Índice Prólogo.........................................................................................................11 Enrique Rabell García y José Ma. Serna de la Garza Coordinadores
LA CENTRALIZACIÓN FISCAL EN MÉXICO.................................................15 Enrique Rabell García, Ricardo Ugalde Ramírez
BREVES REFLEXIONES SOBRE EL MUNICIPIO MEXICANO.........................31 José Ma. Serna de la Garza
RAZONES Y PROPUESTAS PARA RECONSTRUIR EL SENADO DE LA REPÚBLICA COMO CÁMARA DE REPRESENTACIÓN TERRITORIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.........................41 Daniel Barceló Rojas
RETOS DEL FEDERALISMO ADMINISTRATIVO DESDE LO MUNICIPAL Y LOCAL...........................................................59 Gerardo Alan Díaz Nieto, Gerardo Servín Aguillón
LA NECESARIA RECONSTRUCCIÓN DEL FEDERALISMO............................71 María del Pilar Hernández
HACIA UNA APROXIMACIÓN EMPÍRICA Y CONSTITUCIONAL DEL FEDERALISMO MEXICANO............................................................79 Hugo Alejandro Concha Cantú
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Índice
LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES BAJO EL PARADIGMA CONSTITUCIONAL ACTUAL.................................................................97 José Fernando Vázquez Avedillo
LA SEGURIDAD HUMANA EN LOS DERECHOS SOCIALES.........................111 José Manuel Couoh Velasco, Gabriela Nieto Castillo
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN: PERSPECTIVA INTERNACIONAL.........................................................123 Javier Rascado Pérez, Marisol Robles Acosta, Fredd Wiliams Becerril Conrado
LA RELEVANCIA DEL DEBATE BIOÉTICO EN LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL.................................................135 Pedro Morales Zavala, Adolfo H. Vega Perales
Prólogo CONSTITUCIONALISMO Y GOBIERNO: EL FEDERALISMO MEXICANO DESPUÉS DE LA TRANSICIÓN La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, colaboran desde 2019 en proyectos académicos de diverso tipo. De esta manera, han organizado de manera conjunta eventos como el Coloquio sobre Conmemoración del Municipio (Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, 5 de abril 2019); y el 2do. Congreso Nacional de Derecho Constitucional y Gobierno en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (10-12 de octubre de 2019). Asimismo, distinguidas profesoras y profesores de la Facultad de Derecho de la UAQ fueron invitados como ponentes en distintas mesas del IX Congreso Nacional de Derecho Constitucional (Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 6-7 de febrero de 2020). Este congreso magno, es organizado por el IIJ y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, en conjunto con el anfitrión local. Dada la fructífera relación que se ha ido construyendo en los últimos dos años, las dos instituciones han decidido dar un paso más, a través de un trabajo colectivo que deje testimonio escrito de la colaboración entre ellas. En esta ocasión, se trata del presente libro, en el que participan, por parte del a UAQ, el Cuerpo Académico Constitución y Poder Público en México (cuyo líder es el Dr. Enrique Rabell-García); y por parte del IIJ, el grupo de investigación que trabaja el tema “El federalismo mexicano después de la transición democrática: leyes, políticas públicas y entorno social”, (Proyecto PAPIIT AG300320, cuyo responsable es el Dr. José Ma. Serna de la Garza). El proyecto es avalado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que siempre ha apoyado iniciativas de este tipo, a través de su sección mexicana. En el libro “Constitución y gobierno: el federalismo mexicano después de la transición”, se reúnen trabajos sobre temas constitucionales que preocupan hoy a la sociedad mexicana. Uno de ellos es el rumbo que ha seguido en las últimas décadas el sistema federal mexicano. En varios de los ensayos se observa y evalúa una clara tendencia a reforzar los rasgos centralizadores de nuestro federalismo, y los efectos que esto tiene en términos de la calidad de la democracia, la rendición de cuentas y la eficacia de las políticas públicas. Asimismo, y en el marco de la crítica general que se hace en varios ensayos a la evolución que ha tenido nuestro federalismo, otros trabajos tratan el tema específico de la situación que guarda la institución municipal en nuestro país. Se observa que, a pesar de las reformas constitucionales de 1983 y 1999 que
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tuvieron el objetivo de fortalecer esta instancia de gobierno, la más cercana a la ciudanía, en realidad el municipio mexicano sigue siendo el eslabón más débil de los tres órdenes de gobierno. Y no solamente debido a la subordinación que tiene respecto del gobierno federal y estatal en términos de recursos fiscales, sino en muchos otros aspectos que tienen que ver con su organización y estructura de gobierno. Otros de los ensayos tratan el tema de los derechos sociales, desde diversas perspectivas. En México nos jactamos de ser la cuna del constitucionalismo social. Hemos cargado nuestra constitución de derechos sociales (y también económicos, culturales y ambientales), pero la realidad de la mayoría de las y los mexicanos dista mucho de corresponder con ese parámetro normativo. Ello plantea un reto enorme en términos de cómo lograr que sean plenamente efectivos. Y no sólo eso sino de cómo incorporar en dicha efectividad un enfoque de seguridad humana, como sugieren ahora muchos instrumentos y lineamientos de carácter internacional. Por otra parte, el tema de la lucha contra la corrupción se encuentra también presente en este libro. Se trata de uno de los temas que más preocupan y más dañan a la sociedad mexicana. En administraciones pasadas se dieron algunos pasos para crear un sistema nacional anticorrupción, pero el proceso ha quedado trunco. Ahora parece que ya no se apuesta a combatir la corrupción a través de la construcción de instituciones, de frenos y contrapesos, de órganos de vigilancia y sanción efectivos, sino a través de un esquema personalizado, y con un discurso moralista. En este contexto, es bienvenido un ensayo que sugiere ventilar y refrescar el debate nacional sobre el combate a la corrupción, introduciendo una perspectiva internacional, con lineamientos, recomendaciones y enfoques que podrían ser útiles para retomar el camino correcto en este aspecto que tanto daña a las y los mexicanos. Finalmente, en el libro se incluye un ensayo sobre la relevancia del debate bioético en la democracia constitucional mexicana. En este ensayo se sostiene que a partir de la reforma al artículo 1o de nuestra Constitución de 2011, se pueden concebir a los comités de ética y bioética como constructores casuísticos de la constitucionalidad, siempre que éstos apelen a la dignidad y a los derechos humanos, en los casos de ponderación de derechos, para así argumentar las propuestas de solución a los dilemas morales y fortalecer un auténtico estado constitucional de derecho. La formación de redes académicas es importante porque abre la posibilidad de que las y los académicos trabajemos de manera cooperativa en la investigación científica, permitiendo la integración para buscar solución a problemas y temas comunes. El trabajo en red crea mecanismos y formas de apoyo, de intercambio de información, de ideas y promueve la reflexión y la
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comunicación horizontal entre comunidades académicas, y todo ello redunda en el avance del conocimiento científico. Por lo anterior es que el Cuerpo Académico Constitución y Gobierno de la UAQ y el grupo de investigación que trabaja el tema «El federalismo mexicano después de la transición democrática: leyes, políticas públicas y entorno social», (Proyecto PAPIIT AG300320), del IIJ, han decidido consolidar su trabajo a través del presente libro colectivo, en espera que los ensayos en él contenidos contribuyan de manera importante a los debates constitucionales del México actual. Cabe señalar también que los ensayos contenidos en este libro colectivo elaborados por investigadoras e investigadores del IIJ de la UNAM, fueron elaborados con el apoyo del propio IIJ y de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), Proyecto AG300320 “El federalismo mexicano después de la transición democrática: leyes, políticas públicas y entorno social”, coordinado por José María Serna de la Garza. Por último, como coordinadores de la obra, agradecemos todo el apoyo recibido por el Mtro. Ricardo Ugalde Ramírez (Director de la Facultad de Derecho de la UAQ), el Dr. Pedro Salazar Ugarte (Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) y el Dr. Diego Valadés (Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional). Su apoyo fue esencial para que esta obra colectiva viera finalmente la luz. Enrique Rabell García José Ma. Serna de la Garza Coordinadores
LA CENTRALIZACIÓN FISCAL EN MÉXICO ENRIQUE RABELL GARCÍA, RICARDO UGALDE RAMÍREZ1
INTRODUCCIÓN, EL PROBLEMA CONSTITUCIONAL La reciente elección al Gobierno federal, por la cual Andrés Manuel López Obrador y su nuevo Partido Morena tienen la responsabilidad de la Administración Pública del año 2018 al 2024, ha incrementado la tendencia centralizadora justificándola con el discurso de reducir aspectos e incentivos negativos que existían con un presupuesto con mayor descentralización, pasando por temas desde la seguridad pública, finanzas públicas, medio ambiente y otros similares. Si bien es notoria esta política, lo cierto es que la centralización ya venía como una tendencia histórica desde hace ya varios decenios. Si bien es cierto que existen argumentos a favor y en contra, tanto de la centralización como la descentralización, la finalidad del presente ensayo consiste en demostrar que la centralización en México es excesiva, lo cual no sólo redunda en limitar las capacidades de las entidades federativas y gobiernos locales, sino que afecta la calidad en los servicios públicos y, por ende, en satisfacer las demandas de los ciudadanos. Por lo tanto, se propone una reforma constitucional que sirva para ofrecer diversas alternativas y poder aumentar las capacidades de los gobiernos subnacionales. Al respecto, los problemas más aparentes que se pueden apreciar por la situación actual se pueden dividir en políticos, financieros y administrativos. Los políticos se refieren al clientelismo político para obtener fondos, los financieros en la falta de capacidad de los gobiernos estatales y municipales para hacer frente a sus responsabilidades y los administrativos en toda la serie de requisitos y modalidades para poder obtener los fondos federales. Aunque existe una Ley principal en materia de coordinación fiscal, todavía al día existen otros mecanismos por los cuales los gobernadores, el Congreso de la Unión, así como la Secretaría de Hacienda, encuentran las formas de dispensar más fondos o crear más ramos presupuestales. En consecuencia, al no haber disciplina fiscal clara en esta materia y no tener la capacidad real las entidades y municipios de fortalecer sus ingresos propios, se genera una falta de planeación efectiva en el quehacer de gobierno, así como dependencia. 1
Enrique Rabell García: Doctor en Administración Pública, Universidad de Indiana. Perfil Prodep; Líder del UAQ-CAC-100 “Constitucionalismo y Poder Público en México”; Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Querétaro y SNI I. / Ricardo Ugalde Ramírez, Maestro en Administración Pública, Perfil Prodep, Integrante del UAQ-CAC-100 “Constitucionalismo y Poder Público en México” y Director de la Facultad de Derecho, U.A.Q.
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Al respecto, la hipótesis del trabajo menciona que la falta de reglas constitucionales en materia de coordinación fiscal, origina una proliferación de ramos, fondos y programas similares, que, en vez de consolidar unas finanzas públicas sanas en los tres niveles de gobierno, acentúa el centralismo, la dependencia fiscal, así como un mayor clientelismo político. Se propone una metodología multidisciplinaria para poder tener visiones distintas que puedan enriquecer el análisis del federalismo fiscal en México y poder sugerir alternativas viables. Las técnicas comprenden desde estudios comparados de otras federaciones; el análisis legal de la Constitución y sus efectos; los antecedentes históricos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; así como un análisis económico y financiero de las tendencias de los fondos federales repartidos a los otros niveles de gobierno. El enfoque multidisciplinario tiene como soporte teórico la escuela de la Nueva Economía Institucional, en la cual por medio de diversas disciplinas científicas, analiza los incentivos y sus efectos en las instituciones.2 Por tanto, los apartados que se presentan a continuación son: el segundo relativo a ejemplos de constituciones que regulan el federalismo fiscal; el tercero se avoca al estudio del reparto de competencias fiscales en la Constitución mexicana; el apartado cuarto describe en forma histórica la evolución y complejidad del sistema actual de coordinación fiscal hasta nuestros días; el quinto versa sobre la evolución del federalismo fiscal en el cual se aprecia la centralización; y el sexto dedicado a las conclusiones donde se presentan propuestas para fortalecer las entidades federativas y gobiernos locales.
I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Aunque existen infinidad de modelos en materia de federalismo fiscal, destaca que a nivel constitucional no existan dichas tipologías, así como ejemplos suficientes que contengan las reglas correspondientes. En muchos casos, como Estados Unidos de América, la respuesta proviene más de su tradición constitucional, en la cual su Constitución, que es la misma desde 1781, se ha visto como la fuente de principios generales, correspondiendo a las leyes secundarias y la jurisprudencia la importante labor de darle forma a dichos principios en cada generación. Siendo en ejemplos más recientes, debido al movimiento constitucionalista después de la Segunda Guerra Mundial, donde se puede apreciar una mayor proliferación de reglamentación a nivel constitucional, iniciando por las constituciones de Alemania de 1949 y de Italia en 1947. En cuanto a la materia fiscal, se encuentran disposiciones históricas por la gran importancia que ha tenido. Se aprecia sus antecedentes desde la Carta Magna en Inglaterra de 1215; desde una perspectiva de derechos individuales, así como el 2
North, Douglas C., Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, México, FCE, 214.
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aspecto de ser la fuente más importante de los ingresos del estado. En este sentido, las garantías fiscales se encuentran desde los inicios del constitucionalismo. El siguiente paso consistió en establecer cierto tipo de impuestos conforme a la división de poderes en forma territorial, lo cual apareció como consecuencia necesaria del federalismo, lo cual se aprecia en las constituciones federales del siglo XIX. Situación que ya fue común encontrar en las constituciones a lo largo del siglo XX, como nuestro caso, Brasil, Argentina, Alemania, Rusia, Australia y Sudáfrica, por ejemplo. Al contarse con dos entidades con soberanía, fue necesario crear reglas mínimas para el reparto de los ingresos tributarios. Situación que inclusive ha trascendido también en constituciones centralistas por la complejidad y extensión propia de dichas naciones, como lo es Francia o Japón. El caso de Alemania destaca por contener disposiciones en materia de federalismo fiscal, destacando sus artículos 106 y 107 de su Constitución. No sólo su Constitución reconoce tres impuestos como impuestos pertenecientes a los tres niveles de gobierno (rentas, ventas y sociedades); sino que establece principios de coordinación al reglamentar los principios de horizontalidad y verticalidad de ingresos.3 Además, la Constitución de Argentina (de 1853 con la última reforma de 1994) también presenta un capítulo de finanzas públicas en el cual se establece en forma clara las formas de ingreso de los niveles de gobierno, así como los principios de los diversos sistemas de coordinación. Sin embargo, el caso más sobresaliente a la fecha lo es la Constitución de Brasil de 1988. Debido a la fortaleza histórica de sus entidades federativas, su nueva Constitución incluyó todo un título dedicado a las cuestiones de tributación y sobre las finanzas públicas de la Nación. Destaca de forma particular la división de competencias de cada uno de los niveles de gobierno, así como el reconocimiento de fuentes tributarias de los tres niveles de gobierno; y la forma de repartir los ingresos tributarios o principios en materia de coordinación fiscal; contenidos dentro de los artículos 145 al 162.4 Así mismo, se establecen en forma puntual los derechos y obligaciones fiscales más importantes para todos los habitantes, una división clara de competencias de tributación para los tres niveles de gobierno, así como los impuestos o ingresos que pertenecen a los tres niveles por igual y los principios más importantes en materia de coordinación fiscal en la sección referente al reparto de los ingresos tributarios. Al existir estos principios constitucionales, el Congreso federal no podrá mediante legislación secundaria estar creando diferentes sistemas, fondos o programas de coordinación que no estén alineados a los principios de coordinación; evitando 3
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Fuest, Clemens, “Federalismo Fiscal y Nivelación Fiscal en Alemania”, CLM Economía, No. 8, Primer Semestre de 2006, pp. 265-276. Organización de los Estados Americanos, Constitución Política de la República Federativa de Brasil, 1988, noviembre 2016, http://www.jurisprudenciaelectoral.org/sites/default/files/legislacion/Brasil/1republica_federativa_brasil_constitucion_politica_1988_es.pdf.
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con ello la proliferación de clientelismo político y mejorando la eficiencia y administración de todo el sistema tributario de los gobiernos ya citados.
II. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL La Constitución mexicana, al establecer una Federación, contiene las reglas básicas del reparto de competencias en materia fiscal y de ingresos públicos. Así mismo, establece un caso de excepción en materia de coordinación fiscal, como un recuerdo histórico del siglo XIX en las materias en cuestión.
A. Reglas de la división fiscal de competencias En materia fiscal no aplica en principio la regla general del federalismo en el sentido de dividir competencias por medio de conceder facultades exclusivas a la Federación. En cambio, rige el principio general de reconocer la concurrencia genérica o igualdad en materia impositiva a favor de la Federación y las entidades federativas, con fundamento en el reconocimiento a su soberanía de ambos órdenes de gobierno de acuerdo al artículo 41 constitucional; tal y como sucede en la teoría pura del federalismo heredado de Norteamérica. Si no existieran otras reglas en la Norma máxima, este principio equivaldría a que ambos órdenes de gobierno contarían con la competencia ilimitada para gravar cualquier bien o actividad con diferentes tipos de fuentes tributarias. Sin embargo, el propio texto constitucional contiene una serie de reglas específicas que disminuyen las competencias de las entidades federativas y municipios. En este orden de ideas, y siguiendo la importante guía de Sergio Francisco de la Garza,5 los criterios para repartir las competencias fiscales son: a) Concurrencia contributiva entre la Federación y los estados en la mayoría de las fuentes de ingresos, derivada de los artículos 41 (soberanía), y 31 fracción IV (obligación a todos los mexicanos de contribuir a los gastos de todos los niveles de gobierno). b) Limitaciones a la facultad impositiva de los estados, o competencias exclusivas de la Federación, mediante la reserva expresa y concreta de determinadas materias a favor de la Federación; contenidas en el artículo 73, fracción XXIX (comercio exterior; recursos naturales del artículo 27; instituciones de crédito y sociedades de seguros; servicios públicos concesionados o explotados por la Federación; y especiales relativos a ciertas materias que se verán en el tema de coordinación); y 131 (competencia exclusiva de la Federación para gravar mercancías que se importen y exporten). c) Restricciones expresas a la potestad tributaria de los estados; artículos 117 y 118 (referidos a cuestiones de comercio entre estados y, otra vez, cuestiones 5
Garza, Sergio Francisco de la, Derecho Financiero Mexicano, 16a. ed., México, Porrúa, 1990, pp. 221-248.
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de comercio internacional). Misma restricción que se reproduce en el artículo 73, fracción IX, al conceder al Congreso federal la capacidad para legislar en materia de comercio entre estados. d) Régimen especial a favor de los municipios, contenido en el artículo 115, el cual limita las capacidades de los gobiernos estatales para gravar directamente dichas fuentes. e) Con base a la reforma constitucional al artículo 122 del 2016, el cual de hecho crea como entidad autónoma a la Ciudad de México, sería posible crear un régimen fiscal autónomo. Sin embargo, por inercia constitucional, se considera que siguen aplicando, los principios que establecen las fuentes tributarias exclusivas para la Federación, así como las restricciones a las entidades federativas. La fracción V, del citado artículo, que versa sobre la Administración Pública, señala en forma genérica la capacidad para recaudar, así como la prohibición a las leyes federales de limitar a la Ciudad de México en las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
Con base en estas normas constitucionales, la Federación no tiene ninguna limitación en materia tributaria. Aún en el caso del artículo 115 constitucional, que establece ciertos impuestos a favor de los municipios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en diferentes jurisprudencias la capacidad de la Federación para gravar en materia municipal.6
B. Coordinación En términos generales, con dichas reglas podría pensarse que las reglas constitucionales dividen las fuentes tributarias y, en muy pocos casos, dejarían lugar para que los dos principales niveles de gobierno tuvieran fuentes tributarias similares. Situación que pudiera presentarse en los impuestos sobre ventas al comercio en general (IVA) o sobre los ingresos de las personas (ISR); ya que, al no estar comprendidos en ninguna de las reglas específicas, opera el primer principio general que consiste en facultad concurrente de Federación y entidades. Además de estas excepciones o reducido lugar para las fuentes concurrentes (impuestos sobre hospedaje, automóviles, nómina o similares), la Constitución 6
“En relación al sistema de distribución de poderes tributarios, a partir de 1944 la Suprema Corte definió jurisprudencia en relación con dicho problema y estableció jurisprudencia que se expresa concisamente de la siguiente forma: “La Constitución General no opta por una delimitación de la competencia federal y la estatal para establecer impuestos, sino que sigue un sistema complejo, cuyas premisas fundamentales son las siguientes: a) Concurrencia contributiva de la Federación y los Estados, en la mayoría de las fuentes de ingresos (artículo 73, fracción VII, y 124); b) Limitaciones a la facultad impositiva de los Estados, mediante la reserva expresa y concreta de determinadas materias a la Federación (artículo 73, fracciones X y XXIX), y c) restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados (artículos 117, fracciones IV, V, VI y VII, y 118).” Tesis Jurisprudencial núm. 11, Apéndice al SJF, año 1965, Parte 1ª, Pleno, p. 42. Tal jurisprudencia ha sido reafirmada en varias ocasiones. Por tanto, puede afirmarse que el Poder Tributario Federal no tiene ningunas limitaciones constitucionales en cuanto a materias sobre las cuales puede ejercerlo.” En: Garza, op. cit., p.221.
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no establece ningún régimen general sobre coordinación, lo cual es diferente a la concurrencia. La coordinación se puede dar por diversas razones, como evitar la doble tributación, mayor eficiencia en el cobro de ingresos públicos, evitar externalidades económicas o transferir recursos entre niveles de gobierno. Sin embargo, la única excepción que se encuentra es el caso del artículo 73, fracción XXIX, base 5, al establecer las contribuciones especiales sobre: “a) energía eléctrica; b) producción y consumo de tabacos labrados; c) gasolina y otros productos derivados del petróleo; d) cerillos y fósforos; e) aguamiel y productos de su fermentación; f) explotación forestal, g) producción y consumo de cerveza.” Al adicionarse el siguiente párrafo en 1942: “Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica;”
Este es el único caso de coordinación que se encuentra en la Constitución. Sin embargo, es importante recalcar, que dicha coordinación se da sobre los rendimientos de las contribuciones especiales. Dicho de otra forma, los estados no pueden cobrar directamente dichos ingresos (sólo pudieran mediante un convenio con la Federación que lo autorice), tampoco pueden decidir o establecer la tasa fiscal o tasa adicional, así como modos relativos a la base de dichas contribuciones; y tampoco participar en la decisión sobre el porcentaje que les corresponde de dichas fuentes, ya que es una ley federal la que determina su participación.
III. HISTORIA DE LA COORDINACIÓN FISCAL El siglo XIX se caracterizó por tener mayor autonomía o capacidad tributaria de los estados o territorios según fuera el sistema de gobierno y constitución vigente. Sin embargo, debido al aumento de la capacidad financiera de la Federación durante el Porfiriato, se dieron acuerdos en particular para ayudar a los estados según sus circunstancias; los cuales permanecieron después de la promulgación de la Constitución en 1917.7 La situación imperante durante las primeras décadas del siglo XX consistía en concurrencia tributaria, duplicidad de impuestos y mayores gastos en la administración fiscal. Esta situación fiscal fue lo que llevó a la convocatoria de distintas convenciones nacionales fiscales para encontrar soluciones al problema financiero nacional. Las primeras convenciones se efectuaron en 1925 y 1932, las cuales se dedicaron a resolver los problemas de la concurrencia contributiva y las prácticas alcabalatorias a partir de la distribución de las fuentes 7
Martínez Almazán, Raúl, La Coordinación Fiscal, México, INAP, 1997, pp. 131-133.