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EL DERECHO CIVIL FORAL VALENCIANO: POR QUÉ Y PARA QUÉ Ponencias presentadas en la jornada celebrada el día 14 de noviembre de 2017 en el Decanato Autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles en la Comunidad Valenciana

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

ANA CAÑIZARES LASO Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

JORGE A. CERDIO HERRÁN

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

OWEN FISS Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

LUIS LÓPEZ GUERRA

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

ÁNGEL M. LÓPEZ Y LÓPEZ

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

MARTA LORENTE SARIÑENA

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

JAVIER DE LUCAS MARTÍN

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

VÍCTOR MORENO CATENA

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

FRANCISCO MUÑOZ CONDE

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

ANGELIKA NUSSBERGER

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

HÉCTOR OLASOLO ALONSO

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

LUCIANO PAREJO ALFONSO

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

TOMÁS SALA FRANCO

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

IGNACIO SANCHO GARGALLO

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

TOMÁS S. VIVES ANTÓN

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

RUTH ZIMMERLING

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

VICENTE DOMÍNGUEZ CALATAYUD y BEGOÑA LONGÁS PASTOR

Valencia, 2018

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Índice

Presentación. Presentación de la jornada “El Derecho Civil Valenciano: ¿por qué y para qué?”..............................................................

MANUEL ALCARAZ RAMOS

Prólogo. Una reivindicació inalienable................................................ 17 Josep Ochoa Monzó

I. REFLEXIONES JURÍDICAS SOBRE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA CIVIL DE LA GENERALITAT VALENCIANA CON OCASIÓN DE LA JORNADA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL DECANATO AUTONÓMICO DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES........................................................................................... 23 VICENTE DOMÍNGUEZ CALATAYUD

1. 2.

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA A LA CAPACIDAD LEGISLATIVA CIVIL DE LA GENERALITAT..................... 39 LA SITUACIÓN DE LOS MATRIMONIOS CONTRAÍDOS AL AMPARO DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL ESTABLECIDO EN LA LREMV................... 53

II. EL DRET CIVIL I L’AUTOGOVERN VALENCIÀ........................... 57 FRANCESC DE P. BLASCO GASCÓ

1. 2. 3.

DRET CIVIL I PERSONA.................................................... 57 DRET CIVIL I NACIÓ......................................................... 58 LA FRACASSADA CODIFICACIÓ (ESTATALITZACIÓ) DEL DRET CIVIL................................................................ 61

III. EL DERECHO CIVIL VALENCIANO DESDE LA PERSPECTIVA PATRIMONIAL Y AGRARIA........................................................... 65 JAVIER BARCELÓ DOMÉNECH

1. PRELIMINAR...................................................................... 65

Índice

LA LEY 3/2013, DE 26 DE JULIO, DE LA GENERALITAT, DE LOS CONTRATOS Y OTRAS RELACIONES JURÍDICAS AGRARIAS................................................................... 67 2.1. La ley no fue recurrida............................................... 67 2.2. La ley tiene aplicación................................................ 70 2.2.1. SAP Valencia de 5 de diciembre de 2016......... 73 2.2.2. SAP Valencia de 30 de junio de 2017.............. 74 2.3. La ley no tiene toda la aplicación que podría tener: la coexistencia con la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria................................................................. 75 2.4. Perspectivas de futuro................................................. 77

IV. EL DERECHO DE FAMILIA VALENCIANO A LA LUZ DE LAS SENTENCIAS DEL TC 82/2016; 110/2016; 192/2016................... 81 ROSA M. MOLINER NAVARRO

1. INTRODUCCIÓN................................................................ 81 2. LA ‘PARADOJA’ PLANTEADA POR LAS RESOLUCIONES DEL TC EN RELACIÓN CON EL ART. 7.1 Y LA DT 3ª EACV............................................................................... 84 2.1. El art. 7.1 EACV como principio ‘programático’ y ‘rector’ de la acción legislativa autonómica valenciana....... 85 2.2. El mandato de ‘reintegrar’ el Derecho foral en el art. 7.1 EACV.................................................................................. 88 2.3. La ‘paradoja’ planteada por las resoluciones del TC... 90 3. LA REGULACIÓN ACTUAL DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA........ 93 4. LA REGULACIÓN ACTUAL DE LAS UNIONES DE HECHO FORMALIZADAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA...... 96 4.1. Exigencias de la UHF para el acceso a la pensión de viudedad..................................................................... 99 4.2. ¿Existe plena equiparación entre UHF y matrimonio a efectos de la pensión de viudedad tal y como se afirma en el art.15 LUHFCV?................................................ 104 5. LA SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DE LA ‘CUSTODIA COMPARTIDA’ EN LA COMUNIDAD VALENCIANA...... 107 V. EL DERECHO CIVIL VALENCIANO DESDE LA PERSPECTIVA SUCESORIA....................................................................................... 113 MARIO E. CLEMENTE MEORO

De izquierda a derecha, Francisco Blasco, Vicente DomĂnguez y Javier BarcelĂł

Honorable Senyor Manuel Alcaraz Ramos, Conseller de Transparencia Responsabilidad Social, Participaciรณn y Cooperaciรณn

De izquierda a derecha Rosa M. Moliner, Vicente DomĂnguez y Mario E. Clemente

Presentación Presentación de la jornada “El Derecho Civil Valenciano: ¿por qué y para qué?” Celebrada el 14 de noviembre de 2017 en la sede del Decanato Autonómico del Colegio de Registradores en la Comunidad Valenciana

Manuel Alcaraz Ramos Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació Sean mis primeras palabras de agradecimiento a todas las personas que se preocupan por nuestro legado histórico jurídico, que organizan este acto y, muy especialmente, al Colegio de Registradores. Estamos convocados para reflexionar sobre el derecho civil del pueblo valenciano, un asunto que hemos conseguido, con la aportación de muchos, poner en la agenda política española y valenciana. Es este un asunto fundamental, como lo es luchar contra la infrafinanciación, y así lo haremos el próximo sábado en la manifestación convocada por diversas organizaciones de la sociedad civil. La Generalitat, los ayuntamientos, las asociaciones de juristas, políticos, la sociedad en general se ha posicionado de manera casi unánime a favor de la recuperación de nuestro derecho civil. Sin embargo sigue siendo conveniente repetirnos las preguntas ¿por qué y para qué el derecho civil valenciano? La primera respuesta es sencilla: la Comunitat Valenciana no puede ni quiere admitir que es el único territorio histórico con derecho civil propio al cual no se le permite su recuperación. Se nos dirá que es una cuestión de orgullo. Puede ser: pero es que nosotros también tenemos derecho a sentirnos orgullosos de la capacidad de transformar nuestra historia en fuerza de futuro.

Manuel Alcaraz Ramos

Pero si alguien lo prefiere digamos que es una cuestión de dignidad. Casualmente ayer leía el texto de un jurista que observaba que el respeto y la promoción de los derechos diferenciales en el Estado autonómico deben ser interpretados no sólo como una cuestión de prestigio histórico, sino, prioritariamente como algo que afecta, que da respuesta a la exigencia constitucional de la defensa de la dignidad de la persona, porque la dignidad de un pueblo no es otra cosa que la dignidad asumida por sus habitantes. Estamos, por lo tanto, defendiendo nuestra dignidad y nadie debe extrañarse que seamos sensibles ante los ataques que recibimos y que no entendemos. Desde este punto de vista no podemos dar por buena la actual situación, que sólo se explica por razón de injusticia histórica y que no es compatible con los principios y valores constitucionales. No es causalidad que cada vez que han existido las condiciones necesarias de libertad los valencianos y las valencianas hayamos reivindicado nuestro derecho. Lo hicieron en la Segunda República, y en el marco de la Constitución 1978, a través de los Estatutos de Autonomía de 1982 y 2016. Lo han hecho con iniciativas de la sociedad civil: con el manifiesto del Colegio de Abogados de Sueca, el Manifiesto promovido por la Asociación de Juristas Valencianos ante los recursos de inconstitucionalidad contra nuestras leyes civiles, suscrito por un gran número de ayuntamientos. Lo han hecho las Corts Valencianes, en repetidas ocasiones estos últimos años mediante diferentes resoluciones… Por tanto no es un asunto menor, es un asunto que congrega a las instituciones de nuestro sistema jurídico, político y cultural. Un sistema democrático debe responder a las necesidades generales de las personas. Y no es extraño que los órganos de la democracia valenciana se preocupen por la cuestión como una parte de su interés por adaptarse a los nuevos tiempos y a las demandas de la realidad. Son los poderes públicos que se sitúan más cerca de la ciudadanía los que pueden regular mejor algunos aspectos de la vida cotidiana y de las relaciones sociales, económicas o familiares. Por tanto es una cuestión de justicia abstracta, pero también de seguridad y eficacia jurídica: defensa del derecho y de la razón. La interpretación que hizo el Tribunal Constitucional declarando inconstitucional las leyes que desarrollan el régimen civil valenciano,

Presentación de la jornada “El Derecho Civil Valenciano: ¿por qué y para qué?”

han vaciado de contenido, de facto, el Estatuto de Autonomía, concretamente su artículo 7 y la Disposición Transitoria Tercera. La jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional resulta ser una interpretación sesgada, una interpretación centralista que sitúa a los valencianos en una situación de segunda, en comparación con otras Comunidades Autónomas a las que sí les reconoce el derecho de legislar en materia de derecho civil. Nosotros acatamos las sentencias, respetamos el principio de legitimación constitucional, pero en el democrático disenso va implícita la pregunta sobre qué hacer ahora. Desde mi punto de vista –me permitirán recordar que también soy un modesto jurista valenciano– en la Comunitat Valenciana hemos de estudiar las opciones y las implicaciones qué tiene cada una de ellas. Debemos de ofrecerle a la ciudadanía un proyecto factible, que sea asumible, que no cree falsas expectativas, para mostrar que los conflictos tienen solución. Por eso la única vía para mostrar una solución sólida que nos saque de este conflicto es la reforma de la Constitución. Debemos acordar entre todos y todas una propuesta concreta de reforma, una propuesta que genere el máximo consenso, desde una unidad que vaya más allá del estricto ámbito político, con mucha pedagogía y dialéctica. Lo debemos de hacer entre todos: nadie debe esperar a obtener una medalla porque tenga, exclusivamente, toda la razón. Por ello iniciativas como la de hoy nos obligan a practicar unas reflexiones que tienen mucho valor. Tienen mucho valor porque significa perseverancia intelectual, perseverancia cívica. Y también porque nos permite recordar que ahora es el momento. Porque ahora empieza a abrirse la ventana de la Constitución. Sería una manera de engañaros si pensáramos que será inminente una reforma constitucional, pero sí que es verdad que estamos más cerca de lo que estábamos hace dos años. Desde ese ánimo esperanzado, aunque lleno de cautela y prudencia –quizá la virtud que más hay que reclamar al gobernante–, vuelvo a agradecer vuestra atención, felicitaros por la convocatoria de esta jornada. Y, lamentando no poder permanecer durante todo el encuentro, os deseo que sea fructífero. Muchas gracias.

Prólogo Una reivindicació inalienable Josep Ochoa Monzó Director General de Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació El Govern Valencià, en declaració institucional de 29 de juny de 2016 va assumir que la reforma de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana que va tindre lloc a l’abril de 2006 va portar avanços per al model d’autogovern a què s’accedix amb l’Estatut d’Autonomia de l’any 1982. Entre ells, un reforçament de la competència exclusiva de la Generalitat Valenciana sobre la conservació, el desenvolupament i la modificació del Dret Civil Foral Valencià, derivada expressament de l’article 49.1.2a) de la norma institucional bàsica valenciana i acompanyada de múltiples al·lusions al llarg de tot el text de l’Estatut que recorden el valor que va tindre i té un corpus jurídic l’origen del qual es remunta al segle XIII. Així, l’article 7 disposa que “el desenvolupament legislatiu de les competències de la Generalitat procurarà la recuperació dels continguts corresponents dels Furs de l’històric Regne de València en plena harmonia amb la Constitució i amb les exigències de la realitat social i econòmica valenciana. Esta reintegració s’aplicarà, en especial, a l’entramat institucional de l’històric Regne de València i la seua pròpia onomàstica en el marc de la Constitució Espanyola i d’este Estatut d’Autonomia». Mentres que la Disposició Transitòria Tercera va disposar que «la competència exclusiva sobre el Dret Civil Foral Valencià s’exercirà, per La Generalitat, en els termes establits per este Estatut, a partir de la normativa foral de l’històric Regne de València, que és recupera i actualitza, a l’empara de la Constitució Espanyola».

Josep Ochoa Monzó

La estructura jurídica bàsica per a l’exercici d’eixa competència després de la reforma estatutària del 2006; reforma que no s’oblide va ser feta per mitjà de l’oportuna Llei Orgànica que va tindre un ampli suport dels dos gran partits amb implantació estatal, PP i PSOE tant a la Comunitat Valenciana com en el Congrés dels Diputats, tenia ja un conjunt d’òrgans creats un poc abans que van poder fer-la efectiva de forma ràpida i rigorosa a partir de l’any 2007. Em referisc a la creació de l’Observatori de dret Civil Valencià per Decret 30/2002, de 26 de febrer, del Consell, que després de la modificació efectuada pel Decret 97/2004, d’11 de juny, es configura com l’òrgan col·legiat assessor de la Comissió de Codificació Civil Valenciana, és a dir, un fòrum representatiu en què, amb participació de la Generalitat i de diferents institucions, organismes i entitats, es debaten qüestions i eleven propostes en matèria de Dret civil valencià. Per la seua banda, el Decret 97/2004, d’11 de juny, del Consell, va crear la Comissió de Codificació Civil Valenciana va ser creada per mitjà de com un òrgan col·legiat, format per jurista de reconegut prestigi de suport al Consell, encarregat d’elaborar i presentar al Consell els esborranys d’avantprojectes de llei en matèria de Dret foral civil valencià. El Decret 218/2007, de 26 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Codificació Civil Valenciana i el seu òrgan assessor, l’Observatori de Dret Civil Valencià, continua afirmant que institueix la Comissió de Codificació Civil Valenciana com a òrgan col·legiat, adscrit a la conselleria competent en matèria de desenrotllament estatutari i sota la dependència del centre directiu que tinga assignades les funcions en la dita matèria, que té per objecte l’elaboració de propostes de creació, modificació i desenrotllament de disposicions normatives relacionades amb el Dret Foral Civil Valencià. A hores d’ara, eixe centre directiu és la Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern, després de les eleccions de maig de 2015 i la constitució del nou Consell, ja que les competències sobre foment de l’autogovern i desenvolupament estatutari s’integren dins de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, en virtut d’allò que s’ha previst en l’article 11 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del President de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s’organitza l’Administració de la Generalitat; en relació amb l’article 39.1 del Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica

Una reivindicació inalienable

bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i amb l’article 1 del Decret 160/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. L’important és que davall el disseny fet pel legislador valencià i seguint el mandat estatutari es va formar el corpus jurídic bàsic i vigent fins fa poc en matèria Dret Civil Valencià: la Llei 10/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Règim Econòmic Matrimonial Valencià, la Llei 5/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de relacions familiars dels fills i filles els progenitors de la qual no conviuen, la Llei 5/2012, de 15 d’octubre, de la Generalitat, d’Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana, i la Llei 3/2013, de 26 de juliol, de la Generalitat, dels Contractes i altres Relacions Jurídiques Agràries. Normes totes elles que El Govern valencià entén -i va entendre al seu dia- plenament ajustades a l’orde constitucional de distribució de competències entre l’Estat i la Comunitat Valenciana. Malgrat l’absoluta convicció de la Generalitat Valenciana d’haver actuat dins del més escrupolós respecte a l’orde constitucional de distribució de competències entre l’Estat i la Comunitat Valenciana, com se sap, tres de les quatre lleis abans citades (les relatives al règim econòmic matrimonial valencià, les relacions familiars dels fills i filles els progenitors dels quals no conviuen i les unions de fet formalitzades) van ser recorregudes davant del Tribunal Constitucional per successius presidents del Govern. Després d’un període inicial de suspensió de cada una d’elles, derivat automàticament de l’admissió a tràmit dels recursos formalitzats, l’Alt Tribunal va alçar aquella i les normes, van estar vigents i s’aplicaren amb total normalitat fins que es van anul·lar. En aquesta obra hi ha reputades aportacions per a discernir sobre l’abast de la competència estatutària en dret civil. Tampoc cal ara deixar constància del que ha passat en abans i durant la interposició dels diversos recursos de constitucionalitat contra les lleis valencianes citades, així com la poca voluntat política per a fer efectiva una solució inconstitucional al sí dels òrgans de negociació entre el Govern Valencià i l’Estatal com la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat-Generalitat. En canvi, sí que procedix referir que la societat valenciana, i sobretot el nombrós grup que conforma

Josep Ochoa Monzó

l’Associació de Juristes Valencians del que formen part professionals del Dret d’àmplia i reconeguda trajectòria, un número important de municipis valencians (242), col·legis d’Advocats, universitats, El Govern Valencià, i les Corts Valencianes sol·licitaren públicament al Govern espanyol la retirada dels recursos d’inconstitucionalitat presentats contra les al·ludides lleis valencianes, extrem que no va ocórrer. El que sí que va sobrevindre, en canvi, és la interpretació restrictiva de la STC 82/2016, de 28 d’abril, publicada en el BOE núm. 131, de 31 de maig de 2016, fa el Ple del Tribunal Constitucional que va decidir, amb deu vots a favor i un vot particular discrepant, estimar el recurs d’inconstitucionalitat i declarar, amb els efectes previstos en els seus fonaments jurídics 7 i 8, inconstitucional i nul·la tota la Llei 10/2007, de 20 de març, de la Generalitat. En la Sentència 110/2016, de 9 de juny, publicada en el BOE núm. 170, de 15 de juliol de 2016, el Ple del Tribunal Constitucional va decidir, amb deu vots a favor i un vot particular discrepant, estimar parcialment el recurs d’inconstitucionalitat i declarar, amb els efectes previstos en el seu fonament jurídic 10, inconstitucionals i nuls els preceptes següents: l’article 1.1, en l’incís “els drets i deures dels qui son membres”, i els articles 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de la Llei 5/2012, de 15 d’octubre, de la Generalitat. I apel·la de nou als mateixos arguments que la STC 82/2016, de 28 d’abril. I la “desfeta” es consuma amb la Sentència 192/2016, de 16 de novembre, publicada en el BOE núm. 311, de 26 de novembre de 2016, el Ple del Tribunal Constitucional va decidir, amb deu vots a favor i un vot particular discrepant, estimar el recurs d’inconstitucionalitat i declarar, amb els efectes previstos en el seu fonament jurídic 5, inconstitucional i nul·la tota la Llei 5/2011 d’1d’abril, de la Generalitat. La negació d’una competència estatutària fortament lligada al nostre autogovern com és la capacitat legislativa en dret civil foral, la fa amb una pobra argumentació jurídica el TC tant sobre l’abast -restrictiu- de l’art. 149.1.8 CE. De fet suposa negar la competència exclusiva de la Generalitat sobre la conservació, el desenvolupament i la modificació del Dret Civil Foral Valencià que ix de la reforma de l’any 2006. En altres paraules, l’intèrpret de la Constitució ens retrotrau al que ja va dir en la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 121/1992 de 28 de setembre que va resoldre el recurs d’inconstitucinalidad contra la la Llei 6/1986, de 15 de desembre, d’Arrendaments