitas u organizaciones criminales. De éstas u otras muchas cuestiones se ocupa Alfonso Galán en esta monografía, en la que además trata exhaustivamente los distintos niveles de la responsabilidad individual de los que actúan en nombre y representación de las personas jurídicas o tienen el deber de control y vigilancia de sus actividades, los llamados «compliance officers» a cuyas tareas y papel dedica una amplia parte de la monografía. No puedo extenderme más en la presentación de esta, a mi juicio, fundamental aportación a la determinación del fundamento y límites de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que indudablemente, como todo lo nuevo, plantea difíciles problemas

Francisco Muñoz Conde

interpretativos, que solo con trabajos de este tipo podrán ir resolviéndose poco a poco facilitando su aplicación en la praxis penal y con ello aportando un importante punto de apoyo en la prevención de los graves hechos delictivos que se realizan en el ámbito o a través de las personas jurídicas. Sevilla, 2 noviembre 2017

Francisco Muñoz Conde

ABREVIATURAS ACP Anterior versión del Código penal ADPCP Anuario de Derecho penal y ciencias penales AEPD Agencia Española de Protección de Datos BOE Boletín oficial del Estado CC Código civil CDJ Cuadernos de Derecho judicial CE Constitución española CGPJ Consejo General del Poder Judicial Cit. citada CP Código penal CPC Cuadernos de Política Criminal Ed. Editorial GA Goltdammer’s Archiv für Strafrecht LO Ley Orgánica NJW Neue Juristische Wochenschrift NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht Op. Obra RDPC Revista de Derecho Penal y Criminología RdPP Revista Derecho y Proceso Penal RECPC Revista electrónica de ciencia penal y criminología Ref. Referencia RGDP Revista General de Derecho penal RP Revista Penal Riv. it. dir. e proc. pen. Rivista italiana di diritto e procedura penale ss. siguientes STJCE Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas STS Sentencia del Tribunal Supremo StV Strafverteidiger T. Tomo TC Tribunal Constitucional TEJ Tribunal Europeo de Justicia TS Tribunal Supremo Vol. Volumen ZIS Zeitschrifft für internationalle Strafrechtdokmatik ZSTW Zeitschrifft für die gesamte Strafrechtwissenschaft

I. ORÍGENES Y FUNDAMENTOS DEL CUESTIONAMIENTO DEL VIEJO PRINCIPIO SOCIETAS DELINQUERE NEC PUNIRE POTEST Resulta indudable que el cuestionamiento del viejo aforismo del «Societas delinquere nec punire potest» es resultado de la concurrencia de muchos y muy diversos factores. Pese a ello y a nuestro modo de ver, hay dos que destacan entre el resto. El primero, sin lugar a dudas, se deriva la aparición de lo que se ha venido a denominar como Sociedad del Riesgo1. Esta sociedad se caracteriza, entre otras cosas, por el hecho de que los individuos que la integran se muestran cada vez reacios a considerar que los daños que puedan llegar a sufrir en sus vidas puedan ser tenidos como procedentes de lo que LUHMANN califica como «peligros», es decir, de fuentes que, por ser incontrolables e inevitables, no podían generar responsabilidad para ninguna persona y optan, por el contrario, por entender que prácticamente todos proceden de «riesgos», esto es, de focos que pueden y deben controlarse y que, consecuentemente, también pueden generar responsabilidad (incluso penal) para aquel o aquellos que no los gestionen o controlen como es debido2. En una sociedad así resulta casi inevitable que se implante una política criminal cada vez más orientada a la prevención y el control

BECK, U. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Ed. Paidos Ibérica, Barcelona, 1998, p. 66 y ss. Véase a este respecto, lo comentado por LUHMANN, N. «Risiko und Gefahr» en Soziologische Aufklärung 5, V. Westdeuscher, Opladen 1990. pp. 131 y ss. ESTEVE PRADO, J. «Convivir con el riesgo. La determinación del riesgo permitido», en Derecho, globalización, riesgo y Medio ambiente, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 276 o MAY, S. «Nuevos riesgos, seguridad y prevención: Sobre la transformación del estado moderno y de sus formas de actuación jurídica», en Derecho, globalización, riesgo y Medio ambiente. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 306, entre otros.

Alfonso Galán Muñoz

penal de todos esos riesgos (reales, en ocasiones, y meramente intuidos o imaginarios, en otros casos), que acechan al ciudadano, lo que ha desembocado en una expansión sin precedentes del Derecho penal que se reflejó en el nacimiento de lo que se dio en llamar como el Moderno Derecho penal o el Derecho penal del Riesgo3. Precisamente la aparición de este Derecho, de claro corte preventivo ha tenido, a nuestro juicio, mucho que ver con el hecho de que tanto los investigadores como el propio legislador hayan vuelto su mirada hacia el problema que nos ocupa y que llevaba mucho tiempo casi olvidado: El de la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas como posibles sujetos y organizaciones generadores de peligros de los que el Derecho penal se tenía que ocupar. Las personas jurídicas constituyen, a día de hoy, el grupo más nutrido, importante y poderoso de los actores económicos, productivos o no. La cada vez mayor exigencia de acumulación de capitales y recursos para realizar actividades de toda clase, lleva necesariamente a que éstos se recopilen, agrupen y organicen gracias a la constitución de numerosas y cada vez más grandes y complejas entidades colectivas. Como reflejo de lo anterior, la realidad nos muestra como muchas de las actividades consideradas generalmente como más peligrosas, como podrían ser las referidas a la energía nuclear, la financiera, la química o la farmacéutica, difícilmente se podrán realizar en el mundo actual de no mediar la existencia de personas jurídicas que favorezcan la recopilación y el empleo estructurado de los enormes re

Sobre este Derecho penal sus orígenes, características y problemas, véase, por ejemplo, HASSEMER, W. Persona, Mundo responsabilidad. Bases para una teoría de la imputación. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 54 y ss. SILVA SÁNCHEZ, J. M. La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Ed. Civitas. Madrid, 2001, p. 121 y ss., MENDOZA BUERGO, B. El Derecho Penal de a sociedad del riesgo. Ed. Civitas. Madrid, 2001, p. 39 y ss. y 45 y ss., DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. «De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate desenfocado». En RCPC 07-01 (2005). p. 01: 4 y ss., http:\\www.criminet.ugr.es/recpc (ult. vis. 10-12-2016), o GRACIA MARTÍN, L. Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia: a la vez, una hipótesis de trabajo sobre el concepto de derecho penal moderno en el materialismo histórico del orden del discurso de criminalidad. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2003, p. 63 y ss., entre otros.