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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA E INTEGRACIÓN EUROPEA. TREINTA AÑOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA INTEGRACIÓN ACTAS DEL XIV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE CONSTITUCIONALISTAS DE ESPAÑA coordinador

LUIS I. GORDILLO PÉREZ

homenajes & congresos

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA E INTEGRACIÓN EUROPEA. TREINTA AÑOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA INTEGRACIÓN Actas del XIV Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA E INTEGRACIÓN EUROPEA. TREINTA AÑOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA INTEGRACIÓN Actas del XIV Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España

Coordinador

LUIS I. GORDILLO PÉREZ

Valencia, 2018

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© Luis I. Gordillo Pérez y otros

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In memoriam Francisco Rubio Llorente Pablo Santolaya Machetti

Índice PRÓLOGO........................................................................................................................ 11 Luis I. Gordillo Pérez

LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO MIEMBRO: UN INTENTO DE RECAPITULACIÓN......................................................................................................... 19 Pedro Cruz Villalón

LA CONSTITUCIÓN Y LA INTEGRACIÓN EUROPEA: UNA PERSPECTIVA COMPARADA................................................................................................................... 31 Jacques Ziller

RELACIONES ENTRE LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA DECLARACIÓN DE DERECHOS CONTENIDA EN LA CONSTITUCIÓN............................................................................................................. 53 Manuel Carrasco Durán

LA INSOPORTABLE LEVEDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES............................. 89 María Fraile Ortiz

DE PRIMACÍA, DERECHOS Y TRIBUNALES................................................................ 133 Francisco Javier Matia Portilla

INTEGRACIÓN EUROPEA, REDUCCIÓN DEL ESTADO: DE LAS LIMITACIONES DE SOBERANÍA DE LOS EJECUTIVOS NACIONALES AL PRINCIPIO COOPERATIVO ENTRE EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y LA UNIÓN EUROPEA.......................... 163 Jorge Alguacil González-Aurioles

LA APLICACIÓN DEL DERECHO EUROPEO POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.................................................................................................................. 189 Javier Tajadura Tejada

LA DESCONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA........................................................................................................................ 261 José Luis García Guerrero

LA GARANTÍA LEGAL DE LA UNIDAD DE MERCADO Y EL VACIAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS....................................................................... 311 Ignacio García Vitoria

EL PAPEL DE LAS CORTES GENERALES EN LOS ASUNTOS EUROPEOS TRAS EL TRATADO DE LISBOA Y LA NUEVA GOBERNANZA DEL EURO....................... 337 Mayte Salvador Crespo

Prólogo La integración europea es quizá uno de los fenómenos históricos de nuestro tiempo. Su contribución a la paz y a la estabilidad entre los pueblos de Europa es un hecho que pocos se atreven a poner en entredicho. Lo que comúnmente se entiende como integración europea, la que ha dado lugar a la ahora conocida como Unión Europea, fue en realidad uno de los dos procesos sobre los que se articuló la cooperación en el viejo continente: así, la «pata» política del proceso era la representada por el Consejo de Europa y la «pata» económica era la que representaba la primigenia Comunidad Europea del Carbón y el Acero, a la que siguió la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea. Las instituciones de estas organizaciones se fusionarían y, más adelante, convergerían (con alguna excepción técnica) en la vigente Unión Europea. Lo que sucedió es que el proceso económico acabó sobrepasando al político y, en lugar de converger en una única macro-organización o federación, fue la UE la que progresivamente iría asumiendo competencias más políticas que económicas1.

Lo que interesa en esta nota preliminar no es tanto resumir la integración europea ni sus principales hitos, sino más bien señalar y justificar el progresivo interés que la doctrina constitucionalista ha mostrado por este fenómeno y, sobre todo, destacar la necesidad de incluir el análisis constitucional a tan complejo fenómeno. De este modo, en un primer momento, la UE empezó como un proyecto de creación de un mercado único, con lo que, desde el punto de vista académico y científico, atrajo en primera instancia el interés de economistas y, quizá, de mercantilistas. Más adelante, conforme el proyecto iba avanzando y las Comunidades se convertían en un tipo de organización internacional distinta de las demás, denominada «de integración» por algunos, atrajo el interés de los internacionalistas, algunos de los cuales acabarían centrándose en exclusiva en este objeto de estudio, con lo que en algunas universidades y centros de investigación, nacieron los llamados «comunitaristas» (normalmente adscritos a las áreas de Derecho internacional público). Finalmente, conforme las Comunidades

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La historia de la integración europea ha sido un tema muy analizado por la doctrina, que lo ha analizado desde el punto de vista histórico, económico y jurídico.

Para un enfoque interdisciplinar, vide Bitsch, M. Th., Histoire de la construction européenne, Ed. Complexe, Bruxelles, 2008.

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avanzaban cada vez más hacia una estructura de naturaleza constitucional, con tintes federalistas y, sobre todo, donde la cuestión de los derechos fundamentales iba adquiriendo cada vez más importancia, llegarían los constitucionalistas2. Conviene recordar aquí que ya en 1985 la entonces Asociación Española de Ciencia Política y Derecho Constitucional celebró su congreso sobre el tema de las «Implicaciones constitucionales y políticas del ingreso de España en las Comunidades Europeas y su incidencia en las Comunidades Autónomas»3.

La integración europea adquirió tal nivel de interconexión entre las economías y entre los ordenamientos jurídicos de los países involucrados y el de las Comunidades, que se hacía difícil ignorar mucho más la perspectiva constitucional de todo este proceso. El enfoque constitucionalista tendría, a nuestro entender, dos perspectivas: por una parte, se trataría de analizar el impacto constitucional interno que produce en los Estados miembros el proceso de integración (europeización de la Constitución); por otro, el nuevo reto científico consiste en considerar la UE como una estructura constitucional, aplicando a este OPNI las categorías propias de este sector del Derecho4 (constitucionalización de la integración).

De esta manera, en España y en otros países del entorno, es posible distinguir dos etapas en el análisis constitucional de la integración europea. Una primera etapa sería aquella en la que los expertos se dedicaron a profundizar en las mutaciones constitucionales que había producido en el seno de los Estados miembros la atribución de competencias a esta nueva instancia supranacional. La segunda etapa se refiere a aquella en la que en lugar de adoptar como objeto de análisis el Estado, se analiza la constitucio-

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Sin ánimo de exhaustividad, entre los primeros trabajos de constitucionalistas españoles sobre esta cuestión, Pérez Tremps, P., Constitución española y Comunidad europea, Civitas, Madrid, 1993, López Castillo, A., Constitución e integración, CEPC, Madrid, 1996 o Díez-Picazo Giménez, L. M., Constitucionalismo de la Unión Europea, Civitas, Madrid, 2002. Para un repertorio de bibliografía más exhaustiva, vide Canedo Arrillaga, J. R.; Gordillo Pérez, L. I., «Repertorio bibliográfico sobre constitucionalismo y Unión Europea», Teoría y realidad constitucional, núm. 32, 2013, pp.

501-518.

Sus actas, coordinadas por L. Aguiar de Luque, se publicaron por el IVAP en 1986 con el título citado.

La definición de las Comunidades como OPNI u «Objeto Político No Identificado» (por encontrarse —simplificando enormemente— a caballo entre una organización internacional y un Estado) se atribuye históricamente a Jacques Delors (Quermonne, J. L., «Existe-t-il un modèle politique européen?», Revue française de science politique, Vol. 40/2, 1990, p. 196 [192-211]).

Prólogo

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nalización de la UE en cuanto tal. Esta segunda tendencia, más propia de los investigadores de las últimas generaciones, ha supuesto una auténtica revolución en el mundo académico y, sobre todo, ha supuesto la necesidad de realizar enfoques y análisis más holísticos o interdisciplinares, forzando a los nuevos investigadores a familiarizarse con las categorías, fuentes y métodos del Derecho internacional público, privado, administrativo e incluso mercantil. Esto ha hecho que las clásicas divisiones y repartos de áreas en la Universidad española quede cada vez más circunscrito al ámbito docente y que en el terreno investigador avancemos hacia una especie de «academia líquida». Además, la necesidad de visitar centros de investigación especializados en temas de integración y la consolidación del inglés como lengua franca científica ha provocado también un curioso efecto colateral: los especialistas en Derecho constitucional normalmente realizaban sus estancias de investigación en Italia o Alemania, desarrollando un conocimiento avanzado de la lengua y la doctrina de estos países. Ahora, sin embargo, cada vez son más los investigadores que miran al mundo anglosajón y francófono, desarrollan sus investigaciones en estos idiomas e incluso publican directamente en otras lenguas, especialmente en inglés5.

La integración europea ha producido, pues, una suerte de armonización también en las carreras investigadoras de sus estudiosos y hoy día es extraño que en las tesis doctorales que se defienden en el área de Derecho constitucional, como de otras disciplinas, no exista algún componente o influencia de la Unión Europea.

Los trabajos que se publican en esta obra podrían adscribirse, en esencia, a cuatro grandes categorías o sectores de interés en los que es susceptible de subdividirse el llamado Derecho constitucional de la integración. La primera, y quizá más prolífica de estas categorías, sería la que se refiere a la integración y los derechos fundamentales. La segunda es la que se podría denominar la integración y la mutación del ejercicio del poder público.

El tercer sector sería el relativo al impacto de la integración en la organización territorial del Estado y, finalmente, el cuarto ámbito, que en estos momentos es de creciente interés, sería el que tiene que ver con la llamada constitución económica.

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Sobre toda esta cuestión de la evolución de la docencia y de la investigación en el área constitucional, vide los interesantes trabajos publicados en el número monográfico coordinado por Reviriego Picón, F. y Matía Portilla, F. J., «La Universidad en los difíciles tiempos de Bolonia», Revista General de Derecho Constitucional, núm.

21, 2015.

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Luis I. Gordillo Pérez

La primera categoría, la de los derechos fundamentales, fue seguramente también la primera en el tiempo en suscitar el interés de los constitucionalistas6. En efecto, el impacto del Derecho de las Comunidades en el ordenamiento interno, el juego de los principios de primacía (forma diplomática de denominar a esta nueva jerarquía normativa), efecto directo y aplicación uniforme se topó en un primer momento con las reticencias de los tribunales constitucionales a que la esencia de las Constituciones que tenían que proteger cediera ante normas que escapaban a los cauces de aprobación normativa y escrutinio público propios del Estado. De esta manera, los casos Granital (1984) o Fragd (1989) en Italia o la saga Solange (1974, 1986) en Alemania iniciaron un diálogo judicial entre altos tribunales que influyó de manera determinante en la llamada «humanización» de las Comunidades, luego de la Unión7, aunque ya se había abierto con decisiones anteriores (Sentencias de la Corte Constitucional italiana Costa

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La bibliografía sobre esta materia es casi inabarcable. Para una muestra, vide Tajadura Tejada, J., «Derechos fundamentales e integración europea», Estudios de Deusto, Vol. 58/1, 2010, pp. 265-286; Matía Portilla, F. J. et allii, La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, Civitas, Madrid, 2002; Canedo Arrillaga, J. R., Gordillo Pérez, L. I., «Los derechos fundamentales en la Unión Europea a la espera de Lisboa», Cuadernos europeos de Deusto, núm. 39, 2008, pp. 27-59; Jimena Quesada, L., «La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE: rango legal y contenidos sustantivos», Cuadernos europeos de Deusto, núm. 40, 2009, pp.

63-83; Rodríguez-Vergara, A., Integración europea y derechos fundamentales, Civitas, Madrid, 2001; Queralt Jiménez, A. (Coord.), El Tribunal de Estrasburgo en el espacio judicial europeo, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2013; Vidal Fueyo, C., «El proceso de integración de los inmigrantes en Europa: de la convivencia de culturas al contrato de integración», Revista de estudios europeos, núm. 58, 2011, pp. 133-156; Fraile Ortiz, M., El significado de la ciudadanía europea, CEPC, Madrid, 2003; Matía Portilla, F. J., «Primacía del derecho de la Unión y derechos constitucionales. En defensa del Tribunal Constitucional», Revista española de derecho constitucional, núm. 106, 2016, pp. 479-522; García Roca, F. J., Fernández-Sánchez, P. A. (Coords.), Integración europea a través de derechos fundamentales de un sistema binario a otro integrado, CEPC, Madrid, 2009; Agudo Zamora, M. J., La protección multinivel del Estado Social, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

El concepto de «humanización» hace referencia al progresivo desarrollo de la cultura de la protección de los derechos fundamentales en el seno de la UE. Este elemento, junto con la «federalización» de las estructuras y del ordenamiento europeo han constituido los vectores principales de la constitucionalización de la UE. Ambos conceptos son ampliamente analizados en Gordillo, L. I. y Martinico, G., Historias del País de las Hadas. La jurisprudencia constitucionalizadora del Tribunal de Justicia, Civitas, Madrid, 2015. Igualmente, vide, Carmona Contreras, A. M. (Coord.), La Unión Europea en perspectiva constitucional, Aranzadi, Cizur Menor, 2008.

Prólogo

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—1964— y Acerías S. Michele —1965—, por ejemplo). Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Bosphorus, 2005) también controlaría posteriormente la estándar de protección de los derechos humanos en el seno comunitario, cerrando en falso el viejo problema de la falta de adhesión de la CE/UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, la propia CE/UE se enfrentaría a este dilema, la necesidad de proteger «sus» derechos fundamentales frente al ordenamiento internacional (en este caso proveniente de la ONU en forma de «sanciones inteligentes» dirigidas a un particular), para lo cual el Tribunal de Justicia (caso Kadi, 2008) emplearía argumentos similares a los esbozados por los tribunales constitucionales alemán, italiano, español o polaco8.

En cuanto a la segunda categoría, que hemos denominado «integración y mutaciones del poder público», ésta tendría que ver con las consecuencias derivadas del proceso de «federalización» que se viene experimentando como consecuencia de la integración. Es decir, bajo este nombre se haría referencia a los estudios que tienen que ver con las relaciones entre el ordenamiento jurídico de la UE y el de los Estados miembros en sentido amplio, los efectos del principio de primacía o el análisis del encaje y efectos de la cuestión prejudicial, particularmente en lo que tiene que ver con la relación entre este mecanismo y la jurisdicción constitucional. Como se sabe, el mecanismo de la cuestión prejudicial puede causar algunas fricciones internas entre la jurisdicción ordinaria y la de naturaleza constitucional y de hecho, son pocos los tribunales constitucionales, como el español, que han recurrido a este mecanismo ante el TJUE y los que lo han hecho ha sido en fechas recientes9.

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Sobre toda esta cuestión, vide Pérez Tremps, P., «La jurisdicción constitucional y la integración europea», Revista española de derecho europeo, núm. 29, 2009, pp. 19-48 y Gordillo Pérez, L. I., Constitución y ordenamientos supranacionales, CEPC, Madrid, 2012.

Sobre esta cuestión, la literatura es amplia. Vide, entre otros, Alguacil GonzálezAurioles, J., La directiva comunitaria desde la perspectiva constitucional, CEPC, Madrid, 2004; Azpitarte Sánchez, M., El Tribunal Constitucional ante el control del derecho comunitario derivado, Civitas, Madrid, 2002; Rodríguez-Izquierdo Serrano, M., Primacía y subsidiariedad en la Unión Europea, CEPC, Madrid, 2011; Alonso García, R., El juez español y el derecho comunitario. Jurisdicciones constitucional y ordinaria frente a su primacía y eficacia, CGPJ, Madrid, 2003; Cartabia, M.; De Witte, B.; Pérez Tremps, P. (dirs.); Gómez Fernández, I. (coord.), Constitución europea y constituciones nacionales, Tirant, Valencia, 2005; Albi, A.; Ziller, J. (Eds.), The European Constitution and national constitutions: ratification and beyond, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2007; Vidal Prado, C., El impacto del nuevo derecho europeo en los tribunales constitucionales, Colex, Madrid, 2004; Cruz Villalón, P.; Requejo Pagés, J. L., «La

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Otro de los ámbitos que, en nuestro país especialmente, ha llamado la atención de los constitucionalistas ha sido el relacionado con los efectos de la integración en la organización territorial del Estado. En esta categoría se incluyen, pues, los trabajos que analizan el complejo sistema de gobierno multinivel que existe en el seno europeo: a la complejidad de la organización interna de los Estados de naturaleza federal (con un nivel local, otro regional y otro central o federal) se añadiría un nuevo nivel de gobierno, el de la UE, que ha venido a alterar el tradicional reparto interno de competencias en sentido vertical. Así, son muchos los estudios que se han realizado sobre la participación de las Comunidades Autónomas españolas en el entramado institucional comunitario (hoy de la UE) o sobre el impacto de este Derecho supranacional en la organización territorial interna, particularmente en el caso del ejercicio de las competencias que tienen que ver con mercado interior10.

En cuarto lugar, desde hace algún tiempo y, particularmente, en los últimos años, como consecuencia de la adopción de medidas para gestionar la crisis financiera, la última categoría que hemos mencionado, «integración y Constitución económica», estaría viviendo una etapa de particular esplendor científico. En el caso español, han sido numerosos los trabajos sobre la reforma constitucional del artículo 135 o las consecuencias del llamado six pack y del two pack. Además, muchos investigadores se han dedicado a analizar cuestiones análogas en Derecho comparado (por ejemplo, el debate en Alemania a propósito de la compra de deuda en el mercado

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relación entre la cuestión prejudicial y la cuestión de inconstitucionalidad», Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 50, 2015, pp. 173-194.

Roig Molés, E.; Cabellos Espiérrez, M. A.; Pérez Tremps, P. (coords.), La participación europea y la acción exterior de la Comunidades Autónomas, Marcial Pons, Madrid, 1998; Roig Molés, E., Las comunidades autónomas y la posición española en asuntos europeos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002; Biglino Campos, P., La política europea de las Comunidades Autónomas y su control parlamentario, Tirant, Valencia, 2003; Zelaia Garagarza, M., Las regiones ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: el «Locus Standi» de las regiones en los procedimientos jurisdiccionales comunitarios: situación vigente y perspectivas constitucionales de futuro, IVAP, Oñate, 2005; Salvador Crespo, M., «El nuevo sistema de alerta temprana en el Derecho de la Unión Europea: su aplicación en España», AA.VV., Cooperación y reparto competencial en los Estados descentralizados, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2013, pp. 211-238; García Morales, M. J., «La prevención del incumplimiento del Derecho europeo en el Estado autonómico: instrumentos, posibilidades y límites», Biglino Campos, P., Delgado del Rincón, L. E. (Coords.), El incumplimiento del derecho comunitario en el estado autonómico, CEPC, Madrid, 2011, pp. 13-52.

Prólogo

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secundario) o la propia viabilidad constitucional de la integración económica desde la perspectiva de la propia UE, es decir, si el modelo actual es el adecuado o si acaso no sería necesario proceder a una mayor federalización (léase, centralización de competencias) para garantizar la gobernanza económica de Europa11.

La anterior clasificación de las interrelaciones entre Derecho Constitucional y Unión Europea ha sido la que se adoptó para la organización de los debates en torno al fenómeno de la integración desde la perspectiva constitucional en el XIV Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, celebrado en la Universidad de Deusto, Bilbao, los días 4 y 5 de febrero de 2016. Qué duda cabe de que son posibles otras muchas clasificaciones, o que incluso algunas de estas categorías se pueden solapar. En todo caso, lo que este Congreso demostró, y el lector puede comprobar y juzgar ahora, es que la integración europea es un proceso vivo que obliga a los juristas y especialmente a los constitucionalistas a estar permanentemente actualizados, a elevar el debate académico al ámbito europeo interactuando con colegas de otros países y a tener que reevaluar las categorías con las que se ha trabajado tradicionalmente para encontrar soluciones a los problemas jurídicos que reviertan en la sociedad. Es todo un desafío que los constitucionalistas españoles han asumido con entusiasmo y gran capacidad de adaptación.

Finalmente, el destino quiso que la celebración del Congreso que ha dado lugar a este libro fuera poco después del fallecimiento de dos insignes y muy queridos constitucionalistas: Francisco Rubio Llorente y Pablo Santolaya Machetti. Ambos han influido decisivamente en el libro que el

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Vide los estudios publicados en el monográfico «Constitución y Mercados en la crisis de la Unión Europea», Estudios de Deusto, Vol. 64/1, 2016, coordinado por García Guerrero, J. L. y Martínez Alarcón, M. L. Igualmente, vide Gordillo Pérez, L. I.; Canedo Arrillaga, J. R., «Los fundamentos de la Constitución económica de la Unión Europea», Revista de Derecho de la Unión Europea, núms. 30-31, 2016, pp.

23-56; Albertí Rovira, E., Autonomía política y unidad económica: (las dimensiones constitucional y europea de la libre circulación y de la unidad de mercado), Civitas, Madrid, 1995; García Vitoria, I., La libertad de empresa: ¿un terrible derecho?, CEPC, Madrid, 2008; Carrasco Durán, M., «Estabilidad presupuestaria y comunidades autónomas», Revista d’estudis autonòmics i federals, núm. 18, 2013, pp. 169-206; Ridaura Martínez, M. J., «La reforma del artículo 135 de la constitución española: ¿Pueden los mercados quebrar el consenso constitucional?», Teoría y realidad constitucional, núm. 29, pp. 237-260; Medina Guerrero, M., «La constitucionalización de la regla del equilibrio presupuestario: integración europea, centralización estatal», Revista de estudios políticos, núm. 165, 2014, pp. 189-210.

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Luis I. Gordillo Pérez

lector tiene en sus manos: Rubio Llorente que, con su personalidad y su trabajo en temas europeos, ha contribuido de manera fundamental en la formación y desarrollo académico de los participantes en esta obra y Pablo Santolaya, quien con dedicación, ilusión y entusiasmo intervino decisivamente en la preparación del XIV Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España en la Universidad en la que tiempo atrás se formaría.

Su recuerdo quedará siempre en nuestra memoria.

LUIS I. GORDILLO PÉREZ

La Constitución del Estado miembro: Un intento de recapitulación PEDRO CRUZ VILLALÓN Universidad Autónoma de Madrid

Este XIV Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España ha elegido el tratamiento del tema «La Constitución española, 30 años después de la integración europea», queriendo así conmemorar ese fin definitivo de la peninsularidad de España —digámoslo así— que supuso la entrada en vigor de los Tratados de Adhesión el 1 de enero de 1986. El tema específico que se me ha asignado viene enunciado como «La Constitución y la integración europea». Es evidente que la Constitución aludida es la nacional, la Constitución de España, y ello en tanto que Estado miembro, el Estado miembro que España es desde hace tres décadas. La cuestión que así se plantea es la de la incidencia en la Constitución de la condición sobrevenida de España como Estado miembro. ¿En qué ha cambiado la Constitución española, como consecuencia de la integración y del sucesivo transcurso de estos treinta años de coprotagonismo de España en la integración europea? La Constitución de 1978 ha cambiado, sin duda, y de muchas maneras, desde los dos cambios formales, los únicos que ha sufrido la Constitución de 1978, hasta múltiples fenómenos de «Verfassungswandlung», de mutación constitucional, es decir, más allá de los escasos cambios en su texto.

Más allá de eso, sin embargo, la Constitución de España ha sufrido un cambio de naturaleza distinta, por así decir un «cambio de condición» que puede resultar hoy día más interesante. Es un cambio que no es propio y específico de la Constitución española, sino común a la de todos y cada uno de los Estados miembros. La Constitución ha cambiado en el sentido de que esta Constitución, siendo como es soberana en el interior del ordenamiento jurídico nacional, es hoy una norma que ha devenido cada vez más intensamente una ley fundamental «regida» o «gobernada»: regida en el sentido de ser ella misma una norma «sometida a Derecho», una norma, siendo más preciso, «encuadrada» por otro Derecho, el Derecho de la Unión. De ahí que pueda hablarse de un «cambio de condición» en las Constituciones de los Estados miembros.

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Pedro Cruz Villalón

«La Constitución del Estado miembro», en forma, como diré, de una recapitulación, puede ayudar a entender la Constitución que hoy efectivamente tenemos en España, en tanto que Estado miembro de la Unión Europea. Comenzaré con unas sencillas reflexiones introductorias, antes de desarrollar la materia.

Y la primera pregunta sería, ¿existe tal cosa, la Constitución del Estado miembro? Desde luego, la pregunta no va formulada en el sentido de que quepa dudar de la existencia y vigencia de Constituciones nacionales en el espacio constitucional europeo. Este plural evidentemente no es problemático. Lo problemático, y lo que requiere indagación, es el singular. ¿En qué sentido?

Si decimos, por ejemplo, y siempre en singular, «State Constitution», o «Landesverfassung», o «Constitution cantonale», en los casos de los Estados Unidos, de Alemania, o de Suiza, respectivamente, y lo hacemos en singular, con arreglo a unos caracteres comunes de estas figuras normativas a nivel de estas diversas formas de Federación, ¿no podríamos empezar ya a decir lo mismo de la Constitución del Estado miembro de la Unión, es decir, desde la perspectiva de la propia Unión y de su Derecho? ¿No habría llegado ya el momento de acuñar y de dotar del correspondiente contenido a una categoría normativa enunciada así, «Constitución del Estado miembro»?

Desde luego, un concepto de Constitución del Estado miembro en singular, como norma encuadrada por un Derecho, hasta cierto punto, exterior, tal como el que voy a intentar presentar, ha de partir de un caveat tipo «solange»: la admonición de que esta descripción de la situación normativa de la Constitución del Estado miembro sólo es válida mientras tanto el Estado miembro continúe siendo tal, es decir, mientras no se retire de la Unión, en la forma en que hoy prevé el artículo 50 TUE. El Estado miembro conserva la capacidad de dejar de ser tal, con la consiguiente desaparición de esa situación de su Constitución como norma regida por otro Derecho.

El referido caveat debe tenerse siempre presente, en primer lugar, porque la capacidad de desligarse de la Unión que hoy día articula el artículo 50 TUE, aleja a la Constitución del Estado miembro de las situaciones de sus equivalentes en los diversos modelos de Federación. Y en segundo lugar, porque, a partir de la renuncia a actuar la posibilidad abierta por dicho precepto, una consecuencia se impone: A partir de esa situación, la Constitución del Estado miembro adquiere el carácter de una Constitución nacional estrechamente «marcada» por otro Derecho, un Derecho,