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Rigoberto Reyes Altamirano (CHILE, COLOMBIA, ESPAÑA, MÉXICO Y PERÚ)

Como derechos formales del contribuyente en materia procesal, se examinan: el derecho formal de la publicidad de los procesos y actuaciones administrativas de la autoridad fiscal; el derecho formal al acceso a la justicia fiscal; el derecho a que las actuaciones sean las menos onerosas para el contribuyente, que implica evitar al administrado mayor erogación que las que razonablemente deben realizarse; el derecho formal de no proporcionar documentos que ya se encuentren en poder de la autoridad, así como el derecho formal a que se informe, el medio de defensa, su plazo de interposición y el órgano competente para conocer de las impugnaciones contra las resoluciones de la autoridad fiscal.

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

RIGOBERTO REYES ALTAMIRANO LOS DERECHOS FORMALES DEL CONTRIBUYENTE EN IBEROAMÉRICA

La presente obra, contiene una comparativa jurídica de las legislaciones en materia fiscal de Chile, Colombia, España, México y Perú, a través de la cual se analizan y destacan, lo que hemos denominado los derechos formales del contribuyente. En torno a éstos, en materia sustantiva, encontramos el derecho a la devolución de las cantidades que el contribuyente ha enterado a la administración tributaria en forma indebida o demasía y que ésta, en reciprocidad al deber de contribuir al gasto público, debe reintegrar; el derecho formal para plantear consultas en materia fiscal; el derecho a la protección de datos como parte del derecho a la privacidad, que constituye una forma de resguardar la dignidad personal; el derecho al uso del idioma o lengua de las etnias del contribuyente, así como los principios de inocencia y de no autoincriminación que sugerimos deben incorporarse en las legislaciones iberoamericanas en materia fiscal.

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LOS DERECHOS FORMALES DEL CONTRIBUYENTE EN IBEROAMÉRICA (CHILE, COLOMBIA, ESPAÑA, MÉXICO Y PERÚ)

LOS DERECHOS FORMALES DEL CONTRIBUYENTE EN IBEROAMÉRICA (CHILE, COLOMBIA, ESPAÑA, MÉXICO Y PERÚ)

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LOS DERECHOS FORMALES DEL CONTRIBUYENTE EN IBEROAMÉRICA (CHILE, COLOMBIA, ESPAÑA, MÉXICO Y PERÚ)

RIGOBERTO REYES ALTAMIRANO

tirant lo blanch Ciudad de México, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© Rigoberto Reyes Altamirano

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-536-3 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Para Juanita, Ana Victoria, Rigo Jr, David Israel y Carlos David

Índice INTRODUCCIÓN................................................................................... 13

1. LOS DERECHOS FORMALES DEL CONTRIBUYENTE 1.1. La denominación de Derechos Formales del Contribuyente............ 19 1.2. Los derechos formales del contribuyente que se analizan en esta investigación...................................................................................... 20 1.2.1. Las Personas Jurídicas o morales como poseedoras de derechos formales al amparo de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.......................................... 20 1.3. El Marco Jurídico de la Investigación.............................................. 28 1.3.1. Chile..................................................................................... 29 1.3.2. Colombia.............................................................................. 31 1.3.3. España.................................................................................. 31 1.3.4. México................................................................................. 32 1.3.5. Perú...................................................................................... 33 1.4. La Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH)...... 34 1.5. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 35

2. EL DERECHO FORMAL A LA DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES Y CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE 2.1. Comparativo jurídico de la normativa sobre el tema....................... 41

3. EL DERECHO FORMAL A PRESENTAR CONSULTAS EN MATERIA FISCAL 3.1. Comparativo jurídico de la normativa sobre el tema....................... 49

4. EL DERECHO FORMAL CONSISTENTE EN LA PUBLICIDAD DE LOS PROCESOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIDAD FISCAL Y DE OBTENER INFORMACIÓN DE ÉSTOS 4.1. Comparativo jurídico de la normativa sobre el tema....................... 76

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Índice

5. EL DERECHO FORMAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN MATERIA FISCAL, COMO PARTE DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD 5.1. Comparativo jurídico de la normativa sobre el tema....................... 99

6. EL DERECHO FORMAL DE ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA FISCAL 6.1. Comparativo jurídico de la normativa sobre el tema....................... 111

7. EL DERECHO FORMAL A QUE LAS ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD FISCAL SEAN LAS MENOS ONEROSAS PARA EL CONTRIBUYENTE 7.1. Comparativo jurídico de la normativa sobre el tema....................... 118

8. EL DERECHO FORMAL A NO PROPORCIONAR DOCUMENTOS QUE YA SE ENCUENTREN EN PODER DE LA AUTORIDAD 8.1. Comparativo jurídico de la normativa sobre el tema....................... 124

9. EL DERECHO FORMAL CONSISTENTE EN EL RESPETO A LAS LENGUAS DE LAS ETNIAS O GRUPOS MINORITARIOS EN LOS TRÁMITES FISCALES 9.1. Comparativo jurídico de la normativa sobre el tema....................... 128

10. EL DERECHO FORMAL A QUE SE INFORME EL MEDIO DE DEFENSA APLICABLE, SU PLAZO DE INTERPOSICIÓN Y EL ÓRGANO COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD FISCAL 10.1. Comparativo jurídico de la normativa sobre el tema....................... 138

11. El PRINCIPIO DE INOCENCIA COMO DERECHO FORMAL DEL CONTRIBUYENTE 11.1. Comparativo jurídico de la normativa sobre el tema....................... 153 11.2. Situación actual en las legislaciones iberoamericanas...................... 155

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Índice

12. El DERECHO FORMAL A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN EN MATERIA FISCAL 12.1. Situación en Chile........................................................................... 160 12.2. Situación en Colombia.................................................................... 162 12.3. Situación en España........................................................................ 163 12.4. Situación en México........................................................................ 166 12.5. Situación en Perú............................................................................ 168 CONCLUSIONES.................................................................................... 169

ANEXOS CHILE: DECRETO LEY Nº 830 SOBRE CÓDIGO TRIBUTARIO......... 173 COLOMBIA: LEY 1607 DE 26 DE DICIEMBRE DE 2012..................... 174 ESPAÑA: LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.............. 175 MÉXICO: LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE........................................................................................... 177 PERÚ: TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO.... 178 BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 183

INTRODUCCIÓN En el presente trabajo realizaremos una comparativa jurídica de las legislaciones en materia fiscal de Chile, Colombia, España, México y Perú, para destacar las aportaciones que estas naciones han realizado para regular en forma independiente lo que hemos denominado las garantías formales del contribuyente.

Precisamos que para la realización de la presente investigación, acudimos al derecho comparado,1 no como “una disciplina científica autónoma que se ocupa del análisis de los conceptos y principios del método jurídico comparativo”, sino a “la utilización práctica, de acuerdo con los lineamientos de la ciencia jurídica antes mencionada, del citado método de estudio, enseñanza e investigación” Para presentar una visión integral de los derechos formales del contribuyente, junto con las legislaciones consultadas, se han incorporado criterios jurisprudenciales de los tribunales constitucionales consultados, así como de las cortes internacionales de los derechos humanos.

Además se han incorporado a la investigación la referencia a otros ordenamientos nacionales en materia fiscal que se vinculan con los derechos formales analizados.

1

Héctor Fix Zamudio aclara que “si en ocasiones empleamos la expresión derecho comparado, esto se debe a que es la que ha predominado en el lenguaje jurídico, pues se utiliza en español, portugués, inglés y francés. Sin embargo, consideramos que es más correcta la expresión comparación jurídica que se utiliza preferentemente en idioma alemán (Rechtsver gleichung)” y sobre la disputa entre ciencia y método del derecho comparado, establece que “no es incompatible la idea de disciplina científica con la de método jurídico, ya que si bien es verdad que el llamado derecho comparado es un instrumento de conocimiento del derecho y, por tanto, un método jurídico, también lo es la necesidad de elaborar los conceptos y principios que se derivan del uso de dicho instrumento, que no puede aplicarse en forma indiscriminada. Por ese motivo, se ha llevado a cabo un conjunto de estudios sistemáticos que integran lo que podemos calificar como ciencia jurídica comparativa, es decir, una disciplina científica que analiza el método jurídico comparativo y establece los lineamientos de su correcta aplicación al enorme campo del derecho”. “TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO COMPARADO”. Recuperado en: http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1793/5.pdf.

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Dentro de la estructura de la investigación, que constituye su primer capítulo, delimitamos el concepto de derechos formales que utilizaremos en la investigación y que van referidas a las contenidas en las leyes secundarias nacionales, para establecer un distingo con los derechos fundamentales que todo gobernado posee, al amparo de las cartas magnas de cada país, así como de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

También en este segmento del trabajo, dejamos asentado que las denominadas personas jurídicas o personas morales, están protegidas y gozan de los derechos formales que estudiamos en el presente y aunque algunas de éstas pueden considerarse personalísimas como las relativas al idioma, sin embargo, como ya se ha resuelto por los tribunales citados, en virtud de que las personas jurídicas se encuentran constituidas por personas físicas, la protección debiera ser la misma para las indicadas, siempre que sean acordes a su naturaleza.

Como segundo capítulo de la investigación, entramos propiamente al análisis de los derechos formales y para ello abordamos el derecho a la devolución de las cantidades que el contribuyente ha enterado a la administración tributaria y que ésta, en reciprocidad al deber de contribuir al gasto público, debe reintegrar Establece la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en México (PRODECON), que “Es en el pago de los tributos donde los miembros de una sociedad se reivindican en su más alta dignidad de ciudadanos, al desprenderse de ingresos propios para contribuir a un bien mayor que los trasciende en lo individual y que es el de la propia viabilidad de la sociedad a la que pertenecen. El deber de contribuir es un concepto innato al de ciudadano o gobernado, de donde resulta obligado advertir, en correlación inmediata con este deber, la relevancia que adquiere el reconocimiento, defensa y tutela de los derechos fundamentales de los contribuyentes”.2 En el tercer tema de la investigación, analizamos el derecho formal para plantear consultas en materia fiscal y destacamos que el princi-

2

LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE DENTRO DEL MARCO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Recuperado en: http://www.prodecon.gob. mx/Documentos/Banner%20Principal/2013/DERECHOSMARCO.pdf.

Los derechos formales del contribuyente en Iberoamérica

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pio de confianza legítima debe manifestarse cuando se da respuesta al contribuyente sobre el tema planteado.

Como complemento al derecho formal de plantear consultas, incluimos y comentamos el principio de plazo razonable para resolverlas que se encuentra amparado tanto en la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH) como en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales.

En este segmento nos detenemos a señalar el contexto internacional en que se desenvuelve el derecho de petición como regulador de la garantía de formular consultas fiscales.

El cuarto apartado del presente estudio, examina el derecho formal de la publicidad de los procesos y actuaciones administrativas de la autoridad fiscal así como del derecho a la información de estos procesos y actuaciones como posibilitadora del derecho de defensa.

Aquí comentamos la experiencia de México de utilizar la Carta de los Derechos del Contribuyente para informarle sobre los derechos que tiene durante la práctica de una visita domiciliaria.

En dicho apartado, se destaca el de España, caso en el cual se requiere autorización del contribuyente para entrar a su domicilio y para ello se examina la sentencia STC 54/2015, del Tribunal Constitucional Español (TCE).

En el capítulo quinto de este trabajo, estudiamos la protección de datos como parte del derecho a la privacidad, que constituye una forma de resguardar la dignidad personal.

Las legislaciones nacionales que analizamos, coinciden que por una parte, sólo puede ser utilizada para los fines de la comprobación o auditoría fiscal y en contrapartida no debe ser usada para fines diversos.

Por lo que se refiere a este capítulo se analiza la vertiente del derecho a la intimidad, en materia de datos o registros económicos del contribuyente y que en criterio de los tribunales constitucionales de Colombia, España y México no quedan bajo la protección de este derecho.

En materia del derecho formal al acceso a la justicia fiscal, la analizamos en el tema sexto de la investigación y coincidiendo con Fix

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Fierro y López Ayllón, a pesar de que tiene 3 variantes, precisamos que nuestro estudio se dirige al ámbito del derecho constitucional. El derecho aludido consiste en la posibilidad de comparecer a formular alegatos y razonamientos jurídicos en el procedimiento administrativo y hacemos mención del principio del informalismo, que se hace consistir en la no perdida de los derechos a la defensa, cuando el contribuyente no se sujete a las formas señaladas.

Destacamos en este capítulo, la regulación especial que deben tener las personas indígenas en cuanto al derecho de acceso a la justicia, como lo observa el tribunal constitucional mexicano.

En el apartado séptimo del presente, se aborda la cuestión que las actuaciones sean las menos onerosas para el contribuyente, que consideramos se orienta hacia el principio de economía, lo que implica evitar al administrado trámites superfluos o redundantes o que impliquen mayor erogación que las que razonablemente deben realizarse. Ésta la vinculamos en su análisis con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

El derecho formal de no proporcionar documentos que ya se encuentren en poder de la autoridad se examina en el capítulo octavo.

Aquí destacamos el caso de Chile, donde no sólo se contempla el derecho de no aportar los referidos documentos que estén en poder de la autoridad, sino también se prevé, que no deberán bridarse aquellos documentos que no correspondan al procedimiento.

Tratándose del uso del idioma o lengua de las etnias del contribuyente para informarle y para que haga valer sus derechos y en su caso, ser asistido por un intérprete, lo analizamos en el apartado noveno de la investigación y precisamos que sólo España se ha preocupado por regular el derecho formal a utilizar el idioma que en las regiones o provincias se habla por los grupos étnicos o indígenas.

Consideramos que de no regularse debidamente puede provocar discriminación sobre las personas que hablan un idioma diferente al que comúnmente se utiliza en los países objeto de estudio, considerando que el artículo 14, PIDCP, lo eleva al rango de derecho humano.

Destacamos en este apartado, los fallos emblemáticos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en donde se realiza una atención especial en el caso de mujeres indígenas del acceso a la justicia, atendiendo al idioma, como son los fallos, entre otros;

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CIDH, Informe No 53/01. Fondo. Ana, Beatriz y Celia González Pérez (México), 4 de abril de 2001; Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No 215; Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010.

Serie C No 216 y Corte IDH. Caso Tiu Tojín vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 2008, Serie C No 190.

Como tema décimo, examinamos como parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva,3 el derecho formal a que se le informe al contribuyente, el medio de defensa, su plazo de interposición y el órgano competente para conocer de las impugnaciones contra las resoluciones de la autoridad fiscal que se encuentra en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (LFEDECON) de México y hacemos notar la influencia del artículo 36 de la extinta Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes en España.

Nos detenemos en este capítulo para analizar criterios jurisprudenciales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana ha sustentado sobre esta garantía formal.

El principio de inocencia como derecho formal del contribuyente, lo estudiamos en el apartado décimo primero y hacemos énfasis que existe una deficiente regulación de este Principio aplicado a la materia fiscal y sólo encontramos referencia en la ley colombiana, por lo que es impostergable su aplicación en todos los países al amparo del PIDCP.

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A decir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (COMIDH), de la Organización de los Estados Americanos, “la obligación de los Estados no es sólo negativa —de no impedir el acceso a esos recursos— sino fundamentalmente positiva, de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos. A tal efecto, los Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia”. EL ACCESO A LA JUSTICIA COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. ESTUDIO DE LOS ESTÁNDARES FIJADOS POR EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, Documento 4, 7 de septiembre de 2007. Resumen Ejecutivo. Recuperado en: http://www.cidh.org/pdf%20files/ACCESO%20 A%20LA%20JUSTICIA%20DESC.pdf.

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Tanto el Tribunal Constitucional de Chile (TCCH), el TCE, como la SCJN en México, limitan este principio a la materia penal y en España y México, se amplía su aplicación a las sanciones administrativas por responsabilidad.

La regulación en Colombia es un principio que deberá ser desarrollado amplia y debidamente, para romper inercias en algunas cortes constitucionales, como es el caso de México, donde se considera aplicable dicho principio sólo en el procedimiento administrativo sancionador y por supuesto en los demás ámbitos del procedimiento administrativo.

Como capítulo décimo segundo, analizamos la problemática que encierra la omisión de una debida regulación del derecho formal a la no autoincriminación en materia fiscal, concluyendo que es impostergable que las legislaciones iberoamericanas normen y den amplitud a la referida garantía, como mandato del PIDCP, considerando que en algunos países se encuentra restringida al ámbito penal, sin considerar los procedimientos administrativos.

En síntesis, a propósito de los derechos formales del contribuyente, recordando a Loewenstein,4 sobre el concepto de justicia tributaria, ésta “es fruto de la lucha del ser humano sometido al poder político, por limitar ese poder, de diversas maneras, como son el que la teoría constitucional conoce como control horizontal (intraórganos) del poder, con la llamada división de poderes, y que el control vertical se da con el reconocimiento constitucional de derechos fundamentales de los gobernados, tutelados por procedimientos de defensa constitucional, como el juicio de amparo, en México, y el recurso de amparo en España”.

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Citado por Joaquín Gallegos Flores, EL DEBER FORMAL DE COLABORAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y SU COLISIÓN CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE NO AUTOINCRIMINACIÓN Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Recuperado en: http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/22/22_4.pdf.

1. LOS DERECHOS FORMALES DEL CONTRIBUYENTE5 1.1. LA DENOMINACIÓN DE DERECHOS FORMALES DEL CONTRIBUYENTE Con la denominación anunciamos dos objetivos: Que analizaremos los instrumentos jurídicos individualizados y concretos (derechos) y formales, toda vez que no se encuentran en el texto constitucional, sino que el “constituyente constituido”,6 los creó como ya lo dijimos para complementar o constituir un vehículo instrumental para materializar el cumplimiento de un derecho fundamental de las constituciones de los estados o en los tratados internacionales.

No dejamos de reconocer, que estos derechos formales que analizamos en el presente trabajo tienen como influencia los principios de la buena administración que “el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales garantiza de forma explícita a todas las personas el ‘derecho a una buena administración’. Esto incluye, en particular, el derecho a ser oído, el acceso a la información y a la motivación de las decisiones, además de un derecho a compensación por el incumpli-

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La Corte Constitucional de Colombia (CCO), en la Sentencia No.C-489/95, en torno a la diferencia entre contribuyente y declarante, sustenta: “Se equivoca el demandante al afirmar que quien no está obligado a declarar no debe pagar impuestos, ya que confunde el concepto genérico de contribuyente con el específico de declarante, que es sólo una clase del primero. La modalidad del pago del impuesto —mediante declaración de renta y complementarios o mediante retención en la fuente— no debe confundirse con la obligación tributaria sustancial, la cual emana de la realización u ocurrencia del hecho gravable”. CONTRIBUYENTE/DECLARANTE/RETENCIÓN EN LA FUENTE/DECLARACIÓN DE RENTA/OBLIGACIÓN TRIBUTARIA/ HECHO GRAVABLE. Recuperado en: http://www.corteconstitucional.gov.co/ relatoria/1995/C-489-95.htm.

Cfr. Juan Luis Requejo Pagés, EL PODER CONSTITUYENTE CONSTITUIDO, La limitación del soberano. Recuperado en: http://www.unioviedo.es/constitucional/fundamentos/primero/pdf/requejo.pdf

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miento de las obligaciones públicas y un derecho a la correspondencia con la administración”.7

1.2. LOS DERECHOS FORMALES DEL CONTRIBUYENTE QUE SE ANALIZAN EN ESTA INVESTIGACIÓN Como parte de estos derechos formales, analizaremos en este trabajo, entre otros, la devolución de contribuciones y cantidades pagadas indebidamente, el planteamiento de consultas a la autoridad, el respeto a la publicidad de las actuaciones, la garantía de recibir y recabar información de las actuaciones de la autoridad, la protección de datos personales, en materia fiscal, el Principio Pro homine o pro personae en materia fiscal, la presunción de inocencia en el ámbito tributario, la garantía a que se le indique, el plazo, la autoridad y el medio defensa a interponer, así la garantía a que se le respete su lengua, tanto para que se comunique sus derechos tributarios, como para hacerlos valer.

1.2.1. Las Personas Jurídicas o morales como poseedoras de derechos formales al amparo de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos Es indudable que el fallo emblemático a considerar sobre este tema es el Caso Cantos vs Argentina (sentencia de 28 de noviembre de 2002) de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).8 Aunque en este caso no se inició por la reclamación por violación a derechos humanos de la persona moral o persona jurídica, sino de la persona física, tal y como aparece enseguida, en los párrafos pri

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8

Siegfried Magiera, EL DERECHO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA*. Texto traducido por Mario Kolling, y revisado con la colaboración de María Jesús Montoro. Recuperado en: http://www20.gencat.cat/docs/eapc/Home/Publicacions/Col_leccio%20Materials/26%20les%20 administracions%20en%20perspectiva%20europea/8_Magiera/08%20magiera_tradcast.pdf.

Recuperado en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_97_esp. pdf.