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La Ley 41/2015, de 5 de octubre y la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, han supuesto cambios jurídicos, sustantivos y procesales que afectan derechos fundamentales y libertades públicas, en conformidad con las exigencias del Derecho de la Unión Europea. Las nuevas previsiones exigen una modificación radical de algunas de las prácticas “tradicionales” que se venían realizando en el desarrollo de estas diligencias, sin embargo, tal y como se analiza en esta obra, no siempre tales reformas resuelven en la realidad aspectos como la eficaz asistencia letrada en sede policial, el derecho de información, el derecho a una entrevista previa en condiciones de confidencialidad, el derecho de acceso a los materiales del expediente, etc.

derecho procesal práctico

LA DECLARACIÓN DEL SOSPECHOSO Y DEL DETENIDO EN LA FASE PREPROCESAL DEL PROCESO PENAL

Tanto la diligencia policial de interrogatorio al sospechoso o detenido, como la declaración del sospechoso o detenido ante el Ministerio Fiscal se ubican en la llamada instrucción preliminar. En inicio, cabe aﬁrmar que lo declarado en el transcurso de estas diligencias carece de eﬁcacia probatoria. Sin embargo, el análisis de la doctrina jurisprudencial realizada por la autora, pone de relieve que nos encontramos ante un ámbito lleno de controversias y sugestivas interpretaciones.

María Rosa Gutiérrez Sanz

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LA DECLARACIÓN DEL SOSPECHOSO Y DEL DETENIDO EN LA FASE PREPROCESAL DEL PROCESO PENAL Ante la Policía y ante el Ministerio Fiscal

María Rosa Gutiérrez Sanz

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LA DECLARACIÓN DEL SOSPECHOSO Y DEL DETENIDO EN LA FASE PREPROCESAL DEL PROCESO PENAL Ante la Policía y ante el Ministerio Fiscal

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA DECLARACIÓN DEL SOSPECHOSO Y DEL DETENIDO EN LA FASE PREPROCESAL DEL PROCESO PENAL Ante la Policía y ante el Ministerio Fiscal

MARÍA ROSA GUTIÉRREZ SANZ

tirant lo blanch Valencia, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Colección Derecho Procesal Práctico Directores:

IGNACIO DÍEZ-PICAZO Catedrático de Derecho Procesal

FERNANDO GASCÓN INCHAUSTI Catedrático de Derecho Procesal

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1313-533-5 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A mis hijos Manuel y Alejandro

ÍNDICE PRÓLOGO.............................................................................................. 11 INTRODUCCIÓN.................................................................................. 27

Primera Parte LA DECLARACIÓN DEL SOSPECHOSO O DEL DETENIDO EN SEDE POLICIAL A. LAS DILIGENCIAS POLICIALES DE INVESTIGACIÓN EN LA FASE PREPROCESAL............................................................................. 37 B. LA DILIGENCIA DE INTERROGATORIO AL SOSPECHOSO O DETENIDO EN SEDE POLICIAL...................................................... 43 1. Concepto y naturaleza de la diligencia........................................... 43 2. Requisitos para otorgar validez a la práctica de la diligencia......... 47 a) Voluntariedad de la declaración en sede policial....................... 49 1) Condiciones físicas y psíquicas del declarante..................... 53 2) La forma concreta en la que se practicó el interrogatorio... 56 b) El derecho de defensa durante la diligencia de interrogatorio policial..................................................................................... 59 1) El derecho de información y de acceso a los materiales del expediente.......................................................................... 59 2) El derecho a la asistencia letrada y a la entrevista previa.... 72 3) El derecho a la confidencialidad en la entrevista abogadocliente................................................................................. 87 4) El derecho al intérprete y al traductor................................ 92 C. LA DILIGENCIA DE DECLARACIÓN DEL SOSPECHOSO O DETENIDO MENOR DE EDAD EN SEDE POLICIAL........................... 104 D. EL VALOR PROBATORIO DE LA DILIGENCIA DE DECLARACIÓN DEL SOSPECHOSO O DETENIDO EN SEDE POLICIAL...... 109 1. La diligencia como acto de averiguación........................................ 109 2. Valor probatorio de las declaraciones del detenido o del sospechoso en sede policial.......................................................................... 115 a) El valor de las llamadas declaraciones espontaneas.................. 116 b) El valor de las declaraciones realizadas en sede policial............ 122

Índice

Segunda Parte LA DECLARACIÓN DEL SOSPECHOSO O DEL DETENIDO ANTE EL MINISTERIO FISCAL A. LAS DILIGENCIAS DEL FISCAL EN EL PROCESO PENAL............. 146 1. Concepto....................................................................................... 146 2. Principios rectores de las diligencias de investigación del ministerio fiscal.............................................................................................. 151 B. LA DILIGENCIA DE DECLARACIÓN DEL SOSPECHOSO............. 157 C. VALOR DE LAS DECLARACIONES DEL SOSPECHOSO REALIZADAS ANTE EL FISCAL.................................................................. 167 BIBLIOGRAFÍA...................................................................................... 179

PRÓLOGO 1 La declaración de los distintos intervinientes, como partes o terceros, en el proceso jurisdiccional es un modo de aportar el conocimiento que ellos poseen sobre los hechos que se identifican como un elemento constitutivo del objeto del proceso. En la tarea de formar el factum que ha de subsumirse en la norma jurídica cuya aplicación se pretende para conseguir su eficacia en el pronunciamiento judicial, la declaración se configura como una fuente de prueba o, en su caso, medio de prueba personal. Junto con los demás medios y fuentes de prueba de carácter real, servirá eventualmente como base de la convicción que precisa crearse en el juzgador para que este quede persuadido de la verdad de las alegaciones efectuadas por las partes como fundamento de sus respectivas pretensiones. La persuasión del juez consiste en un proceso de razonamiento a partir de las pruebas disponibles. De todo esto resalta la genuina labor colaboradora que, con la aportación de pruebas de diversa índole por las partes, unos y otros empeñan en lograr ese grado de persuasión que es la certeza de una proposición, de forma que esta sea suficiente para que el juez, por encima de toda duda subsistente, aplicando la norma a los hechos, pueda decidir determinadamente el asunto de una cierta manera y no de otra. En el proceso penal, el modo de reunir la información personal sobre los hechos, que eventualmente se relacionan con la norma jurídica penal cuya eficacia sería aplicable, es conseguir la declaración de todos los que de una u otra manera han tenido relación con ciertos actos producidos fuera del proceso y que, por su significación criminal, se hallan —como hechos— en el curso de la investigación. Esta declaración se consigue preguntando a las personas que poseen ese conocimiento bien por ser el autor de tales actos, bien por haberlos presenciado como testigo, bien por haberlos valorado como perito, o bien, en definitiva, por haber sufrido el efecto dañoso de aquellos como víctima. Quién mejor que ellos —cada uno dentro de su respectivo ámbito— para ofrecer al juzgador estas fuentes de prueba sobre

Ángel Bonet Navarro

tales hechos. Pero ¿siempre se conseguirá esta colaboración? Ahora se impone dedicar atención al matiz que orienta al lector sobre la dirección de esta obra.

2 La primera cuestión que surge es si puede superarse la duda subsistente desde el primer momento en que se tiene la notitia criminis, declarada por estos sujetos y, en concreto, por el sospechoso. Inquietante asunto, sobre todo cuando se hallan asertos palmarios de la evidencia criminal, o, con mayor razón, cuando se cuenta con la “suficiente” declaración del sujeto confeso que afirma resolutamente la comisión del delito. ¿Acaso ya sobra el resto del proceso? Refiriéndose a los procesados o investigados, la ley dispone que se consiga que “presten cuantas declaraciones considere [el juez] convenientes para la averiguación de los hechos” (art. 385 Lecrim); que, respecto del sujeto contra quien se sigue el proceso, “las preguntas que se le hagan en todas las declaraciones que hubiere de prestar se dirigirán a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos del procesado y de las demás personas que hubieren contribuido a ejecutarlos o encubrirlos” (art. 389 Lecrim). Queda bien esclarecida la finalidad probatoria de tales preguntas y declaraciones. Pero, en la ley, no se deja a un lado la agregada característica defensiva que envuelve la declaración del propio investigado a quien “se permitirá manifestar cuanto tenga por conveniente para su exculpación o para la explicación de los hechos” (art. 396 Lecrim); y ello “declarando cuantas veces quisiere, y el juez le recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa” (art. 400 Lecrim). No en toda circunstancia se tendrá por bastante y absolutamente cierta la declaración sobre los hechos, que deberá ser examinada a través del tamiz en el que pueda discernirse qué proporción tiene de auténtica y qué otra tiene de maniobra —declaración directa, oblicua, contradictoria, incluida la mentira— encaminada a urdir una defensa basada en interesados silencios alternantes o en la negación, en la elusión o en la desviación sobre la realidad de lo ocurrido. Porque no se puede negar la convicción de que existen confesiones falsas: voluntarias, coaccionadas, contaminadas; o producidas por

Prólogo

falsos recuerdos. Obtenidas en circunstancias que incrementan la vulnerabilidad de los sospechosos (edad, inteligencia, sugestionabilidad, deseo de agradar y proteger la autoestima). Entre cuyos motivos se pueden inventariar el deseo de notoriedad, la reacción para proteger al verdadero culpable, la confusión entre realidad imaginada y efectiva, la presión del interrogador; evitar la incomodidad de la situación por pérdidas patrimoniales (salario, empleo) o de reputación personal o profesional; o por el alejamiento de la familia, amigos, relaciones sociales, por el ámbito desconocido y ajeno en que se encuentra el confesante; el daño a la reputación personal, la pérdida del control y de la autonomía, la preocupación por el futuro inmediato, el desconocimiento de sus derechos en el procedimiento (S.M. Kassin y L.S. Wrightsman, Confession evidence cit. por J. Masip y Eugenio Garrido, La obtención de información mediante el interrogatorio del sospechoso. Madrid, 2006).

3 Estos mismos caracteres de prueba y defensa tiene la declaración prestada ante la policía o el fiscal por toda persona a quien se atribuya un hecho punible. Por una parte, tal declaración se obtiene y se inserta en el atestado extendido por la policía, porque “pudiese(n) ser prueba o indicio del delito” (art. 292.I Lecrim). El fiscal al hacer comparecer ante sí al sospechoso lo hará “a fin de recibirle declaración, en la cual se observarán las mismas garantías señaladas en esta Ley [de enjuiciamiento criminal] para la prestada ante el juez o tribunal” (art. 773.2.II Lecrim). Pero asimismo la declaración llevada a cabo ante la policía o el fiscal comporta un acto de defensa, aunque el sospechoso no está ante el tribunal jurisdiccional. “El imputado aún no procesado es también titular del derecho constitucional de defensa” (SSTC 37/1989, de 15 de febrero y 135/1989, de 19 de julio). Por esta razón, están ordenadas legalmente la comunicación y entrevista reservadas con el abogado antes de llevarse a cabo la propia declaración (arts. 118.2. II y 773.2.II Lecrim); y además la intervención del abogado en las diligencias de declaración del detenido (art. 520.6.b] Lecrim). Este último carácter de defensa es un aspecto nada desdeñable para valorar la función que se atribuye y la eficacia que pueda otorgarse

Ángel Bonet Navarro

a la declaración del sospechoso —confesión auto inculpatoria incluida— en este primer momento. Prueba y defensa en la declaración del sospechoso; garantías y valor de la declaración que ha de prestar: extremos que exigen una ponderada reflexión. La consideración de estas circunstancias con su significación jurídica —por lo que me parece— se halla en la base del estudio intenso y completo que la profesora Gutiérrez Sanz ofrece en la monografía: La declaración del sospechoso y del detenido en la fase preprocesal del proceso penal: ante la policía y ante el ministerio fiscal, a la cual antecede este prólogo que compongo con satisfacción, porque este ejercicio me permite ordenar algunas de las diversas reflexiones que me ha sugerido la provechosa lectura de la obra y que, según entiendo, invitará a otros, desde una perspectiva teórica o práctica, a adentrarse minuciosamente en su estudio comprobando su utilidad. La autora, con esta obra, penetra de nuevo en los asuntos medulares del proceso penal. No se halla tan alejada de nuestros días la publicación de su interesante monografía La cadena de custodia en el proceso penal español (2016) que sirvió para aclarar la importancia de esta pieza preservadora del progreso eficiente de las causas penales en lo que incumbe al cuerpo del delito; ni se hallan olvidadas sus espléndidas aportaciones doctrinales publicadas en diversas revistas especializadas. Y ahora, en el curso de su continuada investigación notoriamente mantenida en un nivel codiciable, fija su mirada en la declaración de la persona, a quien se atribuye presuntamente un delito, con todas las connotaciones que hemos apuntado anteriormente, pero seleccionando y concretando una etapa de la averiguación criminal. Es la concerniente a los momentos preliminares del proceso penal; esa etapa que recibe doctrinal y jurisprudencialmente el nombre de preprocesal, porque tiene lugar extramuros del proceso; antes de empezar propiamente este (cf. STC 68/2010, de 19 de octubre). También este estudio sobre la declaración del sospechoso o del detenido, que asienta su base en el pilar de un minucioso análisis de la jurisprudencia, abona predecibles ventajas a la hora de interpretar las normas y proyectar mejoras en ellas, que están destinadas a regular un proceso penal eficiente. Son acertadas sus sugerencias en este aspecto.

Prólogo

4 El espacio en que se centra el estudio sobre el asunto propuesto en la obra queda bien determinado jurisprudencial y legalmente. Esta declaración del sospechoso, producida en el momento preliminar a todo proceso penal, forma parte de las actuaciones, encaminadas a la averiguación de los hechos, efectuadas por la policía que figuran en el “atestado de las diligencias que practiquen” (arts. 292. I y 295. I Lecrim), que “lo participarán” (art. 284.1 y 2 Lecrim), comunicando “el resultado obtenido” (art. 296 Lecrim), “poniéndolo a disposición de la autoridad judicial” (art. 282 Lecrim); o de aquellas otras actuaciones realizadas por el fiscal, en su genuina función legalmente establecida, al tener noticia de un hecho aparentemente delictivo que le llevará a practicar “las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo”, tras las cuales “instará del juez de instrucción la incoación del procedimiento que corresponda con remisión de lo actuado” (art. 773.2.I Lecrim). La jurisprudencia se refiere a esta fase como “una investigación inicial de naturaleza preparatoria (arts. 5 del EOMF y 773.2 Lecrim) de una segunda etapa de naturaleza preparatoria (art. 299 y 771.1 Lecrim)”, identificándola como el primer extremo de una doble secuencia de investigación: “lo preparatorio [que] precede a lo preparatorio” (STS 2ª de 11 de enero de 2017). Terminadas las diligencias de prevención ejecutadas por la policía (art. 286 Lecrim) o las llevadas a cabo por el fiscal (art. 773.2.III), y entregadas al juez de la instrucción, cesarán ambos en sus diligencias; es decir, por lo que respecta a nuestro interés: cesarán en la eventual práctica del interrogatorio para conseguir la declaración del presunto responsable; no solo como confesión de su culpabilidad, sino como medio y fuente para aportar datos de interés en la investigación. Este es el punto final. Así se define y concreta el objeto de este estudio. De estos interrogatorios y declaraciones en “lo preparatorio de lo preparatorio”, trata esta obra.

5 Es, pues, esta declaración incoada, practicada y concluida ante la policía o el ministerio fiscal, la que interesa y se estudia en las líneas

Ángel Bonet Navarro

de la monografía, quedando al margen otras declaraciones efectuadas por el imputado, procesado, investigado o acusado en el seno del proceso penal ya iniciado: sumario, diligencias de instrucción, fase intermedia o juicio oral, con los mismos fines: prueba y defensa; o con diferentes y contrapuestos propósitos, cual ocurre con la declaración formal confesoria de culpabilidad que, en su momento, podrá generar la sentencia de conformidad (arts. 655, 694, 695, 779.1, 784.3, 787, 801, 803 Lecrim) a la que se llega por cauces distintos a la convicción judicial y a las pruebas practicadas en un juicio con plenas garantías sobre la culpabilidad y desvirtuación de la presunción de inocencia (J.A. Lascuraín Sánchez y F. Gascón Inchausti, ¿Por qué se conforman los inocentes?, InDret, 2018). La conclusión que se ha anotado anteriormente surge de la consideración que se hace en la obra sobre la naturaleza de esta declaración que ya podemos denominar preliminar, por el tiempo y espacio que ocupa como una actuación de investigación anterior a la instrucción judicial. Como señala la autora, hasta ese momento se ha llevado a cabo, junto a la eventual declaración del sospechoso o detenido, “una pluralidad de diligencias de investigación caracterizadas, en todos los casos, por la ausencia de intervención judicial, y cuya finalidad no es sino proveer de la suficiente base fáctica a la policía judicial o al ministerio fiscal para acordar, si efectivamente existe sustrato, dar traslado del expediente a la autoridad judicial para que este incoe el proceso penal”. Después de todas estas actuaciones va a comenzar el proceso penal. A él vuelve también la mirada la autora para conocer la genuina configuración de esta declaración preprocesal y su relación con el resultado final del proceso penal posteriormente incoado. Por ello, como hace la profesora Gutiérrez Sanz, conviene abordar inicialmente la respuesta a la pregunta que se insinúa acerca de cuál es la finalidad de todo lo que va a ocurrir seguidamente de esta fase preparatoria en la actuación judicial: diligencias de instrucción o sumario. De una manera, despojada de toda intención académica, por ahora, pero muy próxima a la contemplación de las realidades subyacentes en la actividad jurisdiccional penal, no es disparatado afirmar que el proceso penal ya incoado es una institución jurídica que busca averiguar la verdad sobre algún delito. Estas dos son las hipótesis en el proceso penal incoado: ¿Se cometió el delito?, ¿el acusado lo cometió?

Prólogo

6 La resolución judicial definitiva de condena o absolución del presunto culpable estriba sobre una deliberación (de libra; que sugiere la idea de ponderación: “pesada” de términos fácticos y jurídicos) sobre si existe un delito y su eventual imputación a alguien. Ya hemos adelantado este pensamiento. No se podrá condenar a nadie si el hecho investigado no es delito; si, siéndolo, no se acredita su comisión; o, finalmente, si, acreditada la comisión, faltan las pruebas para imputarlo a alguien. Es oportuno, en este aspecto, el recuerdo de lo dispuesto en los arts. 637 y 641 Lecrim, en cuya enumeración de motivos hallamos innegables óbices de procedibilidad definitivos o provisionales para la apertura del juicio oral con el debate (deliberación: “pesada”) sobre la inocencia o culpabilidad del imputado. Esta es la perspectiva futura. Llegados a este punto hay que señalar que tres son los elementos que pondera la autora para desarrollar su tarea investigadora: los hechos, el sospechoso declarante y el valor de su declaración.

7 Ante todo, es preciso conocer hechos. En el proceso penal se enjuicia (y es su objeto) el hecho, no una calificación del hecho. La declaración del sospechoso o detenido, en el ámbito preambular de la investigación del delito es primordialmente —dice la autora— “fuente fundamental de datos”: al cabo, un relato de hechos. El objeto de la declaración son los hechos que conoce el sospechoso y, en razón de este discernimiento, los pone voluntariamente en conocimiento del interrogador. Hechos. ¿Qué es un hecho? Dicho sencillamente en un plano correspondiente al lenguaje común: lo que resulta después de hacer o haber estado haciendo algo; lo que, llevado a cabo, ya queda en el pasado. Carnelutti (Las miserias del proceso penal) afirma que un hecho es un trozo de historia y, si puede considerarse que la historia es el camino que recorre desde el nacimiento hasta la muerte un hombre y la humanidad, un hecho es un trozo de camino que ya se ha hecho. Y añade: factum, infectum fieri nequit. Lo hecho, hecho está, suele decirse como expresión de algo irremediable que no tiene una vuelta

Ángel Bonet Navarro

atrás. El que quiera, no deshacer lo hecho, sino conocer lo [el] hecho tiene que desandar el camino. Y para reconstruir el camino del que forma parte el hecho será necesario localizar e identificar los pasos; las huellas dejadas al andar. Volver atrás; para descubrir las huellas del hecho que ya no existe en la realidad física; que es tanto como averiguar si el hecho ha ocurrido o no: hacer historia. Aforísticamente concluye el profesor italiano diciendo: “el delito es un trozo de camino, del cual quien lo ha recorrido trata de destruir las huellas”. Algo distinto a lo que ocurre en lo civil, porque en este ámbito los actos (ya, hechos) que constituyen el tráfico jurídico de la vida civil “perviven” —se les quiere hacer pervivir— en los instrumentos conservados y utilizados para dar relevancia, apariencia y claridad a la voluntad de los intervinientes en la creación, modificación o extinción de los actos o negocios jurídicos, haciéndolos servir además como fuentes de prueba que se han ido preconstituyendo para “dejar constancia” interesada de su ocurrencia. Mudadas, tergiversadas, destruidas o falsificadas las huellas, en el inicio de toda esa operación de identificación de los hechos con relevancia criminal investigados en el proceso penal (y antes en la investigación policial o fiscal) no existen más que dudas. Dudas sobre todo; incluso sobre la veracidad de la declaración confesoria de inculpación por el propio sospechoso. Credibilidad y fiabilidad entran en liza en este trance de la investigación. Surge una nueva cuestión acerca de si lo acontecido hasta ese momento en que se inicia el proceso penal, si lo actuado por la policía o el ministerio fiscal (concretamente: lo declarado por el sospechoso) puede considerarse como acervo probatorio que ha de integrarse en la ulterior deliberación procesal sobre la existencia y calificación del hecho que se reputa delictivo. En esta línea de intenciones, hasta el inicio del proceso penal, tanto la policía judicial como el ministerio fiscal han desarrollado una gestión que tiene que ver con la comprobación del delito y la averiguación de los delincuentes (arts. 287 y 773.2 Lecrim); esa gestión está indudablemente encaminada a probar la verdad. “La policía judicial desarrolla una labor fundamental para el mantenimiento del sistema procesal penal” —se escribe en esta monografía— al determinar los límites constitucionales de la actuación de aquella.

Prólogo

Sin embargo esta prueba, siendo bastante para coronar eficientemente esta etapa preliminar, se reputa insuficiente para discernir definitivamente la causa en el proceso. Añade la autora: “El valor extremadamente relativo que nuestros tribunales adjudican a este tipo de declaraciones si luego no son ratificadas ante el juez instructor y, sobre todo, en el juicio oral, en nada merman la naturaleza indagatoria de la diligencia”, y no va más allá de la finalidad “de ahondar en la comprobación de la existencia de indicios de la comisión del delito y de la responsabilidad de los partícipes en el mismo para presentarlos ante el juez instructor o ante el ministerio fiscal”. Tal declaración se lucra para el posterior proceso como reveladora de indicios; nada más, porque, como hemos escrito antes, esa declaración se incluye en el atestado como indicio del delito que se traslada al juez instructor (arts. 292. I y 295 Lecrim). Indicio, indicación, indicar, indiciar (con la misma raíz deik [con prefijo “in”] que decimos en latín digitus, dedo: in-digito, que señala; y el verbo dico: mostrar) son expresiones legales que significan la posibilidad de abrir una inferencia que conduzca a configurar y, eventualmente, dar estabilidad a futuras convicciones. El mapa de la instrucción criminal ante el juzgado de instrucción está moteado de profusas alusiones legales a las condiciones jurídicas de la consecuente actuación: “algún indicio racional de criminalidad”, “…a quien se impute”; “indicación fundada de culpabilidad”; “motivos racionales bastantes”; “de las investigaciones se infiera racionalmente”; “motivos bastantes para creer responsable criminalmente”; “pueda racionalmente inferirse”; “supuestamente implicados”; “hubiere indicios”; “indicios de criminalidad”; “indicada la existencia de la responsabilidad civil”. Su aparición y ponderación comportan que los indicios (señales), las circunstancias que indican (dicen algo; muestran algo…), los contextos que toman en consideración lo indiciado (lo sospechado que da a entender un atisbo anunciando aquello tras de lo cual puede venirse en conocimiento de algo) sirven, no solo para inferir hechos o situaciones, sino para legitimar sucesivas actuaciones judiciales y para avanzar en el desarrollo del procedimiento (arts. 384, 486, 488, 492.4º, 502.4, 503.1.2º, 509, 546, 589, 615, 783… Lecrim).

Ángel Bonet Navarro

Ahora bien, el indicio es algo, pero no todo en materia de justificación de lo ocurrido. Incluso dentro del género de los indicios se pueden clasificar distintas clases en razón de su intensidad o importancia. Es útil, por lo mucho que revela, prestar atención a la expresividad del verbo utilizado en el art. 384 Lecrim: “resultare”, para sugerir, de entre todos, su sentido de “aparecer”, “manifestarse” o “comprobarse” que aflora con el nacimiento de algo que inicialmente señala (indica) la existencia de un hecho aún no reconocible en su totalidad y complejidad. Pero que ya es susceptible de apreciarse a partir de lo mostrado. Por eso la lectura detenida de este precepto permite encontrar los elementos que distinguen lo que es un mero indicio que no permite constituir a una persona como parte en el proceso penal de lo que es un indicio racional que se configura como el elemento constitutivo de un nuevo estado procesal del simplemente imputado, al declararle procesado. Como decía, distinguiendo los términos, un antiguo comentarista de la Lecrim, este acuerdo de procesamiento “no debe ser consecuencia de vagas indicaciones o de ligeras sospechas, sino el resultado lógico de un hecho que pueda fundadamente dar origen a responsabilidad para el que ha de ser declarado procesado” (E. Aguilera de Paz, Comentarios a la Ley de enjuiciamiento criminal, 1924). Antes “algún indicio de criminalidad” determinaba “necesariamente” que hubiera de dictarse el auto de procesamiento (art. 280 Lecrim 1872). Actualmente el indicio consistente en la “vaga indicación” o la “ligera sospecha” es solo el estándar de prueba válido para la actuación policial; apreciada su existencia puede (debe) iniciarse la investigación. Recordemos lo ya anotado anteriormente respecto de estas dos expresiones de la autora: “base fáctica” y “si existe sustrato”. La evidencia que ofrece el indicio tiene su valor: permite una suficiente especificación del hecho y del sujeto al que tal hecho es atribuible; lo cual no es mensurable en taxativos grados de certidumbre, sino en apreciación existencial caso por caso por el órgano que está actuando en la instrucción, porque el indicio en el proceso penal no es un patrón que tiene un carácter estático, sino que progresa en su firmeza o se diluye en su inconsistencia o su fragilidad. Y, a su existencia, el agente, que gestiona la averiguación de los hechos, anuda definiciones de situaciones jurídicas y adopta las oportunas providencias.