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En conexión con la comprobación generalizada de su vinculación con la europeización e internacionalización, los sectores de referencia examinados en esta obra colectiva permiten identificar como causas más inmediatas de la reciente eclosión de la supervisión y el control las consistentes en la liberalización y re-regulación de sectores de actividad de interés económico general, la ordenación de sectores de riesgo elevado y, en fin, el desmantelamiento transversal de la policía preventiva en los servicios. Asimismo, la obra acredita la actual decantación de la supervisión como una función pública que, formando parte de la más amplia -y de perfil más indeterminado- de control, se despliega en el seno de una relación jurídico-administrativa y se sirve de las técnicas tradicionales de la policía y la sanción administrativas.

Luciano Parejo Alfonso (Director)

ESTUDIOS SOBRE LA VIGILANCIAY LA SUPERVISIÓN COMO TAREAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN SECTORES DE REFERENCIA

Este volumen recoge los estudios más signiﬁcativos de un proyecto de I+D+i patrocinado por el Ministerio de Economía y Competitividad y dedicado al análisis de la vigilancia y la supervisión como tareas de la Administración pública. La diversidad temática de su contenido tiene por objeto contrastar y, en su caso, enriquecer el cuadro institucional y de las técnicas de la convencionalmente caliﬁcada como parte general del Derecho administrativo.

administrativo práctico

Luciano Parejo Alfonso (Director)

ESTUDIOS SOBRE LA VIGILANCIA Y LA SUPERVISIÓN COMO TAREAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN SECTORES DE REFERENCIA

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ESTUDIOS SOBRE LA VIGILANCIA Y LA SUPERVISIÓN COMO TAREAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN SECTORES DE REFERENCIA

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

ESTUDIOS SOBRE LA VIGILANCIA Y LA SUPERVISIÓN COMO TAREAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN SECTORES DE REFERENCIA

Director:

LUCIANO PAREJO ALFONSO

Catedrático de Derecho administrativo Universidad Carlos III de Madrid

Valencia, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Colección dirigida por:

Luciano Parejo Alfonso

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9143-726-0 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

ÍNDICE Presentación........................................................................................................ 9 LUCIANO PAREJO ALFONSO

I. LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES La actividad de supervisión en el marco del reglamento europeo de pro tección de datos.................................................................................................. 21 JUANITA PEDRAZA CÓRDOBA

Vigilancia y supervisión pública en la auditoría de cuentas de las empresas... 57 ANTONIO DESCALZO GONZÁLEZ

II. ESTUDIOS SECTORIALES La supervisión en la tutela del patrimonio histórico español......................... 91 CARMEN CAMBLOR DE ECHANOVE

La tarea administrativa de vigilancia y supervisión en el sector de la pro tección ambiental: reflexiones críticas y características más destacadas....... 119 ÁNGEL M. MORENO

La vigilancia y la supervisión administrativas en un Estado re-regulador de la seguridad alimentaria..................................................................................... 145 ISABEL HERNÁNDEZ SAN JUAN

La función pública de supervisión de las actividades aeronáuticas................ 167 ANTONIO FORTES MARTÍN

El Estado garante y la función administrativa de supervisión en el sector bancario............................................................................................................... 227 Mª AMPARO SALVADOR ARMENDÁRIZ

III. PÚBLICO Y PRIVADO EN LA VIGILANCIA Y LA SUPERVISIÓN Vigilancia privada bajo supervisión administrativa: A propósito de la pre vención del blanqueo de capitales.................................................................... 271 MARCOS VAQUER CABALLERÍA

PRESENTACIÓN Recoge este volumen los estudios más significativos, fruto del proyecto de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad sobre “La vigilancia y la supervisión como tareas de la Administración pública en un Estado garante1”, en sectores de referencia seleccionados al efecto desde un criterio de diversidad suficiente para asegurar la mayor generalización posible de los correspondientes hallazgos2. En la lógica del proyecto su finalidad desbordaba el análisis y el tratamiento del correspondiente sector —objetivo capaz de otorgarles, sin embargo, sentido y valor propios—, pues debían, además, servir de contraste y, en su caso, sustento al derechamente dirigido a enriquecer el cuadro institucional y de técnicas de la convencionalmente calificada como parte general del Derecho administrativo; soporte que, en lo sustancial, confirman. Con independencia de la publicación independiente del más general aludido3, que operó como orientación en punto a metodología y objetivos, todos han sido resultado de un esfuerzo colectivo que se fue enriqueciendo sin duda en el curso de las múltiples reuniones de trabajo celebradas para la comunicación y crítica recíprocas de los avances en las correspondientes líneas de trabajo. Ahora que las Leyes “siamesas” han vuelto a poner de actualidad la vieja distinción de los ámbitos ad intra y ad extra y atendido el descuido entre nosotros del primero, un primer factor de interés de la actividad administrativa investigada es su doble e inescindible dimensión organizativo-interna (una específica disposición o aptitud permanente de la Administración como entidad para la actuación) y funcional-externa (unas precisas características que, por su contenido y alcance, la hacen idónea para el servicio del interés general a perseguir; tanto más cuanto

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Proyecto con número de referencia DER2012-33824. Obviamente la selección de sectores de referencia siempre es discutible y la efectuada en este caso estuvo inevitablemente condicionada y, al propio tiempo, limitada por la composición y, por tanto, los intereses científicos de los integrantes del grupo de investigadores incorporados al proyecto. No obstante, los sectores elegidos incluyen, de un lado, tanto los que suponen un corte “vertical” de la realidad para la acotación de un ámbito determinado de la misma (auditoría de cuentas, navegación y transporte aéreos, banca, blanqueo de capitales), como un corte “horizontal” de la aludida realidad, atravesando toda ella desde una cierta perspectiva (protección de datos, medio ambiente), y, de otro lado, tanto aquéllos que responden aún a una programación de la acción administrativa tradicional (tutela de los bienes culturales), como los que reflejan ya fórmulas de consecución del interés general de evolución reciente (la mayoría de los restantes). Una selección ésta, que se considera suficientemente ilustrativa a los efectos de los objetivos pretendidos. Trabajo éste que ha sido ya previamente publicado: L. PAREJO ALFONSO, La vigilancia y la supervisión administrativas, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2016.

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que son condición, a su vez, del acierto y efectividad de otras actividades administrativas). Inscrita, en el Antiguo Régimen, en la acción de policía dirigida a asegurar el bien común indiferenciadamente intra muros de la estructura estatal y en el desarrollo de la actividad social, su diferenciación trae causa, ya en la época constitucional, de la distinción de Estado y sociedad y la colocación de la policía de las actividades privadas en la órbita del principio de legalidad. Esta última policía —como, por demás, igualmente la de las organizaciones dotadas de poder público, la tradicional tutela— demanda del Estado, en efecto, conocimiento de la realidad, imponiéndole el gen vital de la “vela” (vigilia, atención) como condición de posibilidad de “ver” y, por tanto, “comprender” la vida social, lo que implica observación y seguimiento constantes de la realidad y su evolución, pero obviamente no como un fin en si mismo, sino para procurar que todo va bien (en el o los ámbitos correspondientes) y, por tanto, valorar la “corrección” (según el criterio del bien común, el interés general) del decurso de los acontecimientos, es decir, tanto de lo que hacen los sujetos, como —con carácter más general— del desarrollo de algo, implicando de suyo la valoración y la censura de lo observado. Esta disposición y actitud permanentes se cumplen desde la atalaya propia del Estado y, por tanto y como gráficamente refleja la terminología alemana (que emplea el prefijo “über”, es decir, “sobre”) viendo “por encima” o “en perspectiva” adecuada el desarrollo de las cosas y las actividades, explicando, así y como se describe en el estudio general ya publicado, la evolución: a) Desde la vela a la inspección, prefijo —el “in”— indicativo en esta última de una concentración ulterior de la actividad de vigilancia en algo concreto (una actividad, un hecho, una cosa) para desentrañar su interior, es decir, su realidad íntima. De ahí que, mientras la vigilancia no necesariamente trasciende el plano de la acción material, real o técnica y, por tanto y al no tener a priori destinatario concreto, no constituye por si sola relación jurídico-administrativa alguna, su “mutación” en inspección o, mejor, su prosecución ulterior por tal otro medio da lugar indefectiblemente a tal relación con un contenido específico en facultades y deberes de la Administración actuante y derechos y obligaciones del sujeto concernido (como titular sea de una cosa, sea de una actividad, o como autor de un hecho). b) Pero también la comprensión sucesiva de la actividad así descrita en la nueva significativamente denominada como super-visión y la, más amplia aún, de control en función de la más reciente dinámica de la vida económicosocial y la adaptación a ella del Estado social por la vía de la adopción del “modo” garantía de la satisfacción de necesidades esenciales —en sustitución de la directa satisfacción de las mismas mediante prestaciones propias— gracias a la aceptación del mercado como instrumento idóneo, sí regulado, para —no obstante conservar su lógica propia de la libre com-

Presentación

petencia, es decir, persecución por cada agente de sus intereses propios— realizar el pertinente interés general. La razón de ser de esta “elevación” de la vela-vigilancia al plano de la supervisión y el control no es otra que la economía propia de la aludida adaptación por sectores (básicamente mercados) y, por tanto, círculos más o menos amplios de sujetos o agentes y sus correspondientes actividades. Pues la ampliación del círculo de destinatarios directos de la acción administrativa, al propio tiempo que implica la constitución simultánea de una relación jurídico-administrativa con todos ellos, exige la correspondiente adecuación de la intervención administrativa a tal circunstancia (desde la superación de la tradicional identificación de función pública y función administrativa y la admisión de la colaboración de sujetos privados en el cumplimiento de la tarea de supervisión bajo fórmulas diversas). c) Todo lo cual explica que, sin perjuicio de su desconocimiento puro y simple de fenómeno tan abultado como el de la supervisión y el control, pero partiendo correctamente de la “intervención administrativa” (tipo de actuación, el de la policía, en la que se inscribe tal fenómeno), el artículo 4.2 de la reciente Ley 40/2015, de 2 de octubre, de régimen jurídico del sector público, siga refiriéndose a la función genérica de “vela” (en la que cabe entender incluidas, implícitamente, las más concretas de vigilancia y supervisión) para inscribir en ella la habilitación general para adoptar cuantas medidas sean necesarias a efectos de asegurar el cumplimiento de la legalidad; se entiende las precisadas en cada caso por la legislación de pertinente aplicación y, en todo caso, las de comprobación, verificación, investigación e inspección de hechos, elementos, actividades, estimaciones y cualesquiera otras circunstancias del caso. En conexión con la comprobación generalizada de su vinculación con la europeización e internacionalización4, tres son, así, las que se identifican como causas más inmediatas de la reciente eclosión de la supervisión5 (y el control) y su superación (incluyéndolas) de las tradicionales actividades de vela, vigilancia e inspección: la liberalización y re-regulación de sectores de actividad de interés económico general, la ordenación de sectores de riesgo elevado y el desmantela-

Así se refleja especialmente en las contribuciones de J. PEDRAZA CÓRDOBA (protección de datos), Á. M. MORENO MOLINA (medio ambiente), I. HERNÁNDEZ SAN JUAN (seguridad alimentaria), A. FORTES MARTÍN (navegación y transporte aéreos), Mª. A. SALVADOR ARMENDÁRIZ (banca) y M. VAQUER CABALLERÍA (blanqueo de capitales). Incluso si la normativa pertinente, no empleando específicamente el término supervisión, establece una regulación que comporta, en sus efectos, sus implicaciones, cual ocurre —según señala el Prof. A. M. Moreno— en materia de medio ambiente.

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miento transversal de la policía preventiva en los servicios6. Lo que no quiere decir que —como muestra el análisis de la Profa. C. Camblor de la tutela del patrimonio histórico—artístico— en ámbitos más tradicionales de la acción administrativa no quepa descubrir antecedentes o, mejor, “reconstruir” su programación normativa desde la perspectiva de la supervisión. El resultado es, en cualquier caso, la comprobación de la decantación de la supervisión como función pública que, formando parte de la más amplia (y de perfil más indeterminado) de control, se despliega en el seno de una relación jurídico-administrativa y se sirve —además, en su caso, de otras de nuevo cuño— de las técnicas tradicionales de la policía y la sanción administrativas. Cobra protagonismo así —reclamando un sitio propio en el edifico jurídicoadministrativo— la relación jurídica, que abre la perspectiva para una reinterpretación del orden constitucional y, por tanto y a partir del mismo, la incidencia jurídico-pública, más concretamente administrativa, “vertical” en la vida social y jurídica ordinaria u “horizontal”. Pues la relación jurídico-constitucional generada por la norma fundamental (definitoria de las potestades de los poderes constituidos y sus destinatarios genéricos, los ciudadanos, dotados, a su vez, de posiciones garantizadas) impone primariamente al legislador (pero también a los restantes poderes públicos) la persecución de los fines propios de las políticas públicas (paradigmáticamente las recogidas en el capítulo III del título I CE) y, por tanto, del interés general en sus diversas concreciones, asegurando la protección de los derechos constitucionales (de todos los afectados y no solo de los destinatarios primarios o directos de la correspondiente regulación) reconducibles al principio de libertad en sociedad (art. 10 CE). Y arroja de este modo nueva luz sobre la estructura, lógica y alcance del artículo 53 CE: cuando de legislación administrativa y, por tanto, del establecimiento del marco de relaciones jurídico-administrativas se trate, el legislador ha de articular el contenido de los derechos constitucionales (respeto de los límites, en particular el núcleo esencial) con las exigencias de los fines de las políticas públicas (el interés general implicado en cada una de ellas), entendidos como principios y, por tanto, mandatos de optimización (en su ponderación con el principio de libertad)7. Es esta articulación la que constituye el fundamento de

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Como en su contribución bien destaca Mª. A. SALVADOR ARMENDÁRIZ. Así: – En el sector de protección de datos estudiado por la Profa. J. PEDRAZA el fundamento de la intervención supervisora se cifra en la tensión entre la autodeterminación informativa (protección frente a los riesgos de su lesión), y el correcto funcionamiento del mercado (protección del riesgo industrial). – En el sector de la auditoría abordado por el Prof. A. DESCALZO la información veraz (como condición de funcionamiento del mercado) es la clave misma de la intervención supervisora que opera en la tensión entre el libre desarrollo de la actividad económica y el interés general

Presentación

la diversidad de contenidos (en derechos-facultades y deberes-obligaciones, tanto por parte de la Administración, como de la de los ciudadanos) de las relaciones jurídico-administrativas trabadas en el curso de la ejecución de los correspondientes programas normativos. No parece precisamente clarificadora la apelación, para su conceptuación, a la superada categoría de la “relación de sujeción especial8”, pues es claro no sólo que en la de supervisión juegan los derechos constitucionales, especialmente los de carácter fundamental, sino que el fin mismo de las potestades administrativas ejercitables en ella es la compatibilización del interés general y el principio de libertad (armonizando los derechos de los directamente concernidos por la supervisión con los de los terceros igualmente afectados; lo que es especialmente visible en el terreno del medio ambiente). Lo importante es: 1º. La perspectiva dinámica que proporciona (parecida, mutatis mutandis, a la que resulta de la institución contractual), al “encuadrar” —lo que veda la tradicional visión desde el acto administrativo concreto— el conjunto de las vicisitudes ocurrentes, desde el surgimiento de las circunstancias de su nacimiento o constitución, a lo largo de su persistencia hasta la desaparición de aquéllas, es decir, su extinción. 2º. Su consecuente carácter complejo, toda vez que incluye, teniendo como elemento principal la información y su comprobación, tratamiento, valoración y, en su caso, sistematización (la liberalización de los servicios ha teni-

cifrado en la fiabilidad de la información facilitada por los agentes al mercado (para el correcto funcionamiento de la economía de mercado). – En el ámbito de la tutela de los bienes culturales tratado por la Profa. C. CAMBLOR, la intervención administrativa gira en torno a la tensión entre el derecho de propiedad y la garantía de la integridad del patrimonio cultural (lo que vale decir: los derechos de todos al disfrute de éste). – En el medio ambiente analizado por el Prof. A. M. MORENO la finalidad de la intervención administrativa radica, ya por imperativo del orden constitucional, en el logro de un equilibrio entre los derechos individuales cuyo ejercicio es capaz de afectar el medio ambiente y la preservación de la adecuación de éste para la calidad de vida de todos. – En la seguridad alimentaria, la Profa. I. HERNÁNDEZ pone de relieve cómo la acción administrativa gira en torno a la garantía de que la actividad económica no lesione el derecho a la salud del consumidor. – En el sector de la navegación y el transporte aéreos estudiado por el Prof. A. FORTES la supervisión se justifica en la prevención, en las actividades correspondientes (fruto de la iniciativa económica), de la actualización de riesgos y peligros al servicio de la seguridad de todos y, en particular, de los usuarios de los servicios. Lo que concurre igualmente en los casos, tratados por la Profa. Mª A. SALVADOR y el Prof. M. VAQUER, del sector bancario y el blanqueo de capitales, respectivamente. Como, al estudiar el sector de la auditoría de cuentas, destaca A. DESCALZO GONZÁLEZ, con cita de la STC 386/1993, de 23 de diciembre, y las SsTS de 23 de julio de 2002, 12 de mayo de 2003 y 20 de abril de 2006.

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do como consecuencia, justamente, la extensión del deber de información a cuantos desarrollen una actividad de tal tipo desde su inicio —declaración responsable— y a lo largo de todo su desarrollo —comunicación de variaciones—)9 y sirviéndose de diversos criterios de contraste o valoración, múltiples manifestaciones de la actividad de vigilancia (directa e indirecta

Así: – En el sector de protección de datos personales, la Profa. J. PEDRAZA destaca las amplias habilitaciones para requerir y obtener información y, en especial, el apoderamiento de las autoridades nacionales de control con facultades de recolección de la misma, junto con el principio de responsabilidad proactiva (accountability) como eje rector de la relación jurídicoadministrativa de supervisión. – En el sector de la auditoría, el Prof. A. DESCALZO señala que justamente la supervisión en el sector —comprensiva de la facultad de recabar toda la información precisa de la actividad desarrollada por los auditores— tiene por objeto velar por la calidad y fiabilidad de la información que los informes de los auditores transmiten a la sociedad auditada, sus accionistas y cualquier persona interesada (el mercado correspondiente para evitar perturbaciones o contaminaciones del orden concurrencial). – En el ámbito de la tutela del patrimonio histórico-artístico, la Profa. C. CAMBLOR destaca cómo en la legislación autonómica se han ido precisando las facultades de la Administración en términos que bien explícita, bien implícitamente, incluyen la de recabar información de los titulares de bienes obligados a la conservación de los mismos. – En la preservación y restauración del medio ambiente, el Prof. MORENO MOLINA pone de relieve, no obstante las dificultades propias de este sector transversal, la trascendencia de la recolección, el tratamiento y la evaluación de la información; información obtenida tanto de oficio (como resultado de la acción de vigilancia), como en virtud del cumplimiento por los titulares de distintas actividades de específicos deberes de información e, incluso, de “autovigilancia”, así como de la importancia de la información desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos. En este caso, además, la información y la vigilancia aparecen estrechamente imbricadas, como resulta, por ejemplo, de la monitorización, control y seguimiento permanentes del estado, la situación, el nivel ecológico o calidad de elementos constituyentes del medio natural a través de redes o estaciones de medición de la calidad del agua, aire y ruido ambiente. – En la seguridad alimentaria, la Profa. I. HERNÁNDEZ destaca el deber de observación y medición continuas como inherente a la vigilancia en la materia, así como el de información a los consumidores de los riesgos detectados. – En la regulación de las actividades aeronáuticas, el Prof. A. FORTES apunta que la inspección administrativa tiene la clara finalidad instrumental de permitir a la Administración el conocimiento de la realidad. Este mismo carácter instrumental luce en la supervisión bancaria estudiada por la Profa. Mª A. SALVADOR, al añadirse a las obligaciones de las entidades bancarias de información, el establecimiento de mecanismos de detección y alerta del continuo flujo de datos derivados del funcionamiento de aquellas entidades. – Finalmente en el estudio de la normativa sobre blanqueo de capitales, el Prof. M. VAQUER llama la atención igualmente —desde la perspectiva de la prevención de riesgos— sobre la función destacada de la información, al punto que determina la imposición a un amplio círculo de empresas y profesionales de obligaciones al respecto de alcance tal que permiten hablar de su transformación en “vigilantes”.

Presentación

o a través de sujetos privados). La trascendencia de esta última actividad luce especialmente en materia de medio ambiente, donde —como expone el Prof. A. Moreno— es apreciable el desarrollo de estructuras europeas de vigilancia e inspección (así la red europea de inspección ambiental y el foro de intercambio de información relativa al cumplimiento del Reglamento REACH)10 y la omisión de o la deficiencia en la vigilancia puede llegar a constituir un supuesto de infracción del Derecho comunitario europeo y, por tanto, de ejercicio de una acción por incumplimiento ante el Tribunal de Luxemburgo. Y, 3ª. Su conducción, en su caso, al empleo de diversas técnicas de intervención: desde la convencional de la autorización previa, pasando por la reserva de prohibición y la prohibición o restricción de la actividad11; la inscripción en registros, catálogos o censos; la autorización o licencia y el permiso previos12; la certificación13; el visado o la validación14 y su contrario: la retirada de derechos15; la orden16, la inspección17, la multa coercitiva18, la sanción19 e, incluso, la expropiación20. Desde otra perspectiva merecen también ser destacados, por último, dos aspectos: a) El tratamiento normal de la supervisión como función, que no obstante ser pública, no es siempre necesariamente administrativa, en el sentido de

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Son igualmente destacables, en el ámbito de la protección de datos personales, las competencias atribuidas al Supervisor Europeo de Protección de Datos Personales y el Comité Europeo de Protección de Datos Personales. Por ejemplo, en el sector aeronáutico y respecto de actividades de explotación de compañías aéreas. Por ejemplo, la autorización y la inscripción en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para el ejercicio de la actividad de auditor; la licencia de explotación, la autorización de derechos de tráfico y los permisos de vuelo y de franja horaria en el sector aeronáutico; y la autorización de las transferencias internacionales de datos con presentación por el exportador de garantías adecuadas. Por ejemplo, el certificado, expedido por entidades habilitadas al efecto, para el tratamiento de datos personales y el de operador aéreo en el sector aeronáutico. Por ejemplo, de los intercambios de franjas horarias o slots por el coordinador o facilitador de franjas horarias en los aeropuertos. Así, la retirada por el coordinador o facilitador de franjas horarias a determinadas compañías en caso de infracción por éstas de las establecidas. Por ejemplo, en la tutela de bienes culturales y para asegurar obras de conservación. Facultad ésta presente en todos los sectores. Prevista en materia tanto de protección de datos personales, como de medio ambiente para quebrar la resistencia del obligado a facilitarla a proporcionar la información requerida. De gran alcance, por ejemplo, en materia de blanqueo de capitales. Por ejemplo, en el caso de incumplimiento de las obligaciones ligadas a la conservación de bienes de interés cultural.

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estar reservada su organización y cumplimiento a la Administración pública competente por razón de la materia (por más que esta última solución siga subsistiendo, como ilustra el caso de la tutela de los bienes culturales). Sin perjuicio de que —como demuestra el supuesto clásico de ejercicio privado de funciones públicas (paradigmáticamente las de notaría y registro de derechos de propiedad) o el de la colaboración privada en el sector industrial (entidades colaboradoras en el control de seguridad de ascensores) o en el control de la seguridad bien de las vehículos (inspecciones técnicas) o de la edificación (informes técnicos)— no se trate de un fenómeno rigurosamente novedoso, no ofrece duda que es el extraordinario auge de la supervisión (y, más genéricamente, el control) el que viene determinando la “normalización” de la descarga parcial de la misma en sujetos privados bajo fórmulas muy diversas, desde la de la autorregulación regulada (los autocontroles en las materias medioambiental y de seguridad alimentaria y el privacy impact assessment en la de protección de datos personales21), pasando sea por la fragmentación en tareas parciales a desarrollar por sujetos privados bajo la supervisión administrativa (como en el sector aeronáutico o en el de la seguridad alimentaria), sea por la entrega completa a profesiones reguladas (como la auditoría) mediante su encuadramiento en una organización administrativa especializada que disciplina su ejercicio (el Instituto de Contabilidad y Auditoría), la transformación de los sujetos privados en “vigilantes” bajo la supervisión de la Administración (como en el terreno de la protección de datos personales22 y el sector de blanqueo de capitales) o, simplemente, el recurso al saber hacer de entidades privadas (cual sucede, a efectos del control del riesgo en el ámbito bancario, con ocasión de los tests de estrés a que se someten las entidades de crédito). b) La europeización (especialmente visible en el campo de la protección de datos personales, en el medio ambiente y en el sector bancario) y, más aún internacionalización (singularmente destacada en materia financiera y de blanqueo de capitales), con la consecuencia de la emergencia de redes horizontales de supervisión en cooperación y organización y funciones de supervisión “vertical” directamente comunitario europeas y la articulación de los mecanismos de supervisión internos en función de las directrices emanadas de órganos internacionales más o menos institucionalizados.

En esta misma materia es igualmente digno de mención el papel asignado a los códigos de conducta, contratos tipo y normas corporativas vinculantes. Concretamente mediante la designación obligatoria, en las entidades públicas y privadas que gestionen información en cantidad o forma que implique un riesgo para la autodeterminación informativa, de delegados de protección de datos personales.

Presentación

En resumen, los trabajos aquí reunidos representan sin duda una positiva aportación dogmática no solo para la comprensión y el manejo de las instituciones y técnicas articuladas (a propósito de la supervisión) en los sectores considerados, sino para la actualización del edificio dogmático del Derecho administrativo. Getafe (Madrid), a doce de noviembre de dos mil dieciséis. Luciano Parejo Alfonso Catedrático de Derecho Administrativo Universidad Carlos III de Madrid.

I. LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES