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Álvaro Castro Morales Sofía M. Cobo Téllez Miguel Cillero Bruñol

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978-84-1197-308-3

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Análisis Comparado a la luz de los estándares internacionales en materia de infancia y adolescencia

Personas Adolescentes Privadas de Libertad en Iberoamérica:

Directores

Álvaro Castro Morales Sofía M. Cobo Téllez Miguel Cillero Bruñol

Directores

Personas Adolescentes Privadas de Libertad en Iberoamérica:

Análisis Comparado a la luz de los estándares internacionales en materia de infancia y adolescencia

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El presente libro es el resultado del trabajo de investigación del Grupo de Estudios Iberoamericano en Justicia Juvenil del Centro Iberoamericano de los Derechos del Niño (CIDENI) y tiene como principal objetivo animar un debate jurídico y, en caso necesario, procesos de reforma legal, desarrollo jurisprudencial y elaboración de política pública especializada en los países de la región, a partir de un estudio de la sanción penal privativa de la libertad para personas adolescentes en ocho países de la región (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Guatemala, Perú y México). Se examina en este estudio sí los diferentes Estados han logrado ejecutar sanciones privativas de libertad que consideren las circunstancias del adolescente, de una forma consistente con los estándares internacionales en la materia. Se encuentra dividido en tres secciones que parten de la justificación del proyecto y el análisis dogmático de los Estándares Internacionales en materia de las personas adolescentes privadas de la libertad; posteriormente los Informes Nacionales que examinan la normativa, estándares jurisprudenciales y condiciones prácticas en que se ejecuta el encierro en los diferentes países, para finalmente incluir un estudio de derecho comparado y una serie de recomendaciones, especialmente dirigidas a las y los operadores de los sistemas especializados en justicia juvenil (principalmente las autoridades administrativas especializadas en ejecución de sanciones privativas de la libertad) a fin de aportar elementos para construir y cumplir el mandado contenido en el artículo 37 inciso c) de la Convención Internacional de los Derechos del Niño: “que todo niño (sic) privado de la libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana y que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad”.

Personas Adolescentes Privadas de Libertad en Iberoamérica: Análisis Comparado a la luz de los estándares internacionales en materia de infancia y adolescencia

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Marta Lorente Sariñena

Ana Cañizares Laso

Javier de Lucas Martín

Jorge A. Cerdio Herrán

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

María Luisa Cuerda Arnau

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón

Manuel Díaz Martínez

Catedrático de Derecho Procesal de la UNED

Carmen Domínguez Hidalgo

Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

José Luis González Cussac

Ignacio Sancho Gargallo

Luis López Guerra

Elisa Speckmann Guerra

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Personas Adolescentes Privadas de Libertad en Iberoamérica: Análisis Comparado a la luz de los estándares internacionales en materia de infancia y adolescencia

ÁLVARO CASTRO MORALES SOFÍA M. COBO TÉLLEZ MIGUEL CILLERO BRUÑOL Directores

tirant lo blanch Valencia, 2023

Copyright ® 2023 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: https://editorial.tirant.com/cl ISBN: 978-84-1197-309-0 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice Prólogo................................................................................. Jan Jarab

Primera sección Justificación del Proyecto y Estándares Internacionales en materia de las y los adolescentes privados de libertad................ Álvaro Castro Morales

Segunda Sección Informe nacional de Brasil...................................................... Ana Paula Motta Costa Bruno Jacoby de Lamare Victória Hoff da Cunha

Informe nacional de Colombia................................................ Geovana Andrea Vallejo Jiménez Ana Isabel Tamayo Palacio

Informe nacional de Costa Rica............................................... Carlos Tiffer Sotomayor

165

Informe nacional de Chile....................................................... Álvaro Castro Morales

223

Informe nacional de España I.................................................. Mª Concepción Molina Blázquez

279

Informe nacional de España II................................................. Ignacio Valentín Mayoral Narros

325

Informe nacional de España III................................................ Mª Concepción Molina Blázquez

353

Informe nacional de España IV................................................ Mª Concepción Molina Blázquez Ignacio Valentín Mayoral Narros

369

Índice

Informe Nacional de Guatemala.............................................. Fredy Robledo Justo Solórzano

375

Informe Nacional de Perú....................................................... Héctor Fidel Rojas Rodríguez

423

Informe Nacional de México................................................... Sofía M. Cobo Téllez Luis Alberto Cruz Cárdenas

465

Tercera Sección Análisis comparado: personas adolescentes privadas de la libertad en Iberoamérica en la normativa y estándares jurisprudenciales................................................................... Álvaro Castro Morales Análisis comparado: personas adolescentes privadas de la libertad en iberoamérica en la práctica.................................... Sofía M. Cobo Téllez Recomendaciones.................................................................. Miguel Cillero Sofía Cobo Téllez Álvaro Castro Morales

533

549 569

Prólogo Es un gran honor para mí hacer un prólogo de este trabajo conjunto que involucró expertos y expertas de varias disciplinas, con diversas trayectorias profesionales, provenientes de varios países del ámbito iberoamericano. El libro Personas Adolescentes privadas de la libertad en Iberoamérica: Análisis comparado a la luz de los estándares internacionales en materia de infancia y adolescencia constituye una importante contribución de CIDENI a un tema que requiere mucha atención de nuestras sociedades. Aunque gran parte de los países iberoamericanos han introducido reformas importantes para proteger a los derechos de los infractores adolescentes, los sólidos y analíticos informes nacionales incluidos en este libro nos demuestran que aún queda mucho camino para recorrer en la implementación de los estándares internacionales de derechos humanos. La publicación representa una labor académica, con debido rigor científico, pero con importante dimensión práctica, para el desarrollo de las políticas públicas. Para dicho desarrollo es de suma relevancia entender cómo se comporta el derecho penal juvenil a nivel nacional —o, mejor, el derecho penal de menores y adolescentes— desde la perspectiva de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros estándares internacionales de derechos humanos. En este contexto, es digno recordar que los derechos humanos de la Niñez y la Adolescencia son el resultado de un consenso universal basado en evidencia científica, que además contienen un imperativo ético —dos elementos que potencian el valor normativo de las normas de la Convención por una parte y por el desarrollo doctrinario por otra. A través de esta publicación, CIDENI nos provee una actualización muy valiosa, permitiendo comparar a los distintos modelos nacionales de justicia para adolescentes en conflicto con la ley, los logros y pendientes de cada uno de ellos. Su perspectiva está centrada en la necesidad de internalizar los estándares internacionales

Jan Jarab

en la normativa nacional y en la práctica. Como nos demuestran las investigaciones presentadas en este libro, a pesar de los avances normativos que han ido armonizando las legislaciones nacionales con los estándares de derecho internacional de los derechos humanos, persiste una brecha importante de implementación en la práctica. En otras palabras, y esto también se ve claramente reflejado en varias de las contribuciones presentadas, se trata de superar las brechas que muchas veces existen entre la terminología socioeducativa que se utiliza oficialmente, por un lado, y la realidad más bien punitiva que suelen enfrentar los adolescentes infractores, por otro. Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consideramos que es innegable el impacto que tiene en los derechos fundamentales de los y las adolescentes cuando entran en contacto con el sistema penal y más aun con la privación de libertad. Asimismo, observamos con preocupación los efectos (muchas veces no deseados o por lo menos no deseables) que ha tenido, particularmente en América Latina, la así llamada lucha en contra del consumo y tráfico de drogas. Estamos viviendo en tiempos cuando la discusión pública sobre seguridad, delito y castigo se vuelve bastante compleja. De hecho, varias sociedades de las Américas y de Europa están experimentando aumentos de inseguridad. Las discusiones públicas —y las propuestas políticas— suelen tener un carácter bastante punitivo, centrándose en el castigo, con énfasis en la introducción de nuevos tipos penales, aumento de penas, etc. Y la situación de adolescentes infractores, aunque no sea necesariamente central en esta discusión, tampoco está exenta de estas tendencias punitivas, que se han manifestado (entre otros) en proyectos legislativos que buscan reducir la edad de responsabilidad penal o aumentar las penas a las cuales pueden ser condenados los infractores adolescentes. En este contexto, las publicaciones como la que actualmente se presenta son una contribución clave. Ayudan a generar conciencia de la necesidad de legislar y programar con base en evidencia sin caer en la tentación punitiva que cada cierto tiempo acecha, arries-

Prólogo

gando los avances deseados y originalmente contenidos en los primeros diseños legales a la luz de la Convención. Por eso, resultan tan importantes los diseños legales-institucionales de los programas, que deben considerar la edad y género y atender las necesidades de adolescentes que enfrentan vulnerabilidades particulares; los planes de intervención individual; la infraestructura y el personal debidamente calificado y capacitado; la coordinación y compromiso inter-ministerial que involucra no solo el sector de Justicia, sino también de Salud, Educación, Trabajo, Cultura, Vivienda, Deportes y otros; el debido proceso reforzado desde el inicio, el control judicial permanente y el monitoreo independiente de condiciones de privación de libertad; y, por supuesto, un sistema de medidas y sanciones no privativas de libertad, dejando la privación de libertad verdaderamente como último recurso. En todas estas dimensiones, el rigor científico de la publicación nos trae mucho material para analizar, evaluar y reflexionar, para la identificación de buenas prácticas que pueden ser inspiradoras, pero también para dimensionar los pendientes que aún existen. Asimismo, todo esto nos obliga a persistir atentos y activos en el apoyo al fortalecimiento institucional, para generar condiciones que favorezcan una práctica coherente con los estándares internacionales. Se trata de condiciones que en definitiva permitan cumplir los objetivos de la sociedad en materia de adolescentes infractores —objetivos que son, o deben ser, más bien socioeducativos que punitivos. Lo central es que la intervención de la autoridad sea lo menos dañina posible no solo para el individuo en cuestión, sino también para la sociedad en su conjunto. Por supuesto, la sociedad como tal también se beneficia cuando el proceso socioeducativo evite dañar aún más a los adolescentes —quienes en gran parte ya entran en el sistema afectados por la marginación, por la desigualdad económica y social— y cuando les asegure una posibilidad de reestablecer sus vidas, sin caer nuevamente en el delito. JAN JARAB

Representante de la Oficina Regional ONU-DH para América del Sur

Primera sección

Justificación del Proyecto y Estándares Internacionales en materia de las y los adolescentes privados de libertad ÁLVARO CASTRO MORALES

1.1 ANTECEDENTES La Convención Internacional de los Derechos del Niño, en adelante CIDN, jugó un importante rol en el proceso de reformas a los sistemas de justicia juvenil en el continente. Dicha Convención, que desde 1990 se encontraba vigente en toda Latinoamérica con carácter vinculante para los Estados que la ratificaron, incorporó una especial concepción de los derechos humanos de la infancia y adolescencia y una serie de estándares en el campo de la justicia penal que obligaron a los Estados a reformar el modelo imperante y distanciarse del sistema penal de adultos. La exigencia de reglas diferentes de las personas adultas para las personas adolescentes infractoras de la ley penal engloba no sólo las normas de procedimiento establecidas para determinar la responsabilidad de las y los jóvenes infractores; las normas sustantivas que establecen responsabilidad; sino que también la ejecución de las sanciones penales juveniles. Esta exigencia ha sido cumplida de diversa forma e intensidad por las leyes y la jurisprudencia de los distintos países que han implementado sistemas de justicia juvenil en Iberoamérica. Predominando los esfuerzos que buscan hacer realidad la especialidad en el procedimiento y normas sustantivas que establecen responsabilidad. Pero estos esfuerzos no tendrían la misma intensidad en otras dimensiones del sistema penal juvenil y parecen enfrentar, a la hora de hacerse cargo de la especialidad, tensiones o nudos

Álvaro Castro Morales

problemáticos en lo que se refiere a la ejecución de las sanciones privativas de la libertad para personas adolescentes. Un estudio regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2011 da cuenta de sobrepoblación, violencia y serios problemas de infraestructura. Asimismo, este panorama es reiterado en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en los casos del Instituto de Reeducación del menor vs. Paraguay; Mendoza y otros vs Argentina; y en Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. De acuerdo con el estudio de la Comisión y la realidad plasmada en los fallos de la Corte Interamericana, podría desprenderse que la especialidad en materia de ejecución de la sanción privativa de libertad juvenil ha tenido escaso progreso y comprensión en torno a su significado y repercusiones para las personas adolescentes infractoras privadas de libertad. La escasa discusión en la doctrina latinoamericana sobre la especialidad en la etapa de ejecución de la sanción en comento parece ser indiscutible y explica la invisibilidad del tema y la escasa información que se tiene sobre el fenómeno. En este escenario surge la necesidad de realizar un estudio comparado que examine la regulación, la práctica y jurisprudencia, que se concentre en los nudos problemáticos nacionales en torno a la ejecución de la sanción privativa de libertad juvenil. Y así conocer, por un lado, las diversas maneras en que las leyes, prácticas y jurisprudencia de los distintos países que han implementado sistemas de justicia juvenil basados en la Convención de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en Iberoamérica han comprendido y materializado la especialidad de las personas adolescentes infractoras privadas de la libertad. Y por otro, cuán lejos o cerca, están los países del cumplimiento del mandato contenido en la Convención de los Derechos de los niños en la materia.

Justificación del Proyecto y Estándares Internacionales…

1.2 ESPECIALIDAD EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD JUVENIL. ANÁLISIS DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA1 Los Estándares de los Derechos Humanos en materia de infancia y adolescencia sirven, para estos efectos, como una pauta compartida, con criterios específicos acerca de la forma de dar aplicación concreta a la especialidad en los diversos contextos y decisiones que se suscitan en materia de personas adolescentes privadas de la libertad. En particular, de los principios y reglas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos del niño, se distinguen cinco ejes que dan expresión a esta pauta compartida de estándares, a saber: orientación de la ejecución de la sanción privativa de libertad juvenil; condiciones carcelarias; régimen penitenciario; buen orden; y mecanismos de control. Antes de describir y explicar estos ejes, resulta necesario mencionar algunas cuestiones generales que se suscitan en torno a las personas —adolescentes— privadas de la libertad. Es una cuestión reconocida que los Estados tienen la posición de garante respecto de las personas privadas de la libertad. Que en el caso de las y los adolescentes infractores esta responsabilidad se incrementa y el deber de protección del Estado aumenta dado el carácter de vulnerable que presenta el grupo. La protección reforzada que recae sobre la y los jóvenes presos por comisión de delitos se explica por la calidad de privación de libertad y por el período de vida en el que se encuentran. La evidencia empírica ha demostrado que los efectos del encierro en las personas jóvenes tienen un impacto mayor en la salud mental que en las personas adultas. La etapa de desarrollo en 1

Un análisis detallado sobre el tema puede encontrarse en Castro Morales, A (2021): La especialidad en la ejecución de la sanción privativa de libertad juvenil: análisis desde el derecho internacional de los derechos humanos y doctrina, en Revista Derecho PUCP, Nr. 86.

Álvaro Castro Morales

que se encuentran, la limitación de movimiento y el aislamiento social agudizarían los efectos negativos que tiene la privación de libertad, a modo de ejemplo, “pérdida de identidad, desmoralización, desculturación y efectos psicológicos, como estrés, neurosis y depresiones”, entre otras. Primer Eje: Finalidad de la sanción privativa de libertad juvenil En cuanto a la finalidad de la ejecución de la sanción privativa de libertad, el derecho internacional de los derechos humanos y la doctrina le otorgan a la prevención especial positiva una especial preponderancia por sobre las otras finalidades de la pena. Preponderancia que en el caso de las personas adolescentes privadas de la libertad se encontraría reforzada. La finalidad que se le otorgue a la ejecución de la pena no es una cuestión teórica desconectada de la vida de los centros cerrados juveniles, muy por el contrario, influye de forma directa en todos los aspectos del funcionamiento de un centro, a modo de ejemplo, el contacto con el mundo exterior, las actividades del régimen penitenciario, la infraestructura, las medidas de protección y seguridad, etc. Es por esta razón que la doctrina considera que el reconocimiento de la preponderancia de la prevención especial positiva por sobre las otras finalidades en la etapa de ejecución de la sanción privativa de libertad juvenil tiene un impacto concreto, primero, como principio rector que debe orientar el funcionamiento global de los centros privativos de la libertad, y segundo, como medidas concebidas para ayudar a reintegrar a las personas adolescentes infractoras en la sociedad. Segundo Eje: condiciones de detención Es un hecho aceptado por el derecho internacional de los derechos humanos y la doctrina, que las condiciones de detención, para adultos y adolescentes, deben estar acordes con la dignidad humana. Lo anterior trae repercusiones precisas para los jóvenes reclusos en un conjunto misceláneo de temas: diseño del recinto; cultura institucional; alojamiento para las personas adolescentes en

Justificación del Proyecto y Estándares Internacionales…

general; necesidades especiales de alojamiento para jóvenes mujeres o pertenecientes a pueblos originarios; intensidad de la custodia; personal capacitado; prevención de riesgos; y salud. El diseño arquitectónico del centro, la distribución de espacios y las dependencias de los adolescentes deben servir a la finalidad de la ejecución de la sanción, esto es, la reinserción. Los centros también deben ser pequeños para poder asegurar un tratamiento individualizado, garantizar el contacto con los familiares y con la comunidad. El alojamiento debe cumplir requisitos que se vinculan con la higiene, iluminación, calefacción y ventilación. Debe asegurarse un espacio mínimo, se habla en doctrina de 8 m2 por privado de libertad, y no debe prevalecer el hacinamiento. La seguridad pasiva, destinada a lograr la custodia y evitar fugas, como cámaras, barrotes, puertas de seguridad, muros, vallas, etc. debe ser mínima (Reglas de la Habana, Nr. 30). Lo importante, es que los centros deben ser abiertos y que sus dependencias deben poseer un carácter educacional más que penitenciario, privilegiando las actividades de reinserción social y la seguridad dinámica que surge del contacto, vínculo y comunicación entre personal y jóvenes internos (Reglas de Beijing Nr. 19) El personal de trato directo debe poseer una formación que le permita comprender las características de la adolescencia como etapa de vida, y para ello es fundamental que sea capacitado en temáticas tales como psicología juvenil, pedagogía, derechos del niño, y estándares de derechos humanos. Las exigencias de formación deben ir de la mano de la dotación suficiente, jornada laboral realista, remuneración atractiva que mantengan el compromiso del funcionario. Debe existir en el interior de las cárceles juveniles protocolos para contener los riesgos de incendio, motines, enfermedades y suicidios. Es fundamental que el Estado reduzca al mínimo estos peligros, contemple protocolos de actuación, capacite a los funcionarios y contemple alarmas “que garanticen la seguridad de los menores” (Reglas de la Habana, Nr. 32).

Álvaro Castro Morales

En materia de salud debe tenerse presente que las personas adolescentes en cuanto tales y en su condición de privadas de libertad, se encuentran en una posición de fragilidad, marcada entre otros, por riesgos para la salud que vienen asociados a la etapa de vida que se encuentran, entre otros, enfermedades venéreas, depresiones, problemas de adicción, trastornos alimentarios, autolesiones, suicidios, etc. Por lo tanto, la salud es uno de los factores más importantes dentro de las condiciones materiales de la detención. En este contexto, la asistencia médica integral es un derecho para las personas adolescentes, que incluye “servicios de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación y atención paliativa” (Observación General Nr. 15, párrafo 25). En el caso de jóvenes con problemas psiquiátricos deberán recibir tratamiento en una institución especializada bajo supervisión médica independiente. Tercer eje: régimen penitenciario Hoy parece consumada la idea de que la experiencia en un recinto cerrado no sólo depende de las condiciones del encierro, sino también de los mecanismos de solución de conflictos; las relaciones con los funcionarios penitenciarios; y las distintas actividades de enseñanza, formación laboral, trabajo, descanso y contacto con el mundo exterior. El diseño y ejecución del régimen debe organizarse y ejecutarse en torno a la finalidad preventivo especial positiva reforzada. Es fundamental que el régimen esté diseñado de forma tal que considere y privilegie medidas de corte educativo, de formación, de trabajo, de tiempo libre, de contacto con el mundo exterior y de apoyo en el egreso, que sean concebidas para ayudar a los jóvenes a reintegrarse en la sociedad. La participación de la persona adolescente en las medidas de reintegración estará determinada por el plan de intervención diseñado entre los funcionarios y el adolescente en el momento en que ingresó al centro. La elaboración del plan de intervención cuenta con exigencias precisas por parte del derecho internacional de los derechos humanos, las cuales giran en