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monografías ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

JUAN MANUEL GÓMEZ-ROBLEDO V.

LA PRÁCTICA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DESPUÉS DE LA GUERRA FRÍA Y LA INTERPRETACIÓN DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS

LA PRÁCTICA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DESPUÉS DE LA GUERRA FRÍA Y LA INTERPRETACIÓN DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA PRÁCTICA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DESPUÉS DE LA GUERRA FRÍA Y LA INTERPRETACIÓN DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS

JUAN MANUEL GÓMEZ-ROBLEDO V.

Ciudad de México, 2018

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© Juan Manuel Gómez-Robledo V.

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-593-6 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

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A Elena, de quien proviene todo lo bueno y cuyo apoyo nunca me ha faltado.

A Lucía, Pía, Inés y Jerónimo, que lo justifican todo.

Índice Introducción............................................................................................. 13

Capítulo I La Carta de las Naciones Unidas: un tratado en el tiempo y acorde con su tiempo. La función del Consejo de Seguridad en la interpretación de la Carta......................................................................................................... 23 I. Introducción................................................................................... 23 II. Las reglas de interpretación de los tratados..................................... 29 III. El artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas......................... 39 IV. ¿Es el Consejo de Seguridad un legislador universal?...................... 45 a) El Consejo de Seguridad en tanto que órgano legislativo........... 50 b) El Consejo de Seguridad en tanto que tribunal.......................... 51 c) El Consejo de Seguridad en tanto que poder coercitivo............. 52 V. El Consejo de Seguridad en el ejercicio de un poder normativo lato sensu............................................................................................... 53

Capítulo II El derecho del uso de la fuerza: Los albores de una evolución en la interpretación de la Carta de las Naciones Unidas............................................ 55

I. Introducción................................................................................... 55 II. El sistema de seguridad colectiva a la luz de la Carta de las Naciones Unidas y de la práctica del Consejo de Seguridad...................... 64 III. Del mantenimiento de la paz a su establecimiento y consolidación. 75 IV. La segunda guerra en Irak............................................................... 86

Capítulo III El principio de no intervención y las exigencias de los derechos humanos.......................................................................................................... 101 I. Introducción................................................................................... 101 II. El principio de no intervención en el derecho internacional clásico. 106 III. La ampliación de la noción de amenaza a la paz y la seguridad internacionales................................................................................ 111 IV. Los desafíos de la aplicación del derecho internacional humanitario................................................................................................... 121

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Índice

V. Del “derecho de injerencia” al derecho de asistencia humanitaria... 138 VI. La Responsabilidad de Proteger...................................................... 143 Capítulo IV El derecho de la legítima defensa frente al terrorismo................................ 159 I. Introducción................................................................................... 159 II. ¿Qué es un conflicto armado?......................................................... 161 III. Los actos terroristas como nueva amenaza a la paz y la seguridad internacionales................................................................................ 165 IV. El Consejo de Seguridad, ¿en tanto que monarca absoluto?............ 170 V. Más allá del Consejo de Seguridad: ¿las facultades residuales o los derechos naturales de los Estados?.................................................. 176 VI. El derecho de la legítima defensa vs. el sistema de seguridad colectiva.................................................................................................. 179 VII. El recurso al vínculo con el Estado o a la ficción del vínculo, a pesar de todo............................................................................................ 189 Capítulo V El Consejo de Seguridad y la justicia penal internacional: alcances y límites de las nuevas formas de la cooperación internacional........................... 203

I. Introducción................................................................................... 203 II. El Estatuto de Roma: ¿codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional humanitario o algo más?.................................. 207 a) La definición de ciertos crímenes............................................... 208 b) Cuestiones de jurisdicción......................................................... 217 III. Principales preocupaciones en torno a la jurisdicción de la CPI y su funcionamiento............................................................................... 218 a) Independencia de la Corte......................................................... 219 b) Principio de complementariedad............................................... 220 IV. La relación entre la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad............................................................................................... 222 a) Una relación fundada en la confianza mutua ............................ 224 i. Artículo 13 (b)..................................................................... 224 ii. Artículo 16.......................................................................... 227 b) … que ha dado lugar a una práctica incierta............................. 230 i. El llamado dilema entre paz y justicia.................................. 230 ii. Realpolitik y la breve cooperación entre el Consejo de Seguridad y la CPI...................................................................... 233 V. La revisión del Estatuto de Roma: el crimen de agresión y su vinculación con el Consejo de Seguridad................................................. 237

Índice

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VI. El Estatuto de la Corte Penal Internacional y las grandes potencias. 246 a) Artículo 98, párrafo 2 del Estatuto de Roma............................. 250 b) Ley H.R. 4775 American Service members’ Protection Act........ 255 VII. Vingt ans après............................................................................... 255

CONCLUSIONES.................................................................................... 261

ANEXOS Anexo I. RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD QUE INVOCAN EL CAPÍTULO VII DE LA CARTA ENTRE 1990 Y 2015..................................................................................... 271 Anexo II. INSTRUMENTOS MULTILATERALES RELATIVOS A LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO................................... 303 1. Instrumentos de carácter universal..................................... 303 2. Instrumentos regionales americanos................................... 304 Anexo III. COMUNICACIONES RELATIVAS AL ARTÍCULO 51 DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS.............................. 305 1. Comunicaciones en 2014-2015.......................................... 305 2. Comunicaciones en 2016-2017.......................................... 317

BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 325

Introducción Se dice comúnmente que la era nuclear que supone la destrucción mutua asegurada (o MAD por sus siglas en inglés) de los Estados que se han dotado del arma atómica, y con ellos de toda forma de vida sobre el planeta, evitó que las dos superpotencias que emergieron de las cenizas de la segunda guerra mundial, y sus aliados respectivos, se enfrentaran en forma directa, merced al equilibrio del terror también conocido como la doctrina de la disuasión nuclear.

La precaria estabilidad en las relaciones internacionales que privó de 1947 a 1989 no impidió que el conflicto ideológico entre el Este, dominado por la entonces Unión Soviética, y Occidente, encabezado por los Estados Unidos, se tradujera en un gran número de conflictos armados por medio de los aliados de cada campo, conflictos en su mayoría de baja intensidad, aunque guerras como la de Vietnam o Afganistán provocaron profundísimas heridas e incontables pérdidas de vidas.

Dos concepciones de sociedad, absolutamente irreconciliables, se opusieron durante esos años, la carrera armamentista desvió recursos infinitos en perjuicio del desarrollo económico y social, y las guerras coloniales y sus secuelas agregaron su cuota de resentimientos aun no superados.

Con todo, Occidente ganó el conflicto ideológico cuando las contradicciones del socialismo real y el desastre económico generaron los movimientos democratizadores simbolizados, por ejemplo, en las huelgas de los trabajadores de los astilleros de Gdansk en Polonia, el fin abrupto de la dictadura de los Ceacescu en Rumania y el éxodo de miles de alemanes del Este a la Alemania occidental a través de Hungría y Austria que anunciaba la caída del muro de Berlín y la unificación de las dos Alemanias apenas unos años después. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) colapsó y 15 nuevos Estados soberanos emergieron en su lugar, cada uno con sus fortalezas y debilidades.

El advenimiento de un mundo nuevo, despojado de la pugna ideológica entre comunismo y capitalismo, se antojó en sus inicios como una era que pondría fin a los conflictos característicos del enfrenta-

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miento bipolar, al tiempo que inauguraría una época de crecientes entendimientos entre las grandes potencias.

Estados Unidos se afianzaba como la única superpotencia o la hiperpotencia, como llegó a llamársele, y no parecía advertir aún que apenas quince años después tendría que hacer frente al resurgimiento de la Rusia históricamente desafiante y, por supuesto, de China.

La ex Unión Soviética, a la que sucedió la Federación Rusa, admitió sin discusión su derrota ideológica y comenzó, por lo menos en apariencia, a adoptar los valores occidentales de la democracia representativa y la defensa de los derechos humanos en el sentido amplio de la palabra. La Federación Rusa se extiende en el vastísimo territorio de la antigua República Socialista Soviética de Rusia, pero perdió las otras 14 repúblicas soviéticas, que juntas conformaron la desaparecida URSS y que alcanzaron la independencia con distintos grados de vinculación respecto de la nueva Rusia. El Pacto de Varsovia se disuelve y la mayoría de sus miembros no tienen más anhelo que el de ingresar al Pacto Atlántico y a la Unión Europea para garantizar su seguridad.

Al inicio de la década de 1990, está fuera de toda duda que no cabe la posibilidad de una conflagración total entre los Estados Unidos y la Federación Rusa. Antes, Rusia inicia un acercamiento con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y comienza una época de intensificación de las medidas de fomento de la confianza que nacieron en la Conferencia de Helsinki en 1975 que, a su vez, dio lugar a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Medidas de limitación de armas convencionales y ejércitos vieron la luz, como el Tratado sobre fuerzas intermedias en Europa (INF por sus siglas en inglés), y nada parecía oponerse a una paz duradera del Atlántico a los Urales.

Cuando se firma el Tratado de paz con Alemania, que estuvo pendiente desde 1945, creímos que, por fin, lograríamos hacer realidad los ideales que condujeron a la creación de la Organización de las Naciones Unidas y que los derechos y obligaciones consagrados en la Carta de San Francisco, especialmente los relativos al sistema de seguridad colectiva contenidos en su capítulo VII, establecerían un nuevo orden mundial. El mundo veía con esperanza renovada a las Naciones Unidas y a las potencialidades del Consejo de Seguridad para resolver

Introducción

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añejos conflictos armados e iniciar una era de cooperación con fundamento en la Carta de las Naciones Unidas.

Un numero muy importante de conflictos regionales que habían quedado atrapados en el conflicto Este-Oeste, comenzaron a encontrar cauces para su solución y las Naciones Unidas desplegaron en poco tiempo trece nuevas operaciones de mantenimiento de la paz,1 tantas como las que se establecieron durante la guerra fría.

Por un momento, la atención de la comunidad internacional se desplazó del Estado hacia el individuo y su bienestar, lo que dio lugar a una apertura inédita hacia nuevas organizaciones no gubernamentales que irrumpieron en la escena mundial con justas exigencias de reconocimiento a la identidad y las aspiraciones de la sociedad civil que representan. Todo ello ocurría en forma simultánea a la más impresionante revolución en las comunicaciones que derribó fronteras de todo tipo. De pronto, las sociedades se volvieron una: global, participativa, secularizada, consumista y dispuesta a luchar por sus derechos, casi desinteresada respecto de toda forma de ideología.

Sin embargo, pese al optimismo característico de esos años, la comunidad internacional atestiguó el surgimiento de nuevos conflictos armados internacionales y de carácter interno. Europa misma fue escenario de una guerra en el territorio de la ex Yugoslavia de la que surgieron seis nuevos Estados soberanos, un protectorado de facto (Kosovo) y una estela de sufrimientos indecibles.

La diferencia fundamental con lo sucedido hasta entonces estriba en el hecho de que tales conflictos no se nutren ya de la rivalidad EsteOeste. Los nuevos conflictos armados tienen, en su mayoría, origen en rivalidades nacionales, étnicas y religiosas y han dado lugar a hostilidades que arrojan características sobre la conducción de las operaciones militares que se apartan por completo de las reglas elementales del derecho internacional humanitario, es decir el conjunto de normas de derecho internacional aplicable a los conflictos armados.

A manera de ejemplo, podemos señalar que el principio básico de distinción entre los objetivos de la contienda, en el que la población

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Lista de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz disponible en el sitio de Naciones Unidas (http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/operationslist.pdf)

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civil y todos aquellos que no participan o han dejado de participar en las hostilidades deben ser objeto de protección especial, aunado al recrudecimiento de prácticas como el reclutamiento forzoso de niños, puso, como nunca antes, a dura prueba la aplicación del derecho internacional humanitario.

En este contexto, en ausencia de mecanismos eficaces de supervisión del cumplimiento de las normas contenidas en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos Adicionales I y II de 1977, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se convirtió en el guardián del respeto del derecho internacional humanitario, merced esencialmente a una interpretación expansiva de la noción de amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

El Consejo de Seguridad no se conformó con ser el custodio del cumplimiento del ius in bello. Su labor se orientó, decididamente, hacia la modificación oficiosa de reglas centrales del derecho internacional general, especialmente aquellas que rigen el sistema de seguridad colectiva que estableció la Carta de las Naciones Unidas.

En poco más de dos décadas, el Consejo de Seguridad —el único órgano supranacional de carácter universal con que cuenta la comunidad internacional organizada— ha realizado una tarea ejecutiva, legislativa y judicial de enorme trascendencia, con fundamento en el carácter obligatorio de sus decisiones, conforme al artículo 25 de la Carta, y con base en una interpretación amplia y audaz de sus facultades, al amparo del capítulo VII de la Carta.

Ello ha dado lugar a exigir el cumplimiento de las obligaciones de las Partes en determinado conflicto, internacional o no internacional, a autorizar el uso de la fuerza para poner fin a los hechos calificados como actos de agresión o quebrantamientos de la paz, a imponer sanciones a los Estados infractores y a aquellos individuos acusados de pertenecer a organizaciones terroristas como Al Qaeda y, a crear jurisdicciones penales especiales de carácter temporal (los Tribunales penales para la Ex Yugoslavia y Ruanda).

En las páginas que siguen nos proponemos analizar cómo las decisiones del Consejo de Seguridad, obligatorias de pleno derecho para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, quienes reconocen que el Consejo actúa en su nombre con base en el artículo

Introducción

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24, párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas,2 han influido en la interpretación de fundamentos del derecho internacional general como es el derecho que regula el uso de fuerza, el principio de no intervención en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados y el derecho de la legítima defensa, todos regulados en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional general de carácter consuetudinario.

La práctica del Consejo de Seguridad ha dado lugar, con el paso del tiempo, al surgimiento de nuevos conceptos, por lo menos en apariencia, que podrían llegar a constituir nuevas reglas del derecho internacional como la responsabilidad de proteger. Este novedoso concepto recogido en el Documento Final de la Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de las Naciones Unidas de 2005, representa una primera expresión jurídica de nociones que, a lo largo de la década de 1990, se articularon en torno a una práctica que buscó asidero en el derecho a recibir asistencia humanitaria o en el pretendido derecho de injerencia por razones humanitarias, lo que supuso una revisión profunda del principio de no intervención.

El Consejo de Seguridad ha consolidado, en suma, una práctica de defensa de los principios cardinales del derecho internacional humanitario y ha comenzado a invocar, de manera expresa, la responsabilidad de proteger a las poblaciones civiles para fundar y motivar decisiones de carácter coercitivo, como las que justificaron las acciones de la OTAN en Libia.3 Tales interpretaciones han ejercido igualmente un impacto en la expansión del régimen internacional de protección de los derechos humanos. Las Naciones Unidas, en su conjunto, han tenido en ello un desafío a la altura de lo que se ha venido a concebir como la mayor amenaza a la seguridad internacional de la posguerra fría.

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3

Artículo 24, párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas: “A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad”.

Resolución S/RES/1973 (2011).

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Las operaciones de mantenimiento de la paz a las que con tanta frecuencia ha recurrido el Consejo de Seguridad, durante la posguerra fría, han ejercido también, a través de su propia práctica, un impacto significativo no sólo en el diseño e instrumentación de los diversos mandatos de tales operaciones que actúan bajo su responsabilidad, sino también en la forma en la que la Organización internacional como tal, interpreta determinadas reglas del derecho internacional.

En efecto, hoy en día, las operaciones de mantenimiento de la paz no solo buscan contener tal o cual situación susceptible de poner en riesgo la paz y la seguridad internacionales, sino que procuran generar las condiciones que eviten un resurgimiento del conflicto y se ocupan crecientemente de la rehabilitación del tejido social destruido por la guerra.

De ahí la importancia que se ha concedido a todos los componentes de construcción de instituciones que garanticen el establecimiento de regímenes democráticos y, en general, el fomento del Estado de derecho, con énfasis en la creación de instituciones protectoras de los derechos humanos. El Consejo de Seguridad desempeña, por ende, un papel innovador en la promoción de la democracia y del llamado buen gobierno y se ha apoyado para ello en los organismos y arreglos regionales, conforme al capítulo VIII de la Carta. El estudio de las operaciones de mantenimiento de la paz no es, sin embargo, de lo que habremos de ocuparnos más adelante.

El activismo desbordante del Consejo de Seguridad en estos ámbitos, durante apenas diez años, se vio afectado también por la irrupción de los actos de terrorismo masivo que tuvieron su expresión más dramática en los hechos del 11 de septiembre de 2001.

La prioridad política que alcanzó la lucha contra el terrorismo dio lugar al establecimiento de nuevas herramientas jurídicas e institucionales a disposición del Consejo de Seguridad para hacerle frente.

Ello ha tenido importantes consecuencias en la forma en la que se ha interpretado el derecho que regula el uso de la fuerza, y en especial el derecho de la legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y todo el sistema de seguridad colectiva in fine.

Estos cambios se vieron acompañados de crecientes exigencias de rendición de cuentas de parte de los responsables de atrocidades en

Introducción

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masa como las ocurridas en la Ex Yugoslavia y Ruanda y de reparación para las víctimas. En realidad, los juicios de los Tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio habían ya sembrado la idea de contar con una jurisdicción penal internacional de carácter permanente y su establecimiento está inscrito en el artículo VI de la Convención sobre la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948.4 Esta idea ocupó, durante varias décadas, a la Comisión de Derecho Internacional que tuvo a su cargo la tarea de elaborar un Código de crímenes contra la paz y la seguridad de la Humanidad.5 Sin embargo, las condiciones políticas no estaban reunidas durante la guerra fría para semejante empresa.

El impacto de las políticas de limpieza étnica en la ex Yugoslavia y el genocidio en Ruanda movilizaron poderosamente a la opinión mundial. Las grandes potencias buscaron la forma de evadir el juicio de la historia al conseguir que el Consejo de Seguridad estableciera jurisdicciones penales ad hoc y las dotara de su estatuto. No es nuestro propósito estudiar el papel de estos tribunales. Deben ser mencionados, sin embargo, en tanto que antecedente inmediato y hasta cierto punto como el origen de la Corte Penal Internacional creada por el Estatuto de Roma, al término de la Conferencia Diplomática de 1998. ¿Tuvo algo que ver el Consejo de Seguridad con su existencia? ¿Qué pertinencia tiene la Corte Penal Internacional para efectos de nuestro estudio?

La Corte Penal Internacional, si bien es resultado de un tratado negociado por la totalidad de los miembros de las Naciones Unidas y no forma parte de los órganos de las Naciones Unidas —a diferencia de la Corte Internacional de Justicia— representa un ejemplo más de la autoridad supranacional de que goza el Consejo de Seguridad en

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5

Artículo VI de la Convención sobre la prevención y sanción del delito de genocidio: “Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, serán juzgados por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción”.

Naciones Unidas, La Comisión de Derecho Internacional y su obra, Volumen 1, (Nueva York: Naciones Unidas, 2016), pp. 114-142.

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todo lo relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales lato sensu.

El Estatuto de Roma6 le reconoce facultades exorbitantes que van desde la remisión de situaciones a la Oficina del Fiscal para el inicio de una investigación hasta la suspensión de esta última, pasando por la activación de una investigación por el crimen de agresión.7 Sin duda, lo anterior no es en modo alguno resultado de alguna labor de interpretación del derecho internacional operada por parte del Consejo de Seguridad y, en esa medida, el estudio de la Corte Penal Internacional se antoja un poco alejado del propósito principal que nos anima en estas páginas.

Lo interesante está, a nuestro juicio, en analizar cómo el contexto creado por la modificación oficiosa de aspectos esenciales del derecho internacional general a través de la interpretación realizada por el Consejo de Seguridad generó el caldo de cultivo para erigir una nueva institución que, bajo determinadas condiciones, puede sustituirse a las jurisdicciones penales nacionales. No puede pasarse por alto tampoco que la jurisprudencia desarrollada por los tribunales penales ad hoc, creados por el Consejo de Seguridad, ha tenido un impacto innegable en las actuaciones de la Corte Penal Internacional.

En la negociación del Estatuto de Roma y en los primeros años de funcionamiento de la Corte Penal internacional, el Consejo de Seguridad, por conducto de sus miembros permanentes, hizo valer sus atribuciones para limitar los alcances de la nueva institución judicial.

En fechas más recientes, el Consejo de Seguridad logró la remisión de las situaciones de Darfur, en Sudán en 2005 y de Libia en 2011, más no así la situación en Siria. Nos pareció por tanto necesario dedicar un capítulo a este tema para completar el estudio sobre la forma en la

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7

Estatuto de Roma véase en Corte Penal Internacional, Selección de documentos básicos relacionados con la Corte Penal Internacional. (La Haya: Corte Penal Internacional, 2011), pp. 2-80.

Véase artículo 5 sobre los Crímenes de la competencia de la Corte; artículo 8bis sobre el Crimen de agresión; artículo 13 sobre el Ejercicio de la competencia; artículo 14 sobre la Remisión de una situación por un Estado Parte; artículo 15bis y 15ter sobre el Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión; artículo 16 sobre la Suspensión de la investigación o el enjuiciamiento del Estatuto de Roma, ibídem