Dirigida por Víctor Caba Villarejo
Publicación trimestral Nº 6/ Julio 2007 Índice
Artículos – El nuevo marco normativo de las enfermedades profesionales: una mirada crítica, por Carlos Rodríguez Domínguez...................................................................................................................................................... – Procesos matrimoniales y de menores: reflexiones sobre algunas cuestiones de interés (segunda parte), por Pedro Joaquín Herrera Puentes............................................................................................................... – La enajenación de bienes eclesiásticos, por Aflonso Cavallé Cruz................................................................ – Los delitos contra los derechos de los trabajadores. Primera parte, por Salvador Alba Mesa....................... – Consecuencias de un accidente en relación a póliza de seguros de accidentes. Reclamación en vía civil. Divergencia art. 38 Ley Contrato de Seguro, por Iván Ventura Díaz.............................................................. – Los fraudes inmobiliarios en el Código penal de 1995, por José Alberto Magariños Yáñez........................... Jurisprudencia Las Palmas – CIVIL, seleccionada por Víctor Caba Villarejo................................................................................................ Tenerife – CIVIL, seleccionada por Macarena González Delgado.................................................................................. Las Palmas – PENAL, seleccionada por Ernesto Vieira Morante......................................................................................... Tenerife – PENAL, seleccionada por Rubén Cabrera Garate.......................................................................................... Las Palmas – CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, seleccionada por César García Otero................................................ Tenerife – CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, seleccionada por Pedro Hernández Cordobés................................... Las Palmas – LABORAL, seleccionada por Humberto Guadalupe....................................................................................... Tenerife – LABORAL, seleccionada por Carmen Sánchez-Parodi Pascua.....................................................................
7 15 27 51 65 75
91 155 195 249 289 309 331 347
DOCTRINA DE LA DGRN – Comentarios, seleccionados por María Pilar de la Fuente García..................................................................
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DICTÁMENES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS – Comentarios, seleccionados por Óscar Bosch Benítez..................................................................................
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DOCTRINA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO – Seleccionada por Vicente Máximo Garrido García.........................................................................................
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© tirant lo blanch edita: tirant lo blanch C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia telfs.: 96/361 00 48 - 50 fax: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es deposito legal: v - 764 - 2007 ISSN: 1886 - 7588 imprime: guada impresores, s.l. - pmc Media, S.L.
Prólogo Representa para mi una gran satisfacción como Viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias y también como jurista saludar por medio de las presentes líneas el nacimiento de la Revista Jurídica de Canarias, impulsada por la prestigiosa editorial Tirant lo Blanch. Para el profesional del Derecho, especialmente si despliega su actividad en el foro, contar con una información actualizada acerca de la actividad legislativa y jurisprudencial es una necesidad básica que, por fortuna, resulta cada vez más sencillo atender a través de diversos medios. Precisamente, esta nueva Revista aspira a ser una vía para ello, especialmente indicada para quienes desarrollan su actividad en Canarias. La hipertrófica producción jurisprudencial, legislativa y reglamentaria de nuestro tiempo amenaza con convertir cualquier escrito o alegato jurídico en un ensayo propio de los cultivadores de la Historia del Derecho, a poco que el autor se descuide. La disponibilidad de herramientas como la presente revista constituye sin duda un alivio para quienes aspiramos a desenvolvernos preferentemente en el ámbito del Derecho vigente. La vocación eminentemente práctica de la Revista Jurídica de Canarias y su apego a la realidad jurídica de nuestro territorio convertirán a buen seguro en exitosa esta iniciativa que ahora se emprende. Es de esperar, además, que se convierta en una ventana abierta a la reflexión jurídica del conjunto de profesionales y estudiosos del Derecho de Canarias, a los que me permito invitar a construir el futuro de la Revista con sus aportaciones. En un escenario como el actual marcado por el indudable inicio de una nueva etapa en el desarrollo del proceso de descentralización territorial de las competencias del Estado parece especialmente oportuna la aparición de un Revista jurídica centrada en la realidad de Canarias. En el ámbito político, nuestro Archipiélago asiste en estos precisos momentos al debate acerca del nuevo Estatuto de Autonomía, que debe ser el cauce para residenciar en los poderes públicos canarios un mayor nivel de competencias. Además, en el ámbito estrictamente judicial, estamos inmersos también a un interesantísimo proceso de descentralización en el poder judicial, a través de la creación de los Consejos de Justicia Autonómicos o del nuevo papel que va a atribuirse a los Tribunales Superiores de Justicia en descargo del Tribunal Supremo. Por todas las razones expuestas creo que la puesta en marcha de esta Revista Jurídica de Canarias es una magnífica noticia que merece el público reconocimiento y agradecimiento a los impulsores de la misma.
Francisco J. Díaz Brito Viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna
El nuevo marco normativo de las enfermedades profesionales: una mirada crítica
Carlos Rodríguez Domínguez Profesor Asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad de La Laguna
Resumen El presente estudio versa sobre el nuevo régimen jurídico de las enfermedades profesionales aprobado mediante Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre. El autor elogia las novedades del cuadro pero valora críticamente su déficit dado que no se incluyen patologías como el mobbing o el síndrome del burning out, las enfermedades debidas a riesgos psicosociales emergentes. Además, la ausencia de referencia legislativa alguna a medidas preventivas es fuente de crítica junto a la situación actual de infradeclaración de enfermedades profesionales. Palabras clave: Enfermedad profesional, morbilidad laboral, cuadro o lista de enfermedades, sistema de determinación, notificación y registro, salud laboral.
“Hay que preguntar por la fuente de sustento de la persona dado que ahí puede estar el origen de su enfermedad”. (Bernardino Ramazzini en “Tratado de las enfermedades de los artesanos”, siglo XVII)
El pasado 1 de enero de 2007 entró en vigor el nuevo cuadro de enfermedades profesionales (en adelante, EE.PP.) como ineludible respuesta a los cambios acaecidos en la actividad productiva en las tres últimas décadas . La aparición de nuevos elementos y sustancias que puedan incidir en la salud laboral de los trabajadores, los cambios demográficos y los avances científicos en materia sanitaria, requerían además una adecuada actualización del listado de EE.PP que databa del año 1978 . Dicha actualización se ha materializado fruto del consenso de los distintos agentes implicados dentro del marco del diálogo social, y transponiendo de esta manera a nuestro Derecho interno la Recomendación comunitaria 2003/670/CE, de 19 de septiembre . Con el fin de dar aplicación interna a dicho acto normativo comunitario se dictó el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre , por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de Seguridad Social, y se establecen los criterios para su notificación y registro. Dicho RD ha sido desarrollado por la Orden TAS/1/2007, de 2 de enero , por la que se establece el modelo del parte de enfermedad profesional y se dictan normas para su elaboración y transmisión. El nuevo elenco de EE.PP. tiene 96 epígrafes distribuidos en los idénticos 6 grupos que ya contenía la regulación vigente desde 1978 . A nivel general, se reconocen unas cincuenta nuevas dolencias profesionales, caso de las lesiones músculo-esqueléticas, algunos tipos de cánceres o incluso los relacionadas con los nódulos en las cuerdas vocales que padecemos los docentes, amén de otros grupos profesionales. Además se relacionan diversas patologías a nuevos ámbitos de trabajo . Con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva regulación de las EE.PP., la figura del accidente de trabajo se había convertido en un cajón de sastre para las enfermedades de origen laboral no listadas10, supliendo así las importantes lagunas de las que adolecía la Históricamente, en la praxis de nuestro país se ha asumido el desgaste del trabajador, resultado de una larga exposición al riesgo, como una forma de enfermar inherente a su prestación de servicios y al paso inexorable del tiempo Los cambios que se han producido en las relaciones industriales, la externalización de las actividades peligrosas o menos cualificadas a otras empresas, o su contratación a ETT´s, han traído consigo que los riesgos profesionales se desplacen desde sectores tradicionales (industria y agricultura) al sector servicios que a priori estaba a salvo de ellos. Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo DOUE de 25 de septiembre de 2003 BOE de 19 de diciembre de 2006 BOE de 4 de enero de 2007 Fruto de la Declaración para el Diálogo Social suscrita en julio de 2004, y refrendado el pasado 13 de julio de 2006 en el Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social A saber, 1) enfermedades profesionales causadas por agentes químicos; 2) enfermedades profesionales causadas por agentes físicos; 3) enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos; 4) enfermedades profesionales producidas por la inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados: 5) enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados; y 6) enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos Vgr. Enfermedades infecciosas y diversas patologías de la piel, previstas en los grupos 3 y 5 para los trabajadores de instituciones penitenciarias 10 Utilizando para ello la vía del artículo 115.2 e) del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
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anterior regulación; eso en el mejor de los casos, dado que la mayoría de patologías laborales eran reconocidas como simple contingencia común, negando la verdadera naturaleza de las mismas11 y relacionándolas con actividades cotidianas ajenas al contexto laboral. El nuevo marco normativo en vigor debe favorecer, sin duda, una mayor concienciación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, ello sólo ocurrirá si se consigue modificar la actitud de muchos facultativos de atención primaria normalmente reacios a asociar la patología que presenta el paciente con el mundo del trabajo12. De esta manera, en los reconocimientos no sólo se debería indagar en la exploración de hábitos saludables o antecedentes clínicos o familiares relacionados, sino también en las condiciones de trabajo de los pacientes. Entre las razones que han motivado hasta ahora una evidente infradeclaración13 o subregistro de EE.PP. podemos citar las siguientes: • Falta de actualización del listado y la propia dificultad científico-médica para catalogar como exclusivamente profesional una patología determinada • Deficiencias del sistema de notificación y registro • Exigua formación médica en salud laboral y escasa sensibilidad para considerar al centro de trabajo como escenario unifactorial de riesgo de enfermedades • Desconocimiento de la obligación de declarar la EE.PP. • Falta de retroalimentación o feedback de todo el sistema • Desinterés por la prevención en la asistencia sanitaria En la propia memoria del RD 1299/2006 el propio legislador ha sido consciente que “las deficiencias de protección a los trabajadores afectados por esta contingencia profesional se derivan, en gran medida, no sólo de la falta de actualización de la lista de enfermedades profesionales sino muy especialmente de las deficiencias de notificación de las mismas, producidas por un procedimiento que se ha demostrado ineficiente, sin una vinculación suficiente con el profesional médico que tiene la competencia para calificar la contingencia o con aquél otro que pueda emitir un diagnóstico de sospecha”. Así las cosas, el RD modifica el sistema de notificación de las enfermedades profesionales para agilizar el procedimiento y simplificar trámites. En este sentido, una de las principales novedades es que la elaboración y tramitación de los partes de enfermedad profesional corresponde a las entidades gestoras y a las mutuas que asuman la cobertura de contingencias profesionales, por tanto sale del ámbito de deci Si otorgáramos carta de naturaleza a los datos oficiales que manejamos podríamos concluir que la situación en España es inmejorable, nada más lejos de la realidad. El evidente subregistro de enfermedades profesionales no puede escudarse en lo complejo de su objetivación, cuando es evidente que no existen los recursos técnicos y sanitarios para su control, detección y seguimiento. A ello hay que añadir la nula conciencia social frente a los daños causados a largo plazo por los riesgos laborales. Por todo ello, a todos los estamentos de la sociedad le ha sido más fácil eludir su responsabilidad en este complejo asunto que asumirlos, por ello que es de reconocer la valentía en ofrecernos este nuevo escenario normativo 12 Aunque es de justicia reconocer la multicausalidad de factores, lógicamente alguno extralaboral, que contribuyen al desencadenamiento de las lesiones relacionadas con el trabajo. Además, debemos hacer mención a la inespecificidad clínica de muchas EE.PP., dado que ello no permite relacionar la sintomatología con un entorno de trabajo determinado 13 Esta opinión es compartida por la totalidad de la doctrina y agentes que intervienen en el conjunto del sistema. Además, los informes del grupo de trabajo de EE.PP de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo apuntan diáfanamente en esa dirección 11
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sión puramente empresarial dicha actividad. Una vez realizada la comunicación inicial de la enfermedad, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se haya producido el diagnóstico de la misma, y para confeccionar en su integridad el parte, las empresas deben facilitar a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales los datos relativos a la base reguladora del trabajador y modalidad preventiva de la misma empresa y empresa usuaria, en caso de contrata o subcontrata. De no remitirse dicha información por parte de la empresa, se procederá a la tramitación del parte poniendo el citado incumplimiento en conocimiento de la autoridad laboral14. Los datos que actualmente manejamos confirman las aseveraciones que ofrecemos en este estudio. Las EE.PP. declaradas en España han crecido leve y progresivamente en los últimos años, no obstante, cerca del 99% de las mismas lo constituyen las lesiones calificadas como leves y sin baja. A pesar de ello, aún España presenta una grave situación de desfase en comparación con la inmensa mayoría de países de nuestro entorno y similar nivel de desarrollo.
Tabla 1. EE.PP. declaradas en España Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales (MTAS)
En Canarias hemos retrocedido de 320 enfermedades profesionales declaradas en 2005 a sólo 184 en 200615, dichos datos ponen a las claras la pésima acción preventiva desarrollada en nuestro archipiélago y la evidente responsabilidad que las MATEPSS tienen al respecto. Además, si ponemos dichas cifras en relación al resto de CCAA, ocupamos el último vagón de cola en cuanto al reconocimiento de enfermedades de origen laboral se refiere16. Artículo 6 de la Orden TAS 1/2007, de 2 de enero Lo que supone una decepcionante reducción del orden del 40%. Datos obtenidos en el Gobierno de Canarias 16 Ello es aún más grave si tenemos en cuenta que el conjunto de la población ocupada y desempleada en Canarias no es precisamente de las más bajas en comparación con el resto de las autonomías. Además, según el informe «Impacto de las enfermedades laborales en España», elaborado en febrero de 2007 por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), adscrito al sindicato CCOO, Canarias hace oídos sordos al 91% a las patologías laborales y las mismas son calificadas como 14 15
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Por otro lado, las lesiones osteomusculares y cutáneas suman casi el 95% del total de las afecciones diagnosticadas. Además, se estima que un 50% de los trabajadores afectados se reincorporan a su mismo puesto de trabajo, desoyendo las medidas protectoras17 previstas en los artículos 45 y ss. de la OM de 9 de mayo de 1962, todavía vigentes. El hecho de que las enfermedades de ámbito psicosocial no estén incluidas en el listado de enfermedades profesionales es un déficit no sólo del elenco español sino de falta de voluntad política en todo el ámbito europeo que debe ser subsanado. El mobbing o acoso laboral, la patología del burning out, o síndrome del quemado, y el estrés laboral deben ser reconocidos urgentemente como enfermedades profesionales, ya que constituyen afecciones demasiado comunes hoy en día. Además, según se desprende del artículo 7 de la Orden TAS 1/2007, de 2 de enero, la administración sanitaria de las CCAA18 no podrán tener acceso, al menos ex lege y como está previsto expresamente para el resto de agentes, a la información contenida en CEPROSS, la aplicación informática de Comunicación de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, para investigar los agentes causantes de las EE.PP., con lo que no podrá servir de ayuda al diagnóstico de nuevas lesiones y, por tanto, quiebra todo el sistema. Hasta nuestros días carecemos de datos fiables sobre el verdadero impacto de las lesiones relacionadas con el trabajo. En ese sentido, se hace imprescindible conocer la frecuencia y localización de las patologías laborales para planificar adecuadamente las estrategias preventivas y asistenciales necesarias que minimicen los daños del trabajo sobre la salud. Elaborar eficaces acciones preventivas de diagnóstico precoz constituye un elemento fundamental para reducir los tiempos de exposición e incrementar los equipos de protección individual, para mejorar y adaptar los entornos de trabajo. En esta línea, el nuevo RD 1299/2006 carece de referencia alguna a medidas preventivas19, sin embargo, nada nuevo bajo el sol pues todo nuestro ordenamiento jurídico de la Seguridad Social desde la Ley de Bases de 1936, así como la jurisprudencia de referencia20, ha ido delimitando y ampliando el rígido concepto de enfermedad profesional previsto en el artículo 116 TRLGSS desde una perspectiva meramente asistencial o reparadora del daño, relegando al olvido los aspectos preventivos. Diversos estudios sindicales21 estiman que de alcanzarse una plena efectividad del nuevo marco normativo, podrían verse multiplicadas por tres las enfermedades profesionales reconocidas en España22. Sin embargo, ese deseado objetivo no será alcanzado, lamentablemente, al menos a corto plazo. simples contingencias comunes. Todo ello exige un imprescindible impulso institucional al reconocimiento de las EE.PP. 17 Además, si el cambio de puesto de trabajo incluye inexorablemente movilidad funcional vertical, se conservan las mismas condiciones retributivas de su puesto de origen, a excepción de los complementos de productividad (ex art. 133.2 TRLGSS) 18 En nuestro caso, la Unidad de Salud Laboral del Servicio Canario de Salud 19 Que sí están previstas, sin embargo, en la Recomendación europea 2003/670/CE. Esta transposición a la baja por parte del legislador español demuestra la escasa cultura y conciencia preventiva que lamentablemente nos caracteriza 20 Sin ánimo de exhausitividad, Vid. STSJ de Cantabria de 19 de octubre de 2005, STSJ de Castilla León de 20 de abril de 2005 y STSJ del País Vasco de 22 de marzo de 2005 21 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), adscrito al sindicato CCOO 22 En la actualidad sólo alcanzan las 30.000 declaradas anualmente, a pesar de que el 16% de los casos tratados en los Servicios Públicos de Salud se considera que están relacionados directamente con patoREVISTA JURÍDICA DE CANARIAS 11
Conclusiones Este nuevo escenario normativo requiere de un esfuerzo de difusión, participación y dinamización en su puesta en marcha por parte de todos los agentes sociales implicados. Reconociendo que, aunque mejorable, el RD 1299/2006 da respuestas satisfactorias a muchas de las reivindicaciones, principalmente doctrinales y sindicales, en la materia, ese punto de inflexión normativo debe constituir la base de un nuevo y verdadero sistema de reconocimiento de EE.PP. en el ámbito de la Seguridad Social, estableciendo la necesaria cultura preventiva en salud laboral que nuestro estado social de derecho precisa. Ahora es el momento para que todos los agentes implicados movilicen sus esfuerzos en la misma dirección: transformar lo común en profesional y evitar que el nuevo cuadro de EE.PP. se convierta en un mero acto normativo de autocomplacencia o en simple papel mojado. Apoyar la formación en salud laboral del personal médico de atención primaria, dar fluidez al cruce de información entre entidades gestoras y colaboradoras, fomentar la creación de estructuras especializadas de asesoramiento y formación en los servicios públicos de salud e impulsar el Centro Nacional de Referencia deben ser algunos pasos firmes para estimular el afloramiento de las EE.PP. ocultas y evitar su infradeclaración. Elaborar guías sobre síntomas e investigar nuevas patologías de salud laboral, deben encaminarnos a reducir la brecha existente entre enfermedades relacionadas con el trabajo y EE.PP23. Casi para concluir, es imprescindible un cambio de actitud en las mutuas patronales dado el trascendental papel que desarrollan en la gestión de las EE.PP., desterrando de una vez por todas las dinámicas de ocultamiento y no declaración de enfermedades24. Asimismo, los delegados de prevención deben impulsar la implantación de este nuevo sistema, definiendo las patologías laborales más comunes en cada centro de trabajo, y exigiendo el cumplimiento efectivo del mismo. Aunque la prevención es cosa de todos, el protagonista activo debe ser el trabajador, quien en última instancia debe exigir la correcta determinación del carácter profesional de su enfermedad.
Bibliografía AA.VV., Guía sobre el nuevo sistema de declaración de enfermedades profesionales, CCOO, 2007 AA.VV., Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, Colex, 2003
logías laborales. Además, hemos podido detectar que en los primeros meses de 2007 se ha producido un parón en el reconocimiento de EE.PP debido fundamentalmente al profundo desconocimiento de la nueva normativa ya en vigor. Por otro lado, el informe «Impacto de las enfermedades laborales en España», elaborado en febrero de 2007 por el ISTAS, estima que el subregistro total de enfermedades con origen laboral alcanza el 64%. 23 De lege ferenda deberíamos dar pasos para que nuestro sistema de declaración de EE.PP. se encaminara hacia un modelo abierto, sólo así se podrían incardinar en él patologías cuyo nexo causal directo es el trabajo. Además, es necesario universalizar la población protegida por esta contingencia profesional, ampliando los efectos preventivos y prestacionales que de dicho reconocimiento derivan 24 Para mayor claridad, basta recordar que en 2006 el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) modificó la decisión de las mutuas en un 35% de los expedientes de IT que revisó, con lo que 3.523 trabajadores afectados por enfermedad común fueron reconocidos por el INSS como afectados por enfermedad profesional 12 carlos rodríguez domínguez
Ares Camerino, A., “Sentencias sobre enfermedades profesionales”, Gestión práctica de riesgos laborales, nº 34, 2007, pp. 26-30 Desdentado Bonete, A. et Nogueira Gustavino, M., “Historia de la protección de la enfermedad profesional en el ordenamiento jurídico español”, RMTAS, nº 24, 2000, pp. 31-36 Fernández Domingo, C.J. et Maqueda Alonso, J., “Novedad que supone la propuesta de una nueva lista de EE.PP. y el nuevo sistema de notificación”, Medicina y Seguridad del Trabajo, nº 203, 2006, pp. 1-5 Fernández Jiménez, M., “El nuevo enfoque de las enfermedades profesionales en España”, Gestión práctica de riesgos laborales, nº 28, 2006, pp. 12-16 García Gómez, M. et Castañeda López, R., “Enfermedades profesionales declaradas en hombres y mujeres en España 2004”, Revista Española de Salud Pública, nº 80, 2006, pp. 361-375 Moreno Cáliz, S., La enfermedad profesional. Estudio de su prevención, INSHT, 2002 Toscani Giménez, D., “Enfermedades comunes versus enfermedades del trabajo”, Gestión práctica de riesgos laborales, nº 30, 2006, pp. 20-27
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PROCESOS MATRIMONIALES Y DE MENORES: REFLEXIONES SOBRE ALGUNAS CUESTIONES DE INTERÉS. (Segunda Parte)
Pedro Joaquín Herrera Puentes. Magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria Adscrito al Orden Civil, Sección Quinta.
Sumario: I. Publicidad de las Actuaciones Orales. II. Ejecutividad de las Medidas adoptadas en Sentencia. III. El Menor en Situación de Desamparo. Impugnación Judicial de las resoluciones administrativas. IV. Medidas Cautelares conectadas con el procedimiento anterior. V. Ejecución de Resoluciones Judiciales que conllevan la reintegración de un menor en el seno de su familia biológica. VI. Procedimiento Asentimiento Adopción. VII. Formación del Inventario Ganancial y el avalúo de las partidas que lo integran
I. Publicidad de las Actuaciones Orales El contenido literal del art. 754 de la Lec es como sigue: mediante providencia, de oficio o instancia de parte, podrá decretarse que los actos y vistas se celebren a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas, siempre que las circunstancias lo aconsejen, aunque no se esté en ninguno de los casos del apartado 2º del art. 138 de la presente ley. Este precepto supone una excepción relativa a la regla general sobre la publicidad de las actuaciones orales que se regula en el art. 138 de la LEC. Digo que es relativa pues en ambos preceptos se parte de la misma premisa y regla general que es la de que todas actuaciones de prueba, las vistas y comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes, se practicarán en audiencia pública. La diferencia está en que en los procedimientos del Título I del Libro IV la publicidad de tales actuaciones puede restringirse o excluirse sin necesidad de ajustarse el Tribunal a las previsiones del apartado 2º y 3º del art. 138 de la Lec. Basta con dictar un proveído en el que se haga constar de manera somera y sucinta que las circunstancias del caso aconsejan la celebración del acto en cuestión a puerta cerrada. Por mi parte, y atendiendo a los intereses implicados en este tipo de procedimientos, (me refiero a los relacionados con las consecuencias derivadas de la ruptura de la vida en pareja), bastará con que una sola parte lo pida para acordar la exclusión de la publicidad, siempre y cuando el debate no se ciña exclusivamente a cuestiones que afecten a materias sobre las cuales las partes pueden disponer libremente según la legislación civil aplicable. A tales situaciones le será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2º del art. 138. Los casos a los que hace alusión el art. 138.2 para excluir la publicidad son: – Protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática. – Cuando lo exijan los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades. – Concurrencia de circunstancias especiales. La regulación actual por tanto difiere de la primitiva instaurada por la Ley 30/1981 en la que se recogía la obligatoriedad de ser a puerta cerrada todos los procesos de familia. Así, en el párrafo segundo de su disposición adicional octava se decía literalmente: “las diligencias, audiencias y demás actuaciones judiciales en los procesos de nulidad, separación o divorcio no tendrán el carácter de público”.
II. Ejecutividad de las medidas definitivas adoptadas en Sentencia Es de apreciar que el apartado quinto del art. 774 de la Lec determina que los recursos que se interpongan contra la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieran acordado en ésta. Dicho precepto legal se esta refiriendo a la ejecutividad inmediata de las medidas definitivas, que, como se sabe, son consecuencia del pronunciamiento principal y que se dictan con el fin de regular la nueva situación patrimonial y familiar generada a raíz de la separación, divorcio o nulidad matrimonial decretada, y abarca tanto a las medidas de derecho necesario como a las de carácter dispositivo, siendo conforme tal conclusión tanto con lo dispuesto en el apartado 4º del art. 774 como con lo establecido en el art. 525 de la L. E. Civil. 16 pedro joaquín herrera puentes
La LEC en el apartado 4º del art. 774 se limita a subrayar la necesidad de que toda sentencia dictada en un proceso matrimonial contenga, a parte del pronunciamiento principal sobre el estado civil, los correspondientes pronunciamientos complementarios sobre las consecuencias derivadas, bien estableciendo “ex novo” una serie de medidas definitivas, o bien estableciendo las que sustituirán a las medidas provisionales en su día acordadas. El contenido sustantivo de las medidas definitivas a adoptar viene determinado por lo dispuesto en los arts 91 a 101 del Código Civil, siendo la norma adjetiva referida al principio de este párrafo una fiel reproducción del contenido del art. 91 de la citada norma sustantiva, omitiendo únicamente lo que “in fine” se dice en este último sobre la posibilidad de que las medidas definitivas puedan ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias, (de ello se ocupa el art. 775 LEC). Por su parte, el contenido de la regla 1ª del art. 525 de la Lec sirve para diferenciar el pronunciamiento principal de una sentencia de separación, divorcio o nulidad matrimonial, el cual no es susceptible de ejecución provisional, del resto de pronunciamientos (medidas definitivas y complementarias), los que si son provisionalmente ejecutables. El único desacierto que contiene, a mi entender, el referido precepto legal es que resulta incompleto, pues se refiere a las obligaciones y relaciones patrimoniales, dejando de lado otros temas que pueden ser objeto de medidas definitivas (guarda y custodia de los hijos menores, regimenes de visitas, etc..) y por ende igualmente ejecutables desde que son adoptados. Pero, entiendo que de su contenido no se infiere que las medidas definitivas patrimoniales de carácter dispositivo deban sujetarse para su ejecutividad provisional a lo dispuesto en los arts 526 y sgtes de la Lec sino que al igual que las demás se regirán por lo dispuesto en el apartado 5º del art. 774. Lo novedoso que por otro lado tiene el reiterado apartado 5º del art. 774 es que los pronunciamientos sobre estado civil contenidos en la sentencia pueden adquirir firmeza, si no resultan impugnados a la hora de interponerse el recurso de apelación. La ejecutividad inmediata es también trasladable a las medidas definitivas que se dicten respecto a los hijos no matrimoniales, pues, de conformidad con lo dispuesto en la regla sexta del art. 770, los procesos que sigan para la adopción de tales medidas se ajustarán en sus trámites a lo previsto en la L. E. Civil para la adopción de medidas definitivas en los procesos de separación, nulidad o divorcio. No obstante, y para finalizar con la exposición, haré una referencia a una concreta medida definitiva, cual es la disolución del régimen económico matrimonial, pues la particular regulación que se hace de sus efectos conlleva que se aparte del régimen de ejecutividad inmediata y que su tratamiento se haga al margen del proceso de ejecución. Así, resulta que, cuando el régimen económico que ha venido rigiendo entre los cónyuges se ha correspondido con el de la sociedad de gananciales, parte de los efectos que derivan de la medida definitiva relativa a su disolución pueden adelantarse incluso a la sentencia en la que se adopta. El artículo 808 de la Lec permite que la solicitud del inventario ganancial pueda presentarse una vez que se ha admitido la demanda de nulidad, separación o divorcio, por lo que el procedimiento previsto para su formación, (art. 809), podría incluso concluir antes de adoptarse la medida de la que deriva la liquidación de ese caudal. En cambio el resto de operaciones que completan el proceso de liquidación, (división y adjudicación de los lotes resultantes), no podrán iniciarse hasta que se haya concluido el inventario y sea firme la resolución que declare disuelto el aludido régimen económico matrimonial (art. 810). Por otro lado, no se ha de obviar que el inicio
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del proceso establecido para la liquidación del régimen económico de participación queda supeditado a la firmeza de la resolución en la que se decrete su disolución (art. 811).
III. El Menor en Situación de Desamparo. Impugnación Judicial de las resoluciones administrativas El art. 172.6 del C. Civil alude a la posibilidad de recurrir ante la jurisdicción civil las resoluciones administrativas en las que se aprecie el desamparo de un menor. Esta posibilidad se extiende, a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional primera apartado 3º de la L.O. 1/1996 de Protección del Menor a aquellas otras resoluciones administrativas relativas al resto de medidas conectadas con la protección de menores. En dicha norma se dice literalmente: “se aplicarán las normas de la jurisdicción voluntaria a las actuaciones que se sigan:… para cualesquiera otras reclamaciones frente a resoluciones de las entidades públicas que surjan con motivo del ejercicio de sus funciones en materia de tutela o de guarda de menores”. La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de siete de enero, en su art. 780 hace alusión a la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. Así pues, la conclusión que cabe extraer de lo expuesto es que el legislador ha sustraído de la jurisdicción contencioso-administrativa y concentrado en la Jurisdicción Civil, (Juzgados de Familia o, en su caso, Juzgados de Primera Instancia con competencia en esta materia), todas aquellas impugnaciones de resoluciones administrativas dictadas dentro del amplio marco que abarca la protección del menor. Dentro de ellas cabe incluir por tanto: – Las impugnaciones de las resoluciones administrativas por las que se declaran a un menor o menores en situación de desamparo, abarcando tanto las impugnaciones strictu sensu como aquellas solicitudes de cese que se apoyan en causas sobrevenidas. – Las medidas adoptadas y que son consecuencia de la situación de desamparo decretada. – Impugnaciones relacionadas con regímenes de acogimiento constituidos por la Administración, cuando se considere que se ha vulnerando la normativa aplicable en su constitución. – Impugnaciones contra decisiones de la Administración decidiendo poner fin al acogimiento en su día concertado (contrato de acogimiento) o acordado directamente (acogimiento provisional). – Impugnaciones contra decisiones negando o suspendiendo regímenes de visitas o impugnado la extensión de regímenes de visitas. Están legitimados activamente para promover tales actuaciones judiciales los padres, tutores o guardadores, a quienes la Administración actuante está obligada a notificar las medidas de protección adoptadas, así como el Ministerio Fiscal, a quien igualmente se ha de comunicar dichas medidas (apartado 1º del art. 172 del C. Civil), sin olvidar que este último tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores, por lo que debe siempre estar puntualmente informado de toda actuación administrativa realizada en dicho campo, debiendo comprobar, al menos, semestralmente la situación de los menores afectados y promover ante el Juez cuantas acciones estime oportunas en interés de los mismos (art. 174 del citado C. Civil).
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Antes de la entrada en vigor de la vigente L. E. Civil 1/2000, las impugnaciones judiciales referidas se tramitaban todas ellas como expedientes de jurisdicción voluntaria, cuando en realidad eran desde su inicio verdaderos procedimientos contenciosas, al intervenir partes con intereses contrapuestos. La situación expuesta provocó que en algunos casos, amparándose en el apartado 4º del art. 484 de la extinta L.E. Civil de 1881, se decidiesen estas impugnaciones por los trámites del Juicio de menor cuantía y en otras el expediente de jurisdicción voluntaria se convirtiese en un procedimiento declarativo y contradictorio, sujeto a unos trámites prácticamente improvisados por los distintos Juzgados. En unos casos, el trámite de alegaciones era esencialmente escrito y en otros se centraba en una comparecencia donde eran oídos los intervinientes, a continuación se practicaban las diligencias que se proponía o que el juez acordaba de oficio, todo ello precedido de la previa aportación por parte de la Administración de un testimonio del expediente, concluyendo con un auto apelable en un solo efecto y que no producía efectos de cosa Juzgada. La situación afortunadamente ha cambiado, creándose y regulándose un procedimiento específico para la tramitación de estas impugnaciones: – En materia de competencia territorial el art. 779 establece que será competente para conocer de este tipo de proceso el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la entidad protectora. Entiendo que éste se corresponde con el de la sede de la delegación provincial de la administración actuante. – Exclusión de la reclamación administrativa previa: esta regla supone una excepción al régimen administrativo común, teniendo su razón legal en una doble finalidad: evitar la demora en la formulación de la impugnación judicial y homogeneizar la normativa emanada de las distintas CCAA. – Formulación de la Impugnación: el procedimiento se iniciará con un escrito sucinto, el que únicamente se ha de consignar las circunstancias personales del instante, su domicilio a efectos de notificaciones, la identificación de la resolución administrativa que se impugna y el objeto de la impugnación. Para la presentación de este escrito, ocurre como con las medidas provisionales previas, no es necesaria la postulación ni la intervención de Letrado. Esta petición, claro está, puede ir acompañada de la petición del derecho a la asistencia jurídica gratuita, la cual en su caso deberá tramitarse por la vía de urgencia con apoyo en el art. 21 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. – Integración del Expediente Administrativo: La resolución por la que se acuerde la incoación del proceso deberá, como primera diligencia, acordar la remisión de un oficio a la administración competente con el fin de que en un plazo no superior a 20 días remita testimonio completo del expediente administrativo. Siguiendo al Magistrado Pascual Ortuño Muñoz (Comentarios a los arts 780 y 781 de la L. E. Civil), se ha de precisar que la referencia legal a un hipotético expediente administrativo es en la mayor parte de los casos una pura entelequia, puesto que aún cuando la competencia para decretar el desamparo está atribuida a una unidad administrativa determinada en cada Comunidad Autónoma (Dirección General de Protección de la Familia y del Menor del Gobierno de Canarias), la información de la que la misma dispone está conectada y limitada a su concreta actuación en el momento en que fue decretado el desamparo, pero las ulteriores medidas han de ser implantadas y desarrolladas, en muchos casos, por otros servicios ubicados en otros sectores o incluso en diferentes comunidades (piénsese en fenómenos complejos como los malos tratos domésticos, REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS 19
atenciones médicas por existencia de patologías psicológicas o psiquiátricas, rehabilitación de drogodependientes, incidencia en este ámbito de los procesos migratorios, etc…). Coincidiendo plenamente con el citado Magistrado, considero que hubiera sido más lógico hacer una referencia a la aportación de los distintos antecedentes, los que generalmente no van a estar unidos a un legajo documental sino que estarán introducidos en bases de datos con soporte informático. La administración en todo caso está obligada a remitir el expediente, en virtud del deber de colaborar con la administración de justicia establecida en el art. 17.1 de la L. O. Del Poder Judicial, recayendo la responsabilidad directa sobre el jefe de servicio de la unidad administrativa, a quien, en caso de reticencia, se le podrá apercibir con la previsión del tipo delictivo de desobediencia recogida en el art. 410 del C. Penal. En cuanto a los datos y circunstancias que la administración crea que deben mantenerse reservados, la cuestión debe ser planteada al Tribunal, quien a la vista de los intereses controvertidos y las necesidades de enjuiciamiento, decidirá conforme a lo que previsto para la declaración testifical en el art. 371 de la L.E. Civil. – Formulación de la demanda: Recibido el testimonio del expediente se dará cuenta de ello al actor, a quien en ese momento se le concederá un plazo máximo de veinte días para que presente la demanda debidamente formalizada. La demanda deberá revestir la forma de la demanda de juicio ordinario (art. 399 de la L. E. Civil), pues de lo contrario no se entiende la finalidad de este escrito, el existir ya uno primero donde de manera sucinta se expresaron los hechos y las pretensiones. – Contestación a la demanda por la Administración y el Ministerio Fiscal: Considero que la remisión que se hace in fine en el apartado 4º del art. 780 al art. 753 de de la L. E. Civil, el cual además se ubica dentro de las disposiciones generales, nos lleva a concluir que, antes de de convocar a las partes intervinientes a la correspondiente vista prevista para el Juicio Verbal, es preciso emplazar tanto a la Administración como al Ministerio Fiscal para que en el plazo máximo de veinte días contesten a la demanda, conforme a lo establecido en el art. 405 para el juicio ordinario. – Juicio Verbal: es de aplicación lo previsto en los arts 441, 442, 443, 445, 446 y 447 de la L. E. Civil, en la medida en que resulten compatibles con el trámite escrito de alegaciones al que hemos hecho alusión, concentrándose en definitiva en el acto de la vista la proposición y práctica de la prueba, vista que terminará con un trámite de conclusiones definitivas, donde las partes oralmente podrán hacer las valoraciones que estimen oportunas sobre la prueba practicada (art. 185 apartado 4º de la L. E. Civil). Tras ello, se dará por terminada la vista y el Juez deberá dictar sentencia dentro de los diez días siguientes. Sentencia que será apelable, conforme a lo dispuesto en los arts 455 y sgtes de la L. E. Civil, destacando que la apelación contra la sentencia que desestime la impugnación carecerá de efectos suspensivos (ver apartado 2º del art. 456) y que las sentencias estimatorias de la impugnación que fueren apeladas sólo podrán ejecutarse con carácter provisional, si se considera que su contenido no queda excluido de tal posibilidad por el art. 525 de la L. E. Civil, en el que no se hace expresamente alusión a esta materia. La Jurisdicción Civil igualmente tiene competencia para la constitución y cese de acogimientos, si bien, estas cuestiones se diferencian de las anteriores en que la actuación judicial no es consecuencia de la impugnación de ningún acto administrativo previo, pudiendo en 20 pedro joaquín herrera puentes
estos casos ser la propia Administración quien promueva la petición que de lugar al procedimiento judicial. Tales cuestiones se sustanciarán por los trámites previstos para lo expedientes de Jurisdicción Voluntaria, Libro III de la L. E. Civil de 1881, el cual se mantiene vigente, con excepción hecha del art. 1827 y los arts 1880 a 1900, inclusive, que quedan derogados (Disposición Adicional Primera apartado 3º de la L. O. 1/ 1996 de Protección Jurídica del Menor y Disposición Derogatoria Única 1 1ª de la L. E. Civil 1/2000 de siete de enero).
IV. Medidas Cautelares conectadas con el procedimiento anterior En el capítulo que la citada ley dedica a este tipo de procedimiento no se hace ninguna referencia a la posibilidad de solicitar con carácter provisional el adelanto de las consecuencias derivadas de la petición formulada, no siendo de aplicación por tanto lo previsto en los arts 771, 772 y 773 de la Ley para los procedimientos matrimoniales y de menores, los que aunque se regulan en el mismo título se hace en capítulo diferente. A la vista de ello, resulta claro que si en este tipo de procesos se persigue alguna actuación cautelar debe ajustarse a lo previsto en el T. VI. Del Libro III de la LEC. En consonancia con lo anterior, indicar que los presupuestos ordinarios que con carácter general deben concurrir para la adopción de medidas cautelares se corresponden con los previstos en el art. 728 y que son: a) la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y b) el peligro por la mora procesal (periculum in mora). El primero de ellos viene recogido en el apartado 2º del citado precepto al decir que: “el solicitante de las medidas cautelares habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzca a fundar por parte del Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios”. El segundo de los requisitos viene recogido en el apartado 1º, donde se detalla lo siguiente: “sólo podrá acordarse medidas cautelares sin quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrán producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas interesadas, situaciones que impidieran o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria”. Además, el art. 726 de la LEC delimita las características que han de tener las medidas cautelares que en su caso se acuerden por el Tribunal, las cuales han de ir dirigidas exclusivamente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria y no ser susceptibles de sustitución por otra medida igualmente eficaz, pero menos gravosa para el demandado, todo ello sin olvidar el carácter temporal y provisional de las medidas que se adopten, al estar condicionadas al resultado del procedimiento principal del que derivan, de ahí que sean susceptibles de modificación y alzamiento. Conviene igualmente precisar que las medidas cautelares que normalmente se interesan participan más que de la naturaleza de las medidas cautelares homogéneas (las que están subordinadas a un proceso), de la naturaleza de las denominadas anticipatorias, pues en definitiva lo más probable es que se persiga la suspensión cautelar de una resolución administrativa y que por ende deje de producir efectos, volviéndose a reinstaurar la primitiva situación. Se pretenderá por tanto asegurar el reintegro del menor a su familia biológica, para el caso de que finalmente se estime la pretensión principal formulada, la cual tendrá por objeto
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revocar una situación de desamparo decretada o dejar sin efecto las consecuencias de una declaración de desamparo por circunstancias sobrevenidas.
V. Ejecución de Resoluciones Judiciales que conllevan la reintegración de un menor en el seno de su familia biológica El art. 117 de la Constitución Española en su apartado tercero delimita el contenido del ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, extendiéndolo no sólo a la función de juzgar sino también a la de hacer ejecutar lo juzgado, encomendado tal cometido exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. El art. 18 de la L. O. Del Poder Judicial en su apartado 2º establece que las sentencias se ejecutarán en sus propios términos, salvo que su ejecución resultare imposible. Partiendo de ello, resulta evidente que en los procedimientos de ejecución en principio el Tribunal de Instancia no tiene más opción que dar cumplimiento al contenido de una resolución firme, aunque discrepe de su contenido. No obstante, cuando la decisión judicial a ejecutar conlleve como principal consecuencia la reintegración de un menor o unos menores en el seno de su familia de origen, si se aplica de manera automática la doctrina legal expuesta, pueden generarse problemas prácticos de difícil solución debido a la negativa repercusión que puede tener en los afectados un precipitado reintegro, sobre todo en aquellos casos en los que hace ya bastante tiempo que el menor o los menores conviven con otra familia. En estos casos hay que tener presente los siguientes factores: 1º.- el cariño y el apego de los menores hacia aquellos que lo han acogido y que consideran su familia; 2º.- el cariño y apego de los acogentes hacia los menores, acompañados en no pocas ocasiones de la creencia de ser sus padres adoptivos o de estar a punto de serlo; y 3º.- el derecho de los progenitores biológicos a recuperar el afecto natural de sus hijos. Por tal motivo, en aras a preservar el interés de los menores y de evitarle, en la medida de lo posible, perjuicios irreparables, resulta siempre conveniente actuar con extrema cautela y pedir a todos los intervinientes en el proceso de reintegración sensatez y tranquilidad. Así, con el fin de conocer las circunstancias concurrentes y de preparar a los menores, se han de practicar cuantas diligencias se consideren necesarias, entre las cuales reviste especial importancia el correspondiente informe psico-social, evitando siempre la traumática reintegración inmediata y sin más, para finalmente, y en base al resultado obtenido, el tribunal actuante decidir si el reintegro resulta conveniente y, en tal caso, como debe hacerse el mismo o determinar todas aquellas circunstancias que lo hacen inviable o imposible.
VI. Procedimiento Asentimiento Adopción La primera cuestión que se plantea es la relacionada con los supuestos en que no es necesario el asentimiento de los padres biológicos para la constitución de la adopción, los cuales se corresponden: – casos en los que no existe relación de filiación constatada (menor hijo de padres desconocidos). – casos en los que los padres biológicos se encuentran imposibilitados para prestar el asentimiento: cabe incluir en este supuesto tanto la imposibilidad material derivada de 22 pedro joaquín herrera puentes
una situación de paradero desconocido (se debe agotar las posibilidades de localización), como la imposibilidad derivada de la falta de capacidad para asentir. – casos relacionados con adopciones internacionales irregulares según la legislación española: abarca aquellos casos en que por las circunstancias concurrentes no resulta clara la constitución de la adopción en el extranjero o la misma se ha llevado cabo con requisitos que en nuestro país se considera insuficientes para ello. En tales casos, no procede la homologación de las adopciones, por lo que en su caso la pretensión de constitución podrá plantearse ex novo y realizarse de conformidad a los requisitos de la ley procesal española, debiéndose exigir en principio el asentimiento de la madre y padre biológico, salvo que se trate de menores abandonados de madre y padre anónimos, que el paradero de los mismos en su país de origen resulte desconocido y salvo que el Tribunal disponga, mediante resolución motivada, que procede prescindir del requisito del asentimiento por las especiales circunstancias concurrentes. – casos en los que los padres biológicos están privados de la patria potestad. – casos en los que los padres biológicos están incursos en causa de privación de patria potestad, pero no han sido privados de la misma. Este último se corresponde esencialmente con el supuesto de audiencia al que hace alusión el apartado 3.1. del art. 177 del C. Civil y es el que está directamente conectado con el proceso en cuestión, el cual se inicia a instancia de los padres biológicos que han sido citados para ser únicamente oídos y tiene por objeto determinar si en realidad los padres biológicos debieron ser citados para prestar su asentimiento. El problema esencial que suele plantearse en tales procesos se remonta al momento en que debe hacerse el juicio de legalidad respecto a si los padres biológicos están o no incursos en causa de privación de patria potestad. Ello es así, pues es frecuente que entre el momento de intervención de las entidades públicas y retirada del menor de la familia biológica y el proceso en cuestión haya transcurrido varios años, pudiendo ocurrir que durante ese tiempo la situación de los padres biológicos haya cambiado notablemente, llegando incluso a desaparecer las causas que generaron la retirada de su lado del menor. Al respecto es de considerable interés la resolución de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 17 de Noviembre de 2000 (Pte D. Víctor Manuel Martín Calvo), en la que se tiene en cuenta para hacer tal valoración no sólo la situación existente en el momento en el que se decreta la situación de desamparo del menor, sino también la persistencia de esa situación en el tiempo, llegando a la conclusión de que, aunque finalmente la situación de uno de los progenitores cambió, este cambio tuvo lugar cuando el desarraigo del menor con su familia se había tornado ya irreversible. El juicio verbal sobre la necesidad del asentimiento fue introducido por la reforma llevada a cabo por la Ley 21/1987 de 11 de Noviembre, al dar una distinta redacción al art. 1827 de la entonces vigente L. E. Civil de 1881, si bien, tal redacción era escueta (se remitía al juicio verbal y hacía alusión a la interrupción del expediente de adopción), lo que determinó una deficiente aplicación práctica del mismo. La L. E. Civil 1/2000 de siete de enero, en su artículo 781, mejora técnicamente el tratamiento de esta figura, creando un verdadero procedimiento sin fisuras, al cual es de aplicación la disposiciones generales y regla de competencia territorial referidas para el anterior proceso, quedando por lo demás sujeto a los siguientes trámites procesales:
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