1_E000020005042

( 53 (2019 Jurisprudencia seleccionada.

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EQUIPO DE REDACCIÓN: LAS PALMAS: Víctor Caba Villarejo María Rosa Rubio Ramos Humberto Guadalupe César García Otero TENERIFE: Antonio María Rodero García José Félix Mota Bello Eduardo Ramos Real Pedro Hernández Cordobés María Pilar de la Fuente García Óscar Bosch Benítez Vicente Máximo Garrido García Pedro Carballo Armas

Revista JURÍDICA

53 (2019

DE CANARIAS

Jurisprudencia Seleccionada de Canarias

Edita: Tirant lo Blanch Director: Víctor Caba Villarejo www.revistajuridicacanaria.com

sumario

Las novedades en materia de igualdad de género en el mercado de trabajo Gemma Fabregat Monfort

Dirigida por Víctor Caba Villarejo

Publicación trimestral Nº 53/ abril 2019 Índice

ARTÍCULOS – Las novedades en materia de igualdad de género en el mercado de trabajo por Gemma Fabregat

Monfort.....................................................................................................................................

3

JURISPRUDENCIA LAS PALMAS – CIVIL, seleccionada por Víctor Caba Villarejo..................................................................................... 7 TENERIFE – CIVIL, seleccionada por Antonio María Rodero García.......................................................................

61 LAS PALMAS – CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por César García Otero..........................................

119 TENERIFE – CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por Pedro Hernández Cordobés...........................

152 LAS PALMAS – PENAL, seleccionada por Rosa Rubio Ramos....................................................................................

164 TENERIFE – PENAL, por José Félix Mota Bello.......................................................................................................

203 LAS PALMAS – SOCIAL, seleccionada por Humberto Guadalupe Hernández..............................................................

226 TENERIFE – SOCIAL, seleccionada por Eduardo Jesús Ramos Real......................................................................

260 DOCTRINA DE LA DGRN – Comentarios, seleccionados por María Pilar de la Fuente García........................................................ 297 DICTÁMENES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS – Comentarios, seleccionados por Óscar Bosch Benítez.......................................................................

376

DOCTRINA DE LA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO – Seleccionada por Vicente Máximo Garrido García.............................................................................. 398 CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS – Seleccionada por Pedro Carballo Armas.............................................................................................

552

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LAS NOVEDADES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MERCADO DE TRABAJO

Gemma Fabregat Monfort

Profesora Titular de Derecho del Trabajo Fac. Dret-UV

El Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, pretende mejorar el marco jurídico favorecedor de la plena igualdad de mujeres y hombres en el empleo y la ocupación y con esa finalidad contempla modificaciones en cada una de las siguientes normas con rango de ley que inciden en la igualdad real de mujeres y hombres. A saber, a) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres b) El RD Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores c) El RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público d) El RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social e) RD 5/2010, por el que se aprueba texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. f) Se modifican distintos preceptos de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. a) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres A este respecto, y de forma sintética las novedades más importantes que se prevén con la reforma pueden sistematizarse de la siguiente forma: 1) Obligación de implantar un plan de igualdad a las empresas de más de 50 trabajadores. Obligación que se aplicará de forma progresiva obligando en el primer año a las empresas de más de 150; en el segundo año a las empresas de más de 100; y a partir de 2021 a las empresas de más de 50

2) Insistir en la conciliación desde la corresponsabilidad y no solo en el tiempo del trabajo en genérico en el contenido del plan de igualdad 3) Se crea un Registro de Planes de igualdad, pendiente de desarrollo reglamentario en el que resultará obligatoria la inscripción de los planes de igualdad. b) El RD Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores (ET) 1) En relación con las modificaciones del ET conviene resaltar: 2) En caso de discriminación salarial, se reconoce el derecho a la retribución al trabajo igual o de igual valor 3) En los contratos de prácticas y de formación las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y violencia de género interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.

4) Se refuerza la no discriminación en el contrato a tiempo parcial 5) Se reconoce expresamente la nulidad objetiva en caso de la no superación del periodo de prueba durante el embarazo o la maternidad 6) Se prevé una modificación de los sistemas de clasificación profesional desde la perspectiva de género 7) Se insiste en la retribución igual en trabajos de igual valor, concepto que se define por primera vez.

8) Se registarán los salarios, estableciendo una presunción de discriminación que se producirá cuando en una empresa con al menos veinticinco trabajadores, el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, se presumirá que concurre discriminación salarial por razón de sexo, salvo prueba en contrario que lo justifique por motivos no relacionados con el sexo de los trabajadores.

9) Se mejora la redacción de la regulación de la adaptación de la duración y distribución de la jornada de trabajo, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y labora contemplando, entre otras cosas, un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días.

10) Se mejora la redacción de parte del art. 37 ET, del art. 45.1.d., del 46.3. último párrafo, 11) Se modifica el art. 48.4, 5, 6, 7, 8 y 9 para reconocer un permiso de paternidad de 16 semanas para el padre obligatorio e intransferible en los mismos términos que el de la madre que entrara en vigor de forma progresiva (8, 12, 16).

12) También la del art. 53.4. y 55.5 a) y c); y art. 64.3 y art. 64.7. ET c) El RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 1) Se introduce un art. 30.bis EBEP con el fin de garantizar también en ese caso la misma retribución ante trabajos de igual valor

4 GEMMA FABREGAT MONFORT REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 53, abril-julio (2019), págs. 3-6

2) Se modifican los apartados a), b), c) y d) del artículo 49 EBEP también para lograr la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad d) Modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

1) Se modifica el art. 42.1.c para sustituir redacción de maternidad y paternidad por nacimiento.

2) Se modifica la rúbrica del cap. VI del título II que pasa a denominarse nacimiento y cuidado del menor 3) Se crea una nueva prestación, la prestación por nacimiento, que es la que sustituye a maternidad y paternidad y para ello se modifica el art. 177 4) La nueva redacción del art. 178 define los beneficiarios del subsidio por nacimiento y lo mismo respecto del art. 179.2. prestación económica de nacimiento y cuidado del menor, art. 180 pérdida o suspensión del derecho al subsidio, art. 181 beneficiarias del subsidio de nacimiento, art. 182 prestación económica por nacimiento.

5) Se añade un nuevo Cap. X al título II donde se fija una corresponsabilidad en el cuidado del lactante donde se regula una prestación por lactancia desde la corresponsabilidad de los progenitores.

Además, El Gobierno reforzará las políticas públicas destinadas a la atención y cuidados de los y las menores, así como de las personas en situación de dependencia, mediante las siguientes actuaciones: 1) Elaborar un plan de universalización de la educación de 0 a 3 años, conjuntamente con las Comunidades Autónomas que tienen competencia en esta materia, de forma que esta etapa se incorpore al ciclo educativo en una red de recursos integrada, pública y gratuita.

2) Mejorar los servicios y la cobertura del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Para ello, se incrementarán las cuantías del nivel mínimo y el acordado y se recuperarán las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del Sistema para las personas cuidadoras no profesionales. e) Modificación del RD 5/2010, por el que se aprueba texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Se modifica el art. 7.13 con el fin de establecer entre las infracciones graves, “No cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación”. f) Se modifican distintos preceptos de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS 5 ISSN 1886-7588, núm. 53, abril-julio (2019), págs. 3-6

JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA CIVIL PROVINCIAL LAS PALMAS Seleccionada por Víctor Caba Villarejo Magistrado. Presidente de la Sección Quinta (civil) de la Audiencia Provincial de Las Palmas de G.C. SUMARIO PROPIEDAD HORIZONTAL 14. Legitimación activa. Exigencia de estar al corriente en el pago de las cuotas...........

8 15. Legitimación activa. Requisito de procedibilidad ex art.18.2 LPH. Excepciones....... 10 16. Legitimación del Presidente para actuar en juicio representando a la comunidad de propietarios contra un comunero por obras inconsentidas....................................... 16 17. Gastos de comunidad. Reclamación cuotas ordinarias. Plazo de prescripción.........

19 FAMILIA 18. Régimen de guarda y custodia compartida y medidas complementarias.................. 20 19. Uso de la vivienda familiar........................................................................................ 26 20. Guarda y custodia compartida. Violencia de género.................................................

29 PROCESAL 21. Asistencia letrada...................................................................................................... 34 22. Suspensión Juicio. Renuncia letrado........................................................................ 37 23. Juicio Cambiario. Pagaré en blanco.......................................................................... 42 24. Accidente de tráfico. Oferta de la entidad aseguradora del apartado d) del art. 7.3 del TRLRC...................................................................................................................... 44 RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACUTAL 25. Atropello perro..........................................................................................................

49

DERECHOS REALES 26. Derecho real de usufructo......................................................................................... 51 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 27. Daños causados por tratamiento odontológico......................................................... 54

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROPIEDAD HORIZONTAL 14. Legitimación activa. Exigencia de estar al corriente en el pago de las cuotas La demanda resulta desestimada por cuanto este comunero carecía de legitimación activa para interponerla instando la nulidad de la junta general concurriendo el óbice de procedibilidad previsto en el art. 18.2 LPH al no hallarse al corriente en el pago de las deudas vencidas con la comunidad de propietarios demandada ni haberlas consignado judicialmente y sin que dado el orden del día de la misma concurra ninguna de la excepciones previstas en el mismo, referidas a los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 LPH entre los propietarios. � Rollo 968/2017. Sentencia de 12 de marzo de 2019. Sección quinta. Audiencia Provincial de Las Palmas de GC. Ponente el Sr. Magistrado Don VÍCTOR CABA VILLAREJO

FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.– El recurso de apelación interpuesto por la comunidad de propietarios demandada contra la sentencia de primera instancia que acuerda la nulidad de la Junta General ordinaria de propietarios celebrada el 21 de abril de 2016 por defectos de convocatoria, al no haber sido citado en legal forma el demandante Sr.H, ha de ser estimado por cuanto este comunero carecía de legitimación activa para interponer la demanda instando la nulidad de la junta general concurriendo el óbice de procedibilidad previsto en el art. 18.2 LPH al no hallarse al corriente en el pago de las deudas vencidas con la comunidad de propietarios ni haberlas consignado judicialmente y sin que dado el orden del día de la misma concurra ninguna de la excepciones previstas en el mismo, referidas a los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas 8 VÍCTOR CABA VILLAREJO REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 53, abril-julio (2019), págs. 6-60

de participación a que se refiere el artículo 9 LPH entre los propietarios, sin que sea dable distinguir entre pretensión de nulidad de la junta general o de los acuerdos adoptados para exigir o no el cumplimiento del referido requisito de procedibilidad contemplado en el art.18.2 LPH pues la nulidad radical de la junta de propietarios conlleva necesariamente la de todos los acuerdos adoptados en ella, es decir si para impugnar los acuerdos, todos o parte de ellos, es necesario estar al corriente del pago de las deudas comunitarias con igual razón será exigible cuando se insta la nulidad radical de la junta de propietarios, por defectos formales de convocatoria o de constitución de la misma, en cuanto su nulidad comportaría la de todos los acuerdos adoptados en ella, equivale por tanto a la impugnación de todos su acuerdos.

No sería lógica la tesis contraria y se prestaría por los comuneros al ejercicio abusivo de acciones impugnatorias pues bastaría pre-

textar al efecto defectos formales de las Juntas de propietarios para sortear tan imperativa exigencia legal de procedibilidad, máxime cuando como sucede en el caso de autos uno de los puntos del orden del día de la junta de propietario impugnada consistía en la liquidación de la deuda de los comuneros morosos, entre ellos la deuda del accionante, a cuyo pago ha sido ya judicialmente condenado.

SEGUNDO.– En efecto la LPH priva de legitimación activa a los propietarios que al impugnar la Junta y los acuerdos en ella adoptados no se encontraran al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o procedieran previamente a su consignación.

La STS 1ª de 6 de febrero de 2012 expresa en tal sentido que el artículo 18.2 de la LPH exige a los propietarios impugnantes, además, que estén al corriente de todas las deudas vencidas que tengan con la comunidad o que procedan previamente a la consignación judicial de lo debido, requisito introducido en la LPH por la reforma operada por la Ley 8/1999, con el objeto de luchar contra la morosidad en las comunidades de propietarios.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de fecha 21 de junio de 2006 en relación con el art. 18-2 de la LPH señala que “ha de recordarse que el citado precepto establece que para impugnar los acuerdos de la Junta, el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la Comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. La aplicación de dicho precepto ha dado lugar a diversas interpretaciones respecto a su naturaleza jurídica, alcance y finalidad.

Así, la S. de Asturias de 17 de junio de 2003, establece que, el hallarse o no al corriente de pago de las deudas es una cuestión atinente al fondo ya que la Ley no propone un tratamiento preliminar, que la concurrencia o no de esa condición de pagador moroso deberá ser analizada previamente a la validez o nuli-

dad del acuerdo impugnado pero que ello no determina que no sea una cuestión atinente al fondo, y que se trata de un requisito insubsanable. La S. de Barcelona de 14 de febrero de 2003 ( JUR 2003\14132 9), en relación al requisito de estar al corriente de pago contenido en el artículo 18.2.º de la LPH declara que: «El requisito ha de entenderse en relación con el art. 266.5º LECiv, de tal modo que junto con la demanda deberá acreditarse documentalmente que se está al corriente de pago, pues lo que la Ley ha establecido es un requisito de procedibilidad, por lo que si no se produce la acreditación, o no se consigna lo adeudado, procede su inadmisión. En cuanto a la posible subsanación del requisito, habrá de estarse a lo dispuesto en el art. 231 LECiv cuando el impugnante hubiere alegado hallarse al corriente de pago, o bien manifestado su voluntad de consignar las cantidades correspondientes, pero no acreditara documentalmente, a satisfacción del tribunal, el cumplimiento de tales requisitos.

En estos casos lo correcto no es inadmitir sin más la demanda, sino instar a su subsanación, pues el precepto mencionado dispone que el tribunal cuidará de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes, siempre que en dichos actos se hubiere manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la Ley. La posibilidad de subsanación se refiere pues tan solo a la acreditación documental, recogiendo el legislador la doctrina del Tribunal Constitucional que siempre ha distinguido entre el defecto sustantivo —la falta de pago o consignación—, del defecto formal de simple acreditación. En la sentencia de la Sección 3.ª de esta Audiencia de Cantabria de 28 de mayo de 2002 se expone que: “La norma citada contempla una suerte de carga o presupuesto impeditivo de la efectividad de la acción impugnatoria de los acuerdos, que se traduce en su paralización mientras aquella no sea cumplida. Tal defecto obstativo a la efectividad de la acción se traduce en una excepción dilatoria que conlleva la desestimación de la demanda quedando imprejuzgadas JURISPRUDENCIA CIVIL DE LAS PALMAS 9 REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 53, abril-julio (2019), págs. 6-60

las pretensiones, con la consiguiente sentencia absolutoria en la instancia”. También en la S. de Burgos de 8 de mayo de 2002 se manifiesta “pese a la condición de dueños de pisos y locales en el edificio donde se asienta la comunidad de propietarios demandada que tienen quienes integran la parte actora, es lo cierto que no se hallan al corriente del pago de las deudas que tienen con la demanda y que tampoco han consignado esa deuda para poder promover válidamente la impugnación de la Junta cuya convocatoria quieren impugnar”. Es decir, pese a estar legitimados en origen, sin embargo no han cumplido los requisitos que la LPH, en cuanto Ley especial, establece para poder hacer valer sus derechos ante los tribunales de justicia y cuya consignación o pago tiene una clara justificación. La S. de Cádiz de 25 de marzo de 2002 expone que la falta de legitimación activa por no estar el propietario al corriente de pago de las deudas vencidas para impugnar los acuerdos comunitarios puede ser apreciada de oficio por los tribunales y la S. de 2 de enero de 2002 respecto al artículo 18.2.º declara: «Ni tal disposición es dudosamente constitucional, sino correcta reiteración de mecanismos tendentes a

evitar comportamientos reiterados de impago de comuneros, y por tanto protectores del buen funcionamiento de las comunidades de propietarios, ni es posible la interpretación que se pretende, pues frustraría aquella finalidad legal, dando al traste con la idea que perseguía la modificación de la Ley de 1960, que en su exposición de motivos quedaba claramente expuesta: “la lucha contra la morosidad”. En consecuencia, para estar legitimado, sea el comunero titular de un inmueble, lo sea de un número plural de ellos, habrá de estar al día en el pago “de la totalidad” de sus deudas vencidas. En el mismo sentido S. de Tarragona de 15 de junio de 2004 que cita a las anteriores.

Es decir, que el cumplimiento de estar al corriente en el pago de las deudas vencidas que tenga el comunero con la comunidad o la consignación judicial de la deuda es requisito que complementa la legitimación activa, de forma que si ese requisito no se cumple la sentencia ha de ser necesariamente desestimatoria de la demanda.

En su consecuencia, el recurso de apelación ha de ser estimado.

15. Legitimación activa. Requisito de procedibilidad ex art.18.2 LPH. Excepciones El art. 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal excepciona de la obligación de estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas para «la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el art. 9 entre los propietarios», se incluyen en el ámbito de la excepción no solo los acuerdos que modifiquen la cuota de participación fijada en el título y prevista en el párrafo segundo del art. 5 de la Ley de Propiedad Horizontal sino también los demás acuerdos que establezcan un sistema de distribución de gastos, bien sea de manera general, bien para algunos gastos en particular, y tanto cuando el referido sistema de distribución de gastos se acuerde con vocación de permanencia o para una determinada ocasión. � Rollo 735/2017. Sentencia de 23 de enero de 2018. Sección quinta. Audiencia Provincial de Las Palmas. Ponente Don MIGUEL PALOMINO CERRO

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. I. Se alza el considerado por el juzgado de primera instancia y por 10 VÍCTOR CABA VILLAREJO REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 53, abril-julio (2019), págs. 6-60

la apelada comunero, demandante, contra la decisión adoptada por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Las Palmas de Gran Canaria desestimatoria de su pre-

tensión de nulidad de un acuerdo adoptado en junta de propietarios de la comunidad apelada de 5 de abril de 2016 al entender que el impugnante carecía de legitimación por no hallarse al corriente del pago de las cuotas comunitarias ex artículo 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.

El primer motivo de impugnación que recoge su escrito de recurso denuncia un error en la valoración de la prueba “que incide en la correcta aplicación del artículo 18.2 sobre procedibilidad y el artículo 9.e) de la LPH”. Y es que el apelante no comparte la mención contenida en el punto tercero de la junta general comunitaria de 5 de abril de 2016 relativa a que los dueños de plazas de garaje del edificio deben una abultada suma de dinero por impago de cuotas (en el siguiente motivo incluye también las derramas), cuantificándose la específica debida por el apelante en 3.790,70 euros. Apoya esta pretensión en lo normado en el artículo número 10 de los Estatutos de la comunidad, que excluyen la contribución de los titulares de plazas de garaje a “los gastos de conservación y reparación tanto ordinarios como extraordinarios de los elementos y servicios, como asimismo los gastos que hubieren como consecuencia de la contratación de porteros, limpiadoras, mantenimiento de ascensores, etc.” Es por eso por lo que los titulares de plazas de garaje nunca abonaron cuotas comunes (la que señalan como moroso al apelante son las acumuladas de quince años).

El segundo motivo de apelación denuncia infracción de los mismos artículos afectados por el anterior motivo y, además, del 24 de la Constitución. Reproduce parcialmente sentencias del Tribunal Supremo que interpretan el artículo 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal en el sentido de que no puede privarse de voto a un comunero que no ha atendido el pago de cuotas cuando el objeto de la votación es el establecimiento, alteración o modo de distri-

bución de dichas cuotas, como es el caso.

Reiterando que la exoneración del pago de dichos gastos aparece contenida con claridad y contundencia en el artículo 10 de los estatutos de la comunidad.

Y el tercero y último motivo reitera la nulidad de pleno derecho del acuerdo por oponerse a norma imperativa, en concreto al artículo 9 e) de la Ley de Propiedad Horizontal. Considerando igualmente contrario a la ley el que se exija al comunero apelante el abono de cuotas desde 2000 a 2014 aun cuando adquirió en 2007 (la ley sólo permite reclamar, en caso de transmisión del piso o local, las devengadas durante el año en curso y las anteriores devengadas durante un año anterior a la compra).

II. Inicia la oposición al recurso la comunidad exponiendo que no es objeto de recurso lo que fue el principal motivo de la demanda, esto es que se declare la nulidad del acuerdo por ser contrario a los Estatutos, en concreto a su artículo 10. No obstante, en el siguiente motivo se centra la parte en dicho artículo (señalando que según la contraria es la “llave” para la resolución de recurso) para contrarrestar el primer motivo de la apelación. Y distingue entre gastos de conservación de elementos esenciales, a cuyo sostenimiento han de concurrir todos los comuneros, de otros gastos específicos, que son a los que el artículo 10 de los Estatutos, y en relación con los locales, exonera de contribución. Entre aquellos gastos estructurales se incluye la derrama para reparación de “bajantes generales, cubierta y fachada”, que han de asumir todos los comuneros.

En cuanto a la petición de nulidad del acuerdo que se encauza en el tercer motivo de apelación, sostiene que se trata de una argumentación ex novo que no puede ser atendida en la segunda instancia por no haberse planteado debidamente en la primera.

JURISPRUDENCIA CIVIL DE LAS PALMAS 11 REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 53, abril-julio (2019), págs. 6-60

SEGUNDO. I. Se discute en esta alzada el alcance que ha de darse a la exclusión de la posibilidad de impugnar acuerdos sociales por el comunero que no está al corriente del pago de las deudas para con la comunidad que contiene el apartado segundo del artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal y a la excepción a dicha exclusión. El Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de octubre de 2013 recuerda la doctrina elaborada en torno a cómo ha de interpretarse el precepto del siguiente modo: Alcance de la excepción al requisito de estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas para impugnar los acuerdos de la junta de propietarios. La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 671/2011, de 14 de octubre, recurso núm. 635/2008 EDJ 2011/270375, declaró que la segunda parte del art. 18.2 «introduce una regla de procedibilidad y una excepción condicionando la impugnación a que el propietario esté al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o haya hecho previa consignación judicial de las mismas, salvo que la impugnación de los acuerdos de la Junta tengan que ver con el establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios, es decir, a la regla de la necesidad de estar al corriente o consignar judicialmente». Afirma la sentencia que este presupuesto de procedibilidad no puede aplicarse con independencia del tipo de acuerdo que se adopte pues la finalidad de la excepción contenida en el inciso final, que exime de estar al corriente o consignar la deuda, es evitar que prospere un acuerdo comunitario que consagra una forma de repartir el gasto de forma contradictoria con las reglas de la comunidad exigiendo al propietario moroso un requisito añadido de procedibilidad.

El art. 9.e de la Ley de Propiedad Horizontal establece como una de las obligaciones del propietario de un piso o local en régimen de 12 VÍCTOR CABA VILLAREJO REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 53, abril-julio (2019), págs. 6-60

propiedad horizontal «contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización». En tales gastos se incluyen los ordinarios fijos, periódicos no fijos y aquellos cuya cuantía varía en función al consumo y uso, y los extraordinarios ocasionados por algún acontecimiento que determina su procedencia.

Su impago genera un crédito preferente a favor de la comunidad, a cuyo pago queda afecto el piso o local.

En principio la contribución a tales gastos ha de hacerse conforme a la cuota de participación fijada en el título constitutivo de la propiedad horizontal (párrafo segundo del art. 5 de la Ley de Propiedad Horizontal). Pero tal criterio puede alterarse, pues el art. 9.e prevé como criterio alternativo de contribución a los gastos, el «especialmente establecido» entre los copropietarios, esto es, el fijado en un acuerdo adoptado con los requisitos exigidos por el art.

17.1 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Cuando el art. 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal excepciona de la obligación de estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas para «la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el art. 9 entre los propietarios», se incluyen en el ámbito de la excepción no solo los acuerdos que modifiquen la cuota de participación fijada en el título y prevista en el párrafo segundo del art. 5 de la Ley de Propiedad Horizontal sino también los demás acuerdos que establezcan un sistema de distribución de gastos, bien sea de manera general, bien para algunos gastos en particular, y tanto cuando el referido sistema de distribución de gastos se acuerde con vocación de permanencia o para una determinada ocasión.

Pero no puede aceptarse, como pretenden los recurrentes, que cualquier acuerdo que afecte al pago que los propietarios deben hacer de su correspondiente participación en los gastos de la comunidad, cualquier acuerdo del que resulte la «cantidad de dinero concreta que deba pagar el sujeto para atender los gastos comunitarios», en palabras del recurso, haya de incluirse en esta excepción. Los acuerdos que liquidan la deuda de un propietario con la comunidad, los que aprueban el presupuesto del ejercicio o lo liquidan y fijan de este modo el importe de lo que cada propietario debe pagar, los que establecen derramas extraordinarias para atender determinadas contingencias, etc., no pueden considerarse incluidos en la excepción referida en tanto no se altere el sistema de distribución de gastos que se venía aplicando por la comunidad, que puede ser el que correspondía al coeficiente o cuota previsto en el título constitutivo (art.

5.2 de la Ley de Propiedad Horizontal) o el “especialmente establecido” en un acuerdo anterior de la comunidad que no haya sido anulado o al menos suspendido cautelarmente en su eficacia.

II. Lo subrayado y lo destacado en negrita en la anterior sentencia no son originales, pero sí esenciales para la resolución del presente litigio tal y como se expone en los tres siguientes ordinales como razones de estimación del recurso derivadas de la improcedencia, en este supuesto, de exigir al apelante el pago o consignación de su pretendida deuda para con la comunidad contenida en el acuerdo que pretende impugnar: 1. Como señala la sentencia antes parcialmente descrita, se erige en requisito esencial para la determinación de la cuota que ha de abonar cada propietario de un edificio dividido horizontalmente el que dicha cuota se halle recogida en el título constitutivo o en una posterior decisión acordada por la junta con los requisitos previstos en la ley. Y en el presente su-

puesto se ha realizado por la comunidad de propietarios un cálculo de la deuda correspondiente al apelante sin señalar en el acuerdo cuál es la cuota que corresponde a éste. Podríamos entender que como quiera que el local garaje no se halla dividido y computa en la totalidad del edificio como un solo local de 880 metros cuadrados (véase nota informativa del Registro de la Propiedad número 4 de Las Palmas), la cuota de 12,1138% que a él corresponde se ha dividido en 350 partes y conforme a las 11/350 partes del apelante se ha obtenido la cuota a abonar. Pero esta afirmación es sólo una posibilidad de difícil contraste con lo actuado en la instancia.

Por otro lado, muy discutible se nos representa el que, no estando dividido horizontalmente el local-garaje, se pueda por la comunidad proceder a hacer una división de cuotas y exigir a cada uno de los copropietarios de dicho elemento la parte que la comunidad considera ha de afrontar cuando, de conformidad con las normas del condominio, lo lógico sería exigir el pago de la totalidad de la deuda correspondiente a dicho elemento (que según el título conforma un único local en condominio, con un sólo voto a la hora de computar acuerdos, con un porcentaje del 12,1138 %), a quien actúe como portavoz, representante o autorizado de dicho condominio y sea el que, por ejemplo, vote en las juntas en nombre y representación de todo el local.

Y, por supuesto, habrá de ser citado como tal representante a las juntas.

2. A las dudas sobre la procedencia del coeficiente para determinar la deuda y sobre la licitud de la facultad que se arroga la comunidad de dividir a su vez dicho coeficiente entre los distintos copropietarios del elemento privativo garaje-local, se añade la que deriva del hecho de que en los propios estatutos parece haberse convenido que dicho elemento no ha de contribuir al pago de gastos ni ordinarios JURISPRUDENCIA CIVIL DE LAS PALMAS 13 REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 53, abril-julio (2019), págs. 6-60

ni extraordinarios tal y como su artículo 10 norma al decir: Los gastos de conservación y reparación tanto ordinarios como extraordinarios de los elementos y servicios, como asimismo los gastos que hubieren como consecuencia de la contratación de porteros, limpiadoras, mantenimiento de ascensores, etc., serán satisfechos según la cuota de participación respectiva por los titulares de los 132 apartamentos que integran el inmueble, excluyéndose a los propietarios de las plantas de oficinas y locales, ya que dichas plantas por no utilizar dicho servicios quedan exceptuados de tales gastos. Los propietarios de los locales de oficinas abonarán los gastos en la proporción que les afecte y según los servicios que disfruten. Las reparaciones de las instalaciones motivadas por avería y obstrucciones causadas por alguno de los dueños ocupantes será a cargo de aquél.

Una interpretación literal de este artículo, como desarrollamos en el siguiente fundamento jurídico, es más cohonestable con la tesis que sostiene el apelante de que no ha de contribuir a los gastos que con la contraria de que sí ha de hacerlo, apoyada en el genérico 9.e de la LPH. Es más, aunque parece clara su dicción, las dudas que pudieran surgir sobre su alcance habrían de abocar en la posibilidad de impugnar un acuerdo que parece contradecirlo que en evitar dicha posibilidad.

3. La última y decisiva razón que lleva a la Sala a considerar innecesario en este caso el pago o la consignación de las cantidades pretendidamente debidas para poder impugnar el acuerdo se apoya en la propia doctrina del Tribunal Supremo de que cuando el sistema de distribución de gastos sea novedoso o se aparte del contenido en el título, o en el acuerdo modificativo adoptado al respecto, como es el caso, no ha de abonarse o consignarse previamente la suma que se liquide como deuda aplicando dicho nuevo sistema de distribución para poder atacar éste.

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Y que es “novedoso” el sistema del que se sirve la comunidad para liquidar la deuda del apelante lo obtenemos del dato de que se están reclamando en virtud de un acuerdo adoptado en 2016 todas las cantidades que, según la comunidad, debería este condómino de un elemento privativo por impago de todos los gastos ordinarios y extraordinarios surgidos durante todo este siglo, sin que haya constancia de que hayan sido reclamados o pagados en el siglo pasado ni reclamados en la corriente centuria con anterioridad a la adopción del acuerdo, bien al apelante bien al anterior propietario de quien trae causa.

La anterior falta de constancia de pago o reclamaciones anteriores parece apoyar la tesis que mantiene en apelante de que no han pagado antes ni les han reclamado porque del artículo décimo de los estatutos comunitarios se desprende con claridad que no tenía obligación de abonar gasto ordinario ni extraordinario alguno.

III. En resolución, entendemos que las particulares circunstancias que concurren en el supuesto, en el que (I) no hay constancia de que se haya pagado o reclamado el pago antes de la adopción de un acuerdo que liquida una deuda deducida durante más de quince años, (II) la procedencia de la ratio para su cálculo no se desprende con claridad de lo aportado al expediente, (III) aparece como igualmente dudoso el que haya de reclamarse a este condómino en particular, y (IV) además, parece contradecir a lo estatuido por la comunidad, nos han de llevar a considerar que nos hallamos ante un acuerdo que establece un sistema de distribución novedoso, que ha de beneficiarse de la excepción a la obligación de pago de deudas para con la comunidad para poder impugnar el acuerdo.

Por consiguiente, ha de estimarse el recurso de apelación y revocarse la decisión adoptada en primera instancia, lo que lleva a la Sala a entrar en el fondo del litigio, en

contra de lo mantenido por la apelada al inicio de su escrito de oposición a la apelación, habida cuenta de que el suplico de interposición del recurso es meridianamente claro en lo que concierne a su solicitud de que se estima la demanda inicialmente formulada.

TERCERO. I. Aun cuando en los hechos de la demanda se apunta a una eventual nulidad de la junta derivada de defectos de convocatoria, no es la nulidad de toda ella y de sus acuerdos motivada por dicho defecto lo que se pretende en el suplico de la demanda sino la nulidad del acuerdo tercero adoptado en la junta de 5 de abril de 2016 por contravención de la ley y de los estatutos. Es por ello por lo que ni en el escrito de interposición del recurso de apelación ni en el de oposición a ésta se incide en una eventual nulidad de la junta por vicios de convocatoria.

II. Centrándonos en la pretendida infracción estatutaria, en concreto del artículo 10, sobre cuyo texto no hay controversia, la Sala no puede menos que sostener la interpretación que de su dicción literal hace el apelante. Si contundente es la mención inicial de que todos los gastos, ordinarios y extraordinarios, de conservación o de reparación, serán satisfechos por los titulares de los apartamentos excluyéndose a los propietarios de las plantas de oficinas y locales, el hecho de que en el segundo párrafo se haga referencia sólo a los propietarios de los locales de oficinas para el abono de los gastos en la proporción que les afecte y según los servicios que disfruten parece redundar en la exclusión de los propietarios del local garaje de la obligación de pago alguno. Por ello, la liquidación contenida en el acuerdo tercero de la junta general de 5 de abril de 2016 contraviene lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos de la comunidad de propietarios apelada y comporta la nulidad del acuerdo por infringir dicha norma ex artículo 18.1 a) de la LPH.

Es cierto que tal redacción puede entenderse, al menos contemplada en abstracto, como perjudicial para la comunidad o, si se quiere, para los comuneros que no son copropietarios de dicho local garaje. Mas cabe presumir que cuando en su día se acordó dicho texto habría un interés mayoritario para excluir del pago de todos los gastos a dicho elemento, aun cuando ello supusiese un alejamiento de la norma de contribución de cada propietario de un piso o local a los gastos comunes conforme a su cuota de participación en el edificio. Es más, parece que dicha exclusión no ha sido óbice al desenvolvimiento de la comunidad puesto que no tenemos constancia de que en algún momento de la dilatada vida de la misma (los estatutos están fechados a principios de la década de los setenta del pasado siglo) se haya planteado su modificación. Lapso temporal en el que, como dijimos, tampoco nos consta que se haya exigido pago alguno a los condueños de dicho local.

Advertimos, no obstante, de que aun cuando tanto en el momento de la liquidación de la deuda en el acuerdo impugnado, como en el de interposición de la demanda o en el del dictado de la presente la redacción del precepto sea clara y comporte exonerar al local garaje y, por ende, al copropietario de dicho local apelante del pago de los gastos que se contienen en el desglose de la deuda liquidada, tal exoneración no tiene por qué considerarse definitiva ya que bien la comunidad a través de su mecanismo interno de adopción de acuerdos puede modificar tal artículo bien, en caso de que no se alcancen las mayorías absolutas, se pueda acudir a los tribunales a fin de que se pronuncien acerca de una eventual e inadmisible exclusión del cumplimiento de dicha obligación por abusiva o desequilibrada.

Por lo expuesto, el recurso ha de prosperar y con ello la demanda iniciadora

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16. Legitimación del Presidente para actuar en juicio representando a la comunidad de propietarios contra un comunero por obras inconsentidas Nulidad del acuerdo comunitario autorizando al Presidente para accionar al no obtener las mayorías exigidas en el citado art. 17.7 LPH por lo que el Presidente no está legitimado para actuar en el presente procedimiento representando a la comunidad de propietarios y es que ha de afirmarse que es doctrina jurisprudencial constante que para el ejercicio de acciones judicial en defensa de las comunidades de propietarios es necesario la existencia de acuerdo (válido) previo de la junta que así lo autorice. � Rollo 17/2018. Sentencia de 20 de marzo de 2019. Sección quinta. Audiencia Provincial de Las Palmas de GC. Ponente el Sr. Magistrado Don VÍCTOR MANUEL MARTÍN CALVO

FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.– Es objeto de apelación la sentencia que estima íntegramente la demanda y condena a la demandada a retirar de la cubierta del edificio la instalación de caseta y aparatos de aire acondicionado efectuada por la entidad demandada sin autorización de la junta de propietarios y en contradicción con lo dispuesto en los estatutos. Frente a dicha resolución se alza la entidad demanda insistiendo en su acción reconvencional, esto es en la pretensión de declaración de nulidad del acuerdo segundo adoptado en Junta de 11/04/2016 por el que se autorizaba al presidente de la comunidad para el ejercicio de la acción judicial objeto de la demanda principal y, por consiguiente, la desestimación de la demanda por falta de legitimación activa del presidente y, subsidiariamente, afirmando que la demanda no es mas que un ejercicio abusivo de un aparente derecho pues —según alega— las obras por ella ejecutadas no causan molestia alguna a los demás propietarios por lo que, por tratarse de local comercial, ha de valorarse con flexibilidad las limitaciones en relación a la ejecución de tales obras.

SEGUNDO.– Obviamente ha de analizarse, como así se pretende, el recurso en cuanto a la desestimación de la acción reconvencional pues su eventual estimación provocaría, necesariamente, la íntegra desestimación de la demanda.

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No se discute que la demandada ha efectuado obras en la cubierta (comunitaria) existente en el local (de su propiedad) para la instalación de aparatos de aire acondicionado y extracción de humos colocando, a su vez, una caseta sobre dicha cubierta. En Junta de 11 de abril de 2016 se abordó como punto segundo del orden del día la “autorización al Presidente a ejercer cuantas acciones en derecho asistan a la Comunidad contra María del Pino González Sánchez e Hijos, S.L. propietaria del local, por obras ejecutadas en la cubierta interior del edificio (extracción de humos y aire acondicionado) sin autorización de Junta General de Propietarios”.

A dicha junta, que finalmente hubo de celebrarse en segunda convocatoria, acudieron (presentes o representados), según resuñta del encabezamiento del acta, dieciséis (16) copropietarios que representaban un total del 73,50% de las cuotas de participación, votando a favor del acuerdo aquí impugnado nueve (9) propietarios que representaban un total del 33,60% de las cuotas de participación (en el acuerdo que figura en el acta se dice, erróneamente, que era el 22,40%), votando en contra la entidad aquí demandada, que tiene una cuota del 17,60% y absteniéndose seis (6) propietarios que representaban un 22,30% de cuota de participación (erróneamente en el acta se dice un 18,60%) (…)

TERCERO.– El art. 17.7 LPH aplicable al supuesto de autos dispone que “En segunda convocatoria serán válidos los acuer-

dos adoptados por la mayoría de los asistentes, siempre que ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes “

al cabo es “voto” (de hecho pueden salvarlo para, en su caso, impugnar el acuerdo en los términos previstos en el art. 18.2 LPH).

La Magistrada a quo considera, siguiendo el criterio expresado por la AP Asturias, sec. 5ª, en Sentencia de 28-062016 (nº 214/2016, rec. 261/2016) que el acuerdo fue válidamente adoptado al excluir del cómputo de votantes y de cuotas a los propietarios que se abstuvieron en la votación y considerando que habían votado a favor siete (7) propietarios (excluyendo así el voto en representación efectuado por don Juan Estany Cabrera en nombre de don Nicolás Manrique de Lara Torre) y tan solo uno en contra siendo que los primeros (según erróneo computo en el acta) representaban un 22,40% de participación y por tanto más de la mitad del total de coeficiente de votantes no abstenidos (22,40% de los que votaron a favor + 17,60% de la que votó en contra = 40,00% y su mitad 20%) el acuerdo superó los requisitos previstos en el anterior mencionado precepto.

Así lo entienden, entre otras, la AP Guipúzcoa que en sentencia de su secc.

2ª de fecha 21 de diciembre de 2018 (rec.

2750/2018) razonó que:

No se comparte dicho criterio. El art.

17.7 LPH, como hemos transcrito establece dos requisitos cumulativos para la aprobación de acuerdos (generales: los no especificados en los otros apartados) en segunda convocatoria; a saber, 1º) mayoría de los asistentes y 2º) mitad de las cuotas de los presentes.

El precepto en ningún modo permite excluir del cómputo ni de votos ni de cuotas a los propietarios “presentes” (en el sentido de asistente; no en quien no está representado) que se hubieran abstenido. No es que haya de computarse las abstenciones como votos negativos o como votos positivos, sino simplemente han de computarse como “votos” teniendo en cuenta su correspondiente cuota de participación sin que tampoco, considera la Sala, haya de entenderse que no votan —esto es, como si hubieran abandonado la votación en relación al acuerdo—.

Los que se abstienen ejercen su voto, que no es ni a favor ni en contra, pero, al fin y

“Por último, en orden a determinar si se ha alcanzado o no la mayoría contemplada en el art. 17.7 LPH, aun cuando la sentencia de instancia no efectúa consideración alguna en relación al propietario que se abstuvo y al propietario que se ausentó, entendemos que en el presente caso concurre la doble mayoría de propietarios y cuotas que exige el precepto, que dispone que en segunda convocatoria serán válidos los acuerdos adoptados por la mayoría de los asistentes, siempre que ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes. El precepto habla de ‘asistentes’ por lo que entendemos que debe comprenderse para el cálculo de mayoría de cuotas el voto del que se abstiene (así, SAP de Gipuzkoa de 19 de febrero de 2018), que está manifestando su propósito consciente y voluntario, cualquiera que sean las razones que le asistan, de no votar ni a favor ni en contra, y participando de manera activa en la decisión. Sin embargo, no cabe tomar en consideración a efectos del cómputo de la mayoría de cuotas el porcentaje de quien, habiendo asistido a la junta, decide abandonarla previamente a la adopción del acuerdo, ausentándose y no participando en la votación”.

CUARTO.– En el supuesto enjuiciado el acuerdo no fue válidamente aprobado y, por ello, debe declararse su nulidad (conforme al art. 18.1. a) LPH), pues aunque obtuvo la mayoría de votos de los asistentes (que presentes y representados fueron 16, según resulta del encabezamiento del acta) votando 9 a favor (por tanto, la mitad mas uno), sin embargo era preciso, además, según el citado art. 17.7 LPH que se lograra entre ellos más de la mitad de las cuotas de los presentes, que como hemos visto ascendía a 73,50% JURISPRUDENCIA CIVIL DE LAS PALMAS 17 REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 53, abril-julio (2019), págs. 6-60

siendo así necesario que los votantes a favor representaran su mitad (36,75%) lo que no se logró pues únicamente representaban el 33,60%. Adviértase que en el acta, en el computo de votos del acuerdo, se recogen mal tanto el número de votos (pues se excluye dos votos a favor, el de N M y el de O, que estaban representados por don Juan y una abstención, la de B que estaba representada por I H) e igualmente se computan mal los porcentajes de participación de los presentes (teniendo en cuenta los fijados en el encabezamiento del acta y que son en los que esta Sala toma en consideración y así los ha reflejado en la anterior Tabla). En cualquier forma, aun tomando los valores expresados en el acuerdo, el mismo no podría ser aprobado pues según refleja el mismo (erróneamente) los votantes a favor representaban un 22,40% mientras el total de los porcentajes computados era de 58,60% (22,40% a favor; 17,60% en contra y 18,6% abstenciones) siendo preciso para aprobar el acuerdo que los votantes a favor hubieran (según dichos porcentajes) alcanzado el 29,30%, lo que no sucedió.

QUINTO.– Procede por tanto la estimación del recurso con la consiguiente estimación de la acción reconvencional y, consecuentemente, al ser nulo el acuerdo por no gozar de las mayorías exigidas en el citado art. 17.7 LPH el Presidente no está legitimado para actuar en el presente procedimiento representando a la comunidad de propietarios y es que ha de afirmarse que es doctrina jurisprudencial constante que para el ejercicio de acciones judicial en defensa de las comunidades de propietarios es necesario la existencia de acuerdo (válido) previo de la junta que así lo autorice.

La STS de 5 de noviembre de 2015 (nº 622/2015, rec. 2128/2013) razonó al respecto que: “(…) la Ley de Propiedad Horizontal otorga al presidente de la comunidad de propietarios la representación de la misma en juicio y fuera de él, pero, como matiza la 18 VÍCTOR CABA VILLAREJO REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 53, abril-julio (2019), págs. 6-60

referida STS de 19 de febrero de 2014 y no tiene en cuenta la sentencia recurrida, ‘esto no significa que esté legitimado para cualquier actuación por el mero hecho de ostentar el cargo de presidente ya que no puede suplir o corregir la voluntad de la comunidad expresada en las juntas ordinarias o extraordinarias’.

Aunque la Ley de Propiedad Horizontal únicamente exige de modo expreso el acuerdo previo para que el presidente pueda ejercitar acciones judiciales en defensa de la comunidad de propietarios en los supuestos de acción de cesación de actividades prohibidas por los estatutos que resulten dañosas para la finca (artículo 7.2 LPH) y de reclamación de cuotas impagadas (artículo 21 LPH), esta Sala ha entendido (STS de 19 de febrero de 2014, rec. nº 1612/2011, reiterando el criterio, por ejemplo, de la STS de 27 de marzo de 2012, rec. nº 1642/2009) que no resulta razonable sostener que la facultad de representación que se atribuye de modo genérico al presidente le permita decidir unilateralmente sobre asuntos importantes para la comunidad, entre los que la citada STS de 27 de marzo de 2012 considera comprendida precisamente ‘la realización de obras en elementos privativos de un comunero que comporten alteración o afectación de los elementos comunes’. En definitiva, como concluye la más reciente STS de 30 de diciembre de 2014, rec. nº 2980/2012, es pacífica la doctrina jurisprudencial de esta Sala (reiterada, con precisiones, en las SSTS de 10 de octubre de 2011, rec. nº 1281/2008; 27 de marzo de 2012, rec. nº 1642/2009; 12 de diciembre de 2012, rec. nº 1139/2009, todas estas citadas por la recurrente, y también en las posteriores de 24 de octubre de 2013, rec. nº 1263/2011; 19 de febrero de 2014, rec. nº 1612/2011, y 11 de abril de 2014, rec. nº 381/2012) que declara la necesidad de un previo acuerdo de la junta de propietarios que autorice expresamente al presidente de la comunidad para ejercitar acciones judiciales en defensa de esta salvo que los estatutos expresamente dispongan lo contrario o el presidente actúe en calidad de copropietario.

Y de ahí que en su fallo dispusiera: 4º.– Reiterar como doctrina jurisprudencial ‘la necesidad de un previo acuerdo de la junta de propietarios que autorice expresamente al presidente de la comunidad para ejercitar acciones judiciales en defensa de esta, salvo que el presidente actúe en calidad de copropietario o los estatutos expresamente dispongan lo contrario’”.

SEXTO.– Por todo lo anterior al carecer en este juicio válida representación la Comunidad actora y no poder por ello estar correctamente representada en este juicio por su presidente al no haberse acordado ‘válidamente’ el acuerdo de ejercicio de la acción principal pretendida en la demanda sin necesidad de entrar a decidir sobre la legalidad o ilegalidad de las obras efectuadas por la demandada en la cubierta comunitaria procede la íntegra desestimación de la demanda.

SÉPTIMO.– Al desestimarse íntegramente la demanda y estimarse íntegramente la reconvención procede imponer a la actora-reconvenida las costas causadas en el curso de la primera instancia conforme a las previsiones del art. 394 LEC. ÚLTIMO.– Estimándose el recurso de apelación interpuesto no procede hacer expresa imposición de las costas causadas en esta alzada de conformidad con lo previsto

en el art. 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiéndose proceder a la devolución del depósito constituido de acuerdo con disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación; FALLO Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad mercantil S.L. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 29 de septiembre de 2017 en los autos de Juicio Ordinario nº 814/2016, revocando dicha resolución y, en su lugar, tras la estimación de la acción reconvencional y declarar, como aquí hacemos, la nulidad del acuerdo de autorización al presidente para el ejercicio de acciones judiciales adoptado como punto segundo del orden del día de la Junta Ordinaria de 11 de abril de 2016 de la Comunidad de Propietarios Edificio Atlántico, desestimamos íntegramente, sin entrar a conocer el fondo del asunto, la demanda presentada por el Presidente de la referida comunidad, a la que imponemos las costas causadas en el curso de la primera instancia.

17. Gastos de comunidad. Reclamación cuotas ordinarias. Plazo de prescripción Se considera que nos hallamos ante una obligación integrada por prestaciones de carácter periódico cuyo tiempo de ejecución viene fijado por plazos anuales o inferiores al año siendo de aplicación el plazo de prescripción quinquenal del art. 1966.3 CC. � ROLLO 917/2017. Sentencia de 8 de marzo de 2019. Sección quinta. Audiencia Provincial de Las Palmas de GC. Ponente Don MIGUEL PALOMINO CERRO

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. Como único motivo de apelación se invoca por la comunidad de propietarios apelante la, a su juicio, errónea

interpretación jurídica contenida en la resolución recurrida que considera prescrita la acción para exigir el pago a los apelados de las cuotas comunitarias ordinarias correspondientes a los ejercicios 2008 (julio a JURISPRUDENCIA CIVIL DE LAS PALMAS 19 REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS ISSN 1886-7588, núm. 53, abril-julio (2019), págs. 6-60