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Considerar el silencio como indicio, mediante construcciones teóricas complejas que concluyen una infracción del derecho y una ignorancia de su eﬁcacia, no se puede sostener ante una praxis desvinculada en buena parte del sistema vigente. Esta obra aborda esta cuestión, la apunta, pues su tratamiento extenso necesitaría un planteamiento mucho más amplio del estado actual del proceso penal y la necesidad de su reforma integral.

José María Asencio Gallego

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

JOSÉ MARÍA ASENCIO GALLEGO

EL DERECHO AL SILENCIO COMO MANIFESTACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA

El derecho al silencio forma parte indisoluble del más general de la defensa en su acepción material. No se puede comprender este último sin otorgar al investigado o acusado una alternativa, vinculada con la carga de la prueba, consistente en mantener una actitud pasiva frente a la imputación o acusación. Y esta afirmación adquiere mayor importancia cuando el investigado es sometido a interrogatorios diversos ante autoridades judiciales o policiales y cuando la imputación que da lugar a la apertura de un procedimiento penal, contra la ley que ordena exactamente lo contrario, no se funda en hechos jurídicamente relevantes determinados en su identidad típica, sino en meras afirmaciones subjetivas e hipótesis o inferencias, normalmente policiales. Otorgar valor a una declaración en tales condiciones frente al silencio ejercitado una vez concretada la acusación, constituye un dato a valorar que la jurisprudencia ignora mediante una interpretación formal que anula de hecho la eficacia del derecho al silencio.

monografías

EL DERECHO AL SILENCIO COMO MANIFESTACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA

EL DERECHO AL SILENCIO COMO MANIFESTACIÃ“N DEL DERECHO DE DEFENSA

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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EL DERECHO AL SILENCIO COMO MANIFESTACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA

JOSÉ MARÍA ASENCIO GALLEGO

Valencia, 2017

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A padre. A madre.

Índice Prólogo (V. Gimeno Sendra)..................................................................... 13 Prólogo (J.R. Navarro Miranda)............................................................... 15 Introducción............................................................................................. 17

Capítulo I El investigado en el proceso penal español

I. DENOMINACIONES DEL SUJETO PASIVO DEL PROCESO PENAL. ESPECIAL REFERENCIA A LAS NUEVAS CATEGORÍAS DE INVESTIGADO Y ENCAUSADO................................. 26 1. Investigado, versus imputado.................................................. 26 2. Contenido de la imputación y derecho al silencio. Apunte inicial.......................................................................................... 33 II. LAS PARTES DEL PROCESO PENAL. SU CLASIFICACIÓN. EL INVESTIGADO Y EL RESPONSABLE CIVIL............................. 37 1. Clasificación de las partes del proceso penal............................ 43 1.1. Partes acusadoras........................................................... 43 A. El Ministerio Fiscal................................................... 44 B. La acusación particular............................................ 48 C. La acción popular..................................................... 49 D. El acusador privado.................................................. 52 E. El actor civil............................................................. 53 1.2. Partes acusadas.............................................................. 57 2. El investigado.......................................................................... 57 2.1. La determinación e identificación del investigado........... 59 3. El responsable civil.................................................................. 62 3.1. Los autores y los cómplices como responsables civiles.... 64 A. Pluralidad de autores................................................ 64 B. Autores y cómplices.................................................. 65 3.2. Otros supuestos de responsabilidad civil directa............ 66 A. Las compañías aseguradoras.................................... 66 B. Responsabilidad civil en casos de exención de responsabilidad criminal............................................... 67 C. La participación a título lucrativo de los efectos del delito........................................................................ 68 3.3. Los responsables civiles subsidiarios.............................. 69 III. LAS FUNCIONES DE LA IMPUTACIÓN.................................... 71 1. La imputación como garantía del derecho de defensa.............. 71 1.1. El secreto de las actuaciones........................................... 74

Índice

2. La imputación como delimitación del objeto de la instrucción...................................................................................... 79 IV. LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE INVESTIGADO. EL MOMENTO DE LA IMPUTACIÓN: CONSECUENCIAS DE SU RETRASO............................................................................... 82 1. Los presupuestos del juicio de imputación............................... 85 2. El momento de la imputación. El retraso en la puesta en conocimiento de la condición de investigado.................................. 90 2.1. El interrogatorio de un investigado con vulneración de sus derechos constitucionales o su citación en calidad de testigo............................................................................ 98 2.2. La práctica de actos de investigación en ausencia del investigado por haberse retrasado voluntariamente por el Juez de Instrucción la puesta en conocimiento de la imputación......................................................................... 104 V. CAPACIDAD DEL SUJETO PASIVO DEL PROCESO PENAL..... 108 1. Capacidad para ser parte......................................................... 108 2. Capacidad procesal................................................................. 113 2.1. Enajenación mental en el momento de la comisión del delito que haya desaparecido cuando se inicie el proceso................................................................................ 117 2.2. Enajenación mental en el momento de la comisión del delito que continúe al inicio del proceso......................... 118 2.3. Enajenación mental que sobrevenga después de cometido el delito..................................................................... 121 3. Legitimación........................................................................... 123

Capítulo II El derecho de defensa

I. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DERECHO DE DEFENSA..................................................................................... 127 II. LAS MANIFESTACIONES ESPECÍFICAS DEL DERECHO DE DEFENSA..................................................................................... 139 1. La defensa letrada o formal..................................................... 141 1.1. Fundamento y relación entre defensa formal y material. 141 1.2. Intervención del abogado y detención............................ 143 1.3. La asistencia letrada gratuita.......................................... 149 1.4. Momento de la designación de abogado........................ 150 2. La autodefensa o defensa material........................................... 155 III. LA DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO................................. 163 1. Naturaleza jurídica.................................................................. 163 1.1. La declaración como acto de defensa............................. 164 1.2. La declaración como acto de investigación..................... 171

Índice

1.3. El investigado como objeto de prueba. Breve reflexión... 174 2. Condiciones de la declaración................................................. 180 2.1. Capacidad...................................................................... 180 2.2. Prohibición de toda presión........................................... 181 A. Medios que influyen psíquicamente en el sujeto y que afectan bien a su voluntad, o bien a su facultad de comprensión o a su memoria.................................... 184 i) Las preguntas capciosas y sugestivas................... 184 ii) El uso de engaño................................................. 187 iii) La amenaza de prisión provisional como coacción..................................................................... 188 iv) Otras formas de coacción................................... 191 B. Medios que inciden físicamente en el sujeto y que afectan a su voluntad en sentido amplio................... 194 C. Métodos de carácter técnico, químico o psiquiátrico que afectan a la voluntad del sujeto.......................... 199 2.3. La información de la imputación................................... 204 A. Fundamento............................................................. 204 B. Momento en que debe procederse a informar al investigado.................................................................. 208 C. Contenido de la información.................................... 212 i) El criterio de la suficiencia de la información...... 215 ii) La información de los hechos.............................. 220 iii) La información de la calificación jurídica............ 223 iv) La información de los derechos........................... 226 v) La información en los supuestos de secreto sumarial...................................................................... 232 IV. BREVE REFERENCIA AL DERECHO A NO DECLARAR CONTRA SÍ MISMO Y A NO CONFESARSE CULPABLE. EL DERECHO A MENTIR............................................................... 234

Capítulo III El derecho al silencio

I. LA CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO AL SILENCIO DEL INVESTIGADO........................................... 249 II. EL DERECHO AL SILENCIO COMO MANIFESTACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA........................................................... 258 III. CONTENIDO.............................................................................. 261 IV. VALOR PROBATORIO DEL SILENCIO..................................... 268 1. Silencio total........................................................................... 269 2. Silencio parcial........................................................................ 284 3. Silencio en todas las fases del procedimiento........................... 288 4. Silencio en la instrucción pero declaración en el juicio oral..... 289

Índice

5. Silencio en el juicio oral pero declaración en la instrucción..... 289 6. Silencio respecto de los datos de carácter personal.................. 302 7. Especial referencia a los efectos del silencio en el Derecho material........................................................................................ 305 Bibliografía.............................................................................................. 313

Prólogo Tuve el placer de leer la monografía “El derecho al silencio como manifestación del derecho de defensa”, que constituye la tesis doctoral de su autor, José María Asencio Gallego, quien la defendió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, ante una comisión de la que formé parte en calidad de Presidente y que, por unanimidad, la calificó de excelencia universitaria, al haber recibido la máxima calificación, cual fue la de “sobresaliente cum laude”. Pero esta obra, que ahora me incumbe el placer de prologar, no sólo ostenta un inmenso interés académico, sino que también se erige en una monografía llamada a convertirse en utilísima para todos los profesionales del Derecho que se relacionen con el proceso penal y, en especial, para la Abogacía. En efecto, en ella, el lector encontrará toda la información precisa sobre el derecho de defensa, ya que esta obra excede en mucho al objeto inicial de la tesis doctoral, esto es, el derecho al silencio, que, aunque no esté expresamente proclamado por el art. 24 C.E., integra uno de los núcleos esenciales del derecho fundamental a la defensa. De esta manera, se abordan en ella temas tan relevantes en el Derecho Procesal Penal como el de las partes, con respecto al cual efectúa un detenido estudio de todas ellas, tanto de las penales, cuanto de las civiles; se determina el nacimiento del derecho de defensa y su sanción procesal cuando el Juez de instrucción no comunique, con prontitud, la imputación existente sobre el investigado; se estudia la capacidad de actuación procesal en el supuesto de demencia, el régimen de la defensa como parte dual y la intervención del Abogado, la declaración del investigado y sus vicios, la información de la imputación con todos sus requisitos y los efectos derivados de su incumplimiento, etc., todo ello como presupuesto indispensable para el tratamiento del objeto principal de esta tesis doctoral, cual es el derecho fundamental al silencio, incluido el polémico derecho a mentir del investigado. En el tratamiento de todas estas importantísimas cuestiones, el Dr. Asencio Gallego, ha realizado un estudio exhaustivo de la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional y Sala de lo Penal del

Vicente Gimeno Sendra

T.S.), cuyo tratamiento no ha sido siempre meramente informativo o mecánico, sino, en ocasiones, fundamentalmente crítico. Ello es lo que sucede, por ejemplo, con el derecho a mentir e incluso con el derecho al silencio, en el que la jurisprudencia del T.S. (así, por ej., la STS 92/2016, de 17 de febrero) permite su valoración conjunta como prueba, lo que contradice lo dispuesto en el art. 7.5 de la Directiva 2016/342 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016, conforme al cual “El ejercicio por parte de los sospechosos y acusados del derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismos no se utilizará en su contra ni se considerará prueba de haber cometido la infracción penal de que se trate”. Nos encontramos, pues, en suma, ante una monografía de indispensable lectura para todos aquellos profesionales del Derecho, Jueces (no en vano su autor pertenece a la judicatura), Fiscales y principalmente, tal y como se ha avanzado, los Abogados penalistas a quienes nuestra Constitución les confía el derecho fundamental a hacer valer, en el proceso penal, el no menor derecho fundamental a la libertad que corresponde a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente. Madrid, a 3 de julio de 2017.

VICENTE GIMENO SENDRA

Prólogo Las líneas, las ideas, las formulaciones y las conclusiones que se contienen en esta importante obra, son un excelente, minucioso y completo trabajo sobre una cuestión difícil y que no cabe obviar en un Estado de Derecho. Cada una de aquellas, cada página, están escritas con toda lógica jurídica y con una innegable erudición, tanto legislativa y jurisprudencial como doctrinal. No dudo en afirmar que constituye un auténtico tratado en torno al derecho a la defensa en el ámbito constitucional y en el procesal penal español. Fruto de un profundo estudio sobre la materia y de profundas reflexiones jurídicas, en las que el estudio de nuestra jurisprudencia y la de los órganos judiciales internacionales que aplican el contenido de los derechos fundamentales asumidos por España en los correspondientes Convenios internacionales sobre la materia está siempre presente, el joven autor consigue una brillante y profunda exposición sobre la materia y, lo que es tan importante, atisba y concreta conclusiones inapelables sobre el ejercicio del derecho a la defensa y, más en concreto, al de guardar silencio que al investigado corresponde. Tras un didáctico, y lleno de precisión, estudio de las partes en el proceso penal y en especial del investigado y de su derecho de defensa (su contenido y manifestaciones), de su declaración, de forma clara, el autor deja sentado que de todos los aspectos del derecho de defensa en su vertiente material, el derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable es, junto con el derecho al silencio, el más importante, que como derecho fundamental se encuentra consagrado en nuestra Constitución y en al propia LECrim. Hace fructíferas reflexiones y preciso estudio sobre el llamado derecho a mentir, su naturaleza y alcance, sus consecuencias y efectos. La última parte del Libro se centra en el derecho al silencio como manifestación de aquél, principiando por la evolución histórica de tal derecho a callar y centrándose en su contendido y en algo tan esencial como su valor probatorio según la forma, el tiempo y el ámbito en el que se haya ejercido. Concluye con una serie de aseveraciones y propuestas de las que es muy difícil disentir y no hacerlas suyas un lector

José Ramón Navarro Miranda

crítico. No cabe dudar que el derecho a guardar silencio y a la no autoincriminación pueden ser vistos como un derecho fundamental que legitima a un investigado para no colaborar con su propia condena o de decidir si desea, voluntariamente, introducir alguna información en el proceso penal, cuya base además se encuentra en el conocido aforismo “nemo tenetur se ipsum accusare”. Las valientes reflexiones en tono a las consecuencias que cabe extraer —en el ámbito de nuestro entramado de derechos constitucionales— de la negativa del investigado a contestar a las preguntas que se le formulen, son un gran estilo para adentrase en la naturaleza jurídica del derecho a al defensa y en el ámbito —y sus límites— en que ha de desenvolverse la libre apreciación del Juzgador. El lector podrá deducir que estamos ante un discurso de gran calado teórico y de una gran trascendencia práctica, hasta tal punto que la propuesta de una necesaria reforma de nuestra ley procesal penal que regule de modo minucioso y que se haga eco de las exigencias constitucionales y las más avanzadas tendencias de la jurisprudencia nacional y supranacional, de forma que su ejercicio no se limite de forma alguna injustificada. Acabo dejando constancia de mi agradecimiento al autor por haberme dado la posibilidad de prologar esta excelente obra, que sin duda ha de contribuir al entendimiento del derecho a la defensa y a una de sus manifestaciones más relevantes y trascendentes, a profundizar en su alcance y significado, erigiéndose en un más que destacado medio al servicio de la Justicia penal y un imprescindible instrumento para la comprensión de aquel derecho como base y fundamento del Derecho Penal moderno. Y mi enhorabuena a José María Asencio Gallego y a todos los profesionales del Derecho que se dedican al estudio del Derecho Penal y Procesal, por este Libro. Madrid, a 17 de julio de 2017.

JOSÉ RAMÓN NAVARRO MIRANDA

Introducción El estudio del Derecho Procesal Penal implica necesariamente un tratamiento profundo de la figura del investigado, denominación que, tras la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, ha sustituido a la tradicional de “imputado”, sin haberse acompañado esta modificación de un cambio en su régimen jurídico. El investigado, a diferencia de lo que ocurría en los tiempos en que imperaba el modelo inquisitivo, se configura en la actualidad no como un objeto sobre el que recae la actividad procesal, sino como sujeto o parte procesal. Y más concretamente, como su parte pasiva, aquella contra la que se dirige la pretensión penal (y, en su caso, la civil acumulada) y principal, sin la cual el proceso carecería de razón de ser. Es perfectamente imaginable un proceso penal en el que no intervenga el Ministerio Fiscal, parte acusadora por excelencia. Por ejemplo, aquel que tenga por objeto la persecución de un delito privado, como son los de calumnia e injuria contra particulares, sólo perseguibles mediante querella del ofendido. De igual modo, cuando se trata de delitos públicos, pese a la intervención imperativa del Fiscal, puede o no personarse también como parte el ofendido, constituyéndose en acusación particular. Y en estos delitos, puede suceder incluso que el Ministerio Fiscal solicite del Juez de Instrucción el sobreseimiento de la causa, no formulando por ello escrito de acusación, y que el proceso continúe sólo con la pretensión punitiva del acusador particular (art. 783 LECrim.). Lo mismo ocurre con las partes civiles. En el proceso penal sólo se discutirán las cuestiones relativas a la responsabilidad civil cuando el delito haya causado daños o perjuicios que deban ser resarcidos por el responsable penal, y siempre y cuando el perjudicado, que suele coincidir con el ofendido, no opte por reclamar la responsabilidad civil ante el orden jurisdiccional civil (art. 109.2 CP y 110 y ss. LECrim). El investigado, por el contrario, es parte preceptiva del proceso penal. Si el objeto del proceso se identifica con la pretensión penal y ésta se dirige contra el investigado, su inexistencia determinaría la

José María Asencio Gallego

inexistencia misma del proceso, pues difícilmente podría exigirse responsabilidad a un sujeto desconocido. Ahora bien, puede no estar identificado al inicio. No es extraño en la medida en que una de las finalidades de la instrucción es la realización de las diligencias tendentes al descubrimiento e identificación del presunto delincuente. Pero su individualización posterior es requisito sine qua non, si no se quiere que el proceso concluya anticipadamente con el dictado de un auto de sobreseimiento. Junto a este carácter de parte esencial del proceso penal, el investigado es además, como antes hemos dicho, su parte pasiva por excelencia, aquélla a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo y se solicita la imposición de una pena o de una medida de seguridad. Y esto determina que se le atribuya la titularidad del derecho de defensa, precisamente con la finalidad de oponerse a la pretensión penal e interesar, según el estadio en que se encuentre el procedimiento, el dictado de un auto de sobreseimiento o de una sentencia absolutoria. Pues bien, en estos términos, el derecho de defensa se erige como la base del proceso penal moderno y prueba de ello es su reconocimiento como derecho fundamental en el art. 24.2 CE, así como en los arts. 118 y 520 LECrim. Por esta razón ocupa un lugar significativo en este trabajo. Dos son las vertientes del derecho de defensa. Cada una con distinto fundamento inmediato, aunque ambas responden al mismo fin, cual es la necesidad de preservar el derecho a la libertad del investigado, evitando la reacción estatal consistente en la imposición de una pena u otra consecuencia punitiva. Aquéllas son: el derecho a la defensa letrada, también llamada formal o técnica y el derecho a la autodefensa o defensa material. Pero que doctrinalmente se diferencien la una de la otra no significa que estemos en presencia de dos derechos diferentes, sino que se trata del mismo derecho, con distintas manifestaciones, que se interrelacionan y dependen mutuamente, en muchos casos por imperativo legal. En otras palabras, la defensa tiene un carácter dual y se ejercita simultáneamente en el proceso penal por el abogado y el mismo investigado. Estudiaremos cada una de estas manifestaciones desde la perspectiva del derecho de defensa como derecho fundamental y, por tanto,

El derecho al silencio como manifestación del derecho de defensa

interpretando cualquier duda que se plantee siempre en favor de su vigencia. En cuanto a la defensa formal, trataremos su fundamento para llegar a la conclusión de que no es sólo un derecho del investigado de intervenir en el proceso con la garantía de los principios de igualdad de armas procesales y contradicción, sino también un requisito impuesto por la Ley, en la medida en que al Estado le interesa que el proceso se consolide como fórmula de resolución de los conflictos y se evite así el ejercicio la autotutela. Analizaremos la asistencia de letrado al investigado durante su detención, con especial referencia al derecho a la entrevista reservada, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el Fiscal o la autoridad judicial, introducido en los arts. 118.2 y 520.6.d) LECrim, por la Ley Orgánica 13/2015. Y realizaremos un breve comentario sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita en la legislación española y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero donde realmente nos centraremos es en el estudio de la defensa material, que se concreta en una serie de derechos, denominados instrumentales, que la Constitución y la Ley reconocen al sometido al proceso. En concreto, el derecho a ser informado de la imputación, a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable y a guardar silencio, no contestando a las preguntas que se le formulen. Todos estos derechos adquieren su mayor eficacia en un momento procesal determinado: el interrogatorio del investigado, en fase de instrucción o del encausado durante el plenario. Será a partir de esta primera declaración, si no se ha hecho antes en resolución expresa, cuando el citado adquiera la condición de investigado en sentido estricto, es decir, de parte pasiva del proceso penal y titular del derecho de defensa. Esto conduce a la conclusión de que ha de ser la primera diligencia que se practique en fase de instrucción, la primera resolución que emita el Juez una vez que se produce una “notitia criminis” con la finalidad de investigar los hechos denunciados. Incluso en el caso de que el procedimiento comience por querella, porque aunque en este supuesto la adquisición de la condición de investigado se produzca con el dictado del auto admitiendo aquélla, la primera diligencia instructora habrá de ser siempre el interrogatorio

José María Asencio Gallego

del querellado, por muchas otras que el querellante hubiera solicitado en su escrito. El derecho de defensa nace con la imputación, de manera que ésta no puede retrasarse en el tiempo y practicar una instrucción sin la intervención del investigado. Siempre que éste esté identificado al inicio del proceso, el Juez instructor deberá citarle para la práctica de su interrogatorio, al cual comparecerá debidamente asistido de letrado y podrá contestar a las preguntas que se le formulen o guardar silencio. Sólo así podrán entenderse colmadas las exigencias derivadas del derecho de defensa en sus dos vertientes, formal y material. Durante largo tiempo se ha discutido acerca de la naturaleza jurídica de este interrogatorio (o declaración) y sobre si éste puede ser considerado como un acto de investigación o como un medio de defensa. Un debate que ha perdurado hasta nuestros días y que incluso hoy no se encuentra del todo zanjado. Ahora bien, dado que este trabajo parte de la concepción del derecho de defensa como pilar básico del proceso penal moderno, no podemos sino considerar dicho interrogatorio como un medio defensivo, mixto, pues a la vez puede cumplir funciones investigadoras, pero supeditado a su naturaleza esencial de medio de defensa. El investigado no es ya un mero objeto sobre el que recae la actividad procesal, sino sujeto o parte procesal y, en consecuencia, titular del derecho defensa. De este modo, el régimen del interrogatorio deberá responder en su conjunto a esa característica. Y la interpretación de sus resultados, en el mismo sentido. Tiene tal carácter de medio de defensa porque es la primera oportunidad que se concede al investigado de manifestar ante el Juez de Instrucción lo que considere oportuno con la finalidad de hacer desaparecer la sospecha que recae sobre él o bien, si ese es su deseo, guardar silencio, no aportando ningún dato sobre los hechos y dejando que sean las acusaciones quienes construyan el relato fáctico inculpatorio. Ello no obstante, tampoco sería lógico privar al interrogatorio de todo valor de medio de investigación. O en otras palabras, excluir que el Juez pueda fundar su propio convencimiento en el resultado del interrogatorio, sobre todo porque actualmente se exige legal y constitucionalmente que esté rodeado de las más amplias garantías.